Por Julio Blanck - Clarin.comDel casi millón y medio de compatriotas que cayeron bajo el nivel de pobreza en el primer trimestre del año, según la confiable medición del Observatorio Social de la UCA, se calcula que más de medio millón vive en el Gran Buenos Aires.
Cuando a María Eugenia Vidal se le pregunta sobre el futuro cercano, ella dice que las medidas que está tomando Mauricio Macri van en la dirección correcta y que la recuperación de la economía se verá antes de fin de año. Pero antes, advierte, “hay que cruzar el bache”. Confía en que la penuria agravada en los bolsillos sea transitoria. Pero enseguida remarca que su principal tarea hoy es “ayudar a la gente a cruzar ese bache”. Ese énfasis en atender la situación social, las necesidades de los más desprotegidos, no siempre se encuentra, o se trasluce, en los cuadros técnicos, de origen gerencial, que ocupan áreas sensibles del Gobierno nacional.
En su discurso, el día que asumió, Vidal dijo que se encontraba con “una provincia quebrada”. Poco después, al defender su primer Presupuesto, argumentó en favor del pedido de autorización para endeudarse diciendo que “la Provincia tiene una enorme deuda social con su gente y queremos cambiarla por deuda financiera”. Difícil sacarla de esa línea argumental.
El viernes último la nueva administración de IOMA, la obra social provincial con 2 millones de afiliados, denunció ante la Justicia estafas en el organismo por 1.500 millones de pesos. Encontraron sobreprecios, facturación adulterada y desvío de prestaciones. El titular de IOMA sostuvo que semejante maniobra “no pudo realizarse sin cobertura política en los planos más altos” de la gestión anterior. Pero la revelación de hechos de corrupción durante la gestión de Daniel Scioli no está en el centro de la estrategia de Vidal.
Su propósito es enfrentar y liquidar esas prácticas sin hacer demasiado aspaviento. De entrada avisó –por los canales adecuados– que ella no estaba dispuesta a recibir valijas ni tributos negros del juego, la Policía, las cárceles o los proveedores de IOMA. Pretende que su ejemplo se instale en todos los niveles de la administración provincial y cuanto menos en los 66 municipios que gobierna la alianza oficialista Cambiemos. Al parecer, no todos esos intendentes estarían sintonizando adecuadamente la orden. En cualquier momento podría saltar una liebre.
Una historia aparte es la Bonaerense. Con 92.000 efectivos, la Policía provincial es un ejército de problemas sin solución de fondo a la vista. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, echó el viernes al jefe y al subjefe de la Departamental La Plata. Otros tres subalternos habían caído una semana antes, cuando gracias a una denuncia interna se habían secuestrado en esas oficinas 36 sobres con un total de 153.700 pesos. Según la Justicia, era la recaudación ilegal diaria de comisarías platenses destinada a las jefaturas. Se ve que los muchachos venían muy confiados: en algunos sobres estaba el nombre de quien lo remitía y, en otros, el tipo de delito que al ser apañado permitía esa recaudación.
Vidal y Ritondo están lanzando una nueva reforma policial. A la gobernadora le preocupa que la gente confíe en que esta vez va en serio. Sabe que esa confianza es muy difícil de ganar. Empiezan por lo elemental: mejoraron el sueldo de los policías –hasta 31% en los niveles más bajos– y están equipándolos con chalecos antibala que efectivamente paren las balas. Apuestan a mejorar profundamente la formación de los nuevos cuadros. Pero ver los resultados, si se alcanzan, puede tardar diez años, hasta que se renueven todas las actuales jerarquías. ¿Quién tiene tanto tiempo?
Mientras tanto la Bonaerense es un dolor de cabeza cotidiano. Ritondo ya cesanteó a casi 750 policías, despacito y sin ruido, por inconductas de todo tipo. Al ministro ya le pasó y no es raro que se repita: un lunes llegó a su despacho y se encontró con tres sumarios levantados durante el fin de semana en el que había policías en actividad involucrados en otros tantos robos en el Gran Buenos Aires, dos de ellos con asesinato incluido.
