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domingo, 22 de enero de 2017

Destinarán unos 4700 contenedores no reclamados a Desarrollo Social

Resultado de imagen para contenedores aduanaPor Marcelo Veneranda - LA NACION
El Gobierno establecerá un mecanismo extraordinario para agilizar la entrega de mercadería abandonada en los depósitos aduaneros a ONG, cooperativas y municipios.

Puestas una al lado de otra, la fila de "latas" cubriría 55 kilómetros. Casi la distancia de Buenos Aires a La Plata. Se trata de los contenedores abandonados en puertos y depósitos fiscales de todo el país o que, luego de ser inmovilizados por la Aduana o la Justicia, nunca fueron reclamados por sus supuestos dueños. Los más conservadores hablan de 4000 contenedores, pero la estimación asciende a 4700. Montañas de ropa, alimentos, electrodomésticos, vehículos o del más absoluto misterio. Que se siguen acumulando.

El presidente Mauricio Macri dictará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) esta semana para crear un mecanismo excepcional que agilice la entrega de esos contenedores al Ministerio de Desarrollo Social, para que la cartera que conduce Carolina Stanley derive esa mercadería a quienes la necesiten, a través organizaciones sociales, cooperativas y ONG, además de otras reparticiones nacionales, provinciales y municipales.

En la operatoria participará también el servicio aduanero a cargo de Juan José Gómez Centurión , que junto a funcionarios de Desarrollo Social se encargarán de abrir las "latas" para clasificar su contenido y, en el caso de que no coincida con las cartas de porte de la Aduana, inventariar lo que se descubra, determinar si aún es apto para el uso o consumo, o decidir su destrucción.

El Ministerio de Defensa de Julio Martínez será la tercera pata del mecanismo, que se encargará de la logística para el traslado de la mercadería y su resguardo. La Casa Rosada prevé destinar tres depósitos del Ejército para ese fin.

En el centro de la operatoria quedará la Secretaría General de la Presidencia. Desde los tiempos de Eduardo Duhalde, la dependencia que hoy conduce Fernando de Andreis se encarga de recibir los bienes que la Aduana informa que están disponibles y distribuirlos en base a los pedidos que realizan los gobernadores e intendentes pero también otros ministerios nacionales, que deben hacerse cargo de retirarlos de los puertos o depósitos.

"El sistema no funciona mal, pero tiene demoras burocráticas y se está modificando la normativa para agilizarlo. Son muchos los pedidos de provincias y municipios que se resuelven, pero lo que se pretende con el decreto es crear un mecanismo excepcional y extraordinario para que, en paralelo y probablemente a lo largo de todo este año, se agilice la disposición de estos miles de contenedores que se acumularon", explicaron desde el Gobierno a LA NACION.

Señalaron que el objetivo es doble: por un lado, agilizar la entrega de alimentos, ropa y otras mercaderías a quienes más lo necesiten, evitando, además, que se echen a perder dentro en los contenedores, y, por el otro, reducir los costos que debe asumir hoy el Estado por ocupar espacios en los puertos y depósitos.

La acumulación de los más de 4000 contenedores no es casual. Fuentes que conocen el circuito aduanero señalaron a este diario que las "latas" inmovilizadas por la Justicia o la propia Aduana y nunca reclamadas por sus supuestos importadores existieron siempre, pero se multiplicaron desde el cambio de gobierno y las denuncias que motorizó Goméz Centurión.

El número de contenedores huérfanos creció a medida que la nueva administración encargó auditorías que se enfocaron, en un primer paso, en todos los contenedores que declaraban menos de un 40% de su capacidad. Descubrieron que ninguno era reclamado.

Luego hicieron pasar al canal rojo (controles más exhaustivos) a contenedores que declaraban mercaderías de rubros específicos. Flores de plástico (un producto que tributa poco), por citar un ejemplo. Y la pila de "latas" abandonadas siguió creciendo.

En paralelo, se le removió la licencia a media docena de los 198 depósitos fiscales habilitados en todo el país, que conviven con 42 aduanas.

La intención del Gobierno es que la Secretaría General se siga ocupándo de la operatoria, pero que Desarrollo Social se quede con los 4700 contenedores acumulados hasta ahora. La cartera de Stanley ya dispuso que un centenar de sus empleados integren la cuadrilla que acompañará a los funcionarios de la Aduana a abrir los contenedores.

Cotejar e inventariar

Las cuadrillas se encargarán de cotejar la mercadería con lo que está declarado en las cartas de porte, inventariar las "sorpresas", embalar los bienes útiles y enviarlos a los depósitos del Ejército (porque los contenedores se deben devolver). El proceso, estiman, podría durar entre seis y siete meses.

Mientras tanto, la mercadería inventariada empezará a ser distribuida según las necesidades. Las telas, por ejemplo, a las cooperativas que hacen guardapolvos o uniformes. La ropa y alimentos, a las organizaciones sociales y ONG. O para atender emergencias, como el reciente alud en Jujuy o las inundaciones en Santa Fe y Buenos Aires.

Una vez que se elija una ONG o cooperativa como destinataria, otro equipo de Desarrollo Social se encargará de constatar en el terreno que los bienes no sean derivados a otros usos o comercializados.

"Vamos a poder agilizar los trámites por 500", se esperanzó un funcionario de Desarrollo Social, sin sacar los pies de la tierra: advirtió que probablemente gran parte de la mercadería que se rescate de los contenedores esté vencida, arruinada o sea clasificada como tóxica y se ordene su destrucción.

Mientras, las sorpresas animarán la tarea: como la Ferrari roja de los 80 que los funcionarios de Desarrollo Social se encontraron en su última visita al puerto de Rosario. Iban a buscar un contenedor con pelotas de tenis para un club barrial.

Las tres piezas del sistema que creará Macri

Carolina Stanley - Min. de Desarrollo Social - Recibirá la mercadería que se rescate de los contenedores abandonados para distribuirla entre ONG y cooperativas

Fernando De Andreis - Secretario de la presidencia - Seguirá disponiendo de los bienes que la Aduana declare disponibles de ahora en más

Juan José Gómez Centurión - Director de la Aduana - Se encargará de inventariar el contenido de los más de los 4000 contenedores abandonados

martes, 17 de enero de 2017

Formosa: Un feudo donde cae la producción y crecen los empleos públicos

Un feudo donde cae la producción y crecen los empleos públicos
Por Lucía Salinas - Clarin.com - El Norte pobre. Insfrán es el mandatario récord: 21 años en el poder. La provincia perdió lugar como productor de algodón y bananas, y la gente depende del Estado.
Calixto Fretes, José Luis Sosa y Antolin González, productores bananeros de Formosa. Foto Emmanuel Fernández.


Es fácil percibir que se está en territorio formoseño, provincia gobernada hace 21 años por Gildo Insfrán, el gobernador con más reelecciones de la actualidad: cinco. Al ingreso de la capital provincial, un inmenso cartel del histórico mandatario peronista, con una cruz de fondo, da la bienvenida. La imagen se repite en diferentes poblados, ciudades y zonas rurales.

La provincia donde más de la mitad de la población vive del empleo público tiene en su escudo un sello distintivo: el algodón. Sin embargo, los pequeños productores sostienen que eso ya es pasado y que el Estado es hoy el casi el único empleador.
Un feudo donde cae la producción y crecen los empleos públicos
Andrés Jara dejó de producir algodón porque ya no era rentable. Ahora tiene maíz. Foto Emmanuel Fernández.

“La gente no quiere trabajar la tierra, yo llegué a tener 100 hectáreas de algodón pero dejé de producir porque ya no tenés a quién venderle para que sea rentable”, cuenta Andrés Jara a Clarín, mientras se acomoda a la sombra de un inmenso árbol en la entrada de su casa. Tiene 60 años, no conoce otro rutina que no sea la del campo y el trabajo de la tierra, pero siente que en su zona, rodeada de pequeños productores, las máquinas se van apagando, otras vendiendo. En plena temporada de cosecha, añora la misma actividad de otros años.

Frente a su casa, separado por un estrecho camino de tierra, se encuentran sus 30 hectáreas de maíz. “Antes había 2.500 hectáreas en la zona de algodón, que lo tenemos en nuestro escudo, y ya no producimos prácticamente”, repite Jara y muestra a su izquierda una gran máquina sembradora que no puede utilizar: “¿Qué voy a sembrar si ya no nos están comprando nada o el precio es bajo?”.
Un feudo donde cae la producción y crecen los empleos públicos
Formosa gobernada hace 21 años por Gildo Insfrán. Foto Emmanuel Fernández.

Las historias se suman. “Mi papá vendió todas las máquinas, producía algodón y maíz, pero no fue más rentable”, cuenta Roy Vitale, vecino del pueblo de Riacho, cerca a la Ruta 2, un deteriorado camino que con fondos nacionales se repavimentó tres veces y le complica la circulación a los productores. Paradójicamente, conduce al pueblo de Insfrán, Laguna Blanca.

“Éramos una provincia más productiva, algodón, frutas en una zona tropical, ganadería, pero Insfrán volcó todo más al empleo público”, señaló a Clarín el diputado nacional (UCR) Martín Hernández. Los números indican que antes, con un kilo de algodón se cubría un litro de gasoil, hoy la proporción es cinco kilos para un litro de combustible. Inviable.

En Formosa se calcula que más del 60% de la ciudadanía vive del Estado. La consultora Economía & Regiones informó que fue una de las provincias donde más creció el empleo estatal durante el año pasado.

A 15 kilómetros, en un lugar donde también la bienvenida la da un cartel del gobernador con la leyenda “Hicimos mucho”, se encuentra una plantación familiar de bananas. La explota Calixto Fretes. Explica:?“Cuesta cada vez más vender, ganás $ 10 y perdés $ 100, empezás con pérdida y el Gobierno no ayuda”.

