Por Edgardo Litvinoff - La Voz
- Tienen el mismo número, pero distintas fotos o firmas.
- El Ministerio de Justicia de Córdoba intervino el Registro Civil provincial.
- La Fiscalía Federal 2 imputó a 17 personas.
El Registro Provincial fue intervenido por el Ministerio de Justicia de Córdoba. (Facundo Luque / Archivo)
Es simple: si cada uno revisa su DNI observará que tiene un número, su foto, su firma y sus huellas digitales. Pero el año pasado, el Registro Nacional de las Personas –que centraliza los datos de cada habitante del país– detectó DNI y pasaportes con igual número, pero con distintas fotos o bien distintas firmas. Al parecer, la forma de confección de estos documentos fue tomar un trámite normal de cualquier ciudadano y cruzarlo con la foto y/o la firma de otro.
Estos casos de usurpación de identidad, según la auditoría del Registro Nacional, no se podrían haber hecho sin la connivencia de un oficial público. Se trata de nueve casos detectados en el Registro Provincial, pero también algunos en dependencias de la Municipalidad de Córdoba.
Todavía no se sabe para qué se podrían haber usado las identificaciones truchas, pero las sospechas son múltiples: desde prófugos que necesitan hacer trámites sin ser detectados hasta personas que querrían entrar a una cancha de fútbol, pese a estar inhibidos para hacerlo.
El sistema nacional es el que cuenta con el software que detecta y alerta sobre estos casos. Apenas realizada la auditoría, la dependencia nacional realizó la denuncia en la Justicia federal y remitió el caso a Córdoba.
El Ministerio de Justicia local, a cargo de Luis Angulo, inició una investigación administrativa que derivó, ayer, en la intervención del organismo de la calle Caseros, en la capital provincial. También decidió trasladar a esos 11 empleados a otras reparticiones. La interventora será Laura Echenique, la secretaria de Justicia del Ministerio.
“El ministro decidió intervenir inmediatamente y separar a los empleados”, dijo Echenique, y señaló que hay motivos suficientes para ello, pese a que debe respetarse la presunción de inocencia hasta tanto se esclarezca la situación.
Uno de los hechos que más llama la atención de los investigadores es que, aunque el sistema emitía un alerta por “Fotografía no aprobada”, los empleados igual continuaban con el trámite que derivaba en ese DNI o pasaporte truchos.
La auditoría del Registro Nacional también detectó estas maniobras en registros de Wilde y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires.
En la Justicia
La causa judicial recayó en noviembre en la Fiscalía Federal 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, quien al cabo de estos meses de investigación imputó a 17 personas: la mayoría son empleados del Registro Civil de Córdoba, pero incluyó también a los beneficiarios de esos documentos. La Provincia también se constituyó en querellante.
Tanto el fiscal como los funcionarios del Ministerio de Justicia de Córdoba coinciden en que el sistema informático es muy bueno, y en que, si bien no cierran la puerta a ninguna posibilidad, es muy difícil que se trate de un error de ese tipo. “Nos asesoramos muy bien y es casi imposible hackear el sistema; es infranqueable. Por eso tomamos esta decisión. La maniobra es curiosa por lo elemental y lo simple: uno se saca la foto y otro firma”, explicó Vidal Lascano.
De ahí la sospecha que recae sobre los empleados del Registro.
¿Advertidos?
Hay otro elemento que llama la atención de los investigadores. En diciembre se realizó un operativo para seguir a las personas que habían comenzado a realizar uno de estos trámites en el Registro Civil provincial. Era para sacar un pasaporte, que ya tenía otra versión de ese mismo documento. Pero llegaron el día y la hora establecidos para el turno, y esa persona no apareció.
Tanto desde la Justicia como desde la Provincia creen que la situación es muy grave, debido a la inseguridad jurídica que podría provocar este tipo de “falla” o “trampa”, según lo que finalmente se determine. De cualquier manera, es un llamado de atención a la vulnerabilidad del sistema, que podría abrir la puerta a graves irregularidades y/o delitos.
En la Municipalidad
Sin imputados. El director del Registro Civil del municipio de Córdoba, Lucas Samame, dijo que la fiscalía lo llamó para explicar cómo funciona el sistema, señaló que si hay irregularidades se suele hacer la denuncia, y dijo no tener detalles de este caso. De todos modos, no hay municipales entre los imputados.