Recuperar lo robado

Por: Natalia Volosin - Infobae.com
Mientras el mundo desarrolla herramientas estructurales cada vez más precisas para prevenir los hechos de corrupción antes de que ocurran, en la Argentina seguimos pensando que la clave está en investigar y aplicar sanciones penales con mayor efectividad. No aprendimos la enseñanza que dejó la evitable "tragedia de Once". La corrupción mata y viola derechos, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. Por ello, los instrumentos que operan ex post (como lo hace por naturaleza el sistema penal) llegan irremediablemente tarde y lo seguirán haciendo aun cuando mejoremos su efectividad.

Las mejores prácticas señalan que lo único que funciona en la lucha contra la corrupción (el síntoma) son las reformas que apuntan a los déficits institucionales de diseño y de gestión subyacentes (la enfermedad). Desde esta perspectiva, los funcionarios deberían ocuparse en forma prioritaria y urgente de transformar el sistema de compras y contrataciones, cuya extrema precariedad (que describo aquí) explica la mayoría de los escándalos que conocemos. Los casos "Plan Qunita" y "Sueños Compartidos", las denuncias que afectan a Milagro Sala, la compra de trenes por la cual detuvieron a Ricardo Jaime y la propia "tragedia" de Once no pueden prevenirse con la llamada "ley del arrepentido" y, además, se repetirán en el futuro si no atacamos las causas institucionales de la corrupción.

Ello no quiere decir que no debamos también procurar mejoras sustanciales en el modo en que investigamos, juzgamos y eventualmente sancionamos los hechos delictivos. Desde el enfoque penal, la agenda política actual se concentra en tres herramientas: (a) la delación premiada ("ley del arrepentido"), muy exitosa en otros países, como lo demuestra la "Operación Lava Jato" en Brasil; (b) la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que he defendido aquí; y (c) el recupero de activos, sobre el cual impulsaron proyectos de ley de "extinción de dominio" la UCR, el Frente Renovador y, en cabeza de la diputada Elisa Carrió, el propio partido de gobierno. Veamos de qué se trata y cómo funciona esta herramienta (ya existente) en la Argentina.

La idea de "recuperar lo robado" no es nueva. La criminalidad económica compleja (narcotráfico, trata de personas, corrupción, etc.) genera enormes ganancias que se reinvierten en los mismos mercados ilícitos o se "lavan", incorporándose bajo una apariencia lícita a la economía formal: negocios inmobiliarios, juego, fútbol, etc. La globalización de los mercados y el avance de las tecnologías permiten que estas maniobras se realicen con mayor sofisticación y rapidez, sin límites fronterizos. Con un simple "click" pueden crearse complejos vehículos societarios o realizar transferencias electrónicas para "exportar" el provecho del narcotráfico o la corrupción a cuentas offshore. Para luchar contra este fenómeno, en los últimos 20 años muchos países comenzaron a diseñar novedosas herramientas. El recupero de activos es una de las principales estrategias que adoptaron.

Las políticas de recupero tienen como objetivo impedir el disfrute de los beneficios económicos del delito, transfiriéndole las ganancias ilícitas al Estado para que las aplique a finalidades públicas (educación, salud, etc.). Ello se realiza a través de medidas dirigidas a identificar, localizar, cautelar y decomisar el producto del delito: el dinero en cuentas bancarias, los inmuebles, los autos de lujo, etc. En los casos más complejos, que involucran bienes en el extranjero, estas etapas pueden ser atravesadas por mecanismos formales e informales de cooperación internacional tendientes a obtener prueba, medidas cautelares, decomisos y repatriaciones para transferirle al Estado los bienes que se encuentran en otra jurisdicción. Esto es lo que hicieron con relativo éxito países como Perú, que repatrió cerca de US$ 100 millones de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desde Suiza y Estados Unidos, o Nigeria, que recuperó US$ 700 millones de Sani Abacha desde Suiza.

El recupero de activos tiene varias ventajas. Primero, atacar el producto de delitos económicos complejos es una política criminal mucho más efectiva que la tradicional persecución de personas, pues por razones estructurales estas causas no suelen avanzar (clandestinidad, poder, corrupción judicial, etc.). Segundo, impedir la reinversión ilícita del producto del delito tiene cierto efecto preventivo: puede evitarse, por ejemplo, que el dinero del narcotráfico se utilice para comprar armas o para producir más drogas. Tercero, si las ganancias ilícitas recuperadas se utilizan para fines públicos, las políticas de recupero pueden ayudar a reparar los daños y violaciones de derechos a los que hice referencia al comienzo. Cuarto, al recuperar activos ilícitos, especialmente "lo robado" por la corrupción, el Estado también puede comenzar a recuperar la confianza que muchos sectores de la sociedad perdieron durante décadas de impunidad.

Hasta 1999 la Argentina sólo decomisaba los instrumentos del delito (el inmueble en el que se produce y oculta la droga) y su objeto (la droga). En el marco de una tendencia global iniciada en los años '80, sólo la ley de estupefacientes (de 1989) preveía el decomiso de la ganancia o beneficio económico generado por el delito (el dinero obtenido por la venta de la droga, los inmuebles y vehículos adquiridos con ese dinero, etc.). Además, el decomiso se aplicaba exclusivamente si y cuando se dictaba una condena. Una década más tarde, la Ley de Ética Pública reformó el art. 23 del Código Penal, estableciendo el decomiso del producto de todos los delitos. La reforma de 1999 también permitió decomisar bienes de terceros que no son perseguidos penalmente en el proceso pero que se beneficiaron del producto del delito, incluyendo a las empresas: por ejemplo, los beneficios que obtiene una firma como consecuencia del soborno que paga su presidente para "ganar" una licitación pública.

La idea de decomisar las ganancias del delito más allá de la sanción penal siguió avanzando. En 2011 se volvió a reformar el art. 23 del Código Penal y se habilitó el decomiso sin condena para el financiamiento del terrorismo y los delitos contra el orden económico y financiero. El decomiso sin condena permite que el Estado recupere las ganancias del delito incluso sin una condena penal cuando se demuestra el origen ilícito de los bienes o el hecho del que provienen y las personas no pueden ser enjuiciadas por fallecimiento, fuga, prescripción, etc. A fines de 2014 la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que amplía el decomiso sin condena al narcotráfico, a su financiamiento y a la trata de personas, admite que se pruebe el origen ilícito de los bienes con indicios y se aplica incluso cuando no hay impedimentos para juzgar a la persona.

Por último, los proyectos de extinción de dominio que mencioné al comienzo establecen una acción judicial civil, independiente del proceso penal, por la cual un juez transfiere la titularidad del producto del delito a favor del Estado aunque las personas nunca sean juzgadas ni condenadas. Estos procesos de decomiso civil, muy comunes en otros países, ayudarían a resover uno de los principales problemas que tiene actualmente el recupero de activos en la Argentina. Los operadores judiciales mantienen la visión tradicional de que el decomiso es una pena, por lo que hay pocos decomisos sin condena y los que se dictan con la sentencia no suelen dirigirse al producto del delito.

No obstante, el recupero de activos presenta otros obstáculos que los proyectos de extinción de dominio no resolverán y que exigen, en cambio, una política nacional que coordine la participación de diversas agencias. Veamos:
-Son escasas las investigaciones patrimoniales adecuadas que permitan llegar a la etapa cautelar con bienes identificados y localizados. Las dificultades que impone la AFIP para levantar el secreto fiscal y los históricos obstáculos de coordinación con la UIF y el Ministerio Público Fiscal no ayudan.
-Las medidas cautelares (embargo, congelamiento de cuentas, intervención de empresas, etc.) se adoptan demasiado tarde, en general con el procesamiento. Ello le permite a los imputados desprenderse de los bienes o lavarlos en el circuito legal.
-La administración de bienes durante el proceso y la disposición definitiva de lo decomisado operan bajo criterios discrecionales que impiden reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad. El uso de autos de lujo que se le secuestran a los acusados de narcotráfico por parte de algunos jueces federales y el rechazo de la Corte Suprema al pedido de la sociedad civil para que el producido del remate del hotel de María Julia Alsogaray fuera destinado al hospital Garrahan son ilustrativos.
-La práctica en materia de cooperación internacional con fines de decomiso es limitada e inefectiva: un estudio de 2009 muestra que el 60% de las solicitudes de asistencia mutua legal formuladas por jueces penales en causas de corrupción (los famosos exhortos) no tuvieron respuesta o fueron rechazadas.
-Con independencia de los procesos penales y sin que sea necesario reformar ninguna ley ni crear ningún organismo nuevo, el Estado podría hoy mismo ordenarle a la Procuración del Tesoro de la Nación que inicie procesos de recupero de activos en el extranjero para obtener decomisos sin condena o incluso acciones civiles autónomas.

El recupero de activos es fundamental en la lucha contra la criminalidad económica compleja en general y contra la corrupción en particular, pero presenta múltiples obstáculos que exceden a las propuestas de extinción de dominio. Además, como lo demuestran las causas contra el ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime (detenido por la compra de trenes a España y Portugal y condenado por la "tragedia" de Once y por haber recibido dádivas de las empresas concesionarias de los ferrocarriles), la corrupción en la Argentina es estructural. Para vencerla se requieren urgentes reformas institucionales, en especial del sistema de compras públicas. Recuperemos lo robado, pero exijamos medidas de prevención para que no vuelvan a robarnos. Ni a matarnos.

La autora integra la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal.

El plan de Macri para el transporte público después de los aumentos

Por: Silvia Mercado smercado@infobae.com
Con los anuncios de la suba de tarifas, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de presentar a la sociedad su ambicioso proyecto que desarrolló para los próximos cuatro años.
Por qué falla la comunicación macrista


Crédito: Reuters

Los que viajamos en transporte público sabemos que a partir del 8 de abril tendremos que pagar 6 pesos por la tarifa mínima de colectivo. Lo aceptamos con molestia y apenas protestando, aceptando el designio de equiparar lo que gastamos en viajar a lo que pagan en Córdoba, Mar del Plata o Jujuy.
Intuimos vagamente que durante años gozamos de un privilegio que no nos correspondía y tenemos la idea de que con los subsidios al transporte no solo se llenaron las arcas personales de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, los Cirigliano y vaya a saber cuántos más.

Creemos que esos subsidios, ese sistema corrupto con ausencia de inversiones y de control, fueron la causa eficiente de la trágica muerte de 52 hombres y mujeres que un lunes 22 de febrero de 2012 venían a trabajar en una formación del Ferrocarril Sarmiento que llegaba a Once a las 8.33 de la mañana. Está bien. Pagaremos los 6 pesos. Pero, ¿por qué nadie nos explica para qué va a servir el esfuerzo que realizaremos a diario?

En diálogo con Infobae, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reveló una gran cantidad de datos que no se ocupó de transmitir en la conferencia de prensa que realizó para anunciar los aumentos. Dietrich explicó que las 17 mil unidades de colectivos hacen del área metropolitana de Buenos Aires una de las más densas del mundo, superando largamente otra muy importante como la de Londres, que es otra muy grande, y tiene 10 mil unidades. "Es difícil encontrar en el mundo un sistema de transporte colectivo tan grande, con tantos vehículos, que suponen casi 45.000 choferes (algo más de tres por unidad), que funcionan las 24 horas del día de los siete días de la semana", dijo.

Vaya a saber por qué extraña razón de la naturaleza nacional y popular, el crecimiento de la red de colectivos se realizó sin planificación y coordinación, a la buena de Dios. Sin embargo, semanalmente Dietrich realiza reuniones con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal quienes acuden con sus equipos de transporte para diseñar y poner en marcha lo que él mismo define como "la más grande inversión en infraestructura de transporte en 15 meses que jamás se realizó en la historia argentina".

