Por Fernando Gutierrez (producción: Federico Kucher) -iProfesional.com
No la reconoce públicamente, evita mencionarla, pero el Ejecutivo sabe que Argentina no tiene mucho margen para encarecerse más en dólares. Además, la suba de precios escaló en el ranking de preocupaciones de los argentinos. Evita anuncios paquete, más bien, apunta a un "plan caserito".
¿Funcionará?
Para cualquier argentino mayor de 40 años, las expresiones "plan económico" o "paquete de medidas" están asociadas a malos recuerdos. Es que estos mega-anuncios -tan comunes en la década de los '80- eran intentos por corregir bruscamente los desajustes económicos (un desborde inflacionario, por ejemplo) y, con mucha frecuencia, implicaban reducciones del salario real.
Todos sabían que cuando el ministro de Economía anunciaba sus medidas en cadena de TV, por más que utilizara expresiones técnicas rebuscadas, el contenido del paquete siempre podía reducirse a una fórmula clásica: "devaluación y tarifazo". Sabedor de esta aversión a los "paquetes", el kirchnerismo siempre ha evitado expresamente los anuncios grandilocuentes de planes. Más bien, ha preferido que sus comunicaciones estuvieran centradas en dar cuenta de sus logros y en la realización de obras.
Sin embargo, aunque al Ejecutivo no le gusten los planes, que los hay los hay, con la inflación ahora como objetivo a vencer. El núcleo de funcionarios vinculados al área económica ya están trabajando en el tema, convencidos de que del éxito de estas medidas depende, en buena parte, la marcha futura del "proyecto k".
"En la Rosada se sabe que la suba general de precios está poniendo a la economía al límite de lo que se puede soportar", afirma Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, quien suele dialogar de manera informal con funcionarios del área económica.
Incluso, un fuerte crítico del Gobierno, como el economista Miguel Angel Broda, ha destacado cierta moderación en la política monetaria. "Es un acto racional. Parecería que el Ejecutivo ha interpretado que tiene restricciones", afirma Broda.
Las señales de preocupación también se pueden apreciar en aquellos ámbitos académicos que mantienen cierta afinidad con la política oficial. El reciente informe del Plan Fénix señala que "resulta indispensable encarar un plan de mediano plazo para neutralizar la inflación".
Las primeras medidas que se han esbozado denotan una mezcla de visiones respecto de cuál es el origen de la suba de precios:
• En primer lugar, aparecen esbozos de recorte al gasto público, que responden a la idea de que los bienes y servicios aumentan porque el Gobierno debe recurrir a la "maquinita" de imprimir billetes para financiar los desajustes fiscales.
• En segundo término, se han intensificado los controles de precios, que expresan la visión de que en realidad son los empresarios los responsables de que las cosas aumenten. A través del monitoreo permanente, el Gobierno busca "inspeccionar" los márgenes de ganancia a lo largo de la cadena de comercialización.
• En tercer orden, se trata de evitar un desborde salarial, que es visto como un gran factor de riesgo por sus efectos inerciales y su impacto en el valor final de los productos.
Lo cierto es que hoy -como tantas veces en la historia económica argentina- la discusión sobre cuáles son las causas y cómo bajar la fiebre de la suba de precios ha vuelto al centro de la escena.
No sólo porque la Argentina ya casi no tiene margen para seguir encareciéndose en dólares.También hasta por cuestiones políticas y pre-electorales.
Es que ahora los argentinos ubican a la inflación en el podio de sus preocupaciones cuando, en años previos, era vista como un "mal menor". Como la moneda de pago que usaba el país para que su economía crezca a tasas más altas que las actuales.
Entre los análisis que circulan no faltan las visiones que enfatizan que es producto de la concentración económica, usada como justificativo para avanzar en una mayor intervención estatal.
El problema, según consideran los técnicos del Ministerio de Economía, es que no están claros los costos que se manejan en el proceso que va entre la industria y el consumidor final.
El debate ha dejado al desnudo que hay diferentes visiones dentro del propio Gobierno. En particular, en lo que respecta a si hay que culpar o no a "la maquinita de billetes". Así, mientras Cristina Kirchner se preguntaba cómo en los países desarrollados la inflación era tan baja con niveles de emisión tan altos, Axel Kicillof o Mercedes Marcó del Pont defendían la idea opuesta, al asegurar que imprimir más dinero no implica, de por sí, que los precios suban.
