Por Fernando Gutierrez - iProfesional.com
Tras su silencio vacacional en plena crisis, su
regreso genera la expectativa de un nuevo anuncio de alto impacto. Para muchos
dirigentes kirchneristas ya no hay opción: sólo queda dar el paso de estatizar,
bajar subsidios y hacer un fuerte plan de inversiones. El problema: la caja
fiscal exhausta
"Esto no puede suceder nunca más". Ese es el principal diagnóstico al que se arribó en el
kirchnerismo luego del colapso del sistema eléctrico. En los últimos días, la
frase fue repetida en casi todos los medios oficialistas.
La dijo el intendente Fernando Espinoza, de La Matanza. También
el diputado Juan Cabandié. Luego la repitieron los panelistas de
"6-7-8" y la comentan por lo bajo los funcionarios K y los
intelectuales que animan las usinas ideológicas del Gobierno.
La percepción es que, por más que se haya reaccionado con la
clásica estrategia del "manual K para casos de crisis" -buscar un
culpable en el ámbito privado, hablar de la herencia de la década neoliberal
con sus privatizaciones, insinuar conspiraciones, sobreactuar el enojo al
anunciar multas y sanciones-, la opinión pública ve al Gobierno tan o más
responsable que a Edenor y a Edesur.
Esta visión está apoyada por recientes sondeos que muestran
que tanto la imagen de Cristina Kirchner como la de sus funcionarios han caído
en las últimas semanas en las que se produjeron diversas crisis políticas y
sociales.
Y, por consiguiente, existe en el kirchnerismo la certeza
total de que, si en el verano próximo esta crisis eléctrica se repitiera, las
consecuencias serían nefastas desde el punto de vista electoral. "Durante un tiempo, al Gobierno le sirvió el esquema de
estatizar sólo lo que tenía que ver con obras y con administración de
subsidios, porque allí se generaba caja, mientras tenía a un privado para que
pusiera la cara por si había problemas. Pero ahora ya no se puede sostener,
porque ante el colapso la gente culpa al Gobierno", afirma Diego
Dillenberger, experto en comunicación política.
Hay, además, una sensación de que se va acortando el margen
de acción para que el Ejecutivo suene creíble.
Como acota el economista Enrique Szewach, una sanción a las
empresas implica también una autocrítica por cómo esto ocurrió a pesar de la
existencia de directores estatales en las compañías, veedores, un ente
regulador y un ministerio ad hoc. "Además de las multas a las empresas, no se sabe qué
sanciones les corresponderán a los directores y funcionarios del Estado que
permitieron que esos desvíos de fondos ocurrieran. Ni de dónde van a obtener
dinero las compañías para pagar las multas, dado que ni siquiera abonan la
factura completa de la electricidad que compran para distribuir", afirma
Szewach, no sin un dejo irónico.
Nada que perder
Lo cierto es que en este marco, tal vez más por necesidad
que por deseo, todos los caminos apuntan a la reestatización del sistema
eléctrico.
Es el tema que se discute dentro del Gobierno desde el
primer apagón, desde la recordada desinteligencia interna que llevó a Jorge
Capitanich y a Julio De Vido a contradecirse sobre la posibilidad de cortes
programados al estilo de los '80.
Es la medida que le reclaman a la Presidenta sus bases,
sus militantes y dirigentes de su ala más radicalizada.
Es el tema que, en todos los días de su criticado silencio
en El Calafate, Cristina ha debatido con sus funcionarios y consigo misma. Es
la gran decisión que deberá adoptar en su reingreso a la escena pública.
Los antecedentes marcan un patrón muy definido de acción
ante situaciones de crisis: mientras los funcionarios buscan culpables
externos, Cristina intenta tomar distancia, asimila el golpe, evalúa daños y
luego regresa con un anuncio espectacular.
