(LPO) - Argentina y Chile constituyeron hoy la Entidad Binacional 'Ebileñas' para la construcción de un túnel internacional para el Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas que tendrá una extensión de 11 kilómetros y demandará una inversión de 1.000 millones de dólares.
El anuncio fue encabezado por el vicecanciller argentino, Carlos Foradori, quien realizó el intercambio formal de carpetas con el ministro de Obras Públicas de Chile, Alberto Undurraga Vicuña en la sede de la Cancillería acompañado por el Embajador chileno José Viera Gallo, y su par argentino en Chile, José Octavio Bordón, entre otros funcionarios. Undurraga Vicuña precisó que el túnel de baja altura se elevará a 2.000 metros y se proyecta una extensión de 11,5 kilómetros para conectar San Rafael (Mendoza) con O'Higgins en Chile.
"Mejorar la conexión física entre ambos países constituye un elemento promordial de una política de Estado que establece el carácter estratégico de la relación bilateral", consideró Foradori. El número dos de la Cancillería consideró que "sólo hay algo más sólido y estable que una política de Estado: una constante y permanente política de dos Estados", plasmado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, marco "referencial" de la relación bilateral, junto al Tratado de Maipú de 2009.
"En ese momento se acordó mejorar y ampliar la conexión física entre ambos países mediante la realización conjunta y coordinada en materia de energía, transporte y comunicaciones", reseñó el funcionario argentino, tras explicar que aquello motivó el mandato para encauzar el proyecto a cargo de "Ebileñas" y alcanzar la mejor "alternativa técnica y económica" para su realización.
Foradori señaló que la concreción es un "viejo sueño" de Mendoza y O'Higgins y la ponderó como la "mejor alternativa de conectividad permanente" los 365 días del año, que posibilitará "profundizar la integración de ambas regiones". La edificación del túnel es un "triunfo de la determinación por sobre la desconfianza" y permitirá utilizar la conectividad del eje Atlántico-Pacífico, que se convirtió no sólo en una cuestión "central" de la agenda bilateral sino una "prioridad regional" que proyecta una relación "más compleja y más productiva", estimó el diplomático.
Por su parte, Undurraga Vicuña destacó la "larga historia conjunta entre los países" y, respecto de la obra, precisó que el túnel será "uno de los pasos más bajos que tendremos en esa latitud: a 2.000 metros de altura". "La geografía del lugar permite perfectamente tener un paso con facilidades, que demandará una inversión aproximada de 1.000 millones de dólares", añadió el funcionario chileno, quien concluyó que la obra "construirá un mejor futuro" para ambos países.
Asistieron también al anuncio el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su par de la provincia chilena de Cardenal Caro, Teresa Núñez, entre otros funcionarios de Argentina y Chile.
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martes, 12 de abril de 2016
Subte: evitan actos vandálicos por las cámaras de seguridad
(La Razón) - Dos bandas de grafiteros fueron sorprendidos con la intención de pintar formaciones de las líneas D y E. También allanaron el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red.
Los grafiteros fueron visualizados gracias al sistema de monitoreo interno que supervisa estaciones y talleres.
El refuerzo de vigilancia en el subte dio sus frutos. Gracias a las cámaras de seguridad, se evitaron dos nuevos actos de vandalismo en las líneas D y E. Además, fue allanado el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red. A partir de las imágenes tomadas por el CCTV instalado por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) -un sistema de monitoreo interno para supervisar estaciones y talleres del subte- se detectó la presencia de dos jóvenes que estaban escondidos debajo de una formación en la cochera Canning de la línea D, que une Congreso de Tucumán y Catedral. Rápidamente se dio aviso a la Policía Metropolitana, que logró detener a uno de los implicados en la estación Plaza Italia.
Por otro lado, tres jóvenes con aerosoles fueron visualizados en el andén de la estación Entre Ríos de la línea E, que conecta Plaza de los Virreyes con Bolívar. Tenían la intención de ingresar al taller San José para vandalizar formaciones, pero no pudieron consumar el hecho, ya que el personal de seguridad de Metrovías se dirigió de inmediato al lugar para interceptarlos.
En sintonía con los actos vandálicos en el subte, Sbase encabezó un tercer operativo junto con la Fiscalía porteña y la Policía Metropolitana. Allanaron el domicilio de otro de los integrantes del grupo Soketes, principal responsable de los daños con grafitis en la red (en enero irrumpieron en la vivienda del líder de la banda, donde encontraron varios elementos utilizados para dañar coches).
Con el objetivo de cuidar los vagones y brindar un servicio más seguro, ya se instalaron más de 700 cámaras de seguridad en puntos estratégicos, que son supervisadas las 24 horas, y más de 500 efectivos de la Metropolitana están presentes en andenes y formaciones.
Un producto local que no contamina
Para remover los grafitis de los subtes porteños se usó un producto inventado y fabricado en la Argentina por la empresa Solmi, que también se encargó de realizar los trabajos de limpieza. Esta sustancia no contamina el ambiente y, además, elimina las pintadas sin afectar la pintura original de las formaciones. Durante el proceso, la carrocería es recubierta con una laca que hace que sea más fácil borrar los dibujos de los artistas clandestinos.
Los grafiteros fueron visualizados gracias al sistema de monitoreo interno que supervisa estaciones y talleres.
El refuerzo de vigilancia en el subte dio sus frutos. Gracias a las cámaras de seguridad, se evitaron dos nuevos actos de vandalismo en las líneas D y E. Además, fue allanado el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red. A partir de las imágenes tomadas por el CCTV instalado por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) -un sistema de monitoreo interno para supervisar estaciones y talleres del subte- se detectó la presencia de dos jóvenes que estaban escondidos debajo de una formación en la cochera Canning de la línea D, que une Congreso de Tucumán y Catedral. Rápidamente se dio aviso a la Policía Metropolitana, que logró detener a uno de los implicados en la estación Plaza Italia.
Por otro lado, tres jóvenes con aerosoles fueron visualizados en el andén de la estación Entre Ríos de la línea E, que conecta Plaza de los Virreyes con Bolívar. Tenían la intención de ingresar al taller San José para vandalizar formaciones, pero no pudieron consumar el hecho, ya que el personal de seguridad de Metrovías se dirigió de inmediato al lugar para interceptarlos.
En sintonía con los actos vandálicos en el subte, Sbase encabezó un tercer operativo junto con la Fiscalía porteña y la Policía Metropolitana. Allanaron el domicilio de otro de los integrantes del grupo Soketes, principal responsable de los daños con grafitis en la red (en enero irrumpieron en la vivienda del líder de la banda, donde encontraron varios elementos utilizados para dañar coches).
Con el objetivo de cuidar los vagones y brindar un servicio más seguro, ya se instalaron más de 700 cámaras de seguridad en puntos estratégicos, que son supervisadas las 24 horas, y más de 500 efectivos de la Metropolitana están presentes en andenes y formaciones.
Un producto local que no contamina
Para remover los grafitis de los subtes porteños se usó un producto inventado y fabricado en la Argentina por la empresa Solmi, que también se encargó de realizar los trabajos de limpieza. Esta sustancia no contamina el ambiente y, además, elimina las pintadas sin afectar la pintura original de las formaciones. Durante el proceso, la carrocería es recubierta con una laca que hace que sea más fácil borrar los dibujos de los artistas clandestinos.
Denuncian que por esta “ruta” en Chaco le pagaron $200 millones a Lázaro Báez
Por Pablo Javier Blanco - Editor Clarin.com
Diputados de Cambiemos piden que se investigue la polémica obra pública. Apuntan a Capitanich. El domingo hubo allanamientos en el marco de la ruta del dinero K.
El tramo de la ruta 7 que se incluyó en la denuncia en Chaco
Las explosivas declaraciones del ex valijero Leonardo Fariña dispararon allanamientos en Buenos Aires y Santa Cruz, pero también en Chaco, donde el empresario Lázaro Báez tiene negocios. Es más, en la provincia que supo ser gobernada por el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, (hoy intendente de Resistencia) ahora denunciaron que una de las empresas de Lázaro Báez habría cobrado más de $ 200 millones por asfaltar una ruta en la que hoy sólo hay barro y señales truchas, pintadas con aerosol.
Esta mañana, diputados nacionales y provinciales del Frente Cambiemos, encabezados por el legislador radical Livio Gutiérrez, mostraron imágenes de cómo se ve hoy la obra que debería estar concluida, y dieron detalles de la presentación de una ampliación de denuncia ante el juez Julián Ercolini.
Acompañado por la diputada nacional Alicia Terada (CC-ARI), que fue a Tribunales el jueves, Gutiérrez pidió reactivar la causa de Elisa Carrió, que data de 2008, por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, Julio De Vido, Rudy Ulloa Igor y Lázaro Báez, entre otros exfuncionarios, para investigar el caso de la ruta 7.
“Tenemos datos que en el tramo que va entre Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas, un tramo de aproximadamente 37 kilómetros, Vialidad habría desembolsado $ 200 millones, pero no hay nada. La obra no está terminada, los canales para que cruce el agua está resquebrajados y la cartelería es un papelón”, explicó a Clarín el legislador de la UCR. "Esta es la plata que se llevaron en esta corrupción estructural que también llegó al Chaco", dijo Gutiérrez.
Gutiérrez recorrió ayer esa ruta y encontró un verdadero barrial. “Ni un kilómetro de pavimento, señales truchas y alcantarillas que ya están quebradas”, resumió. “Por esta razón le pedimos al juez Ercolini que designe peritos ingenieros para que determinen si las certificaciones de obras son correctas y se corresponden con los pagos realizados”, sostuvo.
“Esta es la plata que se llevaron en esta corrupción estructural que también llegó al Chaco, nos mataron nuestro pasado, nuestro presente y comprometieron nuestro futuro”, lanzó Gutiérrez, quien hoy fue descalificado por el ahora intendente de Resistencia.
Capitanich sostuvo que “no voy a aceptar que el diputado Gutiérrez, que es un lenguaraz que no tiene ningún tipo de fundamento, pueda decir lo que dice”. "Coqui" además afirmó tener un patrimonio casi inexistente tras su juicio de divorcio con la diputada peronista Sandra Mendoza.
En diálogo con Clarín, Terada recordó la denuncia de Carrió de 2008, donde se hablaba de sobreprecios en la obra pública y señalaba el caso de la ruta 7. “La pavimentación de 25 kilómetros de ruta 4, hecha con las mismas condiciones técnicas, fue presupuestada en 42 millones de pesos, mientras que en esta se habrían pagado 200 millones”, señaló.
La ampliación de la denuncia es clara: “Los 166.958.079,74 pesos presupuestados para su realización son una cifra exorbitante para realizar los objetivos de la obra: 57 kilómetros de pavimento en esa zona, más los accesos y empalmes a la ruta. Por poner un ejemplo, la pavimentación de 25 kilómetros de la ruta 4, también en Chaco, está presupuestada en 42.318.634 pesos. La matemática es lapidaria. Un kilómetro de asfalto de la “ruta K” tiene un costo de 2.929.089,10 pesos. La misma extensión, pero en la ruta 4, sale 1.692.745,36 pesos”, señalan citando a Carrió.
Los diputados vinculan esta obra a "La Ruta del dinero K" porque está a cargo de la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”, que es controlada hoy por Austral Construcciones, nave insignia del grupo de firmas de Lázaro Báez.
El fin de semana, tras la declaración de Fariña, el juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la empresa en Chaco, donde secuestraron documentación. Allí, los dirigentes de Cambiemos también denuncian que hubo irregularidades. La legisladora Irene Dumrauf afirmó que antes del procedimiento judicial “al menos tres camionetas, habrían salido del predio de la empresa presuntamente llevando documentación y computadoras”.
Esos vehículos serían los que fueron requisados en el barrio Provincias Unidas de Resistencia. Según informó el diario Norte, una Chevrolet patente MRI 694 y una Nissan patente JET 803, ambas radicadas en Río Gallegos, fueron revisadas a raíz de la presunción de que, antes del allanamiento en en Biancalani, se habría llevado de allí “varias computadoras” y documentación.
Diputados de Cambiemos piden que se investigue la polémica obra pública. Apuntan a Capitanich. El domingo hubo allanamientos en el marco de la ruta del dinero K.
Las explosivas declaraciones del ex valijero Leonardo Fariña dispararon allanamientos en Buenos Aires y Santa Cruz, pero también en Chaco, donde el empresario Lázaro Báez tiene negocios. Es más, en la provincia que supo ser gobernada por el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, (hoy intendente de Resistencia) ahora denunciaron que una de las empresas de Lázaro Báez habría cobrado más de $ 200 millones por asfaltar una ruta en la que hoy sólo hay barro y señales truchas, pintadas con aerosol.
Esta mañana, diputados nacionales y provinciales del Frente Cambiemos, encabezados por el legislador radical Livio Gutiérrez, mostraron imágenes de cómo se ve hoy la obra que debería estar concluida, y dieron detalles de la presentación de una ampliación de denuncia ante el juez Julián Ercolini.
Acompañado por la diputada nacional Alicia Terada (CC-ARI), que fue a Tribunales el jueves, Gutiérrez pidió reactivar la causa de Elisa Carrió, que data de 2008, por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, Julio De Vido, Rudy Ulloa Igor y Lázaro Báez, entre otros exfuncionarios, para investigar el caso de la ruta 7.
“Tenemos datos que en el tramo que va entre Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas, un tramo de aproximadamente 37 kilómetros, Vialidad habría desembolsado $ 200 millones, pero no hay nada. La obra no está terminada, los canales para que cruce el agua está resquebrajados y la cartelería es un papelón”, explicó a Clarín el legislador de la UCR. "Esta es la plata que se llevaron en esta corrupción estructural que también llegó al Chaco", dijo Gutiérrez.
Gutiérrez recorrió ayer esa ruta y encontró un verdadero barrial. “Ni un kilómetro de pavimento, señales truchas y alcantarillas que ya están quebradas”, resumió. “Por esta razón le pedimos al juez Ercolini que designe peritos ingenieros para que determinen si las certificaciones de obras son correctas y se corresponden con los pagos realizados”, sostuvo.
“Esta es la plata que se llevaron en esta corrupción estructural que también llegó al Chaco, nos mataron nuestro pasado, nuestro presente y comprometieron nuestro futuro”, lanzó Gutiérrez, quien hoy fue descalificado por el ahora intendente de Resistencia.
Capitanich sostuvo que “no voy a aceptar que el diputado Gutiérrez, que es un lenguaraz que no tiene ningún tipo de fundamento, pueda decir lo que dice”. "Coqui" además afirmó tener un patrimonio casi inexistente tras su juicio de divorcio con la diputada peronista Sandra Mendoza.
En diálogo con Clarín, Terada recordó la denuncia de Carrió de 2008, donde se hablaba de sobreprecios en la obra pública y señalaba el caso de la ruta 7. “La pavimentación de 25 kilómetros de ruta 4, hecha con las mismas condiciones técnicas, fue presupuestada en 42 millones de pesos, mientras que en esta se habrían pagado 200 millones”, señaló.
La ampliación de la denuncia es clara: “Los 166.958.079,74 pesos presupuestados para su realización son una cifra exorbitante para realizar los objetivos de la obra: 57 kilómetros de pavimento en esa zona, más los accesos y empalmes a la ruta. Por poner un ejemplo, la pavimentación de 25 kilómetros de la ruta 4, también en Chaco, está presupuestada en 42.318.634 pesos. La matemática es lapidaria. Un kilómetro de asfalto de la “ruta K” tiene un costo de 2.929.089,10 pesos. La misma extensión, pero en la ruta 4, sale 1.692.745,36 pesos”, señalan citando a Carrió.
Los diputados vinculan esta obra a "La Ruta del dinero K" porque está a cargo de la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”, que es controlada hoy por Austral Construcciones, nave insignia del grupo de firmas de Lázaro Báez.
El fin de semana, tras la declaración de Fariña, el juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la empresa en Chaco, donde secuestraron documentación. Allí, los dirigentes de Cambiemos también denuncian que hubo irregularidades. La legisladora Irene Dumrauf afirmó que antes del procedimiento judicial “al menos tres camionetas, habrían salido del predio de la empresa presuntamente llevando documentación y computadoras”.
Esos vehículos serían los que fueron requisados en el barrio Provincias Unidas de Resistencia. Según informó el diario Norte, una Chevrolet patente MRI 694 y una Nissan patente JET 803, ambas radicadas en Río Gallegos, fueron revisadas a raíz de la presunción de que, antes del allanamiento en en Biancalani, se habría llevado de allí “varias computadoras” y documentación.
Mudan manteros de Flores a un galpón ubicado en el barrio de Once
Por Valeria Musse - LA NACION
Ahora, los interesados tienen que registrarse; voces a favor y en contra de la medida del gobierno porteño.
Los puestos miden 2 por 1,5 metros; dentro del galpón hay lugar para 81 manteros relocalizados
Foto: Emiliano Lasalvia
Si todo saliera como las autoridades porteñas lo esperan, mañana podrían mudarse los primeros manteros que hasta anteayer desplegaban su actividad en las veredas y bocacalles de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, a un galpón en Once. Así, la Ciudad busca avanzar en el proyecto para despejar ciertos puntos conflictivos donde el comercio ilegal se adueñó del espacio público.
A primera hora de la mañana de ayer, cientos de efectivos de la Policía Federal y de la Metropolitana se apostaron a lo largo de una decena de cuadras de la avenida Avellaneda con el objetivo de impedir la instalación de los puesteros. El operativo tuvo momentos de tensión (ver aparte).
Casi en voz baja, la Ciudad daba así el puntapié inicial para ofrecerles a los vendedores un lugar alternativo donde instalarse. En este caso se trata de un galpón que era utilizado como estacionamiento por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) en la calle Perón al 3000, entre Ecuador y Jean Jaurès, en Once.
Mediante un traspaso firmado entre la entidad ferroviaria y la ciudad, se acondicionó el predio. En el galpón cerrado ya fueron instalados 81 puestos. Están ubicados en stands a cada lado contra la pared y en una hilera que atraviesa longitudinalmente el galpón. Afuera se apostarán alrededor de 200 comerciantes. El horario de funcionamiento del predio será acordado con los vendedores que trabajen allí.
Con el operativo en marcha para evitar la instalación de los manteros en las veredas de Flores, se montó una oficina móvil en la plaza Vélez Sarsfield, a unas diez cuadras del epicentro del desalojo, para proponerles a los vendedores una opción para mudarse y seguir ejerciendo la actividad, aunque esta vez bajo normas reguladas y adheridos a un marco legal.
Hasta las 16.30 de ayer, 66 manteros se habían empadronado con la intención de reubicarse en Once, aseguraron fuentes del gobierno de la ciudad. Habían dado el primer paso.
Una vez anotados, los interesados debían acercarse a la sede de la comuna 7. Allí se corrobora la identidad de la persona y luego se constata la ausencia de antecedentes penales.
El comerciante que quiere tener su lugar en el nuevo paseo comercial debe pagar monotributo y tener las facturas que demuestren la procedencia de la mercadería que vende. Desde la Ciudad estimaron que, si los trámites de control de los requisitos avanzan, mañana podrán instalarse en el predio los primeros manteros. Hoy, en tanto, continúa el empadronamiento.