En la conferencia de prensa habló de 5000 millones de pesos de inversión en infraestructura, pero no dijo cómo ni para qué serán usados esos fondos. Es verdad que tampoco nadie le preguntó, pero en Infobae contó que se ampliará largamente la realización de metrobuses (ya hay uno en marcha en La Matanza, otros dos que se están terminando de planificar en Lanús y en 3 de Febrero, varios más que se están pensando para Santa Fe, Rosario, Mendoza, tal vez Neuquén y Corrientes), más la realización de pasos a nivel, nuevas paradas y puesta a punto de asfalto de calidad en todas las calles por donde pasa el transporte urbano.

"Durante años no hubo ningún tipo de planificación ni de coordinación, pero nosotros tenemos planes para los próximos cuatro años", especificó el Ministro, "y la gente va a ir mejorando notablemente su experiencia de viaje, reduciendo el tiempo, pero viviendo otra calidad de vida, incluyendo en esto al propio chofer, que a veces tiene que pasar por zonas que no pueden más que enfurecerlo".

No es casual que hasta ahora nadie se haya ocupado. Son muchos los distritos, o sea, los intendentes, decenas y centenas los actores involucrados, desde pequeñas y medianas empresas de colectivos, hasta grandes, más sindicatos, empresas de publicidad callejera, que por años vienen haciendo lo mismo, es decir, dejar que gane en la calle la ley del más fuerte, que nunca es la del usuario. El esfuerzo de meterse en esa maraña de intereses parece ciclópeo.

En cuanto a trenes, Dietrich dijo que hoy la red interurbana también es de las más grandes del mundo, con 860 kilómetros de vías, aunque solo la usa un poco más de un millón de personas. "Es que a esos 860 kilómetros le faltan 11 o 12 kilómetros que conecten Retiro con Once y Constitución, algo que también está planificado. Cuando eso esté listo, dentro de seis años, alguien que vive en Villa Rosa y no agarra un trabajo en Berazategui porque le insumo tres horas de viaje de ida y otras tres de vuelta, tal vez lo acepte, porque demorará tres horas para ir y venir", explicó.

Pero algo más. Hace cuatro años que se produjo la tragedia de Once, sin embargo, los trenes argentinos siguen utilizando el freno manual. "Randazzo hizo un avance en el control de las personas, poniendo cámaras y controles psicofísicos, pero el tren sigue dependiendo de una persona para frenar, algo que no sucede en ninguna parte del mundo hace 20 años". Y agregó: "nosotros vamos a invertir 420 millones de dólares para el frenado automático, en 18/20 meses el Belgrano Norte tendrá frenos automáticos, en 24 meses el Urquiza, y en cuatro años todo el sistema tendrá frenos automáticos".

Es altamente auspicioso que el considerado por muchos "el gobierno de los ricos" tenga el foco en el transporte público, un asunto dramáticamente abandonado durante años de kirchnerismo, pero aún antes, porque ni Carlos Menem, ni Raúl Alfonsín tuvieron este asunto entre sus prioridades.

Es evidente que el sencillo hecho de que los políticos, y en general "los que mandan" (ese concepto de José Luis de Imaz) no sean usuarios de transporte público es lo que los hace insensibles a una materia esencial en la vida de los simples mortales.

TAL VEZ COMO DESDE EL GOBIERNO DESCUENTAN EL DISGUSTO POR LOS AUMENTOS, CREEN QUE NO VALE LA PENA COMUNICAR CUÁL ES EL PLAN A LARGO PLAZO

Cuando Mauricio Macri desplegó el primer Metrobus en la 9 de Julio pocos creían que podía ser una herramienta central para conquistar al electorado. No pensaron lo mismo los que toman colectivos. La experiencia de tomar un 59, por ejemplo, en una estación de Metrobus es tan pero tan distinta, que se comprobó que suben más pasajeros -y de mejor humor- en esas paradas, que en cualquier otra.

Viajar es una de las actividades más importantes en la vida de las personas, un tiempo que solemos invertir en hablar por teléfono, whatsappear, leer, o dormir, para aprovecharlo de algún modo. Si ese tiempo se reduce y podemos hacerlo en un entorno agradable, mejoraremos nuestra calidad de vida.

La pregunta, entonces, es por qué el Gobierno no explica hacia dónde va, que viajaremos mejor el año que viene, y todavía mejor el siguiente, y ni qué decir cuando pasen cuatro años.

La respuesta fácil es que hay una falla de comunicación, que ya lo dijeron muchas veces, y no evaluaron importante repetirlo en esta circunstancia, como comentó una persona vinculada a los anuncios. También la explicación puede ser otra. Que como descuentan el disgusto, cualquier esfuerzo en comunicarlo mejor no vale la pena porque lo único que importa es seguir adelante, trabajando duro para que las políticas lleguen a la gente, sin importar el debate público en el entretiempo.

Alguien que trabaja en la comunicación macrista hace mucho tiempo le dijo a Infobae que cuando, en medio de una fenomenal inundación, Macri explicó que la Ciudad se seguiría inundando por los próximos años, hasta que se terminen las obras iniciadas, nadie valoró lo que decía y lo siguieron criticando hasta que vieron que dejó de inundarse. Tal vez tenga razón. O, tal vez, no crea que en la sociedad se está produciendo una nueva matriz cultural, una porción importante de la población que empieza a valorar el largo plazo y, sobre todo, a la dirigencia que apuesta al largo plazo. Una pena: se trata del electorado que votó a Cambiemos.

Avanza un plan oficial para llevar banda ancha a 1.200 pueblos

Por Alejandro Alfie - Clarin.com
Llevará además red a unos 100 parajes que no cuentan hoy con acceso. En total, se invertirá unos $ 4.530 millones.


Con una inversión de $ 4.530 millones, el Gobierno avanza en la implementación de un Plan que llevará acceso a Internet de banda ancha, con bajo costo, a 1.200 pueblos, parajes y ciudades de todo el país, de los cuales más de 100 nunca tuvieron Internet.

El plan para achicar la brecha digital lo lleva adelante la empresa estatal Arsat y este mes se van a inaugurar las primeras localidades. El presidente Mauricio Macri dijo en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso que uno de los objetivos de su gobierno es que “hasta el pueblo más alejado tenga acceso a Internet”.

El presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, contó a Clarín que con la implementación de este Plan, “vamos a llevar Internet por fibra óptica al interior de cada pueblo, posibilitando que empresas, cables y cooperativas, que pagan hasta 250 dólares el mega, puedan adquirirlo hasta diez veces más barato”.

Una de las unidades de negocio de Arsat es la que trabaja en la construcción de una infraestructura mayorista de Internet, para integrar a todo el país con fibra óptica y que bajen los precios donde la presencia de un único proveedor mayorista, generalmente las telefónicas dominantes, produce situaciones monopólicas que se traducen en altísimos costos.

El precio actual de un mega de ancho de banda llega a US$ 250 en San Genaro, Santa Fe; pero varía, según la localidad, entre US$ 120 el mega en Santa María, Catamarca; US$ 160 en Perito Moreno, Santa Cruz; y US$ 180 en Sunchales, Santa Fe, entre otros.

“Cuanto más caros son los megas que proveen los mayoristas, más caro y lento es el servicio que llega a cada ciudadano por medio de la cooperativa, la empresa de Internet o la cablera”, dijo De Loredo. “El promedio del mega de Arsat estará en US$ 25. De esta forma, se podrá acceder a mucha más velocidad y a menor costo, para que las empresas de Internet den mejor servicio a los argentinos y podamos disminuir la brecha digital”, añadió.

 En los últimos cuatro años Arsat construyó una red de fibra óptica de 32.000 kilómetros de extensión. Cuando asumió la nueva gestión en Arsat, “apenas 6.500 kilómetros de esa red estaban en condiciones de brindar servicio y sólo conectaban a 17 localidades”, aseguró De Loredo. Y agregó: “En estos tres meses sumamos 8.000 kilómetros más, que ya se encuentran operativos para proveer Internet y nos proponemos en dos años completar los 32.000 kilómetros”.

A esa red le están agregando otra, que conecta la red troncal con cada una de las 1.200 localidades en todo el país, de las cuales más de 100 nunca tuvieron Internet. La inversión es de $ 4.530 millones, en dos años: $ 3.660 millones son para desplegar la red de fibra óptica y $ 870 millones para ponerla en servicio.

Los primeros pueblos, parajes y ciudades se van a conectar este mes; aunque la presentación oficial del plan será el 17 de mayo, cuando se celebra el Día de Internet.

Algunas de las localidades que tendrán acceso a Internet con este plan son Bragado, Azul, Los Toldos, Junín y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires; Rafaela, Sunchales, Tacural, Montefiore y Logroño, en Santa Fe; La Quiaca, Humahuaca, Purmamarca, Yavi y Tilcara, en Jujuy; Perito Moreno, Caleta Olivia, Koluel Kaike, Gobernador Gregores y Pico Truncado, en Santa Cruz, entre otras.

Reglamentan la Ley de Energías Renovables

(SuperCampo) - El decreto del Poder Ejecutivo fue publicado ayer en el Boletín Oficial. Asignó este año fondos para ese fin por $12 mil millones y estableció beneficios impositivos.

Toma desde el eólico en la punta de la torre, con una vista del Embalse Río Tercero y, al fondo, la Central Nuclear de Embalse (Córdoba).

El Gobierno reglamentó la ley para fomentar el uso de fuentes renovables de energía, y asignó este año fondos para ese fin por $12 mil millones, al tiempo que estableció beneficios impositivos.

La reglamentación a la ley 27.191 se dispuso a través del decreto del Poder Ejecutivo 531 publicado ayer en el Boletín Oficial, y en sus considerandos planteó que la expansión del uso de fuentes renovables de energía eléctrica tiene “consecuencias favorables para el país” dado que implica “una mayor diversificación de la matriz energética”, “la reducción de costos de generación de energía, previsibilidad de precios a mediano y largo plazo”, y “contribuye a la mitigación del cambio climático”.

La norma destacó que la expansión de las energías renovables constituye una cuestión “de máxima prioridad” para el Gobierno nacional, y una “política de Estado de largo plazo”. Asimismo, estipuló destinar este año para el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) -creado en la ley 27.191- recursos por $12 mil millones provenientes del Tesoro Nacional.

Los puntos fiscales más destacados de la reglamentación son los siguientes:

*Exención del impuesto sobre los dividendos (ley 26.893). Se establece que la autoridad de aplicación determinará el plazo y condiciones en que se deberá efectuar la reinversión para gozar del beneficio.

*Certificado Fiscal: Se establece la posibilidad de solicitarlo en forma anticipada a la entrada en operación comercial del proyecto.

*Utilización de beneficios: No podrán utilizarse los beneficios del certificado fiscal ni de la devolución anticipada de IVA para cancelar obligaciones de responsabilidad sustitutiva, de actuación como agente de recaudación y deudas del sistema de Seguridad Social.

*Préstamos del Banco Nación para pagar el IVA: Se establece que el BNA dispondrá de líneas de crédito especiales para financiar la cancelación del IVA (a proveedores) durante la ejecución del proyecto y hasta su entrada en operación comercial.

*Incremento fiscal-concepto: Se establecen cuáles son los incrementos fiscales que podrán trasladarse a precio y cuales están excluidos del beneficio.

*Derechos de importación-exención: Se establecen los requisitos para gozar del beneficio. Queda pendiente aún la determinación de las posiciones arancelarias beneficiadas.

El responsable de energías renovables de la consultora KPMG, Omar Díaz, destacó que “a diferencia de lo que ocurrido con la reglamentación de la ley anterior (que demoró tres años), esta vez se publicó el reglamento en los tiempos adecuados”.

