Ejército Brasileño realiza operaciones de inspección en la frontera

Por Andréa Barretto/Diálogo - El Comando Militar del Oeste realiza operaciones contra el narcotráfico y otros delitos en regiones fronterizas entre Brasil, Paraguay y Bolivia.

Vehículos con radares móviles pertenecientes a la flota de la 4.ª Brigada de Caballería Mecanizada fueron empleados durante la Operación Huracán, que concluyó la etapa técnica de pruebas de SISFRON en el primer semestre de 2018. (Foto: Marcello Casal Jr., Agencia Brasil)

Entre el 18 y el 21 de junio, unos 600 efectivos militares del Comando Militar del Oeste (CMO) fueron designados a zonas estratégicas de la frontera de Brasil con Bolivia y Paraguay, bajo la Operación Ágata de Acero II (Ágata Aço II en portugués). Durante la operación, los participantes realizaron patrullaje en carreteras y controles vehiculares, con el objetivo de evitar y descubrir delitos transfronterizos, como el tráfico de drogas y armas, comunes en esa región.

Las iniciativas se realizaron dentro de un modelo interagencial y contaron con la participación de agentes de la Policía Federal y de otros organismos de los sectores de inteligencia y seguridad. En abril de 2018 ya había tenido lugar la Operación Ágata de Acero I. Este tipo de operaciones que comienzan rápido y son más cortas deben ser más recurrentes en el segundo semestre. “Otro aspecto que hay que destacar es la intensificación de las operaciones de inteligencia gracias al potencial del Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras [SISFRON]”, informó el la oficina de prensa del CMO.

La estructura del SISFRON cuenta con radares fijos y móviles, equipos optrónicos (por ejemplo binoculares de visión nocturna), radios, computadoras y otros recursos de comunicación. Las herramientas se emplean a lo largo de los 650 kilómetros que separan al estado brasileño de Mato Grosso do Sul del territorio paraguayo. Dicha franja corresponde al proyecto piloto del programa de vigilancia fronteriza. La región integra el área de responsabilidad de la 4.ª Brigada de Caballería Mecanizada (4.ª Bda C Mec), una de las principales organizaciones militares del CMO, cuya sede se ubica en la ciudad de Dourados en Mato Grosso do Sul. 

Prueba y práctica

Durante la Operación Ágata de Acero II se utilizaron sobre todo equipos de comunicación que forman parte del aparato de SISFRON. Los militares contaron con información recopilada por radares fijos y móviles empleados para vigilancia permanente en sectores fronterizos. La 4.ª Bda C Mec utilizó la información de los radares para la elaboración de las estrategias de operación.

Un miembro del Regimiento de Caballería Mecanizado N.º 17 pone a prueba un blindado Guarani, parte del equipamiento de SISFRON que se utilizó en ejercicios de patrullaje fronterizo durante la Operación Ágata de Acero II. (Foto: Agência Verde-Oliva, Centro de Comunicación Social del Ejército Brasileño)

 “Los equipos de SISFRON se utilizan para realizar tareas de detección en el área de responsabilidad, seguir la circulación de vehículos y de personas y confirmar datos sobre determinadas instalaciones y sobre el terreno. Es decir, esos equipos sirven para aumentar nuestra capacidad de percepción y de procesamiento de información en el ámbito de la brigada”, detalló el Coronel de Caballería del Ejército Brasileño Marcelo Rocha Lima, jefe del Estado Mayor de la 4.ª Bda C Mec. Con la Operación Ágata de Acero II, la organización militar concluyó una serie de pruebas que se hacían en los elementos que componen SISFRON.

De las pruebas que se desarrollaron durante el primer semestre de 2018, el oficial destacó la Operación Huracán (Furacão en portugués). Entre los días 14 y 25 de mayo se movilizaron 850 efectivos militares de la 4.ª Bda C Mec y se pusieron en marcha todos los recursos de los que dispone SISFRON. “Fue una operación inédita, en donde se simularon distintas situaciones que pueden emplearse en la brigada en caso de guerra o no guerra”, manifestó el Cnel. Rocha Lima.

 En la primera semana de la operación se realizaron simulaciones de combate para cumplir con diagnósticos técnicos. Entre otras pruebas, se realizaron pruebas de carga y de radios, además de configurarse los equipos. En los días siguientes, el enfoque se centró en los ejercicios, para lo cual los militares se dividieron en grupos, cada uno con una misión diferente. El propósito de los procedimientos no fue solo validar el uso de los recursos de SISFRON, sino también entrenar a las tropas. “En otras palabras, a los datos técnicos les agregamos situaciones de simulación de combate para verificar el empleo operativo de los equipos”, explicó el Cnel. Rocha Lima.

 Por ejemplo, una de las misiones asignadas a las tropas es la de reconocimiento de zona, que llevan a cabo efectivos militares de los regimientos de Caballería Mecanizada N.º 10 y N.º 17, ambos subordinados a la 4.ª Bda C Mec. Quinientos militares recorrieron carreteras federales y locales hasta llegar a la ciudad de Laguna Carapã, en Mato Grosso do Sul. La ciudad está a 65 km de Caarapó, donde estaba el puesto de mando y a unos 380 km de Paraguay. Las tropas se desplazaron en 148 vehículos equipados con sistemas de comunicación como radios y radares. “El sistema se puso a prueba dentro de sus capacidades agregadas a la brigada, una buena oportunidad no solo para utilizar el material, sino también para entrenar a los efectivos”, afirmó el Cnel. Rocha Lima.

 Expansión de SISFRON

A pesar de la limitación de recursos asignados a las Fuerzas Armadas de Brasil en los últimos años, todas las operaciones que estaban programadas para 2018 fueron ejecutadas, dijo el Cnel. Rocha Lima. En 2018, la 4.ª Bda C Mec recibió nuevos equipamientos para SISFRON y, además de haber llevado a cabo sus operaciones, corrigió el proyecto piloto del programa, a partir de las evaluaciones realizadas durante 2017.

El Atlántico Sur Argentino enajenado

 Por Dr. César Augusto Lerena -  Infosur

Ocurren en nuestro país cuestiones suficientemente graves que le impiden al argentino medio ver un panorama peor, pero, algo huele mal entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la Cancillería Argentina respecto al Archipiélago de Malvinas  y nuestro mar argentino.

El 13 de septiembre de 2016 el entonces Secretario de Relaciones Exteriores Carlos Foradori declaró junto al ministro británico, Alan Duncan, respecto al Atlántico Sur lo siguiente: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo la “fórmula del paraguas”. Aquellas declaraciones fueron reiteradas -pese a la oposición del Congreso Nacional- por el actual Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie y el Embajador inglés Mark Kent.

Además, de una reunión llevada a cabo en Londres entre el vicecanciller argentino Pedro Villagra Delgado y el referido Duncan junto a la llamativa participación de los legisladores británicos en Malvinas Mike Summers y Phyl Rendell, la Cancillería reunió en Buenos Aires el 14 y 15 de mayo de 2018 al desactivado (2005) Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), formado por funcionarios británicos y argentinos para retomar las actividades de cooperación científica bilateral, quedando prevista una próxima reunión en Londres en noviembre de 2018 , aunque, también habrían participado de la misma -insólitamente- habitantes de Malvinas. Algo huele mal: No se puede acordar cuidar nuestros recursos con quién los depreda .

¡Es la biología, estúpido! Acordar con los ingleses sobre las capturas o la investigación del recurso en el Atlántico resulta inadmisible porque se trataría de aportarle información científica al Reino Unido sobre el ecosistema argentino; una información que a la luz de la dependencia económica que tienen las islas a la captura del calamar, resulta confidencial y estratégica.

Si la Cancillería Argentina acuerda con los británicos asegurándoles que el recurso pesquero llegue a Malvinas y evitando que otros buques sin licencia inglesa los pesquen previamente o los propios buques argentinos los capturen cortando el ciclo migratorio al archipiélago, sería contribuir a sostener la ocupación inglesa. ¡Una acción más bien propia de una colonia del Commonwealth!      

El gobierno, seguramente bajo pretexto de insertarse en el mundo, manifiesta no tener «hipótesis de conflicto» y, pareciera estar dispuesto a cooperar con el Reino Unido de Gran Bretaña en el desarrollo de Malvinas, dejando de lado lo prescrito en la Constitución Nacional. Es poco probable que, promover un acuerdo pesquero y facilitar los traslados aéreos con los isleños se trate solo una cuestión de ineptitud, y cualquiera podría suponer -aunque el gobierno no lo diga- que se trata de una moneda de cambio para recibir apoyo internacional y hasta «la generosidad» de Inglaterra de levantarle el embargo de armas a la Argentina. Ya lo vivimos con Cavallo, cuando la Unión Europea cerró las puertas a las exportaciones nacionales luego de la guerra de Malvinas.      

La cuestión territorial

Ahora bien, qué pasaría si Bolivia hubiese invadido la Provincia de Jujuy (53.219km2), Paraguay hubiese hecho lo mismo con la Provincia de Formosa (72.066km2), Brasil la Provincia de Misiones (29.801km2) y Chile la isla grande de Tierra del Fuego (21.263km2): sería un escándalo nacional y estarían movilizados los argentinos y, ello, a pesar de que tendríamos menos territorio ocupado por extranjeros que el invadido y explotado unilateralmente por el Reino Unido de Gran Bretaña en el mar argentino.