Tres años atrás, la Ciudad pudo controlar la venta callejera ilegal en la estación Constitución, en la peatonal Florida y en el barrio de Retiro. En este último caso, se reubicó a parte de los manteros en un galpón lindero a la terminal ferroviaria, pero el plan no avanzó. Cada tanto, algunos manteros insisten en volver al lugar.
La puesta a punto del galpón está prácticamente finalizada. Según la Ciudad, habría varios interesados en el proyecto. Pero no significa que todos estén de acuerdo con esta mudanza.
Elena Centeno es delegada de un grupo de vendedores de la avenida Avellaneda y no está conforme con el traslado. "Vamos a resistir; no nos vamos a ir de acá. Si la policía se queda acá 50 días, nos quedamos también 50 días", afirmó. Según la mujer, el galpón en cuestión es el mismo que les ofrecieron hace unos meses a los vendedores callejeros de Once. "Ahora dicen que es para nosotros. ¿Nos lo van a dar a nosotros y los van a dejar a los de Once a la calle? Somos 3000 personas, ¿dónde vamos a entrar en un lugar con 300 puestos?", cuestionó.
Cuando el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta indicó, meses atrás, que había un plan para reubicar a los manteros, entre los vendedores que ocupan las veredas de Once corría el rumor de que su destino estaba en ese galpón detrás de la terminal de trenes.
Será por eso que Alejandra, mantera de la avenida Pueyrredón al 200, preguntó confundida: "¿Cómo es que a ellos los traen para acá? Cuando nos toque a nosotros, ¿nos van a mandar a otra punta? No tiene sentido". A su colega Juan Carlos Páez ni siquiera se le cruzaba la idea de reubicarse. "La venta está en la calle, no en un galpón", dijo.
Miguel, que vende ropa interior masculina cerca de la avenida Corrientes, se mostró satisfecho con la mudanza. "Esta bien. Hay que despejar las veredas. Se ven muchos robos", aseguró.
Con la colaboración de María Eugenia D'Alessio
Ahora, los interesados tienen que registrarse; voces a favor y en contra de la medida del gobierno porteño.
Los puestos miden 2 por 1,5 metros; dentro del galpón hay lugar para 81 manteros relocalizados
Foto: Emiliano Lasalvia
Si todo saliera como las autoridades porteñas lo esperan, mañana podrían mudarse los primeros manteros que hasta anteayer desplegaban su actividad en las veredas y bocacalles de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, a un galpón en Once. Así, la Ciudad busca avanzar en el proyecto para despejar ciertos puntos conflictivos donde el comercio ilegal se adueñó del espacio público.
A primera hora de la mañana de ayer, cientos de efectivos de la Policía Federal y de la Metropolitana se apostaron a lo largo de una decena de cuadras de la avenida Avellaneda con el objetivo de impedir la instalación de los puesteros. El operativo tuvo momentos de tensión (ver aparte).
Casi en voz baja, la Ciudad daba así el puntapié inicial para ofrecerles a los vendedores un lugar alternativo donde instalarse. En este caso se trata de un galpón que era utilizado como estacionamiento por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) en la calle Perón al 3000, entre Ecuador y Jean Jaurès, en Once.
Mediante un traspaso firmado entre la entidad ferroviaria y la ciudad, se acondicionó el predio. En el galpón cerrado ya fueron instalados 81 puestos. Están ubicados en stands a cada lado contra la pared y en una hilera que atraviesa longitudinalmente el galpón. Afuera se apostarán alrededor de 200 comerciantes. El horario de funcionamiento del predio será acordado con los vendedores que trabajen allí.
Con el operativo en marcha para evitar la instalación de los manteros en las veredas de Flores, se montó una oficina móvil en la plaza Vélez Sarsfield, a unas diez cuadras del epicentro del desalojo, para proponerles a los vendedores una opción para mudarse y seguir ejerciendo la actividad, aunque esta vez bajo normas reguladas y adheridos a un marco legal.
Hasta las 16.30 de ayer, 66 manteros se habían empadronado con la intención de reubicarse en Once, aseguraron fuentes del gobierno de la ciudad. Habían dado el primer paso.
Una vez anotados, los interesados debían acercarse a la sede de la comuna 7. Allí se corrobora la identidad de la persona y luego se constata la ausencia de antecedentes penales.
El comerciante que quiere tener su lugar en el nuevo paseo comercial debe pagar monotributo y tener las facturas que demuestren la procedencia de la mercadería que vende. Desde la Ciudad estimaron que, si los trámites de control de los requisitos avanzan, mañana podrán instalarse en el predio los primeros manteros. Hoy, en tanto, continúa el empadronamiento.
Tres años atrás, la Ciudad pudo controlar la venta callejera ilegal en la estación Constitución, en la peatonal Florida y en el barrio de Retiro. En este último caso, se reubicó a parte de los manteros en un galpón lindero a la terminal ferroviaria, pero el plan no avanzó. Cada tanto, algunos manteros insisten en volver al lugar.
La puesta a punto del galpón está prácticamente finalizada. Según la Ciudad, habría varios interesados en el proyecto. Pero no significa que todos estén de acuerdo con esta mudanza.
Elena Centeno es delegada de un grupo de vendedores de la avenida Avellaneda y no está conforme con el traslado. "Vamos a resistir; no nos vamos a ir de acá. Si la policía se queda acá 50 días, nos quedamos también 50 días", afirmó. Según la mujer, el galpón en cuestión es el mismo que les ofrecieron hace unos meses a los vendedores callejeros de Once. "Ahora dicen que es para nosotros. ¿Nos lo van a dar a nosotros y los van a dejar a los de Once a la calle? Somos 3000 personas, ¿dónde vamos a entrar en un lugar con 300 puestos?", cuestionó.
Cuando el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta indicó, meses atrás, que había un plan para reubicar a los manteros, entre los vendedores que ocupan las veredas de Once corría el rumor de que su destino estaba en ese galpón detrás de la terminal de trenes.
Será por eso que Alejandra, mantera de la avenida Pueyrredón al 200, preguntó confundida: "¿Cómo es que a ellos los traen para acá? Cuando nos toque a nosotros, ¿nos van a mandar a otra punta? No tiene sentido". A su colega Juan Carlos Páez ni siquiera se le cruzaba la idea de reubicarse. "La venta está en la calle, no en un galpón", dijo.
Miguel, que vende ropa interior masculina cerca de la avenida Corrientes, se mostró satisfecho con la mudanza. "Esta bien. Hay que despejar las veredas. Se ven muchos robos", aseguró.
Con la colaboración de María Eugenia D'Alessio
Malcorra viajó a Rusia y funcionarios chinos, con el Presidente
Por Martín Dinatale - LA NACION
Malcorra viajó a Rusia para revisar acuerdos y relanzar las relaciones. Visitará al canciller Lavrov y buscará profundizar la alianza estratégica con Moscú; evaluarán los convenios en energía nuclear e hidroeléctrica que firmó Cristina Kirchner
Diecisiete días después de que el presidente norteamericano Barack Obama visitó la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri dará hoy una fuerte señal a Rusia con la intención de relanzar la "alianza estratégica integral", y buscará así profundizar con Moscú el intercambio comercial, político y de inversiones. La canciller Susana Malcorra será la encargada de transmitir al Kremlin que la Argentina "no está cerrada a una relación única con Estados Unidos, sino que ingresó en una política exterior de puertas abiertas que incluye a Rusia", según graficó a LA NACION un destacado funcionario de la Cancillería.
Malcorra llegó anoche a Moscú y hoy comenzará su breve gira de dos días, donde se reunirá con autoridades de la Unión Económica Euroasiática; con el vicepresidente de la Duma (Cámara de Diputados), Alexander Zhukov; con CEO de empresas líderes rusas, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, entre otros.
Más allá de reforzar la alianza estratégica con Moscú, la visita de la canciller argentina contempla también una revisión de algunos acuerdos que firmó Cristina Kirchner con Vladimir Putin y que ahora Macri quiere ajustar. Se encuentran en plan de revisión los acuerdos para la construcción de una central de energía nuclear cuya obra estará a cargo de la corporación estatal rusa Rosatom y un memorándum para la instalación de la central hidroeléctrica Chihuido, en Neuquén, que estará conformada por empresas argentinas, por la española Isolux Ingeniería y por la rusa Inter Rao, que tendrá a su cargo la financiación del 85% del proyecto.
Según dijeron a LA NACION en la Cancillería, habrá una revisión de los contratos que terminó de sellar el ex ministro de Planificación Julio De Vido, lo que no implicará -aclararon- dar de baja esos acuerdos, sino corregir eventuales irregularidades. Éste es el mismo esquema que se fijó el Gobierno para los acuerdos que Cristina Kirchner selló con China y que el presidente Xi Jinping aceptó modificar tras la reunión que mantuvo recientemente con Macri en Washington.
En forma paralela a estos eventuales ajustes en los acuerdos de energía nuclear y en la construcción de la represa Chihuido, la canciller Malcorra buscará reforzar con Rusia el intercambio comercial. Éste es un tema clave tanto para Moscú como para Buenos Aires por una ecuación muy simple: desde que sufrió las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por el caso de la anexión de Crimea y ante la devaluación del rublo, Rusia enfrentó serios problemas de abastecimiento de alimentos para su población y la Argentina necesita hoy exportar productos para elevar sus arcas.
Así, la canciller Malcorra buscará elevar los niveles de exportación de alimentos a Moscú, donde hay un particular interés por las carnes y los lácteos de la Argentina. El país mantiene con Rusia un déficit comercial de 621 millones de dólares en el comercio exterior. En 2014, las importaciones desde Rusia totalizaron 1344 millones de dólares y las ventas de la Argentina hacia Moscú fueron de 723 millones. Ahora el gobierno de Macri buscará modificar ese esquema deficitario para el país al ocupar la vacante de alimentos que dejaron Estados Unidos y la UE.
Por otra parte, la visita de la canciller Malcorra a Rusia apuntará a redefinir los vínculos de YPF y la estatal rusa Gazprom para la realización de nuevos proyectos de exploración geológica, extracción y transporte de hidrocarburos.
Ayer, el embajador ruso en Buenos Aires, Víktor Koronelli, expresó a la prensa extranjera que la Argentina es "un socio de gran importancia" para Moscú y se mostró optimista en que los acuerdos firmados por Cristina Kirchner tengan continuidad con Macri. "Revisar los convenios tiene que ver con la necesidad de conocer lo hecho, pero no necesariamente implica cambiarlos", dijo el diplomático ruso en relación con la intención de la Argentina de analizar cada uno de los acuerdos firmados por la gestión kirchnerista.
Malcorra mantendrá hoy reuniones con empresarios y legisladores y se reunirá mañana con el canciller Lavrov, tras depositar ofrendas florales en la tumba del Soldado Desconocido en la Plaza Roja de Moscú. Luego de la visita a Moscú, Malcorra viajará a Bruselas, donde se reunirá con las autoridades de la Unión Europea para dialogar sobre las negociaciones del acuerdo de libre comercio que buscan cerrar la UE y el Mercosur.
Funcionarios chinos, con el Presidente
El presidente Mauricio Macri recibió ayer a Sun Zhengcai, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), en un encuentro de carácter protocolar.
El jefe del Estado recibió al funcionario chino en su despacho apenas 10 días después de que Macri se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en Washington. Allí acordaron revisar algunos de los acuerdos firmados por Pekín con Cristina Kirchner. Según se supo, Macri planteó ayer la necesidad de aumentar las exportaciones argentinas a China con valor agregado. En los últimos diez años, el comercio bilateral se multiplicó 2,65 veces, motivo por el cual China ocupa el segundo lugar como destino de las exportaciones y como proveedor de productos chinos a la Argentina. El 15 de mayo, la canciller Susana Malcorra viajará a China para ajustar los acuerdos.
Los ministros del gabinete de Macri que optan por el bajo perfil
Por Santiago Dapelo - LA NACION
Foto: Alfredo Sabat
Lejos de la exposición a la que están sometidos por la coyuntura ministros como Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio o Susana Malcorra, un grupo de integrantes del gabinete de Mauricio Macri avanza con suerte dispar en sus primeros cuatro meses de gestión, pero con un denominador común, el bajo perfil.
Se trata de Carolina Stanley (Desarrollo Social), Pablo Avelluto (Cultura), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Gustavo Santos (Turismo), quienes hasta ahora, por decisión propia o por pedido de la Jefatura de Gabinete, mantuvieron una escasa exhibición pública.
Sentada sobre una de las áreas más sensibles del Gobierno, Stanley resulta el caso más paradigmático. Con uno de los presupuestos más abultados de la administración nacional -son casi 88.000 millones de pesos, de los que hasta el momento utilizó el 22 por ciento-, la ministra de Desarrollo Social está entre los pocos funcionarios que casi no han tocado lo que recibieron.
Esta actitud le valió cierto malestar en el equipo de Macri, que le reclama mayor protagonismo. Es que se trata de la encargada de materializar uno de los principales ejes del Gobierno, alcanzar la "pobreza cero". "El ministerio está prácticamente paralizado. La excusa es que están realizando una evaluación", dijo a LA NACION Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, beneficiarios del plan de cooperativas Argentina Trabaja.
Entre las cuestiones que le reclaman sus pares a Stanley también se destaca que aún no hizo los deberes sobre la nómina de empleados contratados en Desarrollo Social. Por la estructura del área que maneja, los 1165 contratados temporarios a los que no se les renovó son considerados escasos por algunos de sus colegas. No escapa al análisis que se trata de un ministerio que fue cooptado en la última etapa del anterior gobierno, con Alicia Kirchner al frente, por La Cámpora y Kolina, dos agrupaciones ultrakirchneristas.
LA NACION intentó comunicarse con Stanley, pero su vocera justificó su silencio con el argumento de que la funcionaria "está abocada a pleno a la gestión y son días muy intensos".
Distinto es el caso de Barañao. El responsable de Ciencia y Tecnología, sobreviviente del gobierno de Cristina Kirchner, tiene una ventaja sobre el resto de sus colegas: no tiene que lidiar con la "pesada" herencia. El ministro sostuvo que se mantuvieron el ritmo de trabajo y la ejecución de los proyectos que ya estaban en marcha. Además, añadió, se iniciaron gestiones para un incremento presupuestario por parte de los organismos multilaterales del crédito (750 millones de dólares del BID y 45 millones de dólares del Banco Mundial).
"¿Si cambió la forma en la que trabajo? Lo más notable es el énfasis en el trabajo en equipo y el monitoreo periódico de los avances en la gestión", destacó Barañao, quien dijo que la gestión de Macri mantiene todas las políticas de la gestión anterior "con nuevos componentes".
El radical Oscar Aguad es una rara avis, ya que se hizo cargo de una estructura nueva. Tras un comienzo con alta exposición, con alguna polémica que le valió críticas, el titular de Comunicaciones se concentró en el armado del área. "Algunos me dicen por qué no tengo otro perfil... Pero estoy enfocado en administrar la responsabilidad que me dio Macri", dijo Aguad. Entre las metas que se fijó, el ministro destacó tres: garantizar los derechos a los usuarios -mejorar las comunicaciones y la conectividad-; lograr mayor competencia y administrar con mucha transparencia. "Internet transformó el mundo. Ahora tenemos que estar preparados para lo que viene", remató.
Avelluto, por su parte, se valió de su experiencia como editor y de su paso como coordinador del sistema de medios públicos para llegar al Ministerio de Cultura. Cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvo que lidiar de entrada con una difícil situación económica. La administración de la kirchnerista Teresa Parodi dejó 1145 facturas impagas por 156 millones de pesos. Pero la situación más grave fue con los trabajadores contratados. Sólo en 2015 se incorporaron 1000 personas nuevas. La Biblioteca Nacional, que pasó de 306 a 1048 bajo la conducción de Horacio González, es el caso más emblemático.
Avelluto y su equipo rediseñaron la estructura del ministerio, se pusieron en marcha nuevos programas y comenzaron con las obras en la Casa Histórica de Tucumán, en el marco de los 200 años de la Declaración de la Independencia. "Cada día está ocurriendo algo organizado, promovido o apoyado por el ministerio. Aunque el perfil sea bajo, la cultura está viva", sostuvo Avelluto.
Martínez, otro de los radicales que se sumaron al gabinete nacional, encontró una cartera fundida. "Tenemos deudas en todos lados. Estamos arrancando desde el fondo del mar", se quejó el riojano.
El ministro resaltó que, entre las medidas ya efectivas, se intensificaron los controles en el espacio aéreo para reforzar la lucha contra el narcotráfico y se cumplió la campaña antártica. Además, confirmó que las Fuerzas Armadas ya no participarán de tareas sociales, como lo hacían cuando el jefe del Ejército era César Milani. "Están al servicio de la democracia, no de un proyecto político", argumentó.
Otro cordobés en el gabinete es Gustavo Santos. El ministro de Turismo es el funcionario con perfil más bajo del equipo de Macri. "Vamos a volver a reinsertar turísticamente a la Argentina en el mundo", dijo a LA NACION Santos, en línea con el discurso presidencial.
Seis casos con realidades diferentes
Carolina Stanley - Desarrollo social - Es responsable de una de las principales metas: pobreza cero. Con alta inflación y despidos, le reclaman un mayor compromiso y visibilidad
Lino Barañao - Ciencia y tecnología - Único sobreviviente del kirchnerismo, no tuvo problemas de adaptación. Destacó el trabajo grupal y la continuidad de todos sus proyectos
Julio Martínez - Defensa - Trabaja en la recuperación de la capacidad operativa de las FFAA. Completó la Campaña Antártica y el control aéreo, pese a la cuentas que heredó
Pablo Avelluto - Cultura - Tras un inicio con alta exposición por los despidos, reordena la cartera que tiene deudas millonarias. Está a cargo de los festejos del Bicentenario
Oscar Aguad - Comunicaciones - Responsable de un área clave, Aguad se fijó como objetivo mejorar las comunicaciones de forma integral. Le dio un tono político a la gestión
Gustavo Santos - Turismo - Recibió un turismo nacional e internacional "amesetado con tendencia a la baja". Su objetivo es generar 300.000 puestos de trabajo en cuatro años
Stanley, Aguad, Avelluto, Martínez y Barañao avanzan en su gestión con resultados dispares
Foto: Alfredo Sabat
Lejos de la exposición a la que están sometidos por la coyuntura ministros como Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio o Susana Malcorra, un grupo de integrantes del gabinete de Mauricio Macri avanza con suerte dispar en sus primeros cuatro meses de gestión, pero con un denominador común, el bajo perfil.
Se trata de Carolina Stanley (Desarrollo Social), Pablo Avelluto (Cultura), Julio Martínez (Defensa), Oscar Aguad (Comunicaciones), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Gustavo Santos (Turismo), quienes hasta ahora, por decisión propia o por pedido de la Jefatura de Gabinete, mantuvieron una escasa exhibición pública.
Sentada sobre una de las áreas más sensibles del Gobierno, Stanley resulta el caso más paradigmático. Con uno de los presupuestos más abultados de la administración nacional -son casi 88.000 millones de pesos, de los que hasta el momento utilizó el 22 por ciento-, la ministra de Desarrollo Social está entre los pocos funcionarios que casi no han tocado lo que recibieron.
Esta actitud le valió cierto malestar en el equipo de Macri, que le reclama mayor protagonismo. Es que se trata de la encargada de materializar uno de los principales ejes del Gobierno, alcanzar la "pobreza cero". "El ministerio está prácticamente paralizado. La excusa es que están realizando una evaluación", dijo a LA NACION Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, beneficiarios del plan de cooperativas Argentina Trabaja.