José Luis Sosa, productor de bananas y mango, contó que ven cómo la gente va dejando el campo “y se vuelcan más al empleo en municipalidades o en Gendarmería”. Para Antolín González, con más de 45 años produciendo bananas, “las cosechas vienen difíciles porque cuesta mucho vender a buen precio”.

En la ciudad natal del gobernador, Laguna Blanca, se celebra cada año la “Fiesta nacional del Pomelo”. Los productores se quejan: “Lo hace porque es su pueblo y manda a repavimentar la ruta antes de la fiesta, pero no ayuda a otros sectores”. Calixto se resigna: “Todo es Gildo. Parece que estamos destinados a esto”.

jueves, 7 de abril de 2016

La lucha contra la pobreza exige desarrollo

Por Eduardo Levi-Yeyati - LA NACION -
Reducir las carencias en sentido amplio requiere reformas en salud, infraestructura y educación, además de políticas que fomenten la creación de empleo sustentable


Foto:LA NACION

De qué hablamos cuando hablamos de eliminar la pobreza? Desde un punto de vista estrictamente estadístico, casi circular, solemos pensar la pobreza como el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza, con ingresos diarios por debajo de un umbral arbitrario que en 2015 el Banco Mundial estimó en 1,9 dólares ajustados por poder adquisitivo. Según esta definición, para eliminar la pobreza bastaría con garantizar el acceso universal a una canasta básica de bienes y servicios, aumentando subsidios y transferencias a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza.

Esta "pobreza de ingresos" no es perfectamente comparable entre países (mucho menos en el caso de la Argentina, donde la distorsión de los datos hizo que esta medida fuera primero desestimada y luego discontinuada). Más importante aún, los ingresos corrientes, si bien son esenciales, suelen ser una brújula insuficiente a la hora de orientar la política social. Para dar cuenta del problema de la pobreza, la definición debería ser ampliada al menos en dos dimensiones: una transversal y otra dinámica.

La primera de estas dos extensiones surge naturalmente cuando pensamos la pobreza como la ausencia de calidad de vida, o de bienestar. La cartera de consumo que contribuye a nuestro bienestar está en gran medida compuesta de bienes y servicios básicos provistos por el Estado de manera gratuita o subsidiada, como la educación, la salud o el transporte, o de uso compartido, como la seguridad, la Justicia o el medio ambiente. Nada de esto está incluido en las estadísticas de pobreza, pero sin esos bienes y servicios seríamos mucho más pobres.

De hecho, una "sociedad de clase media" (esa tierra prometida de los países en desarrollo) es aquella donde la calidad de vida es igualada hacia arriba precisamente por estos bienes y servicios del Estado. Por eso, un "pobre de ingresos" es menos pobre en Europa que en la Argentina. Por eso, si el ingreso sube a expensas de la calidad de los servicios públicos, como en la Argentina de la última década, uno se siente a la vez más rico y más pobre. Y protesta. Con razón.

Reducir la pobreza en sentido amplio, además de la universalización de asignaciones y jubilaciones, exige reformas en la salud y la educación públicas, inversiones en infraestructura. Y mejoras en el hábitat, ese rubro huérfano de la política pública del que nadie suele hacerse cargo: cloacas, iluminación, seguridad, agua potable, son algunos de los rubros esenciales para eliminar la verdadera pobreza.

Por último, un programa contra la pobreza no puede pasar por alto la diferencia entre transferencias y empleo, entre la asistencia y el salario. El trabajo, además de ingresos, suma en la mayoría de los casos beneficios psicosociológicos innegables. Como decía Martin Luther King en su discurso más celebrado, hay que sacar a la gente de la pobreza de cualquier modo, pero luego hay que darle un trabajo.

Lo que nos lleva a la segunda extensión de la gesta contra la pobreza, la dinámica, crucial en una economía errática como la nuestra. La protección que dan los programas sociales es estática, y por lo tanto frágil, reversible. La renta fiscal le pone un techo para seguir avanzando, techo que, en un país con un déficit fiscal del 6% del producto como el nuestro, es más bajo de lo deseable. Además, al definir sus logros sobre la base del ingreso corriente, la protección social es más sensible a los ciclos económicos y fiscales. Eliminar la pobreza de manera dinámica también es evitar la tentación proselitista de repartir lo que no se tiene.

Con perdón del tecnicismo, el bienestar, para ser permanente, no puede ser sólo flujos corrientes; necesita, fundamentalmente, de la acumulación de stocks.

Desde un punto de vista dinámico, la protección social es apenas el remedio transitorio contra el fracaso de la gesta contra la pobreza; el mal menor. Centrar el desarrollo social en la protección social es casi una capitulación. Un regreso al asistencialismo de entreguerras, a expensas del Estado benefactor de posguerra.

El objetivo del desarrollo social es, como su nombre lo indica, esencialmente dinámico: la movilidad social ascendente. Para salir de la pobreza, hay que entrar en la riqueza. Promoviendo el ahorro del gobierno, la estabilidad fiscal necesaria para completar el consumo de los individuos y convertir beneficios sociales en derechos sostenibles.

Y, sobre todo, promoviendo el ahorro de los individuos.

Algo que a veces suelen pasar por alto las políticas sociales es que una mejora en la distribución del ingreso (por ejemplo, por aumento del empleo o de las transferencias) puede derivar rápidamente en un deterioro de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, si los trabajadores consumen todo el aumento de su ingreso, éste terminará eventualmente en las manos concentradas de los proveedores de sus consumos. Del mismo modo, si las tasas pierden contra la inflación, el ahorro financiero subsidiará al deudor (los sujetos con acceso al financiamiento: clase media alta, empresas, gobierno) a expensas del ahorrista de cuenta sueldo y plazo fijo deprimido. Así, un incremento del ingreso relativo de los que menos tienen puede traducirse en un incremento de la riqueza relativa de los que más tienen.

Por eso, cuando hablamos de reducir la pobreza, también hablamos de educación, de vivienda, de inclusión financiera. Más precisamente, de una reforma de la educación pública que no se desentienda del valor económico de la acumulación del capital humano; de un programa de acceso o autoconstrucción de viviendas que apunte a los sectores que no tendrán acceso al crédito en el futuro cercano; de un sistema financiero que no defina ahorro como gasto subsidiado ni base su negocio en la erosión inflacionaria del ahorrista.

Dejo para lo último la pelea de fondo: la eliminación dinámica de la pobreza sería impensable sin la creación de empleo sustentable. Y en un país que aspira a integrarse a un mundo donde el empleo en todos los sectores está siendo lentamente reemplazado por la máquina, la generación de empleo probablemente sea el escollo más arduo en la lucha contra la pobreza.

Como pronosticaba el Nobel de Economía Wassily Leontief, "el rol de los humanos como insumo de la producción disminuirá como disminuyó hasta desaparecer el rol de los caballos en la producción agrícola con la introducción de los tractores". A diferencia de las revoluciones previas, esta vez las opciones parecen ser el estancamiento de la productividad o la maquinización del trabajo. Y la máquina que sustituye trabajo aumenta la productividad (y el ingreso del dueño de la máquina, y de los trabajadores remanentes) a expensas de la destrucción del empleo más "reemplazable" (y de la equidad). Razón de más para pensar la política contra la pobreza en términos amplios que incluyan, también, la formación técnica, y un nuevo contrato entre trabajadores y empresarios orientado a amortiguar los costos del desempleo tecnológico.

Ingreso universal, infraestructura, educación, hábitat, inclusión financiera, empleo productivo. Cuando hablamos de eliminar la pobreza estamos hablando, en definitiva, de desarrollo.
Presidente del consejo de administración del Cippec

lunes, 4 de abril de 2016

Más de la mitad de los argentinos sufre alguna carencia social básica

Por Silvia Stang - LA NACION
Un informe de la UCA que se difundirá hoy dice que la falta de alimentos, salud, agua corriente o educación, entre otros flagelos, afecta al 53,7% de la población; un tercio sufre dos de esas faltantes

No comer en forma adecuada y suficiente porque el dinero no alcanza; no poder acceder a medicamentos o a prestaciones de salud que se necesitan; no contar con agua corriente o servicio de saneamiento; compartir un espacio demasiado pequeño entre varios convivientes; no haber asistido (los adultos) o no asistir (los niños o adolescentes) a una escuela del sistema educativo formal; estar privados de los derechos de la seguridad social, ya que en el trabajo no hacen los aportes que marca la ley. En casi la mitad de los hogares de la Argentina (47,7%) en los que viven más de cinco de cada 10 habitantes del país (exactamente el 53,7%) se sufre alguna de estas situaciones. 

Un tercio de la población, a la vez, está en hogares donde hay dos de las carencias mencionadas, y dos de cada 10 personas integran espacios donde son tres o más las privaciones.


Esos índices demuestran la dimensión enorme del problema de fragmentación social que atraviesa a la Argentina y son parte de los resultados del último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según el investigador Juan Ignacio Bonfiglio -a cargo de la evaluación de la pobreza desde el enfoque multidimensional, dentro del equipo de la encuesta que dirige el sociólogo Agustín Salvia-, la consideración de los seis aspectos sobre calidad de vida mencionados en el primer párrafo responde al reconocimiento de derechos que, por su urgencia o su importancia, son considerados comunes a todos los seres humanos. Son cuestiones consideradas esenciales para el desarrollo de las personas.

Los datos sobre población con carencias en el cumplimiento de derechos fueron recabados durante el último trimestre de 2015. Para entonces, la UCA calculó que la pobreza llegaba al 29% de la población, si se considera cuántas personas viven en hogares a los que llegan ingresos que no alcanzan a cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios, cuyo valor se estimó, para ese período y para una familia tipo, en $ 7033 mensuales.

El conurbano bonaerense es la región más afectada

Según la definición de pobreza multidimensional que adopta el informe de la UCA (a partir de una metodología aplicada en México), se entiende que son pobres quienes viven en hogares que tienen ingresos insuficientes y que, además, sufren al menos una de las seis carencias mencionadas. Pero además, se define como "vulnerables por carencias sociales" a quienes están en familias que no sufren pobreza por ingresos, pero que sí tienen algún derecho básico no cubierto, y como "vulnerables por ingresos" a los integrantes de hogares en los que no faltan servicios básicos pero sí ingresos.