¿El gobierno se limitaría en ese caso hipotético solo a reclamar en las Naciones Unidas que estos países vecinos se sienten a negociar sobre la soberanía del territorio, como desde hace más de 50 años lo hace la Cancillería argentina, respecto Malvinas?          

La superficie total continental e insular argentino alcanza a los 3.761.274 km2; de ellos, 2.791.810 km2 corresponden al territorio continental; 11.410 km2 a las Islas Malvinas , 310 Km2 a las Sándwich del Sur y 3.850 Km2 a las Georgias del Sur; 969.464 km2 al continente antártico, que comprende la Antártida Argentina, las islas Shetland del Sur (3.687 Km2) y las Islas Orcadas del Sur (750 Km2).  

El territorio marítimo argentino y su correspondiente plataforma hasta las 200 millas marinas alcanza a los 4.799.000 km2 y, más allá de las 200 millas la extensión de la plataforma continental ocupa 1.784.000 km2; pero, al gobierno, poco parece importarle que una parte importante de este mar y sus islas estén ocupados y explotados por una potencia extranjera.

Aunque los sucesivos gobiernos no lo digan y pocos argentinos lo sepan, 1.639.900 km2 de ese territorio marítimo se encuentra invadido por Inglaterra y no solo los 11.410 km2 de Malvinas. Y ello ocurre, como consecuencia de la ocupación de facto de 200 millas marinas -unos 438.000 km2- alrededor de Malvinas  y otras tantas millas alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur .

Se agregan a ello 1.900 Km2 ocupados en forma prepotente  al noroeste de Malvinas -el GAP o brecha marítima- una importante área de calamar y, más de 1 millón de km2 declarados “reserva ecológica” en forma unilateral por Gran Bretaña y donde, por lo tanto, se nos impide el ejercicio de nuestros derechos soberanos. Además de ello, el Reino Unido reclama derechos sobre la plataforma continental argentina y la Antártida.

¿No es hora qué el gobierno nos informe oficialmente, cuántos kilómetros cuadrados tenemos ocupados por Inglaterra y cuáles son los beneficios de cooperar con el gobierno inglés en Malvinas y el atlántico sur?

La cuestión territorial, es dramática y humillante, pero la situación es peor aún.

La cuestión pesquera

A la explotación de los recursos pesqueros por parte de la flota argentina se suman las capturas de buques uruguayos como consecuencia del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973, por el cual, la Argentina comparte una importante zona común de pesca del atlántico sur.

Además de ello, más de 500 buques extranjeros pescan ilegalmente unas 800 mil toneladas anuales de recursos migratorios y asociados de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y, a su vez, buques españoles, coreanos, taiwaneses, chinos, neozelandeses, noruegos, polacos, rusos, chilenos, sudafricanos, uruguayos y británicos pescan con licencia inglesa en la ZEE Argentina de Malvinas y de las Islas Georgias del Sur, con la particularidad, de que «más del 90% de la exportación malvinense es de participación española y termina en el mercado español y, mientras eso ocurre, la “madre patria” española solo captura el 1% en la ZEE de Gran Bretaña y, por el contrario,  es tenedor casi exclusivo de las cuotas de pesca de Malvinas»  . 

Seamos claros: más que declamar soberanía, los gobiernos de turno no han hecho absolutamente nada por reducir esas capturas que afectan el ecosistema argentino, cuyos productos compiten en el mercado internacional y fortalecen la posición inglesa en Malvinas. Son varias las estrategias posibles para modificar esta apropiación británica del recurso, pero, en ningún caso, la de acordar las capturas, transferir información biológica o favorecer la logística aérea de las Islas.

Pero la inacción es más grave aún, ya que todos los Subsecretarios y sus directores de Pesca, desde 1982 a la fecha, no le han exigido el pago de derechos ni aplicado sanciones y/o multas a los buques extranjeros licenciados por el gobierno ingles en Malvinas que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina , en total violación al Régimen Federal de Pesca.

Estos buques, han capturado en territorio nacional millones de toneladas de pescados y calamares  sin contar con permisos de pesca y cuotas de captura, violando, gran parte de los artículos de la Ley 24.922 y, haciéndose pasibles a las penalidades previstas en el artículo 3º de la Ley 26.386.

Sobre esta cuestión un fiscal federal debería intervenir para establecer si los citados funcionarios han incumplido -al menos- con los deberes de funcionarios públicos y cuál es la pérdida económica del país por la falta de pago de derechos y la ausencia de penalidades y, qué acciones se han tomado, para evitar la captura clandestina de nuestros recursos pesqueros.

Como será la impunidad con la que los ingleses explotan nuestros recursos pesqueros en el territorio marítimo nacional, que la Subsecretaría de Pesca Argentina no los considera propios, ya que, como puede verse en las estadísticas de desembarques (léase capturas) de la página oficial del Ministerio de Agroindustria de la Nación , no se registran las capturas de los buques extranjeros que operan con licencia inglesa en el área de Malvinas (captura de foto, 13/7/18) .  

Respecto a los 500 buques extranjeros que pescan sin control dentro y fuera de la ZEE Argentina (en este último caso migratorios y asociados); deberíamos preguntarnos, ¿qué ha hecho el gobierno? Casi nada, la Prefectura ha capturado un promedio de 2 buques por año en los últimos 35 años y, ello, podría deberse a una decisión política del gobierno, a la carencia de medios suficientes para asegurar un control sostenido en todo el territorio marítimo o a la incapacidad de la Prefectura, porque, nadie podría creer, que ante semejante cantidad de buques depredadores solo ese número insignificante barcos capturados han pescado nuestros recursos pesqueros o asociados.

En medio de tanto desamparo en las Islas celebraban en 2016 «los treinta años de un hito que resultó fundamental para el desarrollo y transformación de la economía del archipiélago» como expresó su Director de Pesca John Barton, refiriéndose a la proclamación del 29 de octubre de 1986 de la «Zona Interina de Conservación y Administración (FICZ) y al decir que la pesca en Malvinas representa un 40% del PBI de las Islas, mientras, que la Legisladora británica en las Islas Phyl Rendel, con intereses en la pesca, manifestó que cuando uno mira la ciudad, casi todo ha sido construido con lo que podemos llamar los fondos generados por la pesca y el calamar» .

Por su parte, la Asociación de Empresas de Pesca de las Islas Falkland, FIFCA, a fines de 2016 manifestó que se ha logrado “una significativa localización de la industria, y en particular una recaudación sustancial en materia impositiva que equivale al 10% del valor de las ventas, más una tasa de transbordo que se aplica a los buques que no cuentan con licencia de captura, por lo que entienden, que el costo de las licencias deberían comenzar a bajar” .

Es evidente la escasa preocupación que tienen las autoridades argentinas en defender los recursos pesqueros y el espacio marítimo, contrastando con los avances y preocupación de unos pocos malvinenses bajo la dirección del inglés Barton. Y tal es el contraste, que mientras, el gobierno inglés en Malvinas le niega licencias de pesca a los buques chinos por entender que este país no cumple con los estándares internacionales sobre pesca ilegal (INDNR)  el Consejo Federal Pesquero, bajo el pretexto de renovar la flota, facilita el nuevo ingreso de poteros chinos usados al Atlántico Sur.

Se recicla, no la flota, sino el viejo cuento de la disponibilidad del recurso, la participación en el negocio de algunas empresas locales de capitales chinos y se deja afuera a la industria nacional.       

La cuestión portuaria de Montevideo  

Por Decreto 256/10, el gobierno argentino estableció la obligatoriedad a los buques que hacen tránsito con Malvinas de solicitar permiso a las autoridades nacionales; medida que fue apoyada retóricamente por América latina, y aunque, inicialmente Uruguay tomó la decisión de no autorizar el ingreso a sus puertos de buques que operen en Malvinas, desde hace años pueden verse cientos de buques con licencia de la gobernación británica en las Islas o barcos que capturan especies migratorias o asociadas de la ZEE Argentina, a punto tal, que en 2015 operaron en Montevideo 359 buques extranjeros y un año después se creó la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE),  constituyéndose este Puerto, en el apoyo logístico más importante del atlántico sur de los buques que depredan el mar argentino, representando, para ese país un ingreso de 300 millones dólares anuales .

Los transbordos de productos argentinos en Montevideo y la concentración de las operaciones del atlántico sur en este puerto, lo colocan en el centro de la escena y, nos retrotraen, poco menos que a 1770 cuando por Real Orden del 7/12/1770 se estableció a Montevideo como el único puerto para operar en el Virreinato.

Si se confirma que China invertirá en Montevideo para hacer un centro de logística pesquero y un puerto franco, el dominio del atlántico sur quedará en manos de los asiáticos y Gran Bretaña.    

La cuestión del apoyo económico a las actividades marítimas

Mientras que España tiene una ayuda de 1.550 millones de EUR del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y, buques de este país pescan nuestros recursos y conforman joint ventures en Malvinas, los sucesivos gobiernos argentinos no destinan fondos para el control y ocupación del mar argentino ni para el desarrollo de la industria naval, mercante y pesquera.

