Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION
Actuó a través de una red integrada por tres empresas de Bahía Blanca; la AFIP debió relevar a toda su filial local por las anomalías
La facturación falsa a través de sus empresas le permitió reducir los impuestos que pagó a la AFIP.
BAHÍA BLANCA.-
Lázaro Báez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo LA NACION durante los últimos diez meses.
La facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.
El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.
La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.
El segundo pelotón de facturas truchas corresponde a una empresa real, pero que facturó servicios jamás prestados o que infló sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra.
Sólo durante 2009, esa empresa constructora le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones, según consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez, cuya copia obtuvo LA NACION y cuya autenticidad confirmó el propio Báez en diciembre pasado cuando este diario reveló la compra de más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas.
ADMITEN IRREGULARIDADES
Consultado por LA NACION, uno de los dueños de la Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, primero negó todo problema fiscal. Luego, ante las repreguntas específicas corrigió sus dichos y admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó al Grupo Penta, de los Ficcadenti. "Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación", dijo Ferreyra. También defendió su facturación a Austral. "Báez nos tiene demorados pagos, pero no por problemas con nuestras facturas."
Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, Constructora Patagónica afrontó una investigación de la AFIP, tanto por las facturas que recibió como por las que libró, mientras que se acogió a un plan de 120 cuotas para regularizar las facturas emitidas.
A estos grupos de empresas de los Ferreyra y los Ficcadenti -LA NACION también procuró consultarlos, pero no respondieron las llamadas-, se sumó un tercer emisor, Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, originaria de Bahía Blanca, aunque luego se trasladaron a Santa Cruz.
La trama de Iberoamericana incluye también a un conocido personaje local, Juan Ignacio Suris, quien emitió facturas truchas para esa empresa y desde enero pasado se encuentra detenido por narcotráfico, mientras que también afronta acusaciones por presunta evasión y lavado.
Días atrás, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal, por la que debería pagar $ 15 millones en concepto de responsabilidad civil. Para la AFIP, que destacó su rol de querellante en esa investigación penal, sólo su grupo habría evadido $ 40 millones, con facturas que repartió entre "al menos 190 [empresas] usuarias".
Entre esas empresas figura el Grupo Penta, de la familia Ficcadenti. Esa firma comparte un eslabón clave con las de Suris: el asesoramiento contable de un puñado de profesionales que se encargó de defender a Suris ante la AFIP y de afinar los números de Penta para un polémico plan de pagos.
La regularización tributaria del Grupo Penta tiene múltiples zonas grises. Entre otras, la que surge de los cheques que recibió de Austral Construcciones y cambió en Crediba, una conocida financiera local.
lanacion obtuvo copias de más de una docena de esos cheques, todos fechados el 23 de marzo de 2011. Todos tienen varios rasgos en común. Son correlativos -del 11466620 en adelante-, se emitieron desde una cuenta de Austral Construcciones en la sucursal de Río Gallegos del Banco Nación, son por $ 100.000 cada uno y aparecen firmados por Bustos y "Emilio C. Martin" como sus apoderados.
Con ésos y otros cheques, Austral Construcciones canceló servicios nunca prestados o con sobrecostos millonarios. Por ejemplo, el que el Grupo Penta declaró en su factura 001-00000429, por el movimiento de "terraplén Ruta N° 39", con "compactación especial" por poco más de $ 1,4 millones.
LA NACION consultó a los voceros de Báez sobre toda la operatoria, pero declinaron hacer comentarios hasta ver publicada la investigación.
LLEGAR A DICIEMBRE
A la luz de los antecedentes, sin embargo, Bahía Blanca no aparece como una ciudad escogida al azar por Báez. La primera gran investigación tributaria en su contra, también se inició en esta ciudad, también por facturas truchas, para otra de sus empresas: Gotti Hermanos SA.
Aquella pesquisa comenzó cuando los sabuesos locales de la AFIP detectaron inconsistencias en la facturación de El Corralón, una firma de Tres Arroyos dedicada al comercio de materiales de la construcción, bajo la jurisdicción bahiense.
Pero a medida que comenzó a crecer, con más empresas involucradas y más facturas truchas, hasta rondar los $ 400 millones, la investigación se remitió a Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre Gotti Hermanos por su domicilio fiscal. Hasta que en 2008 provocó la caída del jefe local, Norman Williams, y de su superior, Jaime Mecicovsky, y la renuncia del entonces director de la DGI, Horacio Castagnola.
Esta vez, la pesquisa quedó en Bahía Blanca, pasó por Mar del Plata, y volvió herida de muerte a Bahía Blanca, donde de inmediato Bustos y los expertos contables buscaron ordenar todos los papeles.
Para eso, buscaron regularizar el cuadro fiscal del Grupo Penta, que informó que había "extraviado" toda su información contable. Ante ese cuadro, la AFIP avanzó con un plan de pagos por un monto parcial y sin cumplir con todos los requisitos.
Primero, se intentó con un plan de 120 cuotas fijas de $ 129.000 cada una. Pero se cayó por falta de pagos. No pagaron ni la segunda cuota. Y entonces volvieron a la carga con otro plan, de 24 cuotas.
Esa última oportunidad para el Grupo Penta de ingresar a un plan de la AFIP venció el 26 del mes pasado. Sus contadores lo registraron con el número tentativo H198496, según surge del formulario de inscripción que obtuvo LA NACION.
Pero para que esa oportunidad se concretara se requirió que alguien transportara más de medio millón en efectivo hasta esta ciudad. Bustos, uno de los Ficcadenti y dos profesionales se encargaron de los detalles.
Mientras cerraban esos detalles, Bustos repitió un críptico latiguillo que jamás explicó. Insistió una y otra vez: "Hay que llegar a diciembre".
LAS TRES FIRMAS COMPROMETIDAS
Familia Ficcadenti: Opera tres firmas que facturaron $ 50 millones
Patagónica Argentina: Facturó servicios que jamás prestó
Iberoamericana: Nació en Bahía Blanca, pero se trasladó a Santa Cruz. Suris operó con ella.
Del editor: por qué es importante. Esta maniobra demuestra la amplitud de los nexos de Lázaro Báez para tratar de evadir impuestos, el origen de otros posibles ilícitos...
(Extractado de Infodefensa.com) San Salvador – Los tres helicópteros MD500E arribaron a El Salvador desde la planta de MD Helicopters en Estados Unidos -donados por los EE.UU. - según informó la Fuerza Armada de El Salvador. Las tres aeronaves fueron trasladadas por una tripulación de siete pilotos de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), por un monto de inversión de la logística del traslado de 40.000 dólares.