Con esos indicadores como guía, el informe de la UCA afirma que en 2015 había un 25,6% de la población con pobreza multidimensional (5,3% en situación extrema, porque se trata de los indigentes, y 20,3% en situación no extrema), en tanto que 28,2% está en condición vulnerable por carencias y 3,4% es vulnerable por ingresos. De esta manera, sólo 42,8% de las personas (que viven en el 50% de los hogares) está fuera del escenario de pobreza o vulnerabilidad.

Con respecto a 2010 -primer año de la serie del relevamiento, que abarca a 5700 hogares de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y 17 centros urbanos del interior-, el índice de pobreza multidimensional se vio algo aliviado. Sin embargo, para 2015 el indicador marcó mayor gravedad que en 2011, cuando había sido 22,7%: desde ese año comenzó a crecer hasta 2014, para quedar casi sin cambios en 2015.

El informe marca que, en los cinco años considerados, hubo una disminución del índice de vulnerabilidad por carencias (pasó de 33,9 a 28,2%, una tasa considerada aún muy elevada). Se afirma que el comportamiento de los índices no resulta contradictorio con un período en que hubo alta inflación y falta de creación de empleos: que no se haya incrementado la pobreza extrema, se señala, responde a que hubo transferencia de ingresos por programas estatales, en tanto que entre los indicadores de carencias los que mejoraron fueron los relativos a recursos educativos y servicios para la vivienda.

En cambio, en lo referido al mercado laboral casi no hubo mejoras. Un estudio reciente publicado por Salvia y el economista de la UBA Javier Lindenboim concluye que en la era kirchnerista no se aprovecharon los buenos tiempos para lograr un cambio estructural que llevara a mejoras de fondo, lo cual explica que, pese al crecimiento del empleo tras la crisis de 2001 y 2002, hoy los índices de informalidad sean los mismos que había en la década del 90.

En la medición de la UCA, el acceso a un empleo con derechos a la seguridad social es el indicador que mostró mayor déficit: 25,2% de la población vive en hogares donde ningún integrante trabaja en condición formal. En tanto, 22,3% no accede a servicios de salud por fuera del hospital público o recortó sus gastos sanitarios por necesidad, y poco más de 20% está en viviendas donde conviven tres o más personas por cuarto (hacinamiento) o que fueron hechas con materiales inadecuados. También son dos de cada 10 quienes viven en hogares donde hay menores de hasta 17 años que no asisten a la escuela o donde ningún adulto completó sus estudios. El cuadro de carencias se completa con un 16,9% que no tiene agua corriente ni saneamiento y con un 14,7% que no se alimenta bien.

La medición de la pobreza a través de múltiples factores es una tendencia que, por la necesidad de analizar políticas contra ese flagelo, se da en diferentes países. Un documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) recomienda que la definición de las dimensiones sociales que un país se plantee estudiar surja de un diálogo social o de estudios cualitativos de la población, y que se procure que existan, para todos los indicadores, datos de una misma fuente. Un antecedente de este tipo de información está en los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), promovidos por ese organismo en los años 80 para aprovechar información de los censos.

En el plan de reconstrucción del Indec, tras el desprestigio en que quedó tras la intervención y manipulación de datos del kirchnerismo, no se descarta medir la pobreza así, aunque no sería inmediato: hoy la prioridad es recuperar la capacidad de contar con un índice creíble de pobreza por ingresos, algo que llegará, según la promesa oficial, en el segundo semestre de este año.

miércoles, 15 de julio de 2015

Creció la pobreza en la Argentina y afecta a 11 millones de personas

Por Francisco Jueguen  | LA NACION
Según la medición del Barómetro de la Deuda Social, de la UCA, el 28,7% de la población quedó en 2014 bajo la línea de pobreza; un año antes afectaba al 27,5%; la indigencia también es mayor y alcanza al 6,4%

Salvia, al presentar uno de los informes de la Deuda Social en la UCA. Foto: Archivo

Desde hace dos años, el Gobierno ocultó los parámetros oficiales para medir cuántos pobres existen en la Argentina. Sin embargo, la Universidad Católica Argentina (UCA) informó ayer que, según su propia medición, la pobreza creció en 2014 y afecta al 28,7 por ciento de la población.

Dos días después de que el papa Francisco -de fuerte ascendencia política en la UCA- finalizó su gira por la región, la casa de estudios decidió finalmente difundir sus indicadores sociales. De acuerdo con esos números, más de un cuarto de los argentinos es pobre. En cifras absolutas, eso significa que alrededor de 11 millones de personas, sobre la base del censo 2010, están en la pobreza. La indigencia también se incrementó y arribó al 6,4% el año pasado (dos millones de argentinos).


Desde la casa de estudios se animaron a pronosticar que los indicadores sociales de este año mostrarán una tendencia similar a los de 2014 o un leve empeoramiento.

La canasta básica alimentaria (CBA) por adulto no oficial, que mide la línea de indigencia, pasó de $ 641 en 2013 a $ 885 un año después. La canasta básica total (CBT), que pone un piso a la pobreza, pasó de $ 1341 en 2013 a $ 1850 en 2014. En el mismo período, una familia tipo pasó de necesitar $ 1982 a precisar $ 2735 para no ser indigente. En tanto, ese grupo familiar requirió $ 4142 en 2013 y $ 5717 un año después para evitar la pobreza. En ese sentido, una persona debió gastar $ 29 por día para poder comer durante un mes.

Ese indicador difiere de los $ 9 diarios que estima el Indec, según una actualización de las canastas realizada sobre la base de la inflación oficial.

Desde fines de 2013, cuando informó un 4,7%, el Indec no difunde los datos oficiales de pobreza. Las justificaciones fueron muchas: Jorge Capitanich afirmó que existían "problemas de empalme" entre series; el actual jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, dijo que "el Estado no está para contar pobres"; el ministro de Economía, Axel Kicillof, estimó que no publica el número para "no estigmatizar" a los que sufren la pobreza, y el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, sostuvo que "no es fácil medir la pobreza" y señaló que existen 6000 formas diferentes de calcularla, pero el organismo que preside ya no publica ninguno.

Semanas atrás, luego de recibir un premio de manos del director de la FAO, José Graziano da Silva, por combatir el hambre en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner estimó que la pobreza en la Argentina es de menos del 5 por ciento. La Presidenta jugó un rol fundamental en 2011 para que el funcionario de la ONU llegara al puesto directivo que actualmente ocupa. Ese año, él mismo lo admitió en una conferencia de prensa que realizó en Buenos Aires junto al presidente de la Cámara de Diputados y precandidato bonaerense, Julián Domínguez.

A pesar de que el actual jefe de Gabinete indicó que en la Argentina hay menos pobres que en Alemania, la UCA ya calculaba en 2013 una pobreza de 27,5% y una indigencia de 5,4%. En un año, la pobreza subió un 4,74%. En tanto, si los programas sociales oficiales no hubieran pasado de alcanzar al 20,2% de los hogares en 2010 a un 28,6% en 2014, la indigencia se habría duplicado. Según la universidad, todos los indicadores presentados ayer sufrieron un deterioro o se estancaron desde 2012, aunque aún siguen siendo mejores que los que la UCA difundía en 2010.

INFLACIÓN Y DESEMPLEO

"En la última década se dieron mejoras sustantivas en los indicadores sociales", afirmó Agustín Salvia, coordinador e investigador jefe del Programa del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en conferencia de prensa. "Pero esa mejora es parcial. Todavía hay un 50% de los hogares en situación de vulnerabilidad de derechos, y entre 2012 y 2014 se registró un empeoramiento de la medición de pobreza medida por ingresos por la alta inflación y la falta de empleo", agregó.

"Hoy no hay estadísticas oficiales confiables y transparentes", criticó y completó: "Es importante que el Estado fije un parámetro para medir la pobreza y eliminar la actual debilidad institucional. Las mediciones por ingreso son un recurso metodológico débil, pero que es necesario considerar".

El comentario sobre la metodología de medición no fue inocente. El Gobierno critica la medición por ingresos -la misma que publicó hasta 2013, incluso después de la intervención de la EPH en 2007- porque estima que no es la que usan las instituciones estadísticas modernas. Por eso, la UCA publicó ayer tres tipos de indicadores de pobreza: una medición directa (por necesidades básicas insatisfechas e inseguridad alimentaria), por canastas e ingresos y uno multidimensional.

Casi todos esos números muestran rojos. Uno llama la atención: más allá de las tasas chinas de crecimiento a lo largo de la última década, según pregona el Gobierno, en casi un millón de hogares sufrieron el hambre durante el año pasado..

martes, 16 de junio de 2015

La estafa con los planes sociales

Editorial I del diario La Nación
Los fondos previsionales se desvían para financiar ayudas estatales, comprometiendo a los jubilados, al tiempo que se disfraza la pobreza

No son pocos quienes consideran que, cuando se haga un balance objetivo de los logros del kirchnerismo, los planes sociales posiblemente figurarán entre los aciertos de una gestión que se prolongó a lo largo de 12 años.

Sin embargo, dos argumentos refutan esa posibilidad. En primer lugar, un plan de ayuda social jamás puede ser un logro, pues se trata de una medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia y asistir a quienes lo necesiten hasta que el país supere esa eventualidad.

En segundo lugar, cuando se inquiere por el origen del dinero que financia esos planes, se advierte con sorpresa que proviene en su mayoría de fondos destinados a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aporta poco más de la mitad y el Ministerio de Desarrollo Social, el resto. Obviamente, los perjudicados son tanto los actuales jubilados, de los cuales el 75 por ciento sólo cobra el haber mínimo, como los futuros "beneficiarios" del sistema, que, lejos de "beneficiarse", se verán perjudicados, pues percibirán montos muy inferiores a los que por ley les corresponderían.

