Diseñan en Rusia puentes 'invisibles' a los aviones espía

(RT.com) - En las condiciones de las guerras actuales, las propiedades furtivas no solo prolongan la vida de los buques y los aviones, sino también de las construcciones más importantes de la retaguardia.

Las tropas de ingenieros se entrenan instalando un paso fluvial desmonable cerca de la ciudad de Murom Las tropas de ingenieros se entrenan instalando un paso fluvial desmonable cerca de la ciudad de Murom / Vitaliy Belousov / Sputnik

El Ministerio de Defensa y varias empresas de Rusia están diseñando puentes de carretera irreconocibles para los sistemas de guiado de misiles, las cámaras de los aviones espía y los satélites del eventual enemigo. "Los puentes deben ser invisibles para los dispositivos modernos de detección con el fin de extender su expectativa de vida", señaló a la prensa el viceministro Dmitri Bulgákov, cuyas palabras recoge la agencia Interfax.

"Algunas empresas industriales —aseguró— llevan a cabo labores científicas y proyectistas para mejorar las características tácticas y de utilización de los puentes desmontables de carretera en beneficio del Ministerio de Defensa sin recurrir a los recursos del presupuesto del Estado". En este trabajo participarán también ingenieros de la Academia Militar General Jruliov de Abastecimiento Material y Técnico.

Según especificó el responsable, "los armazones de los puentes nuevos se montan con materiales compuestos y otras innovaciones, lo que permitirá reducir el peso total de los puentes desmontables, aumentar su capacidad de carga y la longitud de sus tramos y disminuir el tiempo necesario para ensamblarlos". Crear esta clase de puentes significa también ahorrar en el mantenimiento de los pasos fluviales y aumentar los plazos de su ciclo de vida útil, incluido el tiempo de su almacenamiento, agregó.

Los puentes desmontables nuevos formarán parte de las capacidades furtivas y antifurtivas que está adoptando la Defensa rusa en medio de las crecientes tensiones internacionales.

El vehículo ruso Burlak puede avanzar sobre nieve, agua y hielo ártico

(RT.com) - El vehículo está diseñado para un viaje al Polo Norte.

autoarctic.ru

El sensacional todoterreno Burlak, fue diseñado para un viaje al Polo Norte. Las prestaciones de este vehículo no dejarán indiferente a nadie.

Un equipo ruso de expertos y amantes de los deportes extremos se prepara para una expedición al mar de Kara desde Ekaterinburgo, la capital de los Urales, para someter a duras pruebas este sensacional vehículo clase 'ártica', diseñado especialmente para la conquista del Polo Norte, según la página web de la expedición. El viaje al polo está previsto para 2018 y mientras tanto el avanzado todoterreno está realizando pruebas preliminares en espesas capas de nieve, agua y hielos flotantes.

El diseño de la cabina 'hermética' y la hélice permiten al vehículo flotar y maniobrar entre el hielo que se rompe. La parte interna de la cabina está forrada con material aislante y fieltro sintético que conserva el calor durante mucho tiempo. 'Burlak' también está equipado con una cocina de gas, lavabo y ducha. El chasis de este vehículo anfibio tiene seis ruedas y reproduce el concepto del vehículo blindado de infantería BTR-60. Sus ruedas tienen un diámetro de casi dos metros.

Ampliarán el relleno sanitario que recibe residuos de 28 distritos

Por Laura Rocha - LA NACION
Para ello, el Gobierno cedió a la Ceamse 161 hectáreas de Campo de Mayo; es el vertedero de América del Sur en el que se entierran más toneladas

La basura se apila en tierras situadas cerca del camino del Buen Ayre, hasta donde llega el olor nauseabundo.Foto:LA NACION/Aníbal Greco

El destino final de la basura es uno de los temas más complejos del área metropolitana. Después de una década de idas y venidas, finalmente ampliarán el complejo ambiental Norte III, que ocupa terrenos de los partidos bonaerenses de Tigre, San Martín y San Miguel. Hace unas semanas, el gobierno nacional autorizó la cesión de 161 hectáreas de Campo de Mayo para habilitar allí un nuevo relleno sanitario y una planta de separación de residuos.

Así lo confirmó a LA NACION Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente porteño, que advirtió que la mayor superficie disponible para enterrar residuos no significará que se deje de reducir el volumen de desechos enviados. Comparten ese criterio las autoridades provinciales consultadas, que indicaron que los municipios deben empezar a trabajar en la separación (ver aparte).

Aunque el nuevo vertedero sólo podría estar habilitado dentro de dos años, le dará alivio al sistema de disposición final de basura del área metropolitana (AMBA) al menos por una década. El complejo tiene hoy 500 hectáreas, de las cuales 300 son de relleno sanitario: es el que más toneladas de residuos recibe por día (14.000) en América del Sur.

"Estamos ante una oportunidad histórica metropolitana. Esto nos da una tranquilidad, pero tenemos que ser más eficientes y contar con mayor tecnología para conseguir que se entierre lo menos posible", indicó Macchiavelli.

Aunque en la intendencia de San Miguel, de signo político opositor al Gobierno, no están felices con la decisión, prefirieron no emitir opinión ante la decisión de no abrir un nuevo relleno en algún distrito diferente. Por lo bajo, acusan al gobierno provincial de la última década por su política de residuos.

La Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) es la empresa estatal -compartida por la Ciudad y la gobernación bonaerense- que gestiona Norte III, el relleno de Ensenada que debería ser cerrado en pocos meses (recibe los residuos de La Plata y el Gran La Plata) y el de González Catán, donde se vierten desechos sólo de La Matanza.

Norte III, como se dijo, recibe 14.000 toneladas provenientes de 27 partidos bonaerenses y de la Capital. Con dos proyectos de generación de biogás, aporta electricidad para el consumo de unos 25.000 hogares; cuenta con una planta de separación que genera compost y tiene una planta de tratamiento de neumáticos. El plan de extensión incluye también ampliar la generación de biogás.

En los últimos cinco años, sólo la ciudad disminuyó la cantidad de residuos por depositar en el relleno. De las 6000 toneladas que enviaba, ahora envía unas 3400. El resto de los distritos sigue depositando la misma cantidad. "Estamos expuestos a una situación que es inmanejable. Cualquier persona se da cuenta de que es inviable. No puede procesarse lo que trasladan 2000 camiones por día. Según el viento, hay días que los olores no se soportan", aseguró María Susana Vidal, una vecina de Don Torcuato que, junto con otros vecinos de la estación Vicealmirante Montes del ferrocarril Belgrano, se ha presentado ante las autoridades.

"Hace muchos años ya que venimos reclamando para que se dé una solución integral. En los municipios también. Todos tenemos que generar menos basura. Pero no puede ser que tantos distritos lleven la basura al mismo lugar. Está colapsado", agregó Vidal.

Discutir el sistema

Un estudio realizado por la Fundación Sustentar hace hincapié en la organización del sistema: "Se evidencia el agotamiento de un sistema que perduró 40 años y que requiere de una profunda revisión. En primer lugar es necesario reconocer la situación, comunicarla a los ciudadanos y promover una discusión técnica y pública seria. Esto permitirá conducir la construcción de un nuevo paradigma en la gestión integral de residuos sólidos urbanos basado en la consideración de los residuos como un recurso, la promoción del desarrollo sostenible, la participación social y la jerarquización de los trabajadores del sector", indicó el informe el año pasado.

Recomienda además que se declare la emergencia en materia de residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires y "la elaboración de un plan de contingencia integral que asegure la mitigación inmediata de la contaminación y mejore la gestión del sistema".

La ampliación de Norte III no es una solución definitiva para los 17 millones de personas que viven en la ciudad y en el conurbano. Según los datos oficiales, entre los municipios que menos basura por habitante enterraron durante 2014 están Magdalena, Ezeiza, General Rodríguez y Escobar.

