Por Tomas Bulat - Cronista.com
El debate sobre la expropiación de YPF está generando nuevamente una muy necesaria discusión sobre la política energética. Argentina en los últimos años perdió reservas, tanto de gas como de petróleo y -por supuesto- aumentó su demanda, debido al crecimiento económico y del parque automotor.
Cualquiera que se haya interesado en el tema energético durante los últimos tiempos, veía cómo año a año las reservas caían y el superávit energético se iba reduciendo. Que se haya entrado en déficit energético no es ninguna sorpresa. La pregunta es si la expropiación de YPF es parte de la respuesta.
Exprópiese
Expropiar es comprar por la fuerza una empresa. Lo que se resuelve es que el Estado compre a un precio a determinar el valor de la empresa. Se trata de un cambio de propiedad en la que el comprador tiene como principal objetivo determinar que la empresa en cuestión vale lo menos posible, y así desembolsar la menor cantidad de dinero necesaria para comprarla.
Por lo tanto el debate se da priorizando los aspectos negativos o que no funcionan adecuadamente en la empresa, todos los pasivos que tiene, los contingentes y ambientales, y -si fuera posible- disminuir el valor de sus activos. En consecuencia, la discusión está determinada por la necesidad de resaltar las debilidades de la misma.
Ahora bien, se deben considerar cuáles son las consecuencias que conlleva esta actitud. La primera es que el comprador, el Estado, paga menos por la empresa, pero luego tiene que invertir para explorar o asociarse a otra empresa para que lo haga. Claro que cuando vaya a pedir créditos, sus balances van a demostrar que la empresa vale poco y que -por lo tanto- no se le puede prestar mucho. Es decir, se reduce la capacidad de endeudamiento y de inversión de la empresa.
Si se asocia, obviamente al tener menos valor, su poder de negociación con terceros disminuye. Es un resultado beneficioso de corto plazo, pero perjudicial en el mediano.
Expándase
La otra alternativa posible hubiera sido capitalizar la empresa. Es decir que el Estado Nacional en lugar de expropiarla, decida expandirla. Supongamos que el Estado proponía capitalizar la empresa vía emisión de acciones por u$s 4.000 millones, eso representaría que el Estado se hubiera hecho cargo de más de un 20% y la participación de Repsol hubiera bajado a 40%. Esta capitalización hubiera ofrecido ciertos beneficios: el primero es que Repsol se hubiera encontrado en minoría, pero además YPF se hubiera convertido en una empresa más grande y fuerte, pudiendo conseguir mayores préstamos y en mejores condiciones y, adicionalmente, hubiera contado con u$s 4.000 millones disponibles para invertir en exploración y explotación.
Esta forma de ampliar el capital es el mecanismo que utilizó Rusia con Gazprom o Brasil con Petrobras. El objetivo es tener una empresa de mayor magnitud y más valiosa.
La capitalización de una empresa como YPF se trata de una forma probada y reconocida internacionalmente y que no solo no generaría tensiones con otros países, sino que promovería mayor confianza al apostar por una gran empresa energética y con disponibilidad de fondos.
La gestión de Repsol no fue buena, los datos hablan por si solos, pero claramente el mecanismo para concretar su desplazamiento no crea los incentivos económicos adecuados. Repsol compró casi el 100% de YPF en 1998 y hoy tiene apenas el 57%. Es decir que Repsol viene mostrando su evidente intención de no continuar en el país. Cualquier instancia de negociación podría haber dado como resultado una empresa más grande, fuerte y con mayor inversión y no -como ocurre ahora- un empresa más chica, conflictiva y con menos recursos para invertir.
No es lógico escuchar al Viceministro de Economía menoscabar a la principal empresa del país. No debería serlo, ya que -como queda en evidencia- la exploración es cara y se necesitan muchos fondos y a plazos largos para implementarla.
Más nacionalismo y más petróleo
Seamos claros, los países emergentes tienen grandes compañías petroleras en las que el rol del Estado es muy importante, tanto como lo es su apertura a los mercados financieros internacionales y -en consecuencia- el absoluto apego a reglas internacionalmente aceptadas. No solo lo hacen por una cuestión ideológica, sino por necesidades financieras concretas. Petrobras para poder explotar sus reservas en el mar, se estima, va a necesitar en los próximos 10 años más de u$s 200.000 millones, los cuales obviamente solo se consiguen en los mercados financieros internacionales.
Las ganancias que se presentan de YPF, que para las compañías argentinas puede sonar muy grandes, en términos de requisitos de inversión energética no son tan importantes. YPF ganó más de $ 5.000 millones en el 2011, pero Argentina necesita inversiones anuales por más de u$s 5.000 millones.
Es bueno que el Estado tenga un rol en las empresas energéticas, tan bueno como que tenga una amplia apertura de su capital en los mercados financieros del mundo.
Necesitamos una compañía con presencia estatal, muy bien administrada y con recursos porque, en definitiva, el nacionalismo suma, pero lo que utilizamos es petróleo, para lo cual se necesita plata y no discursos.
