Desde los 90, la Auditoría General de la Nación (AGN) viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros , debido a una crónica sobreexplotación y a prácticas que están devastando algunas especies de la rica plataforma continental argentina, como es el caso del calamar y en particular de las dos poblaciones de merluza común que habitan nuestros mares. Por ejemplo, la población de merluza que se encuentra frente a las costas bonaerenses y uruguayas (“stock norte”) ha descendido hasta un nivel denominado “sobrepesca de reclutamiento”. Ello significa que está en peligro su capacidad de reproducción y la recuperación de valores de equilibrio poblacional .
En 2009, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) recomendó una captura máxima de 48 mil toneladas; sólo la Argentina desembarcó más de 57 mil –a las cuales deben agregarse 16 mil desembarcadas en Uruguay–. La recomendación fue superada en un 52%. En el caso de la merluza que habita las aguas patagónicas hasta Puerto Deseado (“stock sur”), la recomendación del INIDEP fue de 170.000 toneladas; se desembarcaron alrededor de 230.000, por lo que el límite biológico se superó en un 35%.
Estos asombrosos registros reafirman la tendencia crítica entre la captura y la biomasa reproductiva , que están desde hace una década por debajo del umbral de sustentabilidad.
El reciente informe de la AGN (Resolución 09/11) comprobó que el límite de capturas establecido por el Consejo Federal Pesquero fue, generalmente, mayor que el recomendado por el INIDEP. El estado de sobrepesca y la pesca no declarada –calculada en, al menos, un 10%– agravan la situación. La depredación es alarmante y ello obedece, principalmente, a que no se usan los instrumentos que eviten la captura de “juveniles”; esto afecta la futura reproducción y tiene consecuencias ambientales negativas porque las especies que se devuelven al mar sin vida no sirven de alimento a otros peces y contribuyen a desequilibrar el ecosistema, por ejemplo, incrementando las poblaciones de especies carroñeras a expensas de las cazadoras, o reduciendo los niveles de oxígeno en el fondo del mar.
El último informe de la AGN puntualiza como un grave caso de depredación que, por descartes provenientes de la pesca de langostino, en 2007 se capturaron, “incidentalmente”, 32 mil toneladas de merluza juvenil ; esto es, se arrojaron al mar 160 millones de ejemplares muertos antes de que alcanzaran la edad reproductiva.
La situación descripta se vio facilitada y agravada por la ineficacia de los controles y falencias en la aplicación de sanciones . La AGN detectó, en el período auditado (2006 y 2009), que se habían previsto multas a las empresas infractoras por 90 millones de pesos, de los cuales sólo se cobraron alrededor de 13 millones. Además, el tiempo que transcurre entre la infracción y su notificación a las empresas supera, en promedio, los tres años. Con respecto a los inspectores, los informes señalan, entre otras cuestiones, que las cifras de sus planillas en puerto suelen presentar distorsiones sobre los volúmenes realmente capturados.
Resulta grave que los distintos informes registren el mismo tipo de deficiencias y anomalías sin que el Estado recoja las observaciones de la AGN . También se devalúa la tarea del INIDEP y la de ONG como el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); éste brindó a la AGN consultores de alta capacitación para realizar tareas de campo, evaluar complejos aspectos técnicos y fortalecer la solvencia de los informes –confeccionados con información suministrada por los auditados–.
La desregulación de la década de los 90 implicó una desmedida expansión de la actividad pesquera impulsada por un fuerte interés internacional en nuestra riqueza ictícola. En este contexto, l os acuerdos de pesca con otros países precipitaron la sobreexplotación . La posibilidad de operar en un esquema poco regulado, sin costos ambientales y con un marco jurídico institucional permisivo generó grandes beneficios de corto plazo. Es primordial tomar conciencia de la dimensión del riesgo y de su inminencia ; y que el Estado nacional, las provincias y el sector pesquero asuman un compromiso categórico para evitar lo que hasta hoy se presenta como irreversible.