Y entre los que más basura depositaron en Norte III se inscriben Vicente López, San Martín y la ciudad de Buenos Aires. San Isidro, tal como publicó LA NACION en ediciones anteriores, quedó primero, con casi dos kilos de basura por habitante. Ensenada figuró tercero, con 1,44 kilos por día por habitante, pero entierra en el relleno de ese mismo distrito. Lo sigue San Miguel.

"Todos tenemos que tomar conciencia. Nosotros separamos, pero en sólo 50 cuadras. Es verdad que hay que hacer más, pero también tiene que haber voluntad política para reordenar el sistema", agregó la vecina Vidal.

Macri heredó una deuda de US$ 250 millones con Venezuela

Por Pablo Fernández Blanco-LA NACION
Son saldos impagos por la importación de combustible que refinanció el kirchnerismo; el Estado dejó de comprarle energía al país caribeño

Aunque el presidente Mauricio Macri comenzó a alejarse de su par venezolano, Nicolás Maduro, casi en el mismo momento en que llegó a la Casa Rosada, estará obligado a mantener un vínculo con el país caribeño al menos en lo que resta del año debido a un legado silencioso, millonario y polémico que heredó de su antecesora Cristina Kirchner.

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el país le debe a Venezuela US$ 247.000 millones por las compras de fueloil y, en menor medida, de gasoil, que se hicieron hasta 2013 para quemarlo en las generadoras térmicas locales en lugar del gas natural, un insumo de mejor rendimiento técnico y más amistoso con el medio ambiente cuya producción comenzó a caer a partir de 2004.

Aunque la importación de combustibles para las centrales eléctricas despertó una de las mayores polémicas del kirchnerismo, la administración actual será la encargada de saldar las cuentas debido a un plan de pagos que se acordó durante la gestión de Cristina Kirchner.

A mediados de la década pasada, la proliferación de la crisis energética llevó al presidente Néstor Kirchner y a su ministro de Planificación, Julio De Vido, a cerrar un acuerdo comercial con Hugo Chávez. Aprovecharon de esa manera dos características sobresalientes: el país caribeño contaba por aquellos días con una oferta energética prolífica y el líder bolivariano había trabado una amistad personal con Kirchner. El convenio contemplaba la creación de un fideicomiso en el Banco Nación en el que la Argentina depositaría los fondos para que esa entidad financiera les pagara a exportadores de productos que compraría Venezuela.

En la práctica, el combustible que llegó a la Argentina no provenía de la nación bolivariana porque su calidad era inferior a las exigencias locales. Por eso, Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, se encargaba de enviar productos de otras refinerías.

La administración anterior instrumentó el convenio a través de Pdvsa y Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. Pero la compañía local, la mayor beneficiada con los subsidios, comenzó a incumplir con los pagos porque no le alcanzaban las transferencias del Estado.
Mientras vivió Chávez, ambos países contuvieron ese desfase, pero Maduro tuvo menos paciencia. A fines de 2013, Axel Kicillof asumió como ministro de Economía y se llevó consigo la gestión de la energía, que antes estaba a cargo de De Vido.

Una de esas derivaciones fue la finalización de las compras de fueloil a Pdvsa por parte de Cammesa, que acordó un plan de pagos para saldar la deuda. En ese momento le debía a la petrolera US$ 1088 millones (las deudas más viejas datan de 2007), que se refinanció en 22 cuotas mensuales. Desde ese momento la administradora del mercado eléctrico cumplió con los pagos, pero le restan cinco cuotas de US$ 49,5 millones cada una. Es decir, US$ 247,5 millones, que pesarán sobre el primer ejercicio de Macri.

La refinanciación de deudas con Venezuela, sobre la que pesaban intereses millonarios, fue una práctica frecuente del gobierno de Cristina Kirchner. Por caso, un documento oficial que vio LA NACIONindica que al 31 de enero de 2014 se habían pagado 987 millones de dólares en seis cuotas de US$ 140,7 millones desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013 por embarques que se habían recibido entre 2010 y 2011. En ese momento aún faltaban otras cuatro cuotas por US$ 562,7 millones. Y hasta el primer trimestre de 2014 faltaba abonar un pagaré por US$ 56,3 millones que había vencido el 15 de noviembre de 2011, más sus intereses, para cancelar toda la deuda de los años 2007 y 2008.

En 2010, los ocho ex secretarios de Energía que mantuvieron una postura crítica con el kirchnerismo emitieron un documento en el que cuestionaban la importación. "La información disponible indica que a partir de 2004 la Argentina incrementa fuertemente sus exportaciones de fueloil, generando un superávit significativo con respecto a importaciones que también se incrementan, por el desvío hacia las exportaciones de parte de la producción local. Es así como en el cuatrienio 2004-2008 se importan casi 3,9 millones de toneladas, pero al mismo tiempo las exportaciones trepan a alrededor de 6,4 millones de toneladas", indicó el documento.

Mauricio Macri - Presidente de la Argentina: Desde su llegada comenzó a tejer relaciones comerciales con nuevos socios en temas de energía, como Chile, y mantuvo el vínculo con Bolivia por la importación de gas. La relación con Venezuela pasa un mal momento y no se le comprará energía.

Nicolás Maduro - Presidente de Venezuela: Desde su llegada al poder se endureció el reclamo hacia la Argentina por el pago de exportaciones de combustibles. La insistencia se debía, entre otras cosas, a que Venezuela tiene dificultades de acceso al dólar, como le ocurría a la Argentina.

Cristóbal López también retuvo millones del peaje

Por Hugo Alconada Mon,Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Debe $ 250 millones, que estaban destinados a obras; acumula el doble en multas


El empresario kirchnerista Cristóbal López no sólo retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a través de su petrolera Oil Combustibles. También se quedó con 250 millones de pesos que debía girar a las arcas del Estado nacional por el cobro de los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

El "zar del juego" ahora se resiste a devolver esos fondos, que estaban destinados a financiar obras, y exige a las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que cumplan un acuerdo firmado con la gestión saliente que da por superada la disputa por esos montos.

La puja entre Vialidad y López, sin embargo, llega a números mucho más elevados. Según una auditoría ordenada por el nuevo gobierno, el empresario patagónico también arrastra multas -ejecutables o en vías de ejecución- por 520 millones de pesos por incumplimientos en esas concesiones. Fuentes cercanas a López sostienen que la cuenta oficial es errónea y que el Estado incluso le debe dinero. La pelea tiene múltiples aristas.

La primera de ellas se concentra en los millones de pesos que la empresa de López a cargo de esas autopistas -Aecsa, cuyo nombre de fantasía es Autopistas al Sur- cobró durante los últimos años cada vez que un automovilista pasó por las cabinas de pago. ¿Por qué? Porque un porcentaje de cada peaje pagado, en torno al 20% de ese valor, se gira a un fideicomiso, llamado Ucofin, con el que se financia la construcción de nuevas obras viales. Se trata de un mecanismo que inauguró el kirchnerismo y que resulta muy cuestionado por las nuevas autoridades, que lo consideran poco transparente debido a que las propias compañías tienen una alta participación en la definición de las obras a realizar.

Identificados bajo la sigla RAE (recurso de afectación específica), esos fondos que pagan los automovilistas implican millones de pesos que las concesionarias deben girar cada mes. Y así lo hacen los competidores de López, pero no así el empresario patagónico, que maneja por completo esas concesiones desde fines de 2013.

"La empresa de López pagó 56 millones de pesos para quedare con Aecsa, pero luego dejó de pagar los RAE y adeuda no menos de $ 250 millones", indicó un alto funcionario del Gobierno a la Nacion.

De ese modo, López repitió en las autopistas lo mismo que en el rubro del petróleo. Se quedó con cientos de millones de pesos que cobró como "agente de retención" y que debió girar de manera automática.