Los tres ejes
Lo cierto es que, en medio de semejante debate, hay un plan en marcha, que se profundizará y que mezcla "recetas clásicas" con otro tipo de medidas intervencionistas.
Por lo pronto, el "paquete estabilizador casero" del Gobierno hace foco en tres puntos principales:
1. Control de Precios
Si hay una medida que ganará protagonismo con el correr de los meses es la de los acuerdos con los empresarios para establecer precios regulados. Es un intento que ya se hizo en 2006 y "que fracasó", explica el analista y catedrático Victor Becker, quien sostiene que justamente a partir de esto "comenzaron a tergiversarse los índices del INDEC".
Sin embargo, será relanzado con más impulso. La presentación de la nueva metodología "digital" con la que se pretenden afianzar estos acuerdos representa el puntapié inicial para avanzar en este sentido.
Hace unos días los hipermercados empezaron a publicar en la web un listado de precios para que los futuros aumentos sean autorizados únicamente por los organismos de control oficial. La idea es que conforme transcurra el tiempo se vayan sumando más y más artículos a dichas publicaciones.
Nuevamente, los analistas insisten en que esta medida sólo servirá para el corto plazo y no hacen más que recordar lo sucedido en años previos. Rememoran las reuniones de Guillermo Moreno con empresarios y las interminables listas de precios "acordados" que llegaron a ocupar hojas y hojas de los principales diarios.
La consecuencia de esto es que "al principio no se observan racionamientos pero, poco a poco, se puede ir recortando la oferta en los productos regulados. La experiencia demuestra que estas medidas no dan resultado", afirma Fernando Aguirre, directivo de la Cámara Argentina de Supermercados.
2. Moderación Salarial
Según trascendió, el plan oficial contempla como segundo ítem el seguir avanzando en moderar los incrementos que se acuerden en paritarias, como forma de reducir la inflación. "Los empresarios reconocen que remarcan sus precios según la suba de los salarios", afirman desde el estudio D'Alessio.
Por lo pronto, el propio diputado Roberto Feletti recalca: "Para moderar la puja distributiva hay que coordinar precios y salarios para ir bajando la nominalidad de los aumentos".
El Gobierno parece dispuesto a profundizar su batalla en este tema. Nadie lo expresó de manera más explícita que la propia Presidenta cuando, al referirse al debate sobre la actualización en el "piso" del Impuesto a las Ganancias, dijo que esa medida estaba condicionada a que no hubiera excesos en las paritarias de 2013. Ese llamado a la contención de los reclamos salariales ya fue hecha este año, con resultado "moderado".
El Ejecutivo pudo bajar al 24% desde el 28,5% que se tocara en 2011 (cifra promedio acordada por las diferentes ramas de actividad).
No llegó al 22% que se había puesto como objetivo (si bien "vendió" públicamente la idea de un 18%) pero al menos, redujo ese promedio cuatro puntos y medio ayudado, claro está, por una economía más fría.
Lo cierto es que puso fin a esa etapa de dar "puntitos de más" por encima de la inflación y que solía ser parte de su política salarial en años previos. Tal es así que en 2012 los incrementos de sueldos han ido en línea con la suba de precios.
Desde el oficialismo señalan que se profundizará este camino, si bien los analistas sostienen que transitarlo no le será tan fácil. "Hoy los gremios se volvieron más rebeldes y eso hará que se dificulte mucho negociar las próximas paritarias con un criterio que impida una recomposición del salario real", opina Luciano Cohan, economista jefe de la consultora Elypsis.
3. Freno en la suba del gasto
El tercer pilar que forma parte del plan apunta a uno de los aspectos menos pensado para el "proyecto K".
Es que, empujado por la necesidad y por los apremios de caja, el Gobierno apuntará a moderar el gasto público.
La idea es avanzar en reducir el déficit fiscal que este año rondará los $60.000 millones (casi un mes entero de recaudación). Y el primer adelanto de esto se dio en el debate de la ley de Presupuesto.
Para sorpresa de muchos, el propio viceministro Kicillof argumentó que el Gobierno comprimirá su consumo si en los próximos meses se recupera la demanda externa.