Entre las cuestiones que le reclaman sus pares a Stanley también se destaca que aún no hizo los deberes sobre la nómina de empleados contratados en Desarrollo Social. Por la estructura del área que maneja, los 1165 contratados temporarios a los que no se les renovó son considerados escasos por algunos de sus colegas. No escapa al análisis que se trata de un ministerio que fue cooptado en la última etapa del anterior gobierno, con Alicia Kirchner al frente, por La Cámpora y Kolina, dos agrupaciones ultrakirchneristas.
LA NACION intentó comunicarse con Stanley, pero su vocera justificó su silencio con el argumento de que la funcionaria "está abocada a pleno a la gestión y son días muy intensos".
Distinto es el caso de Barañao. El responsable de Ciencia y Tecnología, sobreviviente del gobierno de Cristina Kirchner, tiene una ventaja sobre el resto de sus colegas: no tiene que lidiar con la "pesada" herencia. El ministro sostuvo que se mantuvieron el ritmo de trabajo y la ejecución de los proyectos que ya estaban en marcha. Además, añadió, se iniciaron gestiones para un incremento presupuestario por parte de los organismos multilaterales del crédito (750 millones de dólares del BID y 45 millones de dólares del Banco Mundial).
"¿Si cambió la forma en la que trabajo? Lo más notable es el énfasis en el trabajo en equipo y el monitoreo periódico de los avances en la gestión", destacó Barañao, quien dijo que la gestión de Macri mantiene todas las políticas de la gestión anterior "con nuevos componentes".
El radical Oscar Aguad es una rara avis, ya que se hizo cargo de una estructura nueva. Tras un comienzo con alta exposición, con alguna polémica que le valió críticas, el titular de Comunicaciones se concentró en el armado del área. "Algunos me dicen por qué no tengo otro perfil... Pero estoy enfocado en administrar la responsabilidad que me dio Macri", dijo Aguad. Entre las metas que se fijó, el ministro destacó tres: garantizar los derechos a los usuarios -mejorar las comunicaciones y la conectividad-; lograr mayor competencia y administrar con mucha transparencia. "Internet transformó el mundo. Ahora tenemos que estar preparados para lo que viene", remató.
Avelluto, por su parte, se valió de su experiencia como editor y de su paso como coordinador del sistema de medios públicos para llegar al Ministerio de Cultura. Cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvo que lidiar de entrada con una difícil situación económica. La administración de la kirchnerista Teresa Parodi dejó 1145 facturas impagas por 156 millones de pesos. Pero la situación más grave fue con los trabajadores contratados. Sólo en 2015 se incorporaron 1000 personas nuevas. La Biblioteca Nacional, que pasó de 306 a 1048 bajo la conducción de Horacio González, es el caso más emblemático.
Avelluto y su equipo rediseñaron la estructura del ministerio, se pusieron en marcha nuevos programas y comenzaron con las obras en la Casa Histórica de Tucumán, en el marco de los 200 años de la Declaración de la Independencia. "Cada día está ocurriendo algo organizado, promovido o apoyado por el ministerio. Aunque el perfil sea bajo, la cultura está viva", sostuvo Avelluto.
Martínez, otro de los radicales que se sumaron al gabinete nacional, encontró una cartera fundida. "Tenemos deudas en todos lados. Estamos arrancando desde el fondo del mar", se quejó el riojano.
El ministro resaltó que, entre las medidas ya efectivas, se intensificaron los controles en el espacio aéreo para reforzar la lucha contra el narcotráfico y se cumplió la campaña antártica. Además, confirmó que las Fuerzas Armadas ya no participarán de tareas sociales, como lo hacían cuando el jefe del Ejército era César Milani. "Están al servicio de la democracia, no de un proyecto político", argumentó.
Otro cordobés en el gabinete es Gustavo Santos. El ministro de Turismo es el funcionario con perfil más bajo del equipo de Macri. "Vamos a volver a reinsertar turísticamente a la Argentina en el mundo", dijo a LA NACION Santos, en línea con el discurso presidencial.
Seis casos con realidades diferentes
Carolina Stanley - Desarrollo social - Es responsable de una de las principales metas: pobreza cero. Con alta inflación y despidos, le reclaman un mayor compromiso y visibilidad
Lino Barañao - Ciencia y tecnología - Único sobreviviente del kirchnerismo, no tuvo problemas de adaptación. Destacó el trabajo grupal y la continuidad de todos sus proyectos
Julio Martínez - Defensa - Trabaja en la recuperación de la capacidad operativa de las FFAA. Completó la Campaña Antártica y el control aéreo, pese a la cuentas que heredó
Pablo Avelluto - Cultura - Tras un inicio con alta exposición por los despidos, reordena la cartera que tiene deudas millonarias. Está a cargo de los festejos del Bicentenario
Oscar Aguad - Comunicaciones - Responsable de un área clave, Aguad se fijó como objetivo mejorar las comunicaciones de forma integral. Le dio un tono político a la gestión
Gustavo Santos - Turismo - Recibió un turismo nacional e internacional "amesetado con tendencia a la baja". Su objetivo es generar 300.000 puestos de trabajo en cuatro años
lunes, 11 de abril de 2016
Honda invirtió $ 2,8 millones en su planta de Campana
(Notitrans) - La empresa, además, comenzó la fabricación en el país de un nuevo modelo de motocicleta que saldrá a la venta en mayo.
Honda Motor de Argentina invirtió $ 2,8 millones en mejorar la línea de producción de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana. La compañía también inició la fabricación de la CB190R, un nuevo modelo que saldrá a la venta en mayo próximo.
La CB190R es una moto deportiva de baja cilindrada, que cuenta con un motor de 184 cc (centímetros cúbicos) que entrega 16 caballos de potencia.
El nuevo modelo tiene diseño deportivo y cuenta con un panel digital LCD, iluminación de fondo del manillar y un sistema de iluminación LED integral. "Este nuevo modelo de Honda no sólo tendrá un diseño deportivo sino que prioriza la última tecnología, rendimiento y velocidad", señaló el gerente comercial de la firma, Martín Pirla. Con éste ya son seis los modelos de motos de Honda que se hacen en la Argentina, que tienen alrededor del 20% de componentes o motopartes de producción nacional.
El segmento de motos deportivas está creciendo en el mercado interno, y se estima que en 2017 su participación alcanzará a 10 % del total de ventas locales.
Honda Motor de Argentina invirtió $ 2,8 millones en mejorar la línea de producción de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana. La compañía también inició la fabricación de la CB190R, un nuevo modelo que saldrá a la venta en mayo próximo.
La CB190R es una moto deportiva de baja cilindrada, que cuenta con un motor de 184 cc (centímetros cúbicos) que entrega 16 caballos de potencia.
El nuevo modelo tiene diseño deportivo y cuenta con un panel digital LCD, iluminación de fondo del manillar y un sistema de iluminación LED integral. "Este nuevo modelo de Honda no sólo tendrá un diseño deportivo sino que prioriza la última tecnología, rendimiento y velocidad", señaló el gerente comercial de la firma, Martín Pirla. Con éste ya son seis los modelos de motos de Honda que se hacen en la Argentina, que tienen alrededor del 20% de componentes o motopartes de producción nacional.
El segmento de motos deportivas está creciendo en el mercado interno, y se estima que en 2017 su participación alcanzará a 10 % del total de ventas locales.
Otro prototipo que no evolucionó, el Let L-610
El Let L-610 es un avión prototipo para el fabricante checo de aeronaves civiles Let Kunovice.
A finales de los años 70, tras el éxito cosechado por el avión turbohélice bimotor LET L-410, la aerolínea Soviética Aeroflot solicitó a LET que diseñase un avión de reemplazo para el Antonov An-24.
El L-610 de LET fue diseñado como un avión turbohélice con dos de los nuevos motores checos Motorlet M 602 y con una capacidad de 40 plazas. El primer vuelo se vio retrasado debido a que el desarrollo del motor llevó más tiempo que el desarrollo del fuselaje. Finalmente los motores turbohélice Motorlet M 602 de 1.358 kW (1.822 cv) fueron concluidos y el avión efectuó su primer vuelos el 28 de diciembre de 1988. Ningún avión llegó a ser entregado a ningún cliente comercial, aunque uno de los avión fue exhibido con la librea de Aeroflot durante el Festival Aéreo de París en los 90. Un Let 610 M fue entregado a la Fuerza Aérea Checa, para ayudar en la certificación de la aeronave y llevar a cabo los vuelos de prueba con mayor celeridad.
Tras la caída soviética LET intentó occidentalizar el avión con la intención de abrir el mercado potencial del avión. El resultado fue un nuevo modelo, conocido como L-610G, propulsado por motores General Electric CT7, sistema electrónico de instrumentos de vuelo digital Collins Pro Line II, radar meteorológico Collins y piloto automático. El prototipo del L-610G realizó su primer vuelo el 18 de diciembre de 1992; cuatro años después de que lo hubiese hecho el L-610M.
Durante el periodo en que la ahora desaparecida Ayres Corp. fue la propietaria de LET, el avión también llegó a conocerse como el Ayres L-610, y durante un tiempo fue comercializado como Ayres 7000. El cliente de lanzamiento del Ayres 7000 iba a ser City Connexion Airlines sin embargo los problemas económicos que llevaron a Ayres a la bancarrota hicieron que el programa quedase paralizado.
Variantes:
-L-610M - Variante básica con motores Motorlet M 602.
-L-610G - Variante con motores General Electric XT7-9D.
Especificaciones:
Tipo Avión de línea
Fabricante República Checa Let Kunovice
Diseñado por prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
Primer vuelo 28 de diciembre de 1988
Usuario República Checa
N.º construidos 6
Tripulación: 2 (piloto y copiloto)
Capacidad: 40 plazas
Longitud: 21,72 m
Envergadura: 25,60 m
Altura: 8,19 m
Superficie alar: 56 m²
Peso vacío: 8.950 kg
Peso máximo al despegue: 14.500 kg
Planta motriz: 2× motores turbohélice General Electric General Electric CT7-9D.
Potencia: 1 305 kW (1 799 HP; 1 775 CV) cada uno.
Velocidad nunca excedida (Vne): 490 km/h - 265 nudos,
Velocidad crucero (Vc): 438 km/h 236 nudos
Alcance: 2.420 km
Techo de vuelo: 10.250 m 33.700 ft
Régimen de ascenso: 8,5 m/s 1.673 ft/min
A finales de los años 70, tras el éxito cosechado por el avión turbohélice bimotor LET L-410, la aerolínea Soviética Aeroflot solicitó a LET que diseñase un avión de reemplazo para el Antonov An-24.
El L-610 de LET fue diseñado como un avión turbohélice con dos de los nuevos motores checos Motorlet M 602 y con una capacidad de 40 plazas. El primer vuelo se vio retrasado debido a que el desarrollo del motor llevó más tiempo que el desarrollo del fuselaje. Finalmente los motores turbohélice Motorlet M 602 de 1.358 kW (1.822 cv) fueron concluidos y el avión efectuó su primer vuelos el 28 de diciembre de 1988. Ningún avión llegó a ser entregado a ningún cliente comercial, aunque uno de los avión fue exhibido con la librea de Aeroflot durante el Festival Aéreo de París en los 90. Un Let 610 M fue entregado a la Fuerza Aérea Checa, para ayudar en la certificación de la aeronave y llevar a cabo los vuelos de prueba con mayor celeridad.
Tras la caída soviética LET intentó occidentalizar el avión con la intención de abrir el mercado potencial del avión. El resultado fue un nuevo modelo, conocido como L-610G, propulsado por motores General Electric CT7, sistema electrónico de instrumentos de vuelo digital Collins Pro Line II, radar meteorológico Collins y piloto automático. El prototipo del L-610G realizó su primer vuelo el 18 de diciembre de 1992; cuatro años después de que lo hubiese hecho el L-610M.
Durante el periodo en que la ahora desaparecida Ayres Corp. fue la propietaria de LET, el avión también llegó a conocerse como el Ayres L-610, y durante un tiempo fue comercializado como Ayres 7000. El cliente de lanzamiento del Ayres 7000 iba a ser City Connexion Airlines sin embargo los problemas económicos que llevaron a Ayres a la bancarrota hicieron que el programa quedase paralizado.
Variantes:
-L-610M - Variante básica con motores Motorlet M 602.
-L-610G - Variante con motores General Electric XT7-9D.
Especificaciones:
Tipo Avión de línea
Fabricante República Checa Let Kunovice
Diseñado por prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
Primer vuelo 28 de diciembre de 1988
Usuario República Checa
N.º construidos 6
Tripulación: 2 (piloto y copiloto)
Capacidad: 40 plazas
Longitud: 21,72 m
Envergadura: 25,60 m
Altura: 8,19 m
Superficie alar: 56 m²
Peso vacío: 8.950 kg
Peso máximo al despegue: 14.500 kg
Planta motriz: 2× motores turbohélice General Electric General Electric CT7-9D.
Potencia: 1 305 kW (1 799 HP; 1 775 CV) cada uno.
Velocidad nunca excedida (Vne): 490 km/h - 265 nudos,
Velocidad crucero (Vc): 438 km/h 236 nudos
Alcance: 2.420 km
Techo de vuelo: 10.250 m 33.700 ft
Régimen de ascenso: 8,5 m/s 1.673 ft/min
Construirán una planta solar de 600 Mw
(TODO JUJUY) - El gobernador Gerardo Morales y representantes de la UTE JEMSE-IGA Energía y Construcciones y de la compañía china Shangay Electric Power Construction, cosubsidiaria de Power China, rubricaron un acuerdo marco para el financiamiento e instalación de una planta solar de 600 Mw, que se encuadra en un proyecto a ejecutar en dos etapas y que representará un sólido reposicionamiento de Jujuy en el mercado de generación energética.
Del acto, que tuvo lugar en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, participaron el embajador de la República Popular China en nuestro país, Yang Wanming; el vicepresidente de Shangai Electric Power Construction, Shen Gangyi; el presidente oficial de Power China Argentina, Tu Shuíping; el director de JEMSE-IGA, Enrique Gatti Rappallini; Bruno Díaz, representante de Talesun Solar; el vicegobernador, Carlos Haquim; el secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro; la senadora Silvia Giacoppo y las diputadas nacionales Gabriela Burgos, Gabriela Albornoz y Alejandra Martínez.
Este emprendimiento, por su envergadura y su valor estratégico, permitirá instalar la provincia ante los ojos del mundo como fuente de producción de energías renovables. Por otra parte, Morales procura motorizar la introducción de energías renovables para superar la crisis de las energías convencionales y, consecuentemente, demandantes de mayores costos de generación.
Jujuy acuna experiencia en materia de energía renovable, sin embargo a partir de la decisión de Morales y con el respaldo del presidente Mauricio Macri, Jujuy definitivamente comenzó a transitar el camino que conduce a la inserción en el mercado energético, cambiando la historia de la provincia.
En otro orden, se prevé la ejecución de planes de obras que satisfagan las necesidades de las comunidades del interior y, además, optimicen la calidad de vida en cada uno de los territorios, haciendo efectivo el compromiso oportunamente asumido por el Gobernador de lograr plena inclusión y equidad.
Tren de carga unirá las ciudades de China y Francia en 16 días
(Rieles.com) - El recorrido del ferrocarril será desde Wuhan a Lyon. Beijing busca potenciar la cooperación y promover la integración.
Un barco de carga de China a Francia puede demorar entre 50 y 60 días tras recorrer más de 20 mil kilómetros. Pero Beijing busca disminuir de manera considerable esa distancia. El miércoles, el gigante asiático inauguró el primer tren de carga directo que unirá Wuhan, en el centro de China, con Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia. En un viaje de 11.300 kilómetros, el tren, cargado de productos mayormente mecánicos, electrónicos y químicos, podrá llegar desde Asia a Europa en tan sólo 16 días.
El recorrido comenzará en el centro de China y saldrá de ese país a través del Paso Alataw, en Xinjiang, región que se ubica en el oeste del país. Desde allí tomará rumbo hacia Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia y Alemania, antes de llegar a su destino final.
Tanto París como Beijing celebraron el comienzo del funcionamiento del ferrocarril. La segunda economía del mundo espera que, además de disminuir los tiempos de transporte en comparación a la vía marítima, el tren fomente la cooperación de China con los países euroasiáticos, como Turquía y Rusia, entre otros.
“La Franja y la Ruta”
El recién inaugurado ferrocarril forma parte de la iniciativa china “Franja Económica de la Ruta de la Seda” y la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”, más conocida como “la Franja y la Ruta”. Este plan pretende revivir las dos antiguas rutas comerciales, donde durante siglos transitaron productos entre Oriente y Occidente. El fin es construir una red comercial y de infraestructura que logre conectar los tres continentes, Asia, Europa y Africa, a lo largo de estas antiguas rutas comerciales.
Según los expertos, la iniciativa demuestra la determinación del gigante asiático de promover la integración del mundo a través del comercio, ya que con “la Franja y la Ruta”, China busca conectar los países de los tres continentes y potenciar la cooperación mutua, además de ampliar los mercados.
El plan fue promulgado por el Presidente Xi Jinping en 2013 y ha sido elogiado por sus vecinos por otorgar mejores oportunidades y más desarrollo a los países involucrados. Esto, ya que la iniciativa nació en respuesta a la necesidad de desarrollo y cooperación.
Pero, según algunos analistas, para lograr la conectividad con los países de Medio Oriente y Europa, China tenía que comenzar con la construcción de transporte, como lo es, en este caso, el primer tren de carga que podrá enlazar a Francia con China. Entre otros productos que transportará el tren desde Europa a China se incluyen vinos, materiales agrícolas y productos para automóviles, todos fabricados en Francia.
Según la agencia china Xinhua, el proyecto se suma a otros trenes que ya existen en el país asiático, como en las ciudades de Chongqing, Zhengzhou, Changsha y Shenyang, las que tienen servicios de carga ferroviaria hacia Europa. (La Tercera)
Un barco de carga de China a Francia puede demorar entre 50 y 60 días tras recorrer más de 20 mil kilómetros. Pero Beijing busca disminuir de manera considerable esa distancia. El miércoles, el gigante asiático inauguró el primer tren de carga directo que unirá Wuhan, en el centro de China, con Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia. En un viaje de 11.300 kilómetros, el tren, cargado de productos mayormente mecánicos, electrónicos y químicos, podrá llegar desde Asia a Europa en tan sólo 16 días.
El recorrido comenzará en el centro de China y saldrá de ese país a través del Paso Alataw, en Xinjiang, región que se ubica en el oeste del país. Desde allí tomará rumbo hacia Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia y Alemania, antes de llegar a su destino final.
Tanto París como Beijing celebraron el comienzo del funcionamiento del ferrocarril. La segunda economía del mundo espera que, además de disminuir los tiempos de transporte en comparación a la vía marítima, el tren fomente la cooperación de China con los países euroasiáticos, como Turquía y Rusia, entre otros.
“La Franja y la Ruta”
El recién inaugurado ferrocarril forma parte de la iniciativa china “Franja Económica de la Ruta de la Seda” y la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”, más conocida como “la Franja y la Ruta”. Este plan pretende revivir las dos antiguas rutas comerciales, donde durante siglos transitaron productos entre Oriente y Occidente. El fin es construir una red comercial y de infraestructura que logre conectar los tres continentes, Asia, Europa y Africa, a lo largo de estas antiguas rutas comerciales.