El último hecho fue el veto del PEN a dos artículos de la reciente ley Marina Mercante aprobada por el Congreso que hubiese permitido financiar la construcción de barcos mercantes y fluviales que, a la par de refundar la fabricación de buques en país, generar recursos económicos, ocupar mano de obra argentina, habría de mostrar nuestra vocación soberana en la hidrovía Paraná-Paraguay y el litoral marítimo.

La cuestión militar y el Acuerdo de Madrid

De las declaraciones, mal llamadas “Acuerdos de Madrid”  promovidos por Dante Caputo durante el gobierno radical y firmados por Domingo Cavallo en 1989/90 sin ratificación del Congreso , se conoce la “fórmula del paraguas” que congeló a la Argentina en una inconducente pretensión ante las Naciones Unidas de discutir la soberanía con Gran Bretaña, mientras que el Reino Unido avanza en forma sostenida y creciente ocupando más y más territorio marítimo argentino y reclamando derechos sobre la plataforma continental y la Antártida.

Sin embargo, poco se conoce de los demás aspectos de esas “declaraciones conjuntas”, que Julio González precisa en forma magistral en su libro  “Tratado de 1990 entre Argentina y Gran Bretaña (la rendición incondicional de la Argentina)” donde refiere: «En el artículo 2° el Tratado refiere a la soberanía de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y de sus espacios marítimos circundantes, de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989; pero, este enunciado es falso. Como hemos de ver los artículos 12º, 16º y el Anexo 1 crean obligaciones que abarcan todo el territorio de Argentina y comprometen su soberanía: a) Inversiones Económicas Privadas (artículo 12º); b) Política Exterior de la Argentina en América Latina y en la C.E.E. (artículo 16º) y, c) Control sobre las Fuerzas Armadas Argentinas (Anexo 1 párrafo primero)».

El Dr. Julio González, detalla en forma pormenorizada nuestra pérdida de soberanía con la firma de este documento y precisa «…el artículo 4º publicitado como un logro del gobierno argentino, exhibe en cambio una supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país y una hegemonía no disimulada sobre la conducción política e institucional de la Argentina desde el momento en que Inglaterra adquiere el derecho de Controlar todos los actos de las Fuerzas Armadas de la Argentina (artículo 52 A, B y C del Tratado).

En el artículo 5° se consignan los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas de la Argentina» y concluye: «Todo lo transcripto y analizado hasta aquí nos permite constatar que a partir del 31 de marzo de 1990 la Patagonia Argentina y el Mar Austral Argentino serán objeto de una soberanía virtualmente compartida con Gran Bretaña. La “Bilateralidad” de las relaciones militares entre Inglaterra y la Argentina en esa zona excluye toda participación de las fuerzas armadas argentinas.

Es así como la Argentina marítima y aérea queda en su parte austral bloqueada, vigilada y aislada por la hegemonía de una Potencia Extracontinental que usurpa un archipiélago de su territorio y que además es árbitro permanente de sus fronteras con la República de Chile. Todo esto se ha concedido y aceptado a cambio de nada».

En este escenario, de dependencia militar, alguien podría explicar, ¿qué hacía el antiguo submarino ARA San Juan sumergido al este de Malvinas o en el talud continental? ¿desconocía la Armada, el efecto que podía ocasionar en el Reino Unido el submarino en ese espacio marítimo? ¿se trataba de una operación secreta no comunicada según lo pactado en los “acuerdos de Madrid”?

La situación militar de hoy es mucho peor que la incapacidad en la que se encontraba la Argentina, en los recordados episodios de febrero de 1960 en el Golfo Nuevo y luego de la guerra de 1982. Por el contrario, el Reino Unido posee en Malvinas la base militar más importante del cono sur; el importantísimo aeropuerto de Monte Agradable con dos pistas de asfalto asiento militar de tropas de la Royal Air Force británica, un submarino nuclear, fragatas misilísticas y realiza periódicas operaciones marítimas con las que reafirma la ocupación británica.

A todo ello se agrega el Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) en Neuquén bajo soberanía y control del Ministerio de Defensa chino e importantes pistas privadas en la Patagonia.

El Atlántico Sur está enajenado por obra de la incapacidad de los gobiernos de turno. Algo hay que hacer al respecto, menos acordar con quien nos cercena la soberanía, bajo pena de traición a la patria.

NOTAS:

i- El archipiélago de las Malvinas está formado por dos islas principales, separadas por el estrecho de San Carlos: Al este la Isla “Soledad” (6.353 km²) y al oeste la Isla “Gran Malvina” (4.377 km²). Además, hay unas 15 Islas de más de 20 Km2 y entre menores e islotes unas 200; entre las que podemos mencionar al este de la Isla Soledad: las de Bougainville y María; al sur: las de Águila, Jorge, Pelada y Beauchesne; al oeste de la Gran Malvina: San José, San Rafael y Goicochea; y al noroeste: las de Borbón; Vigía, Trinidad; Rosario y las Sebaldinas.

ii- Hasta abril de 1982 las Islas tenían tres millas de protección alrededor. El 29/10/1986 el Reino Unido estableció la “Falkland Islands Interim Conservation and Management Zone” (FICZ), la “Zona de Administración y Conservación Pesquera” con un radio de 150 millas alrededor de Malvinas, con lo cual les otorga a los isleños el control de la pesca y el otorgamiento de licencias de pesca dentro de ese radio y por fuera de la ZEE. Cuatro años después, el 28/11/1990, el Gobernador inglés en las islas (por imperio de la Reina) dicta la Proclama N°2 y establece una “Zona Económica Exclusiva” (ZEE) de 200 millas alrededor de las Malvinas, justificándolo en la Convención de las Naciones Unidades sobre el Derecho del Mar.

iii- Por Proclama N°1 del Gobernador de las Malvinas del 7 de mayo de 1993 se establecen 200 millas alrededor de los archipiélagos Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

iv- Por Proclama del 22/8/1994 del Gobernador inglés en Malvinas.

v- La flota de la UE cierra filas. Redes Nº 208 pág. 22/28, mar-abr 2017.

vi- MercoPress. South Atlantic New Agency 15/2/2016 “Falklands: comenzó la temporada del calamar Illex con 105 licencias otorgadas” “El gobierno de las Falklands ha venido implementando su política de pesca y extendiendo los consiguientes permisos o licencias desde 1987 cuando el establecimiento definitivo de su zona económica exclusiva en aguas circundantes”.

vii- MercoPress. South Atlantic New Agency, 29/10/16. Penguin News. “El total del tonelaje de calamar Illex capturado en las tres décadas se estima en unos 3.7 millones, en tanto el tonelaje de Loligo en 1.6 millones de los cuales, algo así como 57.000 contenedores”. “El calamar generalmente representa el 75% del total de capturas anuales de pesca en aguas de las Falklands”.

viii- https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/

ix- La Dirección de Pesca de Malvinas publica las capturas anuales.

x- MercoPress. South Atlantic New Agency, 29/10/16. Penguin News.

xi- MercoPress. South Atlantic New Agency, 4/11/16. Penguin News.

xii- La Opinión a Coruña, 16/6/18 Información del presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza.

xiii- Presidente del Centro de Navegación Mario Baubeta, 20/12/11 Mercopress.

xiv- La Declaración Conjunta sobre soberanía se emite en Madrid el 19/10/1989. Arturo Frondizi le dijo a Cavallo respecto a los acuerdos de Madrid, para los peronistas usted es un traidor a la patria”. El 16 y 17/8/1989 (previo a Madrid) se reunieron en Nueva York el Embajador inglés Crispin Tickell y el embajador argentino Lucio García del Solar. El inglés le dijo: “le pedimos que Argentina reconozca que existe una Zona exclusiva de Pesca (FICZ). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, sino que sigan las cosas”. A lo que García del Solar respondió: “…La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la Zona de pesca; si la zona militar” (sic). En los hechos la moneda de pago al ganador de la guerra de 1982 por Malvinas.

xv- González, Julio “Tratado de 1990 entre Argentina y Gran Bretaña (la rendición incondicional de la Argentina)”: La Constitución Nacional en su art. 67 inciso 19 establece categóricamente que “corresponde al Congreso... aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones”. Por lo tanto, si no media consideración y aprobación del Cuerpo Legislativo el Tratado anglo-argentino precipitadamente firmado en Madrid el 15 de febrero de 1990, no habrá de ser obligatorio para la República Argentina ni tendrá el carácter de “ley suprema de la Nación” que el art. 31 de la Constitución Nacional les adjudica a los Tratados aprobados por el Senado y por la Cámara de Diputados de la Nación.

(DR. CÉSAR AUGUSTO LERENA - Experto en Atlántico Sur y Pesca)

La empresa Ocean Infinity ganó la licitación para buscar al submarino ARA San Juan

Por Fernando Morales - Infobae.com

La Armada Argentina emitió el dictamen de preadjudicación. No esperan que haya objeciones.

El submarino ARA San Juan (Reuters)

Finalmente, el portal Comprar.ar (sitio oficial para el seguimiento de todos los procesos licitatorios del Estado nacional) publicó el dictamen de preadjudicación relacionado con las tareas de búsqueda del submarino ARA San Juan desaparecido en la mañana del 15 de noviembre pasado.