“Desde el punto de vista fiscal se han aclarado varias cuestiones vinculadas con los beneficios fiscales, sin perjuicio de que restan aún algunos aspectos por clarificar (procedimiento para la emisión de certificado fiscal, definir las posiciones arancelarias que gozarán del beneficio de exención de impuestos aduaneros, etcétera)”, evaluó.

Díaz dijo que espera que “el proceso de reglamentación continúe con la rápida intervención de los organismos oficiales involucrados (AFIP, Ministerio de Energía y Minería, etcétera) con el fin de iniciar a la brevedad las licitaciones respectivas”.

“Son grandes las expectativas del sector de las energías renovables, incluyendo tanto a inversores locales como del extranjero, que coinciden con el objetivo del gobierno de otorgar ‘máxima prioridad’ al tema”, finalizó.
FUENTE: DyN

Millonaria disputa por la pesca en las islas Malvinas

Por Leandro Dario | Perfil.com
Los isleños tienen ganancias anuales de 30 millones de dólares por la venta de licencias. Eso se suma a 500 más que Argentina pierde por la pesca ilegal.

Tension. Kirchner se reunió en 2003 con Blair y le reclamó por los recursos. CFK y Cameron también tuvieron roces. | Foto: Cedoc Perfil

Tras la algarabía inicial, el dictamen de la ONU que autorizó a la Argentina a extender su plataforma continental, incluyendo en sus aguas a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, dejó decenas de desafíos pendientes. Si bien la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, no se expidió sobre el fondo de la cuestión.

La comunidad internacional convalidó el planteo argentino, extendiendo los derechos de soberanía a 1.782.000 km2 más allá de las 200 millas marinas. Pero ¿qué peso tiene ese dictamen? ¿Es vinculante legalmente? ¿Están las partes obligadas a respetarlo?

Londres relativizó el optimismo argentino. “Es importante recordar que éste es un comité asesor. Hace recomendaciones, que no son legalmente vinculantes, y la comisión no tiene jurisdicción sobre temas de soberanía”, dijo la vocera de David Cameron.

Desde el Palacio San Martín cuestionaron ese punto de vista. “Es muy positivo que la Comisión haya sostenido que existe una controversia entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Es una reafirmación de la soberanía porque Argentina presenta su espacio marítimo con límites definitivos y obligatorios. Y se reconoce una disputa que el Reino Unido desconocía. Ese país es parte de la Convención. Ahora no lo puede desconocer”, afirmó a PERFIL Frida Armas Pfirter, titular de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla).

El documento es un informe científico y técnico –no jurídico–, que convalidó las recomendaciones presentadas por la Argentina en 2009. “La Comisión revisa y luego aprueba o rechaza si el país que realiza la presentación ha cumplido con los criterios científicos fijados por la Convemar para el trazado del límite exterior de su plataforma continental. Al aprobarlos, pasan a ser reconocidos por todos los demás Estados que son parte de la Convemar”, explicó un diplomático argentino. Lo que plantea esta decisión es el control y usufructo de los recursos en esa zona: fundamentalmente petróleo y minerales que subyacen en el lecho y subsuelo marinos.

Pesca. La disputa por la riqueza energética y mineral no es el único conflicto que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido. “Es claro que esta decisión sobre la plataforma continental afecta la vital captura de peces y calamares en las islas y vuelve incierta la explotación de petróleo en su lecho marítimo”, aseguró en un editorial del diario británico The Times. La captura ilegal de recursos ictícolas en la Zona Económica de Exclusión argentina, que provoca pérdidas anuales por 500 millones de dólares, provocó recientemente un incidente diplomático con China, al hundir Prefectura un pesquero con bandera de ese país.

En una investigación realizada por este autor titulada “La Segunda Guerra de Malvinas: la disputa por los recursos pesqueros” –presentada ante la Maestría de Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y de Flacso, y pendiente de evaluación–, se analizaron los motivos que llevaron a la Argentina a cancelar la cooperación pesquera con el Reino Unido, que tuvo lugar entre 1990 y 2005. Desde que comenzó a operar, en 1986, la industria pesquera generó un auge de la economía de las Malvinas, con 30 millones de dólares de ingresos anuales en concepto de venta de licencias pesqueras y exportaciones por 262 millones, según el Departamento de Pesquerías de las islas. Los ingresos de esa actividad representan el 34% de su PBI.

Durante el gobierno de Carlos Menem, Argentina y el Reino Unido firmaron los acuerdos de Madrid, que estipularon, entre otras cosas, la normalización de las relaciones diplomáticas, la “construcción de medidas militares de confianza” y la cooperación en las áreas de hidrocarburos y pesca. En ese último apartado, los Estados comenzaron a compartir información científica y técnica sobre la evolución de las especies de altura y a celebrar dos reuniones anuales de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, un organismo que emitía recomendaciones para evitar la sobrepesca de los recursos.

Sin embargo, en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decidió congelar ese intercambio. “Vimos que los acuerdos –firmados por otro gobierno– no eran equilibrados y solamente contribuían a que continuase incambiada la situación de hecho, es decir, la jurisdicción británica sobre aguas y recursos pesqueros. Agravada esta situación por la emisión de permisos de pesca por la autoridad colonial usurpadora”, explicó a PERFIL el ex canciller Rafael Bielsa.

“Se buscaba imprimirle a la negociación otras características, en procura de dejar de conceder sin recibir nada a cambio y de adoptar una actitud más firme y enérgica con el objetivo último de acercarnos a la reanudación de las negociaciones sobre soberanía”, reveló un diplomático de carrera. Otros elementos que incidieron en el cambio de postura argentino fueron las medidas unilaterales británicas que afectaron los recursos en disputa, entre ellas la venta de licencias pesqueras a 25 años, anunciada en 2005.

El ex vicecanciller Fernando Petrella admitió en el libro Década de encuentro Argentina y Gran Bretaña 1989-1999 que “el hecho de que el Reino Unido ejercía jurisdicción de facto con exclusividad, impidiendo a la Argentina pescar y patrullar dichos espacios marítimos, impidió mayores progresos tanto en la cuestión de la conservación de los recursos como sobre el fondo de la disputa”.

Es imposible analizar la política de los 90 en este tema aisladamente, sin subordinarlo a la política exterior general del menemismo, que buscó “insertar al país en el mundo”. Así, hubo un acercamiento estrecho a Estados Unidos y Europa occidental, en momentos en que caía el Muro de Berlín, se disolvía la Unión Soviética y el Consenso de Washington se propagaba por América Latina.

Tras 15 años de cooperación, el gobierno argentino entendió que ese proceso fortalecía a Londres. “El ‘paraguas’ protegía y fortalecía la posición de una sola de las partes, dejando a la otra reducida a la condición de reclamante y –algo mucho más grave– a que se interpretara que había un consentimiento tácito de Argentina”, agregó Bielsa.

El análisis histórico sobre la cooperación con el Reino Unido en los 90 cobra un renovado interés en momentos en que Mauricio Macri debe tomar una decisión: emprender una política exterior similar a la del menemismo, continuar con la confrontación o buscar una “tercera vía”, una síntesis entre esas dos políticas.

Tras la cuestionada gestión de La Cámpora, la fábrica de aviones Fadea busca abrir mercados

Por Gabriela Origlia - LA NACION
El empresario cordobés Ercole Felippa asumirá pasado mañana al frente de la firma

La fábrica tuvo fuertes desajustes cuando fue gestionada por La Cámpora. Foto:La voz del Interior

CÓRDOBA-. El empresario Ércole Felippa, presidente de la láctea Manfrey y ex titular de la Unión Industrial de Córdoba, asumirá pasado mañana la presidencia de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Deberá trabajar intensamente para relanzar una empresa que está virtualmente parada hace años y que, según la auditoría de Deloitte, el año pasado registró un pasivo de 1400 millones de pesos.

Será puesto en funciones por el presidente Mauricio Macri días después de que el Pampa III, primera aeronave fabricada en serie, cumplió con éxito su primer vuelo de ensayo. El desarrollo de la unidad es un proyecto que comenzó hace 4 años y que incluye a otras 18. Aunque el compromiso era entregar 19 a principios de 2015, nunca hubo ninguna.

La demora en el cumplimiento determinó que durante dos años la Fuerza Aérea y la Aviación Naval no pudieron entregar los brevet de pilotos (permisos de conducir) a los cadetes, porque no podían cumplir horas de vuelo en aviones de entrenamiento; para salir del paso, el Gobierno compró 10 aviones alemanes Grob 120 TP.

Además de cumplir con ese programa y avanzar en una alianza con la brasileña Embraer, Felippa deberá tratar de sumar clientes para no depender sólo del Ministerio de Defensa y analizar las posibilidades de Fadea en el mercado de los drones, del software y del mantenimiento de aeronaves privadas.

Ante la difusión de una auditoría de Deloitte sobre los manejos de los últimos años y de las expresiones de la actual titular de la fábrica, Cristina Salzwedel, respecto de que la Cámpora "vació" la empresa, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk comenzó una investigación de oficio. Salzwedel dijo que se "fugaron" fondos por programas de responsabilidad social y mencionó que se compraron 1500 metros cúbicos de hormigón y sólo ingresaron 900.

Entre los convenios presuntamente irregulares, mencionó uno con el Ministerio de Desarrollo Social que conducía Alicia Kirchner. Salzwedel sostuvo que lo rastrearon a través de correos electrónicos, pero que no pudieron hallar el acuerdo original.

La Cámpora se hizo cargo de Fadea en 2013, cuando Matías Savoca asumió la presidencia. El rojo de la empresa pasó de $ 150 millones en 2013 a $ 1401 millones en 2015, según Deloitte. A Savoca lo precedió en la conducción Raúl Argañaraz, cuya gestión fue investigada por una auditoría interna, que se presentó en febrero de 2014. Del informe, que no había trascendido, se desprenden presuntas irregularidades, en especial en el área de Compras y Contrataciones, Mantenimiento y Seguridad. Encontrado por el actual directorio, fue entregado a la justicia. Se sañala allí, por ejemplo, que entre 2010 y 2013 las compras hechas por pedido de Defensa se multiplicaron por 7, al pasar de 165,6 millones a 1132,9 millones de pesos. En igual período, las contrataciones propias de la fábrica saltaron de 15,9 millones a 550,3 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 3461%.

Algunos tramos de la auditoría indican que "las fallas, conjugadas, aun cuando no permiten hacer referencia a posibles responsabilidades de naturaleza jurídico penal por faltantes concretos de materiales (...) sí dan cuenta de un esquema de organización e incentivos que elevó por sobre el nivel de lo asumible y tolerable el riesgo inherente a la pérdida, desaparición, aprovechamiento en beneficio particular o sustracción de recursos de la compañía dotados de indudable valor patrimonial".

El reporte que el kirchnerismo cajoneó plantea que "en un número significativo de casos (25% del total de órdenes de compras analizadas) los requerimientos se efectúan con una antelación escasa a la fecha expresada por la necesidad".

Ejemplifica el carácter "espontáneo, fragmentario y presuroso" de las adquisiciones mencionando electrodomésticos como pava eléctrica, termotanques, heladeras, y hasta cuatro televisores LED de 32'' pedidos con carácter de "urgente" para la sala de espera "mientras no existe sala de monitoreo para las cámaras de seguridad de la planta". También critica que la división Compras no invitaba a cotizar a los proveedores y que las adquisiciones se hacían sin contar con un mínimo de tres oferentes para comparar precios. "Se visualiza como recurrente la invitación a grupos reducidos de proveedores en ciertos rubros", describe.

En el área de Mantenimiento y Transporte detectaron agentes que firmaban formularios de recepción sin verificar productos y/o cantidades ingresadas; frecuentes extravíos o sustracción de herramientas y un almacenamiento desorganizado.

