Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
Anuncio del vice ministro italiano Iván Scalforotto
Viceministro de Desarrollo Económico de Italia, Iván Scalfarotto. Foto: Andres D'Elia
Después de la visita que hizo en enero el primer ministro Matteo Renzi, y de otros funcionarios del gabinete italiano, 140 empresarios italianos están desde ayer en Buenos Aires hasta hoy explorando áreas de posibles inversiones mutuas.
En una entrevista con Clarín, después de ser recibido por el presidente Mauricio Macri, el viceministro de Desarrollo Económico Iván Scalfarotto, “dio las noticias”. Cuando detallaba que habían venido en la misión cinco bancos italianos que representan el 60 por ciento de los activos del mercado, contó que la Sociedad para el Seguro de Crédito a la Exportación (SACE), acaba de abrir el riesgo soberano a la Argentina, que estaba cerrado y que se abre tras el acuerdo con los fondos buitres.
Concretamente lo que se abrió es unan línea de créditos de 700 millones de euros para garantizar transacciones para obras de empresas italianas confiadas a empresas argentinas. Entonces los bancos prestan porque existe la garantía. Por otro lado, ayer también, se firmó un acuerdo entre el Banco Nación y SACE que asegurará por 50 millones de euros los créditos que otorgue el Nación para las empresas italianas que realicen transacciones comerciales e inversiones en la Argentina.
Está destinado a las PYMES italianas para que si operan en Argentina encuentren un marco de seguridad. Otro de los acuerdos importantes de ayer fue el que firmaron el ministro de Ciencia, Lino Barañao y el presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Roberto Battiston. Este incrementa la cooperación preexistente.
¿Qué conclusión saca de su visita a la Argentina?
-Estoy impresionado por la complementariedad de nuestros dos países. Y es una cercanía que es visceral. Pertenece a nuestra historia y está hecha de sangre y de vida de las personas. En Argentina está la comunidad italiana más grande del mundo. Casi un millón de personas. Pero lo que me impresiona es la complementariedad de las necesidades de la argentina actual a cambio del know how, de los conocimientos que la empresa Italiana puede ofrecer. Estamos en una condición privilegiada, que los ingleses llaman win win, ambas partes del negocio ganan.
-¿Qué está buscando Italia hoy en la Argentina desde el punto de vista comercial y de la inversión?
-Por un lado obviamente se buscan oportunidades de desarrollo para el sistema de Italia. Pero por otro lado esta aparición de la Argentina en la escena internacional, es una oportunidad como dijo el presidente Renzi para el mundo y para la región. Hay que reconocerle al presidente Macri un gran coraje y una gran visión. El hecho de que Argentina haya salido de su aislamiento de tantos años, le devuelve a la comunidad internacional a un protagonista. Aquí nosotros identificamos cuatro sectores productivos. El agroalimentario, el automotor; la energía con un una extensión a la energía renovable y la infraestructura.
Blog independiente que impulsa el desarrollo científico -tecnológico, socio-económico y la capacidad de defensa nacional. Sin inversión no hay tecnología y sin tecnología no hay desarrollo, y sin desarrollo, no hay defensa. El derecho a vivir libremente conlleva la responsabilidad de defender esa libertad frente a cualquier ataque. "Solo quienes pueden ver se dan cuenta que falta algo"... Desde el 2006 junto a ustedes.
miércoles, 18 de mayo de 2016
Negro y Tata: reyes del contrabando de contenedores para Buenos Aires
Por Matías Longoni - Clarin.com
Son dos hermanos que, en connivencia con la Aduana de Ricardo Echegaray, administraban el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida. Clarín accedió a documentación que exhibe con lujo de detalles esos ilícitos.
El buque porta contenedores Valence, que hace el recorrido entre China y Sudamérica. En junio de 2014 trajo varios equipos repletos de contrabando.
A Miguel Paolantonio, de 44 años, lo llaman “Negro”. A su hermano menor de 36 años, Alejandro Paolantonio, se lo conoce como “Tata”. Conocer esos dos apodos resultará clave de ahora en más para entender una suerte de diario íntimo de la más importante banda de contrabandistas que operó en Buenos Aires en los últimos años. Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.
Entre el Negro y el Tata hay un tercer hermano, Raúl Paolantonio, de 40 años, que se ocupa de coordinar los camiones pertenecientes a la empresa Transportes DTM SRL. La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio. Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos. Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.
Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo. Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA. Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares. Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.
Parte del diario de un contrabandista, que relata día a día los negocios de los hermanos Negro y tata Paolantonio, los mayores contrabandistas de Buenos Aires en los últimos años.
Al contrabando, y no al transporte, se dedicaron en realidad los Paolantonio en los últimos cuatro o cinco años, al menos hasta diciembre de 2015. Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal con diversas medidas. La más elemental fue que todas las "latas” que despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente hacia el Canal Rojo. Es decir, debían ser abiertas para verificar la carga. Esto provocó que una gran cantidad de contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie los reclamase. Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.
“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray. Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.
"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana. Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.
Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno. Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores. Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado. A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares.
Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas. La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.
Miguel "Negro" Paloantonio era el presunto cabecilla de la organización de contrabandistas que hizo negocios millonarios en connivencia con funcionarios de la Aduana.
Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo. Según las fuentes consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables, que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio legal, para complicar los controles. En estos casos era poco necesario, pues nadie las controlaba.
El volumen de negocios en los que han participado los Paolantonio a través de estas importadoras es inabarcable. En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas. Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.
Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala. Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.
Son dos hermanos que, en connivencia con la Aduana de Ricardo Echegaray, administraban el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida. Clarín accedió a documentación que exhibe con lujo de detalles esos ilícitos.
A Miguel Paolantonio, de 44 años, lo llaman “Negro”. A su hermano menor de 36 años, Alejandro Paolantonio, se lo conoce como “Tata”. Conocer esos dos apodos resultará clave de ahora en más para entender una suerte de diario íntimo de la más importante banda de contrabandistas que operó en Buenos Aires en los últimos años. Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.
Entre el Negro y el Tata hay un tercer hermano, Raúl Paolantonio, de 40 años, que se ocupa de coordinar los camiones pertenecientes a la empresa Transportes DTM SRL. La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio. Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos. Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.
Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo. Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA. Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares. Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.
Parte del diario de un contrabandista, que relata día a día los negocios de los hermanos Negro y tata Paolantonio, los mayores contrabandistas de Buenos Aires en los últimos años.
Al contrabando, y no al transporte, se dedicaron en realidad los Paolantonio en los últimos cuatro o cinco años, al menos hasta diciembre de 2015. Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal con diversas medidas. La más elemental fue que todas las "latas” que despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente hacia el Canal Rojo. Es decir, debían ser abiertas para verificar la carga. Esto provocó que una gran cantidad de contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie los reclamase. Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.
“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray. Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.
"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana. Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.
Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno. Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores. Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado. A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares.
Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas. La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.
Miguel "Negro" Paloantonio era el presunto cabecilla de la organización de contrabandistas que hizo negocios millonarios en connivencia con funcionarios de la Aduana.
Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo. Según las fuentes consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables, que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio legal, para complicar los controles. En estos casos era poco necesario, pues nadie las controlaba.
El volumen de negocios en los que han participado los Paolantonio a través de estas importadoras es inabarcable. En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas. Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.
Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala. Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.
Alianza para la producción de litio
(La Nación) - Y-Tec, la empresa de tecnología creada por YPF y el Conicet, firmó un acuerdo para avanzar en el desarrollo de la primera planta de producción de celdas de ion litio en el país con el grupo italiano FAAM Energy Saving Battery.
A través de este acuerdo, Y-Tec y el grupo FAAM, considerado uno de los líderes de la industria italiana en la fabricación de baterías, impulsarán la transferencia tecnológica para la instalación de la futura planta de celdas y promoverán la investigación conjunta de materiales activos, electrodos y equipamiento específico, según precisó el presidente de la firma italiana, Federico Vitali.
Muy buena noticia...
A través de este acuerdo, Y-Tec y el grupo FAAM, considerado uno de los líderes de la industria italiana en la fabricación de baterías, impulsarán la transferencia tecnológica para la instalación de la futura planta de celdas y promoverán la investigación conjunta de materiales activos, electrodos y equipamiento específico, según precisó el presidente de la firma italiana, Federico Vitali.
Muy buena noticia...
Báez: investigan cómo compró la chacra que fue parque nacional
Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION
La Justicia abrió una causa contra el empresario y ex funcionarios de Santa Cruz y de Parques Nacionales
La Justicia abrió una nueva causa para investigar a Lázaro Báez y a ex funcionarios acusados de haber permitido que el empresario comprara cinco hectáreas que fueron parte del parque nacional Los Glaciares.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la causa. Ayer, el juez Sebastián Ramos ordenó desde los tribunales de Comodoro Py operativos que se llevaron adelante en Santa Cruz.
Delegados de la Justicia se presentaron en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia en busca de documentación ligada a la venta de las tierras, según informaron a LA NACION fuentes de Río Gallegos.
Las cinco hectáreas de Báez que quedaron ahora bajo investigación están en la localidad de El Chaltén y forman parte de un grupo de terrenos que está en disputa desde hace muchos años (como se informa por separado). La de Báez es una chacra que fue allanada por la Justicia hace dos semanas, en uno de los operativos que encabezó en el Sur el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa por lavado de dinero por la que Báez está preso y procesado.
El fiscal Pollicita, en su requerimiento de instrucción, relató que de acuerdo con lo denunciado "la chacra de cinco hectáreas ubicada en la localidad e El Chaltén" allanada "corresponde a terrenos que habrían sido cedidos por la Administración de Parques Nacionales a la provincia de Santa Cruz y posteriormente vendidos a Lázaro Báez mediante una medida de excepción aprobada por el Consejo Deliberante de la localidad de El Chaltén".
Pollicita detalló que dirigía la acción penal contra Báez y también contra las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares, de la gobernación de Santa Cruz, del Concejo Deliberante de El Chaltén (en realidad, no existía tal organismo sino una sociedad de fomento en los tiempos en que Báez compró las tierras, dijeron fuentes de la provincia), de la municipalidad de El Chaltén y de "cualquier otro organismo que haya tenido intervención en los hechos" denunciados en esta causa.
El fiscal solicitó ocho medidas de prueba; entre ellas, pedidos de documentos y de informes a dependencias públicas y la declaración como testigos de dos guardaparques. También pidió que se le requiera al juez Sebastián Casanello, al frente de la causa de presunto lavado contra Báez, que informe la "ubicación exacta" de los terrenos denunciados y que fueron allanados en su expediente.
Báez suma así una nueva imputación en su contra. Además, fue indagado otra vez por Casanello por un nuevo hecho vinculado al presunto lavado y el juez debe decidir ahora si lo procesa también por esta otra supuesta maniobra de blanqueo de fondos. Se trata de la entrada al país de 33 millones de dólares por medio de Helvetic Group que, según los investigadores, habría ingresado dinero de Báez. De acuerdo con el empresario, ese dinero no era suyo. Ayer, su defensa presentó un escrito diciendo que el ritmo de la causa lo estaba marcando la agenda mediática y volvió a solicitar su libertad.
La Justicia abrió una causa contra el empresario y ex funcionarios de Santa Cruz y de Parques Nacionales
La Justicia abrió una nueva causa para investigar a Lázaro Báez y a ex funcionarios acusados de haber permitido que el empresario comprara cinco hectáreas que fueron parte del parque nacional Los Glaciares.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la causa. Ayer, el juez Sebastián Ramos ordenó desde los tribunales de Comodoro Py operativos que se llevaron adelante en Santa Cruz.
Delegados de la Justicia se presentaron en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia en busca de documentación ligada a la venta de las tierras, según informaron a LA NACION fuentes de Río Gallegos.
Las cinco hectáreas de Báez que quedaron ahora bajo investigación están en la localidad de El Chaltén y forman parte de un grupo de terrenos que está en disputa desde hace muchos años (como se informa por separado). La de Báez es una chacra que fue allanada por la Justicia hace dos semanas, en uno de los operativos que encabezó en el Sur el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa por lavado de dinero por la que Báez está preso y procesado.
El fiscal Pollicita, en su requerimiento de instrucción, relató que de acuerdo con lo denunciado "la chacra de cinco hectáreas ubicada en la localidad e El Chaltén" allanada "corresponde a terrenos que habrían sido cedidos por la Administración de Parques Nacionales a la provincia de Santa Cruz y posteriormente vendidos a Lázaro Báez mediante una medida de excepción aprobada por el Consejo Deliberante de la localidad de El Chaltén".
Pollicita detalló que dirigía la acción penal contra Báez y también contra las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares, de la gobernación de Santa Cruz, del Concejo Deliberante de El Chaltén (en realidad, no existía tal organismo sino una sociedad de fomento en los tiempos en que Báez compró las tierras, dijeron fuentes de la provincia), de la municipalidad de El Chaltén y de "cualquier otro organismo que haya tenido intervención en los hechos" denunciados en esta causa.
El fiscal solicitó ocho medidas de prueba; entre ellas, pedidos de documentos y de informes a dependencias públicas y la declaración como testigos de dos guardaparques. También pidió que se le requiera al juez Sebastián Casanello, al frente de la causa de presunto lavado contra Báez, que informe la "ubicación exacta" de los terrenos denunciados y que fueron allanados en su expediente.
Báez suma así una nueva imputación en su contra. Además, fue indagado otra vez por Casanello por un nuevo hecho vinculado al presunto lavado y el juez debe decidir ahora si lo procesa también por esta otra supuesta maniobra de blanqueo de fondos. Se trata de la entrada al país de 33 millones de dólares por medio de Helvetic Group que, según los investigadores, habría ingresado dinero de Báez. De acuerdo con el empresario, ese dinero no era suyo. Ayer, su defensa presentó un escrito diciendo que el ritmo de la causa lo estaba marcando la agenda mediática y volvió a solicitar su libertad.
Chile inició el histórico envío de gas a la Argentina, que pagará más del doble que el hidrocarburo procedente de Bolivia
Foto: Diego Cabot |
Chile inició hoy el histórico primer envío a la Argentina del gas natural que importa por mar desde distintos países. En una solemne ceremonia encabezada por el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se abrió la llave del mismo gasoducto por el cual la Argentina hasta hace 10 años vendió gas natural a Chile "Este intercambio energético con Argentina, así como con el resto de la región, implica un compromiso basado en la voluntad de proyectar un desarrollo regional equilibrado", relevó Pacheco.
La Argentina requirió gas desde Chile luego que le resultaran insuficientes los envíos desde Bolivia, aunque deberá pagar más del doble que el hidrocarburo procedente del país altiplánico. Pierre Devillers, director en Chile de la empresa franco-belga ENGIE -encargada de la coordinación y despacho del gas-, afirmó que se trata de un "hito histórico muy relevante" para la integración energética. "Gracias al esfuerzo de ambos gobiernos, utilizaremos la misma infraestructura que construimos para importar gas, pero ahora para exportarlo", comentó Devillers.
Hace 25 años, gracias a los acuerdos de integración entre Chile y la Argentina, se construyeron los gasoductos que unieron a los dos países y que permitieron desde 1997 hasta 2006 traer gas natural a Chile al precio económico más conveniente, a tal punto que el 90 por ciento de la matriz energética de esos años dependía del gas natural argentino.
Sin embargo, las necesidades energéticas de la Argentina impidieron que se siguiera proporcionando gas a Chile, lo que obligó a importar desde el mar, el mismo que ahora exportará hasta el otro lado de la cordillera utilizando la infraestructura de los años 90.
Por el gasoducto norandino, que recorre desde Antofagasta (1.340 kilómetros al norte de Santiago) a Pichanal, en la provincia argentina de Salta, y Gas Andes, que llega a la ciudad argentina de Mendoza desde la comuna de San Bernardo, en Santiago, pasarán 4,5 millones de metros cúbicos diarios de combustible hasta completar en tres meses -hasta agosto- 85 millones de metros cúbicos de gas natural licuado.
Agencia ANSA
Malvinas: el plan de acercamiento que se fijó Macri
Por Martín Dinatale - LA NACION
No serán entregarán los libros del osito Winnie Pooh que mandaba Guido Di Tella ni se levantará otro cerco económico como fijó Cristina Kirchner. El esquema diplomático argentino apuntará ahora a un punto intermedio. El gobierno de Mauricio Macri está evaluando un plan concreto de acercamiento a los habitantes de las islas Malvinas en paralelo a las negociaciones que pueda entablar en el futuro con Gran Bretaña por la cuestión de fondo que es el reclamo de la soberanía argentina por las islas.
Se trata de un "plan de base humanitaria" como lo bautizó recientemente la canciller Susana Malcorra. Esto implica un amplio abanico de propuestas en marcha: desde el restablecimiento de nuevos vuelos de Malvinas a la Argentina hasta la asistencia sanitaria en casos de salud esencial, el intercambio de productos alimenticios, la cooperación en materia educativa y, quizás más hacia adelante, la posibilidad de establecer negocios compartidos en el área petrolera o marítima.
El camino es delgado y sinuoso. Con esta jugada Macri corre el peligro de volver al esquema de relaciones amistosas que impuso Menem y que no llevaron a ningún puerto. Más bien al ridículo. Quizás por ello es que la Casa Rosada no quiere mostrar aun todas sus cartas en esta jugada de alto riesgo. "Con esta jugada Macri corre el peligro de volver al esquema de relaciones amistosas que impuso Menem y que no llevaron a ningún puerto"
Para poner en marcha ese plan de base humanitaria la canciller Malcorra piensa, como ingeniera que es, en el principio de Paretto: hay un 80% de cosas en la que Macri está de acuerdo con Gran Bretaña y un 20% en el cual no hay acuerdo. "La ventaja con Gran Bretaña es que sabemos cual es ese 20%: son las Malvinas. Entonces, en lugar de dedicar todo nuestro tiempo a ese 20%, vamos a trabajar y producir resultados en el 80%", dijo Malcorra en una reciente entrevista a Clarín.