Luego de marchas, contramarchas e impugnaciones varias que hicieron caer la anterior licitación convocada por el Ministerio de Defensa, fue la Armada Argentina la que asumió la organización de este nuevo llamado. Justificado en razones de extrema urgencia, se abreviaron todos los plazos reglamentarios, se modificaron algunas cláusulas respecto al acto administrativo anterior y se les dio participación a los familiares de los marinos desaparecidos en todo el proceso, con la intención de minimizar las posibles dudas o sospechas de falta de transparencia.

La Armada entrevistó en forma previa a la convocatoria a distintos oferentes, los que expusieron sus propuestas técnicas y explicitaron los recursos con los que contaban.

De las cuatro firmas que se prestaron a la requisitoria naval, solo dos se presentaron finalmente a competir. La estadounidense Ocean Infinity y Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), del venezolano Hugo Marino. La oferta del venezolano Marino fue desestimada

Desde un primer momento quedó claro para los evaluadores que, técnicamente, Ocean se perfilaba como la más solvente. Todos los equipos que utilizan son propios y posee una dilatada trayectoria en el mercado de actividades submarinas. En cambio, el venezolano Marino, si bien se supo ganar la confianza de varias de las familias que aguardan por la ubicación de la nave, debía necesariamente asociarse con alguna empresa que proveyera los elementos necesarios para la tarea, ya que su empresa no tiene disponibilidad de los mismos.

No obstante esta limitación, el empresario acordó, para el caso de resultar ganador, constituir una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con una poderosa naviera internacional, algo que en principio fue tolerado por las autoridades locales.

Sin embargo, a la hora de la apertura de las ofertas, Marino condicionó fuertemente su oferta al cumplimiento de determinadas cuestiones que, al decir de la comisión evaluadora, alteraban las condiciones del pliego oportunamente confeccionado por la marina.

Aun sin mencionarlo expresamente, la comisión evaluadora naval sostiene que el aparente menor precio cotizado por Hugo Marino respecto a la ganadora Ocean Infinity no resulta ser real, ya que en su propuesta SEA deja fuera de cotización una gran cantidad de imponderables que finalmente tornan la propuesta de esta empresa sensiblemente mayor que la del ganador.

Lo que hay que saber

Cantidad de ofertas: 2

Oferentes: Ocean Infinity (USD 7.500.000 por todo concepto) y Sistemas Electrónicos Acuáticos (USD 7.000.000 más adicionales).

Zona de búsqueda: sin restricciones.

Tiempo de búsqueda: 100 días aproximadamente.

Área de búsqueda: 3.000 millas náuticas cuadradas, aproximadamente.

Restricciones de búsqueda: sin restricciones.

Forma de pago: solo si se encuentra al submarino o partes del mismo.

Ordenan el despliegue de militares para el operativo en la frontera norte (II)

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

Se lanzó el Operativo de Integración Norte. Involucra el despliegue de efectivos en una zona fronteriza que va desde Salta hasta Misiones. Es la estrategia que anunció Mauricio Macri cuando firmó el decreto para modificar la función de las Fuerzas Armadas.

Ordenes. El gobierno dispuso ayer el comiendo del desplazamiento de tropas al norte para tareas de apoyo logístico y adiestramiento.

El Gobierno lanzó el "Operativo de Integración Norte", en la Zona de Frontera que abarca la localidad de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, y la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

El despliegue militar ocurre luego de una polémica planteada por la oposición a raíz de la asignación de uniformados a tareas de apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales. 

La resolución del ministro de Defensa, Oscar Aguad, a publicarse en el Boletín Oficial, identificada con la sigla RESOL-2018-860-APN-MD, establece que se trata de fortalecer "las tareas de apoyo logístico que desarrolla el Instrumento Militar con el Sistema de Seguridad Interior" y realizar "actividades de adiestramiento operacional y Operaciones de Apoyo a la Comunidad". El documento informa que "la presente medida tendrá vigencia a partir del 6 de agosto de 2018", por un plazo de un año.

El Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, general de división Carlos Pérez Aquino, quien depende del jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa, es el responsable máximo de la planificación y ejecución del operativo y de la coordinación con las autoridades de la Gendarmería y de la Prefectura para la implementación del apoyo logístico a esas fuerzas federales. Las FF.AA. tienen que poner a disposición del general Pérez Aquino sus recursos humanos y materiales (camiones, buques, aeronaves, equipos de comunicaciones, radares, etc.). El Ejército enviará alrededor de 300 hombres provenientes de las brigadas con asiento en Salta, Chaco y Misiones. Constituyen una unidad ligera integrada por las especialidades de comunicaciones, ingenieros, arsenales e infantería.

El jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Amreim, dispuso el traslado de 6 aviones Tucano no artillados que estaban destinados a la formación de pilotos en el Grupo Escuela de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Esas aeronaves operarán desde Resistencia, Chaco. Allí hay una base que se construyó en 2011 en inmediaciones del aeropuerto provincial. 

Un edificio de dos plantas con capacidad para alojar pilotos, tripulaciones y técnicos del radar instalado pero nunca se constituyó en base permanente. No tiene personal de dotación fija, tampoco aeronaves. Se usa de manera temporaria como "base de despliegue", condición que eleva los costos porque el Estado (bolsillo del contribuyente) tiene que afrontar el gasto del traslado de toda la infraestructura de mantenimiento y apoyo a las aeronaves que rotan en cada despliegue como el actual Operativo de Integración. 

Apoyo

En esta primera fase la Armada no tendrá una participación significativa. Se prevé para el mediano plazo el empleo de buques multipropósito de la Escuadrilla de Ríos, entre ellos el ARA Ciudad de Zárate para tareas de apoyo sanitario a las comunidades ribereñas. 

En un anexo secreto se establecen Reglas de Comportamiento para el Operativo Integración Norte. Un conjunto de directivas que en esencia orientan los procedimientos a seguir en casos de empleo de fuerza letal, quién, cuándo y qué situación. Se sabe que la directriz es privilegiar la seguridad de las personas y la vida de quienes se vean en situación de riesgo inminente. 

El gasto que demanda toda la operación se afrontará con partidas extrapresupuestarias. Una preocupación extendida en el alto mando castrense es que haya flujo de recursos y que no ocurra como en los operativos realizados en el Gobierno anterior, el Escudo del Norte, cuyas partidas se asignaban con cuentagotas y de manera extemporánea. "Debíamos disponer recursos propios para poder saldar la logística y los viáticos del personal desplegado", dijeron a este diario fuentes militares.

Usan la tierra que sacan del Paseo del Bajo para ampliar el puerto de Buenos Aires

Por Pablo Novillo - Clarin.com

Están agrandando un relleno y una escollera. Y harán un acceso directo desde la futura autopista.

Los rellenos se hacen para darles más espacio a los buques de gran calado. Foto: Puerto Buenos Aires.

La construcción del Paseo del Bajo es la obra más grande que hay en la Ciudad. Iniciada en enero del año pasado, y con fecha de inauguración para abril, se trata de hacer la muy demorada autopista subterránea entre Puerto Madero y Retiro. Así, cada día se pueden ver una gran cantidad de obreros y grandes máquinas moviendo el suelo. Pero esa obra tiene una ventaja colateral: la enorme cantidad de tierra y escombros es aprovechada para ampliar instalaciones del puerto de Buenos Aires.

Los rellenos se realizan a la altura de la Costanera Norte en el sector denominado Dársena F, y también en la zona del sexto espigón. Allí, en promedio, cada día hay unos 500 camiones operando con la tierra que viene de Puerto Madero y también con 50.000 toneladas de piedra que provienen de distintos orígenes. En la Administración del Puerto Buenos Aires explicaron que “estos materiales equivalen al peso de 10.000 elefantes”.

A la altura de la calle 14 del Puerto Nuevo se está armando un relleno de 8 hectáreas que permitirá extender el terreno operativo de la terminal donde operan los buques de carga. Se lo puede ver desde la avenida Rafael Obligado, del otro lado del espejo de agua.

También están está ampliando de 500 a 800 metros una escollera para darles más espacio a los buques de gran calado. Los dos sectores donde están ampliando el puerto. Foto: Puerto Buenos Aires.

Además de mejorar el manejo logístico de los barcos, estas obras también permitirán la construcción de un ingreso único al puerto, desde donde podrán entrar y salir los camiones que, justamente, vengan desde la futura autopista subterránea.

“Las obras de infraestructura son fundamentales para reducir los costos operativos. Estamos llevando adelante una transformación para sumar espacios, mejorar la operatividad y eficiencia del puerto”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El Paseo del Bajo tiene fecha de inauguración para abril. Foto: Alfredo Martínez.

El objetivo del Paseo del Bajo es el de evitar que el tránsito pesado circule por avenidas comunes. La autopista subterránea conectará la 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata con la Illia, y así los micros y camiones estarán separados del tránsito común. Además de la salida directa al puerto, también habrá una conexión con la terminal de ómnibus de Retiro.

Sobre la trinchera que formará la autopista subterránea se construirá el Paseo del Bajo, un parque lineal que agregará espacio verde y mejorará la conexión peatonal de Puerto Madero con el Bajo.