Según un estudio publicado por LA NACION, el Gobierno repartirá en el corriente año 18,2 millones de planes sociales, que costarán 157.209 millones de pesos, según el presupuesto 2015. En los últimos 12 años, esas transferencias impidieron que aumentara la indigencia, pero no sirvieron para reducir la pobreza. El presupuesto de transferencias sociales se duplicó en dos años, pues creció el 111,4 por ciento. En 2013, ascendía a 74.370 millones de pesos y trepó, en 2014, a 120.573 millones y, en 2015, a 157.209 millones. A fin de año podría alcanzar los 180.000 millones.

Se ve entonces que los planes sociales tratan de suplir, sin lograrlo, la ausencia de políticas de fondo para combatir la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En el mejor de los casos, son paliativos que hacen un poco más llevadera la prolongación de una situación crítica, pero que, por desgracia, terminan convirtiéndose en una forma de vida precaria y sus beneficiarios, en votantes casi obligados del partido gobernante por temor a que un régimen de distinto signo político se los quite. Es que muchos planes sociales, al convertirse, como dijimos, en una forma de vida, generan también una especie de subcultura que concibe erróneamente al Estado como proveedor del sustento que, en verdad, debería provenir del trabajo.

Se degenera así el sentido de esas ayudas estatales que deberían ser temporales y coyunturales y terminan eternizándose y degenerando en una perversa modalidad de sujeción.

Lo paradójico es que, como ha señalado la diputada Alicia Terada (ARI-CC), es el dinero destinado a los pobres el que, en definitiva, termina financiando la ayuda a los pobres. El haber mínimo que cobran tres de cada cuatro jubilados no alcanza a cubrir la mitad de la canasta básica. En aras de la política populista del Gobierno se sigue destruyendo la ya muy deteriorada caja de la Anses. "Es irrisorio que, existiendo un Ministerio de Desarrollo Social, sea la Anses la que financie la mayor cantidad de programas de asistencia. Se les sacan recursos a los pobres para financiar la ayuda social a otros pobres", sostuvo Terada.

Como agravante es preciso mencionar que, como anunció el titular de la Anses, Diego Bossio, en virtud de la nueva moratoria hay 516.992 nuevos jubilados en la Argentina que ya están cobrando su primer haber, con lo que se superó la cifra inicial estimada en 473.000. Si se incluye también la primera moratoria del kirchnerismo, en 2005, han sido incorporados al sistema de la seguridad social más de tres millones de beneficiarios.

Tenemos entonces que sobre el futuro inmediato de los jubilados pesará negativamente no sólo el desvío de los fondos de la Anses, sino también la masiva incorporación de los nuevos beneficiarios, que, en su mayoría, no habían aportado al sistema.

Claro que esta bomba de tiempo a corto plazo no les quita el sueño a los actuales funcionarios, a punto de dejar el Gobierno. Será, en cambio, una mortal herencia para quienes los sucedan en el poder.

Hace ya varios años que padecemos otra estafa y otra mentira: la de las estadísticas del Indec que invisibilizan a pobres e indigentes. Desviar el dinero de los jubilados también es estafarlos. Otra estafa, en este caso a toda la sociedad, es que en los 12 años de gestión kirchnerista no se atacaron las razones de fondo de la pobreza y la indigencia y se quiso paliar estos dos flagelos mediante los planes sociales, de claro sello clientelista, que constituyen un engaño, estafando a sus legítimos beneficiarios para hacerse de votos cautivos..

Técnica de la tierra arrazada...

martes, 3 de marzo de 2015

Argentina ocupa el segundo lugar entre las economías más "miserables" del mundo

(Clarin.com) - Ranking de Bloomberg. - Junto a Venezuela, Sudáfrica, Ucrania y Grecia, nuestro país quedó entre los cinco más "dolorosos para vivir y trabajar".

El servicio de investigación de Bloomberg calculó el "índice de la miseria" para 2015 y Argentina quedó en segundo lugar entre las 15 economías más miserables del mundo.

Se trata de un ranking que se publica anualmente de las 15 peores economías y se construye en base a la suma de la inflación y la tasa de desempleo por país, debido al efecto debilitador que tienen estas variables sobre los habitantes.

Venezuela, Argentina, Sudáfrica, Ucrania y Grecia quedaron como las primeras cinco economías más "dolorosas para vivir y trabajar".

Según informó la empresa de información sobre finanzas y mercados, el índice no presentó muchos cambios en sus primeros cuatro puestos con respecto al año pasado, ya que también incluían a Sudáfrica, Argentina y Venezuela.

El país bolivariano lideró el ranking con una tasa de inflación de 78,5%, que cuadriplicó al de la cuarta economía más miserable: Ucrania.

El informe también resaltó sobre Venezuela los problemas de escasez de productos básicos.

España, Rusia, Croacia, Turquia, Portugal, Italia, Colombia, Brasil, Eslovaquia e Indonesia, completaron el ranking de las 15 economías.

martes, 10 de junio de 2014

Récord de gasto público, pero más pobres


Ni el enorme aumento del gasto público registrado durante la década kirchnerista ni el crecimiento de la economía han logrado reducir el número de personas que viven en la pobreza, de acuerdo con un estudio de la Fundación Libertad y Progreso , dirigido por el economista Marcos Hilding Ohlsson.

El gasto público consolidado pasó del 31% del PBI en la década del 90 al 46% en 2013. Este aumento del gasto se concentra, según el citado trabajo, en cuatro grandes áreas:
a) Mayores subsidios a sectores energéticos y de transportes ;
b) un sustancial incremento de empleados públicos cercano al 50% en los niveles nacional, provincial y municipal;
c) la incorporación de cerca de cuatro millones de personas que no hicieron sus aportes al sistema previsional, y d) mayores gastos en subsidios sociales.

Durante el año pasado, el gobierno nacional administró 58 planes sociales que otorgaron transferencias monetarias sin contraprestación, mientras que en 2014 llegarán a 60. Estos programas preveían alcanzar un total de 16.774.393 beneficios y un presupuesto de 74.370 millones de pesos en 2013, en tanto que para el 2014 se proyecta un presupuesto de 120 mil millones de pesos, con 18.025.553 beneficiarios.

De acuerdo con el último censo, en la Argentina habitan 40.117.096 personas, por lo que casi el 45% de los habitantes podría recibir algún tipo de beneficio. Sin embargo, muchas personas pueden ser beneficiarias de más de un programa a la vez, por lo que este número se reduciría.

La solución no radica en la entrega de más cantidad de planes y transferencias de dinero en efectivo, sino que es necesario generar condiciones de trabajo para que las personas ganen su sustento sobre la base de su propio esfuerzo 

En la provincia de Buenos Aires, hay 112 programas distintos, 60 nacionales y 52 provinciales, con más de 22 millones de beneficios repartidos, aunque una persona puede ser beneficiaria de varios planes.

No se reduce la pobreza

El estudio de la Fundación Libertad y Progreso consigna que, sin tomar en cuenta el período de fuerte rebote posterior a la crisis del 2001/2002, en los últimos años, el enorme aumento en el gasto público no ha logrado reducir el número de personas que viven en la pobreza, a pesar del fuerte crecimiento de la economía.
A pesar de la proliferación de planes sociales, no se ha logrado reducir la pobreza ni siquiera en un contexto de crecimiento económico. 

La economía argentina creció el 41% desde 2007 hasta 2013 en términos reales según las estadísticas oficiales del Ministerio de Economía, mientras que de acuerdo con estimaciones privadas, como las de la consultora de Orlando Ferreres, creció cerca del 24% en el mismo período.

Según el Observatorio Social de la UCA, la población que vive bajo la línea de pobreza se mantuvo en torno del 25% desde 2007 y llegó al 27,5% en el último trimestre de 2013. Para el Indec, en cambio, la pobreza bajó del 23,4% en 2007 a tan sólo el 4,7% en el primer semestre del 2013 (último dato oficial), pero estas cifras resultan poco creíbles, ya que utilizan un índice de precios que distorsiona el verdadero valor de la canasta familiar.
Esto demostraría que, a pesar de la proliferación de planes sociales, no se ha logrado reducir la pobreza ni siquiera en un contexto de crecimiento económico.

Conclusiones

El estudio dirigido por Hilding Ohlsson destaca que el sistema asistencial presenta otro problema fundamental: no incentiva el empleo en blanco. En reuniones de focus groups, los investigadores detectaron que muchos beneficiarios de planes sociales no buscan tener un empleo formal. Se generó así una trampa de dependencia económica que en algunos casos lleva ya varias generaciones.

La experiencia de los últimos diez años evidencia que la solución no radica en la entrega de más cantidad de planes y transferencias de dinero en efectivo, sino que es necesario generar condiciones de trabajo para que las personas ganen su sustento sobre la base de su propio esfuerzo. "Una dádiva no le permite a un individuo abandonar la pobreza ni estimula la movilidad social, aun si es útil para aliviar una situación en un momento determinado", señala el trabajo.

Del mismo modo, el estudio puntualiza que existe una evidente falta de coordinación, de transparencia, de falta de objetividad en los criterios de distribución y de evaluación y corrección de los planes sociales.

Entre sus conclusiones, el trabajo consigna lo siguiente:
1) Los programas sociales no reducen la pobreza.
2) Hay demasiados planes, que se superponen.
3) No hay control, indicadores, medición objetiva, ni medidas correctivas.
4) Existe un evidente clientelismo y uso político de los planes.
5) Se desincentiva el trabajo en blanco y no se incentiva el ascenso económico y social..

domingo, 29 de diciembre de 2013

La maldita inflación

Editorial I del diario La Nación

El Gobierno no sólo siguió desconociendo la gravedad del proceso inflacionario, sino que algunos funcionarios parecen burlarse de la población

De acuerdo con las estimaciones de consultoras privadas, este mes experimentará un incremento en el nivel de precios al consumidor que se ubicará entre el 3 y el 4 por ciento y constituirá un récord. Pese a eso, y a que llevamos siete años de un indetenible proceso inflacionario, fogoneado por un incesante crecimiento del gasto público financiado con emisión monetaria, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se empeña en seguir desconociendo la existencia de este fenómeno. Más aún, resulta increíble que ninguno de sus funcionarios se atreva a llamar a la inflación por su nombre.