Junto a López confirmaron que el empresario adeuda esos fondos, pero lo enmarcaron dentro de una controversia más amplia con el Occovi, el organismo que controla las concesiones viales alrededor de la ciudad de Buenos Aires.

"El 30 de octubre pasado, Aecsa firmó un acuerdo con el Occovi por el que se dispuso compensar las deudas mutuas y el Occovi quedaba con un saldo deudor de unos 50 millones de pesos", indicó anoche a LA NACION un colaborador del empresario, que también planteó que el Occovi incumplió con otra parte del acuerdo. "Se fijaron aumentos de tarifas desde fin de año [por 2015] y no se cumplió, por lo que estamos esperando que se concrete", refutó.

La réplica oficial, sin embargo, es que ese "acuerdo" no es tal, ya que el documento requiere la firma final del titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien no convalidará las negociaciones que desarrolló el ex titular del Occovi, Gustavo Gentili, sobre el epílogo de su gestión. 

La sospecha de las nuevas autoridades es que el convenio apuntaba a "enjuagar" los problemas que arrastraban las empresas de López.

Entre otros puntos, el preacuerdo convalidaba la extensión de la concesión, que ahora vence en 2019, hasta 2029. Y contemplaba un incremento de la tasa interna de retorno (TIR) de 3 a 7 por ciento, que debía financiarse con los peajes.

Suma de millones

A la hora de sacar cuentas, además, las nuevas autoridades sostienen que López no sólo debe entregar los $ 250 millones que retuvo del RAE, sino que además acumula multas ejecutables por otros $ 120 millones por incumplimientos como concesionario que ya debería haber abonado. Y no sólo eso, ya que durante los últimos años se acumularon otras penalizaciones, aún en trámite, por $ 400 millones más. Es decir, $ 520 millones que se suman a los $ 250 millones que debió enviar al Ucofin. Total: $ 770 millones.

El informe interno que maneja el Gobierno destaca otro contrapunto, a su entender más escandaloso, que tiene que ver con las obras públicas que se llevan a cabo en las autopistas. Se pagan con los fondos que el Ucofin acumula gracias al pago del RAE por parte de los automovilistas y el Occovi define qué obras se hacen, aunque a sugerencia de la concesionaria, que a su vez se encarga luego de licitarlas.

La anterior gestión del Occovi buscó perdonarle a López su deuda a cambio de una obra de circunvalación en un empalme de la ruta 3, cerca de Cañuelas. ¿Presupuesto original? Unos $ 730 millones. Pero cuando López, como concesionario, licitó la obra, el presupuesto trepó a $ 1300 millones. ¿Ganador? CPC, la constructora del propio López, que pasaría así de deudor a acreedor.

LA NACION reveló el domingo pasado que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cuyo principal accionista es López, le debe a la AFIP $ 8000 millones en concepto de impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que paga todo automovilista cada vez que carga naftas o gasoil. En forma paralela, el grupo del empresario creció exponencialmente mediante la compra de múltiples activos en diversos sectores de la economía.

Otro de los tres mosqueteros (CK+CL+LB+F) que eran cuatro ...Para inteligentes que puedan descifrar las siglas. Pobre patría mía.

En 2015, el aparato de propaganda kirchnerista costó al menos $ 12.395 millones

Por José Crettaz - LA NACION
La cifra surge del análisis del informe anual de la Fundación LED sobre libertad de expresión, que contabilizó el año pasado 309 agresiones a periodistas y medios, un gasto en publicidad oficial de al menos $ 3267 millones y 44 cadenas nacionales que sumaron 33,41 horas


La ex presidenta Cristina Kirchner durante la cadena nacional número 42.Foto:Archivo

Sólo en 2015, la maquinaria comunicacional kirchnerista insumió 12.395 millones de pesos, según el informe de libertad de expresión de la Fundación LED, presentado ayer. A ese monto se llega al sumar todo lo gastado en publicidad oficial, la televisación del fútbol, la TV digital, los medios gubernamentales y organismos de aplicación de las leyes de medios y telecomunicaciones que fueron utilizados con una lógica partidaria. La cifra no es definitiva porque se construyó sobre la base de un trabajoso relevamiento a partir de pedidos de acceso a la información respondidos sólo parcialmente por distintos entes gubernamentales y empresas públicas. El gasto total es casi el doble de lo previsto en la ley de presupuesto para 2015.

La Fundación LED totaliza $25.708 millones el gasto total en comunicaciones al incluir en la lista el presupuesto de la empresa Arsat, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el Correo Oficial, que en conjunto alcanzaron el año pasado $ 13.313 millones. Sin embargo, estos entes no desempeñaron un rol relevante en la difusión de mensajes o contenidos partidarios y centraron su actividad en el desarrollo de satélites, la construcción de una red de fibra óptica y la prestación del servicio postal.

Todos estos datos están contenidos en el informe "Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina 2015", elaborado por la Fundación LED y disponible en su página web, presidida hasta ahora por la ex diputada Silvana Giudici. La dirigente dejará la fundación al haber sido designada por el presidente Mauricio Macro como integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Con información remitida por tres voluntarios en las regiones Cuyo, Centro y Litoral, por el equipo de la entidad en su sede central y el seguimiento de los casos informados por el propio periodismo LED realiza este informe desde 2011 para detectar ocho tipos distintos de agresiones o intimidaciones a periodistas y medios.

Agresiones a la prensa

Según el relevamiento de LED, en 2015 hubo 309 ataques a la libertad de expresión en el país, un número sustancialmente menor que el registrado en 2014, cuando la misma entidad informó 451 agresiones. El informe de 2015, de 204 páginas, incluye una descripción de cada uno de los casos.

En la categorización que hizo LED (ocho tipo de agresiones), 61 casos correspondieron a "ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones institucionales a periodistas o medios"; 22 a "periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente"; 60 "ataques y/o agresiones físicas a periodistas"; 78 "amenazas o intimidaciones a periodistas"; 37 "restricciones al acceso a la información pública o hechos de censura"; 27 "ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación"; 17 "denuncias, manifestaciones, declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina"; y 7 "incumplimientos y/o aplicación selectiva de la ley de medios".

Al presentar las conclusiones del informe, Giudici destacó el aumento de las agresiones atribuibles al narcotráfico, que pasaron de tres casos en 2012, a cuatro en 2013, a seis en 2014 y llegó hasta 10 el año pasado. "Por este tema, la Fundación LED presentó varios pedidos de audiencia al relator de la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", afirmó la presidenta de LED e integrante del Enacom y destacó que otros países de la región experimentan situaciones extremas por los ataques del narcotráfico al periodismo y los medios, que ya provocaron más de 105 muertos en México, 51 en Honduras, 9 en Guatemala y 6 en Paraguay.

Otro tipo de ataque que también creció fuerte fue el de los atentados contra los estudios, plantas transmisoras o impresoras de los medios; también se registraron más casos de agresiones físicas entre los propios periodistas. Ante la consulta de LA NACIÓN, Giudici reconoció que existe un subregistro de los casos de agresiones especialmente en el interior del país, "porque los periodistas muchas veces nos piden que no lo incluyamos en el informe porque deben seguir conviviendo con los agresores. También hay casos que se repiten y que debemos volver a registrar en Formosa, Jujuy y Entre Ríos, por ejemplo".

El boom de la pauta oficial

Los fondos asignados al Programa 19 Prensa y Difusión de los actos de Gobierno (tal como figura en la ley de presupuesto y cuyo reparto está en manos de la Jefatura de Gabinete) acumularon durante el año pasado $ 2598,5 millones. El presupuesto inicial había sido de $1203,2 millones que fueron reforzados mediante cinco decisiones administrativas que sumaron $1395,2 millones. En 2003, la misma cuenta del presupuesto nacional había repartido $ 46,2 millones. Desde aquel año hasta 2015 el presupuesto de publicidad oficial se multiplicó 56,16 veces y acumuló -a valores nominales, es decir sin considerar inflación- $ 10.155 millones.