¿Acaso esta idea de trabajo conjunto implicará dejar de lado el reclamo por la soberanía de las islas? Nada de ello. El Gobierno está convencido de que hay que trabajar con Londres sobre otros temas de lo que la diplomacia británica encuadra en la "nueva agenda positiva". Así lo dejó entrever recientemente John Freeman, el embajador británico en Buenos Aires, cuando dijo que Londres "desea volver a una relación histórica de amistad con la Argentina". Estos es: sellar acuerdos comerciales, de ciencia, tecnología e infraestructura.
Pero en paralelo a este diálogo Londres-Buenos Aires, la canciller Malcorra se dispone a recomponer relaciones con los kelpers. Los tiempos de belicosidad kirchnerista contra los malvinenses cambiaron. Ahora hay "un mayor reconocimiento a la participación de la sociedad civil en distintas formas", como dijo la propia Malcorra. Se evalúan "opciones de aperturas" y diplomacia más flexible.
Por ejemplo, el Gobierno planteó abiertamente a los kelpers que serán recibidos y atendidos en hospitales de la Argentina ante una emergencia sanitaria. Un destacado funcionario de la Cancillería especificó a LA NACION este punto: "se está trabajando en un plan para asistir en salud a la población de Malvinas para operaciones de alta complejidad para que no tengan que ir a Londres o terminar en un hospital de Punta Arenas que no les da respuesta", dijo.
También se evalúa establecer una "política comercial de puertas abiertas". Esto implicaría volver a vender alimentos frescos a los isleños que hoy tienen que comprar tomates o manzanas de Europa a costos siderales. En este sentido, algunos funcionarios del Gobierno sugieren incluso que se podría volver a habilitar a los países del Mercosur a reabrir el comercio con los kelpers.
La posibilidad de compartir negocios petroleros o marítimos con los isleños no es remota para el Gobierno. Dos temas concretos podrían ampliar esta estrategia de acercamiento a los kelpers en esos temas sensibles: el reciente fallo de la ONU que habilitó la ampliación de la plataforma continental marítima de la Argentina y que se extiende más allá de Malvinas y el inminente referéndum de Gran Bretaña que podría alejar a Londres definitivamente de la Unión Europea (UE).
El fallo de la ONU se pondrá en marcha en lo inmediato e implicará la posibilidad real de que la Argentina pueda realizar tareas de exploración en aguas cercanas a las Malvinas. Los isleños lo saben y admiten por lo bajo que esa es una "realidad inevitable". También advierten con temor que una salida de Londres de la UE los dejaría solos en la pelea con la Argentina. Así lo plantearon en un informe reciente que elevaron al parlamento británico. Ya son varios los países europeos que no aceptarían seguir acompañando la tesitura inglesa en Malvinas, empezando por España que sufre con Gibraltar el mismo culebrón inglés desde hace muchos años.
La diplomacia de "base humanitaria" que se dispone a encarar el Gobierno podría empezar a calar profundo en el largo plazo. Quizás sea una estrategia tan extensa en el tiempo cuyos resultados no sean para este gobierno. En un largo plazo como la plantea el politólogo Manuel Paz en su estudio comparativo sobre el caso de Hong Kong en relación al conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña.
La clave del éxito de toda esta estrategia será, como dice el politólogo alemán Wolf Grandendorff, evitar imponer una política de "exageración de las expectativas" ya que los vuelcos abruptos y cambios pendulares -sostiene- suelen conducir al fracaso.
No serán entregarán los libros del osito Winnie Pooh que mandaba Guido Di Tella ni se levantará otro cerco económico como fijó Cristina Kirchner. El esquema diplomático argentino apuntará ahora a un punto intermedio. El gobierno de Mauricio Macri está evaluando un plan concreto de acercamiento a los habitantes de las islas Malvinas en paralelo a las negociaciones que pueda entablar en el futuro con Gran Bretaña por la cuestión de fondo que es el reclamo de la soberanía argentina por las islas.
Se trata de un "plan de base humanitaria" como lo bautizó recientemente la canciller Susana Malcorra. Esto implica un amplio abanico de propuestas en marcha: desde el restablecimiento de nuevos vuelos de Malvinas a la Argentina hasta la asistencia sanitaria en casos de salud esencial, el intercambio de productos alimenticios, la cooperación en materia educativa y, quizás más hacia adelante, la posibilidad de establecer negocios compartidos en el área petrolera o marítima.
El camino es delgado y sinuoso. Con esta jugada Macri corre el peligro de volver al esquema de relaciones amistosas que impuso Menem y que no llevaron a ningún puerto. Más bien al ridículo. Quizás por ello es que la Casa Rosada no quiere mostrar aun todas sus cartas en esta jugada de alto riesgo. "Con esta jugada Macri corre el peligro de volver al esquema de relaciones amistosas que impuso Menem y que no llevaron a ningún puerto"
Para poner en marcha ese plan de base humanitaria la canciller Malcorra piensa, como ingeniera que es, en el principio de Paretto: hay un 80% de cosas en la que Macri está de acuerdo con Gran Bretaña y un 20% en el cual no hay acuerdo. "La ventaja con Gran Bretaña es que sabemos cual es ese 20%: son las Malvinas. Entonces, en lugar de dedicar todo nuestro tiempo a ese 20%, vamos a trabajar y producir resultados en el 80%", dijo Malcorra en una reciente entrevista a Clarín.
¿Acaso esta idea de trabajo conjunto implicará dejar de lado el reclamo por la soberanía de las islas? Nada de ello. El Gobierno está convencido de que hay que trabajar con Londres sobre otros temas de lo que la diplomacia británica encuadra en la "nueva agenda positiva". Así lo dejó entrever recientemente John Freeman, el embajador británico en Buenos Aires, cuando dijo que Londres "desea volver a una relación histórica de amistad con la Argentina". Estos es: sellar acuerdos comerciales, de ciencia, tecnología e infraestructura.
Pero en paralelo a este diálogo Londres-Buenos Aires, la canciller Malcorra se dispone a recomponer relaciones con los kelpers. Los tiempos de belicosidad kirchnerista contra los malvinenses cambiaron. Ahora hay "un mayor reconocimiento a la participación de la sociedad civil en distintas formas", como dijo la propia Malcorra. Se evalúan "opciones de aperturas" y diplomacia más flexible.
Por ejemplo, el Gobierno planteó abiertamente a los kelpers que serán recibidos y atendidos en hospitales de la Argentina ante una emergencia sanitaria. Un destacado funcionario de la Cancillería especificó a LA NACION este punto: "se está trabajando en un plan para asistir en salud a la población de Malvinas para operaciones de alta complejidad para que no tengan que ir a Londres o terminar en un hospital de Punta Arenas que no les da respuesta", dijo.
También se evalúa establecer una "política comercial de puertas abiertas". Esto implicaría volver a vender alimentos frescos a los isleños que hoy tienen que comprar tomates o manzanas de Europa a costos siderales. En este sentido, algunos funcionarios del Gobierno sugieren incluso que se podría volver a habilitar a los países del Mercosur a reabrir el comercio con los kelpers.
La posibilidad de compartir negocios petroleros o marítimos con los isleños no es remota para el Gobierno. Dos temas concretos podrían ampliar esta estrategia de acercamiento a los kelpers en esos temas sensibles: el reciente fallo de la ONU que habilitó la ampliación de la plataforma continental marítima de la Argentina y que se extiende más allá de Malvinas y el inminente referéndum de Gran Bretaña que podría alejar a Londres definitivamente de la Unión Europea (UE).
El fallo de la ONU se pondrá en marcha en lo inmediato e implicará la posibilidad real de que la Argentina pueda realizar tareas de exploración en aguas cercanas a las Malvinas. Los isleños lo saben y admiten por lo bajo que esa es una "realidad inevitable". También advierten con temor que una salida de Londres de la UE los dejaría solos en la pelea con la Argentina. Así lo plantearon en un informe reciente que elevaron al parlamento británico. Ya son varios los países europeos que no aceptarían seguir acompañando la tesitura inglesa en Malvinas, empezando por España que sufre con Gibraltar el mismo culebrón inglés desde hace muchos años.
La diplomacia de "base humanitaria" que se dispone a encarar el Gobierno podría empezar a calar profundo en el largo plazo. Quizás sea una estrategia tan extensa en el tiempo cuyos resultados no sean para este gobierno. En un largo plazo como la plantea el politólogo Manuel Paz en su estudio comparativo sobre el caso de Hong Kong en relación al conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña.
La clave del éxito de toda esta estrategia será, como dice el politólogo alemán Wolf Grandendorff, evitar imponer una política de "exageración de las expectativas" ya que los vuelcos abruptos y cambios pendulares -sostiene- suelen conducir al fracaso.
En qué consiste el Plan Federal de Internet que presentó Mauricio Macri
(La Nación) - Conectará a 1200 localidades de todo el país a la red de datos de Arsat; quieren llevar las conexiones de banda ancha a los hogares de 29 millones de argentinos en 2 años, con una inversión de 4350 millones de pesos
Mauricio Macri en la presentación del Plan Federal de Internet. Foto: Télam
Mauricio Macri afirmó este martes que en Argentina "no va a haber más asimetrías" y sostuvo que su gobierno "no quiere un argentino que tenga menos oportunidades que otro". "No existe igualdad de oportunidades sino puede haber acceso a Internet para todos", afirmó el jefe de Estado esta mañana al lanzar el plan, en el marco del Día Mundial de Internet, desde la localidad rural bonaerense de Azcuénaga, ubicada a once kilómetros de San Andrés de Giles, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Banda ancha y Wi-Fi gratis
En su discurso, Macri precisó que "uno de cada tres argentinos no accede a Internet de calidad, lo cual representa una situación de injusticia", y destacó que el plan lanzado hoy busca conectar a 1200 pequeñas localidades de todo el país y llegar en dos años "a tener acceso a banda ancha de calidad para 29 millones de argentinos". Usarán para eso la infraestructura de Arsat, la red de fibra óptica que construyó el gobierno de Cristina Kirchner en el último lustrocomo parte del plan Argentina Conectada; se beneficiarán los pueblos que hoy no tienen conexión y que están a 20 km de su red troncal.
El tendido de la red de Arsat tiene hoy unos 35.000 km de extensión y casi la mitad está "iluminada", como se describe a la parte de la red que está operativa. El Plan demandará una inversión de 4350 millones de pesos en dos años.
Según afirmó Rodrigo de Loredo, presidente de Arsat: "Más caros son los megas mayoristas, más caro y lento es el servicio que llega a cada ciudadano por medio de la cooperativa, la empresa de internet o la cablera. El precio del mega llega en algunos casos a US$ 250, así sucede en localidades como San Genaro; en Santa María de Catamarca US$ 120 o en Sunchales US$ 180. En el caso de Arsat el promedio del mega estará en US$ 25, de esta forma se podrá acceder a mucha más velocidad por menor costo. Estos son dos de los principales efectos concretos del Plan: Arsat va a brindar servicio dentro de los pueblos y las Cooperativas, Cableras y empresas de internet podrán conectarse a menor costo y con más velocidad para dar mejor servicio a los argentinos."
El Presidente anunció también que próximamente se lanzará el Plan País Digital, impulsado por el Ministerio de Modernización, que en una primera etapa garantizará Wi-Fi público y gratis en más de 1000 municipios de todo el país. Su misión será acercar la modernización a las provincias y municipios, con el fin de mejorar la calidad de los servicios, promover la transparencia y fomentar la inclusión digital de sus ciudadanos.
"Mi motor en este momento es la esperanza de todos ustedes, una esperanza que recorre el país, y que marca que todos sentimos que podemos aspirar a más. Argentina tiene un destino de grandeza", sostuvo Macri, y agregó: "Estamos caminando hacia el futuro que yo sueño, donde cada argentino esté más cerca de otro argentino".
Por su parte, Vidal afirmó, en su discurso, que "poder prender una computadora y conectarse al resto del mundo es también inclusión de verdad", y remarcó que este plan "significa igualdad de oportunidades entre ciudades" más grandes y más chicas, ya que "todos los argentinos deben tener los mismos derechos".
Del acto, que se desarrolló en la escuela número 4 "Ricardo Gutiérrez" de Azcuénaga, participaron también el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; de Agricultura, Ricardo Buryaile; de Modernización, Andrés Ibarra; el intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli; y el titular de la empresa estatal Arsat, Rodrigo de Loredo, entre otras autoridades.
Mauricio Macri en la presentación del Plan Federal de Internet. Foto: Télam
Mauricio Macri afirmó este martes que en Argentina "no va a haber más asimetrías" y sostuvo que su gobierno "no quiere un argentino que tenga menos oportunidades que otro". "No existe igualdad de oportunidades sino puede haber acceso a Internet para todos", afirmó el jefe de Estado esta mañana al lanzar el plan, en el marco del Día Mundial de Internet, desde la localidad rural bonaerense de Azcuénaga, ubicada a once kilómetros de San Andrés de Giles, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Banda ancha y Wi-Fi gratis
En su discurso, Macri precisó que "uno de cada tres argentinos no accede a Internet de calidad, lo cual representa una situación de injusticia", y destacó que el plan lanzado hoy busca conectar a 1200 pequeñas localidades de todo el país y llegar en dos años "a tener acceso a banda ancha de calidad para 29 millones de argentinos". Usarán para eso la infraestructura de Arsat, la red de fibra óptica que construyó el gobierno de Cristina Kirchner en el último lustrocomo parte del plan Argentina Conectada; se beneficiarán los pueblos que hoy no tienen conexión y que están a 20 km de su red troncal.
El tendido de la red de Arsat tiene hoy unos 35.000 km de extensión y casi la mitad está "iluminada", como se describe a la parte de la red que está operativa. El Plan demandará una inversión de 4350 millones de pesos en dos años.
Según afirmó Rodrigo de Loredo, presidente de Arsat: "Más caros son los megas mayoristas, más caro y lento es el servicio que llega a cada ciudadano por medio de la cooperativa, la empresa de internet o la cablera. El precio del mega llega en algunos casos a US$ 250, así sucede en localidades como San Genaro; en Santa María de Catamarca US$ 120 o en Sunchales US$ 180. En el caso de Arsat el promedio del mega estará en US$ 25, de esta forma se podrá acceder a mucha más velocidad por menor costo. Estos son dos de los principales efectos concretos del Plan: Arsat va a brindar servicio dentro de los pueblos y las Cooperativas, Cableras y empresas de internet podrán conectarse a menor costo y con más velocidad para dar mejor servicio a los argentinos."
El Presidente anunció también que próximamente se lanzará el Plan País Digital, impulsado por el Ministerio de Modernización, que en una primera etapa garantizará Wi-Fi público y gratis en más de 1000 municipios de todo el país. Su misión será acercar la modernización a las provincias y municipios, con el fin de mejorar la calidad de los servicios, promover la transparencia y fomentar la inclusión digital de sus ciudadanos.
"Mi motor en este momento es la esperanza de todos ustedes, una esperanza que recorre el país, y que marca que todos sentimos que podemos aspirar a más. Argentina tiene un destino de grandeza", sostuvo Macri, y agregó: "Estamos caminando hacia el futuro que yo sueño, donde cada argentino esté más cerca de otro argentino".
Por su parte, Vidal afirmó, en su discurso, que "poder prender una computadora y conectarse al resto del mundo es también inclusión de verdad", y remarcó que este plan "significa igualdad de oportunidades entre ciudades" más grandes y más chicas, ya que "todos los argentinos deben tener los mismos derechos".
Del acto, que se desarrolló en la escuela número 4 "Ricardo Gutiérrez" de Azcuénaga, participaron también el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; de Agricultura, Ricardo Buryaile; de Modernización, Andrés Ibarra; el intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli; y el titular de la empresa estatal Arsat, Rodrigo de Loredo, entre otras autoridades.
Adjudicaron una megaobra para evitar inundaciones por el arroyo Vega
Por Valeria Musse - LA NACION
Es la cuenca que provoca anegamientos en Belgrano; construirán un segundo emisario para colectar agua en la zona; duplicará la capacidad de escurrimiento
La Ciudad anunció que, en agosto próximo, empezarán los trabajos para construir el segundo emisario del arroyo Vega que correrá paralelo al existente y permitiría drenar el doble de agua. El canal subterráneo, que se prevé estaría terminado en un plazo de 32 meses, tendrá 8,4 kilómetros de extensión y cruzará cinco barrios: Agronomía, Villa Ortúzar, Parque Chas, Colegiales y Belgrano. Este último es uno de los más perjudicados cuando el Vega agota su capacidad de escurrimiento.
El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, presentaron ayer la que consideraron "la segunda obra más importante", que beneficiará a 315.000 vecinos de esos barrios. El segundo emisario del Vega costará 135 millones de dólares y su construcción fue adjudicada a las firmas Cartellone, Roggio y Supercemento.
La cuenca, la segunda más grande después de la del Maldonado, tiene una superficie de aproximadamente 1700 hectáreas. El emisario principal, construido a mediados del siglo XX, corre por debajo de la calle Blanco Encalada y permite recibir unos 110 metros cúbicos de agua por segundo. Tres años atrás, se realizó una obra paliativa: la ampliación del aliviador Monroe, desde el arroyo hacia el Río de la Plata.
Con este segundo emisario, que se tenderá casi en su totalidad debajo del eje de las calles La Pampa y Salvador María del Carril, el gobierno y los ingenieros esperan duplicar la capacidad de escurrimiento y mitigar los efectos de una lluvia copiosa de hasta 80 milímetros caídos durante dos horas seguidas.
De los 8,4 kilómetros de extensión que tendrá el conducto, seis se construirán mediante la utilización de una tuneladora de 5,3 metros de diámetro, un poco más pequeña que la usada para el arroyo Maldonado; se prevé que la máquina avanzará 15 metros por día. Este tramo irá desde el Río de la Plata por debajo de La Pampa, hasta Victorica, en Villa Urquiza. Circulará 10 metros más abajo que el subte y no afectará, aseguraron los funcionarios, la normalidad en la superficie.