Los nuevos rellenos son parte de un plan para renovar el puerto e integrarlo más con la Ciudad. En la zona de Dársena F harán un paseo costero y están interviniendo artísticamente las viejas areneras. Además, en el sector de Dársena Norte colocarán un mástil y un cartel con letras gigantes para generar una nueva postal de Buenos Aires. Y también está en obra la zona conocida como Dique Cero, junto a la autopista Buenos Aires-La Plata y frente a los barcos-casino, donde harán otro paseo costero con comercios y gastronomía.

Fuerzas armadas, cambio y oportunidad

Por Horacio Jaunarena - La Nación

La decisión presidencial de reformar el sistema nacional de defensa es un avance que debe ser acompañado por la oposición 

Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

El Presidente de la Nación ha ordenado al sistema de defensa y seguridad que se consideren los riesgos y las amenazas a la soberanía, la vida y la libertad que afectan a nuestros habitantes, según las características específicas que esos riesgos y amenazas revisten en la actualidad.

La decisión presidencial, concretada en un decreto, representa una modernización y un cambio importante frente al criterio vigente durante el gobierno anterior, que había limitado el empleo del instrumento militar a la hipótesis de una agresión armada por las Fuerzas Armadas de otra nación. Un criterio congelado en los tiempos de la Guerra Fría y en las formas violentas que tuvo la región hace ya casi medio siglo. El decreto del gobierno anterior, llamado de reglamentación de la ley de defensa, modificaba los postulados de la ley sancionada en l988 por la casi unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. La decisión presidencial devuelve plena vigencia a los postulados de aquella norma.

El análisis del gobierno de los Kirchner sobre el tema fue limitado y viejo en lo conceptual, y en la práctica destructor, porque fueron años que marcaron un deterioro de todo tipo de las capacidades militares y en donde se concretaron cantidad de arbitrariedades en la política de personal, y pérdida de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dando cabida a infinidad de juicios que el Estado va a perder y que naturalmente deberán pagar la presente y las futuras administraciones.

Mientras el gobierno de la Concertación en Chile, con una presidenta socialista, y el PT en Brasil, con Lula y Dilma Rousseff, pusieron en marcha programas estratégicos de gran importancia para la modernización de sus Fuerzas Armadas, la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, Garré y Milani -hoy preso y acusado de cometer delitos de lesa humanidad- intentó transformar el Ejército en una facción partidaria, al servicio del proyecto "nacional y popular" que supuestamente instrumentaba el gobierno.

Una vocinglera y oportunista oposición denuncia, a partir de la decisión presidencial, una especie de futura hecatombe represiva, solo existente en una afiebrada imaginación, y pretende que el decreto suscripto por el presidente Macri, que derogó parcialmente el anterior de Kirchner, deba ser tratado por el Congreso. No tuvieron semejante sensibilidad y predicción catastrófica cuando la expresidenta, Garré y Milani desarrollaron el operativo Escudo Norte, mandaron mentirosamente al Ejército a trabajar en algunas villas de emergencia, encargaron al general Milani que hiciera trabajos de inteligencia interior para Scioli y se abrazara con Hebe de Bonafini.

Mientras tanto, en campaña presidencial Scioli prometía involucrar a 20.000 hombres del Ejército en tareas de seguridad interna y Massa, otro candidato, prometía involucrar directamente a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad de las villas de emergencia.

Para completar el cuadro de tanta hipocresía, recuerdo lo mucho que tuve que argumentar cuando era ministro de Defensa de Eduardo Duhalde, para que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, dejara de reclamar públicamente que presos comunes fueran encerrados en unidades militares bajo control del Ejército.

En homenaje a la seguridad y defensa que necesitan los argentinos, debiéramos ser más serios, dejar de lado las especulaciones políticas de corto plazo y sumarnos -Gobierno y oposición- a la tarea modernizadora de nuestro sistema, entendiendo que, lo que se ha dado es solo el primer paso de un largo proceso que se desarrollará a lo largo de los años y que necesita del esfuerzo mayoritario para concretarlo.

Entre los temas a los que debiera darse prioridad y a los que se refiere el decreto suscripto por el Presidente, está el de recuperar el control soberano de nuestro territorio y el primer paso para lograrlo es el control de nuestras fronteras. Para tener una idea de la magnitud del problema, debemos considerar que tenemos 10.000 kilómetros de frontera terrestre y fluvial y 5000 kilómetros de frontera marítima. En la frontera se ejerce "control y vigilancia". El control se concreta en 150 pasos internacionales habilitados, de los cuales 30, por su tamaño, son considerados centros de frontera y dependen del Ministerio del Interior, y el resto, del Ministerio de Seguridad.

La vigilancia se ejerce fuera de los pasos habilitados, o sea, prácticamente por toda la frontera. En esta frontera terrestre y fluvial existen, a su vez, 820 pasos clandestinos por donde se produce diariamente el ingreso ilegal de personas y mercadería. La vigilancia en el aeroespacio se le asigna a la Fuerza Aérea y en el Mar Argentino, la tarea principal se le adjudica a la Armada.

Hoy, las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera apenas alcanzan para hacer el control, o sea, exclusivamente en los pasos internacionales habilitados , por lo cual la vigilancia es casi inexistente en el resto.

Entendemos que la presencia de las FF.AA. en apoyo de las de seguridad en las zonas de vigilancia mejorará sustancialmente la situación. Para hacer efectivo este propósito y en beneficio de una más eficiente tarea, deben ponerse en claro dos cuestiones: la primera de ellas es definir con claridad el alcance del concepto "apoyo logístico", y la segunda, es definir quién manda en situaciones operacionales.

En la mayoría de los países del mundo el tema de las fronteras, por las implicancias que tiene, se resuelve con legislaciones especiales adecuadas. Debiéramos abordar prioritariamente por este medio los problemas que aquí se han planteado.

Proveer adecuadamente a la seguridad y defensa de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del Estado y, por eso, responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Es necesario que en él se encuentren los consensos, sin demagogias oportunistas, que les den sustento, consistencia y durabilidad a las políticas de reconstrucción de nuestro sistema de seguridad y defensa, que, por definición, excederán los mandatos de varias administraciones. Sin ingenuidad, sabemos que estos consensos no son fáciles, pero son necesarios.

El Poder Ejecutivo, continuando con el impulso inicial, podría dar un paso importante reglamentando, adecuadamente a los tiempos que nos toca vivir, la ley de reestructuración de las FF.AA. vigente pero incumplida.

Puede ser que así se le dé continuidad a este mecanismo iniciador en que se ha convertido el decreto presidencial sobre la labor que luego le corresponde al Congreso en la misión de reformular nuestros sistemas de defensa y seguridad.Así se empezaría a cumplir con el deber mayor que debe perseguir la alta política: hacer posible lo que es necesario.

Exministro de Defensa

Por la investigación, podrían revisarse obras de energía por US$12.000 millones

Por Mariano Obarrio  - La Nación

Son los proyectos en marcha o por iniciarse que fueron adjudicados a las siete empresas cuyos ejecutivos fueron detenidos por el juez Bonadio

Desatado el escándalo de los cuadernos de las coimas del kirchnerismo, el gobierno de Mauricio Macri podría revisar las obras de energía adjudicadas y en ejecución, que totalizarían US$11.968 millones, correspondientes a las siete empresas cuyos dueños o ejecutivos fueron detenidos en la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio . Según confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, ello no implica que el ministro de Energía, Javier Iguacel , vaya a rescindir o cancelar todas las adjudicaciones. Pero según el avance de la causa podrían quedar en la mira.

Tras las revelaciones de LA NACION sobre los cuadernos manuscritos del exmilitar Oscar Centeno, quedaron detenidos ocho empresarios de siete grandes firmas. Ellos son Carlos Wagner, de Esuco, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, de Electroingeniería; Francisco Valenti, de Impsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Armando Loson, de Albanesi; Carlos Mundin, de BTU, y Javier Sánchez Caballero, de Iecsa.

Según la información pública, el más beneficiado y que podría resultar más perjudicado es Gerardo Ferreyra (Electroingeniería). Tiene proyectos en marcha por algo más de US$6100 millones. Los más importantes son las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, por US$4714 millones, con un 20% de ejecución. También la central de ciclo combinado Belgrano II, por 1320 millones, no ejecutada; la extensión de vida de la central nuclear Embalse, por 80 millones, ejecutada en un 85%, y las líneas de alta tensión de 500 kW Rincón Santa María, en un 90%.

En total, el exministro de Planificación Julio De Vido licitó en sus doce años de gestión obras por US$200.000 millones. "Si hubo 10% de coimas, podría alcanzar los 20.000 millones", dijo un funcionario.

El monto de contratos vinculados a la energía con las siete empresas investigadas fue de al menos US$21.992 millones. En el Gobierno señalaron que las denuncias penales por sobreprecios, las rescisiones de contratos y las cancelaciones de obra ante posibles hechos delictivos son anteriores a los cuadernos y surgieron con Aranguren como ministro.

El listado de obras no implica que se haya pagado coima en todas. El Gobierno asegura que no tuvo impugnaciones hasta ahora. Sin embargo, varias obras fueron canceladas, rescindidas y denunciadas en la Justicia, como los fondos desviados en Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la expansión de gasoductos de 2006-2007, entre otras.

La obra más conflictiva para rescindir es la de las represas de Santa Cruz , porque participan empresas de China, que podría demandar a la Argentina y desatar un conflicto diplomático.