Según los expertos, la iniciativa demuestra la determinación del gigante asiático de promover la integración del mundo a través del comercio, ya que con “la Franja y la Ruta”, China busca conectar los países de los tres continentes y potenciar la cooperación mutua, además de ampliar los mercados.
El plan fue promulgado por el Presidente Xi Jinping en 2013 y ha sido elogiado por sus vecinos por otorgar mejores oportunidades y más desarrollo a los países involucrados. Esto, ya que la iniciativa nació en respuesta a la necesidad de desarrollo y cooperación.
Pero, según algunos analistas, para lograr la conectividad con los países de Medio Oriente y Europa, China tenía que comenzar con la construcción de transporte, como lo es, en este caso, el primer tren de carga que podrá enlazar a Francia con China. Entre otros productos que transportará el tren desde Europa a China se incluyen vinos, materiales agrícolas y productos para automóviles, todos fabricados en Francia.
Según la agencia china Xinhua, el proyecto se suma a otros trenes que ya existen en el país asiático, como en las ciudades de Chongqing, Zhengzhou, Changsha y Shenyang, las que tienen servicios de carga ferroviaria hacia Europa. (La Tercera)
Confirman la venta de terrenos ferroviarios en Retiro
(enelsubte.com) - El GCBA lanzó la construcción de la Autopista Ribereña. Para financiar parte de la obra venderán la playa ferroviaria de Empalme Norte, ubicada entre Retiro, Catalinas y Puerto Madero. El sector inmobiliario ya planifica construir torres por 250.000 metros cuadrados. Un negocio de 250 millones de dólares.
Tras la presentación del proyecto del “Paseo del Bajo”, que incluye la construcción en trinchera de la demorada Autopista Ribereña, el Gobierno de la Ciudad confirmó que parte del proyecto se financiará con la venta del terreno ferroviario conocido como Empalme Norte. La operación había sido adelantada el mes pasado por este medio.
El predio, estratégicamente ubicado entre Catalinas y Puerto Madero, se encuentra comprendido entre las avenidas Eduardo Madero, Antártida Argentina, Cecilia Grierson y San Martín y consta de 90.000 metros cuadrados. Si se autorizase en el lugar el mismo tipo de construcción que en Catalinas Norte, se estima que la superficie edificada podría ascender a cerca de 250.000 metros cuadrados, algo que desde luego despertó las apetencias del sector inmobiliario.
Su venta al sector privado para desarrollo de oficinas y emprendimientos comerciales permitiría obtener unos 250 millones de dólares para financiar la autopista, que, en línea con las recientes declaraciones del ministro de Transporte, contará con carriles exclusivos para camiones y ómnibus de larga distancia.
No obstante, aún no ha sido aclarado qué ocurrirá con la conexión ferroviaria que existe en la zona una vez que se concrete el Paseo del Bajo. Cabe recordar que en el área existen vías operativas que permiten la vinculación de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y Roca entre sí y de estos con el Puerto de Buenos Aires.
En el ámbito ferroviario, la venta de esta playa de cargas ubicada en el corazón de Buenos Aires comienza a verse como una suerte de reedición del viejo proyecto inmobiliario que existió durante la década del 90 en el área de Retiro, que buscaba construir un gigantesco proyecto inmobiliario aprovechando los terrenos de las parrillas ferroviarias, la zona portuaria y hasta las propias estaciones terminales de Retiro, que quedarían desafectadas.
Especialistas internacionales en transporte suelen destacar y elogiar que Buenos Aires haya conservado el derecho de paso de los ferrocarriles y los terrenos que corresponden a la traza, como una condición que permite la prestación efectiva o potencial de servicios con los que otras metrópolis latinoamericanas apenas pueden soñar como el BRT o Metrobús.
En este caso, sin embargo, se estaría privilegiando el inmediato interés inmobiliario y del transporte automotor antes que ejecutar una solución que conserve la capacidad de transporte del ferrocarril. Significa que hasta que se construya la eventual Red de Expresos Regionales anunciada en campaña, sobre cuya concreción no hubo desde entonces noticias concretas, Buenos Aires perderá gran parte de su interconexión ferroviaria sin solución de continuidad.
Tras la presentación del proyecto del “Paseo del Bajo”, que incluye la construcción en trinchera de la demorada Autopista Ribereña, el Gobierno de la Ciudad confirmó que parte del proyecto se financiará con la venta del terreno ferroviario conocido como Empalme Norte. La operación había sido adelantada el mes pasado por este medio.
El predio, estratégicamente ubicado entre Catalinas y Puerto Madero, se encuentra comprendido entre las avenidas Eduardo Madero, Antártida Argentina, Cecilia Grierson y San Martín y consta de 90.000 metros cuadrados. Si se autorizase en el lugar el mismo tipo de construcción que en Catalinas Norte, se estima que la superficie edificada podría ascender a cerca de 250.000 metros cuadrados, algo que desde luego despertó las apetencias del sector inmobiliario.
Su venta al sector privado para desarrollo de oficinas y emprendimientos comerciales permitiría obtener unos 250 millones de dólares para financiar la autopista, que, en línea con las recientes declaraciones del ministro de Transporte, contará con carriles exclusivos para camiones y ómnibus de larga distancia.
No obstante, aún no ha sido aclarado qué ocurrirá con la conexión ferroviaria que existe en la zona una vez que se concrete el Paseo del Bajo. Cabe recordar que en el área existen vías operativas que permiten la vinculación de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y Roca entre sí y de estos con el Puerto de Buenos Aires.
En el ámbito ferroviario, la venta de esta playa de cargas ubicada en el corazón de Buenos Aires comienza a verse como una suerte de reedición del viejo proyecto inmobiliario que existió durante la década del 90 en el área de Retiro, que buscaba construir un gigantesco proyecto inmobiliario aprovechando los terrenos de las parrillas ferroviarias, la zona portuaria y hasta las propias estaciones terminales de Retiro, que quedarían desafectadas.
Especialistas internacionales en transporte suelen destacar y elogiar que Buenos Aires haya conservado el derecho de paso de los ferrocarriles y los terrenos que corresponden a la traza, como una condición que permite la prestación efectiva o potencial de servicios con los que otras metrópolis latinoamericanas apenas pueden soñar como el BRT o Metrobús.
En este caso, sin embargo, se estaría privilegiando el inmediato interés inmobiliario y del transporte automotor antes que ejecutar una solución que conserve la capacidad de transporte del ferrocarril. Significa que hasta que se construya la eventual Red de Expresos Regionales anunciada en campaña, sobre cuya concreción no hubo desde entonces noticias concretas, Buenos Aires perderá gran parte de su interconexión ferroviaria sin solución de continuidad.
El Gobierno puso un tope al déficit de Aerolíneas, US$ 442 millones
(Clarin.com) - En el Gobierno quedó descartada la idea de un plan maestro para los próximos cuatro años en Aerolíneas Argentinas y Austral.
Las dos líneas aéreas estatizadas seguirán siendo manejadas con una política de ajuste gradual, con un tope de pérdidas concreto: para este año, la meta de Isela Costantini, titular de las dos líneas aéreas estatizadas, es que no pierdan más de US$ 442 millones. Así lo aseguraron cerca del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Foto: Isela Costantini, presidente de Aerolíneas Argentinas. JUAN MANUEL FOGLIA
El lunes, Aerolíneas dará a conocer su grilla de rutas para el segundo semestre. Lejos de hacer recortes, reforzará con más frecuencias las rutas a Roma, Barcelona y Miami, incorporará un vuelo semanal a Porto Seguro y también habrá más vuelos a destinos del Caribe.
Otra sorpresa de la nueva grilla es la conexión entre aeropuertos del Interior, sin pasar por Buenos Aires: una manera de anticiparse a aerolíneas extranjeras que están siendo autorizadas a despegar al exterior desde Rosario,Córdoba, Mendoza y Salta.
-A principios de año, Costantinni había dicho que Aerolíneas iba a perder $ 15.000 millones. Ahora dicen que las pérdidas serán la mitad, pero las frecuencias aumentan..., se consultó a fuentes de la empresa.
-No hay una única forma de ajuste, sino una batería de medidas: estamos emprolijando la gestión, renegociando deudas financieras y con los proveedores. Eso genera ahorro. Y también, con la nueva grilla, se busca generar más ventas.
Según datos de 2015 a los que tuvo acceso Clarín, la única fuente de ingresos genuina que hoy tiene Aerolíneas es el mercado de cabotaje: durante el último año de la gestión de Mariano Recalde, los vuelos dentro del país generaron un resultado operativo positivo de US$ 266 millones y una ganancia neta de US$ 19 millones. El resto, fue pura pérdida: se esfumaron US$ 70 millones con los vuelos a Europa, US$ 119 millones con las rutas a EE.UU. y el Caribe y US$ 22 millones con rutas regionales.
El capítulo “vuelos” representa apenas un tercio de las pérdidas de 2015, por US$ 190 millones. El año pasado, el Estado debió girarle a Recalde fondos por $ 5.220 millones, equivalentes a más de US$ 520 millones. El resto se fue en gastos operativos, incluido el alquiler de parte de la flota de Aerolíneas.
Desde su estatización de hecho, a medidados de 2008, Aerolíneas recibió subsidios por más de US$ 5.000 millones. Muy poco de ese dinero fue destinado a inversión genuina: Aerolíneas y Austral tienen un puñado de aviones propios (Boeing 737 y Embraer) y Austral está pagando en cuotas la controvertida compra de los 20 Embraer que está investigando la Justicia. El resto de la flota es alquilada.
Si a esos subsidios se suman las pérdidas previstas para 2016, el rojo acumulado de ambas compañías trepará a US$ 5.500 millones. En lo que va del año, los subsidios que recibió Aerolíneas suman $ 1.425 millones, algo menos de US$ 100 millones, según el ministerio de Economía. Hace un mes, Costantini fue convocada de forma inesperada por Mauricio Macri a Olivos. Según contó ella misma a los empleados, el Presidente quería saber el déficit que estimaba la funcionaria. El siguiente encuentro iba a ser 20 días más tarde. La entrevista quedó en el aire: ahora Costantini tiene por delante encuentros periódicos con Dietrich, su superior y con Mario Quintana, coordinador del Gabinete económico.
Las dos líneas aéreas estatizadas seguirán siendo manejadas con una política de ajuste gradual, con un tope de pérdidas concreto: para este año, la meta de Isela Costantini, titular de las dos líneas aéreas estatizadas, es que no pierdan más de US$ 442 millones. Así lo aseguraron cerca del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Foto: Isela Costantini, presidente de Aerolíneas Argentinas. JUAN MANUEL FOGLIA
El lunes, Aerolíneas dará a conocer su grilla de rutas para el segundo semestre. Lejos de hacer recortes, reforzará con más frecuencias las rutas a Roma, Barcelona y Miami, incorporará un vuelo semanal a Porto Seguro y también habrá más vuelos a destinos del Caribe.
Otra sorpresa de la nueva grilla es la conexión entre aeropuertos del Interior, sin pasar por Buenos Aires: una manera de anticiparse a aerolíneas extranjeras que están siendo autorizadas a despegar al exterior desde Rosario,Córdoba, Mendoza y Salta.
-A principios de año, Costantinni había dicho que Aerolíneas iba a perder $ 15.000 millones. Ahora dicen que las pérdidas serán la mitad, pero las frecuencias aumentan..., se consultó a fuentes de la empresa.
-No hay una única forma de ajuste, sino una batería de medidas: estamos emprolijando la gestión, renegociando deudas financieras y con los proveedores. Eso genera ahorro. Y también, con la nueva grilla, se busca generar más ventas.
Según datos de 2015 a los que tuvo acceso Clarín, la única fuente de ingresos genuina que hoy tiene Aerolíneas es el mercado de cabotaje: durante el último año de la gestión de Mariano Recalde, los vuelos dentro del país generaron un resultado operativo positivo de US$ 266 millones y una ganancia neta de US$ 19 millones. El resto, fue pura pérdida: se esfumaron US$ 70 millones con los vuelos a Europa, US$ 119 millones con las rutas a EE.UU. y el Caribe y US$ 22 millones con rutas regionales.
El capítulo “vuelos” representa apenas un tercio de las pérdidas de 2015, por US$ 190 millones. El año pasado, el Estado debió girarle a Recalde fondos por $ 5.220 millones, equivalentes a más de US$ 520 millones. El resto se fue en gastos operativos, incluido el alquiler de parte de la flota de Aerolíneas.
Desde su estatización de hecho, a medidados de 2008, Aerolíneas recibió subsidios por más de US$ 5.000 millones. Muy poco de ese dinero fue destinado a inversión genuina: Aerolíneas y Austral tienen un puñado de aviones propios (Boeing 737 y Embraer) y Austral está pagando en cuotas la controvertida compra de los 20 Embraer que está investigando la Justicia. El resto de la flota es alquilada.
Si a esos subsidios se suman las pérdidas previstas para 2016, el rojo acumulado de ambas compañías trepará a US$ 5.500 millones. En lo que va del año, los subsidios que recibió Aerolíneas suman $ 1.425 millones, algo menos de US$ 100 millones, según el ministerio de Economía. Hace un mes, Costantini fue convocada de forma inesperada por Mauricio Macri a Olivos. Según contó ella misma a los empleados, el Presidente quería saber el déficit que estimaba la funcionaria. El siguiente encuentro iba a ser 20 días más tarde. La entrevista quedó en el aire: ahora Costantini tiene por delante encuentros periódicos con Dietrich, su superior y con Mario Quintana, coordinador del Gabinete económico.
La advertencia de EE.UU. sobre Báez puede complicar a Cristina
Por Daniel Santoro - Clarin.com
La ex presidenta debería haber hecho una denuncia ante la Justicia por los movimientos de dinero del empresario.
Plata quemada. Una de las obras de Lázaro Báez en Santa Cruz, a medio terminar. / Néstor García
El juez federal Sebastián Casanello apuesta a tener ahora colaboración de las justicias de Suiza, EE.UU., España y Uruguay, entre otros países, para avanzar contra la “pata financiera” de la ruta de del dinero K, revelaron a Clarín fuentes oficiales. Sucede que el ex valijero Leonardo Fariña dio varias nuevas pistas sobre esa vía, empezando por Ernesto Clarens, y reveló que en el 2011 EE.UU. advirtió, en forma extraoficial, a la entonces presidenta Cristina Kirchner, que el empresario K Lázaro Báez “estaba fugando capitales de la Argentina”, como este diario adelantó el domingo en exclusiva.
Consultados voceros de la embajada norteamericana en Buenos Aires sobre esa declaración de Fariña contestaron con un “sin comentarios”. Mientras que altas fuentes de la Cancillería dijeron que ese tipo de mensajes generalmente se transmiten en forma verbal, más aún con “el pánico” que tenían los diplomáticos de carrera “a poner, como correspondería, este tipo de advertencias por escrito” durante la gestión del ex canciller Héctor Timerman y la invasión de “La Cámpora” al palacio San Martín.
Fariña explicó cómo muchas operaciones se hacían a través de Internet con, por ejemplo, el banco Lombard Odier de Suiza. Precisó que tenían un dispositivo de seguridad que da claves para operar en Internet. Después de la queja de Cristina, Báez le pidió más “prudencia” a Fariña. Lo que no sabe el socio de los Kirchner es que toda operación electrónica por Internet queda registrada o “iluminada”, como dicen los espías, en la web que controlan los EE.UU. para luchar contra el narcotráfico y prevenir el financiamiento del terrorismo internacional, entre otros objetivos.
La única reacción de Cristina a esa advertencia fue llamar a Báez a Olivos para increparlo y anunciarle que le iba a suspender una serie de contratos públicos que le había adjudicado su esposo, Néstor Kirchner, siempre según los dichos de Fariña. Sólo este tramo de la confesión del ex esposo de Karina Jelinek, complica judicialmente a la ex presidenta. Como funcionaria pública tenía la obligación jurídica de formular una denuncia penal contra Báez y poner en marcha una investigación de la UIF que manejaba el economista kirchnerista José Sbatella. Es decir, Cristina podría haber cometido el delito de omisión de denuncia o incluso podría ser considerado cómplice del lavado. Al margen de otras pistas que ya están en la causa.
En el requerimiento de instrucción del fiscal Guillermo Marijuán del sábado se imputó a Cristina, al ministro De Vido, a Clarens y otros financistas cuyos nombres aún no se conocen porque están bajo investigación y secreto de sumario para tratar de probar los dichos de Fariña. Hay dos tipos de imputados, explicó una fuente judicial al hacer una lectura fina del pedido de Marijuán. Imputados acusados de conductas delictivas concretas, como De Vido por la entrega de contratos de obra pública a Báez y otros con acusaciones generales. En este “último grupo se encuentra, por ahora, Cristina”, dijo la fuente.
Fariña es testigo directo o ejecutor de operaciones de lavado que tuvieron lugar después de la muerte de Néstor Kirchner, es decir entre octubre del 2010 y fines del 2011 e indirecto de operaciones que le relató Báez en confianza del período anterior. En algunas partes de su confesión, incluso dijo frases como que “Cristina no sabía” de tal o cual maniobra ordenada por Báez, quien manejó –por lo menos– unos 100 millones de dólares que “los consideraba como propios” y que podría haber pertenecido a Kirchner o a algún acuerdo entre el empresario K y el ex presidente sobre plata producto de contratos, sobreprecios u otro origen.
Fariña dejó en claro que hubo tres etapas en la ruta del dinero K: una entre el 2003 y la muerte de Néstor, otra cuando él y Elaskar manejaron esos 100 millones de dólares y otra a partir de que el entorno de Báez pasa a controlar La Rosadita. El video de Telenoche es de fines del 2012. De los allanamientos y otras medidas que tomó Casanello se deduce que el juez está abriendo el abanico de su causa a esas tres etapas. Por esa razón, el juez podría pedir a su colega Julián Ercolini que desarchive la causa por lavado que abrió por una denuncia de la Justicia de Liechtenstein en el 2007 y que provocó el bloqueo temporario de 10 millones de dólares de Austral Construcciones, tal como reveló Clarín y la diputada Elisa Carrió convirtió en la primera denuncia penal contra Báez.
Aquella dirección que dio Casanello hacia “la pata financiera” se ve favorecida por recientes gestos del gobierno de Barack Obama. El más importante fue la reanudación de los vínculos entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el organismo antilavado de EE. UU. La velocidad de la investigación de Casanello dependerá de la voluntad política del gobierno de Macri de aportar, más tarde o más temprano, ese tipo de mecanismos de cooperación.
La ex presidenta debería haber hecho una denuncia ante la Justicia por los movimientos de dinero del empresario.
El juez federal Sebastián Casanello apuesta a tener ahora colaboración de las justicias de Suiza, EE.UU., España y Uruguay, entre otros países, para avanzar contra la “pata financiera” de la ruta de del dinero K, revelaron a Clarín fuentes oficiales. Sucede que el ex valijero Leonardo Fariña dio varias nuevas pistas sobre esa vía, empezando por Ernesto Clarens, y reveló que en el 2011 EE.UU. advirtió, en forma extraoficial, a la entonces presidenta Cristina Kirchner, que el empresario K Lázaro Báez “estaba fugando capitales de la Argentina”, como este diario adelantó el domingo en exclusiva.