El documento entregado a Savoca -quien no hizo las denuncias judiciales- indica la existencia de "frecuentes movimientos de material, herramental o maquinaria que no poseía explicación evidente, existiendo casos en los que los elementos terminaban alojados en sectores alejados de la fábrica, excesivamente cercanos a las puertas de la salida del predio, mezclados con posibles elementos de descarte".

La trama narcopolicial de cómo casi desaparece un embarque de droga

Por Germán de los Santos - LA NACION
Interceptaron un contenedor lleno de estupefacientes que manejaba un policía; los jefes del operativo liberaron a todos; los habrían sobornado con la cocaína del embarque; sólo quedó la marihuana

El contendor en el que sólo hallaron marihuana y faltaba el embarque de cocaína.Foto:AP

ROSARIO.- "Es el Aguja Agüero; maneja toda la merca de la zona de la costa. Pero todo es consensuado. Es policía de la Octava Zona. Acá hay un camión que se piró." Ni los propios policías disimulaban a través de sus diálogos por la radio policial lo que ocurría aquella noche lluviosa del 2 de noviembre de 2014, en Arroyo Leyes, a unos 35 kilómetros de donde detuvieron en enero pasado a los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.

"Una mancha más al tigre. ¡Qué vergüenza!", dijo por esa frecuencia la subcomisario Stella Olivera cuando se enteró de que efectivos de su seccional habían detenido a dos narcos, uno de ellos policía, con un camión cargado con un contenedor lleno de droga, que provenía de Misiones. Pero la "vergüenza" que no podía disimular la mujer, en diálogo con sus compañeros, fue aún mayor con el episodio que ocurrió después. Los dos narcos, entre ellos un policía, fueron liberados por orden de los jefes de la Unidad Regional I. Los dejaron ir, según consta en la causa 22.029/14, a cambio de que se quedaran con una parte del gigantesco cargamento de estupefacientes.

Este entramado de corrupción dentro de la policía de Santa Fe se desentrañó en una investigación que llevó adelante el fiscal federal Walter Rodríguez, a quien no le cerró desde un principio la versión oficial de la policía, que decía que en un "importante golpe al narcotráfico" habían secuestrado 1600 kilos de marihuana en un basural de Arroyo Leyes, donde las personas que trasladaban el cargamento habían huido entre los bañados. Rodríguez pidió que sea llevada a juicio la causa, en la que están procesados diez policías, incluyendo quienes eran jefe y subjefe de la Unidad Regional I, Sergio Vergara y Sergio Fernández.

Se presume que los narcos le pagaron a un grupo de policías con droga porque del camión desaparecieron cocaína y precursores químicos. "Estaban pasando de un camión a un contenedor marihuana, cocaína y líquidos de estiramiento. Ahí los detuvieron. Uno es personal policial", dijo por la radio uno de los efectivos. Los narcos desaparecieron en la oscuridad de la noche en una Peugeot Partner. En el camión Iveco y en el contenedor Hamburg Sud color rojo sólo quedaron 1600 kilos de marihuana. Pero el fiscal Rodríguez sospecha -según confió a LA NACION- que había "muchísima más droga".

Al otro día del episodio en Arroyo Leyes, la policía anunció ante la prensa que había dado "un duro golpe al narcotráfico". El entonces subjefe de la fuerza Sergio Fernández dijo: "Los narcos se escaparon por la zona de los bañados".

Nada fue así. El fiscal reconstruyó otra historia que no sólo envuelve a policías en el tráfico de drogas, sino que también destaca la impunidad con la que los propios efectivos actuaron. Dejaron ir a los detenidos -que no quedaron registrados en ningún acta- y luego una cantidad indeterminada de estupefacientes desapareció, con lo que se sospecha que esa huida artificial se produjo a cambio de la mercancía.

Esto sucedió en una zona donde el narcotráfico ha crecido en los últimos años. Hugo Tognoli, ex jefe de la policía y ex titular de Drogas Peligrosas, fue condenado a seis años de prisión por encubrir al narcotraficante Daniel Mendoza, que distribuía droga con el aval policial en quioscos de esa zona, donde tenía una cobertura total de la policía.

Alejandro Agüero, alias "Aguja", conocía de cerca el tráfico y comercialización de estupefacientes. Había trabajado en Drogas Peligrosas entre septiembre de 1998 y noviembre de 2001, y entre mayo de 2008 y octubre de 2009. Y ahora revestía en la Zona Octava, que tiene jurisdicción en la costa santafecina.

Luego de este hecho, el policía y su familia tuvieron un crecimiento patrimonial repentino. De la investigación se desprende que Agüero y su familia remodelaron a nuevo una casa, adquirieron otra vivienda en Santo Tomé, compraron tres autos y una moto. Todos estos bienes fueron adquiridos en un período de poco más de un año y por un monto calculado en 1.300.000 pesos. El juez del caso, Reynaldo Rodríguez, ordenó de inmediato el embargo de esos bienes.

Uno de los testimonios clave, que desentrañó esta trama cargada de narcopolicías, fue la declaración de la subcomisario Stella Olivera, quien detuvo a Agüero y a su cómplice, pero por orden de los jefes otros policías los liberaron. Por realizar un trabajo como marca la ley, Olivera sufrió aprietes y amenazas. En la Justicia su testimonio fue crucial. Dijo que le resultaba "muy difícil creer que el jefe de la Unidad Regional I, el subjefe y el jefe de Orden Público hayan desconocido lo que me habían referido: que el cargamento pertenecía al jefe de la policía provincial".

"El «Aguja» Agüero vendía droga"

La subcomisario también contó que el ex subjefe de la UR I Fernández le preguntó si se habían llevado droga del operativo "porque necesitaba saber dónde estaba lo que faltaba del cargamento". Los investigadores presumen que la carga de estupefacientes que se robaron los policías era mucho más importante que la que finalmente se secuestró, que fueron 1600 kilos de marihuana. La hipótesis es que se llevaron la cocaína y los precursores químicos, y dejaron la droga más barata en el mercado, que es la marihuana.

Olivera dio detalles de una reunión con el ex jefe de la UR I, Sergio Vergara, tres días después del operativo. Ese día Vergara le dijo: "Hay cosas consensuadas que se hacen desde hace años, como el tema de las putas o la quiniela clandestina, pero meternos en esto no, hasta ahí no llegamos".

A la subcomisario le extrañó que los jefes policiales se mostraran sorprendidos por el hecho, porque se sabía que uno de los detenidos (Agüero) "siempre se dedicó a la venta de drogas en la zona de la costa para la superioridad y no prestaba servicios en ninguna dependencia".

El fiscal Rodríguez remarcó en su escrito que envió al juez que "la conducta asumida fue actuar a espaldas de la autoridad jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal, manteniendo actos oficiales en la más absoluta clandestinidad y marginalidad". El funcionario señaló que Vergara, "en lugar de cumplir con su deber, ese mismo día se dedicó a brindar declaraciones periodísticas tendientes a reforzar la versión oficial del procedimiento, tal como había sido plasmada en el acta original, resaltando ante la opinión pública el éxito del accionar de la fuerza policial".

Todo lo invirtió en casas, autos y una moto

El patrimonio de Alejandro "Aguja" Agüero, el policía que llevaba el gigantesco cargamento de droga, creció de manera vertiginosa en el último año. Sin dudar, el hombre compró, en efectivo, una cómoda casa en Santo Tomé y remodeló íntegramente otra casa en Colastiné. En forma simúltánea se compró tres vehículos, todos 0 km: un Fiat Palio, una camioneta Peugeot Expert y un Chevrolet Celta . Además adquirió una motocicleta Suzuki DL1000. El juez Reinaldo Rodríguez embargó todos esos bienes, luego de que el fiscal Walter Rodríguez pidió la indagatoria por lavado de dinero contra Agüero, su pareja María Silvina Arredondo, quien es enfermera, y el padre de él, Carlos Alberto, que trabaja como portero de una escuela.

Un negociado que simbolizó el descalabro ferroviario kirchnerista (IV)

Por Diego Cabot - LA NACION
Jaime utilizó una sospechosa firma como intermediaria en las negociaciones que protagonizó con España

La mayoría de los 600 vagones adquiridos están en desuso.Foto:Archivo/Santiago Hafford
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Ricardo Jaime siempre fue un compadrito, más aún cuando era una de las caras del poder. En aquellos años de impunidad vivió bajo el ala protectora de Néstor Kirchner y pergeñó los más variados negocios. Era intocable y de eso se ufanaba. Pero cambió el rumbo y el cordobés pasó de los trajes italianos al cuerpo a un chaleco entallado, pero antibalas. El camino que lo llevó de los relojes de oro en sus muñecas a esposas plateadas fue uno de esos negociados: la compra de trenes usados a España y Portugal.

De aquella trama que empezó a tejerse desde hace poco más de 11 años hoy queda una causa penal, acero oxidado con forma de trenes, millones de dólares gastados sin sentido y cuantiosas comisiones facturadas por una oscura intermediaria.

Para reconstruir la historia hay que remontarse a febrero de 2005, cuando el gobierno argentino rubricó con España un acuerdo sobre Cooperación en Materia Ferroviaria. Hizo lo mismo con Portugal. Bajo ese paraguas se facilitó la importación de material rodante usado que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) serían alrededor de 600 unidades, entre locomotoras y vagones. Hoy, apenas un puñado de aquellos coches se pueden ver en funcionamiento.

Pero más allá de la utilidad o no del material rodante, aquella compra escondió un pago de comisiones a una empresa relacionada con Jaime y manejada por Manuel Vázquez, un ladero del ex secretario de Transporte que ayer también fue detenido dentro de un placard. LA NACION reconstruyó aquella operatoria y la publicó a principios de 2015. Ayer, el juez Julián Ercolini dispuso que se prive de la libertad a ambos personajes, acusados no sólo de malgastar el dinero en trenes, sino de montar una estructura para facturar comisiones.

El 31 de mayo de 2005 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Transporte y Expansión Exterior, una empresa pública española dedicada a facilitar negocios de ese país en el mundo. La empresa española se ocuparía "de obtener ofertas de equipos y servicios que puedan interesar a la Secretaría de Transporte [argentina]".

La empresa española contrató a Ingeniería de Técnicas Ferroviarias (ITF), otra firma española que la asesoraba en la compra. "En algunos coches, la estructura de sus cajas y techo se encuentran muy oxidadas; también precisan recuperación las ventanas, puertas de acceso e intercomunicación y los fuelles; los sanitarios están en estado de máximo deterioro, al igual que el interiorismo, donde se observan grandes destrozos en cortinas, asientos...", dice la auditoría de ITF.

El 7 de diciembre de 2005, Jaime firmó el primer contrato por 8,5 millones de euros. La operación O/0505/068, un documento de 10 artículos, incluyó 12 coches de pasajeros de 26,4 metros, con capacidad para circular hasta 160 kilómetros y aire acondicionado, y cuatro para ser usados como repuestos. Además, se compraron 3 locomotoras diésel, cuatro triplas diésel en funcionamiento y dos más sólo utilizables como repuestos, y tres furgones que podían usarse como generadores. Desde entonces y hasta 2010, cuando Juan Pablo Schiavi ocupaba el cargo de Jaime, se sucedieron varias compras.

El 29 de marzo de 2006 se firmó el contrato más polémico. Reunidos en Madrid, Juan Barba Cáceres y Manuel Molina Ruiz, en representación de Expansión Exterior, y Miguel Ángel Llorente Celaya, por Controles y Auditorías Especiales (Cyaes), suscribieron un acuerdo de prestación de servicios de asistencia técnica.

La compra de trenes se produjo entre 2005 y 2011.Foto:Crónica Ferroviaria

Los españoles no estaban de acuerdo en la contratación de una intermediaria, pero la orden había llegado de la Argentina. Entonces, en aquel contrato, dejaron sentado la obligación de contratar a Cyaes, el vehículo que Jaime y Vázquez utilizaban para diversos fines.