"Así como no nos tembló el pulso para recuperar el
Correo, Aguas Argentinas, YPF, crear ARSAT, no nos va a temblar el pulso para
tomar las medidas que la seriedad y el caso requieran para garantizar la
distribución eléctrica. Pero también para que todos los argentinos tengan un
abastecimiento seguro", dijo el ministro De Vido, preparando el terreno
para un eventual anuncio.
Tras el llamativo silencio -tratándose de una Presidenta
para quien hablar y gobernar son una misma cosa-, la expectativa que se ha
generado es fuerte.
Y lo que se espera de ella, sobre todo en filas
oficialistas, es que regrese con un hecho político de alto impacto, de esos que
cambian la agenda, la devuelven al centro de la escena y levantan la moral de
la militancia.
Lo cierto es que ante la magnitud de la crisis -cuando
todavía hay barrios que no han vuelto a ver la luz, ya con tres semanas de
apagón- se espera un anuncio a la altura de las circunstancias.
Las propias declaraciones de los funcionarios y
comunicadores kirchneristas dan la pauta de que las multas, las tibias
autocríticas al ente regulador, la toma de control del fondo de inversiones e
incluso la posibilidad de una mayor participación accionaria en Edenor y Edesur
no parecen suficientes.
El desafío para Cristina es que la militancia reclama la
estatización completa y total de las distribuidoras eléctricas de Capital.
Aunque ese sea un anuncio que ya no pueda ser festejado como lo fue el de YPF,
aunque no tenga la aureola de epopeya, aunque las marcas "Edenor" y
"Edesur" carezcan de mística como para hacer con ellas spots
televisivos o afiches callejeros.
Preparando el terreno para un "tarifazo popular"
Entre los puntos que más dolores de cabeza le causan al
Ejecutivo se ubica el tema de las tarifas y los subsidios.
De hecho, contrastando con la declamada actitud firme de un
Gobierno al que "no le tiembla la mano" a la hora de tomar medidas
drásticas, la cuestión de los subsidios ha tenido muchas marchas y
contramarchas.
En 2008 hubo un primer intento de eliminación, anunciado por
De Vido, que derivó en un retroceso ordenado por Cristina, luego de una ola de
protestas y acciones legales de asociaciones de consumidores.
En 2011, el megaanuncio sobre quitas de estos beneficios
quedó en el freezer, y sólo se alcanzó a los habitantes de countries del
conurbano y barrios de la zona norte, que no llegan a representar el 5% del
total de usuarios subsidiados. El motivo del retroceso, esta vez, fue el
malhumor social por el accidente ferroviario de Once.
Desde entonces, el tema ha estado constantemente en carpeta
de los funcionarios, pero el Gobierno ha temido siempre a las protestas
sociales que pudieran surgir.
Algunos analistas son escépticos respecto de una corrección
tarifaria mientras el servicio siga bajo la órbita estatal. Como Manuel Solanet, ex directivo de la fundación FIEL, para
quien la acusación del Gobierno a Edenor y Edesur por no haber invertido puede
volverse un boomerang. "Los funcionarios dicen que, aun con congelamiento
tarifario y con subsidios, las empresas podían invertir. Es decir, se crea el
argumento contrario a la quita del subsidio, porque si ahora modifican ese
esquema se exponen a que se los vea como contradictorios, casi como si
estuvieran dándole un premio a las empresas incumplidoras".
Sin embargo, no parece imposible una corrección del tema
tarifario en un eventual esquema estatal. De hecho, en los últimos días
empezaron a surgir, en los círculos K, las argumentaciones para justificar un
encarecimiento del servicio eléctrico ante una eventual estatización.
Entre ellos se encuentra el economista Alfredo Zaiat -cuyo
libro "Economía a contramano" fue públicamente recomendado por
Cristina Kirchner-, quien desde su columna periodística estableció que no es lo
mismo subir tarifas en un servicio administrado por privados que hacerlo en uno
bajo el mando de un gobierno popular.