Los proyectos con contratistas locales no generarían problemas para Iguacel. Si se verifican ampliaciones presupuestarias, sobreprecios u otras irregularidades, a la luz de los cuadernos, las denunciará ante la Justicia y las rescindiría, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

En el caso de Wagner (Esuco), en la mira está GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y un 98% de ejecución. Por eso no se rescindiría. Pero Wagner tiene obras pendientes de otros rubros.

En cuanto a Valenti, de Impsa, se podría revisar eventualmente la obra en la central de Embalse, por US$159 millones, que no se ejecutó aún. También está el reactor Carem para la CNEA, por 78 millones, tampoco ejecutada. En total son 237 millones.

Si se investiga a Isolux, aparecería en el radar el cierre de ciclos de las centrales Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones, y la central térmica de Río Turbio, por 1800 millones, pero ambas fueron rescindidas.

En el caso de Loson, de Albanesi, se podría revisar la central térmica Arroyo Seco por US$395 millones; la central Ezeiza; el cierre de ciclo Maranzana, por 95 millones, y el cierre de ciclo Roca, por 80 millones.

Sobre la detención de Mundin, de BTU, podrían plantearse dudas sobre la obra de GNEA Ramales en Chaco y sobre la Expansión Santa Cruz, Etapas I-II y III, por 615 millones. En esta última fue cancelada la etapa III por posibles irregularidades.

En el caso de Iecsa se rescindió la obra del cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones, por posibles irregularidades. Y se podría revisar su participación en el Gasoducto Regional Centro II, por 60 millones.

Listas de obras de empresarios detenidos - Posible revisión, canceladas o rescindidas

Carlos Wagner, Esuco

• GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y 98% de ejecución. No se revisaría
• La empresa tuvo otras obras en otras áreas de Planificación

Armando Loson, Albanesi SA

• Central Térmica Cogeneración Arroyo Seco, por US$395 millones, al 25% de ejecución
• Central de ciclo combinado Ezeiza, al 25% de ejecución
• Cierre de ciclo Maranzana, por US$95 millones, al 30% de ejecución

Juan Carlos de Goycoechea, Isolux

• Cierre de ciclos de Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades
• Central Térmica de Río Turbio, por US$1800 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades

Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, Electroingeniería

• Represas Cóndor Cliff y Barrancosa, río Santa Cruz, por US$4714 millones, 20% de ejecución
• Ciclo combinado Belgrano II, por US$1320 millones, no ejecutada
• Extensión de vida central nuclear Embalse, US$80 millones, ejecutada al 85%
• Líneas de alta tensión Rincón Santa María, 90% de ejecución

Carlos Mundin, BTU SA

• GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y 98% de ejecución. No se revisaría
• Expansión de gasoductos Santa Cruz, etapas I-II y III, por US$615 millones y 50% de ejecución. Fue cancelada en la etapa III por posibles irregularidades

Javier Sánchez Caballero, IECSA

• Cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades
• Gasoducto Regional Centro II, por US$60 millones, en un 60% de ejecución

Francisco Valenti, Impsa

• Extensión de Vida Central Nuclear Embalse, por US$159 millones, sin ejecución
• CNEA Reactor Carem por US$78 millones, sin ejecución
• 11.968 Millones de dólares

Es el monto que suman las obras que están en revisión o directamente fueron canceladas tras las investigaciones por presunta corrupción en las empresas ahora bajo la lupa

21.292 Millones de dólares - Es el monto que suman todos los contratos vinculados a obras energéticas firmados con las empresas ahora investigadas. No implica que se hayan pagado coimas en todas

4714 Millones de dólares - Es la cifra más alta comprometida en las obras en investigación. Corresponde a los contratos de construcción con Electroingeniería y una empresa china para las represas Cóndor Cliff y Barrancosa

20% Avance de la obra - Es el porcentaje que se lleva ejecutado del proyecto de construcción de las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, ubicadas en la provincia de Santa Cruz, sobre el río del mismo nombre

Con un relleno costero, se amplía y actualiza el aeroparque porteño

Por Mauricio Giambartolomei  - La Nación

En las seis hectáreas ganadas al Río de la Plata, donde habrá un espacio público y estacionamiento subterráneo, comenzará la renovación para mejorar la movilidad de pasajeros y vehículos; también habrá nuevas posiciones para aviones y terminales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Las primeras toneladas de escombros y tierra ya llegaron al espigón Puerto Argentino donde se levanta el Monumento a Cristóbal Colón. Son los restos del Elefante Blanco, el frustrado hospital de avanzada del sur porteño que está siendo demolido, apilándose a los pies de la figura del navegante genovés para convertirse en las bases de un proyecto ambicioso: el relleno costero sobre el Río de la Plata, hito principal de la ampliación del aeroparque metropolitano.

El cambio más visible serán las seis hectáreas de superficie total ganadas al agua que se convertirán en un espacio verde cuando termine la primera etapa del proyecto, previsto para abril de 2019, pero no será el único cuando finalice el plan de renovación con una inversión que supera los $5000 millones.

En el espacio ganado al río, el punto más alejado de la Costanera actual estará a 80 metros, a la altura de la península donde se alza el conjunto escultórico de Colón. En ese macizo de escombros se generará espacio para un estacionamiento subterráneo con 632 plazas que reemplazará al parking norte donde se instalarán terminales y más posiciones para los aviones. En total se prevé que habrá hasta 17 nuevos espacios para las aeronaves.

Varios camiones ya dejaron la carga proveniente de Ciudad Oculta en el obrador construido en el espigón Puerto Argentino. En los próximos días habrá mayor movimiento de maquinarias para volcarlos sobre el río y comenzar a agrandar el margen costero. El objetivo principal será mejorar la operación y movilidad en el entorno del Aeroparque Jorge Newbery, inaugurado en 1947 y construido sobre terrenos ganados al río. Estas modificaciones se complementarán con otras intervenciones en la terminal porteña. El relleno es el primer paso de un master plan que incluye la construcción de una calle de rodaje para los aviones y nuevos sectores de carga.

Los responsables del proyecto estiman que el relleno impactará en la movilidad, tanto de vehículos como de pasajeros, porque permitirá la instalación de nuevos carriles de ingreso y egreso del aeropuerto, veredas y áreas de circulación más amplias, y la colocación de un bulevar para brindar mayor seguridad a los peatones. Sin embargo, el proyecto cosecha ciertas críticas de especialistas en urbanismo, quienes consideran que se debe resguardar el patrimonio natural por sobre todas las cosas. Al mismo tiempo se preguntan: ¿hasta cuándo avanzar sobre el Río de la Plata?

"Se empieza por el rellenado porque es la parte más urgente y ayuda a resolver otras cuestiones. El principal inconveniente del Aeroparque es el espacio, tanto para estacionar aviones como de movilidad de pasajeros y vehículos. Con esto comienza a resolverse el problema de la accesibilidad y permite proyectar nuevas obras", explicó el titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Patricio Di Stefano.

La primera etapa del relleno, desde el Monumento de Cristóbal Colón hacia el sur, debería finalizar en abril próximo y sortear la complejidad que representa la desembocadura del arroyo Maldonado. La segunda parte, del espigón hacia el norte, se estima para el primer semestre de 2020, también con un desafío importante debido al estacionamiento subterráneo. La obra había sido licitada por $1600 millones, pero adjudicada por $1065 millones, según la información oficial, a la empresa Criba-Milicic (UTE), que generará 500 empleos directos y otros 2000 en forma indirecta.

Mirada crítica

"Las normas de la Ciudad establecen preservar la costa del río y acá se está avanzando sobre el río. Más que ganar le estamos robando espacio. Quedan muy pocos puntos de contacto con el río y se están suprimiendo los que existen", planteó Andrés Borthagaray, director para América Latina del Instituto para la Ciudad en Movimiento. "No creo que el relleno sea un aporte a la movilidad, si quizás una solución al estacionamiento, aunque no es el problema principal del Aeroparque que tiene problemas acústicos, ambientales y de calidad del aire que no se resolverán con estas obras", agregó.

En los planes está previsto que desaparezca el estacionamiento norte, a cielo abierto, de 1700 plazas, junto con la demolición de las terminales donde opera la empresa Latam (en forma de L, al extremo del aeropuerto), para darle lugar a nuevas posiciones de aviones.

Temporalmente el parking se mudará a un predio en el otro extremo del Aeroparque y los pasajeros podrán utilizar un transfer que los acerque a los mostradores de check in. Luego, cuando finalice el relleno se ubicará bajo tierra y se sumará al estacionamiento sur, terminado en 2017 y con 1400 espacios disponibles.

"Mejorar la movilidad y el transporte justifican todo, pero habría que preguntarse hasta dónde vamos a seguir rellenando el Río de la Plata. No me parece lo correcto seguir haciéndolo porque afecta la relación ambiental con la ciudad. Ocupar con tierra lo que es agua provoca un impacto en zonas críticas, como la desembocadura del arroyo Maldonado", opinó Inés Schmidt, investigadora del Instituto Superior de Urbanismo y del Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana.