"El 13 de marzo de 2006, Expansión Exterior recibió un escrito de la Secretaría de Transporte en virtud del cual se comunicaba la designación de Cyaes como representante del cliente para colaborar con Expansión Exterior en el desarrollo, instrumentación e implementación del proyecto." La previsión tenía un motivo: aquel primer acuerdo por la compra ferroviaria tenía un costo de 8,4 millones de euros; la intermediación de la empresa indicada desde el Gobierno implicaba el pago -según la cláusula quinta- de 2.282.965 euros, casi un cuarto del contrato.

Cyaes funcionaba en la Argentina bajo el mismo nombre, pero con la sigla Caesa, y estaba presidida por un jubilado de 86 años llamado Ignacio Soba Rojo, a quién Ercolini citó a declarar.

El hombre era presidente de otra sociedad, Delome SA, con la que se pagaron vuelos al exterior de Jaime y se compró un departamento a su ex pareja, Silvia Reyss -para luego cedérselo a su hija-. El empresario que manejaba los hilos de la empresa Vázquez, el lobbista que durante años atendió en sus oficinas de la calle Arroyo al 800, domicilio en el que años después se allanaron discos rígidos de computadoras que tenían los famosos mails en los que se podían rastrear los pasos de varios proyectos oficiales.

El 16 de abril de 2007, un año después del primer convenio, Caesa firmó otro acuerdo de prestación de asistencia técnica. Esta vez, Soba Rojo fue puesto en Madrid para firmar el contrato, por 913.186 euros.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos vagones se importaron y dónde está cada uno de ellos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos vagones se importaron y dónde está cada uno de ellos. 

Los contratos empezaron a moverse y, con ellos, la cadena de pagos. Expansión Exterior compraba trenes a Renfe o FEVE, ITF auditaba y el gobierno argentino pagaba. Luego, Cyaes facturaba sus comisiones y nuevamente Expansión Exterior pagaba. Intercambio bilateral de alto vuelo detrás de aquel apretón de manos entre Kirchner y Zapatero.

El 17 de abril de 2007, Cyaes presentó su primera factura (C-28) por 337.106 euros con las formalidades españolas. En ella constan los domicilios de la empresa: Serrano 25, 4ta. Izquierda, en Madrid, y Arroyo 880, Piso 4° "7", en Buenos Aires. Al pie de la factura, un pedido: "Rogamos el abono en la cuenta 0030100134 0001369271".

Las facturas se sucedieron. En la C-30, del 4 de mayo, el monto por la prestación de asistencia técnica se elevó a 383.586 euros. En 15 días se facturó más de un millón de euros. En Buenos Aires, Caesa, confeccionó sus facturas 39, 40 y 41, de abril y mayo de 2007 por un total de 680.955 euros. Los pagos se sucedieron a un lado y a otro del Atlántico. En 2011, según lo que pudo corroborar LA NACION en los registros de Expansión Exterior, se hicieron los últimos pagos a Caesa, por 75.324 y 1278 euros. Fue un total de 2,7 millones de euros.

Jaime con un chaleco antibalas y esposado; Vázquez escondido en un placard y centenares de trenes tirados en playones. Postales del descalabro ferroviario más importante de la historia argentina.

El Gobierno espera que las reuniones bilaterales ahora den paso a las inversiones

Por Martín Dinatale - LA NACION
Tras los diálogos que tuvo Macri con sus pares en las últimas semanas, buscan concretar las millonarias promesas


WASHINGTON.- La luna de miel de Mauricio Macri con el mundo está por culminar y ahora el Gobierno espera hechos concretos más que gestos diplomáticos o visitas de jefes de Estado. En rigor, lo que espera ahora el Presidente es que se empiecen a concretar todas las promesas de inversiones extranjeras en la Argentina que escuchó en los últimos meses para así poder reactivar de una vez por todas la alicaída economía.

Luego de la euforia de la comitiva argentina que se vio en la reciente cumbre de energía nuclear en esta ciudad, las visitas de presidentes al país y el roadshow de Macri en el Foro de Davos, la Casa Rosada empieza a pensar que los tiempos del mundo deberán acelerarse para dar muestras de benevolencia con la Argentina. Aunque los tiempos del mundo no siempre son los que necesita la Argentina.

Macri está convencido de que una vez que se cierre el acuerdo con los fondos buitres y tras su presentación formal de cambio de gestión del país en el teatro internacional ahora vendrán inversiones. Así lo expresó a LA NACION antes de regresar a Buenos Aires. "Todas estas reuniones que tuve con presidentes y los gestos positivos que hay del extranjero van a traer una enorme corriente de inversiones como no se veía en décadas en argentina", dijo.

Como ejemplos concretos, Macri mencionó a la empresa Posco de Corea del Sur que hará una fuerte inversión de litio en Salta, o las compañías australianas que quieren invertir en minería o los empresarios norteamericanos volcados a la energía renovable en la Argentina. Hay más casos, por cierto. Pero la gran pregunta sigue flotando entre algunos funcionarios del Gobierno y entre referentes de la oposición constructiva: ¿llegarán a tiempo las inversiones extranjeras para salvar a la Argentina de la inflación y la recesión?

En el Gobierno creen que ya es tiempo de que empiecen de inmediato esas inversiones para pasar, como suele decir el embajador de la Unión Europea en Buenos Aires, Ignacio Salafranca, "de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad".

Fuentes del Gobierno destacaron a LA NACION que hay un importante interés de bancos norteamericanos o de agencias multilaterales en sentar los pies en la Argentina para comenzar a dar créditos de obra pública y otros rubros. Pero las mismas fuentes admitieron que esos movimientos pueden llevar algun tiempo. "En el mejor de los casos la burocracia de un banco internacional puede moverse en menos de seis meses y eso sería una excepción", comentó un funcionario que conoce de economía de mercado mundial.

En la cumbre de energía nuclear Macri mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Canadá, Nueva Zelanda, Japón y la Unión Europea. Quedó pendiente un encuentro con los jefes de Estado de Corea del Sur y la India. En todos los casos mostraron la predisposición de invertir en la Argentina aunque no entraron en mayores detalles.

Hubo también un generalizado respaldo a la candidatura argentina para ingresar a la OCDE y presidir en 2018 el G-20. Pero estos hechos no movilizarán en lo inmediato la economía. El Gobierno necesita de crédito e inversiones inmediatas. "Lo importante es que el mundo ya empezó a mostrar interés por la Argentina y eso no se veía desde hace años. Confío en que el proceso de inversiones va a traer más trabajo", dijo Macri a LA NACION.

El otro rubro importante en el que confía el Presidente para mover la economía argentina son las exportaciones. El embajador en Estados Unidos Martín Lousteau está abocado a esta tarea. Quiere elevar el nivel de exportaciones de alimentos y otros productos argentinos.

Actualmente Estados Unidos sólo importa de la Argentina el 1% del global de productos que ingresa. El problema actual con Estados Unidos es que más allá de la buena sintonía de Barack Obama con Macri, la realidad indica que el presidente norteamericano se va en ocho meses de la Casa Blanca y aún no se sabe quién lo sucederá.

La misma directiva de reactivar las exportaciones del país en todo el mundo tiene la canciller Susana Malcorra. La funcionaria, al igual que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, buscan en estos meses agilizar al máximo la agencia de exportaciones.

Pero el camino no resulta fácil: hasta que el país no pague definitivamente a los holdouts la rueda del dinero entrante no comenzará a girar. Y una vez que empiece a girar demorará su tiempo.

Guelar confía en los socios chinos

El embajador argentino en China, Diego Guelar, subrayó la importancia vital del país asiático para la Argentina. "Creo que realmente la actitud de nuestros socios es muy buena y, en término de números de paquetes de financiamiento e inversión, nuestra relación con China nos brinda mucho más que Estados Unidos y Europa juntos", señaló el embajador, en declaraciones a Radio El Mundo.

El Gobierno bajó fuerte el gasto y la emisión para frenar la inflación

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El déficit del primer bimestre se contrajo casi 40% respecto de igual período de 2015, y el ritmo de la impresión de billetes se desaceleró 35,7% en los tres primeros meses; descartan controles de precios

En su batalla por bajar la inflación, el gobierno de Mauricio Macri decidió apostar a un fuerte ajuste del gasto público, del déficit fiscal y de la emisión monetaria, lo cual enfriaría la economía para de ese modo frenar la demanda y la suba de precios. Descartó así el control de precios porque considera que éstos deben ser libres y regidos por la ley de la oferta y la demanda.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, sólo se regulará la competencia y se sancionarán los abusos de precios por efecto de los monopolios, posición dominante, cartelización, o los engaños en la publicidad, el etiquetamiento o en las cajas registradoras.

"Los precios van a bajar por el recorte del gasto y de la emisión monetaria en el segundo semestre. No creemos en los controles porque los precios son libres; sólo hay que garantizar la competencia", dijo a LA NACION una fuente allegada a Macri, ratificada por otros funcionarios.

El gasto registró una fuerte desaceleración. Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, que dirige Alfonso Prat-Gay, el déficit financiero de enero y febrero de 2016 fue de $ 22.734 millones y de $ 29.855 millones en el mismo bimestre de 2015. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), "el primer bimestre de 2016 muestra una gradual mejora en las cuentas públicas, aunque se mantienen deficitarias", y "equivale a un 6,8% del gasto total, mientras que en 2015 fue del 11,2%". En relación con el gasto total, el déficit se desaceleró un 39,3%.

También se redujo la emisión monetaria. En los primeros tres meses de gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, se desaceleró un 35,7%. Cuando asumió en diciembre, la masa monetaria había crecido un 45% desde diciembre de 2015. El jueves último exhibió una suba de 28,9% año a año.

El objetivo es llegar a 7 u 8%, como los países sin inflación. Si se toma el dinero en circulación total más los depósitos a la vista de bancos públicos y privados (M-2 en la jerga económica), en diciembre de 2015 había 1,050 billones de pesos. Ese indicador cayó a 951.000 millones de pesos al día de hoy.
"Hemos absorbido 100.000 millones de pesos del mercado", dijo un allegado a Sturzenegger.

El índice de precios de San Luis mostró una suba de 2,7% en febrero, mientras que en enero había sido de 4,2%. El de la Ciudad de Buenos Aires arrojó 4%, pero estuvo afectado por los aumentos de tarifas de luz en Capital y Gran Buenos Aires.

Si bien bajó el déficit, el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos señaló a LA NACION que "esa desaceleración puede ser transitoria porque el freno del gasto tiene mucho que ver con el cambio de gobierno. Aún no están aceitados los mecanismos de pago a proveedores y al nuevo personal, y se frenó la obra pública". Ambos factores deberán recomponerse en los próximos meses.

Sin embargo, admitió que aún no se computan allí los últimos aumentos de tarifas en gas, agua y transporte, que reducen subsidios y golpean el bolsillo de la clase media, y tampoco se conoce aún la mejora de ingresos del segundo trimestre, cuando se liquidan retenciones agropecuarias y el impuesto a las ganancias.

Macri pareció avalar últimamente medidas más ortodoxas, sin control de precios. Ello generó peleas con los sectores heterodoxos del gabinete: los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y del Interior, Rogelio Frigerio, que impulsan que, además de bajar el gasto y la emisión, hay que controlar y sancionar los abusos en los precios para dar la señal política de que se le cuida el poder adquisitivo a la clase media.

Frigerio aseguró a LA NACION la semana última que "se controlará y sancionará a los vivos que abusan". Los allegados de Prat-Gay aseguran que está a favor de ciertos controles. "No perseguir a los empresarios con un revólver en la mesa, pero tampoco permitir la ley de la selva", dicen.

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reclamó ayer "ir contra los formadores de precios". Esa postura la comparten todos los sectores del peronismo, el sindicalismo y los partidos de centroizquierda.