Los 2400 metros restantes del emisario se concretarán bajo la modalidad de túnel en galería, que tendrá un diámetro de 3,5 metros. Se ejecutará desde Victorica por Ballivian y su continuación, Nueva York, hasta la calle Helguera. Al mismo tiempo que los trabajos avancen se construirán nuevos sumideros para aumentar el grado de captación del nuevo conducto.
En agosto se dará el primer paso: en la Costanera Norte, a la altura del parque de deportes extremos, comenzará a cavarse el espacio para hacer descender la tuneladora 35 metros. Los trabajos culminarán, según estimaciones oficiales, en abril de 2018.
Una vez finalizada la construcción del segundo emisario, se agregará una quincena de ramales secundarios (con una extensión total de 10 kilómetros), en un plazo de tres años, que alimentarán a ambos pluviales.
En toda la ciudad, el gobierno porteño prevé invertir 316 millones de dólares en obras para mitigar inundaciones. De ellos, 126 millones son provistos por fondos propios de la Ciudad y el monto restante es un préstamo solicitado al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los primeros US$ 135.000.000 se destinarán al segundo emisario del arroyo Vega y otros 200 millones de dólares costarán los sumideros y la construcción de los ramales alimentadores.
Otras obras hidráulicas
Como parte del plan, también se realizarán trabajos en las cuencas de los arroyos Maldonado y Cildáñez. En el primer caso, y durante esta etapa de intervenciones de infraestructura, se construirán 31 kilómetros de conductos de drenaje secundario y terciario, ya que los dos aliviadores principales funcionan desde 2011 y 2012.
En la cuenca del Cildáñez, se realizarán intervenciones para promover la recuperación ambiental del lago Soldati, mediante el desvío de las aguas residuales y las corrientes pluviales que actualmente se vierten en ese espejo de agua.
En la cuenca del Riachuelo también se está terminando la construcción de las estaciones de bombeo en los barrios de La Boca y Barracas.
Por último, avanza la obra de un túnel a la altura de la calle Austria y que tiene su final de recorrido en la dársena F del puerto. El conducto, dijeron los funcionarios, actuará como aliviador del afluente desde febrero de 2017.
Qué se hizo y qué falta
Arroyo Medrano - Recientemente se conformó un comité tripartito (Ciudad, provincia y municipios), que realizará los estudios preliminares para definir la obra hidráulica por encarar
Arroyo Maldonado - Entre 2011 y 2012 se inauguraron dos canales aliviadores que reconducen el agua desde el cauce principal, bajo la avenida Juan B. Justo, hasta el Río de la Plata
Es la cuenca que provoca anegamientos en Belgrano; construirán un segundo emisario para colectar agua en la zona; duplicará la capacidad de escurrimiento
La Ciudad anunció que, en agosto próximo, empezarán los trabajos para construir el segundo emisario del arroyo Vega que correrá paralelo al existente y permitiría drenar el doble de agua. El canal subterráneo, que se prevé estaría terminado en un plazo de 32 meses, tendrá 8,4 kilómetros de extensión y cruzará cinco barrios: Agronomía, Villa Ortúzar, Parque Chas, Colegiales y Belgrano. Este último es uno de los más perjudicados cuando el Vega agota su capacidad de escurrimiento.
El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, presentaron ayer la que consideraron "la segunda obra más importante", que beneficiará a 315.000 vecinos de esos barrios. El segundo emisario del Vega costará 135 millones de dólares y su construcción fue adjudicada a las firmas Cartellone, Roggio y Supercemento.
La cuenca, la segunda más grande después de la del Maldonado, tiene una superficie de aproximadamente 1700 hectáreas. El emisario principal, construido a mediados del siglo XX, corre por debajo de la calle Blanco Encalada y permite recibir unos 110 metros cúbicos de agua por segundo. Tres años atrás, se realizó una obra paliativa: la ampliación del aliviador Monroe, desde el arroyo hacia el Río de la Plata.
Con este segundo emisario, que se tenderá casi en su totalidad debajo del eje de las calles La Pampa y Salvador María del Carril, el gobierno y los ingenieros esperan duplicar la capacidad de escurrimiento y mitigar los efectos de una lluvia copiosa de hasta 80 milímetros caídos durante dos horas seguidas.
De los 8,4 kilómetros de extensión que tendrá el conducto, seis se construirán mediante la utilización de una tuneladora de 5,3 metros de diámetro, un poco más pequeña que la usada para el arroyo Maldonado; se prevé que la máquina avanzará 15 metros por día. Este tramo irá desde el Río de la Plata por debajo de La Pampa, hasta Victorica, en Villa Urquiza. Circulará 10 metros más abajo que el subte y no afectará, aseguraron los funcionarios, la normalidad en la superficie.
Los 2400 metros restantes del emisario se concretarán bajo la modalidad de túnel en galería, que tendrá un diámetro de 3,5 metros. Se ejecutará desde Victorica por Ballivian y su continuación, Nueva York, hasta la calle Helguera. Al mismo tiempo que los trabajos avancen se construirán nuevos sumideros para aumentar el grado de captación del nuevo conducto.
En agosto se dará el primer paso: en la Costanera Norte, a la altura del parque de deportes extremos, comenzará a cavarse el espacio para hacer descender la tuneladora 35 metros. Los trabajos culminarán, según estimaciones oficiales, en abril de 2018.
Una vez finalizada la construcción del segundo emisario, se agregará una quincena de ramales secundarios (con una extensión total de 10 kilómetros), en un plazo de tres años, que alimentarán a ambos pluviales.
En toda la ciudad, el gobierno porteño prevé invertir 316 millones de dólares en obras para mitigar inundaciones. De ellos, 126 millones son provistos por fondos propios de la Ciudad y el monto restante es un préstamo solicitado al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los primeros US$ 135.000.000 se destinarán al segundo emisario del arroyo Vega y otros 200 millones de dólares costarán los sumideros y la construcción de los ramales alimentadores.
Otras obras hidráulicas
Como parte del plan, también se realizarán trabajos en las cuencas de los arroyos Maldonado y Cildáñez. En el primer caso, y durante esta etapa de intervenciones de infraestructura, se construirán 31 kilómetros de conductos de drenaje secundario y terciario, ya que los dos aliviadores principales funcionan desde 2011 y 2012.
En la cuenca del Cildáñez, se realizarán intervenciones para promover la recuperación ambiental del lago Soldati, mediante el desvío de las aguas residuales y las corrientes pluviales que actualmente se vierten en ese espejo de agua.
En la cuenca del Riachuelo también se está terminando la construcción de las estaciones de bombeo en los barrios de La Boca y Barracas.
Por último, avanza la obra de un túnel a la altura de la calle Austria y que tiene su final de recorrido en la dársena F del puerto. El conducto, dijeron los funcionarios, actuará como aliviador del afluente desde febrero de 2017.
Qué se hizo y qué falta
Arroyo Medrano - Recientemente se conformó un comité tripartito (Ciudad, provincia y municipios), que realizará los estudios preliminares para definir la obra hidráulica por encarar
Arroyo Maldonado - Entre 2011 y 2012 se inauguraron dos canales aliviadores que reconducen el agua desde el cauce principal, bajo la avenida Juan B. Justo, hasta el Río de la Plata
El bosque con vista al cerro que una funcionaria se apropió
Por Mariela Arias - LA NACION - El predio pertenecía a la familia de Andreas Madsen, que llegó al Sur con el perito Moreno
La inspección policial en El Chaltén hace unos días atrás. Foto: Archivo
EL CALAFATE.- Roy Madsen tiene 43 años, en su nombre reúne la historia de su familia y también de la tierra por la que lucha. Su bisabuelo Andreas Madsen, integrante de la comisión de límites llegó con el perito Francisco Moreno y decidió quedarse a poblar la Patagonia.
Fue el primer dueño de las tierras que ahora la justicia federal investiga cómo y de qué manera llegaron al empresario Lázaro Báez, después de que se denunciara que las mismas se encuentran en zona de litigio entre Parques Nacionales y la provincia de Santa Cruz. Se trata de 74 hectáreas, de las cuales Báez tiene cinco, y que quedaron en un limbo interpretativo de leyes, que permitió que fueran vendidas a privados. Ahora la historia sale a la luz porque la Justicia puso la lupa sobre Báez.
Es un bosque paradisíaco atravesado por el río de las Vueltas, con una vista al cerro Chaltén, de una belleza sin parangón, ubicadas a dos kilómetros de la localidad homónima. La tierra se encuentra dentro del lote 181, que en sus orígenes tenía 10.000 hectáreas y el gobierno argentino, a través de la comisión de Tierras y Colonias, le dio el permiso de uso a Andreas Madsen, poblador desde 1903.
Hace diez años que Roy Madsen vive en El Chaltén, logró recuperar la casa donde vivió su familia después de un largo litigio. Las tres hectáreas -de las 10.000 que tuvieron los Madsen- hoy son su hogar, y con un emprendimiento turístico busca revalorizar un apellido que siempre estuvo ligada a la historia de la Patagonia. Su tío abuelo Fitz Roy Madsen fue el primer guardaparque de El Calafate y su abuelo Pedro Madsen en la seccional norte que hoy es El Chaltén.
Un antiguo litigio
Sin embargo, para quienes conocen la historia, éstas siempre fueron tierras en un litigio sin fin entre Parques y la provincia."Yo me pongo a disposición de la Justicia para contar nuestra verdad como damnificado de esta situación, que ahora se conoce por esta causa, pero por la que estamos hace años luchando para que se esclarezca", asegura el bisnieto de Madsen a LA NACION.
Cuando en 1937 se creó el Parque Nacional Los Glaciares, el lote 181 de Andreas Madsen quedó en un 99% dentro del predio del parque nacional. Sólo una fracción de 74 hectáreas fueron para la familia pobladora. Allí se quedaron. Y allí muere Andreas en 1965, creyendo que eso sería la herencia de su familia.
Según el relato de su bisnieto, en el año 1972, cuando se sancionó la ley 19.292, una interpretación de la norma permitió entender que el 100% de las tierras de Madsen pasó a la jurisdicción de Parques Nacionales. "La familia no se enteró se eso hasta que, en 1979, mi abuela Aída y su cuñada Ana Madsen quisieron poner a nombre de la familia las 74 hectáreas. Se encontraron con el problema entre lo que decía el decreto y la ley", detalló Roy Madsen.
Una funcionaria del Consejo Agrario de Santa Cruz, Nelma Ogrizek, les ofreció una solución para poder escriturar la tierra. "Sin embargo, mi familia terminó perjudicada. Ogrizek era directora de Tierras y las 74 hectáreas que estaban intentando poner a nombre de la familia Madsen las puso a nombre de la hermana de la funcionaria", relató Madsen.
Con mucho esfuerzo, la familia logró recién en la década del noventa que le reintegraran tres de las 74 hectáreas. "Sobre el resto de las 71 hectáreas se emitieron títulos de propiedad de parte de la provincia. La funcionaria loteó y vendió las tierras", explicó Madsen. Dentro de esas ventas, se encuentran las cinco hectáreas que compró Báez y ahora la Justicia investiga. Toda la operación ocurrió hace 40 años. El Chaltén se fundó en 1985, pero las autoridades municipales y el Concejo Deliberante, que fue allanado ayer, apenas tiene seis meses de existencia.
La inspección policial en El Chaltén hace unos días atrás. Foto: Archivo
EL CALAFATE.- Roy Madsen tiene 43 años, en su nombre reúne la historia de su familia y también de la tierra por la que lucha. Su bisabuelo Andreas Madsen, integrante de la comisión de límites llegó con el perito Francisco Moreno y decidió quedarse a poblar la Patagonia.
Fue el primer dueño de las tierras que ahora la justicia federal investiga cómo y de qué manera llegaron al empresario Lázaro Báez, después de que se denunciara que las mismas se encuentran en zona de litigio entre Parques Nacionales y la provincia de Santa Cruz. Se trata de 74 hectáreas, de las cuales Báez tiene cinco, y que quedaron en un limbo interpretativo de leyes, que permitió que fueran vendidas a privados. Ahora la historia sale a la luz porque la Justicia puso la lupa sobre Báez.
Es un bosque paradisíaco atravesado por el río de las Vueltas, con una vista al cerro Chaltén, de una belleza sin parangón, ubicadas a dos kilómetros de la localidad homónima. La tierra se encuentra dentro del lote 181, que en sus orígenes tenía 10.000 hectáreas y el gobierno argentino, a través de la comisión de Tierras y Colonias, le dio el permiso de uso a Andreas Madsen, poblador desde 1903.
Hace diez años que Roy Madsen vive en El Chaltén, logró recuperar la casa donde vivió su familia después de un largo litigio. Las tres hectáreas -de las 10.000 que tuvieron los Madsen- hoy son su hogar, y con un emprendimiento turístico busca revalorizar un apellido que siempre estuvo ligada a la historia de la Patagonia. Su tío abuelo Fitz Roy Madsen fue el primer guardaparque de El Calafate y su abuelo Pedro Madsen en la seccional norte que hoy es El Chaltén.
Un antiguo litigio
Sin embargo, para quienes conocen la historia, éstas siempre fueron tierras en un litigio sin fin entre Parques y la provincia."Yo me pongo a disposición de la Justicia para contar nuestra verdad como damnificado de esta situación, que ahora se conoce por esta causa, pero por la que estamos hace años luchando para que se esclarezca", asegura el bisnieto de Madsen a LA NACION.
Cuando en 1937 se creó el Parque Nacional Los Glaciares, el lote 181 de Andreas Madsen quedó en un 99% dentro del predio del parque nacional. Sólo una fracción de 74 hectáreas fueron para la familia pobladora. Allí se quedaron. Y allí muere Andreas en 1965, creyendo que eso sería la herencia de su familia.
Según el relato de su bisnieto, en el año 1972, cuando se sancionó la ley 19.292, una interpretación de la norma permitió entender que el 100% de las tierras de Madsen pasó a la jurisdicción de Parques Nacionales. "La familia no se enteró se eso hasta que, en 1979, mi abuela Aída y su cuñada Ana Madsen quisieron poner a nombre de la familia las 74 hectáreas. Se encontraron con el problema entre lo que decía el decreto y la ley", detalló Roy Madsen.
Una funcionaria del Consejo Agrario de Santa Cruz, Nelma Ogrizek, les ofreció una solución para poder escriturar la tierra. "Sin embargo, mi familia terminó perjudicada. Ogrizek era directora de Tierras y las 74 hectáreas que estaban intentando poner a nombre de la familia Madsen las puso a nombre de la hermana de la funcionaria", relató Madsen.
Con mucho esfuerzo, la familia logró recién en la década del noventa que le reintegraran tres de las 74 hectáreas. "Sobre el resto de las 71 hectáreas se emitieron títulos de propiedad de parte de la provincia. La funcionaria loteó y vendió las tierras", explicó Madsen. Dentro de esas ventas, se encuentran las cinco hectáreas que compró Báez y ahora la Justicia investiga. Toda la operación ocurrió hace 40 años. El Chaltén se fundó en 1985, pero las autoridades municipales y el Concejo Deliberante, que fue allanado ayer, apenas tiene seis meses de existencia.
Amado Boudou será indagado por insertar datos falsos en su DNI
(La Nación) - El juez federal Ariel Lijo lo citó a declarar el 24 de mayo por el delito de "falsedad ideológica de documento público"
Amado Boudou fue citado a declarar por insertar datos falsos en su DNI. Foto: Reuters / Martín Acosta
El ex vicepresidente Amado Boudou suma nuevos problemas en la Justicia. El ex ministro de Economía fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa en que se investiga si insertó datos falsos en su documento nacional de identidad. Será indagado el 24 de mayo próximo por el delito de "falsedad ideológica de documento público", según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Télam.
Lijo es un viejo conocido de Boudou en los Tribunales de Comodoro Py: ya lo procesó en la causa Ciccone y lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
En diciembre pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido interrogar al ex vicepresidente en esta causa. El representante del Ministerio Público dio por probado que en el ejemplar triplicado del DNI N° 16.102.714, correspondiente a Boudou, figura su domicilio en la calle Zado 3231, de Villa Urquiza. Ese documento fue utilizado para la inscripción de tres vehículos adquiridos por el ex ministro de Economía: una moto Harley Davidson, modelo Road King Classic, patente DKH 549; una motocicleta BMW R 1200 GS Adventure, patente DFE 065; y un automóvil Audi A4, patente HCP 691, que Boudou anotó con ese DNI en 2008.
Según el fiscal Pollicita, valiéndose de los datos falsos inscriptos en el documento, Boudou registró los vehículos que adquirió en el domicilio de Villa Urquiza, donde nunca residió. Entendió que jurídicamente esas conductas -reiteradas en cuatro oportunidades- consisten en hacer insertar datos falsos en documentos destinados a acreditar la titularidad del dominio de un vehículo.
Amado Boudou fue citado a declarar por insertar datos falsos en su DNI. Foto: Reuters / Martín Acosta
El ex vicepresidente Amado Boudou suma nuevos problemas en la Justicia. El ex ministro de Economía fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa en que se investiga si insertó datos falsos en su documento nacional de identidad. Será indagado el 24 de mayo próximo por el delito de "falsedad ideológica de documento público", según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Télam.
Lijo es un viejo conocido de Boudou en los Tribunales de Comodoro Py: ya lo procesó en la causa Ciccone y lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
En diciembre pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido interrogar al ex vicepresidente en esta causa. El representante del Ministerio Público dio por probado que en el ejemplar triplicado del DNI N° 16.102.714, correspondiente a Boudou, figura su domicilio en la calle Zado 3231, de Villa Urquiza. Ese documento fue utilizado para la inscripción de tres vehículos adquiridos por el ex ministro de Economía: una moto Harley Davidson, modelo Road King Classic, patente DKH 549; una motocicleta BMW R 1200 GS Adventure, patente DFE 065; y un automóvil Audi A4, patente HCP 691, que Boudou anotó con ese DNI en 2008.
Según el fiscal Pollicita, valiéndose de los datos falsos inscriptos en el documento, Boudou registró los vehículos que adquirió en el domicilio de Villa Urquiza, donde nunca residió. Entendió que jurídicamente esas conductas -reiteradas en cuatro oportunidades- consisten en hacer insertar datos falsos en documentos destinados a acreditar la titularidad del dominio de un vehículo.
