Colaboración de nuestro lector Carlos, el Oso Argentino:(OPI Santa Cruz) -La inseguridad es hoy, junto con la economía (y me atrevería a decir que por sobre ésta) el factor que más preocupa a la sociedad a lo largo y ancho del país, a pesar que localmente el diputado nacional por la UCR y hoy candidato a Gobernador Eduardo Costa haya dicho en el 2007, sin ningún tipo de rigurosidad científica, que de sus reuniones con “la gente” (principal objetivo: definir quiénes y cuántos son “la gente”) en su recorrida por la provincia, deducía que en un orden de prioridades lo que menos les preocupaba al vecino era la inseguridad.
Partiendo de la realidad fáctica, la inseguridad se respira, se percibe y se habla en cualquier rincón del país, aún en los pueblos más pequeños donde, en todo caso, los delitos son menores, pero de todas maneras han hecho perder la tranquilidad al ciudadano común, que hasta hace poco, podía caminar a cualquier hora de la noche, dejar su auto estacionado en cualquier esquina, irse de vacaciones o simplemente salir a cenar, sin la sorpresa de un arrebato, robo o en última instancia, sufrir en carne propia la violencia desproporcionada, salvaje, brutal y sádica de energúmenos drogados, alcoholizados o simples criminales a sueldo, que actúan amparados por la impunidad que otorgan jueces garantistas (de los delincuentes) y leyes extremadamente flexibles que invitan a vulnerarlas, sin mayores consecuencias para el marginal.
El tema en sí es muy amplio y suficientemente complejo como para abordarlo en toda su magnitud y mneos para pretender hablar del mismo minimizándolo, practicando un reduccionismo irracional a un asunto de tanta importancia y magnitud para la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, nos vamos a detener en las expresiones que sobre el tema seguridad, tuvieron los principales candidatos políticos a nivel nacional en el diario La Nación y de ellas, lo referente a la tenencia de armas en forma legal, por parte de la sociedad civil y del universo de armas ilegales que portan los delincuentes. Partes de esas expresiones las recogió la revista especializada “Magnum” donde resalta específicamente la parte en la cual los candidatos Macri, Carrió, Alfonsín, De Narvaez, Sanz y Solanas explican qué harían con las armas de fuego, si limitarían la tenencia y si prohibirían la portación.
De todas las posiciones, las más coherentes, en función de la seguridad, es la destacada por Mauricio Macri, Elisa Carrió, De Narvaez y Solanas en ese orden. Luego Ernesto Sanz y finalmente Ricardo Alfonsín que es el fiel exponente de la renovación Radical, partido que en la historia reciente de la república, dio sobradas muestras de cómo ha manejado el tema del “desarme social”, el cumplimiento de las leyes y el “control y registro de armas en manos civiles”.
Para explicar nuestro punto de vista, sobre los dichos de cada candidato haremos un pequeño análisis par aponerlos en contexto y poder determinar el valor de las palabras o las ideas, de quienes, cada cuatro años, nos prometen lo que jamás han logrado desde el advenimiento de la democracia hasta hoy: combatir la inseguridad.
Mauricio Macri
Una sociedad armada, no es el ideal de un estado democrático. Vivir en paz y en una buena convivencia no necesita ciudadanos armados. Pero en la situación actual no limitaría la tenencia aunque sería muy riguroso en los controles, pero haciendo hincapié en las tenencias ilegales, que son las que provocan el delito de sangre.
Observación: la apreciación del jefe de la ciudad es acertada, ser riguroso en los controles de armas legales, pero hacer hincapié en las armas ilegales, fundamentalmente que son con las que se provocan los delitos.
Elisa Carrió
Desarrollaremos un sistema más estricto de control de las armas. Además de desalentar la tenencia de armas a través de un programa de desarme civil. Proponemos intensificar el registro, control y seguimiento de armas de fuego, con especial énfasis en la implementación de una adecuada gestión de arsenales y la destrucción de excedentes, tanto de armas como de municiones y explosivos. No prohibiremos la portación legal y bajo un registro estricto.