Las piruetas dialécticas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, para evitar la temida palabra "inflación" constituyen una muestra más del "relato" oficial. Las absurdas afirmaciones de los funcionarios están generando cada vez mayor irritación en una ciudadanía devastada por una sostenida suba de precios que tiende a acelerarse en los últimos tiempos. Cuando la inflación pulveriza el bolsillo de todos, y especialmente de los sectores más necesitados, se debe exigir al menos respeto de las autoridades por el sufrimiento ajeno y cierta dosis de comprensión. Muy por el contrario, el oficialismo incurre en ninguneos al electorado y provocaciones verbales que potencian el descontento.

Transitó ese camino el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y lo transitan tantos otros, cuando sostienen que no hay inflación, refiriéndose a la situación de un solo producto o manipulando las variables. Lo mismo sucedió con el senador Aníbal Fernández cuando afirmó: "La inflación no existe en la Argentina, pongamos las cosas en su lugar". Aunque el valor de la palabra del ex jefe de Gabinete carece ya de un mínimo de credibilidad, sus "tecnicismos" continúan echando combustible a un volcán de necesidades insatisfechas.

La otra pata de la mentira oficial la conforma el Indec, a través de sus ya recurrentes manipulaciones estadísticas, que sólo logran aumentar el malhumor de los consumidores en cada visita al supermercado o al almacén. La destrucción de aquella otrora prestigiosa institución ha dejado al país sin información estadística confiable que permita priorizar necesidades y fijar políticas públicas. Ello genera lógica desconfianza en la Argentina e interrogantes en todo el mundo. Nos aleja de los organismos de crédito, ahuyenta las inversiones, dificulta el intercambio con los demás países y nos aísla en forma inexorable. Asimismo, la Argentina compra un grave problema a futuro, por los reclamos que oportunamente llegarán de tenedores de títulos de deuda ajustados por inflación.

Como prueba de los falseamientos por parte del Indec, podría citarse el promedio de las mediciones de consultoras privadas que han venido recogiendo legisladores nacionales de la oposición. También los índices de precios al consumidor que miden algunos distritos. Así, mientras que para el Indec, el IPC se ubica apenas en el 10,5% de variación anual, el de San Luis registra un aumento del 29,3% en relación con un año atrás, en tanto que el de la ciudad de Buenos Aires da cuenta de un incremento interanual de precios del 26,2%.

Ningún analista serio espera que desde el próximo año, cuando se pondrá en funcionamiento un nuevo índice a través del cual el Indec medirá la inflación, las estadísticas oficiales resulten mucho más confiables. Como han señalado algunos especialistas, ningún cambio metodológico implicará una solución si se cargan precios falsos, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Como sostuvimos repetidamente desde esta columna editorial, la inflación reconoce múltiples causas que deben ser atacadas con un plan integral que, en forma seria y profesional, aborde el gasto público, la emisión monetaria, el déficit creciente, las expectativas futuras y otras variables.

Mientras los funcionarios se aferren al "relato" según el cual las "variaciones de precios" obedecen exclusivamente al accionar inescrupuloso de empresarios y comerciantes que sólo aspirarían a potenciar sus ganancias, y no a la política monetaria cada vez más expansiva y al financiamiento del Tesoro por la vía de la emisión monetaria, no habrá solución al problema. Limitando la acción a prehistóricos acuerdos de precios que han fracasado siempre, la Argentina sólo agravará su delicada situación inflacionaria. La noticia de que llegó la orden de imprimir entre 120 y 140 millones de billetes de 100 pesos para pagar los aguinaldos es otra confirmación de que no existe ni una mínima estrategia en cada uno de los rubros señalados.

Sin reconocer el problema, sin nombrar la palabra "inflación", sin un plan para combatirla, mintiendo con las estadísticas, persiguiendo a los que exponen la verdad y burlándose de los ciudadanos con declaraciones ridículas, el Gobierno está transformando una cuestión muy grave como es la inflación en una verdadera tragedia ciudadana.

La inflación debe ser atacada con urgencia y responsabilidad. No con parches que sólo obran sobre las consecuencias y no sobre las causas. Por el bien de la República, no es posible que se sigan tomando decisiones sobre la marcha, que van detrás de los acontecimientos consumados y que son tan aisladas que nunca conforman un plan.

El pueblo argentino ha dado muestras de su compromiso y disposición a colaborar cuando se le habla con sinceridad y franqueza. Pero lo mínimo que exigen los ciudadanos es que aquellos funcionarios incompetentes e incapaces de solucionar el problema inflacionario que padecen tengan algún grado de empatía para que con sus conductas y declaraciones no continúen riéndoseles en la cara..

domingo, 10 de noviembre de 2013

El titular del Episcopado dijo que "los planes sociales tienen un límite"

(Diario La Nación) - José María Arancedo cuestionó la política de asistencia del Gobierno y aseguró que el desafío es la creación de puestos de trabajo; alertó sobre el aumento de la inflación
Apenas un día después de que la Iglesia denunciara en un duro documento el avance del narcotráfico y la complicidad estatal, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, cuestionó hoy los planes sociales oficiales y alertó sobre el aumento de la inflación.

"El Gobierno ha puesto preocupación con los planes de trabajo, pero los planes tienen un límite. [Sirven] para sostener un momento que posibilita un consumo, pero llega a un término en que tenemos que insistir en la creación de trabajo", dijo Arancedo esta mañana, consultado sobre la problemática de la pobreza durante una entrevista radial.

Arancedo aseguró que el desafío del Estado es la creación de puestos de trabajos genuinos, contrarrestando los programas de asistencia sociales. Y al mismo tiempo, habló de la inflación, una alerta roja en la economía nacional que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, niega rotundamente.

"A la gente que tiene que comprar y vivir se le hace difícil", reflexionó el presidente del Episcopado nacional en radio Mitre, y abundó: "Permanente hay reclamos de mucha gente de que no le alcanza; por eso no podemos decir que la pobreza existe [solamente], debemos enfrentarla y ver dónde estamos y hacia dónde vamos".
También reclamó que haya un diálogo permanente desde el Estado con los empresarios y los consumidores.

Arancedo encabezó hoy el cierre de la 106a. Asamblea Plenaria del Episcopado donde se evaluaron las preguntas del papa Francisco sobre las nuevas realidades familiares. Un centenar de obispos terminó seis días de deliberaciones en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, de Pilar, con un trabajo sobre las respuestas a la consulta del Papa para el Sínodo extraordinario de la Familia en 2014.

En ese cuestionario, el pontífice argentino formula 38 interrogantes a los obispos del mundo sobre "problemáticas inéditas" para la institución familiar como la difusión de las parejas "de hecho", las uniones entre personas del mismo sexo "a las que no pocas veces se consiente la adopción de hijos", los matrimonios mixtos o interreligiosos y la familia monoparental.

"La gente tiene muchas ganas de participar y lo hace respondiendo a la consulta amplia y abierta, pero se nos hará difícil resumir y cuantificar los resultados para remitirlos a Roma antes del 31 de enero", admitió un vocero episcopal, según consignó la agencia DyN.

Ayer, el plenario episcopal dio a conocer el documento "El drama de las drogas y en el narcotráfico", en el que la Iglesia denunció que a la situación de "desborde" del narcotráfico se llegó "con la complicidad y corrupción de algunos dirigentes" y alertó que "costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias.

viernes, 2 de agosto de 2013

Con precios reales, la pobreza y la indigencia se multiplican

(Diario Clarín) - Según estudios privados, las cifras oficiales sirven para ocultar a 10 millones de pobres.



El tema es central y muy delicado: cuánta gente en el país no dispone del dinero para comprar lo mínimo necesario. En las estadísticas, esto se calcula a partir de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo costo es eje de una polémica cada vez más grande. Y es que, según estudios privados, las cifras oficiales sólo sirven para ocultar a casi 10 millones de pobres.

Primero, la versión oficial. Según el INDEC, a un hombre adulto le bastaba tener en junio $ 236,58 para poder alimentarse durante un mes sin caer en la indigencia. Y unos $ 543,48 para acceder al resto de los bienes y servicios básicos, entre ellos los de indumentaria, transporte, educación y salud, saliendo así de la pobreza.

Con números como esos, el Gobierno afirma que, en la segunda mitad del año pasado, sólo un 1,5% de la población era indigente y otro 3,9%, pobre. En total, admiten que sólo 1.373.000 personas se quedaban sin acceso a lo básico.

Sin embargo, al calcular una canasta básica de alimentos con precios “congelados” que el Gobierno convalidó, surge que la línea de la indigencia asciende a $ 656,09, y la de pobreza, a $ 1.509.
Así, para no ser pobre, una familia formada por una pareja y dos hijos chicos ya no precisaría de $ 14 diarios por persona, como afirma el INDEC, sino de casi $ 39.

Por “la deformación que presentan” los datos oficiales, en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA recurren a cifras alternativas de inflación y estiman así que la pobreza afectó en 2012 al 24,5% de la población como mínimos, y a un 26,9% como máximo: casi 11 millones de personas. Y calculan la indigencia en torno al 5%.

Otros centros de estudios también mencionan tasas altas. El de la CTA oficialista, CIFRA, estimó que la pobreza llega al 19,9% de las personas. Y para la CGT de Moyano, es pobre el 27,2% de la gente.