Consultados voceros de la embajada norteamericana en Buenos Aires sobre esa declaración de Fariña contestaron con un “sin comentarios”. Mientras que altas fuentes de la Cancillería dijeron que ese tipo de mensajes generalmente se transmiten en forma verbal, más aún con “el pánico” que tenían los diplomáticos de carrera “a poner, como correspondería, este tipo de advertencias por escrito” durante la gestión del ex canciller Héctor Timerman y la invasión de “La Cámpora” al palacio San Martín.
Fariña explicó cómo muchas operaciones se hacían a través de Internet con, por ejemplo, el banco Lombard Odier de Suiza. Precisó que tenían un dispositivo de seguridad que da claves para operar en Internet. Después de la queja de Cristina, Báez le pidió más “prudencia” a Fariña. Lo que no sabe el socio de los Kirchner es que toda operación electrónica por Internet queda registrada o “iluminada”, como dicen los espías, en la web que controlan los EE.UU. para luchar contra el narcotráfico y prevenir el financiamiento del terrorismo internacional, entre otros objetivos.
La única reacción de Cristina a esa advertencia fue llamar a Báez a Olivos para increparlo y anunciarle que le iba a suspender una serie de contratos públicos que le había adjudicado su esposo, Néstor Kirchner, siempre según los dichos de Fariña. Sólo este tramo de la confesión del ex esposo de Karina Jelinek, complica judicialmente a la ex presidenta. Como funcionaria pública tenía la obligación jurídica de formular una denuncia penal contra Báez y poner en marcha una investigación de la UIF que manejaba el economista kirchnerista José Sbatella. Es decir, Cristina podría haber cometido el delito de omisión de denuncia o incluso podría ser considerado cómplice del lavado. Al margen de otras pistas que ya están en la causa.
En el requerimiento de instrucción del fiscal Guillermo Marijuán del sábado se imputó a Cristina, al ministro De Vido, a Clarens y otros financistas cuyos nombres aún no se conocen porque están bajo investigación y secreto de sumario para tratar de probar los dichos de Fariña. Hay dos tipos de imputados, explicó una fuente judicial al hacer una lectura fina del pedido de Marijuán. Imputados acusados de conductas delictivas concretas, como De Vido por la entrega de contratos de obra pública a Báez y otros con acusaciones generales. En este “último grupo se encuentra, por ahora, Cristina”, dijo la fuente.
Fariña es testigo directo o ejecutor de operaciones de lavado que tuvieron lugar después de la muerte de Néstor Kirchner, es decir entre octubre del 2010 y fines del 2011 e indirecto de operaciones que le relató Báez en confianza del período anterior. En algunas partes de su confesión, incluso dijo frases como que “Cristina no sabía” de tal o cual maniobra ordenada por Báez, quien manejó –por lo menos– unos 100 millones de dólares que “los consideraba como propios” y que podría haber pertenecido a Kirchner o a algún acuerdo entre el empresario K y el ex presidente sobre plata producto de contratos, sobreprecios u otro origen.
Fariña dejó en claro que hubo tres etapas en la ruta del dinero K: una entre el 2003 y la muerte de Néstor, otra cuando él y Elaskar manejaron esos 100 millones de dólares y otra a partir de que el entorno de Báez pasa a controlar La Rosadita. El video de Telenoche es de fines del 2012. De los allanamientos y otras medidas que tomó Casanello se deduce que el juez está abriendo el abanico de su causa a esas tres etapas. Por esa razón, el juez podría pedir a su colega Julián Ercolini que desarchive la causa por lavado que abrió por una denuncia de la Justicia de Liechtenstein en el 2007 y que provocó el bloqueo temporario de 10 millones de dólares de Austral Construcciones, tal como reveló Clarín y la diputada Elisa Carrió convirtió en la primera denuncia penal contra Báez.
Aquella dirección que dio Casanello hacia “la pata financiera” se ve favorecida por recientes gestos del gobierno de Barack Obama. El más importante fue la reanudación de los vínculos entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el organismo antilavado de EE. UU. La velocidad de la investigación de Casanello dependerá de la voluntad política del gobierno de Macri de aportar, más tarde o más temprano, ese tipo de mecanismos de cooperación.
La multimillonaria red de contratos con universidades que manejaba Julio De Vido
Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com
Fue un esquema que operó casi sin control y que involucraba a centros de estudios para producir, entre otras cosas, series de ficción. El nuevo gobierno frenó todo. El fiscal Marijuán investiga el dinero. Alicia Kirchner, también involucrada
Foto: La presidente Cristina Kirchner, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido y secretario General de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro Crédito: DyN
La expresión "hablen con Julio" no fue solo una de las frases internas más paradigmáticas del kirchnerismo: nunca un ministro en casi 35 años de democracia acumuló tanto poder real como el arquitecto De Vido. Como cabeza de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, De Vido supo administrar la que fue probablemente la mayor caja del Estado Nacional durante doce años.
Solo para 2014, por ejemplo, el Ministerio de Planificación contó con más de 23 mil millones de pesos de acuerdo al Presupuesto aprobado por el Congreso, casi la mitad de la plata nacional para obra pública. Distribuir esa caja, por otra parte, no era fácil. Para hacerlo, De Vido contó con "diagonales" perfectamente amparadas por la ley. Durante años, Planificación utilizó el esquema de convenios-marco con universidades públicas, aliadas en retórica y operativa al poder K, que mediante decretos firmados por Cristina Kirchner como el 893/12 o el 1023/01 permitía contrataciones directas bajo el paraguas de los pactos ministeriales. Una ventana ideal para, acaso, favorecer amigos y partidarios.
Esto creó un nuevo frente de tormenta en Comodoro Py. Las primeras revelaciones de Infobae llevaron al fiscal Marijuán a iniciar una investigación preliminar sobre el flujo de dinero a facultades estatales. Marijuán busca saber sobre la existencia de una administración fraudulenta y una defraudación al Estado en el manejo de fondos públicos. Intentará determinar si hubo desvíos ilícitos por obras inexistentes, subejecutadas o sobrevaluadas e irá tras los destinos exactos de los fondos. De todo este esquema, quedó un rastro de papeles. De Vido siguió alimentándolo casi hasta el final.
El 30 de octubre del año pasado, cuando la llegada del macrismo al poder era una hipótesis secundaria, el expediente 718 de la Universidad Nacional de José C. Paz al que accedió Infobae marcó un nuevo convenio entre la institución y la cartera de Planificación, a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Universitaria.
Pero el dinero del convenio mismo no vendría de Planificación, sino de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hoy presidida por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. No sorprende la mención: con la CAF, De Vido había sostenido una relación fluida durante años. "Edificio Aulario y Comedor Universitario" era el fin del proyecto, no en su comienzo sino en su "Etapa II", con una "Comisión Evaluadora que intervendrá en el mismo", dice el expediente de la UNPAZ. El monto: "$49,8 millones de pesos", siendo "el tope para las cotizaciones de los oferentes". El documento cuenta con la firma del rector de la UNPAZ, el abogado Federico Gastón Thea.
Señalado como el cerebro jurídico de Axel Kiciloff mientras era jefe del Ministerio de Economía, Thea, secretario de Legal y Técnica de la cartera, fue parte de las misiones para negociar con los fondos buitres. Llegó a la UNPAZ al frente de una lista kirchnerista: ganó el cargo según medios de la localidad bonaerense con el 90% de los votos. Le agradeció en su discurso al caudillo local Mario Ishii, identificado con los liderazgos cíclicos del peronismo oficialista. El edificio de la UNPAZ hoy lleva su nombre. Este medio buscó saber qué pasó con los $49,8 millones de pesos de Planificación, quién respondió a la licitación, qué montos fueron asignados. No hubo ninguna respuesta tras contactar a Thea mediante su secretaria privada en la Universidad.
Este no es el único caso; la norma suele ir más allá de meramente hacer edificios. El expediente interno de Planificación 127708/2014 pidió a la Universidad de San Martín, designada como co-contratante, "efectuar un proyecto de desarrollo de stands incluyendo contenido a exponer y recursos a utilizar para los espacios ocupados por los organismos vinculados al Ministerio" en Tecnópolis bajo la modalidad de "contratación directa con universidades nacionales" para "divulgar la labor" de la cartera a cargo de De Vido. Se designaron cuatro cuotas paulatinas "contra la presentación de la factura correspondiente". En total, 30 millones de pesos.
Otros 214 millones salieron de Planificación para financiar al Centro Cultural Kirchner con la Universidad de Tres de Febrero como virtual válvula contable tras un convenio de 22 cláusulas rubricado a fines de 2014. Por su parte en el convenio, se pactó que la UNTREF percibiera en concepto de "gastos administrativos" el 10 por ciento de todo el dinero involucrado: $21,4 millones de pesos, lo que formó para la institución liderada por Aníbal Jozami y el vicerrector Martín Kaufmann una caja mayor a la asignada por el Presupuesto Nacional.
Todos juegan
No fue el único Ministerio que inyectó fondos en la UNTREF. La cartera de Alicia Kirchner también aportó con fuerza en el año final del gobierno del Frente para la Victoria. Un convenio suscripto en julio de 2015 entre la UNTREF y Desarrollo Social pactó una transferencia de fondos por $31 millones de pesos para diversas actividades como el Plan Progresar: la Universidad se quedaría con un 5%, de acuerdo al expediente interno 1062/15, que expresamente marca que la UNTREF deberá presentar "una rendición de cuentas" ante la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional de la cartera del Ministerio.
Otro convenio con Desarrollo Social con fecha del 24 de febrero del año pasado marcó otros $31,5 millones con otros $1,5 millones al tesoro de la UNTREF para "fomentar experiencias de desarrollo juvenil". Los actores kirchneristas también tuvieron su lugar. SAGAI, con Pablo Echarri como protesorero, fue incluida en un convenio junto a Argentores y la Sociedad Argentina de Actores. Esto figura en una adenda que consta en los registros de la Universidad para un convenio del 28 de junio de 2015 entre Desarrollo Social y la UNTREF por el plan "Argentina Creativa", que indica más de $36 millones de pesos, sin aclarar honorarios para la Universidad.
Hoy, todo esto está frenado. Los diversos problemas del ex superministro De Vido en Comodoro Py no ocurren en un vacío. Una fuente en una de las universidades más beneficiadas por el esquema de convenios asegura: "Ya no se pica una factura de ministerio más". El decreto 336, firmado en febrero de este año por Mauricio Macri, congeló los convenios entre el Estado y las universidades nacionales, incluso las privadas "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016", un requerimiento que debía hacerse expresamente ante el Jefe de Gabinete. El DNU ordenó crear un "Registro de Convenios" en el Ministerio de Educación y la intervención del Ministerio de Modernización en los convenios que sigan en pie.
El jefe de la cartera, Andrés Ibarra, ya había anunciado antes de la publicación del DNU que se anularían "los convenios injustificados", algo que muchos criticaron como una máscara administrativa para justificar despidos administrativos.
Hoy, el problema son precisamente la última capa de los convenios: los contratos. Una alta fuente en Modernización revela que hay 13 mil contratos identificados hasta el momento dentro de convenios, de un promedio de 20 mil pesos cada uno. Tres mil de ellos ya fueron dados de baja. "Los convenios servían para tercerizar el trabajo de los ministerios, entre otras cosas. En los contratos veías gente que cobraba y no iba a trabajar, gente que cobraba por ser militante, que hay un número significativo, o duplicación de tareas. Es una caja negra de la que nos vamos enterando cosas nuevas cada día. Planificación, sí, es lo más grande", apunta la fuente.
De vuelta a Tecnópolis, una contratación directa de Planificación, de acuerdo al expediente 16204/2015 del Ministerio con la Universidad Nacional de La Matanza como co-contratante apuntó a "un Plan Operativo de Comunicación Visual" para las áreas que ocupaba el MinPlan en la feria. El pedido de cotización debía ser definido por la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio, el área más crítica en la cartera conducida por De Vido de todo este esquema de convenios.
El pequeño Hollywood kirchnerista
La Universidad de San Martín, tiene su parte, con una gran porción de la creación de contenido audiovisual. El expediente 309814/2015 comisiona a la UNSAM tres proyectos al menos ambiciosos: dos series animadas de cuarenta capítulos cada una, de trece minutos cada uno y una película de ochenta minutos. La Unidad Operativa era el lugar para presentar la propuesta técnico-económica, mediante la modalidad de "compra abierta".
El blog Eliminando Variables ya había revelado el expediente 308987/2015 para crear con la UNSAM una novela de sesenta capítulos de 48 minutos, llamada "La Fuerza del Amor" así como "Bruna Pereyra", otra telenovela de épica kirchnerista en trece capítulo de 52 minutos, la historia de una mujer desde 2003 hasta 2015 que contempla "los distintos avances en derechos sociales, infraestructura y calidad de vida" e incluso tres temporadas de otra serie, "Donde la palabra calla", de contenido inspiracional para adultos en crisis.
El expediente 44156/2015 licitó a la UNSAM para tres series: un policial, un drama y una comedia. No termina ahí: otro expediente con siete proyectos incluyó series infantiles e históricas, más una serie de microdocumentales dedicados a glorificar las obras de Planificación como la represa Néstor Kirchner en Santa Cruz y, previsiblemente, el CCK mismo. También, una serie "de aventuras" de ocho capítulos sobre la primera colonia que existió en las Islas Malvinas entre 1829 y 1833, con la idea de rodar "una historia entretenida para toda la familia". La presentación de cotización cerraba el 25 de abril del 2015.
Ahora ¿quién supervisaba todo? ¿Quién se encargaba de controlarlo desde el Estado? El poder fáctico podía blindar a De Vido, pero las universidades podían ser un nexo más permeable. Las auditorías de la AGN en la UNTREF, por ejemplo, fueron algo escasas. El decreto 336 establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, para que realice "una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal" contratadas en los últimos cuatro meses del kirchnerismo.
Martín Kaufmann, vicerrector de la UNTREF, sostuvo en un encuentro con Infobae que el control lo realizaba "la SIGEN, que audita a las universidades, así como los mismos organismos que nos contratan". Kaufmann siguió: "Tenemos un representante de la SIGEN en la Universidad que controla los convenios". Sin embargo, ante repetidas consultas ante la SIGEN para corroborar qué controles se realizaban en la Universidad de Tres de Febrero así como en otras facultades alineadas con el oficialismo, la Sindicatura no ofreció ninguna respuesta.
(investigación realizada con la colaboración de Andrés Ballesteros)
Fue un esquema que operó casi sin control y que involucraba a centros de estudios para producir, entre otras cosas, series de ficción. El nuevo gobierno frenó todo. El fiscal Marijuán investiga el dinero. Alicia Kirchner, también involucrada
Foto: La presidente Cristina Kirchner, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido y secretario General de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro Crédito: DyN
La expresión "hablen con Julio" no fue solo una de las frases internas más paradigmáticas del kirchnerismo: nunca un ministro en casi 35 años de democracia acumuló tanto poder real como el arquitecto De Vido. Como cabeza de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, De Vido supo administrar la que fue probablemente la mayor caja del Estado Nacional durante doce años.
Solo para 2014, por ejemplo, el Ministerio de Planificación contó con más de 23 mil millones de pesos de acuerdo al Presupuesto aprobado por el Congreso, casi la mitad de la plata nacional para obra pública. Distribuir esa caja, por otra parte, no era fácil. Para hacerlo, De Vido contó con "diagonales" perfectamente amparadas por la ley. Durante años, Planificación utilizó el esquema de convenios-marco con universidades públicas, aliadas en retórica y operativa al poder K, que mediante decretos firmados por Cristina Kirchner como el 893/12 o el 1023/01 permitía contrataciones directas bajo el paraguas de los pactos ministeriales. Una ventana ideal para, acaso, favorecer amigos y partidarios.
Esto creó un nuevo frente de tormenta en Comodoro Py. Las primeras revelaciones de Infobae llevaron al fiscal Marijuán a iniciar una investigación preliminar sobre el flujo de dinero a facultades estatales. Marijuán busca saber sobre la existencia de una administración fraudulenta y una defraudación al Estado en el manejo de fondos públicos. Intentará determinar si hubo desvíos ilícitos por obras inexistentes, subejecutadas o sobrevaluadas e irá tras los destinos exactos de los fondos. De todo este esquema, quedó un rastro de papeles. De Vido siguió alimentándolo casi hasta el final.
El 30 de octubre del año pasado, cuando la llegada del macrismo al poder era una hipótesis secundaria, el expediente 718 de la Universidad Nacional de José C. Paz al que accedió Infobae marcó un nuevo convenio entre la institución y la cartera de Planificación, a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Universitaria.
Pero el dinero del convenio mismo no vendría de Planificación, sino de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, hoy presidida por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. No sorprende la mención: con la CAF, De Vido había sostenido una relación fluida durante años. "Edificio Aulario y Comedor Universitario" era el fin del proyecto, no en su comienzo sino en su "Etapa II", con una "Comisión Evaluadora que intervendrá en el mismo", dice el expediente de la UNPAZ. El monto: "$49,8 millones de pesos", siendo "el tope para las cotizaciones de los oferentes". El documento cuenta con la firma del rector de la UNPAZ, el abogado Federico Gastón Thea.
Señalado como el cerebro jurídico de Axel Kiciloff mientras era jefe del Ministerio de Economía, Thea, secretario de Legal y Técnica de la cartera, fue parte de las misiones para negociar con los fondos buitres. Llegó a la UNPAZ al frente de una lista kirchnerista: ganó el cargo según medios de la localidad bonaerense con el 90% de los votos. Le agradeció en su discurso al caudillo local Mario Ishii, identificado con los liderazgos cíclicos del peronismo oficialista. El edificio de la UNPAZ hoy lleva su nombre. Este medio buscó saber qué pasó con los $49,8 millones de pesos de Planificación, quién respondió a la licitación, qué montos fueron asignados. No hubo ninguna respuesta tras contactar a Thea mediante su secretaria privada en la Universidad.
Este no es el único caso; la norma suele ir más allá de meramente hacer edificios. El expediente interno de Planificación 127708/2014 pidió a la Universidad de San Martín, designada como co-contratante, "efectuar un proyecto de desarrollo de stands incluyendo contenido a exponer y recursos a utilizar para los espacios ocupados por los organismos vinculados al Ministerio" en Tecnópolis bajo la modalidad de "contratación directa con universidades nacionales" para "divulgar la labor" de la cartera a cargo de De Vido. Se designaron cuatro cuotas paulatinas "contra la presentación de la factura correspondiente". En total, 30 millones de pesos.
Otros 214 millones salieron de Planificación para financiar al Centro Cultural Kirchner con la Universidad de Tres de Febrero como virtual válvula contable tras un convenio de 22 cláusulas rubricado a fines de 2014. Por su parte en el convenio, se pactó que la UNTREF percibiera en concepto de "gastos administrativos" el 10 por ciento de todo el dinero involucrado: $21,4 millones de pesos, lo que formó para la institución liderada por Aníbal Jozami y el vicerrector Martín Kaufmann una caja mayor a la asignada por el Presupuesto Nacional.