Julio De Vido en Comodor Py: admitió que no renegoció contratos ferroviarios y lo atribuyó a un "estado de precariedad"
(La Nación) - El ex ministro de Planificación kirchnerista presentó un escrito ante el juez Sebastián Ramos y no respondió preguntas; Jaime lo había señalado como el responsable
De Vido volvió hoy a Comodoro Py. Foto: Archivo / Aníbal Greco / LA NACION
El ex ministro de Planificación Federal de la gestión kirchnerista Julio De Vido admitió hoy en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos que no renegoció los contratos ferroviarios entre 2003 y 2012, y lo atribuyó al "estado de precariedad en que estaba el cumplimiento" de esos vínculos al asumir el cargo.
El juez Ramos investiga la falta de actualización de los contratos ferroviarios desde 2003 hasta 2012, a pesar de que se había creado en 2002 la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que surgió en medio de la emergencia económica. La unidad se reformuló en 2003 con su nueva denominación.
Por esta causa, Ramos ya indagó a Jaime el 4 de abril pasado cuando fue detenido en Córdoba, el mismo día que su asesor Manuel Vázquez. Antes de decidir su procesamiento, el juez quería escuchar a De Vido.
Cuando Jaime declaró dijo que no era su responsabilidad disponer la renegociación de los contratos ferroviarios sino de su jefe De Vido. Jaime y De Vido se vienen echando culpas mutuas en las causas que los tienen como protagonistas, reeditando una interna que arrastran desde sus tiempos de funcionarios kirchneristas, aunque ahora lo hacen en defensa propia.
"Vengo a presentarme, he sido citado en indagatoria y voy a presentar un escrito", dijo hoy el diputado del Frente para la Victoria al tiempo que calificó como "una denuncia que no tiene ningún asidero" una publicación periodística en la que se lo acusa de haber beneficiado al marido de su hija, Martín Ramos, por la firma de un contrato de su empresa con YCRT.
Consultado por radio Mitre, se excusó: "No dependía de mí ese contrato" y amplió que "jamás" le sugirió a sus funcionarios "a quién contratar o no".
El oficialismo buscará hoy en una cargada sesión en Diputados impulsar sobre tablas el debate del proyecto para autorizar a la Justicia "a allanar el domicilio particular y las oficinas" de De Vido y exponer de esa manera la postura de los bloques opositores en torno a la situación de ex funcionarios procesados.
De Vido también es investigado por Claudio Bonadio por la tragedia ferroviaria de Once y por Julián Ercolini por la compra de trenes usados e inútiles a España y Tucumán por más de 100 millones de euros.
De Vido volvió hoy a Comodoro Py. Foto: Archivo / Aníbal Greco / LA NACION
El ex ministro de Planificación Federal de la gestión kirchnerista Julio De Vido admitió hoy en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos que no renegoció los contratos ferroviarios entre 2003 y 2012, y lo atribuyó al "estado de precariedad en que estaba el cumplimiento" de esos vínculos al asumir el cargo.
El juez Ramos investiga la falta de actualización de los contratos ferroviarios desde 2003 hasta 2012, a pesar de que se había creado en 2002 la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que surgió en medio de la emergencia económica. La unidad se reformuló en 2003 con su nueva denominación.
Por esta causa, Ramos ya indagó a Jaime el 4 de abril pasado cuando fue detenido en Córdoba, el mismo día que su asesor Manuel Vázquez. Antes de decidir su procesamiento, el juez quería escuchar a De Vido.
Cuando Jaime declaró dijo que no era su responsabilidad disponer la renegociación de los contratos ferroviarios sino de su jefe De Vido. Jaime y De Vido se vienen echando culpas mutuas en las causas que los tienen como protagonistas, reeditando una interna que arrastran desde sus tiempos de funcionarios kirchneristas, aunque ahora lo hacen en defensa propia.
"Vengo a presentarme, he sido citado en indagatoria y voy a presentar un escrito", dijo hoy el diputado del Frente para la Victoria al tiempo que calificó como "una denuncia que no tiene ningún asidero" una publicación periodística en la que se lo acusa de haber beneficiado al marido de su hija, Martín Ramos, por la firma de un contrato de su empresa con YCRT.
Consultado por radio Mitre, se excusó: "No dependía de mí ese contrato" y amplió que "jamás" le sugirió a sus funcionarios "a quién contratar o no".
El oficialismo buscará hoy en una cargada sesión en Diputados impulsar sobre tablas el debate del proyecto para autorizar a la Justicia "a allanar el domicilio particular y las oficinas" de De Vido y exponer de esa manera la postura de los bloques opositores en torno a la situación de ex funcionarios procesados.
De Vido también es investigado por Claudio Bonadio por la tragedia ferroviaria de Once y por Julián Ercolini por la compra de trenes usados e inútiles a España y Tucumán por más de 100 millones de euros.
martes, 17 de mayo de 2016
Argentina retoma intercambio militar con EEUU
(Ambito.com) - Una comitiva integrada por funcionarios del Ministerio de Defensa se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde mantendrá encuentros destinados a retomar la relación bilateral con el Pentágono y el intercambio en el área militar.
Así lo informó oficialmente el Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez, luego del relanzamiento del vínculo con el gobierno del presidente Barack Obama a partir de la asunción de Mauricio Macri.
La comitiva, encabezada por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, y el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación militar en Emergencias, Walter Ceballos, se reunirá con funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos-, con el fin de "retomar el intercambio bilateral en el área militar".
El equipo, que permanecerá en Washington hasta el miércoles próximo, tiene previsto reunirse con la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, se informó oficialmente.
Sobre el objetivo de este viaje, Tello expresó que se busca retomar una instancia política "que era habitual entre la Argentina y Estados Unidos". El funcionario detalló que entre los temas a tratar en el área de Defensa están "la planificación del trabajo conjunto de las fuerzas de paz, la posibilidad de retomar cursos de formación para el personal militar y el intercambio de efectivos entre ambos países antes eventuales situaciones de catástrofes y emergencias".
También se busca fortalecer las relaciones entre ambos países de cara a la próxima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, prevista para octubre de este año en Trinidad y Tobago, indicó la cartera que conduce Martínez.
El gobierno nacional busca mejorar la relación con Estados Unidos en materia de defensa, que se había visto resentida en 2011, cuando el canciller Héctor Timerman encabezó un operativo en el que se incautó material de un avión militar norteamericano en Ezeiza. Esa situación, que desató un cortocircuito en todo el vínculo bilateral, comenzó en febrero de ese año y recién tuvo un desenlace en junio, cuando la entonces presidente Cristina de Kirchner decidió devolver el material incautado, luego de un pedido de Obama.
Así lo informó oficialmente el Ministerio de Defensa, conducido por Julio Martínez, luego del relanzamiento del vínculo con el gobierno del presidente Barack Obama a partir de la asunción de Mauricio Macri.
La comitiva, encabezada por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, y el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación militar en Emergencias, Walter Ceballos, se reunirá con funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos-, con el fin de "retomar el intercambio bilateral en el área militar".
El equipo, que permanecerá en Washington hasta el miércoles próximo, tiene previsto reunirse con la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, se informó oficialmente.
Sobre el objetivo de este viaje, Tello expresó que se busca retomar una instancia política "que era habitual entre la Argentina y Estados Unidos". El funcionario detalló que entre los temas a tratar en el área de Defensa están "la planificación del trabajo conjunto de las fuerzas de paz, la posibilidad de retomar cursos de formación para el personal militar y el intercambio de efectivos entre ambos países antes eventuales situaciones de catástrofes y emergencias".
También se busca fortalecer las relaciones entre ambos países de cara a la próxima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, prevista para octubre de este año en Trinidad y Tobago, indicó la cartera que conduce Martínez.
El gobierno nacional busca mejorar la relación con Estados Unidos en materia de defensa, que se había visto resentida en 2011, cuando el canciller Héctor Timerman encabezó un operativo en el que se incautó material de un avión militar norteamericano en Ezeiza. Esa situación, que desató un cortocircuito en todo el vínculo bilateral, comenzó en febrero de ese año y recién tuvo un desenlace en junio, cuando la entonces presidente Cristina de Kirchner decidió devolver el material incautado, luego de un pedido de Obama.
Quilmes monta una fábrica de cerveza en el Circuito chico de Bariloche
Por Claudio Andrade - Clarin.com
Buscan producir 1 milón de litros anuales. Hay reclamos de organizaciones ambientalistas.
Lago Moreno, en Bariloche. Foto: María Eugenia Cerutti.
Bariloche, corresponsal.- La empresa Quilmes quiere hacer pie en la Cordillera, en el negocio de la cervecería artesanal, a través de su marca Patagonia. Pero el proyecto de instalar una microfábrica de cerveza en Bariloche se encontró con una fuerte resistencia de parte de algunos vecinos y organizaciones, que se oponen a que la compañía opere en el área del llamado Circuito Chico, por los efectos que podría tener sobre el medioambiente.
El complejo comenzó a construirse en 2015 y estaría próximo a ser lanzado oficialmente. La inversión es de U$S 4,5 millones. Quilmes espera producir 1 millón de litros anuales de su marca Patagonia. Es casi la mitad de lo que producen las marcas locales en conjunto en Bariloche. Sumando marcas como Berlina, Blest, La Cruz y la chilena Kunstmann, se alcanzan los 2,5 millones de litros por año con una facturación global de unos 300 millones de pesos. El negocio vinculado a Patagonia superaría los 100 millones de pesos.
Mientras tanto la Asociación Civil Arbol de Pie le exigió al municipio que se paralicen las obras de la multinacional AB InBev -la dueña de Budweiser, Stella Artois y Brahma- en el Circuito Chico. Como fundamento esgrimen que el área donde fue levantada la fábrica es una zona que el Código Urbano establece como uso “exclusivamente residencial y turístico”. La ONG además pidió la intervención del juez de Faltas, Gustavo Contín A este reclamo se sumó el de un particular, el vecino Federico Rademascher. Rademascher vive en un predio lindante y le envió varias notas al intendente de la ciudad, Gustavo Gennuso, denunciando “un desastre ecológico” a consecuencia del movimiento de suelos. Por otro lado, la Cámara de Comercio e Industria indicó en un escrito que el Circuito Chico es apto “como destino gastronómico y/o con fabricación al sólo efecto publicitario”. En este orden de cosas propuso trasladar la fábrica al futuro parque productivo tecnológico e industrial de Barioche.
Hay 50 fábricas de cerveza en la Cordillera, la mayoría pertenecientes a familias locales. En el invierno de 2014 la internacional Kunstmann (de CCU, grupo compuesto por la familia Luksic y Heineken) instaló una microcervecería en el kilómetro 7 de Avenida Bustillo con una inversión de U$S 3,5 millones. En principio los trasandinos arrancaron con un producción acotada de 10 mil litros mensuales. Las cervecerías de mayor producción son La Cruz (40 mil litros/mes), Blest (40 mil litros/mes) y Berlina, con un número similar, pero que recientemente adquirió nuevos equipos con los que llegaría a los 200 mil litros mensuales.
Buscan producir 1 milón de litros anuales. Hay reclamos de organizaciones ambientalistas.
Lago Moreno, en Bariloche. Foto: María Eugenia Cerutti.
Bariloche, corresponsal.- La empresa Quilmes quiere hacer pie en la Cordillera, en el negocio de la cervecería artesanal, a través de su marca Patagonia. Pero el proyecto de instalar una microfábrica de cerveza en Bariloche se encontró con una fuerte resistencia de parte de algunos vecinos y organizaciones, que se oponen a que la compañía opere en el área del llamado Circuito Chico, por los efectos que podría tener sobre el medioambiente.
El complejo comenzó a construirse en 2015 y estaría próximo a ser lanzado oficialmente. La inversión es de U$S 4,5 millones. Quilmes espera producir 1 millón de litros anuales de su marca Patagonia. Es casi la mitad de lo que producen las marcas locales en conjunto en Bariloche. Sumando marcas como Berlina, Blest, La Cruz y la chilena Kunstmann, se alcanzan los 2,5 millones de litros por año con una facturación global de unos 300 millones de pesos. El negocio vinculado a Patagonia superaría los 100 millones de pesos.
Mientras tanto la Asociación Civil Arbol de Pie le exigió al municipio que se paralicen las obras de la multinacional AB InBev -la dueña de Budweiser, Stella Artois y Brahma- en el Circuito Chico. Como fundamento esgrimen que el área donde fue levantada la fábrica es una zona que el Código Urbano establece como uso “exclusivamente residencial y turístico”. La ONG además pidió la intervención del juez de Faltas, Gustavo Contín A este reclamo se sumó el de un particular, el vecino Federico Rademascher. Rademascher vive en un predio lindante y le envió varias notas al intendente de la ciudad, Gustavo Gennuso, denunciando “un desastre ecológico” a consecuencia del movimiento de suelos. Por otro lado, la Cámara de Comercio e Industria indicó en un escrito que el Circuito Chico es apto “como destino gastronómico y/o con fabricación al sólo efecto publicitario”. En este orden de cosas propuso trasladar la fábrica al futuro parque productivo tecnológico e industrial de Barioche.
Hay 50 fábricas de cerveza en la Cordillera, la mayoría pertenecientes a familias locales. En el invierno de 2014 la internacional Kunstmann (de CCU, grupo compuesto por la familia Luksic y Heineken) instaló una microcervecería en el kilómetro 7 de Avenida Bustillo con una inversión de U$S 3,5 millones. En principio los trasandinos arrancaron con un producción acotada de 10 mil litros mensuales. Las cervecerías de mayor producción son La Cruz (40 mil litros/mes), Blest (40 mil litros/mes) y Berlina, con un número similar, pero que recientemente adquirió nuevos equipos con los que llegaría a los 200 mil litros mensuales.
Denunció Martínez la "pesada" herencia recibida en Defensa
(La Nación) - Cuestionó el "destrato"; dijo que por ahora el Ejército no combatirá las drogas
Julio Martínez, ayer, en Conversaciones en LA NACION.
La herencia de 12 años de kirchnerismo en el ministerio de Defensa es "terrible" y "muy pesada". Esas palabras fue las que usó el titular de la cartera, Julio Martínez, al describir cómo encontró a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuando asumió en diciembre último.
En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá en el ciclo Conversaciones en LA NACION, el funcionario afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner "no tuvo respeto" por el área que dirige y denunció abandono en gran parte del sector.
"Pasaron doce años sin que el Presidente vaya al acto de su escuadra escolta de los Granaderos, sin que estrechara la mano de los jefes de las FF.AA., sin que ellos sean parte del protocolo oficial del Gobierno, como en las visitas de otros presidentes", enumeró, al tiempo que indicó que el presidente Mauricio Macri le dará más importancia al Ejército. "Estamos inaugurando una etapa de respeto hacia las FF.AA. El gobierno anterior no tuvo respeto, tuvo destrato y falta de consideración. Esa etapa se terminó. Creemos en el eje del Gobierno de unir a los argentinos y hay que unir a este sector importante de la sociedad", agregó Martínez.
Los problemas que dejó el gobierno anterior, según el funcionario, son palpables en numerosas áreas, como en la casi nula capacidad de la Fuerza Aérea, donde hay pocos aviones en funciones y muchos están "desprogramados", o en las Campaña Antártica, que estaba "desfinanciada" y "atrasada".
Asimismo, Martínez destacó que Defensa tiene deudas multimillonarias. "Tenemos cerca de $ 2000 millones en juicio por los sueldos de los militares, porque se les pagaba la mitad en negro y cuando se retiraban recibían la mitad; hemos recibido $ 120 millones de deuda con YPF; en el Escudo Norte tenemos desplegados 1700 militares a los que se les debía nueve meses de viáticos; la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba tiene un déficit de $ 1490 millones, y el déficit de Fabricaciones Militares es de $ 1200 millones", detalló.
Por su parte, ante la pregunta de si el Ejército tendrá injerencia en el combate contra el narcotráfico, Martínez afirmó que por el momento no está en agenda. "Hoy no hace falta. Si al frente llegamos a tener un ejército bancado por el narcotráfico podemos discutir el tema pero hoy no es necesario ni prioritario", sostuvo. De hecho, esa posibilidad estaría lejos, pues en el Gobierno ya califican como un éxito el decreto que habilita el derribo de aviones que ingresan ilegalmente por las fronteras. Según Martínez, la medida redujo "a menos de la mitad" el ingreso de naves.
El ministro también rechazó el desempeño del ex jefe del Ejercito durante el gobierno anterior, César Milani, quien había afirmado que el Ejército adscribía al proyecto que encabezaba la ex Presidenta. "Pusimos en funciones a los nuevos jefes del Estado Mayor del Ejército. Les dijimos que la idea de nuestro gobierno era que las FF.AA. no tenían que estar al servicio de ningún proyecto político, ni de ningún gobierno. Tenían que estar a favor del Estado y de la democracia", explicó. Y sentenció: "Esa línea política desapareció. No está esa idea ni hay lealtad a la ex Presidenta por parte de las FF.AA., que sufrieron mucho durante el kirchnerismo".
"Malvinas es un tema de Estado"
El ministro de Defensa, Julio Martínez, afirmó ayer que el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas seguirá siendo una "cuestión de Estado" que debe ser "inquebrantable" e "irrenunciable".
Sin embargo, el funcionario también destacó que la Argentina no evitará trabajar en conjunto con el Reino Unido. "[El reclamo] no quita que en otra agenda los gobiernos puedan tener otro tipo de relación", señaló.
Julio Martínez, ayer, en Conversaciones en LA NACION.
La herencia de 12 años de kirchnerismo en el ministerio de Defensa es "terrible" y "muy pesada". Esas palabras fue las que usó el titular de la cartera, Julio Martínez, al describir cómo encontró a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuando asumió en diciembre último.
En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá en el ciclo Conversaciones en LA NACION, el funcionario afirmó que el gobierno de Cristina Kirchner "no tuvo respeto" por el área que dirige y denunció abandono en gran parte del sector.