Mediante pedidos de acceso a la información pública, la Fundación LED obtuvo datos parciales sobre el gasto en publicidad oficial de otros organismos y empresas públicas durante 2015: la Anses gastó 517,5 millones (cuyo reparto no fue decidido por el organismo, según reveló su anterior titular y actual diputado opositor Diego Bossio); Banco Nación, $ 79,5 millones; YPF, $69 millones; el Renatea (registro de empleo rural), $ 2 millones; y Aerolíneas Argentinas $478.000 (sólo los gastos atribuibles detectados). Con excepción de la Anses, en todos los demás casos se trata de información parcial.

LED también dio cuenta del gasto acumulado por la Anses en publicidad oficial entre 2013 y 2015: $ 1770,4 millones. La fundación pidió información sobre el reparto de su publicidad oficial a la AFIP, pero ese ente -presidido hasta diciembre pasado por el ahora presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray- se negó a responder.

Si se suman todos los entes y programas de los que se tiene información, la publicidad oficial del Estado nacional en 2015 acumuló $ 3267 millones.

El precio del fútbol para todos

LED también incluyó en su informe anual -presentado ayer en el Hotel Savoy- un balance de los fondos invertidos en el Fútbol para Todos: desde 2010, ese programa gastó en total $ 8235,7 millones. En 2010, el programa de estatización de los derechos y la producción de la televisación del fútbol le había costado a los contribuyentes $ 648 millones. En 2011, ese monto trepó a $ 828 millones; en 2012, a $ 1182 millones; en 2013, a $ 1512 millones; y en 2014, a $ 2167,2 millones. Este último año, la cifra fue récord porque incluyó $ 500 millones para la televisación de la Copa del Mundo de Brasil. En total, entre 2010 y 2015, a valores nominales, el fútbol estatal costó $ 8235,7 millones.

Más de un día en cadena nacional

Este año, la Fundación LED también incluyó un relevamiento de las cadenas nacionales de radio y televisión utilizada por la ex presidenta Cristina Kirchner en un año de elecciones presidenciales. Fueron en total 44 cadenas nacionales, de entre 22 y 221 minutos de duración cada una. En total, 33,41 horas de aire usados por la ex mandataria para sus mensajes, muchas veces partidarios.

Giudici -que como diputada nacional fue una férrea opositora de la ley de medios- cuestionó la decisión de la relatoría de la libertad de expresión de la OEA de convocar a Estado argentino a una audiencia para tratar en Washington la derogación parcial de la ley audiovisual por decreto de necesidad y urgencia. "Nuestra fundación hizo siete pedidos de audiencia entre 2010 y 2015 para plantear distintos tipos de situaciones, como los abusos con la pauta oficial, el hostigamiento de medios y periodistas por parte de funcionarios y la utilización partidaria de los medios públicos. Sólo se aceptó el pedido que hicieron Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú, que pudieron hacer estos planteos en 2013. Tras aquella audiencia, Magdalena recibió una inspección integral de la AFIP, que fue otra forma de intimidación. El año pasado volvimos a pedir una audiencia por el avance de la violencia del narcotráfico contra los periodistas y de gobiernos autoritarios, pero nuestro pedido no fue considerado", afirmó Giudici, que como directora del Enacom podría integrar la delegación del gobierno de Macri que participará de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 8 de abril.

"Es llamativo que a esta audiencia no se haya convocado a las organizaciones argentinas de medios y periodistas y sólo se convocó a un sector. De todas formas, será una gran oportunidad para ir a mostrar internacionalmente todo lo que se está haciendo en el país en materia en materia de conferencias de prensa, acceso a la información, publicidad oficial y la puesta en marcha de la comisión que redactará el anteproyecto de nueva ley de comunicaciones", afirmó Giudici, que coordina dicha comisión, que también es integrada por Henoch Aguiar, Héctor Huici, Alejandro Pereyra, Santiago Kovadloff y Andrés Gil Domínguez.

Hallaron en manos de banda narco armamento de Fray Luis Beltrán

(Ambito.com) - Policías de la división de Prevención de Adicciones hallaron parte de las municiones faltantes de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario, en manos de una banda narco.


El operativo se realizó esta mañana, cerca de Rosario. Hasta el momento hay dos detenidos; uno tenía pedido de captura por un homicidio ocurrido en el sur de esa provincia.

Policías de esa división realizaron una serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez con la intención de desbaratar una banda narco: así encontraron un importante armamento con cajas de la fábrica de Fray Luis Beltrán.

Entre los elementos secuestrados se encontraron dos granadas lacrimógenas, cartuchos de escopeta, balas de Fal y balas de 9 milímetros de telón y un total de 12 cajas de balas con la inscripción "FM Fray Luis Beltrán". Además se encontró un chaleco antibala de la policía de la provincia de Santa Fe.

Griesa hizo ayer su aporte: el plan de pagos es "de interés público"

Por Carlos Burgueño - Ambito.com
- DIJO QUE SE SANCIONARÁN LOS INTENTOS DE TRABAR LA OPERACIÓN.
- AVALÓ ADEMÁS EL LISTADO DE BANCOS QUE INTERVENDRÁN.

Thomas Griesa dio ayer más que un aval a la operación de pago de la Argentina a los holdouts y fondos buitre. Legalizó el mecanismo de pago, definió a los bancos que intervendrán pero además declaró de “interés público” el plan de pagos y amenazó con sancionar a quienes traben las liquidaciones.

Thomas Griesa también votó e hizo ayer su propio aporte, a su modo, a favor de acelerar el fin del "juicio del siglo". El juez de Nueva York, ya convertido en uno de los principales aliados de la estrategia argentina, firmó una orden judicial donde califica la operación de pago a los fondos buitre y los holdouts como "de crítica importancia para la salud de la economía del país", define la necesidad de avalar ese esquema de liquidaciones a partir de las "circunstancias extraordinarias" en las que se está definiendo la causa y, lo más importante, declara que cualquier restricción que se intente instalar de parte de cualquiera de las partes (en un mensaje directo a los acreedores díscolos), será calificada por el mismo como "contraria al interés público" de los Estados Unidos. Tamaña calidad de definiciones de parte de Griesa no se recuerda, a favor de alguno de los dos bandos en pugna, desde el comienzo mismo del juicio; y demuestra que a esta altura del caso su voluntad está abiertamente manifiesta a favor de la posición argentina.

Según interpretó el Gobierno, Griesa da con esta decisión una protección máxima para evitar embargos o intervenciones por parte de los acreedores que no aceptaron la propuesta. Además implicaría un incentivo más para que los bonistas que aún no ingresaron (el 25% del total) avancen en un acuerdo en los días que restan hasta el 14 de abril. 

Thomas Griesa avaló además, en un escrito de sólo tres páginas, el mecanismo de liquidación de la deuda con los acreedores que aceptaron el plan de pagos presentado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Alfonso Prat Gay la primera semana de febrero; incluyendo la advertencia explícita de aplicar sanciones a cualquiera que intente "trabar, restringir y cualquier otro intento de trabar" la operación de liquidación de los algo más de u$s 12.000 millones que se les pagará a los acreedores.

Nuevamente Griesa advierte que este tipo de avance será considerado contrario al "interés público" y severamente sancionado. El mensaje está destinado a los acreedores que no aceptaron la oferta de la Argentina y que bombardearon con presentaciones judiciales el proceso de negociaciones primero y de aprobación de parte del juez después, del acuerdo entre los principales fondos buitre y los enviados del Gobierno de Mauricio Macri, el secretario de Finanzas Luis Caputo y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Eugenio Bruno.