Todos juegan
No fue el único Ministerio que inyectó fondos en la UNTREF. La cartera de Alicia Kirchner también aportó con fuerza en el año final del gobierno del Frente para la Victoria. Un convenio suscripto en julio de 2015 entre la UNTREF y Desarrollo Social pactó una transferencia de fondos por $31 millones de pesos para diversas actividades como el Plan Progresar: la Universidad se quedaría con un 5%, de acuerdo al expediente interno 1062/15, que expresamente marca que la UNTREF deberá presentar "una rendición de cuentas" ante la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional de la cartera del Ministerio.
Otro convenio con Desarrollo Social con fecha del 24 de febrero del año pasado marcó otros $31,5 millones con otros $1,5 millones al tesoro de la UNTREF para "fomentar experiencias de desarrollo juvenil". Los actores kirchneristas también tuvieron su lugar. SAGAI, con Pablo Echarri como protesorero, fue incluida en un convenio junto a Argentores y la Sociedad Argentina de Actores. Esto figura en una adenda que consta en los registros de la Universidad para un convenio del 28 de junio de 2015 entre Desarrollo Social y la UNTREF por el plan "Argentina Creativa", que indica más de $36 millones de pesos, sin aclarar honorarios para la Universidad.
Hoy, todo esto está frenado. Los diversos problemas del ex superministro De Vido en Comodoro Py no ocurren en un vacío. Una fuente en una de las universidades más beneficiadas por el esquema de convenios asegura: "Ya no se pica una factura de ministerio más". El decreto 336, firmado en febrero de este año por Mauricio Macri, congeló los convenios entre el Estado y las universidades nacionales, incluso las privadas "cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016", un requerimiento que debía hacerse expresamente ante el Jefe de Gabinete. El DNU ordenó crear un "Registro de Convenios" en el Ministerio de Educación y la intervención del Ministerio de Modernización en los convenios que sigan en pie.
El jefe de la cartera, Andrés Ibarra, ya había anunciado antes de la publicación del DNU que se anularían "los convenios injustificados", algo que muchos criticaron como una máscara administrativa para justificar despidos administrativos.
Hoy, el problema son precisamente la última capa de los convenios: los contratos. Una alta fuente en Modernización revela que hay 13 mil contratos identificados hasta el momento dentro de convenios, de un promedio de 20 mil pesos cada uno. Tres mil de ellos ya fueron dados de baja. "Los convenios servían para tercerizar el trabajo de los ministerios, entre otras cosas. En los contratos veías gente que cobraba y no iba a trabajar, gente que cobraba por ser militante, que hay un número significativo, o duplicación de tareas. Es una caja negra de la que nos vamos enterando cosas nuevas cada día. Planificación, sí, es lo más grande", apunta la fuente.
De vuelta a Tecnópolis, una contratación directa de Planificación, de acuerdo al expediente 16204/2015 del Ministerio con la Universidad Nacional de La Matanza como co-contratante apuntó a "un Plan Operativo de Comunicación Visual" para las áreas que ocupaba el MinPlan en la feria. El pedido de cotización debía ser definido por la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio, el área más crítica en la cartera conducida por De Vido de todo este esquema de convenios.
El pequeño Hollywood kirchnerista
La Universidad de San Martín, tiene su parte, con una gran porción de la creación de contenido audiovisual. El expediente 309814/2015 comisiona a la UNSAM tres proyectos al menos ambiciosos: dos series animadas de cuarenta capítulos cada una, de trece minutos cada uno y una película de ochenta minutos. La Unidad Operativa era el lugar para presentar la propuesta técnico-económica, mediante la modalidad de "compra abierta".
El blog Eliminando Variables ya había revelado el expediente 308987/2015 para crear con la UNSAM una novela de sesenta capítulos de 48 minutos, llamada "La Fuerza del Amor" así como "Bruna Pereyra", otra telenovela de épica kirchnerista en trece capítulo de 52 minutos, la historia de una mujer desde 2003 hasta 2015 que contempla "los distintos avances en derechos sociales, infraestructura y calidad de vida" e incluso tres temporadas de otra serie, "Donde la palabra calla", de contenido inspiracional para adultos en crisis.
El expediente 44156/2015 licitó a la UNSAM para tres series: un policial, un drama y una comedia. No termina ahí: otro expediente con siete proyectos incluyó series infantiles e históricas, más una serie de microdocumentales dedicados a glorificar las obras de Planificación como la represa Néstor Kirchner en Santa Cruz y, previsiblemente, el CCK mismo. También, una serie "de aventuras" de ocho capítulos sobre la primera colonia que existió en las Islas Malvinas entre 1829 y 1833, con la idea de rodar "una historia entretenida para toda la familia". La presentación de cotización cerraba el 25 de abril del 2015.
Ahora ¿quién supervisaba todo? ¿Quién se encargaba de controlarlo desde el Estado? El poder fáctico podía blindar a De Vido, pero las universidades podían ser un nexo más permeable. Las auditorías de la AGN en la UNTREF, por ejemplo, fueron algo escasas. El decreto 336 establece que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, para que realice "una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal" contratadas en los últimos cuatro meses del kirchnerismo.
Martín Kaufmann, vicerrector de la UNTREF, sostuvo en un encuentro con Infobae que el control lo realizaba "la SIGEN, que audita a las universidades, así como los mismos organismos que nos contratan". Kaufmann siguió: "Tenemos un representante de la SIGEN en la Universidad que controla los convenios". Sin embargo, ante repetidas consultas ante la SIGEN para corroborar qué controles se realizaban en la Universidad de Tres de Febrero así como en otras facultades alineadas con el oficialismo, la Sindicatura no ofreció ninguna respuesta.
(investigación realizada con la colaboración de Andrés Ballesteros)
Energías verdes: el viento se puso de moda y el negocio de los recursos renovables atrae cada vez a más inversores
Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Con el impulso de una nueva legislación que obliga a los grandes usuarios a cubrir parte de la demanda con fuentes alternativas, se espera que lleguen a la Argentina proyectos por más de US$ 5000 millones
Foto:Javier Joaquín
Doris Capurro pidió dos veces té de frutos rojos el 10 de marzo en la confitería del hotel Alvear para amenizar la tarde, dominada por reuniones de trabajo. Una de ellas fue con ejecutivos de Siemens, la empresa alemana que, entre otras cosas, fabrica aerogeneradores. En términos más sencillos y menos técnicos: molinos de viento capaces de producir grandes cantidades de electricidad. Días antes se había juntado con sus competidores de la norteamericana GE y pasó febrero en Washington, Houston y Nueva York sondeando alternativas de financiamiento para proyectos eólicos con fondos de inversión y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta fines de 2015 Capurro fue la vicepresidenta de Asuntos Institucionales de YPF. Cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero también al macrismo (fue una de las mentoras políticas del jefe de Gabinete, Marcos Peña), la consultora le presentó tres veces en cuatro años al comité de dirección de la petrolera su intención de invertir en energía eólica. Se la rechazaron. Una vez afuera, Capurro buscó revancha de inmediato: armó Luft Energía, la compañía con la que espera participar en proyectos de inversión, que considera en términos personales como su deuda pendiente. "Creé una compañía que tiene como objetivo ayudar a emprendimientos que no prosperaron por falta de financiamiento -explica Capurro-. No iniciativas de cero, sino ready to build. Somos una incubadora, un hub de negocios renovables."
Capurro no es la única que busca hacer negocios con el viento. El cambio de gobierno, los cortes de energía, la venia del ministro de Energía Juan José Aranguren a la inversión en generación y la promesa de un acuerdo con los holdouts reavivó el interés contenido de emprendedores que desde hace años intentan cerrar sin éxito proyectos para generar electricidad con aerogeneradores. Más aún tras la reglamentación de la ley de energías renovables que implementó la administración de Mauricio Macri el 30 de marzo.
Es comprensible. En los papeles, el país tenía algunos de los mejores vientos del mundo, pero tras la reglamentación se sumó otro factor imprescindible para hacer negocios: ahora hay compradores.
La prueba patente de ese cambio es la irrupción de Dow en el segmento. La empresa norteamericana es la química y petroquímica más grande del mundo. En el país produce polietileno, para lo cual le resulta fundamental tener gas y electricidad.
En marzo firmó un memorando de entendimiento con Invap, una compañía de la provincia de Río Negro dedicada al diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos, para desarrollar el parque eólico en la provincia. La inversión proyectada es de US$ 123 millones.
Foto:Javier Joaquín
Gastón Remy, presidente de Dow Región Sur de América Latina, le explicó a LA NACION los motivos de esa apuesta. "Una pata de nuestra estrategia de negocios indica que la matriz energética local se tiene que diversificar. Invap nos vino a ver con un proyecto desarrollado con la necesidad de un socio. Todavía estamos negociando, pero nuestro aporte será convertirnos en comprador de la energía que genere el proyecto y ayudar en la búsqueda de financiamiento con organismos multilaterales de crédito", enumera el ejecutivo. Algo similar había hecho con YPF, con la que cerró una sociedad para producir gas en El Orejano.
Dow está dispuesta a incorporar socios al proyecto. Según Remy, después del anuncio cinco compañías locales importantes lo llamaron para sumarse. Es el resultado de la entrada en vigor de la nueva ley: en 2017 los grandes usuarios de energía deberán cubrir un 8% de su demanda eléctrica con fuentes renovables.
Invap saltó a la fama cuando le vendió un reactor nuclear a Australia en el año 2000. La historia era perfecta: una compañía científica de un país en vías de desarrollo le ganó la pulseada a los líderes globales para instalar tecnología en el Primer Mundo en el medio de la crisis argentina. Desde mucho antes, a principios de los 80, la empresa había iniciado el estudio de los vientos en algunas zonas del país, una tarea de menos marketing. Sus gerentes creen que hoy están en un momento inigualable. "Creo que hay un contexto en el que las cosas que hasta ahora nos aparecían como dificultosas se muestran más favorables. Por un lado, la ley crea un mercado concreto. Y si la situación financiera mejora, bajará el costo de esta energía", se entusiasma Guillermo Salvatierra, Business Developer de Invap. "Antes, los pocos inversores aparecían con una percepción de riesgo muy alta que suponía una tasa altísima, que lleva a una tarifa cara que a veces no es viable", resumió.
Dow e Invap estudian invertir en Cerro Policía hasta 65 megavatios (MW). Según Salvatierra, el potencial de esa zona supera los 300 MW, por lo que le abre la puerta a desembolsos por US$ 800 millones.
Los colonizadores del sector también están expectantes. Impsa, el gigante tecnológico-metalúrgico de la familia Pescarmona, pasó zozobras el año pasado. Los problemas financieros le costaron algunos de sus negocios: dejará Brasil, donde instaló más de 300 aerogeneradores, y los accionistas cederán una parte de la empresa local a los acreedores. Pese a eso, está más activa que antes debido a los proyectos relacionados con las energías renovables. "La planta de Mendoza está llena. Estamos terminando cuatro generadores de vapor para la central nuclear Embalse, avanzamos con la producción de turbinas hidroeléctricas para Venezuela y estamos fabricando los generadores eólicos para el proyecto Arauco IV, una iniciativa de La Rioja", enumera el nuevo CEO de la empresa, Juan Carlos Fernández.
Impsa fue pionera en inversiones eólicas (tienen unos 55 equipos instalados en el país), considera que mejoraron los tiempos para las compañías con esa clase de intereses y espera sumarse a la brisa. Por eso construyó una nueva planta de energía eólica en Mendoza, para hacer equipamientos y sistemas. La empresa puede producir 150 aerogeneradores por año de 2 MW cada uno. Hoy está produciendo 26 unidades, con un diámetro de pala de 100 metros. "Vamos a ver que empresas extranjeras se van a instalar en el país. Esto es positivo, por más que tengamos más competidores", anticipa Fernández, quien fue testigo del mismo proceso en Brasil.
La firma Genneia -que cuenta entre sus accionistas al banquero Jorge Brito y a Fintech, el fondo de inversíón de David Martínez, nuevo dueño de Telecom- tiene el Parque Eólico Rawson, el más grande de la Argentina. Cuenta con 43 aerogeneradores y produce la electricidad suficiente para abastecer a 100.000 hogares. En el marco de la visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama, la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina organizó una reunión de empresarios. Allí, Walter Lanosa, gerente general de la firma, sostuvo que la compañía tiene un compromiso de instalar 220 MW adicionales en Puerto Madryn y más de 500 MW en otras provincias. "Estamos hablando de inversiones comprometidas por US$ 450 millones y de un potencial de inversión de otros US$ 1000 millones", completó.
La nueva reglamentación no sólo creó un mercado, sino que dotó de recursos a la oferta. En su último viaje a Estados Unidos junto al presidente Mauricio Macri, Aranguren sostuvo que espera atraer inversión en energías renovables por US$ 5000 millones en los próximos tres años, para instalar 3000 MW. Para algunos especialistas, esa cifra suena inalcanzable en ese período.
Además creó un fondo de $ 12.000 millones para hacer proyectos. Una parte del financiamiento lo pondrán los usuarios del servicio eléctrico, que lo pagarán en sus facturas.
Las energías renovables también despiertan críticas. Aunque pocos lo dicen en voz alta, entre los más molestos están los barones de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes la molestia por los aumentos en las tarifas de luz se les suma al hecho de tener que obtener el 8% de su suministro de fuentes más caras. Un trabajo hecho el año pasado por Alberto Calsiano, el especialista de la UIA en temas energéticos, echa luz sobre su posición. "El costo de la generación con energías renovables se debería distribuir entre toda la demanda", sostiene. .
Tampoco está claro qué pasará con quienes tienen proyectos en marcha bajo la legislación anterior.
Casi todos coinciden en que las promesas actuales de la energía eólica saldrán a la cancha el mes próximo, cuando el Gobierno lance la primera subasta pública de renovables con las nuevas reglas de juego. Sólo allí se verá cuáles son las ambiciones que puede abrigar el sector en el futuro energético local.
Impulso oficial - El gobierno nacional acaba de crear un fondo de $ 12.000 millones para proyectos de energía renovable
Renovación y cambio - Los jugadores que ya piensan en verde
Gastón Remy - Presidente de Dow - La multinacional del rubro petroquímico se asoció con la empresa estatal Invap para desarrollar un parque eólico en Río Negro, con una inversión de US$ 123 millones.
Juan Carlos Fernández - Ceo de Impsa - La empresa de la familia Pescarmona ya superó sus problemas financieros y avanza con nuevos proyectos en Mendoza, La Rioja y Córdoba.
Doris Capurro - Presidenta de Luft energía - Después de dejar YPF, creó su propia empresa para financiar proyectos de recursos renovables, apuntando principalmente a la energía eólica.
Walter Lanosa - Gerente general de Genneia - La firma, dueña del parque eólico más grande del país (en Rawson), tiene en marcha un programa de inversiones por US$ 450 millones.
Con el impulso de una nueva legislación que obliga a los grandes usuarios a cubrir parte de la demanda con fuentes alternativas, se espera que lleguen a la Argentina proyectos por más de US$ 5000 millones
Foto:Javier Joaquín
Doris Capurro pidió dos veces té de frutos rojos el 10 de marzo en la confitería del hotel Alvear para amenizar la tarde, dominada por reuniones de trabajo. Una de ellas fue con ejecutivos de Siemens, la empresa alemana que, entre otras cosas, fabrica aerogeneradores. En términos más sencillos y menos técnicos: molinos de viento capaces de producir grandes cantidades de electricidad. Días antes se había juntado con sus competidores de la norteamericana GE y pasó febrero en Washington, Houston y Nueva York sondeando alternativas de financiamiento para proyectos eólicos con fondos de inversión y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta fines de 2015 Capurro fue la vicepresidenta de Asuntos Institucionales de YPF. Cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero también al macrismo (fue una de las mentoras políticas del jefe de Gabinete, Marcos Peña), la consultora le presentó tres veces en cuatro años al comité de dirección de la petrolera su intención de invertir en energía eólica. Se la rechazaron. Una vez afuera, Capurro buscó revancha de inmediato: armó Luft Energía, la compañía con la que espera participar en proyectos de inversión, que considera en términos personales como su deuda pendiente. "Creé una compañía que tiene como objetivo ayudar a emprendimientos que no prosperaron por falta de financiamiento -explica Capurro-. No iniciativas de cero, sino ready to build. Somos una incubadora, un hub de negocios renovables."
Capurro no es la única que busca hacer negocios con el viento. El cambio de gobierno, los cortes de energía, la venia del ministro de Energía Juan José Aranguren a la inversión en generación y la promesa de un acuerdo con los holdouts reavivó el interés contenido de emprendedores que desde hace años intentan cerrar sin éxito proyectos para generar electricidad con aerogeneradores. Más aún tras la reglamentación de la ley de energías renovables que implementó la administración de Mauricio Macri el 30 de marzo.
Es comprensible. En los papeles, el país tenía algunos de los mejores vientos del mundo, pero tras la reglamentación se sumó otro factor imprescindible para hacer negocios: ahora hay compradores.
La prueba patente de ese cambio es la irrupción de Dow en el segmento. La empresa norteamericana es la química y petroquímica más grande del mundo. En el país produce polietileno, para lo cual le resulta fundamental tener gas y electricidad.
En marzo firmó un memorando de entendimiento con Invap, una compañía de la provincia de Río Negro dedicada al diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos, para desarrollar el parque eólico en la provincia. La inversión proyectada es de US$ 123 millones.
Foto:Javier Joaquín
Gastón Remy, presidente de Dow Región Sur de América Latina, le explicó a LA NACION los motivos de esa apuesta. "Una pata de nuestra estrategia de negocios indica que la matriz energética local se tiene que diversificar. Invap nos vino a ver con un proyecto desarrollado con la necesidad de un socio. Todavía estamos negociando, pero nuestro aporte será convertirnos en comprador de la energía que genere el proyecto y ayudar en la búsqueda de financiamiento con organismos multilaterales de crédito", enumera el ejecutivo. Algo similar había hecho con YPF, con la que cerró una sociedad para producir gas en El Orejano.
Dow está dispuesta a incorporar socios al proyecto. Según Remy, después del anuncio cinco compañías locales importantes lo llamaron para sumarse. Es el resultado de la entrada en vigor de la nueva ley: en 2017 los grandes usuarios de energía deberán cubrir un 8% de su demanda eléctrica con fuentes renovables.
Invap saltó a la fama cuando le vendió un reactor nuclear a Australia en el año 2000. La historia era perfecta: una compañía científica de un país en vías de desarrollo le ganó la pulseada a los líderes globales para instalar tecnología en el Primer Mundo en el medio de la crisis argentina. Desde mucho antes, a principios de los 80, la empresa había iniciado el estudio de los vientos en algunas zonas del país, una tarea de menos marketing. Sus gerentes creen que hoy están en un momento inigualable. "Creo que hay un contexto en el que las cosas que hasta ahora nos aparecían como dificultosas se muestran más favorables. Por un lado, la ley crea un mercado concreto. Y si la situación financiera mejora, bajará el costo de esta energía", se entusiasma Guillermo Salvatierra, Business Developer de Invap. "Antes, los pocos inversores aparecían con una percepción de riesgo muy alta que suponía una tasa altísima, que lleva a una tarifa cara que a veces no es viable", resumió.
Dow e Invap estudian invertir en Cerro Policía hasta 65 megavatios (MW). Según Salvatierra, el potencial de esa zona supera los 300 MW, por lo que le abre la puerta a desembolsos por US$ 800 millones.