"Pasaron doce años sin que el Presidente vaya al acto de su escuadra escolta de los Granaderos, sin que estrechara la mano de los jefes de las FF.AA., sin que ellos sean parte del protocolo oficial del Gobierno, como en las visitas de otros presidentes", enumeró, al tiempo que indicó que el presidente Mauricio Macri le dará más importancia al Ejército. "Estamos inaugurando una etapa de respeto hacia las FF.AA. El gobierno anterior no tuvo respeto, tuvo destrato y falta de consideración. Esa etapa se terminó. Creemos en el eje del Gobierno de unir a los argentinos y hay que unir a este sector importante de la sociedad", agregó Martínez.
Los problemas que dejó el gobierno anterior, según el funcionario, son palpables en numerosas áreas, como en la casi nula capacidad de la Fuerza Aérea, donde hay pocos aviones en funciones y muchos están "desprogramados", o en las Campaña Antártica, que estaba "desfinanciada" y "atrasada".
Asimismo, Martínez destacó que Defensa tiene deudas multimillonarias. "Tenemos cerca de $ 2000 millones en juicio por los sueldos de los militares, porque se les pagaba la mitad en negro y cuando se retiraban recibían la mitad; hemos recibido $ 120 millones de deuda con YPF; en el Escudo Norte tenemos desplegados 1700 militares a los que se les debía nueve meses de viáticos; la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba tiene un déficit de $ 1490 millones, y el déficit de Fabricaciones Militares es de $ 1200 millones", detalló.
Por su parte, ante la pregunta de si el Ejército tendrá injerencia en el combate contra el narcotráfico, Martínez afirmó que por el momento no está en agenda. "Hoy no hace falta. Si al frente llegamos a tener un ejército bancado por el narcotráfico podemos discutir el tema pero hoy no es necesario ni prioritario", sostuvo. De hecho, esa posibilidad estaría lejos, pues en el Gobierno ya califican como un éxito el decreto que habilita el derribo de aviones que ingresan ilegalmente por las fronteras. Según Martínez, la medida redujo "a menos de la mitad" el ingreso de naves.
El ministro también rechazó el desempeño del ex jefe del Ejercito durante el gobierno anterior, César Milani, quien había afirmado que el Ejército adscribía al proyecto que encabezaba la ex Presidenta. "Pusimos en funciones a los nuevos jefes del Estado Mayor del Ejército. Les dijimos que la idea de nuestro gobierno era que las FF.AA. no tenían que estar al servicio de ningún proyecto político, ni de ningún gobierno. Tenían que estar a favor del Estado y de la democracia", explicó. Y sentenció: "Esa línea política desapareció. No está esa idea ni hay lealtad a la ex Presidenta por parte de las FF.AA., que sufrieron mucho durante el kirchnerismo".
"Malvinas es un tema de Estado"
El ministro de Defensa, Julio Martínez, afirmó ayer que el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas seguirá siendo una "cuestión de Estado" que debe ser "inquebrantable" e "irrenunciable".
Sin embargo, el funcionario también destacó que la Argentina no evitará trabajar en conjunto con el Reino Unido. "[El reclamo] no quita que en otra agenda los gobiernos puedan tener otro tipo de relación", señaló.
Boudou también presentó facturas falsas de intérpretes
Por Hugo Alconada Mon, Luisa Corradini - LA NACION
Los recibos indican que el Estado pagó 9700 euros por los servicios de dos traductores en París; sin embargo, los profesionales cobraron sólo 1900 cada uno
Foto: Archivo / Mariana Araujo / LA NACION
PARÍS.- Los dos son reconocidos profesionales, miembros de la International Association of Conference Interpreters (AIIC). En febrero de 2011 viajaron a París desde Ginebra para trabajar como intérpretes del entonces ministro de Economía Amado Boudou en una reunión de presidentes de bancos centrales y ministros del G-20. Y cobraron 1900 euros cada uno. Pero cuando retornó a Buenos Aires, el luego compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner presentó cuatro facturas falsas por un total de 9700 euros.
Las cuatro facturas comparten algunas características: son impresiones hechas por computadora sin ningún sello, registro ni clave tributaria que les otorgue validez, ni fueron firmadas por los intérpretes. Pero las cuatro sí incluyen la rúbrica y el sello de Héctor Eduardo Romano, más conocido como "Cachi", el secretario privado de Boudou. "Sólo presenté una factura por 1900 euros escrita en francés. Como todas mis facturas profesionales, dice: «Note d'honoraires pour services d'interprétation en espagnol». Agregó que se trató de una conferencia del G-20, entre el 17 y el 19 de febrero", afirmó uno de los intérpretes a LA NACION, E. E., quien solicitó mantener su nombre en reserva para evitar posibles riesgos laborales.
Su colega, A. R., presentó su propia factura por los servicios que prestó a Boudou, por el mismo monto que el primer intérprete, que explicó los motivos. "Ambos cobramos lo mismo: 950 euros por día". Y ambos, recuerdan, cobraron en efectivo.
Sin embargo, las facturas que presentó el ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación y presidente del Senado para rendir viáticos están en español y sólo tienen los membretes de los profesionales. Esas facturas se suman, además, a los otros recibos de ese viaje y otro anterior a París, como también de su paso por Nueva York para la asamblea de la ONU que presentó Boudou al retornar a Buenos Aires y que LA NACION reveló ayer que también eran apócrifos.
Así, de ese mismo viaje de febrero de 2011, el entonces ministro de Economía presentó en Buenos Aires la factura 83.167 por 9395 euros del hotel Bel Ami, en el que también se hospedó dos meses antes, pero presentó una factura posterior, la 88.636, por 19.937 euros. Ambas fueron desmentidas por los responsables del hotel ante la consulta de LA NACION. Un total de 29.332 euros, casi 500.000 pesos al tipo de cambio actual.
Esas facturas, sin embargo, no son las únicas cuestionables. Se suma otra que Boudou y Romano presentaron al retornar a Buenos Aires por una "cobertura televisiva" en Nueva York que le brindó una productora de Cancún, México, que hoy resulta inhallable. En cualquier caso, esa factura ascendió a US$ 5000, unos $ 60.000 al cambio actual.
A la hora de viajar a París, en tanto, tanto en diciembre de 2010 como en febrero de 2011, Boudou voló con varios objetivos simultáneos, según informó la prensa de Buenos Aires por aquellos días. El primero de esos objetivos era negociar un acuerdo con el Club de París por la deuda impaga, meta que alcanzó Axel Kicillof tres años después y entre cuestionamientos. El segundo, participar en la reunión del G-20. Y el tercero, colaborar con la prédica del gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo en la lucha contra el lavado.
Los intérpretes que se sumaron a la comitiva argentina, sin embargo, sólo cobraron honorarios por los servicios que prestaron para la reunión de ministros del G-20.
Sin gastos de transporte
Para eso, el primer contacto con la delegación argentina ocurrió a través de A. R., que en el pasado había trabajado en París con asiduidad. También fue ella quien le insistió a su colega E. E. que no cobraran los gastos de transporte que insumió viajar de Ginebra a París, "a fin de no perder el contrato", según recordó el segundo de ellos a LA NACION.
Ya en la capital francesa, ambos intérpretes asistieron a Boudou durante la reunión del G-20 en la que se discutió sobre los desequilibrios económicos mundiales y la volatilidad de los precios de las materias primas, mientras que los grandes países emergentes amenazaban con una insurrección si las grandes potencias imponían, como se temió, una regulación de los precios de las materias primas.
Al retornar a Buenos Aires, Romano, como "jefe de Secretaría Privada" -tal su cargo formal-, presentó la "declaración jurada de rendición de viáticos" de Boudou, que se tramitó a partir del 12 de abril de 2011 mediante el expediente administrativo S01-34099/2011.
Allí es donde aparecen las facturas cuya autenticidad refutaron los intérpretes, hasta por una cuestión básica de idiomas. "Es verdad, mis facturas no llevan número, pero por razones fiscales todas están en francés", insistió el segundo de ellos.
Ese tipo de inconsistencias resultan recurrentes en las facturas que presentó Romano en nombre de Boudou. En la correspondiente al hotel Bel Ami por el viaje de febrero de 2011, por ejemplo, se fechó como de febrero de 2010, y consta el rubro "auto" por el alquiler de un vehículo, a 882,67 euros por día. Pero en francés se suele consignar como "location de voitures".
Tanto E. E. como la otra intérprete que asistió a Boudou trabajan con frecuencia para las organizaciones de las Naciones Unidas y para diversos organismos oficiales. "Ambos somos profesionales que hacemos nuestro trabajo en el más estricto respeto de la deontología", remarcó E. E. "No quiero que nuestros nombres -añadió- aparezcan mezclados en toda esta miserable corrupción."
Sin sellos ni validez legal
Otras causas
1. Papeles falsos - Boudou se encamina a un juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto
2. El médano - Es investigado por la adulteración de su DNI; fijó su domicilio en un médano
3. Denuncias penales - En Economía fue denunciado por irregularidades en la compra de autos, resmas de papel y lámparas de bajo consumo
Los recibos indican que el Estado pagó 9700 euros por los servicios de dos traductores en París; sin embargo, los profesionales cobraron sólo 1900 cada uno
Foto: Archivo / Mariana Araujo / LA NACION
PARÍS.- Los dos son reconocidos profesionales, miembros de la International Association of Conference Interpreters (AIIC). En febrero de 2011 viajaron a París desde Ginebra para trabajar como intérpretes del entonces ministro de Economía Amado Boudou en una reunión de presidentes de bancos centrales y ministros del G-20. Y cobraron 1900 euros cada uno. Pero cuando retornó a Buenos Aires, el luego compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner presentó cuatro facturas falsas por un total de 9700 euros.
Las cuatro facturas comparten algunas características: son impresiones hechas por computadora sin ningún sello, registro ni clave tributaria que les otorgue validez, ni fueron firmadas por los intérpretes. Pero las cuatro sí incluyen la rúbrica y el sello de Héctor Eduardo Romano, más conocido como "Cachi", el secretario privado de Boudou. "Sólo presenté una factura por 1900 euros escrita en francés. Como todas mis facturas profesionales, dice: «Note d'honoraires pour services d'interprétation en espagnol». Agregó que se trató de una conferencia del G-20, entre el 17 y el 19 de febrero", afirmó uno de los intérpretes a LA NACION, E. E., quien solicitó mantener su nombre en reserva para evitar posibles riesgos laborales.
Su colega, A. R., presentó su propia factura por los servicios que prestó a Boudou, por el mismo monto que el primer intérprete, que explicó los motivos. "Ambos cobramos lo mismo: 950 euros por día". Y ambos, recuerdan, cobraron en efectivo.
Sin embargo, las facturas que presentó el ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación y presidente del Senado para rendir viáticos están en español y sólo tienen los membretes de los profesionales. Esas facturas se suman, además, a los otros recibos de ese viaje y otro anterior a París, como también de su paso por Nueva York para la asamblea de la ONU que presentó Boudou al retornar a Buenos Aires y que LA NACION reveló ayer que también eran apócrifos.
Así, de ese mismo viaje de febrero de 2011, el entonces ministro de Economía presentó en Buenos Aires la factura 83.167 por 9395 euros del hotel Bel Ami, en el que también se hospedó dos meses antes, pero presentó una factura posterior, la 88.636, por 19.937 euros. Ambas fueron desmentidas por los responsables del hotel ante la consulta de LA NACION. Un total de 29.332 euros, casi 500.000 pesos al tipo de cambio actual.
Esas facturas, sin embargo, no son las únicas cuestionables. Se suma otra que Boudou y Romano presentaron al retornar a Buenos Aires por una "cobertura televisiva" en Nueva York que le brindó una productora de Cancún, México, que hoy resulta inhallable. En cualquier caso, esa factura ascendió a US$ 5000, unos $ 60.000 al cambio actual.
A la hora de viajar a París, en tanto, tanto en diciembre de 2010 como en febrero de 2011, Boudou voló con varios objetivos simultáneos, según informó la prensa de Buenos Aires por aquellos días. El primero de esos objetivos era negociar un acuerdo con el Club de París por la deuda impaga, meta que alcanzó Axel Kicillof tres años después y entre cuestionamientos. El segundo, participar en la reunión del G-20. Y el tercero, colaborar con la prédica del gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo en la lucha contra el lavado.
Los intérpretes que se sumaron a la comitiva argentina, sin embargo, sólo cobraron honorarios por los servicios que prestaron para la reunión de ministros del G-20.
Sin gastos de transporte
Para eso, el primer contacto con la delegación argentina ocurrió a través de A. R., que en el pasado había trabajado en París con asiduidad. También fue ella quien le insistió a su colega E. E. que no cobraran los gastos de transporte que insumió viajar de Ginebra a París, "a fin de no perder el contrato", según recordó el segundo de ellos a LA NACION.
Ya en la capital francesa, ambos intérpretes asistieron a Boudou durante la reunión del G-20 en la que se discutió sobre los desequilibrios económicos mundiales y la volatilidad de los precios de las materias primas, mientras que los grandes países emergentes amenazaban con una insurrección si las grandes potencias imponían, como se temió, una regulación de los precios de las materias primas.
Al retornar a Buenos Aires, Romano, como "jefe de Secretaría Privada" -tal su cargo formal-, presentó la "declaración jurada de rendición de viáticos" de Boudou, que se tramitó a partir del 12 de abril de 2011 mediante el expediente administrativo S01-34099/2011.
Allí es donde aparecen las facturas cuya autenticidad refutaron los intérpretes, hasta por una cuestión básica de idiomas. "Es verdad, mis facturas no llevan número, pero por razones fiscales todas están en francés", insistió el segundo de ellos.
Ese tipo de inconsistencias resultan recurrentes en las facturas que presentó Romano en nombre de Boudou. En la correspondiente al hotel Bel Ami por el viaje de febrero de 2011, por ejemplo, se fechó como de febrero de 2010, y consta el rubro "auto" por el alquiler de un vehículo, a 882,67 euros por día. Pero en francés se suele consignar como "location de voitures".
Tanto E. E. como la otra intérprete que asistió a Boudou trabajan con frecuencia para las organizaciones de las Naciones Unidas y para diversos organismos oficiales. "Ambos somos profesionales que hacemos nuestro trabajo en el más estricto respeto de la deontología", remarcó E. E. "No quiero que nuestros nombres -añadió- aparezcan mezclados en toda esta miserable corrupción."
Sin sellos ni validez legal
Otras causas
1. Papeles falsos - Boudou se encamina a un juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto
2. El médano - Es investigado por la adulteración de su DNI; fijó su domicilio en un médano
3. Denuncias penales - En Economía fue denunciado por irregularidades en la compra de autos, resmas de papel y lámparas de bajo consumo
Aduana: Un organismo plagado de irregularidades
Por Emiliano Galli - LA NACION
El organismo hizo un muestreo con 200 contenedores no reclamados en puertos y depósitos y halló textiles mal declarados; idéntica situación sería la de entre 3500 y 4000 contenedores que permanecen huérfanos; resabios de la administración K
Caricatura: LA NACION / Alejandro Álvarez
Siempre hubo corrupción en la Aduana. Todo operador privado lo sabe. Y prácticamente ningún despachante de aduana puede negar haber pagado al menos una vez para agilizar los trámites, para que no se trabe una operación, para dormir un expediente. La potestad del verificador aduanero es así: directamente proporcional al grado de su arbitrariedad. El juego de la autoridad con la desesperación del administrado corre por todas las dependencias del Estado.
Lo que encontró el nuevo Gobierno al frente del comercio exterior fue la institucionalización de la corrupción en un vasto corredor que va desde la Aduana hasta la Secretaría de Comercio, con tarifarios de todo tipo: desde los ROE para exportar hasta las demoras para retirar un contenedor de importación, pasando por la obtención de una DJAI y hasta la liberación de un buque granelero: se le pide directamente plata al capitán (que es extranjero, y representa a un armador extranjero) para tener permiso de abandonar el muelle.
Es conocido que en la Secretaría de Comercio se manejaron porcentajes de entre el 10 y 15 por ciento de comisión sobre el valor declarado para obtener una DJAI que no salía. Cuando en la Argentina estaban por completo prohibida la importación de textiles, en la calle y en los locales no se percibía la restricción.
La Nacion reconstruyó los últimos años de operación con despachantes de aduana, abogados especialistas en derecho aduanero, operadores de depósitos fiscales y terminales portuarias y fuentes oficiales. Las coincidencias son asombrosas. El off the record es total: de alguna manera, todos trabajaron en la irregularidad porque la otra alternativa era dejar de operar.
Las fuentes coinciden en que gestores e intermediarios lograban todo en la era K, la DJAI era el servicio básico; luego estaba el all inclusive: por un pago de entre 50.000 a 100.000 dólares, un contenedor entero de 40 pies en la puerta de un depósito fiscal.
Todo cambió. Un contenedor de textiles, desde Asia, puede tardar entre 40 y 60 días, sumando viajes y trámites. El nuevo Gobierno sorprendió a una cantidad enorme de contenedores bajo este régimen informal: huérfanos. Nadie los fue a retirar ni los nacionalizó. ¿La razón? Inconsistencia absoluta entre lo declarado y su contenido, verificable inmediatamente por el peso.
Cuando Juan José Gómez Centurión asumió al frente de la Aduana con el mandato directo del presidente Mauricio Macri de "ordenar" la casa lo primero que hizo fue ir a ver los contenedores que estaban en el puerto. Qué se declaró. Qué peso tenían. A los que tenían menos del 40% del peso del contenedor los mandó a canal rojo. Eran textiles, mal declarados. Dos meses más tarde, en marzo, los contenedores seguían ahí. Coincidió, justo, en marzo, cuando comenzaron a desaparecer los manteros de las principales avenidas de la Ciudad.
El no reclamo de un contenedor (la no nacionalización) por el cual se giraron divisas por la mercadería, se pagó el flete marítimo y terrestre, a un agente y hasta a un depósito fiscal es llamativo de por sí.