Otra cuestión es si la canasta básica que mide el INDEC es realmente sana. Basándose en la Canasta de Alimentación Saludable de la Escuela de Nutrición de la UBA, el precandidato a senador Claudio Lozano calculó que comer bien sale unos $ 3.700 por mes, cifra que quintuplica la estimación del INDEC y deja afuera a más de 7 millones de argentinos.

miércoles, 16 de enero de 2013

Pobreza: Las mejores pequeñas ideas de 2012

Por Tina Rosenberg - IF (Español)

En la búsqueda de soluciones radicales para la pobreza, a veces se pasan por alto las pequeñas innovaciones que podrían contribuir enormemente a reducir las desigualdades.

A pesar de las lamentaciones que hemos oído este año sobre las desigualdades y los llamamientos a Ocupar esto o aquello, la verdad es que se ha hecho muy poca cosa para cerrar la brecha en la distribución de la riqueza, que, en algunos países, ha alcanzado unas dimensiones dignas de la Edad Dorada de finales del siglo XIX. En Estados Unidos, la economía avanzó a trompicones y la campaña para las elecciones presidenciales absorbió casi todo el oxígeno, mientras que Europa se pasó la mayor parte de 2012 contemplando el abismo. En resumen, ha sido un año muy necesitado de grandes ideas.

Sin embargo, una mirada más allá de los titulares revela una gran abundancia de ideas aparentemente pequeñas que están cambiando el mundo con discreción pero de forma importante. Una de ellas es la de Nadim Matta (número 25 en la lista de Pensadores de este año), cuyo Rapid Results Institute trabaja en todo el mundo a base de ayudar a que la gente se fije objetivos completamente desmesurados a 100 días vista y los cumpla. Hay muchas otras innovaciones que han surgido en sitios en los que casi nadie se fija y que están transformando las vidas de unas personas que suelen pasar inadvertidas: los pobres de todo el mundo.
afganistan
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PAGO POR RENDIMIENTO


- En ayuda exterior: Etiopía quiere que más niños permanezcan en la escuela. El Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido (en inglés, DFID) quiere ayudar. Lo normal sería que el organismo británico diera dinero a Etiopía para construir colegios, contratar maestros o tomar otras medidas concretas. El Estado etíope tendría que presentar informes periódicos sobre el uso que se le estuviera dando al dinero. ¿El programa serviría de algo? Nadie lo sabría nunca.
Este año está pasando otra cosa: el DFID ha decidido pagar solo cuando se obtenga algún resultado positivo. Etiopía puede hacer lo que quiera para aumentar la asistencia a clase, pero solo obtendrá el dinero cuando haya efectos visibles. Por cada nuevo alumno que haga el examen final de 10º curso (equivalente a 4º de ESO), Etiopía recibirá un pago. Por cada nuevo estudiante que lo apruebe, otro desembolso más.
La idea, que se encuentra en las primeras fases de prueba, procede del Center for Global Development de Washington, que la denomina pago por resultados. Si sale adelante, podría suponer que la ayuda exterior sea más eficaz, porque permite a los países hacer lo que crean que va a funcionar, en vez de seguir unas normas impuestas por un donante lejano. Además podría facilitar el apoyo político a la ayuda exterior en los países ricos. Con este método, la ayuda no se desperdicia jamás; si un programa no funciona, los contribuyentes no pagan.

- Con bonos de impacto social: Muchos males sociales se pueden prevenir, sin que cueste mucho. Dar a los sin techo crónicos una vivienda de apoyo, por ejemplo, mejora sus vidas y ahorra dinero. Hay otros programas que se ha demostrado que previenen la criminalidad o evitan hospitalizaciones.  Además, salen muy baratos. Pero los gobiernos no invierten en prevención, porque tienen muy poca liquidez. Es un círculo vicioso que resulta cada vez más caro.

Este año, Nueva York ha sido la segunda ciudad, después de Peterborough, Inglaterra, en experimentar con un nuevo instrumento financiero que ha despertado interés en todo el mundo: el bono de impacto social. Nueva York quiere poner en marcha un programa para hacer que los jóvenes que han estado en la cárcel de Rikers Island no vuelvan a ella. La firma de inversiones Goldman Sachs está dedicando casi 10 millones de dólares al programa (algo más de 7 millones y medio de euros). El Gobierno devolverá el dinero a Goldman si el programa sale bien, si reduce las recaídas. A cambio, la compañía podrá sacar un beneficio de 2,1 millones de dólares si sale realmente bien. Si fracasa, la Administración no devolverá nada.
Aunque todavía no se han visto resultados, el modelo es tan atractivo que gobiernos de todo el mundo ya están apresurándose a crear bonos de impacto social y las organizaciones de desarrollo están intentando adaptarlos a las necesidades de los países pobres, con objetivos como prevenir la malaria, extender el uso de anticonceptivos o terminar la tarea de erradicar la polio.

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YURI CORTEZ/AFP/Getty Images
DINERO EN EFECTIVO

- Como asistencia social: Este año, el Banco Mundial hizo un anuncio extraordinario sobre el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas, que consiste en reducir la pobreza extrema a la mitad. A pesar de la crisis económica mundial de los últimos años, el objetivo se ha conseguido, cinco años antes de que se agote el plazo fijado. Un motivo importante es el crecimiento económico de China. Pero la segunda razón es seguramente un programa de asistencia social llamado Transferencias  Condicionadas en Efectivo, TCE.

Las TCE nacieron casi al mismo tiempo en México y Brasil, que todavía se disputan el mérito. México, a través del antiguo viceministro de Finanzas, Santiago Levy, tuvo el primer programa de ámbito nacional, pero Brasil, gracias a los esfuerzos del ex gobernador de Brasilia, Cristovam Buarque, fue el primero en poner la idea en práctica. El modelo consiste en dar a los más pobres dinero en efectivo para aliviar la pobreza ahora, pero con la condición de que lleven a cabo acciones que ayuden a la siguiente generación. En el programa Oportunidades de México, que abarca la quinta parte del país, las familias obtienen dinero si mantienen a sus hijos en la escuela, hacen visitas periódicas al médico y asisten a talleres de salud sobre temas como nutrición y prevención de la fiebre del dengue. En Brasil, el programa ha contribuido a lograr una reducción asombrosa de las desigualdades.

La novedad de las TCE es su aplicación prácticamente en todas partes. Impulsadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se utilizan ya en al menos 35 países y llegan a 500 millones de personas. En muchos países, este programa es el primer sistema de asistencia social que ha habido nunca, o el primero que funciona. Las TCE suelen tener éxito porque dar dinero es, relativamente, fácil de hacer incluso para los gobiernos ineptos. Lo difícil es que, cuando los beneficiarios aumentan su uso de clínicas y colegios, los países tienen que construir más centros y en lugares en los que antes no existían.

- Como forma de ayuda en lugar de alimentos: Cuando se produce una hambruna, los países ricos tienden a donar alimentos, en especial Estados Unidos, el mayor donante de ayuda alimentaria de emergencia. El envío de cereales al extranjero se puso en marcha como una forma de ayudar a los agricultores estadounidenses. Pero siempre ha sido un sistema pésimo para ayudar a las poblaciones hambrientas. Es ineficaz: el envío y el almacenamiento cuestan tanto como la comida y los costes del transporte están subiendo en paralelo a los precios del crudo. Además es lento: la gente hambrienta necesita comida ya, no de aquí a cuatro o seis meses.

¿Qué otra cosa hay que funcione mejor? El dinero o su equivalente en vales. La idea es vieja: aparecía ya, entre otros lugares, en el libro de Amartya Sen y Jean Drèze Hunger and Public Action, de 1989.  La diferencia es que ahora, por fin, tiene verdadera aceptación entre los donantes de ayuda alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos está dejando de enviar cereal para utilizar dinero -este año un tercio de sus cesiones se harán en dinero o vales-, igual que otros grandes donantes como Gran Bretaña. El que se resiste es Estados Unidos.

En algunos lugares que padecen hambre, el cereal es necesario porque no se puede encontrar nada de comida. En otros, sin embargo, el mercado está activo; o lo estaría, si la gente pudiera comprar algo.
El dinero tiene además otras ventajas. Permite a la gente comprar los alimentos que comen de forma habitual y ayuda a los agricultores y comerciantes locales, que muchas veces se quedan sin trabajo cuando los cereales llegan de fuera. Además, dar dinero elimina las horribles aglomeraciones para coger un saco de trigo arrojado desde un camión, que impide que coman los más débiles y roban a todo el mundo su dignidad.

- Para sustituir a los campos de refugiados: Los más de 100.000 refugiados sirios en Líbano, como los de todo el mundo, obtienen ayuda de organismos de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pero Líbano no les ha proporcionado un campamento; reciben vales para comprar comida en las tiendas locales. Los refugiados de las guerras de Irak, Siria y Jordania recibían tarjetas bancarias. Sacaban dinero de cajeros automáticos, compraban comida y pagaban el alquiler. Vivían una vida lo más normal posible.

Los campos de refugiados salvan vidas; millones de vidas. Lo malo es que, cuando la emergencia ha pasado, el campo se mantiene. El complejo de refugiados más antiguo del mundo, en Dadaab, al norte de Kenia, tiene 20 años de edad y hay gente que no ha salido nunca de él. En muchos campamentos, los refugiados son en realidad prisioneros, de modo que son doblemente víctimas.

El Comité para Refugiados e Inmigrantes de la ONU lleva años tratando de conseguir alternativas a lo que denomina el almacenamiento de los refugiados. Las alternativas empiezan a asentarse: hoy, ACNUR busca maneras de ayudar a los refugiados fuera de los recintos y les proporciona dinero y servicios. Este método es eficaz, sobre todo, cuando el dinero que se iba a gastar en los campos se da no solo a los refugiados sino también a sus anfitriones, para sufragar los servicios que utilizan aquellos.