Los colonizadores del sector también están expectantes. Impsa, el gigante tecnológico-metalúrgico de la familia Pescarmona, pasó zozobras el año pasado. Los problemas financieros le costaron algunos de sus negocios: dejará Brasil, donde instaló más de 300 aerogeneradores, y los accionistas cederán una parte de la empresa local a los acreedores. Pese a eso, está más activa que antes debido a los proyectos relacionados con las energías renovables. "La planta de Mendoza está llena. Estamos terminando cuatro generadores de vapor para la central nuclear Embalse, avanzamos con la producción de turbinas hidroeléctricas para Venezuela y estamos fabricando los generadores eólicos para el proyecto Arauco IV, una iniciativa de La Rioja", enumera el nuevo CEO de la empresa, Juan Carlos Fernández.
Impsa fue pionera en inversiones eólicas (tienen unos 55 equipos instalados en el país), considera que mejoraron los tiempos para las compañías con esa clase de intereses y espera sumarse a la brisa. Por eso construyó una nueva planta de energía eólica en Mendoza, para hacer equipamientos y sistemas. La empresa puede producir 150 aerogeneradores por año de 2 MW cada uno. Hoy está produciendo 26 unidades, con un diámetro de pala de 100 metros. "Vamos a ver que empresas extranjeras se van a instalar en el país. Esto es positivo, por más que tengamos más competidores", anticipa Fernández, quien fue testigo del mismo proceso en Brasil.
La firma Genneia -que cuenta entre sus accionistas al banquero Jorge Brito y a Fintech, el fondo de inversíón de David Martínez, nuevo dueño de Telecom- tiene el Parque Eólico Rawson, el más grande de la Argentina. Cuenta con 43 aerogeneradores y produce la electricidad suficiente para abastecer a 100.000 hogares. En el marco de la visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama, la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina organizó una reunión de empresarios. Allí, Walter Lanosa, gerente general de la firma, sostuvo que la compañía tiene un compromiso de instalar 220 MW adicionales en Puerto Madryn y más de 500 MW en otras provincias. "Estamos hablando de inversiones comprometidas por US$ 450 millones y de un potencial de inversión de otros US$ 1000 millones", completó.
La nueva reglamentación no sólo creó un mercado, sino que dotó de recursos a la oferta. En su último viaje a Estados Unidos junto al presidente Mauricio Macri, Aranguren sostuvo que espera atraer inversión en energías renovables por US$ 5000 millones en los próximos tres años, para instalar 3000 MW. Para algunos especialistas, esa cifra suena inalcanzable en ese período.
Además creó un fondo de $ 12.000 millones para hacer proyectos. Una parte del financiamiento lo pondrán los usuarios del servicio eléctrico, que lo pagarán en sus facturas.
Las energías renovables también despiertan críticas. Aunque pocos lo dicen en voz alta, entre los más molestos están los barones de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes la molestia por los aumentos en las tarifas de luz se les suma al hecho de tener que obtener el 8% de su suministro de fuentes más caras. Un trabajo hecho el año pasado por Alberto Calsiano, el especialista de la UIA en temas energéticos, echa luz sobre su posición. "El costo de la generación con energías renovables se debería distribuir entre toda la demanda", sostiene. .
Tampoco está claro qué pasará con quienes tienen proyectos en marcha bajo la legislación anterior.
Casi todos coinciden en que las promesas actuales de la energía eólica saldrán a la cancha el mes próximo, cuando el Gobierno lance la primera subasta pública de renovables con las nuevas reglas de juego. Sólo allí se verá cuáles son las ambiciones que puede abrigar el sector en el futuro energético local.
Impulso oficial - El gobierno nacional acaba de crear un fondo de $ 12.000 millones para proyectos de energía renovable
Renovación y cambio - Los jugadores que ya piensan en verde
Gastón Remy - Presidente de Dow - La multinacional del rubro petroquímico se asoció con la empresa estatal Invap para desarrollar un parque eólico en Río Negro, con una inversión de US$ 123 millones.
Juan Carlos Fernández - Ceo de Impsa - La empresa de la familia Pescarmona ya superó sus problemas financieros y avanza con nuevos proyectos en Mendoza, La Rioja y Córdoba.
Doris Capurro - Presidenta de Luft energía - Después de dejar YPF, creó su propia empresa para financiar proyectos de recursos renovables, apuntando principalmente a la energía eólica.
Walter Lanosa - Gerente general de Genneia - La firma, dueña del parque eólico más grande del país (en Rawson), tiene en marcha un programa de inversiones por US$ 450 millones.
Avanzan los planes para liquidar parte de la flota presidencial
Por Diego Cabot - LA NACION
El Tango 01 espera en un hangar en El Palomar, y el T-04 fue dado de baja
El avión presidencial Tango 01.Foto:Archivo
Mientras el presidente Mauricio Macri vuela en líneas regulares, en varios expedientes administrativos avanza la venta de los aviones que formaban la flota presidencial.
Ya se han tomado varias decisiones. El Tango 01 se venderá, y en su reemplazo el Gobierno comprará un avión pequeño, con mucha autonomía, pero con apenas un puñado de plazas. "No más de 20 lugares, más eficiente y con posibilidades de aterrizar en todo el país", dijo una fuente que trabaja en el asunto.
Una auditoría que aún no está terminada ya tiene algunos números. El costo del arreglo del T-01, principal avión de la flota, llega a alrededor de 15 millones de dólares. Nadie está dispuesto a poner ese dinero para reflotar un avión que no puede aterrizar en la mayoría de los aeropuertos del país y que, además, tiene una autonomía de vuelo de sólo siete horas.
Además, sólo para operarlo se necesitan 14 personas arriba del avión. Claro que esa tripulación debería estar prácticamente duplicada por las vacaciones y los descansos obligatorios. Aquellas épocas en las que el presidente se movía con una amplia comitiva parece que no volverán. O al menos no irán en el mismo avión.
Ya está tomada la decisión de la venta del T-01. El Boeing 757-200 espera su hora en El Palomar. Claro que las expectativas de recaudación no son demasiadas. "El destino es carguero o ejecutivo. Como carguero, no vale nada el único activo que tiene, que es toda la parte de residencia presidencial. Si es ejecutivo, el difícil, habría que encontrarle la novia", dice una fuente que trabaja en la liquidación. Sea cual fuere el comprador, estiman que el precio está entre dos y tres millones de dólares.
Los pasos burocráticos para la compulsa de precios no son fáciles. Cada día que pasa la aeronave está más cerca de un nuevo vencimiento para volar. Es decir, la espera cuesta plata. Si bien la aeronave, que fue fabricada en 1992, está completa, no está en condiciones de despegar; necesita un arreglo mínimo como para llegar a un taller. Así será el final de la que fue la aeronave más importante de un presidente de América latina.
Una vez que la maquinaria burocrática termine el expediente que permite vender un bien del Estado, el procedimiento será firmar una orden a los grandes operadores mundiales de aviación para que lo coticen y lo ofrezcan.
El Tango 02 (T-02), un Fokker F28 Fellowship incorporado entre 1999 y 2000, cada vez vuela menos. Por ahora tiene unos meses de vida, ya que tiene los repuestos necesarios como para alguna revisión más. El otro gemelo, el Tango 03 (T-03), será el más observado de todos: transitará su vejez en un museo.
El último avión que depende de Presidencia es el Tango 04 (T-04). Esta aeronave, un Boeing 757-500 con 23 años de uso, fue comprada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2014 a Aerolíneas Argentinas a cambio de varios millones de dólares. Pero el avión, que también está en la base aérea de El Palomar, está sin turbinas. Sucede que la compra fue realizada cuando ya las turbinas eran defectuosas. Se optó por un leasing de motores y así se mantuvo hasta que se decidió dar de baja la aeronave. Ahora es sólo fuselaje.
El Tango 10 (T-10), un Lear Jet 60 con capacidad para 10 pasajeros que depende de la Fuerza Aérea, es el único que se mantiene en operación. Célebre por ser correo de los diarios de Buenos Aires a El Calafate y taxi de la ex familia presidencial, el jet es, por ahora, el medio de traslado que utiliza el Presidente cuando va al interior.
Una escuadra en problemas
Tango 01 - Es un Boeing 757-200; la decisión es venderlo, pero esperan recaudar poco
Tango 02 - El Fokker F28 Fellowship vuela poco, pero tiene algunos meses de utilidad
Tango 03 - El Otro Fokker F28 de Presidencia está en revisión y sería enviado a un museo
Tango 04 - El Boeing 757-500 comprado en 2014 por Cristina hoy es sólo fuselaje
El Tango 01 espera en un hangar en El Palomar, y el T-04 fue dado de baja
El avión presidencial Tango 01.Foto:Archivo
Mientras el presidente Mauricio Macri vuela en líneas regulares, en varios expedientes administrativos avanza la venta de los aviones que formaban la flota presidencial.
Ya se han tomado varias decisiones. El Tango 01 se venderá, y en su reemplazo el Gobierno comprará un avión pequeño, con mucha autonomía, pero con apenas un puñado de plazas. "No más de 20 lugares, más eficiente y con posibilidades de aterrizar en todo el país", dijo una fuente que trabaja en el asunto.
Una auditoría que aún no está terminada ya tiene algunos números. El costo del arreglo del T-01, principal avión de la flota, llega a alrededor de 15 millones de dólares. Nadie está dispuesto a poner ese dinero para reflotar un avión que no puede aterrizar en la mayoría de los aeropuertos del país y que, además, tiene una autonomía de vuelo de sólo siete horas.
Además, sólo para operarlo se necesitan 14 personas arriba del avión. Claro que esa tripulación debería estar prácticamente duplicada por las vacaciones y los descansos obligatorios. Aquellas épocas en las que el presidente se movía con una amplia comitiva parece que no volverán. O al menos no irán en el mismo avión.
Ya está tomada la decisión de la venta del T-01. El Boeing 757-200 espera su hora en El Palomar. Claro que las expectativas de recaudación no son demasiadas. "El destino es carguero o ejecutivo. Como carguero, no vale nada el único activo que tiene, que es toda la parte de residencia presidencial. Si es ejecutivo, el difícil, habría que encontrarle la novia", dice una fuente que trabaja en la liquidación. Sea cual fuere el comprador, estiman que el precio está entre dos y tres millones de dólares.
Los pasos burocráticos para la compulsa de precios no son fáciles. Cada día que pasa la aeronave está más cerca de un nuevo vencimiento para volar. Es decir, la espera cuesta plata. Si bien la aeronave, que fue fabricada en 1992, está completa, no está en condiciones de despegar; necesita un arreglo mínimo como para llegar a un taller. Así será el final de la que fue la aeronave más importante de un presidente de América latina.
Una vez que la maquinaria burocrática termine el expediente que permite vender un bien del Estado, el procedimiento será firmar una orden a los grandes operadores mundiales de aviación para que lo coticen y lo ofrezcan.
El Tango 02 (T-02), un Fokker F28 Fellowship incorporado entre 1999 y 2000, cada vez vuela menos. Por ahora tiene unos meses de vida, ya que tiene los repuestos necesarios como para alguna revisión más. El otro gemelo, el Tango 03 (T-03), será el más observado de todos: transitará su vejez en un museo.
El último avión que depende de Presidencia es el Tango 04 (T-04). Esta aeronave, un Boeing 757-500 con 23 años de uso, fue comprada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2014 a Aerolíneas Argentinas a cambio de varios millones de dólares. Pero el avión, que también está en la base aérea de El Palomar, está sin turbinas. Sucede que la compra fue realizada cuando ya las turbinas eran defectuosas. Se optó por un leasing de motores y así se mantuvo hasta que se decidió dar de baja la aeronave. Ahora es sólo fuselaje.
El Tango 10 (T-10), un Lear Jet 60 con capacidad para 10 pasajeros que depende de la Fuerza Aérea, es el único que se mantiene en operación. Célebre por ser correo de los diarios de Buenos Aires a El Calafate y taxi de la ex familia presidencial, el jet es, por ahora, el medio de traslado que utiliza el Presidente cuando va al interior.
Una escuadra en problemas
Tango 01 - Es un Boeing 757-200; la decisión es venderlo, pero esperan recaudar poco
Tango 02 - El Fokker F28 Fellowship vuela poco, pero tiene algunos meses de utilidad
Tango 03 - El Otro Fokker F28 de Presidencia está en revisión y sería enviado a un museo
Tango 04 - El Boeing 757-500 comprado en 2014 por Cristina hoy es sólo fuselaje
Las demoledoras derivaciones del fin del pacto de silencio
Por Carlos Pagni - LA NACION
Exigencias purificadoras de una opinión pública saturada por la corrupción. Ajuste económico que se vuelve más intolerable ante la desviación de los impuestos. Combate internacional contra el terrorismo que obliga a reforzar el control de fondos negros. Chispazos del incendio brasileño. Estos factores de mediano y largo plazo explican el desmoronamiento del inframundo kirchnerista.
Pero el bosque no debe tapar el árbol. Otra vez la historia está demostrando que un gran proceso colectivo puede desencadenarse por la irrupción de un drama individual. Leonardo Fariña cayó preso hace dos años por evasión impositiva, un delito que no suele castigarse con la cárcel.
Desde entonces no ve a su hijo porque no quiere que el pequeño lo vea tras las rejas. Su padre, que padece de enfisema pulmonar, no puede visitarlo más que una vez al mes. Desde fines de 2014, Fariña envió varios mensajes a los funcionarios kirchneristas para conseguir la libertad. Supone que el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata lo confinó como represalia por haber "roto los códigos" en su entrevista con Jorge Lanata.
Sobre ese juzgado influye Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora. Despechado, en febrero del año pasado Fariña comenzó a escribir, con microscópica letra de imprenta, una larga confesión. Le sobraban el tiempo y la memoria. Enumeró matrículas de aviones, estancias, cuentas bancarias, sociedades comerciales y, sobre todo, un extenso entramado de funcionarios, socios, testaferros, financistas, contadores y escribanos. No olvidó ni a las amantes. Cubrió 85 páginas y, cuando cambió el gobierno, decidió hablar. Sobre todo por venganza. Esas 85 hojas manuscritas pueden ser el explosivo que derrumbe la monumental arquitectura de poder que, hasta hace apenas cuatro meses, controló Cristina Kirchner. Nada nuevo. En 1983, por ejemplo, el siciliano Tommaso Buscetta, después que querer suicidarse y no lograrlo, se declaró "pentito". Buscetta guió a los jueces Falcone y Borsellino en un proceso que, al cabo de 10 años, llevó a la cárcel a más de 350 jefes de la mafia. Como Buscetta, Fariña rompió el pacto de silencio.
Al juez Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan se les cayó la mandíbula. Durante doce horas escucharon cómo el excéntrico "Leo" describía los sistemas que ideó Néstor Kirchner para amasar una fortuna con recursos del Estado.
Fariña citó a Lázaro Báez para explicar que "Néstor puso a Graciela Ocaña en el PAMI y a Sergio Acevedo en la SIDE para dar a entender que no se robaría más". Pero la "caja" pasó, bajo la rectoría de Julio De Vido, al Ministerio de Planificación. Allí De Vido impuso un régimen de adelantos financieros que se convertirían en el primer retorno que debían ofrendar los adjudicatarios de las obras. El fraude, declaró, sólo era posible con abultados sobreprecios.
Fariña se cansó de dar nombres. Mencionó a los subordinados de De Vido, desde José López, de Obras Públicas, hasta Ricardo Jaime, de Transporte. Pero también a empresarios como el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien fue el primer empleador que tuvo De Vido cuando llegó a Santa Cruz como joven arquitecto. De Vido, investigado por enriquecimiento ilícito, se ha convertido en, para decirlo con una metáfora del oficio, una rotonda gigantesca: conduce al negocio de la obra pública; al de la importación de gas; a la compra de material ferroviario, y a la tragedia de Once. Marijuan lo imputó. Ya no alcanzarán, quizás, los buenos oficios de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, para protegerlo en la justicia federal.
Según Fariña, los trabajos se adjudicaban a dedo. Pero aparecían desfases financieros por los adelantos que había que devolver. Para resolverlos se habría creado un fideicomiso en el Banco Nación, bajo la mirada de Juan Carlos Fábrega. "Muchas veces se contabilizaban fondos por obras que ni siquiera habían sido licitadas", explicó el arrepentido. En el centro de esa urdimbre estaba Báez con Austral Construcciones, quien solía ganar los concursos asociado a Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri, titular de Iecsa, la empresa fundada por Franco Macri.
Esa forma de capturar recursos públicos estalló en Chaco. Por eso el juez allanó el sábado Sucesión de Adelmo Biancalani, que tiene como accionista al ex senador kirchnerista Fabio Biancalani. Según Fariña, la empresa es de Báez. El inconveniente es que no realizó los trabajos que se le adjudicaron. Las andanzas litoraleñas de Báez terminaron, de acuerdo con el arrepentido, en la compra a precio vil de un avión de la aerolínea estatal Aero Chaco. Jorge Capitanich nunca denunció estas defraudaciones a sus comprovincianos. Al contrario: es de los pocos peronistas que condenaron al logorreico "Leo". Los rivales de Capitanich dicen que en estas horas debe estar rompiendo documentos con la misma resolución con la que supo romper diarios.
Fariña explicó ante Casanello y Marijuan la segunda fase del sistema montado por Kirchner a través de Báez: el lavado de los fondos acumulados en la obra pública. Si en la primera parte de su relato se basó en lo que escuchó a Báez, ahora demostró tener más protagonismo. Fariña contó que, al principio, la fortuna de Kirchner y Báez fue canalizada por Ernesto Clarens, a través de Invernes, a la que decodificó como Inversiones Néstor. Y proporcionó un dato clave: el vicepresidente de Invernes era César Andrés, el contador de Báez. Igual que el escribano de Báez, Leandro Albornoz, es el de Cristina Kirchner. Cuando lo allanaron, Albornoz declaró que estaba preocupado. No hacía falta.
Como la acumulación en bóvedas arruinaba los billetes, Fariña multiplicó las transferencias financieras. Mencionó a Provalor, de los Rabinovich, que fue allanada anteanoche. Y dio precisiones sobre una "cueva" que, según dijo, administraban el secretario preferido de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, con el barrabrava Marcelo Mallo, de Hinchadas Unidas Argentinas. Pero entre Ulloa y Báez hubo problemas. Fariña contó que Ulloa y Mallo se pusieron a especular con granos, como si fueran Buffett y Soros. Y perdieron los "ahorros" de Lázaro. También mencionó por lo menos dos cuentas del banco suizo Lombard Odier, a las que Báez giraba fondos: Andrómeda y Messier 51. Son nombres de galaxias.
El arrepentido informó que, según le contó Báez, la embajada de EE.UU. informó a la señora de Kirchner que Báez estaba lavando montañas de dinero. Despejar la duda podría mejorar la comprensión de la política exterior del kirchnerismo. La charla con Báez habría sido en noviembre de 2010. Semanas más tarde, ella pactó con Irán. Y envió a Héctor Timerman a incautar la carga de un avión militar norteamericano. Pero ¿habrá sido esa embajada la que avisó a la ex presidenta sobre las andanzas de quien sería su testaferro? ¿O ella utilizó ante Báez esa fuente como coartada?