De hecho, esta parte del plan ya se ha empezado a notar. Un informe de la consultora Empira señala que, "tras la relajación fiscal del primer semestre, cuando el gasto público creció más rápido que los recursos tributarios (32% versus 24% anual), entre julio y septiembre registraron al menos un 'empate' en su tasa de expansión, en torno del 24% anual".
A pesar de que el discurso oficial proclama un rol "contracíclico" de la obra pública, este renglón también viene mostrando un freno. El gasto acumulado enero-septiembre tuvo un alza de 11%, muy por debajo de la inflación. Es decir, una caída en términos reales.
Si bien Kicillof no dijo que esta medida tuviese como objeto la baja del índice inflacionario, los analistas interpretan que ése es el motivo de fondo. "Una menor gasto del Gobierno ayuda a combatir las subas de precios, ya que de esta forma las necesidades de financiamiento para el sector público son menores", señala Jorge Todesca, titular de la consultora Finsoport, si bien advierte que "con esto sólo no alcanza".
Claro que, además, tampoco resulta fácil un recorte del gasto desde el punto de vista político.
A Miguel Bein, reconocido economista, le preocupa "la trayectoria que pueda tomar la obra pública en un año electoral". Y destaca la dificultad para sostener el ajuste a las provincias. Otros analistas, como Delgado, de Analytica, arriesgan que el recorte vendrá por una quita de subsidios a privados, probablemente en el sector de transporte.
Y otros tienen sus dudan de que el contexto político permita una contención del gasto: "Es algo que no sucedió hasta el momento si se toma como referencia el comportamiento del Gobierno en los años de sufragio", sostiene Cohan.
¿Funcionará?
Los analistas muestran cierto escepticismo respecto a los resultados del "paquete anti-inflacionario casero" que, con perfil bajo, impulsa el Gobierno. Es que no observan que el mismo sea integral. Más bien, lo ven como una serie de medidas aisladas.
Los expertos consultados hacen referencia a que se debe avanzar en una estrategia coherente que involucre variables clave, como tarifas, salarios, emisión, gasto público y tipo de cambio, de modo de que vayan convergiendo gradualmente a números más bajos.
Martin Rapetti, economista del CEDES, explica que "el plan integral es necesario para afectar las expectativas de la gente".
Por ejemplo, una negociación de 15% de salarios no puede llevarse adelante si nadie cree que la inflación no bajará a ese rango. Otros, desde una óptica más clásica, creen que no hay plan que funcione mientras se mantenga una emisión monetaria cercana al 40 por ciento.
"La causa de la situación actual es el exceso de emisión en el que se incurrió. Si no se atiende este punto se elude el motivo de fondo", opina Diego Giacomini, especialista de la consultora Economía & Regiones.
En definitiva, el reclamo hacia el Gobierno es el de ser convincente respecto a que atacará la inflación desde todos los frentes. No es una tarea fácil en la situación actual. Para empezar, porque para querer bajar la inflación es condición necesaria reconocer públicamente que existe.
En enero de 2013
llegará a Ferrol, a los mismos astilleros de la entonces EN Bazán donde vio la
luz, el portaaviones 'Príncipe de Asturias' para iniciar un proceso de baja que
conducirá al completo desguace del buque, que, según nos informa la Armada, se
prolongará más allá incluso de 2013.
Tras la firma del convenio
entre la Fuerza Aérea Argentina y el fabricante Bell Helicopter Textron, el
Área Material de Quilmes contará con el aval de la empresa estadounidense para
realizar tareas de mantenimiento de los helicópteros Bell B-212. 
Al haber cedido al Ejército
Nacional Uruguayo para su evaluación un Vehículo Ligero de Empleo General
Aerotransportable "Gaucho", el Gobierno argentino y el uruguayo, podrían, de ser
las pruebas aceptables y existir una posible negociación política al respecto,
terminar con el programa “Apereá”, absolutamente ralentizado y casi olvidado,
aunque bastante más económico, así como otros proyectos de adaptación todo
terreno y de carrocería abierta, en torno a los ya existentes UAZ. En el caso
del Apereá, se trata de de un vehículo multipropósito con dos prototipos
construidos hasta ahora, en el Regimiento de Caballería Mecanizada IV, de
estructura tubular, apto para el reconocimiento , enlace, comunicaciones,
transporte de equipos y personal, vigilancia de fronteras, combate al abigeato,
etc. 