La mira de Griesa está puesta en las actividades que desplegó el denominado "Grupo Varela" integrado por unos 13 argentinos con tenencias por algo menos de 100 millones de dólares, y que no sólo no aceptaron la oferta presentada ante el "special master" Daniel Pollack, sino que comandaron las acciones de apelación ante la Cámara de Nueva York, algo que molestó al juez, según la versión que le trasladó uno de los "clerks" (colaboradores) a enviados del estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M).

Según las fuentes, las acciones ante la segunda instancia judicial, que incluso llevaron a la Cámara a la necesidad de emitir un fallo para ratificar los poderes de Griesa para aplicar el "stay" a favor del país para que se concrete la operación de pago, perturbaron al magistrado de la misma manera que las presentaciones de la Argentina en los días de Cristina de Kirchner. La insistencia de los acreedores disgustados con la oferta argentina en trabar el mecanismo de pago y no esperar a llevar la apelación a la segunda instancia una vez definido el caso hicieron que Griesa acelerara la contundente definición de ayer. El juez además viene demostrando un apoyo directo a las acciones requeridas por el Ministerio de Hacienda de Prat Gay, entendiendo que, ahora sí, hay una voluntad de pago concreta de parte del país y la intención de respetar su fallo de liquidar el 100% del capital adeudado y de negociar sólo los intereses. 

Griesa, en su decisión de ayer, también avaló los nombres de las entidades financieras que intervendrán en la operación como agentes financieros de la operación que debería concretarse antes del 14 de abril. Estos son el "renacido" e indultado Bank of New York Mellon (BoNY), Wells Fargo, State Street, Goldman, JPMorgan, TD Bank, Bank of Nova Scotia, HSBC y el Citi. Se aclaró además que podrían sumarse más entidades que operen en Wall Street, pero sólo como agentes colocadores de los títulos públicos que emitirá el Gobierno para pagarle a los acreedores. Entre estos se sumarían el BBVA, el Santander y el Deutsche Bank.

La Prefectura Naval hundió a tiros a pesquero ilegal chino

(Prefectura Naval Argentina) - La Prefectura Naval hundió a tiros a pesquero ilegal chino que intentó huir y embestir a guardacostas. El operativo disuasorio fue realizado por el buque guardacostas GC- 28 Prefecto Derbes.

En el día de ayer el guardacostas clase Halcón II GC-28 "Prefecto Derbes" hundió a tiros al pesquero de bandera China "Lu Yan Yuan Yu 010" que fue sorprendido pescando ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva a la altura de la Provincia del Chubut. La maniobra fue protagonizada por el buque guardacostas GC- 28 Prefecto Derbes y se inició ayer, cuando Prefectura registró en sus radares a la embarcación asiática en plena actividad. Una vez detectada, la fuerza naval inició el protocolo de disuasión para que cesara su marcha y pudiera ser abordada.

En una primera instancia, el guardacostas emitió varias llamadas por radiofrecuencia (en español y en inglés) y se realizaron señales sonoras y visuales para hacer contacto con el mismo. Sin embargo, el Lu Yan Yuan Yu 010 apagó sus luces de pesca e inició el escape hacia aguas internacionales, sin responder a las reiteradas comunicaciones. De inmediato, se puso en funcionamiento el protocolo para la defensa de los recursos ictiológicos y ante la negativa del buque para ser abordado, se efectuaron disparos intimidatorios que tampoco lograron detenerlo, informó la fuerza naval en la circular de prensa.

A pesar de las llamadas por radio en español e ingles para que detuviera su marcha el pesquero infractor intentó huir hacia aguas internacionales, ante esta acción de resistencia desde el guardacostas se empezaron a efectuar disparos de advertencia con fuego de ametralladora Browning M2HB de 12.7 mm a lo que el buque infractor respondió intentando embestir al "Prefecto Derbes".
Ante esta acción se ordenó fuego directo sobre el pesquero el cual recibido reiterados impactos que comenzaron a provocarle distintas vías de agua.

Ante el inevitable hundimiento el buque infractor paro maquinas y todos sus tripulantes se arrojaron al agua, 4 de ellos (incluido su capitán) fueron rescatados y detenidos por el guardacostas "Prefecto Derbes", mientras que el resto fue recatado por otros pesqueros.

Es la segunda embarcación detectada en los últimos días de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina. Los tripulantes fueron rescatados con vida y hay cuatro detenidos. En la causa interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson, a cargo del Dr. Hugo Ricardo Sastre, Secretaría en turno del Dr. Mariano Miquelarena. También fue puesto en conocimiento personal de Cancillería Argentina y el Consulado chino.

"Se lo detectó en plena tarea de pesca y fue advertido para que detuviera su marcha. Ante la negativa del buque infractor, se inició una persecución que terminó con el hundimiento del pesquero. Sus tripulantes fueron rescatados con vida", informó la Prefectura en un comunicado.

En distintas oportunidades, el buque infractor realizó maniobras tendientes a colisionar al guardacostas de la Prefectura poniendo en riesgo no solo la vida de su propia tripulación sino también la del personal de la institución, por lo que se ordenó disparar a distintos sectores del buque logrando ocasionarle averías. Finalmente, cuando el capitán detuvo la navegación mientras el buque se hundía, la tripulación lo abandonó mientras el guardacostas de Prefectura se acercaba para asistirlos.

Fuente: http://www.prefecturanaval.gov.ar/…/ht…/noti_gacetillas.php…

El Ministro de Defensa recibió al embajador argentino en Brasil

(Ministerio de Defensa) - El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió hoy al embajador argentino en Brasil, Carlos Alfredo Magariños, quien puso a disposición la sede diplomática argentina en Brasilia para llevar adelante el programa de integración con Brasil.


Durante el encuentro, el embajador resaltó la importancia que tiene para ambos países un área tan delicada y sensible como lo es la de Defensa."Brasil y Argentina tienen una larga tradición de trabajo conjunto y pensamos profundizarla integrando a otros actores de la sociedad, a las academias y al sector privado para potenciar ese dinamismo en resultados concretos", expresó el diplomático.

De la reunión participaron además los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Angel Tello; de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Héctor Lostri, y de Logística para la Defensa, Coordinación en Emergencias y Gestión Cultural, Walter Ceballos.

Fuente y foto: Ministerio de Defensa

El Ejército ruso recibe misiles portátiles que discriminan señuelos y seleccionan sus blancos

(RT.com) - La Infantería rusa se ha armado con proyectiles antiaéreos Verba, capaces de discriminar entre blancos falsos y elegir objetivos entre distintas aeronaves.

Las Tropas de Tierra y Aerotransportadas del Ejército de Rusia ya han recibido los primeros sistemas de misiles antiaéreos portátiles Verba, que son capaces de actuar de manera selectiva, ya que pueden discriminar entre blancos falsos —como bengalas y señuelos— y seleccionar un objetivo entre distintas aeronaves, informa el portal militar ruso NVO.

La sensibilidad de guiado de estos proyectiles, desarrollados por ingenieros de una oficina de diseños ubicada en la ciudad de Kolomna, es ocho veces mayor que sus predecesores. Pese a que tienen un aspecto semejante a los misiles más habituales —los rusos Igla-1 e Igla-S, el estadounidense Stinger Block I y el chino QW-2— Verba no solo es capaz de derribar aviones de ataque y helicópteros, sino también objetivos tan poco detectables como misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados.

El diseñador jefe del sistema, Valeri Kashin, estima que el misil 9K333 Verba es el más potente, debido a que está provisto de un buscador óptico que opera en tres canales: ultravioleta, infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Esta característica aumenta la precisión del arma y acelera su adquisición de blancos.