"El alza de tarifas no necesariamente se traduce en más
inversión privada, como ya se sabe, lo que no significa que se verifique esa
relación cuando la firma es manejada por el Estado. El caso YPF sirve como
ejemplo de esa disparidad de comportamiento", argumenta el economista.
Y equipara el reclamo actual de Edenor y Edesur con el que,
en su momento, hacía Repsol.
Para Zaiat, se justificaba la negativa estatal a elevar los
precios de los combustibles, porque ese mayor ingreso no tendría destino de
mayor inversión sino el de repartir más utilidades entre los accionistas de la
petrolera española.
Pero, en cambio, bajo la órbita del Estado, las subas de
tarifas son virtuosas: "La
YPF estatal ha tenido el sendero abierto para ajustar al alza
los combustibles, reflejado en utilidades en uno de los renglones del balance,
con la contrapartida de un acelerado incremento en el rubro inversiones".
Para quien se tome el trabajo de repasar los discursos de la Presidenta, el mismo
razonamiento aparece en su primera alocución tras su licencia médica.
En aquella ocasión, al reiterar su apego al modelo
"industrializador", Cristina dijo una frase que en ese momento no
generó mucha atención pero que, leída ahora, parece extrañamente profética:
"Fíjense, ¿saben cuál es la empresa que más ganancias dio? YPF, pero no
solamente porque es una petrolera. ¿Saben por qué? Porque está reinvirtiendo
todo lo que gana, que es la única manera de profundizar el proceso de
industrialización".
¿Se viene un "Galuccio eléctrico"?
De manera que parecen estar casi todos los ingredientes
necesarios para una re-estatización. A saber:
*Una crisis que genera gran malestar social y obliga a una
respuesta política.
*Un villano privado a quien cargarle la responsabilidad.
*Una fuerte demanda por parte de la base política
kirchnerista para adoptar una medida drástica.
*Antecedentes de estatizaciones en casos como el agua, el
petróleo y el transporte ferroviario.
*Una línea argumental para explicar por qué una suba
tarifaria -o una baja de subsidios- no era conveniente bajo la gestión privada
pero puede ser virtuosa en una gestión estatal.
*Urgencia por resolver el tema ahora, ya que en un año
electoral puede resultar muy tarde.
En fin, desde el punto de vista político, la situación parece
clara. Faltan los detalles de la implementación. Desde el ángulo jurídico no
habría mayores inconvenientes: como ya explicó Capitanich, los propios
contratos prevén la posibilidad de la estatización ante un incumplimiento del
servicio.
El tema más complejo puede ser el del dinero: cómo estatizar
sin que pueda parecer una confiscación que obligue al Estado a pagar una
indemnización.
Es allí donde aparecen opciones como la capitalización de
deudas de Edesur y Edenor con el Estado.
Un argumento discutible, por cierto, si se toma en cuenta
que estas compañías tienen sus tarifas congeladas desde hace una década y que
están técnicamente quebradas, al punto que no pueden pagarle a sus proveedores
mayoristas de energía y pierden más de $300 millones por trimestre.
El otro gran punto a definir por parte de Cristina es quién
aparecería como cara visible de una gestión estatal. ¿Habrá un nuevo Galuccio
del sector eléctrico o se encomendará el tema a Axel Kicillof y los muchachos
de La Cámpora?
En principio, hay un antecedente negativo de Kicillof: en
agosto de 2012 hizo un ampuloso anuncio, en el cual se presentó un nuevo
sistema de planificación estatal gracias al cual se establecerían costos,
márgenes de ganancias, niveles de inversión y precios.
"Por la plata no se preocupen, es un problema
mío", había señalado en aquel momento. En la teoría, iba a crecer la generación eléctrica y se
evitarían las emergencias. Un año y medio después, hay que comprarle electricidad a
Uruguay, y el ahora ministro ha preferido ni hacer mención a su plan.