La Aduana encaró una auditoría profunda, en puertos y depósitos fiscales. Una auditoría a la que todo el sector se desacostumbró. En poco más de cinco meses procedió a quitarle el permiso a varios depósitos fiscales, reformuló por completo el proceso de habilitación de nuevos predios y exigió nuevos cumplimientos a los que ya operan so pena de quitarles el permiso también. Luego se procedió a una reestructuración completa del organismo, restituyendo poder al área de control, creando nuevas regiones y reunificando la aduana metropolitana (partida en dos por la administración anterior).
Auditoría
"Tomamos una muestra de 200 contenedores en puertos y depósitos fiscales que fueron abiertos y revisados con mercadería sin nacionalizar. Tenían un peso declarado de 886 toneladas y pesaban 2000. Eran productos textiles pero declararon flores de plástico entre otros. Sólo la diferencia de aforo asciende a US$ 10,7 millones, que es lo que tendrían que pagar si aparece el consignatario a nacionalizar", indicaron a la nacion desde la Aduana.
Esta muestra es lo suficientemente representativa de los contenedores sin dueño que sumarían entre 3500 y 4000, sobre todo cargados de productos textiles. Así se operó cuando en la Argentina se instrumentó el cepo a las importaciones.
El negocio textil, además, no paraba de beneficiarse: amparados en que oficialmente era imposible traer mercadería, se abonó con tesón la idea de una restricción de la oferta (que justificaba precios exacerbados). En realidad, los productos entraban a valor internacional. La ganancia fue fastuosa.
¿Por qué no se reclaman esos contenedores? "El interior no coincide con lo declarado y se cortó la estructura de contención en la Aduana con la nueva administración", coinciden las fuentes consultadas.
El cierre de depósitos fiscales (en muchos había contenedores huérfanos) forzó a estos importadores -que comúnmente recurren a testaferros como consignatarios- a dar la cara. Pero la irregularidad evidencia otra connivencia: la del permisionario privado con el funcionario aduanero, que "verifica y controla".
La auditoría de la Aduana sigue su curso. Y abarca otro punto oscuro del circuito: los traslados desde los puertos a los depósitos fiscales, todos realizados con precintos electrónicos. "Todos estos movimientos están siendo observados para ver quién documentó, quién transportó, quién es el consignatario. Queremos conocer la cadena integral", agregaron fuentes oficiales.
Una inobjetable fuente de la Aduana contó lo siguiente a La Nacion: "Hay 198 depósitos fiscales en el país. Es una patología del sistema. El Estado tercerizó en el mercado el control y el cobro de aranceles. Pero en los últimos años se lo pasó a los amigos, que los armaron en lugares donde se favorecen las operaciones de contrabando de la mano de la Aduana: los verificadores que están destinados a estos depósitos fiscales pasan años ahí, y generan una relación con el permisionario. Se olvidan que trabajan para el Estado. Cuando se desvirtúa la relación llegan hasta entregar le la clave al permisionario, que desconsolida a las 3 de la mañana, sin la presencia del verificador", indicó. Cuando el contenedor entra en rezago aparecen las inconsistencias y los faltantes.
"En los últimos años -continuó- desarmaron el área de control de la Aduana, y se la entregaron al área de operación aduanera, que debería ser la controlada", afirmó, tras agregar: "De cada 10 contenedores que entraban a Buenos Aires, 3 lo hacían libres". En los últimos cinco años no se registra ni una sola sentencia de contrabando en los juzgados en lo Penal Económico.
Situación
En rigor esa mercadería oculta en esos contenedores no entró al país. Es como si estuviera en el mar todavía. Por lo tanto, no se incurrió en contrabando. Si el funcionario aduanero abre el contenedor y da el "ok" con lo declarado, lo cierra y listo.
"Las mercaderías están a nombre de empresas fantasmas, usinas armadas para facturar, para bancarizar coimas. No tienen movimiento ni capacidad económica. No están en la base de apócrifos de la AFIP. Pero los nombres de estos consignatarios están en los manifiestos de importación. El contenedor está. Es toda información que tiene la Aduana", indicó un abogado aduanero.
Dilemas
Operar legalmente en comercio exterior enfrenta varios dilemas. Y a muchos costos. Con la proliferación de cepos y de normas crecieron los gestores. Y la panacea de la operación por izquierda se consumó por ser más rápida y más barata que soportar la aplicación de multas millonarias por fallas formales o por sufrir a contrarreloj un viernes a la tarde con el vencimiento de un forzoso, que hace que el importador ceda y mande al despachante a arreglar con el aduanero.
"Son los quioscos. Siempre existieron tarifas. El kirchnerismo no las inventó, las aumentó", sintetizó un despachante. Se "bagayeó" con empresas fantasmas que tenían DJAI aprobadas para un producto pero luego el contenedor traía otra cosa, textiles casi siempre: se pagaba por kilo a la organización (permisionario y aduanero) puesto en la puerta del depósito.
Incluso, si no se optaba por traer "cualquier cosa" y pagar US$ 100.000 por contenedor de 40 pies se podía recurrir al régimen de mudanzas internacionales: "Hasta te decían (en Aduana) en qué depósito de Miami consolidar. Podías traer línea blanca, muebles, de todo con las mudanceras", añadió.
Esto pasa con contenedores marítimos. Pero Ezeiza no es una excepción: "Ahí sacan la plata, los viernes, en camiones de caudales. Son millones por día y (el funcionario de) la línea sube la plata. Se recauda plata con lo que está bien, no con lo que está mal. Antes, en TCA, los despachos salían en el día y había un sistema automático. Ahora para verificar tenés que poner 1000 pesos o te tardan una semana", amplió el despachante.
Si el aduanero es honesto tiene que cobrar multas que van de 1 a 5 veces el valor de la mercadería por cualquier irregularidad. Y ahí es donde se invierte la relación y es el privado el que tienta al funcionario. El Supara, el sindicato del personal aduanero, tiene un convenio colectivo muy fuerte. Difícil es que la autoridad eche del organismo a un verificador. Simplemente lo reubica. Un circuito crónico y sistemático.
Esta semana se cumplen los plazos para retirar los contenedores de los depósitos fiscales deshabilitados. Recién ahora se va a saber qué había adentro. Recién ahora se podrá confirmar la sospecha de que la administración del comercio exterior fue, en realidad, la administración de caja para la política y para los amigos.
El organismo hizo un muestreo con 200 contenedores no reclamados en puertos y depósitos y halló textiles mal declarados; idéntica situación sería la de entre 3500 y 4000 contenedores que permanecen huérfanos; resabios de la administración K
Caricatura: LA NACION / Alejandro Álvarez
Siempre hubo corrupción en la Aduana. Todo operador privado lo sabe. Y prácticamente ningún despachante de aduana puede negar haber pagado al menos una vez para agilizar los trámites, para que no se trabe una operación, para dormir un expediente. La potestad del verificador aduanero es así: directamente proporcional al grado de su arbitrariedad. El juego de la autoridad con la desesperación del administrado corre por todas las dependencias del Estado.
Lo que encontró el nuevo Gobierno al frente del comercio exterior fue la institucionalización de la corrupción en un vasto corredor que va desde la Aduana hasta la Secretaría de Comercio, con tarifarios de todo tipo: desde los ROE para exportar hasta las demoras para retirar un contenedor de importación, pasando por la obtención de una DJAI y hasta la liberación de un buque granelero: se le pide directamente plata al capitán (que es extranjero, y representa a un armador extranjero) para tener permiso de abandonar el muelle.
Es conocido que en la Secretaría de Comercio se manejaron porcentajes de entre el 10 y 15 por ciento de comisión sobre el valor declarado para obtener una DJAI que no salía. Cuando en la Argentina estaban por completo prohibida la importación de textiles, en la calle y en los locales no se percibía la restricción.
La Nacion reconstruyó los últimos años de operación con despachantes de aduana, abogados especialistas en derecho aduanero, operadores de depósitos fiscales y terminales portuarias y fuentes oficiales. Las coincidencias son asombrosas. El off the record es total: de alguna manera, todos trabajaron en la irregularidad porque la otra alternativa era dejar de operar.
Las fuentes coinciden en que gestores e intermediarios lograban todo en la era K, la DJAI era el servicio básico; luego estaba el all inclusive: por un pago de entre 50.000 a 100.000 dólares, un contenedor entero de 40 pies en la puerta de un depósito fiscal.
Todo cambió. Un contenedor de textiles, desde Asia, puede tardar entre 40 y 60 días, sumando viajes y trámites. El nuevo Gobierno sorprendió a una cantidad enorme de contenedores bajo este régimen informal: huérfanos. Nadie los fue a retirar ni los nacionalizó. ¿La razón? Inconsistencia absoluta entre lo declarado y su contenido, verificable inmediatamente por el peso.
Cuando Juan José Gómez Centurión asumió al frente de la Aduana con el mandato directo del presidente Mauricio Macri de "ordenar" la casa lo primero que hizo fue ir a ver los contenedores que estaban en el puerto. Qué se declaró. Qué peso tenían. A los que tenían menos del 40% del peso del contenedor los mandó a canal rojo. Eran textiles, mal declarados. Dos meses más tarde, en marzo, los contenedores seguían ahí. Coincidió, justo, en marzo, cuando comenzaron a desaparecer los manteros de las principales avenidas de la Ciudad.
El no reclamo de un contenedor (la no nacionalización) por el cual se giraron divisas por la mercadería, se pagó el flete marítimo y terrestre, a un agente y hasta a un depósito fiscal es llamativo de por sí.
La Aduana encaró una auditoría profunda, en puertos y depósitos fiscales. Una auditoría a la que todo el sector se desacostumbró. En poco más de cinco meses procedió a quitarle el permiso a varios depósitos fiscales, reformuló por completo el proceso de habilitación de nuevos predios y exigió nuevos cumplimientos a los que ya operan so pena de quitarles el permiso también. Luego se procedió a una reestructuración completa del organismo, restituyendo poder al área de control, creando nuevas regiones y reunificando la aduana metropolitana (partida en dos por la administración anterior).
Auditoría
"Tomamos una muestra de 200 contenedores en puertos y depósitos fiscales que fueron abiertos y revisados con mercadería sin nacionalizar. Tenían un peso declarado de 886 toneladas y pesaban 2000. Eran productos textiles pero declararon flores de plástico entre otros. Sólo la diferencia de aforo asciende a US$ 10,7 millones, que es lo que tendrían que pagar si aparece el consignatario a nacionalizar", indicaron a la nacion desde la Aduana.
Esta muestra es lo suficientemente representativa de los contenedores sin dueño que sumarían entre 3500 y 4000, sobre todo cargados de productos textiles. Así se operó cuando en la Argentina se instrumentó el cepo a las importaciones.
El negocio textil, además, no paraba de beneficiarse: amparados en que oficialmente era imposible traer mercadería, se abonó con tesón la idea de una restricción de la oferta (que justificaba precios exacerbados). En realidad, los productos entraban a valor internacional. La ganancia fue fastuosa.
¿Por qué no se reclaman esos contenedores? "El interior no coincide con lo declarado y se cortó la estructura de contención en la Aduana con la nueva administración", coinciden las fuentes consultadas.
El cierre de depósitos fiscales (en muchos había contenedores huérfanos) forzó a estos importadores -que comúnmente recurren a testaferros como consignatarios- a dar la cara. Pero la irregularidad evidencia otra connivencia: la del permisionario privado con el funcionario aduanero, que "verifica y controla".
La auditoría de la Aduana sigue su curso. Y abarca otro punto oscuro del circuito: los traslados desde los puertos a los depósitos fiscales, todos realizados con precintos electrónicos. "Todos estos movimientos están siendo observados para ver quién documentó, quién transportó, quién es el consignatario. Queremos conocer la cadena integral", agregaron fuentes oficiales.
Una inobjetable fuente de la Aduana contó lo siguiente a La Nacion: "Hay 198 depósitos fiscales en el país. Es una patología del sistema. El Estado tercerizó en el mercado el control y el cobro de aranceles. Pero en los últimos años se lo pasó a los amigos, que los armaron en lugares donde se favorecen las operaciones de contrabando de la mano de la Aduana: los verificadores que están destinados a estos depósitos fiscales pasan años ahí, y generan una relación con el permisionario. Se olvidan que trabajan para el Estado. Cuando se desvirtúa la relación llegan hasta entregar le la clave al permisionario, que desconsolida a las 3 de la mañana, sin la presencia del verificador", indicó. Cuando el contenedor entra en rezago aparecen las inconsistencias y los faltantes.
"En los últimos años -continuó- desarmaron el área de control de la Aduana, y se la entregaron al área de operación aduanera, que debería ser la controlada", afirmó, tras agregar: "De cada 10 contenedores que entraban a Buenos Aires, 3 lo hacían libres". En los últimos cinco años no se registra ni una sola sentencia de contrabando en los juzgados en lo Penal Económico.
Situación
En rigor esa mercadería oculta en esos contenedores no entró al país. Es como si estuviera en el mar todavía. Por lo tanto, no se incurrió en contrabando. Si el funcionario aduanero abre el contenedor y da el "ok" con lo declarado, lo cierra y listo.
"Las mercaderías están a nombre de empresas fantasmas, usinas armadas para facturar, para bancarizar coimas. No tienen movimiento ni capacidad económica. No están en la base de apócrifos de la AFIP. Pero los nombres de estos consignatarios están en los manifiestos de importación. El contenedor está. Es toda información que tiene la Aduana", indicó un abogado aduanero.
Dilemas
Operar legalmente en comercio exterior enfrenta varios dilemas. Y a muchos costos. Con la proliferación de cepos y de normas crecieron los gestores. Y la panacea de la operación por izquierda se consumó por ser más rápida y más barata que soportar la aplicación de multas millonarias por fallas formales o por sufrir a contrarreloj un viernes a la tarde con el vencimiento de un forzoso, que hace que el importador ceda y mande al despachante a arreglar con el aduanero.
"Son los quioscos. Siempre existieron tarifas. El kirchnerismo no las inventó, las aumentó", sintetizó un despachante. Se "bagayeó" con empresas fantasmas que tenían DJAI aprobadas para un producto pero luego el contenedor traía otra cosa, textiles casi siempre: se pagaba por kilo a la organización (permisionario y aduanero) puesto en la puerta del depósito.
Incluso, si no se optaba por traer "cualquier cosa" y pagar US$ 100.000 por contenedor de 40 pies se podía recurrir al régimen de mudanzas internacionales: "Hasta te decían (en Aduana) en qué depósito de Miami consolidar. Podías traer línea blanca, muebles, de todo con las mudanceras", añadió.
Esto pasa con contenedores marítimos. Pero Ezeiza no es una excepción: "Ahí sacan la plata, los viernes, en camiones de caudales. Son millones por día y (el funcionario de) la línea sube la plata. Se recauda plata con lo que está bien, no con lo que está mal. Antes, en TCA, los despachos salían en el día y había un sistema automático. Ahora para verificar tenés que poner 1000 pesos o te tardan una semana", amplió el despachante.
Si el aduanero es honesto tiene que cobrar multas que van de 1 a 5 veces el valor de la mercadería por cualquier irregularidad. Y ahí es donde se invierte la relación y es el privado el que tienta al funcionario. El Supara, el sindicato del personal aduanero, tiene un convenio colectivo muy fuerte. Difícil es que la autoridad eche del organismo a un verificador. Simplemente lo reubica. Un circuito crónico y sistemático.
Esta semana se cumplen los plazos para retirar los contenedores de los depósitos fiscales deshabilitados. Recién ahora se va a saber qué había adentro. Recién ahora se podrá confirmar la sospecha de que la administración del comercio exterior fue, en realidad, la administración de caja para la política y para los amigos.
Cuáles son las perspectivas para las energías renovables en el país
Por Rodrigo Herrera Vegas - LA NACION
Se lanzan las licitaciones para que finalmente la Argentina figure en el mapa de las energías renovables, cumpliendo con las leyes promulgadas en los últimos años y ahora deben reglamentarse; la meta es llegar al 20% de energía renovable en 2025
Un molino en el Parque Eólico Arauco, en La Rioja. Foto: LA NACION / Rodrigo Herrera Vegas
La primera ley de incentivo a las nuevas fuentes de energía renovables en Argentina fue la 25.019 en 1998, modificada por la 26.190 en 2006, que estableció como objetivo lograr hasta 2016 una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo de energía eléctrica nacional. Hoy la generación por energías renovables representa menos del 2% del total de la matriz energética, es decir, bastante menos de lo que pretendía la 26.190 a través de su programa Genren.
La semana pasada estuve con Carlos Saint James, co-fundador y ex presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables y actual Managing Director de la consultora Santiago & Sinclair. Saint James vivió varios años en la Argentina y se desenvolvió como Presidente de la Cámara de Energías Renovables en la época del Genren, durante la cual parecía que la Argentina estaba por despegar en materia de energías renovables. Luego del evento de AIREC el miércoles 11 de mayo, tuve oportunidad de hacerle algunas preguntas.
-¿Que pasó con la ley 26190 y el Genren? ¿No deberíamos hoy ya contar con 8% de energías renovables en el país?
-El Genren estuvo bien planteado y podría haber sido un éxito si en ese momento la Argentina hubiera sido más amigable hacia la inversión extranjera. Uruguay pagaba mucho menos por la energía y sin embargo los inversores extranjeros prefirieron apostarle al país vecino. No olvidemos que en esa coyuntura los inversores no podían ni siquiera transferir dividendos al exterior. Sin embargo el Genren recibió ofertas por 1437 MW superando el pedido en un 40%.
-Sos estadounidense: ¿qué te atrae nuevamente de la Argentina luego de estar dos años fuera del país?
-I'm Argentine! Me enamoré del país y cuando vivía aquí adopté la ciudadanía argentina. La nueva ley 27.191 establece que el país deberá consumir 20% de energías renovables para el año 2025 y 8% para el 31 de diciembre 2017. Soy optimista que el país lo logrará o al menos estará cerca creando gran cantidad de parques eólicos y solares aprovechando ambos recursos que figuran entre los mejores del mundo en distintas zonas del país. 8 de cada 10 llamados de inversores interesados en mercados emergentes que recibimos preguntan exclusivamente por la Argentina.