El sistema de focalización del 9K333 está especialmente diseñado para engañar a los sistemas antimisiles. De este modo, los tres sensores infrarrojos de la ojiva realizan comprobaciones cruzadas de manera constante, lo cual dificulta que un avión enemigo les despiste con sus señuelos.

Avanza la nueva salida ferroviaria al Puerto de Buenos Aires

(Rieles.com) - Continúan las obras para recuperar la salida al puerto de Buenos Aires del Belgrano Cargas Línea San Martín. La misma se ubica a la altura de lo que fuera el Empalme Tagle del Ferrocarril Mitre con el Ferrocarril San Martín, el cual se encuentra desafectado y seguirá en ese estado.


En el día de la fecha estuvimos presente en la obra, y observamos que personal de la empresa constructora Martínez y de la Fuente SA continúan con las tareas del armado de la nueva infraestructura de vía única que está siendo armada en forma paralela a la actual vía descendente de la Línea San Martín, entre la Avda. Casares y la entrada al puente que cruza las líneas Mitre y Belgrano Norte, con casi una extensión de 900 metros.

Dentro del plan de obra, se tiene previsto la construcción de un empalme con la línea Mitre a la altura de la Avda. Casares, el cual aún no ha comenzado a realizarse, al igual que el empalme del nuevo desvío con la vía general de la Línea San Martín. El fin de ello es volver a conectar exclusivamente los trenes de carga de la línea San Martín con el puerto de Buenos Aires. También permitirá que los trenes de carga de la empresa NCA puedan ingresar al puerto, sin necesidad de pasar por Retiro hacia Empalme Norte.

Dentro de las tareas ya realizadas está la construcción y consolidación del nuevo tramo de terraplén para soportar la nueva vía, y en estos días se está terminando el armado de un nuevo marco de señales a la altura de la actual señal 34 de la vía descendente.
Agencia Rieles

Se reactivan obras ferroviarias

(Rieles.com) - Las obras se reanudarán en un total de 94 km, generando 2280 puestos directos de trabajo. Se trata de un proyecto impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF S.E), y enmarcado en un ambicioso plan de modernización ferroviaria que busca recuperar el tren como alternativa competitiva para los productores y mejorar la calidad de viaje para los pasajeros.

“Estamos cumpliendo nuestro objetivo de hacer obras con los mejores estándares de calidad, promoviendo, junto con los trabajadores y el sector privado, un transporte moderno y seguro.” Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Hoy solo hay una vía operativa que permite un único servicio diario hacia Rosario y otro hacia Buenos Aires. Una vez terminada la obra, estipulada para fines de 2016, aumentará la frecuencia con la que sale el tren. Esto permitirá reducir el tiempo de viaje, tanto para el transporte de cargas como para el de pasajeros. Se prevé además la modernización del sistema de señalamiento para una operación más segura.

Las obras se reactivarán en dos tramos del corredor: entre Zárate y Atucha, y entre Alsina y Río Tala. “Logramos acordar con dos de los contratistas para que se continúen los trabajos. Gracias a la confianza y al compromiso de ambas partes podemos seguir avanzando con este corredor tan fundamental para la conectividad interregional.” Guillermo Fiad – Presidente de Infraestructuras Ferroviarias.

El corredor Buenos Aires – Rosario beneficiará a todas las ciudades por las que pasa: General Pacheco, Benavidez, Ing. Maschwitz, Escobar, Otamendi, Campana, Zárate, Las Palmas, Lima, Atucha, Alsina, Baradero, Río Tala, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Theobald, Villa Constitución, Pavón, Fighiera, Arroyo Seco, General Lagos y Rosario.
ADN CIudad

El Gobierno y Electroingeniería negocian reducir las represas de Santa Cruz

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Tras las quejas ecologistas, modificar el proyecto para reducir su tamaño.

La construcción  de las represas podría afectar al Glaciar Perito Moreno. /Fernando de la Orden

Continuas e intensas, así son las negociaciones entre el Gobierno y Electroingeniería para reactivar la obra de las represas sobre el río Santa Cruz parada desde diciembre. Con una importante readecuación, se analiza la oferta oficial que reducirá la energía que generará el complejo hidroeléctrico. En Santa Cruz aseguran que no se les informó de ninguna modificación.

“No es un tema sencillo de resolver”, reiteran en la Casa Rosada, donde continúan analizando y revisando la millonaria obra. Es un trabajo conjunto entre el ministerio del Interior, el de Energía y el de Medio Ambiente y desde la administración de Mauricio Macri aseguraron a Clarín que “todo está bajo revisión”.

En diciembre, Macri recibió a Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista Douglas Tompkins, quien le advirtió sobre los daños ecológicos que podrían causar las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, que podrían afectar incluso al Glaciar Perito Moreno. Como contó Clarín, Macri le prometió intentar parar su construcción. Pero finalmente el Gobierno encontró un camino intermedio: ajustar la obra para su realización. 

Esto implica, en principio, que la potencia proyectada para que generen las represas se reduzca. De los 1.760 MW, generaría 1.350 MW, según informó La Nación. Para que esto ocurra la represa Kirchner tendrá una turbina menos que en el proyecto original, y la Cepernic, dos menos, quedando en el nuevo plan, con tres turbinas.

En esta readecuación del proyecto original,  se analiza construir una línea de alta para permitir la generación constante de energía. La información está siendo evaluada por el consorcio adjudicatario. 

De realizar este cambio, deberá mantenerse el monto total de la obra, que supera los $ 43.000 millones. “Reducís un ítem de las obras, las turbinas, y hacés crecer otro, porque la obra contempla un tendido eléctrico, pero no se puede aumentar el valor de la obra”, explicaron fuentes oficiales. 

En Santa Cruz, sin embargo, fuentes del gobierno señalaron que no se les acercó ninguna propuesta de modificación de la obra. “Es muy complejo, primero porque tenés un fideicomiso constituido con fines específicos del dinero, segundo que cualquier cambio tiene que ser aprobado por China (que aporta los fondos)”, indicaron en el entorno de Alicia Kirchner.

En la provincia consideran que de reducir la energía que cada represa puede generar “se desaprovecha el recurso hídrico, incluso de tener un complejo que podés llevar a su pico máximo de potencia cuando hay más consumo durante el día, cambiás su filosofía y la convertís en una obra que trabaja en un régimen igual todo el día”.

Las negociaciones siguen con el consorcio y Santa Cruz espera ser convocada. “Somos dueños del recurso natural”, resaltó un alto funcionario provincial. A la fecha, la obra que está pautada para los próximos tres años en $ 43.413 millones, según el presupuesto oficial que dejó el kirchnerismo, solo avanzó en la apertura de caminos, la creación de los obradores principales y la construcción de las instalaciones para los trabajadores.

Estas obras iniciales entraron en un compás de espera en diciembre. "De la obra principal no se pudo iniciar nada aún", reconocieron desde la UOCRA a Clarín. La UTE debía contratar en esta etapa 1.800 trabajadores, pero solo mantienen los 949 operarios que se encuentran trabajando en las villas. La gran obra energética del kirchnerismo, continúa rodeada de incertidumbre.

Millones de dólares arrojados al mar

Por Fernando Morales - Infobae
La reciente persecución del buque pesquero de bandera china Hua Li 8 por parte del guardacostas Prefecto García durante cuatro días, si bien terminó con la huida de la nave pirata, a partir de la espectacularidad de las imágenes concitó la atención de los medios de comunicación nacionales y, por ende, de la opinión pública en general.

La ocasión resulta propicia para alertar a usted, amigo lector, y a la población en general, sobre la importancia que para la economía nacional tiene nuestro vasto litoral marítimo y fluvial y sus actividades conexas.