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SHAH MARAI/AFP/Getty Images
   
LOS HIJOS DE LOS MICROCRÉDITOS

- Microseguros: Los microcréditos pequeños préstamos ofrecidos a personas pobres sin los avales habituales, que fueron una idea revolucionaria cuando el bangladesí Mohamed Yunus empezó a proponerla hace 38 años- son ya tan mayores que tienen hijos. Y esos derivados prometen ayudar a los pobres de maneras que el crédito, por sí solo, no puede.

Este ha sido el año de los microseguros, que hoy cubren a unos 500 millones de personas con pequeñas pólizas para proteger sus vidas, su salud, sus cosechas y sus vehículos. Los pobres necesitan todavía más seguros que los ricos. Con un seguro, una persona puede asumir riesgos económicos importantes, como mantener a sus hijos escolarizados o plantar toda su tierra, en vez de hacerlo solo en un trozo para ahorrar dinero.

Sin embargo, antes, las compañías de seguros no podían suscribir micropólizas; el coste de emitir un seguro de 20 dólares es el mismo que el de uno de 200.000. Necesitaban métodos baratos para evaluar riesgos y daños, vender pólizas y pagar reclamaciones. Ahora existen esos canales. Por ejemplo, los pequeños agricultores pueden asegurar sus cosechas gracias a los datos localizados sobre el tiempo que suministran los satélites y los observatorios meteorológicos informatizados. Si tienen información sobre las precipitaciones, las compañías no necesitan hacer costosas visitas a las granjas para verificar los daños en la cosecha. Además, pueden vender sus pólizas y hacer sus pagos a través del móvil, gracias a la difusión de la banca por teléfono móvil en África.

- Microfranquicias: El microcrédito proporciona... crédito. Todos los demás elementos que forman un negocio dependen de quien lo pide. Pero no todo el mundo quiere ser empresario y en todas partes es frecuente que haya negocios nuevos que fracasen. Por eso, del microcrédito nació la microfranquicia. ¿Se acuerdan de “Avon llama a su puerta”? La vendedora tiene una microfranquicia, ha pedido un préstamo y le han dado una tienda metida en una caja.

Puede que existan ya unas 2.000 empresas de microfranquicias en los países pobres, entre ellas Fan Milk, con 25.000 vendedores ambulantes que distribuyen en bicicleta helado y zumos en siete países de África Occidental y Ruma, con una red de 100.000 comerciantes callejeros que venden minutos de teléfono móvil en toda Indonesia. Ahora, la microfranquicia está sumiendo un papel distinto: organizaciones nuevas como Living Goods en Uganda ayudan a las personas pobres a poner en marcha negocios de venta de medicamentos, alimentos con suplementos nutricionales o filtros de agua a campesinos que si no, no sabrían o no podrían comprar esos productos. La idea actual con la microfranquicia es convertirla en un canal de distribución sostenible -con una marca conocida, un modelo probado, formación y un inventario comprado a precios de mayorista- para hacer llegar bienes fundamentales a manos de los pobres.

Estas ideas tienen tres hilos en común. Todas ellas traspasan el poder de los donantes a los pobres: permiten que las personas decidan qué quieren comprar con el dinero y que los gobiernos determinen la mejor forma de combatir los problemas sociales. Todas ellas sacan a la luz nuevos recursos: los Estados están encontrando inversores privados dispuestos a subvencionar los programas, disponer de un seguro hace que los escasos bienes de los pobres valgan más y las donaciones que se hacen en efectivo y no en especie estimulan la energía de sus beneficiarios. Por último, todas estas innovaciones son, de una u otra forma, productos financieros. Las desigualdades son tenaces porque las personas que están en la cima de la sociedad rechazan los ataques contra sus excesos. Pero he aquí una idea revolucionaria: tal vez la creatividad financiera pueda empezar, por fin, a ayudar a reducir las desigualdades haciendo que suba la capa que está abajo del todo.

lunes, 15 de octubre de 2012

Las políticas sociales que siguen faltando


Por Rodrigo Zarazaga - Para LA NACION

Más allá del mayor o menor uso clientelar que se hace de los planes de protección social, la peor limitación de estos programas radica en que, al no sumar una adecuada inversión en infraestructura, educación y salud, sólo se limitan a volcar más gente a un sistema ya colapsado

El problema más grave de la Argentina es que un tercio de la población vive en la pobreza. El cepo cambiario, la reforma constitucional o la inseguridad son temas importantes que pueden impactar eventualmente en la pobreza, pero no son el problema fundamental; la pobreza lo es. Es por eso que las políticas sociales son de vital importancia. Lamentablemente, dada nuestra fragilidad institucional, los recursos destinados a ellas frecuentemente son distribuidos de manera clientelar.

Tras la derrota electoral de 2009, el Gobierno lanzó dos programas sociales para paliar la pobreza: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa de Inversión Social con Trabajo, Argentina Trabaja (Prist). Considerados en conjunto, alcanzan alrededor de los 2.000.000 de hogares. Si bien el primero podría considerarse un paso adelante en materia de protección social, el segundo reproduce todos los vicios que han caracterizado a los programas sociales que exigen contraprestaciones laborales.

La AUH otorga un ingreso monetario no contributivo por hijo a los grupos familiares desocupados. Pese a que han existido problemas con su puesta en funcionamiento en las provincias con gobernadores no kirchneristas y a que algunos punteros logran crédito acercando la información a la gente y acompañándola a realizar el trámite, el programa no es clientelar. Esto se debe a tres factores: que no tiene cupo de beneficiarios, no exige contraprestación laboral y el órgano ejecutor es la Anses.

La AUH es lo suficientemente universal como para que el acceso a ella no sea fácilmente manipulable. La Anses tiene la responsabilidad sobre las altas y bajas, y existen criterios objetivos para ambos procesos. Al designar a ese organismo como órgano ejecutor, el Gobierno eligió que la AUH adoptara sistemas de implementación más cercanos a los de las asignaciones familiares de los asalariados formales que a los planes de transferencias con contraprestaciones laborales. La implementación de la AUH respondió, entonces, a la necesidad de que el programa llegara a todo el país y no a objetivos clientelares.

Esto no significa que electoralmente no haya beneficiado al kirchnerismo. Nada de sorprendente hay en que quienes resultan beneficiados por una medida apoyen a quienes la han tomado. No actúan así sólo las clases bajas sino también las medias y las altas. Los productores agropecuarios, por ejemplo, apoyan a quienes les prometen mejores ingresos a través de menores retenciones. La AUH benefició electoralmente al kirchnerismo al otorgar un beneficio a los desocupados, pero no es clientelar.

Distinto es el caso del Prist, que fomenta el surgimiento de cooperativas para la creación de puestos de trabajo. En la actualidad habría alrededor de 250.000 cooperativistas dentro de este programa, comúnmente llamado Argentina Trabaja, que perciben entre 1200 y 1750 pesos mensuales. La gran mayoría de estas supuestas cooperativas se concentran en las municipalidades del conurbano bonaerense, donde realizan tareas de mantenimiento y pequeñas obras de infraestructura. En teoría, tres elementos distinguen a estas cooperativas de los anteriores planes laborales: la dignidad del trabajo, la horizontalidad de sus relaciones y la autonomía propia de las cooperativas. En la práctica, sin embargo, comparten muchos de sus rasgos.

Este programa no fomenta una dignidad especial para el trabajador. No es raro ver a sus miembros deambulando por las calles o cortando el pasto de las plazas con cuchillas improvisadas. Durante el transcurso de una entrevista, una mujer de 54 años me explicó que su trabajo consistía en llevar al colegio al hijo de un concejal. ¿De qué dignidad del trabajo y cooperativismo se estará hablando?

Mientras que las cooperativas se constituyen mediante la asociación horizontal y voluntaria de sus miembros, las de Argentina Trabaja son establecidas verticalmente. La autoorganización -característica fundamental de las cooperativas- es nula y las decisiones son impuestas. La figura de cooperativas es una fachada bajo la cual el Estado organiza cuadrillas de trabajo a las órdenes de capataces. En gran parte estas cuadrillas realizan tareas propias de empleados municipales. Cabe preguntarse si este tipo de programa no termina desvalorizando el concepto de cooperativa y propiciando desde el Estado el trabajo precario.

Los puestos en las cooperativas de Argentina Trabaja son uno de los recursos con los que los intendentes arman y mantienen sus redes de punteros. La importancia de este programa se vuelve más crítica si se tiene en cuenta que las cooperativas pueden estar tanto bajo la órbita del intendente como de los movimientos sociales. Dejar fuera del programa a una municipalidad no es el único castigo posible para un intendente considerado poco leal; también lo es otorgarles cooperativas en su distrito a los movimientos piqueteros adversos a él.

Con la excepción de algún municipio donde rige la imparcialidad, los punteros son en general quienes arman las cooperativas. Como capataces, desempeñan un papel importante en determinar la permanencia o no de los beneficiarios dentro del programa, ya que están encargados de tomarles asistencia. Es este poder el que les permite establecer intercambios económicos y políticos con quienes desean percibir el beneficio.

Los punteros admiten que es práctica común quedarse con un porcentaje del sueldo de los cooperativistas. Uno de ellos me decía: "Peaje cobramos todos. No les crea si le dicen otra cosa. Yo sólo les pido el 10% a los cooperativistas, pero algunos inmorales son capaces de pedir hasta el 50%". Como es habitual que los punteros reciban un porcentaje de los sueldos de los cooperativistas a cambio de excusarlos de asistir a trabajar, el programa es regularmente conocido como "Argentina Descansa" en vez de "Argentina Trabaja".

El intercambio clientelar también es común. Un puntero que exigía a "sus cooperativistas" acudir a actos políticos me explicaba: "Me parece bien que la gente que está trabajando en las cooperativas tenga que participar en nuestros actos políticos. El mismo nombre cooperativa indica que así debe ser: yo coopero con ellos y ellos tienen que cooperar conmigo." Otro puntero explicaba que les iba "a cortar el oxígeno" a dos cooperativistas que estaban cometiendo la grave falta de trabajar para la campaña de un opositor a su jefe político.