Pero Macri, Sturzenegger, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, no creen en los controles de precios. Las asociaciones de consumidores recibieron el siguiente mensaje: "No hay voluntad política para hacerlos".

El director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, que depende de Cabrera, confirmó ayer a LA NACION que "no hay control de precios ni precios máximos" y que su área controla "que se cumpla con la ley de defensa del consumidor en etiquetado y publicidad engañosa, pero no en cuanto al valor del precio, que lo fija el mercado".

La publicación de los precios online desde el próximo 29 buscará garantizar la competencia y concientizar a los consumidores.

La Comisión de Defensa de la Competencia, que dirigirá Esteban Grecco, determinará si hay abuso de posición dominante o cartelización para aumentar los precios. Pero fuera de esos casos no está previsto "sancionar a los vivos".

Cristóbal López presentó Oil Combustibles en concurso de acreedores

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION -De esta manera, el empresario no devolverá los $ 8000 millones que la petrolera adeuda en impuestos, según reveló LA NACION en una investigación


El empresario Cristóbal López presentó Oil Combustibles en concurso de acreedores, días después de que LA NACION revelara en una investigación que la petrolera debe a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) $ 7600 millones por no haber abonado el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en los últimos años del kirchnerismo.

López inició el concurso ayer en el juzgado de Gustavo Toquier de Comodoro Rivadavia, el mismo que antes tuvo el concurso de Álcalis de la Patagonia. En los últimos días, el empresario había intentado mudar la sede de la petrolera desde la ciudad de Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia, donde comenzó el imperio económico de López y donde tenía mayores chances de obtener un mejor trato judicial.

Ante una consulta de LA NACION, desde el Grupo Indalo sólo indicaron que la presentación en concurso se evaluaba desde hacía varios días.

El pasado fin de semana, este medio informó que López había dejado a Oil Combustibles a un paso de la convocatoria de acreedores al ordenar a los bancos con los que opera que no le debiten más el dinero requerido para hacer frente a las cuotas mensuales de los planes de pago que acordó con la AFIP .

López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, decidieron que sólo pagarán lo que corresponda a partir de ahora por el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en todas sus estaciones de servicio, pero no los casi $ 8000 millones que adeudan a la AFIP.

Ayer, en el primer revés judicial para Cristóbal López, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari le prohibió que avance con la anunciada división del Grupo Indalo, designó un veedor dentro de tres empresas claves de su holding para controlar todos sus movimientos y le prohibió que intente mudar Oil Combustibles a Chubut.

Furnari entendió que existe "un riesgo cierto e inminente" de que el Grupo Indalo se insolvente y sus accionistas le causen una "irreversible pérdida patrimonial" al Estado, ya que no le devolverían los miles de millones de pesos que le adeudan.

Central nuclear de Embalse: presentaron un estudio ambiental

Por Gabriela Origlia - LA NACION
Están haciendo trabajos de prolongación de vida útil por 1600 millones de dólares; por dos años estará fuera de servicio dos años; expertos dicen que conviene ejecutar las tareas

Las nuevas autoridades Nucleoeléctrica (NA-SA) de la central nuclear de Embalse presentaron un estudio ambiental

CÓRDOBA.- Después de la polémica abierta esta semana, cuando el Foro Ambiental denunció que los trabajos de repotenciación y prolongación de la vida útil de la central nuclear de Embalse no tenía estudio ambiental, las nuevas autoridades Nucleoeléctrica (NA-SA) entregaron el realizado por el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica.

El presidente de NA-SA, Rubén Omar Semmoloni, hizo la presentación del proyecto en el marco de la emergencia energética nacional. La central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta y estará parada por dos años por los trabajos de repotenciación y prolongación de su vida útil. Se destinarán 1600 millones de dólares, en un plan que fue aprobado durante el kirchnerismo.

¿Vale la pena el procedimiento? Expertos consultados por LA NACION coinciden en que es una buena decisión y que conviene porque la instalación es una pieza fundamental del sistema energético.

Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde NA-SA, bajo cuya órbita está Embalse, afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.

"Con el reacondicionamiento la inversión se recupera a través de la energía que se seguirá generando en el futuro -agregan desde Nucleoeléctrica-. Por el contrario, el desmantelamiento de una instalación de este tipo tiene un costo alto sin beneficios".

Los trabajos, sostienen, implica el desarrollo y calificación de proveedores nacionales, y la participación de los diseñadores de la isla nuclear y convencional. Todos los componentes a cambiar se fabrican en el país y fueron certificados y licenciados por las canadienses de Atomic Energy of Canada Limited (AECL) y Candu Energy (una subsidiaria de la empresa de ingeniería SNC-Lavalin). En ese marco, las argentinas Conuar, Impsa y FAE, consiguieron calificaciones internacionales como proveedoras.

El trabajo incluye el retubado del reactor, el reemplazo de los generadores de vapor, la repotenciación, y actualización de la instalación. Las obras se complementarán con la construcción de los silos de hormigón a los que se destinará todo el material radioactivo de riesgo que se retire del reactor.

Según datos oficiales, Embalse costó, en 1980, 1.350 millones de dólares. Hoy construir una nueva ronda los 6000 millones de dólares. Raúl Olocco, ex secretario de Energía de la Nación, afirma a este diario que "categóricamente vale la pena" el plan en marcha. "Primero porque intentar ejecutar otra sería imposible por la oposición de los ecologistas; segundo porque ya están comprobados que sus sistemas de seguridad son buenos y también porque es más barato generar energía nuclear que térmica aunque los costos de ingreso sean más altos", apunta.

Embalse entró en operaciones en enero 1984; con el cambio de componentes sustantivos (como los cuatro generadores de vapor y los tubos de presión) se extiende su tiempo de prestación y, además, incorporará seis por ciento de potencia.

Aporte al sistema

Agustín Arbor González, secretario de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, indica a LA NACION que "no hay dudas" de la conveniencia de los trabajos encarados: "No sólo por los costos sino porque está instalada donde ya existe experiencia suficiente para la actividad y es compatible con el medio ambiente. Argentina es reconocida en el G20 por su experiencia en el tema".

En la matriz argentina, la energía nuclear representa cerca del siete por ciento de la potencia instalada total, es el aporte de Atucha I y II y Embalse. El aporte real a la red es superior a ese porcentaje, alrededor del diez por ciento de la generación. Las usinas térmicas alcanzan el 60 por ciento.

En Nucleoeléctrica señalan que, mientras Embalse esté fuera de servicio, Atucha I (357 MW) y II (750 MW) seguirán operando: "El Sistema Interconectado Argentino cuenta con una planificación que permitirá satisfacer la demanda en este período", completan. NA-SA tiene a su carga la construcción de una cuarta central.

Olocco y Arbor González coinciden en que el país debe incentivar el desarrollo de energías renovables. El ex secretario subraya que la nuclear está "cuestionada, pero nadie la reemplaza. Las tres que tiene el país son suficientes; avanzar con las chinas es una vergüenza". Hoy el presidente Mauricio Macri en Washington ofrecerá a los chinos que, en vez de las represas de Santa Cruz, construyan tres centrales nucleares.

La mitad de las obras otorgadas a Lázaro Báez aún está inconclusa

Por Mariela Arias - LA NACION
Según un informe de Vialidad Nacional, de los 51 trabajos concesionados a Austral Construcciones en Santa Cruz, 23 no están terminados; el empresario se benefició con un régimen de pagos rápidos


RÍO GALLEGOS.- La mitad de las 51 obras otorgadas al Grupo Austral de Lázaro Báez en Santa Cruz quedaron inconclusas a diciembre de 2015. De ellas, el 90% habían duplicado y casi triplicado el plazo de obra inicial. Así surge del avance preliminar de la auditoría técnica realizado por Vialidad Nacional, que demuestra que desde 2010 en adelante Báez recibió obras por más de $ 16.000 millones, que representó el 80% del total de obra pública que la Nación destinó a la provincia.

Según el Informe de Avance Gestión Integral de Obras ejecutadas en el Distrito 23 de Vialidad Nacional, realizado por la Unidad de Auditoría Interna, el Grupo Austral, no sólo fue el más favorecido con la obra pública en los últimos cinco años, sino también fue el que más rápido cobró las certificaciones de obra, llegando en algunos casos a recibir el pago sólo ocho días después de presentar la documentacion de forma.

La certificación de obra es el documento a través del cual la empresa se presenta a cobrar el tramo de un proyecto concluido, luego de que las autoridades encargadas de controlar, documentaran que está terminada. El informe observa que en estos años hubo una fuerte delegación de estas funciones correspondientes a la Dirección Nacional de Vialidad en manos de la Dirección General de Vialidad Provincial, al ser Santa Cruz el comitente del 90% de las obras.

Austral Construcciones fue la segunda constructora de Baez, pero la que más rédito le trajo, y a partir de la cual construyó el imperio que hoy corre peligro de desaparecer. El predio ubicado en el ingreso a la ciudad hoy se ve paralizado. Las máquinas quietas es la peor señal. En los ultimos días llegaron allí el resto del equipamiento que habían quedado en los 16 obradores distribuidos en toda la provincia. Algunos fueron saqueados. Según el avance preliminar de la auditoría técnica a la que tuvo acceso LA NACION, en el período analizado a partir de 2010 la provincia recibió 83 obras por $20.893 millones, 51 de las cuales pertenecen al Grupo Austral, totalizando las mismas un monto vigente de $ 16.386 millones, y un monto ejecutado de $ 9.037 millones al mes de diciembre de 2015.

De las 26 obras que estaban en ejecución en diciembre, 23 no cumplieron con los plazos estipulados en la licitación, dado que sufrieron ampliaciones de plazos por 2,63 veces. Uno de los casos que detalla el informe es la ruta nacional 3 entre los kilómetros 1867 y 1908, cuyo inicio fue el 30 de julio de 2008, con un plazo original de 36 meses, y al día de la fecha, luego de 90 meses, sólo presenta el 24% de la obra cumplida.

En el mismo informe también se marcó que hubo una "sensible desigualdad" a la hora de los pagos, donde el Grupo Austral se vio favorecido con amplia diferencia por sobre las otras empresas contratistas. La demora de pagos durante 2015 a las empresas de Báez fue de un máximo de 34 días a un mínimo de 8 días desde el momento que presentaba el certificado de la obra. En el mismo lapso, para el resto de las empresas que no pertenecían al grupo la demora fue de hasta 231 días. Es decir, mientras a Báez le pagaban como fecha máxima al mes, las demás empresas debían esperar casi ocho meses para cobrar.

A partir del 15 de diciembre, las 26 obras que realizaba el Grupo Austral en Santa Cruz quedaron paralizadas e inconclusas. Las auditoría técnica de Vialidad Nacional evaluó el estado de las mismas y observó deterioros, demoras, faltantes y excesos de costos en algunos casos. Incluso realizó recomendaciones sobre la urgencia de terminar obras vitales.

Uno de los casos emblemáticos es la Autovía Comodoro Rivadavia -Caleta Olivia que une las provincias de Santa Cruz y Chubut pero que además es la columna vertebral de actividad petrolera en el Golfo San Jorge. Al estado de esta ruta el informe no dudó en calificarla de "colapsada". La obra estaba adjudicada a Kank y Costilla y a Austral Construcciones. Se detalló una gran discontinuidad en los diferentes tramos pasando de forma alternada de carpeta asfática a base granular y terraplenes lo cual dificulta y torna más peligroso el tránsito. En el primer tramo se constató que el 92% de las barandas de hormigón divisorios de las calzadas, estaban certificados, pero no habían sido colocados.

Sobre la "Circunvalación Caleta Olivia" presenta un avance de obra del 47% siendo su proyecto original del año 2006, donde coexisten sectores terminados con otros en distinto grado de avance. Esta situación generó que el sector se transformara en un área de transito clandestino que derivó en innumerables accidentes de tránsito en la ciudad.