Para Schmidt sería fundamental conectar el Belgrano Norte con Aeroparque para darle mayor potencia al transporte ferroviario. Y aunque se encuentre en una etapa germinal, forma parte del proyecto oficial con la construcción de una estación y una vía subterránea por donde circularían formaciones no tripuladas como lo hacen en otros aeropuertos del mundo, en Barajas (Madrid, España), por ejemplo. "Una vez finalizado el relleno, nuestra prioridad se focalizará en las terminales y en generar nuevas posiciones para aviones. Luego pensaremos en esa conexión", sostuvo Di Stefano.

La renovación de las instalaciones comenzaron en septiembre de 2014 con la construcción de una nueva torre de control de 35 metros de altura, con visuales de 360° y la incorporación de nueva tecnología. También la instalación del estacionamiento sur, la puesta en valor de la cabecera sur, la ampliación del sector de check in y nuevas mangas telescópicas.

"Este es el resultado de la revolución de los aviones para que cada vez más argentinos pueden volar, algo que hace algunos años, no ocurría. Esta obras cuentan con una planificación mirando al futuro. Implica más aviones, más pilotos, más tripulantes de cabinas, más trabajo", dijo el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

Mejorar la seguridad es otro de los pilares del proyecto, sobre todo en un aeropuerto que guarda el recuerdo trágico de las 65 personas que murieron la noche del 31 de agosto de 1999 cuando un Boeing 737 de LAPA, con destino a Córdoba, no logró despegar, cruzó la Costanera y se estrelló contra el complejo Punta Carrasco. El accidente desnudó fallas que fueron mejorándose con el paso de los años. Hoy registra más de 120.000 operaciones anuales (entre despegues y aterrizajes) y el mayor tráfico del país, con 11.000.000 de pasajeros.

En los próximos meses se prevé comenzar con obras de balizamiento para elevar la categoría del aeropuerto según los estándares internacionales de seguridad. Se colocarán nuevos sistemas de aproximación (de 900 metros en la pista 13 y de 720 metros en la pista 31) y se renovarán las luces de borde y de ejes de pista, de toma de contacto, de barra de parada y letreros de señalización vertical.

Las especificaciones establecen distintos tipos de categorías: I, II, IIIA, IIIB y IIIC. Todos los aeropuertos del país son categoría I salvo Ezeiza (IIIA), pero con las modificaciones el aeroparque metropolitano subirá un peldaño. Las reformas, según el Orsna, son para mejorar el sistema ALS ( aproach lighting system, por sus siglas en inglés), que permitirá la operación en condiciones climáticas adversas.

Optimizar la movilidad, explotar el potencial del aeropuerto, dotarlo de instalaciones más amplias y mejorar la seguridad son las movilizaciones de un proyecto que se lanza sobre las mismas bases con las que se inauguró en lo años 40, sobre terrenos ganados al río. A pesar de ciertos reparos, ya es un hecho.

Las represasTambolar y Portezuelo del Viento se salvan del ajuste

(LPO) - Rogelio Frigerio visitará este lunes al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para anunciar la licitación de la represa El Tambolar, una inversión de 750 millones de dólares que aportará aproximadamente 310 GWh por año al sistema energético y sumará 23.500 hectáreas productivas en una región desértica con poca provisión de agua. 

Por la tarde se trasladará a la vecina Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo y avanzar en la licitación de Portezuelo del Viento, una represa que costará más de 800 millones de dólares y permitirán incorporar más 800 GWh por año de energía limpia al sistema energético.

Serán las únicas represas que permanezcan en obra en medio del ajuste del Gobierno para cumplir con el FMI: se frenó oficialmente la represa de Chiuhido, en Neuquén; y no hay fecha de inicio para las de Santa Cruz que debe ejecutar Electroingeniería, la empresa de Gerardo Ferreyra, detenido en la causa de los cuadernos. 

El Gobierno frenó la represa del Chihuido en Neuquén y no hay fecha de inicio para las de Santa Cruz. Tambolar y Portezuelo del Viento siguen adelante y revolucionarían el sistema energético de cuyo. 

Uñac es uno de los gobernadores preferidos de Mauricio Macri y una carta de los mandatarios peronistas para las presidenciales de 2019. El jueves recibió a legisladores y les pidió no dejar al Gobierno sin presupuesto, que en los hechos frenaría cualquier plan nacional de obra pública.

Tambolar no le costaría nada a Mauricio Macri, porque se financiaría con un fideicomiso creado con aportes del complejo hidroeléctrico Caracoles-Punta Negra, construido durante el kirchnerismo.

Los fondos fueron retenidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y si no son liberados podría reclamarlos Uñac, que ya terminó la reconducción del río que requiere la obra. Le costó de 60 millones de dólares de presupuesto provincial y le dio una ventaja competitiva frente a otros gobernadores que buscaban su propia represa. Los proyectos en marcha prevén que Tambolar este operativa para 2024 y en la provincia prevén que además del aporte energético y la recuperación de hectáreas genere una importante actividad turística alrededor del embalse.

Portezuelo del Viento podría garantizar energía al 30% de Mendoza y es parte de un litigio con La Pampa, que reclama por una supuesta reducción del agua que corre por el río Colorado.

Mauricio Macri medió a favor de Cornejo, aun cuando el gobernador no ahorró críticas a la gestión energética del Gobierno desde que tomó la presidencia de la UCR y hasta empujó la salida de Juan José Aranguren.

La represa permitirá la creación de 3.000 empleos en forma directa y otros 8.000 de manera indirecta, según cálculos del Gobierno. El gobernador lo agradecerá. 

Reforma de las Fuerzas Armadas: el Gobierno definió las reglas del operativo en la frontera norte

Por Fernando Morales - Infobae.com

A través de una resolución que se publicará esta semana en el Boletín Oficial, el Gobierno dio un marco normativo a las FFAA en lo que será el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

Si bien la intención del gobierno nacional era iniciar el lunes 30 de Julio el despliegue de unos 500 efectivos militares a la frontera norte de la Argentina, fue necesario demorarlo. La razón fundamental del retraso estuvo dada por una serie de planteos reglamentarios que – según dicen- en especial el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, efectuó a las autoridades políticas, y que tenían que ver principalmente con la correcta determinación de las llamadas "reglas de empeñamiento" que tendrán que observar los efectivos de las tres fuerzas en su apoyo a la seguridad interior.

Como es ya de público conocimiento, la asignación de tareas de apoyo logístico por parte de personal militar a sus pares de las fuerzas de seguridad no es algo novedoso. Tal accionar se encuentra perfectamente amparado en las leyes de defensa y seguridad interior vigentes.

No obstante, el decreto 727/06 había limitado severamente la posibilidad de actuación de las fuerzas armadas en el territorio nacional, permitiendo solo el uso de efectivos y medios para conjurar un ataque proveniente de un ejército regular de un tercer país. No obstante esta limitación, durante el anterior gobierno se implementaron operativos de cooperación entre fuerzas militares y policiales, conocidos como Fortín I y II y Escudo Norte. Según las actuales autoridades, sin la reforma ahora implementada, todo lo actuado anteriormente fue ilegal.

Luego de varias jornadas de trabajo en las que tuvo un rol destacado el Estado Mayor Conjunto de las FFAA, la resolución que se publicará esta semana en el Boletín Oficial pretende dar un marco normativo claro y preciso a las tropas afectadas al "Operativo Integración" y asimismo remarcar que no se ha derogado ni modificado ninguna ley del Congreso Nacional, ni tan solo el propio decreto 727/06 que solo ha sido parcialmente readecuado para posibilitar el nuevo rol de las Fuerzas Armadas.

La norma

En los considerandos de la Resolución 860 se establece en primera instancia que la "Defensa Nacional es una función indelegable del Estado Nacional". Este concepto es inmediatamente seguido por el que sostiene la necesidad del país de "contar con la capacidad de anticipar, disuadir y superar las amenazas, riesgos y desafíos del siglo XXI que afecten la seguridad nacional".

De la lectura de los párrafos siguientes y de acuerdo con la interpretación hecha por diversos especialistas consultados por Infobae, se desprende que la resolución avanza de lleno en el sentido de marcar en virtud de estas nuevas amenazas y nuevos escenarios, en una interacción entre Seguridad y Defensa, pero dejando en claro que no son lo mismo. "No podemos negar que la efectiva ocupación de los espacios con personal militar y de seguridad, permite conjurar amenazas que rozan ambas áreas de acción del Estado", afirma uno de los involucrados en la redacción de la normativa hoy en vigor.

Más allá de los diversos conceptos dogmáticos contenidos en los considerandos, la resolución ministerial se aboca luego a una clara definición de las reglas de juego con las que deberán operar los mandos militares en su rol de colaboradores de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, la primera definición de importancia es que será el Estado Mayor Conjunto de las FFAA -actualmente bajo el mando del Teniente General VGM Bari del Valle Sosa y por intermedio de su Comando Operacional (en manos del General de División Carlos Pérez Aquino)- el organismo de la defensa nacional habilitado para disponer la afectación de personal y medios que se requieran para implementar el "Operativo Integración Norte". No pasa desapercibido el hecho del fuerte respaldo que esto otorga a los hombres del Ejército Argentino.