Con reconocimiento internacional, la superficie acuática, que llega hasta las 12 millas marinas (22,2 km) contadas a partir de la línea costera de más bajas mareas, se considera mar territorial. En esa porción de océano nuestro país ejerce soberanía plena, como en cualquier calle, ruta o montaña del territorio terrestre. Las 12 millas siguientes se denominan zona contigua, y si bien la soberanía ya no es total, todas las facultades de registro, control policial y judicial siguen en jurisdicción nacional. Finalmente, la zona económica exclusiva (ZEE) se prolonga hasta 200 millas mar adentro; en esa zona la navegación es totalmente libre para el tráfico marítimo mundial, pero el país se reserva en forma exclusiva la explotación de los recursos animales y minerales existentes en su superficie, el lecho y el subsuelo marino.

Hablamos de una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, que alberga, entre otras riquezas, una de las reservas pesqueras más importantes del mundo; casi todas las especies ictícolas más codiciadas y costosas del mercado mundial están presente en esta porción de patria.

El hecho netamente policial en el que un buque de la Prefectura Naval Argentina intenta capturar a un pesquero invasor que depreda nuestro mar en forma ilegal no es ni nuevo ni asilado. Tanto la Armada Argentina como la Prefectura Naval acumulan experiencia en la materia desde hace mucho tiempo. La pesca ilegal transita una delgada línea entre la infracción y el delito, dependiendo las circunstancias. Las imágenes de una nave policial disparando la metralla llaman la atención, pero no son otra cosa que la puesta en práctica de procedimientos preestablecidos para intentar imponer la autoridad por sobre el desparpajo con el que estos “visitantes indeseables” roban nuestra riqueza.

La actividad pesquera legal es la que realizan empresas nacionales o extranjeras que, mediante el pago de un canon, obtienen un permiso legal que determina qué especie, qué cantidad, en qué zona y en qué época del año se puede pescar. Cualquier otra actividad extractiva dentro de la ZEE es ilegal y por tanto punible. De ser apresada una nave infractora, además de las actuaciones judiciales, se produce al decomiso de la carga y al pago de una multa considerable. Normalmente la tripulación no es penada, pero sí el capitán y el jefe de navegación, por ser los responsables de observar que el buque a su mando no penetre aguas restringidas para la pesca.

Como se indicó, la responsabilidad del control de nuestro mar radica en la Prefectura Naval Argentina y en la Armada Nacional, que con matices, con superposición de tareas y a veces con diferendos administrativos, ambas instituciones hacen lo que pueden con recursos materiales que son infinitamente menores a los que serían deseables. En muchas ocasiones no sólo faltan buques; a veces no hay partida presupuestaria ni para el combustible de las pocas naves afectadas a la tarea.

Esta es la primera sangría que sufre a diario el país en el mar; si es difícil controlar, más lo es cuantificar las cifras que alcanza el robo perpetrado al final de cada jornada.

 Arrojar dólares al mar

Con las altas y las bajas propias de una economía fluctuante que atravesó desde disparidad cambiaria hasta restricciones severas a las importaciones y, aunque parezca increíble, a sus propias exportaciones, el 95% del comercio exterior argentino se transporta por agua. Los principales destinos comerciales de nuestras exportaciones cruzan el Atlántico o lo trepan hasta el extremo norte del continente americano. Idéntica procedencia tiene buena parte de nuestras importaciones.

En ese ida y vuelta comercial, la logística del transporte juega un rol fundamental; tanto en un sentido como en el otro, la Marina Mercante nacional está totalmente ausente. Cada año superamos en millones de toneladas la producción agrícola respecto al período anterior. No obstante, el país no cuenta con un solo buque granelero para transportar nuestra producción.

El país se pierde de ingresar a sus arcas miles de millones de dólares en concepto de fletes, que pagarían quienes compran nuestra producción y, por otra parte, gasta otros miles en pagar a flotas extranjeras los fletes de nuestras propias importaciones.

El transporte marítimo es una actividad tan peculiar que el Estado tiene en ella seis ministerios involucrados: Economía, Transporte, Defensa, Seguridad, Trabajo y Cancillería. Tal vez por ello desde hace años distintos funcionarios abocados a administrarlo han fracasado estrepitosamente.

La gestión iniciada en diciembre, según confiesan allegados al área, encontró tierra arrasada; lo poco que se hizo durante el anterior Gobierno complicó más las escasas posibilidades de resurgimiento del sector. Inoperancia, soberbia y generosas dosis de corrupción firmaron casi un certificado de defunción.

La responsabilidad primaria en reacomodar este sector de la economía nacional recae en el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, pero no solamente en él. Una compleja red de cámaras empresarias, una docena de gremios, algunos incluso enfrentados entre sí, áreas de gobierno con visiones e intereses en el sector contrapuestos y el insoslayable condimento de las desventajas comparativas a nivel internacional, hacen la tarea casi titánica.

Por otra parte, si bien la cifra involucrada hace agua la boca de cualquier ministro de Economía, el sector carece de visibilidad. Un avión demorado en pista, un corte de ruta o un tren detenido en un andén hacen que la presión social y mediática movilicen a la política. “El mar es noticia cuando inunda nuestras costas, cuando hunde nuestras naves o cuando es vilmente saqueado por piratas, sin que podamos hacer nada por evitarlo”, sostienen con vehemencia quienes lo cuidan, lo defienden o simplemente lo navegan.

Está paralizada Atucha III y despedirían a 1800 personas

Por Nicolás Balinotti - LA NACION
Se frenó el proyecto de la central nuclear; los contratistas se lo comunicaron a los empleados; en el Sur crece el conflicto de la usina de Río Turbio


Militantes de la Uocra protestaron ayer en Zárate por los despidos. Foto:La voz de Zárate

Por la parálisis de la obra pública, miles de empleados de las centrales nucleares de Atucha, en Zárate, perciben desde hace dos meses la mitad de su salario. Los coletazos de la crisis tuvieron ayer otra réplica: las cinco empresas contratistas a cargo de la planta informaron al personal un plan de ajuste, que contempla dar de baja el proyecto de avanzar con Atucha III y un recorte de personal que se efectivizará a fin de mes con la salida de 1800 obreros.

En su afán de revisar los contratos de las obras que asignó la gestión kirchnerista, el Gobierno aún no dio señales certeras sobre cuál será el futuro de grandes proyectos, como Atucha III o las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, que también están virtualmente paralizadas. Ambas iniciativas forman parte del acuerdo comercial que trazó en 2015 Cristina Kirchner con China y que ahora está bajo revisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Por el conflicto en Atucha, el gremio de los obreros de la Uocra cortó la ruta N° 9 y amenaza con extender las protestas. La Uocra perderá a fin de mes a 1200 afiliados, pero podrían ser muchos más cuando se confirme la baja de Atucha III. El viernes pasado, las empresas Vialco SA y Masoero y Asociados ya habían despedido a 600 personas afiliadas a la Unión de Empleados de la Construcción (Uecara), otro de los gremios con influencia en las centrales. Por el caso de Uecara ya intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Las empresas constructoras que tienen a su cargo las obras de Atucha anunciaron 1200 despidos a fin de mes como consecuencia de la falta de pago de las certificaciones de obra por parte del gobierno nacional", informaron a LA NACION desde la Uocra, que lidera Gerardo Martínez.

No es el único frente de conflicto que mantiene la Uocra. En Santa Cruz recrudeció la protesta por la paralización de las obras de la central termoeléctrica de Río Turbio, donde ya se perdieron 700 puestos de trabajo y ayer se comunicaron otros 220 despidos. Aquí, la empresa contratista Isolux denunció que dejó de percibir los fondos del Estado.

Por este conflicto, hubo ayer cortes de rutas en Santa Cruz y se bloquearon los cruces fronterizos a Chile. Los activistas de la Uocra lograron el apoyo y la adhesión de los camioneros de Hugo Moyano.