Cristina Kirchner se enfureció con Báez en una reunión secreta. Báez negó las acusaciones. Meses después, alguien informó a la entonces presidenta, con muchas precisiones, que Báez había mentido. A partir de allí la relación entre ella y su presunto testaferro se enfrió. Báez comenzó a perder licitaciones. Al perspicaz Marijuan, dicen en su fiscalía, le quedó la impresión de que quien alertó a la Casa Rosada fue Fariña. Él no lo reveló.
Fariña dio también la versión de Lázaro sobre esa ruptura. Fallecido Kirchner, la viuda y Máximo le habrían exigido todo el dinero acumulado. Pero él se negó a dárselo. "Lázaro cree que fue socio de Néstor, no un testaferro", explicó el arrepentido. Y refirió un caso similar: durante un veraneo en Punta del Este con su entonces novia Karina Jelinek, Sebastián Eskenazi le confesó, dolorido, que también estaba siendo presionado por Cristina y Máximo Kirchner para que entregara toda su participación en YPF. Eskenazi, ¿el Báez del petróleo?
Casanello y Marijuan escucharon un ejemplo de Fariña para fortalecer la versión de Báez: "Nosotros le llevábamos negocios a Néstor. Una vez le ofrecimos quedarse con la mitad de Telecom. Él nos contestó: «Si hubieran llegado hace una semana, lo hacíamos. Pero ya cerré con los Werthein»". Fariña niega haberse quedado con dinero de Báez. La relación se rompió, según él, porque el contador Daniel Pérez Gadín, ansioso por monopolizar el negocio financiero, comenzó a malquistarlo con Báez con acusaciones en su contra. Agregó que Pérez Gadín y su otro yo, el abogado Jorge Chueco, eran cada vez más hostiles. La mención de Chueco es interesante: puede llevar a Carlos Zannini y, desde allí, a la OEA.
Fariña completó la descripción del entorno de Báez refiriéndose a su esposa, Norma, tan celosa que ni siquiera permitía a su marido mirar "Bailando por un sueño". Explicó que en la vida de Báez hay otra Norma, una cincuentona de infalible bronceado caribeño que asistía al constructor en sus oficinas de la calle Carabelas: la secretaria.
Ese microcosmos está en descomposición. La fisura se inauguró en marzo cuando los abogados Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo, coordinados por un cerebro oculto, renunciaron a la defensa de Báez. Tal vez los reemplace Fernando Burlando, gracias a su amistad con Miguel Pires. Este representante de jugadores guarda los secretos de los negocios futbolísticos de Báez y Máximo Kirchner. O debería guardarlos. La indiscreción comienza a ser un riesgo. A propósito: ¿cuántos colaboradores de Fariña conservaron documentación para protegerse?
Más allá de la crónica policial, todavía es imposible determinar las derivaciones de la catarsis del financista de Báez. Tal vez perfeccione el sistema de protección de testigos. El caso de Fariña es paradójico: una vez que se declaró "arrepentido", sus condiciones carcelarias empeoraron. El tribunal platense lo redujo a una celda hospitalaria de cuatro metros cuadrados.
Otra posibilidad es que la hiperactividad de Casanello y Marijuan alivie, al menos por un tiempo, la presión sobre el fuero federal. Y establezca una implacable simetría: mientras recibía a Fariña, Casanello allanó una aseguradora contratada por el Ministerio de Transporte, que tendría vinculaciones con los Macri. Varios jueces festejan que a "Leo" se le soltara la lengua. Algunos apuestan a que Marijuan sea promovido a la Procuración General. Por ahora son sólo fantasías: de retirarse Alejandra Gils Carbó, el sucesor más probable es Alberto García Lema.
El escándalo desatado por Fariña modifica también la organización de la política. Termina con la periodización que postularon los kirchneristas que se enemistaron con la ex presidenta, con Alberto Fernández a la cabeza: hubo una edad de oro nestoriana, que se degradó cuando el legado pasó a ser administrado por la viuda.
Esa presentación terminó de malograrse. Báez está construyendo un segundo mausoleo para Néstor. El primero guarda sus restos materiales. El segundo, montado sobre expedientes judiciales, encierra el mito. Q.e.p.d.
Exigencias purificadoras de una opinión pública saturada por la corrupción. Ajuste económico que se vuelve más intolerable ante la desviación de los impuestos. Combate internacional contra el terrorismo que obliga a reforzar el control de fondos negros. Chispazos del incendio brasileño. Estos factores de mediano y largo plazo explican el desmoronamiento del inframundo kirchnerista.
Pero el bosque no debe tapar el árbol. Otra vez la historia está demostrando que un gran proceso colectivo puede desencadenarse por la irrupción de un drama individual. Leonardo Fariña cayó preso hace dos años por evasión impositiva, un delito que no suele castigarse con la cárcel.
Desde entonces no ve a su hijo porque no quiere que el pequeño lo vea tras las rejas. Su padre, que padece de enfisema pulmonar, no puede visitarlo más que una vez al mes. Desde fines de 2014, Fariña envió varios mensajes a los funcionarios kirchneristas para conseguir la libertad. Supone que el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata lo confinó como represalia por haber "roto los códigos" en su entrevista con Jorge Lanata.
Sobre ese juzgado influye Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora. Despechado, en febrero del año pasado Fariña comenzó a escribir, con microscópica letra de imprenta, una larga confesión. Le sobraban el tiempo y la memoria. Enumeró matrículas de aviones, estancias, cuentas bancarias, sociedades comerciales y, sobre todo, un extenso entramado de funcionarios, socios, testaferros, financistas, contadores y escribanos. No olvidó ni a las amantes. Cubrió 85 páginas y, cuando cambió el gobierno, decidió hablar. Sobre todo por venganza. Esas 85 hojas manuscritas pueden ser el explosivo que derrumbe la monumental arquitectura de poder que, hasta hace apenas cuatro meses, controló Cristina Kirchner. Nada nuevo. En 1983, por ejemplo, el siciliano Tommaso Buscetta, después que querer suicidarse y no lograrlo, se declaró "pentito". Buscetta guió a los jueces Falcone y Borsellino en un proceso que, al cabo de 10 años, llevó a la cárcel a más de 350 jefes de la mafia. Como Buscetta, Fariña rompió el pacto de silencio.
Al juez Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan se les cayó la mandíbula. Durante doce horas escucharon cómo el excéntrico "Leo" describía los sistemas que ideó Néstor Kirchner para amasar una fortuna con recursos del Estado.
Fariña citó a Lázaro Báez para explicar que "Néstor puso a Graciela Ocaña en el PAMI y a Sergio Acevedo en la SIDE para dar a entender que no se robaría más". Pero la "caja" pasó, bajo la rectoría de Julio De Vido, al Ministerio de Planificación. Allí De Vido impuso un régimen de adelantos financieros que se convertirían en el primer retorno que debían ofrendar los adjudicatarios de las obras. El fraude, declaró, sólo era posible con abultados sobreprecios.
Fariña se cansó de dar nombres. Mencionó a los subordinados de De Vido, desde José López, de Obras Públicas, hasta Ricardo Jaime, de Transporte. Pero también a empresarios como el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien fue el primer empleador que tuvo De Vido cuando llegó a Santa Cruz como joven arquitecto. De Vido, investigado por enriquecimiento ilícito, se ha convertido en, para decirlo con una metáfora del oficio, una rotonda gigantesca: conduce al negocio de la obra pública; al de la importación de gas; a la compra de material ferroviario, y a la tragedia de Once. Marijuan lo imputó. Ya no alcanzarán, quizás, los buenos oficios de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, para protegerlo en la justicia federal.
Según Fariña, los trabajos se adjudicaban a dedo. Pero aparecían desfases financieros por los adelantos que había que devolver. Para resolverlos se habría creado un fideicomiso en el Banco Nación, bajo la mirada de Juan Carlos Fábrega. "Muchas veces se contabilizaban fondos por obras que ni siquiera habían sido licitadas", explicó el arrepentido. En el centro de esa urdimbre estaba Báez con Austral Construcciones, quien solía ganar los concursos asociado a Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri, titular de Iecsa, la empresa fundada por Franco Macri.
Esa forma de capturar recursos públicos estalló en Chaco. Por eso el juez allanó el sábado Sucesión de Adelmo Biancalani, que tiene como accionista al ex senador kirchnerista Fabio Biancalani. Según Fariña, la empresa es de Báez. El inconveniente es que no realizó los trabajos que se le adjudicaron. Las andanzas litoraleñas de Báez terminaron, de acuerdo con el arrepentido, en la compra a precio vil de un avión de la aerolínea estatal Aero Chaco. Jorge Capitanich nunca denunció estas defraudaciones a sus comprovincianos. Al contrario: es de los pocos peronistas que condenaron al logorreico "Leo". Los rivales de Capitanich dicen que en estas horas debe estar rompiendo documentos con la misma resolución con la que supo romper diarios.
Fariña explicó ante Casanello y Marijuan la segunda fase del sistema montado por Kirchner a través de Báez: el lavado de los fondos acumulados en la obra pública. Si en la primera parte de su relato se basó en lo que escuchó a Báez, ahora demostró tener más protagonismo. Fariña contó que, al principio, la fortuna de Kirchner y Báez fue canalizada por Ernesto Clarens, a través de Invernes, a la que decodificó como Inversiones Néstor. Y proporcionó un dato clave: el vicepresidente de Invernes era César Andrés, el contador de Báez. Igual que el escribano de Báez, Leandro Albornoz, es el de Cristina Kirchner. Cuando lo allanaron, Albornoz declaró que estaba preocupado. No hacía falta.
Como la acumulación en bóvedas arruinaba los billetes, Fariña multiplicó las transferencias financieras. Mencionó a Provalor, de los Rabinovich, que fue allanada anteanoche. Y dio precisiones sobre una "cueva" que, según dijo, administraban el secretario preferido de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, con el barrabrava Marcelo Mallo, de Hinchadas Unidas Argentinas. Pero entre Ulloa y Báez hubo problemas. Fariña contó que Ulloa y Mallo se pusieron a especular con granos, como si fueran Buffett y Soros. Y perdieron los "ahorros" de Lázaro. También mencionó por lo menos dos cuentas del banco suizo Lombard Odier, a las que Báez giraba fondos: Andrómeda y Messier 51. Son nombres de galaxias.
El arrepentido informó que, según le contó Báez, la embajada de EE.UU. informó a la señora de Kirchner que Báez estaba lavando montañas de dinero. Despejar la duda podría mejorar la comprensión de la política exterior del kirchnerismo. La charla con Báez habría sido en noviembre de 2010. Semanas más tarde, ella pactó con Irán. Y envió a Héctor Timerman a incautar la carga de un avión militar norteamericano. Pero ¿habrá sido esa embajada la que avisó a la ex presidenta sobre las andanzas de quien sería su testaferro? ¿O ella utilizó ante Báez esa fuente como coartada?
Cristina Kirchner se enfureció con Báez en una reunión secreta. Báez negó las acusaciones. Meses después, alguien informó a la entonces presidenta, con muchas precisiones, que Báez había mentido. A partir de allí la relación entre ella y su presunto testaferro se enfrió. Báez comenzó a perder licitaciones. Al perspicaz Marijuan, dicen en su fiscalía, le quedó la impresión de que quien alertó a la Casa Rosada fue Fariña. Él no lo reveló.
Fariña dio también la versión de Lázaro sobre esa ruptura. Fallecido Kirchner, la viuda y Máximo le habrían exigido todo el dinero acumulado. Pero él se negó a dárselo. "Lázaro cree que fue socio de Néstor, no un testaferro", explicó el arrepentido. Y refirió un caso similar: durante un veraneo en Punta del Este con su entonces novia Karina Jelinek, Sebastián Eskenazi le confesó, dolorido, que también estaba siendo presionado por Cristina y Máximo Kirchner para que entregara toda su participación en YPF. Eskenazi, ¿el Báez del petróleo?
Casanello y Marijuan escucharon un ejemplo de Fariña para fortalecer la versión de Báez: "Nosotros le llevábamos negocios a Néstor. Una vez le ofrecimos quedarse con la mitad de Telecom. Él nos contestó: «Si hubieran llegado hace una semana, lo hacíamos. Pero ya cerré con los Werthein»". Fariña niega haberse quedado con dinero de Báez. La relación se rompió, según él, porque el contador Daniel Pérez Gadín, ansioso por monopolizar el negocio financiero, comenzó a malquistarlo con Báez con acusaciones en su contra. Agregó que Pérez Gadín y su otro yo, el abogado Jorge Chueco, eran cada vez más hostiles. La mención de Chueco es interesante: puede llevar a Carlos Zannini y, desde allí, a la OEA.
Fariña completó la descripción del entorno de Báez refiriéndose a su esposa, Norma, tan celosa que ni siquiera permitía a su marido mirar "Bailando por un sueño". Explicó que en la vida de Báez hay otra Norma, una cincuentona de infalible bronceado caribeño que asistía al constructor en sus oficinas de la calle Carabelas: la secretaria.
Ese microcosmos está en descomposición. La fisura se inauguró en marzo cuando los abogados Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo, coordinados por un cerebro oculto, renunciaron a la defensa de Báez. Tal vez los reemplace Fernando Burlando, gracias a su amistad con Miguel Pires. Este representante de jugadores guarda los secretos de los negocios futbolísticos de Báez y Máximo Kirchner. O debería guardarlos. La indiscreción comienza a ser un riesgo. A propósito: ¿cuántos colaboradores de Fariña conservaron documentación para protegerse?
Más allá de la crónica policial, todavía es imposible determinar las derivaciones de la catarsis del financista de Báez. Tal vez perfeccione el sistema de protección de testigos. El caso de Fariña es paradójico: una vez que se declaró "arrepentido", sus condiciones carcelarias empeoraron. El tribunal platense lo redujo a una celda hospitalaria de cuatro metros cuadrados.
Otra posibilidad es que la hiperactividad de Casanello y Marijuan alivie, al menos por un tiempo, la presión sobre el fuero federal. Y establezca una implacable simetría: mientras recibía a Fariña, Casanello allanó una aseguradora contratada por el Ministerio de Transporte, que tendría vinculaciones con los Macri. Varios jueces festejan que a "Leo" se le soltara la lengua. Algunos apuestan a que Marijuan sea promovido a la Procuración General. Por ahora son sólo fantasías: de retirarse Alejandra Gils Carbó, el sucesor más probable es Alberto García Lema.
El escándalo desatado por Fariña modifica también la organización de la política. Termina con la periodización que postularon los kirchneristas que se enemistaron con la ex presidenta, con Alberto Fernández a la cabeza: hubo una edad de oro nestoriana, que se degradó cuando el legado pasó a ser administrado por la viuda.
Esa presentación terminó de malograrse. Báez está construyendo un segundo mausoleo para Néstor. El primero guarda sus restos materiales. El segundo, montado sobre expedientes judiciales, encierra el mito. Q.e.p.d.
Sagem ofreció equipar a sus aviones C-130 Hércules con bombas de precisión
Recientemente, la empresa Sagem (Francia ofreció a la Fuerza Aérea Francesa equipar a sus aviones de transporte C-130 Hércules con la capacidad de lanzamiento de armamento de precisión. Esta se basa en Ia instalación de un rack de fijación de armas denominado SSA-110 Gerfaut, desarrollado por la empresa AA/ROK que ocupa el lugar de uno de los depósitos de combustible externos.
Con esta configuración, un Hércules podría portar en cada ala cuatro bombas de precisión AASM
(Armement Air-Sol Modulaire) conocida como Hammer que incorporan diferentes sistemas de guiado al haber sido concebida como un sistema modular. En esta configuración, la munición AASM tendría un alcance de 30 kilómetros lanzada desde 25.000 pies.
La conversión no afecta a la estructura del avión ni reduce la capacidad de carga de este, puede ser realizada en pocas horas y convierte al Hércules algo similar a un bombardero que puede permanecer durante un largo tiempo sobre una zona de operaciones. Esta propuesta sería una solución de emergencia para implementar operaciones rápidas de estabilización lo que ahorraría momentaneamente el empleo de aviones de combate. Aún, no hay ningún requerimiento para efectuar esta conversión.
Con esta configuración, un Hércules podría portar en cada ala cuatro bombas de precisión AASM
(Armement Air-Sol Modulaire) conocida como Hammer que incorporan diferentes sistemas de guiado al haber sido concebida como un sistema modular. En esta configuración, la munición AASM tendría un alcance de 30 kilómetros lanzada desde 25.000 pies.
La conversión no afecta a la estructura del avión ni reduce la capacidad de carga de este, puede ser realizada en pocas horas y convierte al Hércules algo similar a un bombardero que puede permanecer durante un largo tiempo sobre una zona de operaciones. Esta propuesta sería una solución de emergencia para implementar operaciones rápidas de estabilización lo que ahorraría momentaneamente el empleo de aviones de combate. Aún, no hay ningún requerimiento para efectuar esta conversión.
El Gripen brasileño emplearía bombas guiadas SPICE
Rafael espera comenzar a integrar sus armamentos a los futuros cazas Saab Gripen de la FAB, por lo que se firmaría el contrato proximamente, según se anuncio en la última edición de FIDAE.
Las bombas guiadas SPICE 2000, SPICE 1000 y SPICE 250 (Smart Precise Impact Cost Effective) se comenzarían a integrarse durante este año.
Los pods Litening, RecceLite y Skyshield ya se integraron.
Saab firmó en el 2015 un contrato para la integración de diverso armamento por 245 millones de dólares con el gobierno de Brasil. Además, están bajo el mismo contrato la incorporación del misil A-Darter de Denel-AVIBRAS-Mectron, y el IRIS-T de Diehl BGT Defence ).
Las bombas guiadas SPICE 2000, SPICE 1000 y SPICE 250 (Smart Precise Impact Cost Effective) se comenzarían a integrarse durante este año.
domingo, 10 de abril de 2016
Procesaron a Mussi
(LPO) - El juez Bonadio procesó al ex secretario de Ambiente por el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis.
El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, en una causa que investiga el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis para la Acumar.
Mussi era el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), integrado por distintos organismos y autoridades nacionales y comunales con el fin de cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear la cuenca Matanza Riachuelo.
Según la denuncia, el dinero se habría desviado entre 2012 y 2013 para construir el espacio de la muestra que ocupó el Acumar y se calcula en 21 millones de pesos, confirmaron fuentes judiciales.
La construcción fue encomendada a la Universidad de Tres de Febrero, pero esta tercerizó los trabajos y cobró una comisión, según la causa.
Mussi, actual diputado bonaerense por el FPV, quedó procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública" al igual que el rector de esa casa de estudios, Aníbal Jozami.
El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, en una causa que investiga el presunto desvío de una partida presupuestaria destinada a tareas de saneamiento del Riachuelo para la construcción de un espacio en Tecnópolis para la Acumar.
Mussi era el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), integrado por distintos organismos y autoridades nacionales y comunales con el fin de cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear la cuenca Matanza Riachuelo.
Según la denuncia, el dinero se habría desviado entre 2012 y 2013 para construir el espacio de la muestra que ocupó el Acumar y se calcula en 21 millones de pesos, confirmaron fuentes judiciales.
La construcción fue encomendada a la Universidad de Tres de Febrero, pero esta tercerizó los trabajos y cobró una comisión, según la causa.
Mussi, actual diputado bonaerense por el FPV, quedó procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública" al igual que el rector de esa casa de estudios, Aníbal Jozami.
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