También la medida acota territorialmente –al menos por ahora- el accionar conjunto a la zona geográfica comprendida entre San Antonio de los Cobres (Salta) y Puerto Iguazú (Misiones) previendo que las tropas militares desplegadas entre tales coordenadas geográficas, realizan actividades de adiestramiento operacional y al mismo tiempo de apoyo social y sanitario a las comunidades locales. De esta manera – aclaran en Defensa- queda claro que no se está considerando un despliegue de tropas en centros urbanos de todo el país, tal como señalaban los opositores a la medida.

Un dato no menor y que será motivo de análisis a partir del desarrollo de las primeras operaciones conjuntas, será el resultado que tendrá la colaboración que la Armada Argentina pueda prestarle al personal de la Prefectura Naval. Ocurre que a diferencia de la buena relación institucional que existe entre el Ejército y la Gendarmería Nacional, en el agua ocurre todo lo contrario ya que desde que la que hoy es considerada como única autoridad marítima nacional, dejó de depender de la Armada, quedaron pendientes de ajuste muchas normas y reglamentos que hacen que hoy existan varias zonas de conflicto entre ambas instituciones. Por otra parte tanto en Defensa como en Seguridad son conscientes que tendrán que operar con gran cintura política para que finalmente las tropas navales acepten ponerse a las órdenes operativas de la fuerza policial marítima.

La parte secreta de la resolución

El art 7° de la resolución ministerial establece que la fijación de las "normas de comportamiento" que deberán observar los efectivos militares en todos los operativos en los que tomen parte, a partir del apoyo logístico que brindarán a las fuerzas federales de seguridad.

Fuentes del Ministerio de Defensa justifican este "secreto militar" en la sencilla razón que no resultaría lógico poner sobre aviso a los propios delincuentes narcotraficantes o terroristas, de las circunstancias en las que las FFAA podrían pasar de un rol pasivo o de apoyo al de una efectiva acción defensiva con empleo de armas.

Infobae está en condiciones de informar que en la redacción de estas "normas de comportamiento" se ha atendido en forma muy especial a cubrir las eventuales responsabilidades judiciales que puedan involucrar a un efectivo militar por obrar con un supuesto "exceso en el cumplimiento del deber" pero atendiendo asimismo a la necesidad del militar de no ver limitado su derecho a la "legítima defensa".

La oposición en alerta

Desde diversos sectores de la oposición se han presentado proyectos para intentar impedir que finalmente el "Operativo Integración" se ponga en marcha. Por el la lado del Frente para la Victoria y propiciado por el ex Ministro de Defensa Agustín Rossi, se ha confeccionado un proyecto de ley tan corto como contundente. "Artículo 1, derogase el decreto del PEN Número 683/18″.

Desde el PEN sostienen con firme convicción que esto es un mero hecho político sin consecuencias prácticas, ya que para el supuesto que la norma avanzara tanto en Diputados como en el Senado, esa supuesta ley jamás sería promulgada por el Presidente de la Nación.

Según declaró hace pocos días el propio Oscar Aguad en exclusiva para Infobae, el próximo 14 de agosto partirán los 500 efectivos que ya están preparados para cumplir su misión.

Represas patagónicas: el Ministerio de Energía le pidió a China que negocie la salida de Electroingeniería

Por Loreley Gaffoglio - Infobae (Extractado)

Fue antes de la detención de Gerardo Ferreyra, señalado en los cuadernos de la corrupción y uno de los mayores beneficiados con obra pública durante el kirchnerismo

El río Santa Cruz, donde la UTE conformada por la empresa estatal china Gezhouba, asociada a Electroingeniería e Hidrocuyo, construye el polémico complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa

Una semana antes de que detonara el escándalo por la "cartografía en prosa" sobre pagos y cobros de coimas por la obra pública durante el kirchnerismo, el ministro de Energía Javier Iguacel recibió en su nuevo despacho a Yang Wanming, el embajador de la República Popular China en la Argentina.

Era la primera vez que conversaban tras la remoción de Juan José Aranguren. Además de dialogar sobre el estado de las obras de las polémicas represas en Santa Cruz, financiadas por bancos chinos a un costo renegociado de USD 4700 millones, el diplomático le manifestó el interés de su país para avanzar en otros proyectos energéticos. Desde la explotación petrolera, a los de energías nucleares, fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica, en afinada sintonía con la matriz energética diversificada a la que aspira el Gobierno.

Recién después de las coincidencias, sobrevino lo inesperado: con mucho tacto, Iguacel fue directo al grano. Se refirió a los cuestionamientos que hace años pesan sobre uno de los tres socios de la UTE Represas Patagonia: Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están hoy presos, imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula K, según documentó en sus cuadernos el chofer y escriba Oscar Centeno.

El ministro de Energía Javier Iguacel y el embajador chino Yang Wanming

Sería beneficioso para todos—le espetó, palabras más, palabras menos, Iguacel al diplomático— la salida de Electroingeniería del proyecto hidroeléctrico Condor Cliff y La Barrancosa. Tal vez—sugirió—, Gezhouba e Hidrocuyo podrían comprarle la parte del negocio a sus socios mediterráneos. Buscar una salida negociada para un jugador impuesto con fórceps por el ex ministro Julio De Vido; un delantero ubicuo en la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno y una presencia que en los próximos 6 u 8 años de construcción de las presas estaría, con justicia o no, posiblemente asociado a manejos opacos en una era de cambio.

Los términos contractuales de la UTE contemplan que si alguna de las socias locales cae, se retira o quiebra, la empresa estatal china es responsable solidaria de las obras. Sorprendentemente, nada se sabía entonces sobre el derrotero judicial de los cuadernos del ahora "arrepentido" Centeno.

Pero detrás de esa sugerencia firme y directa se escondía una ristra de argumentos de peso que Wanming conoce bien: el origen de una licitación indecorosa —adjudicada por USD 7000 millones en 2013 por José López a la asiática Gezhouba, asociada en un 54% del negocio hidroeléctrico con la empresa de Ferreyra (36%) e Hidrocuyo (10%)—; el antecedente imborrable de un contrato depurado por unos USD 1300 millones menos y ajustado técnicamente para que no produjera un descalabro ambiental en los glaciares. Todo ello sin contar que la mayor y más onerosa obra de infraestructura proyectada en las últimas cuatro décadas había sido adjudicada de la noche a la mañana en clara violación a las leyes de obras públicas. Hablar de desprolijidades es valerse de un eufemismo.

Por primera vez en cinco años de controversias se les pedía a los chinos que actuaran. Que sacaran a Electroingeniería del medio, de una hidroeléctrica en obra que hoy es la tercera más grande del mundo encargada a China. También, por su envergadura, el décimo proyecto de infraestructura que hacen los chinos fuera de su país. Wanming sonrió. Con templanza budista,  como suele suceder en estos casos, quedó en estudiar el tema. La relación entre los socios, según pudo saber Infobae, es buena. Las fuentes consultadas creen que los asiáticos no harán movimientos en falso hasta ver los alcances judiciales del megaescándalo, si es que efectivamente incide en el "fuero" de los negocios.

En el Gobierno hay lecturas contrapuestas: un sector cree que, de confirmar la Justicia el pago de coimas en la obra pública, una hipotética condena no alcanzaría a las empresas ni impugnaría obras en marcha. Sólo se ceñiría a los protagonistas.

Otros especulan con los alcances de un posible aunque más modesto Lava Jato vernáculo, siempre atado a la voluntad del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio —o de otros miembros del Poder Judicial— para abrir y ramificar la pesquisa a partir de nuevas pruebas y otros "arrepentidos". Pero Argentina no es Brasil ni el tándem Stornelli-Bonadio pueden equipararse a una unidad especial para investigar la corrupción como la que encabezó el juez Moro. También es cierto que nadie puede predecir cuál será el horizonte judicial que, además, puede insumir años para unir todos los presuntos cabos y perfilarse diáfano.

"Lo que no denunció penalmente Aranguren al revisar los desaguisados de la adjudicación de las represas durante la gestión de De Vido, difícilmente lo haga Iguacel, pues ya perdió corrida", dijo una fuente de Casa Rosada que sueña con la salida de Electroingeniería, "siempre que no se violen contratos".

El tema ha sido y es siempre delicado porque tocar a un socio local es molestar a los chinos, los principales compradores de soja y con ansias de expansión en inversiones en la Argentina, reconocen en el Gobierno.

Tanto en el Ministerio de Energía como del Interior quieren que las obras de las rebautizadas represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz marchen sin más obstáculos de los que han venido sorteando por años. Y a pesar de las polémicas ambientales que todavía generan, las juzgan como una pieza clave para nutrir el futuro esquema diversificado de la matriz energética. Las obras se reiniciaron a toda marcha en octubre pasado. Ya emplean 1500 de los 6000 puestos de trabajo proyectados y una vez concluidas las presas, con una potencia instalada de 1310 megawatts, generarán un 4% de la energía que consume el país.

Por si quedaban dudas, el mismo día en que estalló el escándalo de los cuadernos, en el Boletín Oficial se publicó la última resolución oficial para promoverlas. El Ministerio de Energía, a  través de su resolución 42/2018, las calificó como "Proyecto Crítico", lo cual supone, bajo los términos del artículo 34 de la Ley 26.422, la eximición de aranceles y tasas de importación para todos los insumos (chinos) que empleen las hidroeléctricas. Un claro abaratamiento de los costos que beneficia a los tres socios de la UTE, entre ellos Electroingeniería.