Observación: Lo que propone Carrió es lógico pero no innovador. El sistema de registro y control de armas es estricto y cualquier legítimo usuario lo puede decir. El problema es que los organismos de control no funcionan adecuadamente. Establecer un “excedente” de armas y municiones, no es una tarea que se vea como posible ¿Cuál es para Carrió el punto de armas y municiones que “excede” y cuál no?. Esto sería inaplicable.
Fernando Pino Solanas
Ya existe, en las normas, una fuerte restricción para la portación y la tenencia requiere también un trámite y una autorización. Pero el problema está en que el Renar no ha cumplido su misión, por ser parte de un estado ineficaz y sospechado de complicidad con el delito organizado.
La potación de armas debe estar limitada a las fuerzas policiales y de seguridad o a excepciones muy especiales que lo justifiquen, pero si no tenemos un organismo confiable para evaluar esas posibles excepciones, lo mejor es no autorizarlas.
Observación: Exacto en su apreciación el lider de Proyecto Sur, las normas ya existen, son de intrincado trámite, el requisito de portación y tenencia es estricto y no hay mucho para agregar al respecto, solo hacerla cumplir. En esto, también es cierto que el Renar tiene una responsabilidad insoslayable. Finalmente todo portador de un arma debe ser controlado, pero es allí donde las normas son vulneradas.
Ricardo Alfonsín
Hay tres grupos que poseen armas de fuego legalmente. Los civiles en calidad individual, las fuerzas de seguridad y las agencias privadas de seguridad. Los ciudadanos comunes no deben armarse por las situaciones de inseguridad para defenderse. El arma en la casa genera posibilidades de accidentes o resoluciones violentas de conflictos interpersonales.
Hay que realizar un exhaustivo control de cuántas armas hay y quiénes las portan, en el caso de todas las fuerzas de seguridad del país. Debería haber información pública y fiable de cuál es el armamento con el que contamos, cómo se guarda y cuáles son los protocolos de seguridad. En la mayoría de los robos, asaltos y asesinatos con alto grado de logística y planificación, lo que más aparecen son armas de guerra. El Estado no hace mucho para ejercer este control, por lo que de manera urgente se deben retomar las iniciativas ligadas al desarme.
Además, está el caso de las Agencias de seguridad privada, que ponen armas en manos de policías exonerados, o gente sin preparación en muchos casos. Hay que redoblar los controles, para que gente como los asesinos de Cabezas, no estén a cargo de Agencias de Seguridad privada, por ejemplo.
Observación: Primera liviandad argumentativa es partir de la premisa que plantea Alfonsín sin ningún tipo de datos científicos, estadísticos ciertos y precisos. Decir que la existencia de un arma en la casa “genera posibilidad de accidentes o resoluciones violentas de conflictos personales” tiene el mismo viso de certidumbre si afirmamos que tener un auto en la casa puede producir accidentes al salir del garage o matar a alguien cruzando un semáforo.
Alfonsín refiere que hay que saber cuántas armas hay y quién las portan; evidentemente el candidato se olvida que existe un organismo llamado RENAR, donde toda persona física que compra un arma, debe registrarse y pedir la respectiva autorización, al igual que un carnet para manejar.
Otra barbaridad de las dichas por Alfonsín es que debe existir “información pública de quien posee las armas y dónde las guarda” (¿?), por razones obvias no vale la pena extenderse en este punto, pero pasaremos al resto del párrafo cuando asevera “En la mayoría de los robos, asaltos y asesinatos con alto grado de logística y planificación, lo que más aparecen son armas de guerra”.
Una vez más Alfonsín parte de supuestos, no de un hecho empírico, comprobado y estadísticamente demostrado. No aporta nada nuevo a lo que vemos en televisión todos los días y es lógico: quien va a asaltar a un transeúnte lo hace con una pistola, un cuchillo y hasta sin armas, utilizando una moto y dos motochorros como se hace en el conurbano. Si se pretende asaltar un camión de caudales, es irrisorio pensar que el ladrón va a ir solo y con un arma de puño. Habrá una logística, varios integrantes de la banda y armas de grueso calibre, entre ellos fusiles para perforar el blindaje.
Después aplica dos verdades: el estado no controla lo suficiente y pone en manos de personal no apto, armas que distribuyen sin control las agencias de vigilancias, que se han transformado a estas alturas en una suerte de policía privada, dirigida o en manos de ex policías retirados o militares en la misma condición, que a veces tienen antecedentes negativos y no podrían ser habilitados para ejercer.