Al igual que cualquier medida política, la implementación de la AUH y del Argentina Trabaja tiene impacto electoral. Sin embargo, si bien el primero no es objeto de claros manejos clientelares, el segundo sí lo es. Probablemente esto se deba a que, más allá de su objetivo social, estas cooperativas fueron creadas dentro de un contexto político que imponía al kirchnerismo la necesidad de recuperar el control político del conurbano tras la derrota de 2009. En esa elección, el kichnerismo no sólo perdió en la provincia de Buenos Aires, sino que en 22 municipios del conurbano las listas apoyadas por los intendentes del Frente para la Victoria obtuvieron porcentajes mayores que los obtenidos por Néstor Kirchner. Para 2011, por lo tanto, era imperioso recuperar terreno político en el conurbano bonaerense.

Desde su lanzamiento en los años 90 hasta la actualidad, los planes sociales condicionados a contraprestaciones laborales han facilitado las prácticas clientelares. La AUH, en cambio, por alcance y por ente ejecutor, se ve mayormente libre de manipulaciones. Esto puede indicar el camino en materia de protección social. De todos modos, es importante tener en cuenta que estos planes tendrían que ir acompañados de una adecuada inversión en infraestructura en educación y salud. En nada ayudarán si se limitan a volcar más gente a un sistema ya colapsado. Tampoco debe considerarse a este tipo de plan el único instrumento de intervención social. No debe perderse de vista la necesidad en la Argentina de planes que permitan el acceso a la propiedad del terreno y a viviendas dignas; como tampoco olvidar el objetivo fundamental de una economía capaz de generar puestos de trabajo.

© LA NACION.

viernes, 17 de agosto de 2012

El INDEC admitió que "la canasta alimentaria no tiene ningún valor para saber cómo vive el pueblo"

(iProfesional.com) - Ana María Edwin dijo que "el indicador sirve para poco" y se mostró "crítica" de esa canasta. Anticipó que están estudiando metodologías nuevas. Y aseguró que el organismo oficial nunca difundió que se necesitan $6 para que una persona coma por día


La directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Ana María Edwin, desmintió este jueves que el organismo oficial haya difundido que se necesitan $6 para que una persona pueda vivir, pero reconoció que la canasta básica alimentario no es precisa para medir la pobreza. "El INDEC nunca ha difundido ni difundirá que se necesitan seis pesos para que una persona coma por día", dijo la funcionaria en una entrevista realizada por la agencia kirchnerista Paco Urondo.

Edwin hizo estas declaraciones luego de que el organismo oficial informara que una familia tipo necesita una canasta básica alimentaria de $688,37 al mes para cubrir sus necesidades alimentarias, lo que representaría unos $6 por día por persona. La titular del INDEC consideró que la difusión periodística de esa versión es errónea. Sin embargo, admitió problemas en los resultados que arroja la metodología actual.

"(La canasta básica alimentaria) era un indicador interesante en los años 80, hoy en día no tiene ningún valor para saber efectivamente cómo está viviendo el Pueblo", dijo. En este sentido, señaló que el indicador hace tres décadas atrás "era francamente innovador, hoy en día lo cierto es que sirve para poco, pero es semejante a lo que acontece con las necesidades básicas insatisfechas que, por ejemplo, se calculan a partir de un censo de población". "Nosotros somos sumamente críticos de esta canasta", añadió.

Y anticipó que están preparando nuevas técnicas de medición, en momentos que el Fondo Monetario Internacional le exige cambios al Gobierno argentino en el polémico sistema de cálculo de la inflación.

"Estamos estudiando metodologías (Stiglitz ha trabajado esto en Francia) para medir condiciones de vida de la población y fundamentalmente la de los sectores más necesitados, cuales son las condiciones de exclusión en las condiciones de vida de la población", sostuvo Edwin, quien precisó que hay "avances" de parte de los profesionales que trabajan en ese proyecto.

En su explicación del origen de las técnicas de estimación vigentes, la funcionaria señaló que "la canasta básica alimentaria que ha sido un invento del año 1987 de quien fuese Secretario de Política Económica, gran crítico del INDEC y fundamentalmente de nuestro gobierno, cuando Domingo Cavallo era Ministro de Economía de la Nación".

A partir del año 1992, prosiguió Edwin, como a ellos les daba demasiado alto el valor de la Canasta Básica Alimentaria, lo que hicieron fue tomar los precios mínimos de absolutamente todos los productos, y a partir de eso, para los productos que integran esa canasta, no se hace un revisión de cuál es el precio de cada uno de los productos sino que los que se toman son los precios promedios a lo largo de todo este tiempo y se le aplican a esos productos.

"De esta manera, son variaciones de precios las que aparecen pero no un exacto monto con el que cada uno tiene que contar para no ser indigente", reconoció. No obstante, defendió que se continúe utilizando la misma metodología para no discontinuar las estadísticas.

"Vos me podrás preguntar ¿por qué no discontinúan la canasta básica alimentaria? No la discontinuamos porque sirve como serie temporal para ver cómo va evolucionando la condición de vida de la población", explicó. Y añadió que el cálculo vigente "permite ver si hay mejoramiento, como tendencia general no como dinero per cápita, o si hay empeoramiento en las condiciones de vida de la gente".

lunes, 23 de julio de 2012

Recuerdan a los jubilados sólo para saquearlos

Por Adrián Pérez EX DIPUTADO NACIONAL POR COALICION CIVICA/ARI - Diario Clarín

Los jubilados son los olvidados de la agenda política. No sólo porque no se atiende el reclamo de aquellos que después de un largo peregrinaje por las oficinas públicas debieron acudir a la Justicia para obtener la actualización de sus haberes, sino porque una gran mayoría cobra sumas que no les cubren sus necesidades primarias.

El Gobierno decidió abonar sólo un cuarto de las sentencias judiciales en firme por año, cuando al mismo tiempo utiliza el dinero de la ANSeS para afrontar una serie de gastos corrientes.

La implementación de la Asignación Universal por Hijo es correcta y necesaria, pero no se debe cargar a los jubilados con su financiamiento. Lo mismo sucede con el programa Conectar Igualdad y el nuevo plan de vivienda: son financiados por los jubilados como si pudieran prescindir de lo que les pertenece.

Hay que tener en cuenta además que desde 2009 la ANSeS es el organismo que más contribuye a sostener el superávit primario y, aunque el Gobierno lo niegue y siga asegurando que existe superávit, la realidad es que las cuentas públicas se han deteriorado de manera significativa a lo largo de estos años, lo que volvió determinante la solvencia de la ANSeS para poder apuntalarlas.

Los datos de 2011 evidencian que el déficit primario del Tesoro Nacional por $11.645 millones pudo transformarse en superávit gracias al aporte de la seguridad social, que acumuló un saldo positivo de $22.700 millones. Esto demuestra que el principal objetivo de la estatización del sistema jubilatorio era utilizar los recursos previsionales para financiar una política indiscriminada de gasto público.

El excedente con que cuenta la ANSeS debería utilizarse para afrontar la deuda con la clase pasiva y dar respuesta al más de medio millón de jubilados que fueron a la Justicia para que les reconozcan sus derechos. También debería servir para avanzar en la implementación de la recomposición de los haberes: no puede ser que más de las tres cuartas partes de los jubilados cobre el haber mínimo, que no cubre el 50% de la canasta básica.

lunes, 5 de diciembre de 2011

La Argentina lidera un ránking sobre la caída de la pobreza en América Latina

Se trata de un informe de la CEPAL referido al período 2002-2010, y abarca a toda la región, incluído el Caribe. Según el estudio, la mejora se debe a un fuerte crecimiento de la economía y una política redistributiva. Se destacan en el documento "el aumento de las jubilaciones mínimas y la extensión de los programas sociales"

La Argentina resultó el país de América Latina que logró la mayor reducción de la pobreza desde el 2002 hasta el 2010, impulsado fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la economía, según un estudio reciente elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El informe -denominado "Panorama Social de América Latina 2011"- destaca que nuestro país disminuyó los niveles de pobreza en 36 puntos porcentuales en el período considerado, lo que la convirtió en líder regional en esta cuestión, seguido por Perú, con una reducción de 23,8 puntos porcentuales, y Venezuela, con una merma de 20,8 puntos.

Según la CEPAL, "la reducción de la pobreza en la región ha sido posible gracias a la complementariedad de los efectos crecimiento y distribución".

La entidad dependiente de Naciones Unidas precisó -a través de un informe presentado a mitad de semana- que "durante el período 2002-2010, nueve países redujeron la pobreza principalmente a partir del crecimiento de los ingresos medios". El efecto crecimiento contribuyó a la reducción de la pobreza y "fue particularmente importante en Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, donde el mismo fue responsable de un 80% o más de la caída de la pobreza".

En particular, el crecimiento contribuyó a la disminución de la pobreza en la Argentina en 80%; en Perú contribuyó en un 73%; mientras que en Honduras y Costa Rica aportó en 86% y 83%, respectivamente, entre los casos más destacados. La crisis económica desatada en el 2009 no frenó esta tendencia. "La pobreza no solamente se ha reducido adicionalmente, sino que lo ha hecho con un mayor énfasis redistributivo", dijo la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, al presentar el informe.

Respecto de la disminución de la desigualdad entre 2002 y 2009 en Argentina, el factor de más peso en este sentido fue la reducción de la desigualdad del ingreso laboral.

En concreto para el país fue determinante "el alza del ingreso mínimo" y "el aumento de ingresos no-laborales entre los hogares más pobres (básicamente en lo que respecta a un mayor acceso a beneficios jubilatorios, el aumento de las jubilaciones mínimas y la extensión de los programas sociales)", explicó el documento.

Dichos ingresos no laborales contribuyeron "con un 50% o más de la reducción de la desigualdad de los ingresos por adulto en Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, mientras que en Argentina y Brasil su contribución fue superior al 40%".

Fuente: Infobae.com
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