-¿La Argentina es la nueva estrella de América Latina?
-Chile instaló más de 1100 MW de energía solar en los últimos 4 años y Uruguay ya suma más de 700 MW de eólica, mientras que la Argentina tiene menos de 15 MW solares y 130 MW eólicos. Desde el 2010 hasta el 2015 se invirtieron en promedio US$ 20.000 millones en energías renovables en América Latina, de los cuáles cero vinieron a la Argentina.
Parque solar Cañada Honda, en San Juan. Foto: LA NACION / Rodrigo Herrera Vegas
Acá está todo por hacerse; las empresas y fondos internacionales están mirando de cerca. Dada la situación económica internacional y regional, los inversores no temen invertir en activos a largo plazo, como son los parques eólicos y solares. El ingreso de capitales podría generar un circulo virtuoso para la economía, en términos de generación de empleo y desarrollo de industria local, siempre y cuando las inversiones en energía renovables incluyan contratación de mano de obra y profesionales locales, de manera a que Argentina logre capitalizar el conocimiento asociado a estas instalaciones para el desarrollo del mercado a mediano plazo. Estamos frente a una oportunidad única, pero tenemos poco margen de error.
-¿Por qué podría fracasar?
-Por un lado los inversores siempre tienen cuidado cuando se trata del largo plazo. Si bien este Gobierno está estableciendo reglas claras y transparencia, no sabemos cuantos años seguirá y si el siguiente mantendrá las reglas. Más allá de la disponibilidad de liquidez en el mercado de capitales, no está nada fácil conseguir deuda, que representaría cerca del 70% del dinero necesario para los proyectos.
Además, en licitaciones recientes en países como Perú o México los grandes jugadores que consiguen financiación a precios únicos han cotizado el MWh eólico en US$ 37 y el solar en US$ 41.
Si bien se consideraría un éxito para el país que los primeros parques se liciten a estos precios y queden en manos de los grandes jugadores como Engie, Enel Green Power y Acciona, se corre el riesgo de que luego nadie pueda participar (dado el costo de capital tan barato que consiguen) y que se deje afuera la posibilidad de contar con componentes de origen local.
-¿Dónde ves el riesgo?
-Por un lado en los tiempos estipulados que parecen muy ambiciosos. Solo falta un año y medio para diciembre 2017. Espero que si se logra un 6% en lugar del 8% se considere un éxito. Por otro lado, yendo a las licitaciones, los inversores hablan del "riesgo CAMMESA" (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) que es la que se compromete a comprar la energía con contratos a 15 o más años. Hace poco me reuní con Sebastian Kind, Subsecretario de Energías Renovables del Ministerio de Energía en Washington, donde sostuvo que CAMMESA obtendrá una calificación AAA y garantías del Banco Mundial. A mi criterio con que tenga "Investment Grade" ya sobra para generar confianza. Pero en mi tiempo aquí aprendí que nunca se debe subestimar el poder de persuasión de un argentino.
Rodrigo Herrera Vegas es co-fundador de Sustentator.com
Se lanzan las licitaciones para que finalmente la Argentina figure en el mapa de las energías renovables, cumpliendo con las leyes promulgadas en los últimos años y ahora deben reglamentarse; la meta es llegar al 20% de energía renovable en 2025
Un molino en el Parque Eólico Arauco, en La Rioja. Foto: LA NACION / Rodrigo Herrera Vegas
La primera ley de incentivo a las nuevas fuentes de energía renovables en Argentina fue la 25.019 en 1998, modificada por la 26.190 en 2006, que estableció como objetivo lograr hasta 2016 una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo de energía eléctrica nacional. Hoy la generación por energías renovables representa menos del 2% del total de la matriz energética, es decir, bastante menos de lo que pretendía la 26.190 a través de su programa Genren.
La semana pasada estuve con Carlos Saint James, co-fundador y ex presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables y actual Managing Director de la consultora Santiago & Sinclair. Saint James vivió varios años en la Argentina y se desenvolvió como Presidente de la Cámara de Energías Renovables en la época del Genren, durante la cual parecía que la Argentina estaba por despegar en materia de energías renovables. Luego del evento de AIREC el miércoles 11 de mayo, tuve oportunidad de hacerle algunas preguntas.
-¿Que pasó con la ley 26190 y el Genren? ¿No deberíamos hoy ya contar con 8% de energías renovables en el país?
-El Genren estuvo bien planteado y podría haber sido un éxito si en ese momento la Argentina hubiera sido más amigable hacia la inversión extranjera. Uruguay pagaba mucho menos por la energía y sin embargo los inversores extranjeros prefirieron apostarle al país vecino. No olvidemos que en esa coyuntura los inversores no podían ni siquiera transferir dividendos al exterior. Sin embargo el Genren recibió ofertas por 1437 MW superando el pedido en un 40%.
-Sos estadounidense: ¿qué te atrae nuevamente de la Argentina luego de estar dos años fuera del país?
-I'm Argentine! Me enamoré del país y cuando vivía aquí adopté la ciudadanía argentina. La nueva ley 27.191 establece que el país deberá consumir 20% de energías renovables para el año 2025 y 8% para el 31 de diciembre 2017. Soy optimista que el país lo logrará o al menos estará cerca creando gran cantidad de parques eólicos y solares aprovechando ambos recursos que figuran entre los mejores del mundo en distintas zonas del país. 8 de cada 10 llamados de inversores interesados en mercados emergentes que recibimos preguntan exclusivamente por la Argentina.
-¿La Argentina es la nueva estrella de América Latina?
-Chile instaló más de 1100 MW de energía solar en los últimos 4 años y Uruguay ya suma más de 700 MW de eólica, mientras que la Argentina tiene menos de 15 MW solares y 130 MW eólicos. Desde el 2010 hasta el 2015 se invirtieron en promedio US$ 20.000 millones en energías renovables en América Latina, de los cuáles cero vinieron a la Argentina.
Parque solar Cañada Honda, en San Juan. Foto: LA NACION / Rodrigo Herrera Vegas
Acá está todo por hacerse; las empresas y fondos internacionales están mirando de cerca. Dada la situación económica internacional y regional, los inversores no temen invertir en activos a largo plazo, como son los parques eólicos y solares. El ingreso de capitales podría generar un circulo virtuoso para la economía, en términos de generación de empleo y desarrollo de industria local, siempre y cuando las inversiones en energía renovables incluyan contratación de mano de obra y profesionales locales, de manera a que Argentina logre capitalizar el conocimiento asociado a estas instalaciones para el desarrollo del mercado a mediano plazo. Estamos frente a una oportunidad única, pero tenemos poco margen de error.
-¿Por qué podría fracasar?
-Por un lado los inversores siempre tienen cuidado cuando se trata del largo plazo. Si bien este Gobierno está estableciendo reglas claras y transparencia, no sabemos cuantos años seguirá y si el siguiente mantendrá las reglas. Más allá de la disponibilidad de liquidez en el mercado de capitales, no está nada fácil conseguir deuda, que representaría cerca del 70% del dinero necesario para los proyectos.
Además, en licitaciones recientes en países como Perú o México los grandes jugadores que consiguen financiación a precios únicos han cotizado el MWh eólico en US$ 37 y el solar en US$ 41.
Si bien se consideraría un éxito para el país que los primeros parques se liciten a estos precios y queden en manos de los grandes jugadores como Engie, Enel Green Power y Acciona, se corre el riesgo de que luego nadie pueda participar (dado el costo de capital tan barato que consiguen) y que se deje afuera la posibilidad de contar con componentes de origen local.
-¿Dónde ves el riesgo?
-Por un lado en los tiempos estipulados que parecen muy ambiciosos. Solo falta un año y medio para diciembre 2017. Espero que si se logra un 6% en lugar del 8% se considere un éxito. Por otro lado, yendo a las licitaciones, los inversores hablan del "riesgo CAMMESA" (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) que es la que se compromete a comprar la energía con contratos a 15 o más años. Hace poco me reuní con Sebastian Kind, Subsecretario de Energías Renovables del Ministerio de Energía en Washington, donde sostuvo que CAMMESA obtendrá una calificación AAA y garantías del Banco Mundial. A mi criterio con que tenga "Investment Grade" ya sobra para generar confianza. Pero en mi tiempo aquí aprendí que nunca se debe subestimar el poder de persuasión de un argentino.
Rodrigo Herrera Vegas es co-fundador de Sustentator.com
Con cuatro nuevos satélites, Argentina e Italia vuelven a ser socios en el espacio
Por Nora Bär - LA NACION
Hoy firman un acuerdo para desarrollar la segunda etapa del programa Siasge, el Sistema Ítaloargentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
Los Saocom, en la sala limpia de Invap. Foto: CONAE
Con hasta 10 satélites volando en la misma órbita y observando el mismo punto con instrumentos que adquieren información en diferente longitud de onda, la constelación del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (Siasge) no sólo será "lo máximo" del estado del arte en tecnología satelital, sino la más importante que recorra el espacio tomándole el pulso a la Tierra.
Este prodigio de la ciencia espacial, cuya primera etapa (Siasge I) ya está en marcha, será posible gracias a la estrecha colaboración que comenzó hace poco más de una década entre la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
Hoy, esa sociedad en el espacio da otro gran paso. Roberto Battiston, presidente de la ASI, está en Buenos Aires para firmar un acuerdo que permitirá iniciar una nueva edición del programa, el Siasge II, que sumará cuatro satélites nuevos a los seis ya programados, dos italianos y dos argentinos.
"Mañana definimos el futuro: extender esta colaboración con una nueva etapa -afirma Battiston tras una reunión en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-. Construiremos dos nuevos Cosmo SkyMed y dos nuevos Saocom. Será la constelación más grande del mundo de satélites de última generación."
En virtud de acuerdos de cooperación bilateral, en 2005 la Argentina e Italia acordaron el funcionamiento conjunto de sus respectivos satélites de observación de la Tierra: los dos argentinos Saocom 1A y 1B, equipados con sistemas de radar en banda L, y los cuatro Cosmo-SkyMed italianos, con sistemas de radar en banda X. De esta manera, funcionando en conjunto los seis satélites se complementan y se potencian sus aplicaciones, para ofrecer productos y servicios de teledetección con radar de apertura sintética (SAR), especialmente aptos para seguimiento de inundaciones y conocimiento de la humedad de suelo, entre otros numerosos beneficios para actividades socioeconómicas y el cuidado del medioambiente. Los Cosmo ya están en órbita y los satélites Saocom están en su última etapa de desarrollo.
Los Saocom son dos satélites gemelos que orbitarán a 180 grados uno del otro; es decir, que cuando uno está subiendo hacia el Ecuador por el meridiano de Greenwich, el otro va bajando por el antemeridiano.
Al formar parte de una constelación, también pueden hacer captaciones interferométricas, que brinden información de altura, de deformación del terreno o desplazamiento de volcanes, de placas, glaciares, nieve, avalanchas, para identificación de cultivos, monitoreo de derrames de petróleo, investigación oceanográfica, registro de áreas forestadas o deforestadas, cambios en las ciudades, basurales.
Por otro lado, estos satélites tienen la importante particularidad de que pueden observar de día y de noche, con todo tipo de meteorología.
Economía espacial
"Unir fuerzas entre ambos países con estos cuatro nuevos satélites nos da la capacidad de alcanzar una precisión nunca antes implementada -dice Battiston-. Esto abre un sinnúmero de oportunidades."
Los Saocom 1A y 1B serán lanzados en 2017 y 2018, y la ASI planea lanzar los Cosmo SkyMed en 2018 y 2019.
El acuerdo entre ambas agencias no sólo permite compartir la información y el enorme caudal de datos obtenidos por los instrumentos, sino también desarrollar aplicaciones y tecnología en conjunto. "Italia también es un socio en el Saocom, nos aporta componentes esenciales", dice Conrado Varotto, director ejecutivo de la Conae.
Y agrega Battiston: "También estamos intentando operarlos de forma coordinada para beneficiarnos de este sistema único, y desarrollar aplicaciones de los datos recolectados que son la justificación real de este esfuerzo. Porque, al final del día, lo que uno quiere es que alguien reciba esta información en su teléfono celular, que pueda hacer agricultura de precisión, por ejemplo, y la utilice para tomar decisiones".
Italia tiene una larga tradición de más de cinco décadas en el espacio. Fue el tercer país en lanzar un cohete con un satélite a bordo. Es el séptimo del mundo por su inversión en el espacio y el tercero de Europa. La ASI construyó la mitad de los módulos que habitan los astronautas en la Estación Espacial. Participa en muchas misiones de la NASA de exploración del sistema solar, e incluso aterrizó en el cometa 67P/ Churyumov-Guerasimenko como miembro de la misión Rosetta. También participa en el desarrollo del cohete Vega, el más pequeño de la familia de lanzadores europeos y desarrolló radares de observación de la Tierra y los planetas exteriores del sistema solar.
"Lo importante es que cuando uno hace estas cosas también impulsa el desarrollo de la industria, promueve la competitividad -explica Battiston-. Ahora, el desafío es explotar la nueva tecnología de pequeños satélites y ser parte de la economía del espacio, un boom en todo el mundo. Esto significa ayudar al proceso de hacer dinero en el espacio, diseñar aplicaciones, obtener datos, y nuevas formas de mejorar la calidad de vida. Así como existe el GPS y las antenas parabólicas, en el futuro usaremos el espacio mucho más."
Dejando de lado la estación espacial, la constelación Siasge es la colaboración más importante que la ASI tenga con otro país.
Hoy firman un acuerdo para desarrollar la segunda etapa del programa Siasge, el Sistema Ítaloargentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
Los Saocom, en la sala limpia de Invap. Foto: CONAE
Con hasta 10 satélites volando en la misma órbita y observando el mismo punto con instrumentos que adquieren información en diferente longitud de onda, la constelación del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (Siasge) no sólo será "lo máximo" del estado del arte en tecnología satelital, sino la más importante que recorra el espacio tomándole el pulso a la Tierra.
Este prodigio de la ciencia espacial, cuya primera etapa (Siasge I) ya está en marcha, será posible gracias a la estrecha colaboración que comenzó hace poco más de una década entre la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
Hoy, esa sociedad en el espacio da otro gran paso. Roberto Battiston, presidente de la ASI, está en Buenos Aires para firmar un acuerdo que permitirá iniciar una nueva edición del programa, el Siasge II, que sumará cuatro satélites nuevos a los seis ya programados, dos italianos y dos argentinos.
"Mañana definimos el futuro: extender esta colaboración con una nueva etapa -afirma Battiston tras una reunión en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-. Construiremos dos nuevos Cosmo SkyMed y dos nuevos Saocom. Será la constelación más grande del mundo de satélites de última generación."
En virtud de acuerdos de cooperación bilateral, en 2005 la Argentina e Italia acordaron el funcionamiento conjunto de sus respectivos satélites de observación de la Tierra: los dos argentinos Saocom 1A y 1B, equipados con sistemas de radar en banda L, y los cuatro Cosmo-SkyMed italianos, con sistemas de radar en banda X. De esta manera, funcionando en conjunto los seis satélites se complementan y se potencian sus aplicaciones, para ofrecer productos y servicios de teledetección con radar de apertura sintética (SAR), especialmente aptos para seguimiento de inundaciones y conocimiento de la humedad de suelo, entre otros numerosos beneficios para actividades socioeconómicas y el cuidado del medioambiente. Los Cosmo ya están en órbita y los satélites Saocom están en su última etapa de desarrollo.
Los Saocom son dos satélites gemelos que orbitarán a 180 grados uno del otro; es decir, que cuando uno está subiendo hacia el Ecuador por el meridiano de Greenwich, el otro va bajando por el antemeridiano.
Al formar parte de una constelación, también pueden hacer captaciones interferométricas, que brinden información de altura, de deformación del terreno o desplazamiento de volcanes, de placas, glaciares, nieve, avalanchas, para identificación de cultivos, monitoreo de derrames de petróleo, investigación oceanográfica, registro de áreas forestadas o deforestadas, cambios en las ciudades, basurales.
Por otro lado, estos satélites tienen la importante particularidad de que pueden observar de día y de noche, con todo tipo de meteorología.
Economía espacial
"Unir fuerzas entre ambos países con estos cuatro nuevos satélites nos da la capacidad de alcanzar una precisión nunca antes implementada -dice Battiston-. Esto abre un sinnúmero de oportunidades."
Los Saocom 1A y 1B serán lanzados en 2017 y 2018, y la ASI planea lanzar los Cosmo SkyMed en 2018 y 2019.
El acuerdo entre ambas agencias no sólo permite compartir la información y el enorme caudal de datos obtenidos por los instrumentos, sino también desarrollar aplicaciones y tecnología en conjunto. "Italia también es un socio en el Saocom, nos aporta componentes esenciales", dice Conrado Varotto, director ejecutivo de la Conae.
Y agrega Battiston: "También estamos intentando operarlos de forma coordinada para beneficiarnos de este sistema único, y desarrollar aplicaciones de los datos recolectados que son la justificación real de este esfuerzo. Porque, al final del día, lo que uno quiere es que alguien reciba esta información en su teléfono celular, que pueda hacer agricultura de precisión, por ejemplo, y la utilice para tomar decisiones".
Italia tiene una larga tradición de más de cinco décadas en el espacio. Fue el tercer país en lanzar un cohete con un satélite a bordo. Es el séptimo del mundo por su inversión en el espacio y el tercero de Europa. La ASI construyó la mitad de los módulos que habitan los astronautas en la Estación Espacial. Participa en muchas misiones de la NASA de exploración del sistema solar, e incluso aterrizó en el cometa 67P/ Churyumov-Guerasimenko como miembro de la misión Rosetta. También participa en el desarrollo del cohete Vega, el más pequeño de la familia de lanzadores europeos y desarrolló radares de observación de la Tierra y los planetas exteriores del sistema solar.
"Lo importante es que cuando uno hace estas cosas también impulsa el desarrollo de la industria, promueve la competitividad -explica Battiston-. Ahora, el desafío es explotar la nueva tecnología de pequeños satélites y ser parte de la economía del espacio, un boom en todo el mundo. Esto significa ayudar al proceso de hacer dinero en el espacio, diseñar aplicaciones, obtener datos, y nuevas formas de mejorar la calidad de vida. Así como existe el GPS y las antenas parabólicas, en el futuro usaremos el espacio mucho más."