El gran problema de los dichos de Alfonsín y que demuestra la ignorancia que tiene en el tema, es que en ningún momento habla sobre el verdadero problema de las armas ilegales en la sociedad, es decir aquellas armas que están en el circuito negro, que entran por contrabando o robo y de las cuales el Estado no tiene ni idea de cuántas y en qué calidad existen.
Cuando Alfonsín habla de “campaña de desarme”, se refiere a quitarle las armas a la gente común, al ciudadano que si tiene un arma es porque ha cumplido todos los engorrosos trámites que se requieren, pero no a los chorros y asesinos, ni ataca al tráfico de armas, al robo en las reparticiones públicas, el contrabando y la vinculación del eje delictivo narcotráfico-armas-trata de personas etc. La simplificación del tema seguridad, acotada al “desarme civil” es una falacia populista que utiliza la clase política para “demostrar que se hace algo”, cuando en realidad no se hace absolutamente nada por combatir la existencia ilegal de armas en las calles.
Ernesto Sanz
Durante mi gestión en la Intendencia de San Rafael, la ONU premió el programa de desarme civil que desarrolló el municipio.
No creí nunca en la justicia por mano propia. La tenencia de armas de fuego debe ser sumamente limitada, restringida y debidamente registrada.
El miedo es un mal consejero. Ninguna sociedad en el mundo progresó con el miedo como programa.
La inseguridad es un problema grave que afecta a todos y cada uno de los argentinos. Se debe resolver de modo consensuado y en el marco del respeto a la ley.
Observación: como Sanz plantea la tenencia de un arma, nos hace pensar que cualquier legítimo usuario es un asesino en potencia. Es decir, si yo tengo un arma es para hacer justicia por mi propia mano, un disparate; como es un disparate reafirmar lo que en la práctica el RENAR hace actualmente, es decir constituir el hecho de tenencia y portación a una acción restringida que está debidamente registrada. Si los controles del Estado no son los adecuados, es materia de otro análisis y no tiene nada que ver con los ciudadanos ni el comercio legal de las armas.
Luego acierta una frase sacada del manual de lugares comunes. Que el miedo no es bueno y que sobre esa base no se puede sustentar el crecimiento de una sociedad, es tan razonable como decir que el Estado argentino (sucesivos gobiernos Radicales y Peronistas) no han sabido ni podido combatir la inseguridad por ineptitud e ignorancia, por lo tanto y de acuerdo a los derechos constitucionales que le asisten a los ciudadanos de este país, todos tenemos la posibilidad de armarnos para defender nuestros bienes y la vida de nuestras familias.
Francisco De Narváez
Hay que apuntar al mercado negro. Tener un único registro nacional para que permita identificar las armas (a través de un número serial y marcas en las balas) con la comisión de un delito para destruirlas inmediatamente y que no reingresen. Controlar los depósitos de las Fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias y detectar las zonas donde se venden y alquilan armas. Si se desarma a los delincuentes, los ciudadanos de bien, tendrán menos motivos para armarse.
Observación: De Narváez quizás largó la frase más coherente de todas: apuntar a combatir el mercado negro de armas; ahí está la cuestión, idea que luego completa remarcando la propuesta de proceder a su destrucción una vez incautadas para que no vuelvan al circuito, cosa que actualmente no se hace y es posible que en dos o tres procedimientos policiales realizados en el tiempo, aparezcan las mismas armas, ergo: la corrupción policial y judicial, completa este círculo vicioso del que se nutre la delincuencia común.
Y la propuesta cierra con una conclusión tan inteligente como simple: en la medida en que el Estado desarme a los delincuentes, procese y encarcele de hecho a los criminales, los saque de las calles, destruya el armamento, desaliente el delito e imponga la ley, el ciudadano común dejará de comprar un arma para protegerse, pues desaparecerán los motivos para hacerlo.
Este principio tan razonable como sencillo es al que deben apuntar las políticas (y los políticos) en materia de seguridad y no quedarse en la pantomima demagógica de los discursos para una tribuna aplaudidora, corriendo por izquierda a los que andan por derecha, mientras en las calles nos siguen matando cada vez más con mayor impunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)