Macri y Cameron dialogaron, pero evitaron el conflicto sobre Malvinas

Por Martín Dinatale - LA NACION
Se cruzaron durante la cumbre de energía nuclear; el primer ministro británico lo invitó a un encuentro sobre transparencia en Londres; hubo un "buen clima", pero no abordaron el tema más espinoso.


WASHINGTON (De un enviado especial).- La casualidad los cruzó en los atiborrados pasillos de la cumbre de seguridad nuclear que ayer culminó en esta ciudad. Mauricio Macri y el primer ministro británico, David Cameron, mantuvieron ayer un breve encuentro informal en el que intercambiaron saludos diplomáticos y hubo una nueva invitación del premier inglés para el presidente argentino a ir a Londres a una cumbre de jefes de Estado. Pero en ningún momento abordaron el espinoso tema de las islas Malvinas.

"Fue un saludo de manos en el camino, que se dio en forma imprevista", dijo Macri al minimizar su encuentro con Cameron. En diálogo con LA NACION el Presidente destacó que intercambió un simple saludo con Cameron, que lo volvió a invitar a Londres el próximo mes para una cumbre sobre transparencia de gobiernos a la que no podrá asistir. En su primer encuentro formal en el Foro de Davos el primer ministro británico había extendido a Macri esa misma invitación.

Quiso la casualidad que la reu-nión informal de Macri con Cameron se diera justo un día antes de la conmemoración del inicio de la guerra de Malvinas, en 1982. Sin embargo, según dijo Macri, no abordaron el espinoso tema de la soberanía de las islas Malvinas. En rigor, sobre ese tema habían hablado en el encuentro formal que mantuvieron en febrero pasado en Davos donde acordaron "ampliar la agenda" y mantener una relación con todos los temas sobre la mesa. En Davos ambos jefes de Estado habían planteado sus posturas inflexibles acerca del tema Malvinas. Allí Macri insistió en la necesidad de que Londres se siente a dialogar por la soberanía de las Malvinas, y Cameron mantuvo su postura sobre la de libre determinación de los isleños. Pero ambos coincidieron en Suiza sobre la necesidad de no entorpecer los vínculos comerciales, culturales y políticos por el conflicto del Atlántico Sur.

Ayer tampoco se abordó por parte de Cameron la preocupación de los isleños por el reciente fallo de una comisión de la ONU que estableció la ampliación en 1.700.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental marítima argentina, lo que ratifica el derecho de soberanía del país en las islas.

Según confiaron fuentes de la delegación argentina a LA NACION, ayer hubo un "buen clima" entre Cameron y Macri. De hecho, el presidente argentino agradeció la invitación a Londres para la cumbre sobre transparencia. No obstante, Macri enviará a la canciller Susana Malcorra; al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

"Tenemos con Gran Bretaña y muchos otros países la misma línea de dar transparencia a nuestros gobiernos", dijo Macri al mencionar la invitación de Cameron para la cumbre. Según pudo saber LA NACION, había un intento de la Argentina de armar una reunión bilateral en esta ciudad con Cameron, pero los tiempos de la agenda presidencial no daban.

En vía muerta: la increíble compra de trenes a España y Portugal (II)

Por Diego Cabot - LA NACION
Hace 10 años, el gobierno de Néstor Kirchner acordó la importación de locomotoras y vagones usados y en pésimo estado; la sospechosa operación es investigada por la Justicia

Los restos de vagones están en los talleres de Chascomús, Gerli, Retiro, Remedios de Escalada y Villa Dominico. Foto: LA NACION / Santiago HaffordLos restos de vagones están en los talleres de Chascomús, Gerli, Retiro, Remedios de Escalada y Villa Dominico. Foto: LA NACION / Santiago Hafford

Son cuatro o cinco galpones donde han decidido esconderlos. Quizá sea por vergüenza ferroviaria; quizá por algo de pudor que aún queda en el mundo de los trenes. A 10 años de haberse firmado los acuerdos multilaterales, allí están tirados los vagones importados de España y Portugal, verdaderos cadáveres de acero que ilustran cómo se piensa el transporte en la Argentina de estos tiempos. Un paraíso de desconocimiento, sospechas y comisiones millonarias a sociedades que investiga la Justicia por supuestas relaciones con los funcionarios de entonces.


Todo empezó el 25 febrero de 2005, cuando el gobierno argentino rubricó con España un acuerdo sobre Cooperación en Materia Ferroviaria. Hizo lo mismo con Portugal. A casi una década de aquel momento, cuando los hilos de los trenes los manejaban el presidente Néstor Kirchner ; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime , sólo queda un puñado de unidades que funcionan, una causa penal, una empresa argentina que facturó miles de euros por una sugestiva intermediación y una enorme cantidad de chatarra ferroviaria por la que se pagaron 223 millones de euros, algo así como (al cambio de ayer) 265 millones de dólares.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos vagones se importaron y dónde está cada uno de ellos. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), serían alrededor de 600 unidades, entre locomotoras y vagones. De todo eso sólo funcionan cinco locomotoras españolas, en las líneas Roca y San Martín, y dos en el ex Ferrocentral; otra formación presta servicios locales en Villa María, Córdoba, al igual que una locomotora Alsthom, a la que esporádicamente se ve por allí. Otra formación traslada pasajeros en el ramal del Roca que une Plaza Constitución con la localidad bonaerense de Alvear. Todo lo demás está abandonado en talleres ferroviarios.

 " A 10 años de haberse firmado los acuerdos multilaterales, allí están tirados los vagones importados de España y Portugal "

La orden de la Casa Rosada fue que no se vean. Y así se hizo. LA NACION recorrió las playas de Gerli, Remedios de Escalada, Villa Dominico, Retiro y Chascomús. En Gerli quedó una formación destruida, incendiada y vandalizada; detrás de unos altos muros se ven algunas otras. En Chascomús, pese al intento de tapar todo con una media sombra, se ve chatarra de hierro de lo que alguna vez fueron trenes españoles. En Retiro fue necesario treparse a un paredón en Avenida del Libertador y Suipacha para ver cómo se oxidan los portugueses. Ahora la apuesta es China.

Más allá de la cuestionable compra de ese material ferroviario, la trama de la operación, que LA NACION reconstruyó después de dos años de recopilar información, deja ver que quizá no haya sido una mejora de ese medio de transporte lo que se buscó al aceptar formaciones vandalizadas, sino generar un flujo de dinero que asegurara el pago de jugosas comisiones a empresas intermediarias.

El año 2005 había empezado bien para las relaciones bilaterales con España. En enero, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero , pasó por Buenos Aires. Era el primer viaje de un mandatario de ese país desde 1997. El 31 de mayo se firmó el convenio que le dio operatividad al acuerdo ferroviario. El documento fue suscripto entre la Secretaría de Transporte y Expansión Exterior, una empresa pública española dedicada a facilitar negocios de ese país en el mundo. En ese contrato, las partes convinieron que Expansión Exterior "se ocupará de obtener ofertas de equipos y servicios que puedan interesar a la Secretaría de Transporte [argentina]". Según el tercer punto del acuerdo, la empresa española haría las compras y despacharía las exportaciones por cuenta y orden de la Secretaría de Transporte argentina.

Sin conocimiento del mundo de los trenes, pocos meses después Expansión Exterior contrató a Ingeniería de Técnicas Ferroviarias (ITF), otra firma española que la asesoraba en la compra. El acuerdo avanzó y se seleccionaron 106 vehículos pertenecientes a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) y a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). La empresa de ingeniería peritó el estado de estas unidades. Los de Renfe estaban en Fuencarral (Madrid), Barcelona, Valencia, Soria, Medina del Campo, Zaragoza, Oviedo, Miranda de Ebro y Mérida. Los de FEVE, en Santander y Madrid. Se pagaron 250.000 euros por este trabajo técnico. "En algunos coches, la estructura de sus cajas y techo se encuentran muy oxidadas; también precisan recuperación las ventanas, puertas de acceso e intercomunicación y los fuelles; los sanitarios están en estado de máximo deterioro, al igual que el interiorismo, donde se observan grandes destrozos en cortinas, asientos...", dice la auditoría de ITF.

 " Sólo queda un puñado de unidades que funcionan, una causa penal, una empresa argentina que facturó miles de euros por una sugestiva intermediación y una enorme cantidad de chatarra ferroviaria por la que se pagaron 223 millones de euros, "

El primer contrato de compra lo firmó Jaime el 7 de diciembre de 2005, por 8,5 millones de euros. La operación O/0505/068, un documento de 10 artículos, incluyó 12 coches de pasajeros de 26,4 metros, con capacidad para circular hasta 160 km y aire acondicionado, y cuatro para ser usados como repuestos. Además se compraron 3 locomotoras diésel S/319, 4 triplas diésel S/593 en funcionamiento y dos más sólo utilizables como repuestos, y 3 furgones D12 que se podían usar como generadores. Se pagaron 192.701 euros por documentación técnica. Fue el inicio de un plan de compras que duró años (hasta 2010, con Juan Pablo Schiavi como secretario de Transporte), que trajo nulos resultados a la red local y que hasta hace pocos meses el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo , aún seguía pagando.

Hasta entonces era una operación de dudosa utilidad, aunque convencional. Pero el 29 de marzo de 2006 se firmó el contrato más polémico y el que podría llevar a funcionarios argentinos, españoles y empresarios al banquillo de acusados. Reunidos en Madrid, Juan Barba Cáceres y Manuel Molina Ruiz, en representación de Expansión Exterior, y Miguel Ángel Llorente Celaya, por Controles y Auditorías Especiales (Cyaes), suscribieron un acuerdo de "prestación de servicios de asistencia técnica". Uno de los tramos cruciales del acuerdo está en el punto VI. "El 13 de marzo de 2006, Expansión Exterior recibió un escrito de la Secretaría de Transporte en virtud del cual se comunicaba la designación de Cyaes como representante del cliente para colaborar con Expansión Exterior en el desarrollo, instrumentación e implementación del proyecto".

La empresa española dejó sentado en el acuerdo que la contratación se hacía por estricto pedido del gobierno argentino. La previsión no era en vano: el acuerdo por los trenes tenía un costo de 8,4 millones de euros; la intermediación de la empresa indicada desde el Gobierno implicaba el pago -según la cláusula quinta- de 2.282.965 euros, casi el 25% del total del contrato.

 " Nadie sabe a ciencia cierta cuántos vagones se importaron y dónde está cada uno de ellos "
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Vale detenerse en Cyaes. La firma, que en la Argentina funciona bajo el mismo nombre pero con la sigla Caesa, está presidida aquí por un jubilado de 86 años llamado Ignacio Soba Rojo. El hombre también era presidente entonces de otra sociedad, Delome SA. Con esa empresa se pagaron vuelos al exterior de Jaime y se compró un departamento a su ex pareja, Silvia Reyss -para luego cedérselo a su hija-. Además, tenía a su nombre una cédula verde de un vehículo que se le atribuye al ex funcionario y también se firmaron los papeles de la radio LV2 de Córdoba, que adquirió antes de las elecciones legislativas de 2009. Soba Rojo, sin embargo, pocas veces apareció en escena. El empresario que manejaba los hilos de la empresa era Manuel Vázquez, el lobbista que durante años atendió en sus oficinas de la calle Arroyo al 800, por las que pasaban todos los negocios que se hacían en la Secretaría de Transporte en épocas de Jaime. Justamente en esas oficinas fue el recordado allanamiento en el que la Justicia se llevó una decena de discos rígidos de computadoras que tenían los famosos mails en los que se podían rastrear los pasos de varios proyectos oficiales. Vázquez, un abogado español de 69 años, está radicado desde hace mucho tiempo en el país y se dedica a los negocios. Fue el ladero de Jaime entre 2004 y 2008. En Madrid fundó una consultora asociado con Llorente Celaya, un ex empleado del banco Santander y del Banesto. Ni Vázquez ni Llorente Celaya respondieron a una docena de llamadas que hizo LA NACION a los teléfonos consignados en los documentos oficiales.