Frente a ese abismo ante el que está obligada a hacer equilibrio, Vidal tiene una ventaja comparativa única: es la dirigente política con mejor imagen en el país. Lo dicen todas las encuestas conocidas. Y en la Provincia arrasa. Los intendentes peronistas, que necesitan asociarse a ella en esta etapa de gestión, se espantan ante la sola posibilidad de aparecer enfrentándola, y han cuestionado muy duro, internamente, a quienes se le pusieron de punta. Pero sin plata, la imagen del que gobierna puede disolverse demasiado rápido.
Al llegar a la gobernación en diciembre Vidal encontró que en la caja que dejó Scioli sólo había 180 millones de pesos. Eso permitía pagar apenas el 10% de los sueldos de los 600.000 empleados que tiene la Provincia. Ni hablar de los aguinaldos. Macri le prestó plata esa vez, y otra, y otra. Sirvió para salir del primer apuro. Fueron adelantos de fondos de coparticipación que la Provincia asegura que ya está devolviendo, porque pudo generar sus propios recursos.
Cuando el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, terminó de calcular la deuda que había heredado, el número le dio 60.000 millones de pesos. El déficit fiscal del año pasado fue de 22.000 millones. “Es manejable”, dice Lacunza, que fue gerente general del Banco Central durante la primera presidencia de Cristina y viene de trabajar con el hoy ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el Banco Ciudad.
Pero la Provincia no puede aumentar impuestos. La presión tributaria ya es altísima y subirla sería intolerable. Tampoco puede, por razones sociales, reducir sensiblemente su planta de empleados. Buscan achicar costos recortando estructuras políticas, que sobreabundaban hasta el escándalo. Eso puede tener impacto en la opinión pública, sobre todo si se comunica adecuadamente, pero mueve apenas el amperímetro de las cuentas.
El agujero negro estructural requiere de 40.000 millones anuales extra para ser suturado. El gobierno de Vidal dice que esa plata está, sólo que no se la dan. Es la suma que recauda lo que fue el Fondo del Conurbano, una martingala que hace 25 años Duhalde le puso como condición a Menem para aceptar ser gobernador. El problema, dicen en La Plata, es que esos fondos –que en el origen eran un millón de pesos/dólares diarios– quedaron congelados, brutalmente desactualizados. Y todo el excedente se repartió desde entonces entre las restantes provincias. Ese excedente es hoy más del 90% de esos fondos, que se constituyen con una porción de la recaudación total del impuesto a las Ganancias. A la Provincia le queda poco y nada.
Cuando se habla de discutir el reparto de la coparticipación, el gobierno de Vidal saca del subsuelo este tema y muestra los colmillos. La gobernadora ya lo planteó delante de todos los mandatarios provinciales, en una reunión que convocó Macri. Y Lacunza lo hizo, dos veces, ante sus colegas de todo el país en los encuentros organizados por el ministro Frigerio en la Casa Rosada.
Los demás distritos miran para otro lado cuando los bonaerenses patalean. Cada quien tiene sus bonitos entuertos por solucionar. Vidal se propone llegar a capturar el 25% del total de los fondos de coparticipación. Hoy la Provincia recibe el 18%, aunque genera el 37% de los impuestos que son coparticipables. La gobernadora confía en que la decisión política de Macri le allane el camino hacia ese objetivo, que es “la única manera de hacer viable” la Provincia. Pero tendrá que correr mucha agua antes de lograrlo.
El plan maestro de Vidal para el primer año de gestión es sencillo y tiene tres vigas maestras: seguridad, educación, salud. Mejorar el estado de hospitales, escuelas y caminos. Estar con la ayuda social encima de cada conflicto agudo que surja. Anticiparlo, si se puede. Y si consigue fondos suficientes iniciar obras de infraestructura hídrica, para un territorio que vive inundado.
Tiene que lograr mejoras rápidas, concretas y visibles. Eso le permitirá llegar bien parada a la elección legislativa de 2017. Si a ella le va bien, a Macri le va bien. Macri lo sabe y por eso pone en la Provincia todo lo que tiene. Son los bonaerenses los que le dirán al país si el Presidente va por buen camino. Ganar la Provincia el año que viene despeja el camino a la reelección. Si es al revés, el horizonte del Gobierno se hará más corto y oscuro.
Van recién cuatro meses y para esa hipótesis faltan casi cuatro años. Los políticos, oficialistas u opositores, jamás dirían ahora que están pensando en eso. Pero piensan todo el tiempo en eso.