Dejando de lado la estación espacial, la constelación Siasge es la colaboración más importante que la ASI tenga con otro país.
Macri recibe a una delegación de Italia y anuncia inversiones (II)
Por Martín Dinatale - LA NACION
Visitan el país representantes de 120 empresas, entre ellos, CEO de grandes grupos como Pirelli y Dálmine
Cuatro meses después de que el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, visitó la Argentina, el empresariado y el gobierno italiano emitirán hoy un gesto concreto hacia la administración de Mauricio Macri: el viceministro para el Desarrollo Económico de Italia, Ivan Scalfarotto, junto a unos 120 empresarios, anunciará inversiones y programas de cooperación conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales.
Macri recibirá hoy por la mañana a Scalfarotto y al centenar de empresarios italianos para cumplir aquella promesa de Renzi de "acercar a la Argentina e Italia en menos de un año, por lo que no se hizo durante los últimos 18 años de distanciamientos".
La visita de una amplia comitiva de empresarios italianos y altos representantes del gobierno de Renzi llegará con anuncios de inversión, un acuerdo de Roma que prevé la instrumentación inmediata de un seguro financiero del Estado italiano para los empresarios italianos que quieran invertir en el país y el lanzamiento de una agencia de promoción de inversiones y comercio exterior en conjunto con la Cancillería y el Ministerio de Producción de la Argentina. El reaseguro de empresas italianas se dará por medio de la SACE, que es la institución italiana aseguradora de inversiones internacionales, que el mes pasado mejoró el ranking de la Argentina en cuanto a perspectivas económicas.
"Por la historia y los lazos humanos que unen a nuestros países vamos a potenciar las relaciones bilaterales y a crear mecanismos de colaboración económica y financiera que sean beneficiosos para ambas naciones", expresó ayer a LA NACION la embajadora de Italia en la Argentina, Teresa Castaldo. Además, la embajadora italiana destacó que "todo el sistema empresarial y gubernamental italiano se puso a disposición de los deseos de Renzi y de Macri tendientes a llevar de las palabras a los hechos la profundización de las relaciones bilaterales".
En rigor, estos hechos empezaron a verse ayer cuando se inició formalmente la visita de unos 120 empresarios italianos con el ministro Scalfarotto y su equipo económico. Estos compartieron un seminario dedicado al sector bancario que estuvo liderado por el Secretario de Finanzas, Luis Caputo. En ese encuentro hubo representantes de la banca privada y estatal de Italia y la Argentina.
Los funcionarios argentinos e italianos destacaron la decisión de Macri de cerrar el acuerdo con los holdouts, que dará paso a "un amplio menú de inversiones extranjeras en la Argentina", coincidieron.
Por otra parte, Roberto Battiston, presidente de la Agencia Espacial Italiana, mantuvo reuniones con la Conae en el sector satelital y con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, con la intención de establecer acuerdos conjuntos.
Ayer también hubo intensas reuniones de los empresarios italianos con sectores de la agroindustria, la energía y energía renovable, el sector automotriz, infraestructura, el sector bancario y el turismo. Hoy a las 16 tendrá lugar el Business Forum, que constituirá un momento de reflexión entre instituciones y empresas italianas y argentinas.
La presidenta del comité para la internacionalización de la Confederación Italiana de la Industria (Confindustria), Licia Mattioli, que acompaña a la misión de empresarios italianos, aseguró ayer que la "Argentina tiene un enorme potencial para inversiones", al tiempo que elogió las reformas de Macri, que han puesto a Argentina "en el centro de las estrategias de inversores", detalló.
Además del viceministro de Desarrollo Económico de Italia, viajaron a la Argentina las autoridades de la Agencia para el Comercio Exterior, el Ente Nacional para el Turismo, la Asociación de los Bancos Italianos y representantes de grandes grupos industriales italianos. Así, se encuentran desde ayer en Buenos Aires los CEO de Pirelli, Rosgan, Tenaris Dalmine, Sustech, Soimar Group, Thales Alenia y Petreven, entre otros. Italia y la Argentina intercambian unos 2000 millones de euros en el comercio bilateral y aspiran a potenciar esos números.
La relación en números
El presidente Macri recibirá hoy al viceministro para el Desarrollo Económico de Italia, Ivan Scalfarotto, junto con unos 120 empresarios, para anunciar un plan de inversiones
La Argentina hoy representa para Italia el tercer mercado en importancia en América latina en el plano de las exportaciones. Hay un intercambio total que supera los 2000 millones de euros, con 400 empresas radicadas aquí
Visitan el país representantes de 120 empresas, entre ellos, CEO de grandes grupos como Pirelli y Dálmine
Cuatro meses después de que el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, visitó la Argentina, el empresariado y el gobierno italiano emitirán hoy un gesto concreto hacia la administración de Mauricio Macri: el viceministro para el Desarrollo Económico de Italia, Ivan Scalfarotto, junto a unos 120 empresarios, anunciará inversiones y programas de cooperación conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales.
Macri recibirá hoy por la mañana a Scalfarotto y al centenar de empresarios italianos para cumplir aquella promesa de Renzi de "acercar a la Argentina e Italia en menos de un año, por lo que no se hizo durante los últimos 18 años de distanciamientos".
La visita de una amplia comitiva de empresarios italianos y altos representantes del gobierno de Renzi llegará con anuncios de inversión, un acuerdo de Roma que prevé la instrumentación inmediata de un seguro financiero del Estado italiano para los empresarios italianos que quieran invertir en el país y el lanzamiento de una agencia de promoción de inversiones y comercio exterior en conjunto con la Cancillería y el Ministerio de Producción de la Argentina. El reaseguro de empresas italianas se dará por medio de la SACE, que es la institución italiana aseguradora de inversiones internacionales, que el mes pasado mejoró el ranking de la Argentina en cuanto a perspectivas económicas.
"Por la historia y los lazos humanos que unen a nuestros países vamos a potenciar las relaciones bilaterales y a crear mecanismos de colaboración económica y financiera que sean beneficiosos para ambas naciones", expresó ayer a LA NACION la embajadora de Italia en la Argentina, Teresa Castaldo. Además, la embajadora italiana destacó que "todo el sistema empresarial y gubernamental italiano se puso a disposición de los deseos de Renzi y de Macri tendientes a llevar de las palabras a los hechos la profundización de las relaciones bilaterales".
En rigor, estos hechos empezaron a verse ayer cuando se inició formalmente la visita de unos 120 empresarios italianos con el ministro Scalfarotto y su equipo económico. Estos compartieron un seminario dedicado al sector bancario que estuvo liderado por el Secretario de Finanzas, Luis Caputo. En ese encuentro hubo representantes de la banca privada y estatal de Italia y la Argentina.
Los funcionarios argentinos e italianos destacaron la decisión de Macri de cerrar el acuerdo con los holdouts, que dará paso a "un amplio menú de inversiones extranjeras en la Argentina", coincidieron.
Por otra parte, Roberto Battiston, presidente de la Agencia Espacial Italiana, mantuvo reuniones con la Conae en el sector satelital y con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, con la intención de establecer acuerdos conjuntos.
Ayer también hubo intensas reuniones de los empresarios italianos con sectores de la agroindustria, la energía y energía renovable, el sector automotriz, infraestructura, el sector bancario y el turismo. Hoy a las 16 tendrá lugar el Business Forum, que constituirá un momento de reflexión entre instituciones y empresas italianas y argentinas.
La presidenta del comité para la internacionalización de la Confederación Italiana de la Industria (Confindustria), Licia Mattioli, que acompaña a la misión de empresarios italianos, aseguró ayer que la "Argentina tiene un enorme potencial para inversiones", al tiempo que elogió las reformas de Macri, que han puesto a Argentina "en el centro de las estrategias de inversores", detalló.
Además del viceministro de Desarrollo Económico de Italia, viajaron a la Argentina las autoridades de la Agencia para el Comercio Exterior, el Ente Nacional para el Turismo, la Asociación de los Bancos Italianos y representantes de grandes grupos industriales italianos. Así, se encuentran desde ayer en Buenos Aires los CEO de Pirelli, Rosgan, Tenaris Dalmine, Sustech, Soimar Group, Thales Alenia y Petreven, entre otros. Italia y la Argentina intercambian unos 2000 millones de euros en el comercio bilateral y aspiran a potenciar esos números.
La relación en números
El presidente Macri recibirá hoy al viceministro para el Desarrollo Económico de Italia, Ivan Scalfarotto, junto con unos 120 empresarios, para anunciar un plan de inversiones
La Argentina hoy representa para Italia el tercer mercado en importancia en América latina en el plano de las exportaciones. Hay un intercambio total que supera los 2000 millones de euros, con 400 empresas radicadas aquí
Avanzan los acuerdos con las provincias por el nuevo reparto de fondos
Por Jaime Rosemberg - LA NACION
Jujuy, Chubut, Tucumán y Neuquén firmaron el pacto para la devolución del 15% de los recursos; aceleran negociaciones antes de la sesión por la ley antidespidos
Macri viajó ayer a Jujuy, donde junto al gobernador Gerardo Morales encabezó un acto de entrega de viviendas. Foto: Télam
Llamadas telefónicas, vuelos definidos sobre la marcha, encuentros reservados. Cuando faltan horas para la crucial votación de la ley antidespidos en la Cámara de Diputados, el gobierno de Mauricio Macri aceleró ayer los contactos con los gobernadores opositores en su búsqueda de consensos por la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal. Con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como principal interlocutor, cuatro provincias firmaron ayer sus acuerdos con la Nación, dos días antes de escuchar en Córdoba la propuesta global del Gobierno, que eleva de seis a nueve puntos porcentuales el pago para este año.
Los gobernadores Gerardo Morales (UCR-Jujuy), Mario Das Neves (PJ-Chubut), Juan Manzur (PJ-Tucumán) y Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén) explicitaron ayer su aceptación de la nueva oferta de la Casa Rosada. Los cuatro mandatarios hicieron pública su posición a través de la firma de preacuerdos junto al ministro del Interior, con foto y sonrisas incluidas. A ellos se suman, según los cálculos de la Casa Rosada, los dos gobernadores de Pro (la bonaerense María Eugenia Vidal y el porteño Horacio Rodríguez Larreta) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes).
La reunión de Córdoba, a la que están invitados los 24 gobernadores, coincidirá con la sesión en la Cámara baja que debatirá la ley antidespidos impulsada por los gremios y por el Frente para la Victoria (FPV). Los votos de los diputados, sobre todo los que responden a los gobernadores del PJ, serán fundamentales para que el Gobierno logre su objetivo: rechazar o, en el peor de los casos, posponer la aprobación de la norma que suspende los despidos por 180 días.
"Hasta el día de la sesión vamos a intentar por todos los medios convencer, y no tenemos otra porque somos minoría en ambas cámaras, de que es una ley mala y que va en contra del objetivo que pretende generar puestos de trabajo de calidad", dijo Frigerio en declaraciones radiales.
El primero en firmar el acuerdo fue Morales, horas antes de viajar con el Presidente a su provincia para encabezar un acto de entrega de viviendas en Calilegua. "Jujuy fue la primera provincia en firmar el compromiso de devolución del 15% de coparticipación", dijo el gobernador radical, a pocos metros del Presidente. "En los últimos doce años, el gobierno nacional nunca había incluido este tema en la agenda federal, hasta hoy", agregó Morales, un fuerte aliado de Macri en el norte del país.
Casi a la misma hora, y con Frigerio como invitado, Das Neves confirmaba su apoyo a la propuesta del gobierno nacional. "Estamos negociando cómo va a ser la devolución, pero tenemos también que ser responsables con lo que pedimos y no destruir la Anses. No podemos ir y pedir el 15 por ciento cash [en efectivo]", dijo Das Neves a una radio, un rato antes de compartir con el titular de Interior la inauguración de un instituto penitenciario en Trelew.
A su regreso a Buenos Aires, Frigerio recibió en su despacho a los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, quienes también firmaron el acuerdo para que se les restituya el 15 por ciento de la coparticipación, un 3 por ciento en efectivo con la posibilidad de recibir un 6 por ciento más durante este año a través de un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. "Estamos muy contentos. Se zanja una situación conflictiva y a partir de ahora se pone proa hacia adelante para desarrollar las economías regionales", dijo Gutiérrez al salir de la reunión con el ministro del Interior.
Cerca de Frigerio daban por descontado ayer que las gestiones terminarán con los 24 gobernadores sentados mañana aprobando las nuevas condiciones. Hoy, de hecho, el que pasará por la Casa Rosada para firmar es el mandatario misionero, Hugo Passalacqua.
Si hay consenso, el escenario sería el ideal para que el presidente Macri salude a los mandatarios, aunque su presencia está casi descartada, según afirmaron a LA NACION fuentes oficiales. "Están casi todos convencidos", afirmaron desde el despacho del ministro, aunque persistían algunas dudas en relación con el pampeano Carlos Verna, el más reticente de los gobernadores a firmar el compromiso de pago.
La estrategia de seducción de los gobernadores que aún no perciben el porcentaje de coparticipación se complementa con los que ya la reciben. De hecho, Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) firmarán el jueves con Frigerio y Vidal un convenio interjurisdiccional por el río Carcarañá y la laguna La Picasa. Ningún apoyo, confirman por los pasillos de la Casa Rosada, quedará librado al azar en estas horas decisivas.
Jujuy, Chubut, Tucumán y Neuquén firmaron el pacto para la devolución del 15% de los recursos; aceleran negociaciones antes de la sesión por la ley antidespidos
Macri viajó ayer a Jujuy, donde junto al gobernador Gerardo Morales encabezó un acto de entrega de viviendas. Foto: Télam
Llamadas telefónicas, vuelos definidos sobre la marcha, encuentros reservados. Cuando faltan horas para la crucial votación de la ley antidespidos en la Cámara de Diputados, el gobierno de Mauricio Macri aceleró ayer los contactos con los gobernadores opositores en su búsqueda de consensos por la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal. Con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como principal interlocutor, cuatro provincias firmaron ayer sus acuerdos con la Nación, dos días antes de escuchar en Córdoba la propuesta global del Gobierno, que eleva de seis a nueve puntos porcentuales el pago para este año.
Los gobernadores Gerardo Morales (UCR-Jujuy), Mario Das Neves (PJ-Chubut), Juan Manzur (PJ-Tucumán) y Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén) explicitaron ayer su aceptación de la nueva oferta de la Casa Rosada. Los cuatro mandatarios hicieron pública su posición a través de la firma de preacuerdos junto al ministro del Interior, con foto y sonrisas incluidas. A ellos se suman, según los cálculos de la Casa Rosada, los dos gobernadores de Pro (la bonaerense María Eugenia Vidal y el porteño Horacio Rodríguez Larreta) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes).
La reunión de Córdoba, a la que están invitados los 24 gobernadores, coincidirá con la sesión en la Cámara baja que debatirá la ley antidespidos impulsada por los gremios y por el Frente para la Victoria (FPV). Los votos de los diputados, sobre todo los que responden a los gobernadores del PJ, serán fundamentales para que el Gobierno logre su objetivo: rechazar o, en el peor de los casos, posponer la aprobación de la norma que suspende los despidos por 180 días.
"Hasta el día de la sesión vamos a intentar por todos los medios convencer, y no tenemos otra porque somos minoría en ambas cámaras, de que es una ley mala y que va en contra del objetivo que pretende generar puestos de trabajo de calidad", dijo Frigerio en declaraciones radiales.
El primero en firmar el acuerdo fue Morales, horas antes de viajar con el Presidente a su provincia para encabezar un acto de entrega de viviendas en Calilegua. "Jujuy fue la primera provincia en firmar el compromiso de devolución del 15% de coparticipación", dijo el gobernador radical, a pocos metros del Presidente. "En los últimos doce años, el gobierno nacional nunca había incluido este tema en la agenda federal, hasta hoy", agregó Morales, un fuerte aliado de Macri en el norte del país.
Casi a la misma hora, y con Frigerio como invitado, Das Neves confirmaba su apoyo a la propuesta del gobierno nacional. "Estamos negociando cómo va a ser la devolución, pero tenemos también que ser responsables con lo que pedimos y no destruir la Anses. No podemos ir y pedir el 15 por ciento cash [en efectivo]", dijo Das Neves a una radio, un rato antes de compartir con el titular de Interior la inauguración de un instituto penitenciario en Trelew.
A su regreso a Buenos Aires, Frigerio recibió en su despacho a los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, quienes también firmaron el acuerdo para que se les restituya el 15 por ciento de la coparticipación, un 3 por ciento en efectivo con la posibilidad de recibir un 6 por ciento más durante este año a través de un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. "Estamos muy contentos. Se zanja una situación conflictiva y a partir de ahora se pone proa hacia adelante para desarrollar las economías regionales", dijo Gutiérrez al salir de la reunión con el ministro del Interior.
Cerca de Frigerio daban por descontado ayer que las gestiones terminarán con los 24 gobernadores sentados mañana aprobando las nuevas condiciones. Hoy, de hecho, el que pasará por la Casa Rosada para firmar es el mandatario misionero, Hugo Passalacqua.
Si hay consenso, el escenario sería el ideal para que el presidente Macri salude a los mandatarios, aunque su presencia está casi descartada, según afirmaron a LA NACION fuentes oficiales. "Están casi todos convencidos", afirmaron desde el despacho del ministro, aunque persistían algunas dudas en relación con el pampeano Carlos Verna, el más reticente de los gobernadores a firmar el compromiso de pago.
La estrategia de seducción de los gobernadores que aún no perciben el porcentaje de coparticipación se complementa con los que ya la reciben. De hecho, Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) firmarán el jueves con Frigerio y Vidal un convenio interjurisdiccional por el río Carcarañá y la laguna La Picasa. Ningún apoyo, confirman por los pasillos de la Casa Rosada, quedará librado al azar en estas horas decisivas.
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