Según el contrato, Caesa, la empresa que Vázquez manejaba como propia, está descripta en el punto II como "una sociedad con amplia experiencia en el mercado argentino, especializada en la prestación de servicios de consultoría comercial para todo tipo de estudios y proyectos". El 16 de abril de 2007, un año después que el primero, Caesa firmó otro acuerdo de prestación de asistencia técnica. Esta vez, Soba Rojo fue puesto en Madrid para firmar el contrato, por 913.186 euros. Las cláusulas fueron similares al que se suscribió un año antes, incluso aquella que mencionaba el pedido del gobierno argentino de contratar a esa firma. Por ese entonces, Soba Rojo no tenía problemas para moverse fuera del país; ahora le costaría un poco más, ya que está imputado en la causa en la que se investiga a Jaime por enriquecimiento ilícito.

Los contratos dejaron inquietos a los funcionarios españoles. Según documentos que pudo ver LA NACION, el 20 de marzo de 2007 la sede madrileña del estudio de abogados Jones Day facturó a Expansión Exterior 6960 euros como honorarios por la "elaboración de un informe sobre la validez, licitud y legalidad de la contratación de la empresa Controles y Auditorías Especiales. El estudio no respondió tres mails y dos llamadas telefónicas de este diario.

Expansión Exterior, ahora llamada P4R, tiene nueva gestión. LA NACION se comunicó con Adelaida Rodríguez Baquero, directora jurídica, de Recursos Humanos y Auditoría Interna, y con su presidente, Iñigo Gil-Casares. Vía correo electrónico, se recibió esta respuesta: "El asunto relativo a los contratos suscritos con la administración argentina en el marco de la venta de material ferroviario se encuentra sub júdice y hasta la fecha no nos consta que se haya producido novedad alguna al respecto, siguiendo el asunto, por tanto, en manos de la justicia argentina. Desde el primer momento, Expansión Exterior ha prestado colaboración con la justicia argentina en todas aquellas cuestiones que le han sido trasladadas, siendo la postura de la compañía la de colaborar con la justicia en todas aquellas cuestiones que ésta considere oportunas".

 " Hoy poco queda de aquel contrato. Un puñado de trenes que funcionan y centenares, arrumbados. Empresas sospechadas y ex funcionarios, intermediarios y prestanombres que en poco tiempo serían llamados por la Justicia. "
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Los contratos empezaron a moverse y, con ellos, la cadena de pagos. Expansión Exterior compraba trenes a Renfe o FEVE, ITF auditaba y el gobierno argentino pagaba. Luego, Cyaes facturaba sus comisiones y nuevamente Expansión Exterior pagaba. Intercambio bilateral de alto vuelo detrás de aquel apretón de manos entre Kirchner y Zapatero.

EL 17 de abril de 2007, Cyaes presentó su primera factura (C-28) por 337.106 euros con las formalidades españolas. En ella constan los domicilios de la empresa: Serrano 25, 4ta. Izquierda, en Madrid, y Arroyo 880, Piso 4° "7", en Buenos Aires. Al pie de la factura, un pedido: "Rogamos el abono en la cuenta 0030100134 0001369271".

Una semana después, la factura C-29 fue por 300.740 euros, con el mismo pedido al pie. En la C-30, del 4 de mayo, el monto por la prestación de asistencia técnica se elevó a 383.586 euros. En 15 días se facturó más de un millón de euros. Onerosa intermediación.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Caesa, la empresa presidida por el jubilado Soba Rojo y manejada por Manuel Vázquez, también se frotaba las manos. Mediante sus facturas 39, 40 y 41, de abril y mayo de 2007, envió a España los honorarios por sus servicios, que ascendían a 680.955 euros. El talonario de facturas de Caesa es un canto a las sospechas. Poco antes, en octubre de 2006, utilizó las facturas 27, 30 y 31 para cobrar un informe a Atlantic Aviation Investment (AAI) sobre "las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional, tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible". AAI estaba relacionada con Lan, que entonces pugnaba por entrar al mercado de cabotaje argentino. El acuerdo fue por 1,1 millones de dólares y se hizo en tres pagos. Ocho facturas más adelante, los aviones habían sido reemplazados por trenes.

Los pagos se sucedieron a un lado y a otro del Atlántico. En 2011, según lo que pudo corroborar LA NACION en los registros de Expansión Exterior, se hicieron los últimos pagos a Caesa, por 75.324 y 1278 euros. La exitosa intermediaria se hizo de 2,2 millones de euros, algo así como 2,7 millones de dólares. Todos fueron prolijamente pagados. Un ejemplo de exportación de servicios desde la Argentina.

Hoy poco queda de aquel contrato. Un puñado de trenes que funcionan y centenares, arrumbados. Empresas sospechadas y ex funcionarios, intermediarios y prestanombres que en poco tiempo serían llamados por la Justicia. Ahora la prioridad pasa por China. Apenas escondido debajo de la alfombra queda uno de los mayores escándalos ferroviarios de la historia argentina.

Macri acordó con China revisar los contratos de obras públicas

Por Martín Dinatale (La Nación) - Al reunirse con el presidente Xi, le planteó la necesidad de evaluar acuerdos firmados con el gobierno de Cristina que despertaron sospechas; entre ellos hay dos represas en Santa Cruz y dos centrales nucleares

Macri y Xi, rodeados por sus ministros, durante la reunión bilateral, que duró media hora.Foto:DyN
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WASHINGTON.- Los 30 minutos que Mauricio Macri estuvo ayer con su par de China, Xi Jinping, en el hotel Omni Shoream justificaron en gran medida el viaje que el Presidente realizó por dos días a esta ciudad para la cumbre de energía nuclear. Un valioso motivo encerró para el Gobierno ese encuentro bilateral: Pekín aceptó el pedido de la Argentina de realizar ajustes y revisar algunos de los contratos que se habían firmado durante la gestión de Cristina Kirchner y que la administración actual observó varias irregularidades.

"Hubo una buena predisposición de China para aceptar una revisión de algunos contratos que veíamos que requieren modificaciones. Ellos no se molestaron por eso, lo aceptaron y lo ven como parte de un nuevo proceso que hay en la Argentina", expresó Macri a LA NACION, al salir de la reunión con Xi. Lo hizo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que se montó, ya que en las afueras del hotel donde se realizó el encuentro había manifestaciones a favor y en contra del gobierno chino.

Macri llegó puntual a las 9 y ya lo esperaba un estricto mecanismo de protocolo que incluyó una previa revisión minuciosa de seguridad a la prensa. El ajuste de los contratos que habló Macri con Xi están relacionados con la construcción de dos represas en Santa Cruz (Cepernic y Kirchner) y que tienen supuestos vicios de irregularidad en los montos y en las cláusulas de impacto ambiental, según sostiene el Gobierno.

A la vez, habrá revisión hacia adelante en lo que respecta a los convenios firmados con Pekín para la construcción de dos centrales nucleares que requieren una inversión de 15.000 millones de dólares y que China se comprometió a financiar más del 80 por ciento. No se supo si se habló en la reunión bilateral del acuerdo por la estación especial en Neuquén que será manejada por una agencia estatal que depende del ejército popular chino.

Varios miembros de la comitiva calificaron como "muy buena" y de "excelente sintonía" la reunión de Xi con Macri. La decisión de China de avalar la revisión de los contratos resulta ser un cambio copernicano de Pekin, ya que hasta la semana pasada no mostraban la misma flexibilidad.

De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China había emitido un comunicado en el que planteaba que los acuerdos sellados con Cristina Kirchner eran "transparentes y dentro de las leyes". Pero al parecer, imperó el pragmatismo ancestral chino, la idea de "ampliar los vínculos y no estrecharlos", como dijo Macri.

Así habrá ahora ajustes de contratos que pondrá en marcha la canciller Susana Malcorra cuando viaje a Pekín el 19 de mayo para reunirse con las autoridades chinas. La intención de Macri y de Xi es ratificar la alianza estratégica integral que une a ambos países para que en septiembre próximo, cuando el presidente viaje a China para la cumbre de presidentes del G-20, puedan estar limadas todas las diferencias.

Por lo pronto, Macri y Xi plantearon ayer la necesidad de profundizar el intercambio comercial. "Necesitamos ampliar el valor agregado de nuestros productos que vendemos a China y eso lo entendieron", dijo Macri. Esto apunta a equilibrar la balanza comercial que resulta deficitaria para el país. También se habló de la posibilidad de establecer acuerdos por el visado de turistas para profundizar el intercambio entre ambos países. Del lado de China no hubo comentario alguno a la prensa y sólo pudieron entrar al encuentro para tomar fotos los periodistas de agencias oficiales chinas.

Macri llegó a su encuentro con Xi rodeado de la canciller Malcorra; el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau; el embajador Roberto Garcia Moritán; el secretario de Planeamiento Estratégico, Fulvio Pompeo, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Fue la misma comitiva que lo acompañó más tarde a la cumbre de presidentes por la energía nuclear donde Macri brindó un discurso ante los 53 jefes de Estado presentes.

La reunión de Macri con su par de China no fue la única bilateral que mantuvo ayer el presidente argentino. En el Room 1440 del Centro de Convenciones de Washington, que es donde se realizó la cumbre de energía nuclear, Macri también tuvo un encuentro con el presidente de Japón, Shinzo Abe, y con el jefe del Consejo de la Unión Europea (UE), Donald Tusk. Además se cruzó informalmente en los pasillos de la cumbre con el presidente de Francia, François Hollande, y con primer ministro británico, David Cameron. Quedaron pendientes las reuniones con el presidente de Corea del Sur y con el primer ministro de la India, que por cuestiones de agenda se suspendieron.

Tanto en la reunión con el representante de la UE como con el de Japón hubo un apoyo pleno para que la Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y para que en 2018 presida el G-20.

"A Japón le alegra mucho que la Argentina impulse una nueva etapa que ingresa en una nueva dimensión con una economía libre", fue el mensaje inicial que lanzó Abe en su reunión con Macri. A partir de allí, hubo buena sintonía entre ambos jefes de Estado para relanzar las relaciones que Macri dijo que habían estado "diluidas durante los últimos años".

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Ministerio de Defensa - Argentina
En ese 2 de abril, este es el mensaje que el Ministro de Defensa, Ing. Julio Martínez, envió a las Fuerzas Armadas:

"Hoy se cumple un nuevo aniversario del desembarco argentino en nuestras queridas Islas Malvinas. La fecha nos recuerda la legitimidad de una reivindicación sostenida en el tiempo luego de la ocupación realizada en 1833 por el Reino Unido, arguyendo derechos carentes de sustento jurídico y que en su momento constituyó, y aún hoy perdura, como un acto reñido con los derechos soberanos argentinos heredados de la colonización española.

Nuestro país sostiene con vehemencia su voluntad pacífica para recuperar estas tierras que le pertenecen por herencia y permanencia, y una demostración de ello ha sido y será su permanente accionar en todos los foros internacionales en los cuales ha obtenido muestras inequívocas de solidaridad y apoyo.

Por otro lado, la ocasión también es propicia para recordar con enorme respeto y dolor a oficiales, suboficiales y soldados que han combatido heroicamente en pos de una causa justa y a todos aquéllos que han dejado su vida en las Islas y mares circundantes.

Por todo ello deseo expresar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas mi saludo en esta fecha tan importante para los argentinos y que esta causa, que es de todos, constituya un elemento trascendente para avanzar en la unión nacional y poder mirar hacia adelante para construir la Nación que nos merecemos."