"En Río Turbio falta el 10 por ciento para terminar la obra. Hay gente que hace dos meses y medio que no le pagan. No sabemos qué decisión va a tomar el Gobierno con la mina", dijo a LA NACION Carlos Moreno, el representante de la Uocra que envió Martínez al Sur.

Hace dos semanas, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, reconoció a LA NACION los "atrasos en certificados de obra" y prometió que la situación se regularizaría en abril.

En el contexto de los despidos, la construcción es por lejos el sector más perjudicado. Si bien la conducción nacional de la Uocra denunció la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo entre diciembre y marzo, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma contabilizó las situaciones denunciadas a nivel local por las seccionales del gremio y las cámaras empresariales, por lo que el número sería ligeramente menor. La situación no tiene visos de repuntar hasta que no surjan señales concretas para reactivar la obra pública.

Un sector que está en crisis

30.000 puestos de trabajo - Es la cantidad de empleos que el gremio de la construcción (Uocra) dice que perdió entre diciembre y marzo

1800 despidos - Son los que hubo en Santa Cruz en el último trimestre en Austral Construcciones y Kank y Costilla, dos empresas ligadas al kirchnerismo

Gesto de Macri: visitará Cuba para relanzar las relaciones y acordar el pago de una deuda

Por Martín Dinatale - LA NACION

Evalúa ir en abril, tras una cumbre en EE.UU.; avanzará en acuerdos comerciales con la isla y apoyará las negociaciones de paz en Colombia

En estricta reserva, el Gobierno maneja la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri haga en los próximos días una visita oficial a Cuba con la firme intención de relanzar las relaciones bilaterales, establecer nuevos acuerdos económicos y emitir un gesto político a América latina de parte de un jefe de Estado que es encasillado en la derecha por la dirigencia bolivariana.

Según confirmaron a LA NACION por lo menos cuatro fuentes de la Casa Rosada y de la Cancillería, la visita de Macri a La Habana podría darse en los primeros días de abril en el regreso de su viaje a Washington. Es que el Presidente irá el 31 de marzo a Estados Unidos para participar de la cumbre de presidentes sobre seguridad nuclear. Esta reunión finaliza el 2 de abril, con lo que podría regresar a Buenos Aires haciendo previa escala en Cuba.

"Hay una firme intención de Macri de ir a La Habana y esta todo en análisis, pero oficialmente no podemos decir nada", expresó ayer un funcionario que estuvo en Rosario en una recorrida que allí hizo Macri. Más allá del relanzamiento de las relaciones bilaterales, la idea de Macri de ir a Cuba está relacionada con avalar la firma del acuerdo de paz que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dispone a sellar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en La Habana.

De hecho, la canciller Susana Malcorra viajó la semana pasada a Cuba para participar de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC a fin de apoyar ese proceso. Las negociaciones por la paz de Colombia llevan más de tres años y se hicieron con la mediación de Chile, Venezuela, Cuba y Noruega.

"Tengo una expectativa muy grande de que lleguen a la firma final del acuerdo de paz relativamente pronto", dijo Malcorra en Cuba sobre el proceso de paz de Colombia. El presidente Santos tenía previsto firmar el 23 de marzo ese acuerdo, pero esto se postergaría. De allí que en la Casa Rosada ayer había incertidumbre sobre la fecha exacta en que Macri podría visitar Cuba.

En La Habana, Malcorra tuvo reuniones con Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior, y con el canciller Bruno Rodríguez Padilla.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Cancillería, allí se barajó la idea de que Macri visite Cuba en lo inmediato. También se le informó a La Habana que el nuevo embajador argentino en Cuba será Ernesto Pfirter, hermano de Rogelio, que es embajador en el Vaticano. Se trata de un funcionario de carrera diplomática, ya que Macri busca tener una relación "madura" con La Habana, sin que interfieran las diferencias ideológicas. Este escenario se contrapone con las relaciones amigables que tuvo Cristina Kirchner con Raúl y Fidel Castro.

Se evalúa también que la Argentina podría alcanzar con Cuba un acuerdo definitivo por la deuda original de US$ 1300 millones que el régimen de los Castro tiene con Buenos Aires y que hoy ascendería a US$ 11.000 millones contando los intereses. Esa deuda se remonta a 1973, cuando el entonces presidente Héctor Cámpora libró préstamos y líneas de crédito a La Habana. En 2003, con la llegada de los Kirchner al poder, Cuba propuso una quita de la deuda del 75%. Pero nunca se llegó a un acuerdo. Esa deuda fue transferida del Banco Central de la Argentina al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Ayer, un funcionario de Macri evaluaba la posibilidad de arribar a un acuerdo "amigable". Esto podría implicar la entrega compensada de alimentos y un pago escalonado con quitas. Pero no hay aún nada cerrado.

El viaje de Macri a La Habana busca emitir un gesto de distensión con los Castro teniendo en cuenta que el presidente argentino recientemente fue criticado por Cuba cuando objetó la violación de los derechos humanos en Venezuela. El gesto de Macri se encuadrará en lo que Malcorra denomina "una política exterior desideologizada". A la vez, Macri llegaría luego del histórico viaje de Barack Obama a Cuba para concretar la reanudación de las relaciones diplomáticas.

La AFIP denunció a Cristóbal López por maniobras fiscales

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION - Lo acusa de insolvencia fraudulenta para evitar que el fisco recupere los $ 8000 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer ante la justicia penal al empresario patagónico Cristóbal López , a su socio Fabián de Sousa y a otros directivos del Grupo Indalo por la retención de $ 8000 millones en impuestos y la tergiversación de los planes de pago que le concedió el organismo.

La denuncia de la AFIP, por presunta insolvencia fiscal fraudulenta, quedó en manos de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, que la girará ahora a la fiscalía para que evalúe los pasos a seguir y determine si impulsa la investigación y pide las primeras medidas de prueba.

La AFIP concentró su denuncia sólo en los socios dueños del Grupo Indalo, pero no incluyó al ex titular del organismo Ricardo Echegaray, que al igual que Cristina Kirchner figuró en otras tres presentaciones que se radicaron ayer en Tribunales. Abrirán sumarios internos para investigar cómo actuaron funcionarios de Echegaray

Las denuncias se basaron en una investigación que publicó anteayer LA NACION y que provocó una enérgica reacción del Gobierno. "Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente $ 8000 millones. Ése no era su dinero. Él no puede quedarse con el dinero público para invertir", dijo anoche Mauricio Macri, en una entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá. "La explicación fue disparatada e inaceptable. Lo que han hecho está totalmente fuera de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior."

Straccia, de larga experiencia en investigaciones tributarias, instruye en su juzgado otros expedientes sensibles. Desde la megacausa por presunta evasión y lavado con epicentro en el banco HSBC hasta otra sobre el ex candidato presidencial Daniel Scioli.

La AFIP radicó la denuncia -centrada en dos planes especiales de pago conocidos como "del artículo 32"- sobre el cierre de la mesa de entradas del fuero en lo Penal Económico, tras una serie de reuniones en la sede del organismo que incluyó a funcionarios, abogados tributaristas y contadores, según reconstruyó LA NACION.

La denuncia, sin embargo, es apenas el primer paso de una investigación más amplia, a tal punto que abogados de la AFIP se presentarían hoy ante la Justicia para ampliar esa presentación inicial y aportar más documentación.

Tanto el titular de la AFIP, Alberto Abad, como el de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, apuntan al presunto "aprovechamiento abusivo" de los planes y facilidades que ofrece el organismo a las empresas y contribuyentes en problemas, pero que en el caso de López y De Sousa utilizaron para financiar la expansión del Grupo Indalo.

"Este tipo de planes de pago se ofrecen con dos condiciones: que la empresa afronte una delicada situación financiera y que tenga un estado patrimonial suficiente como para garantizar el monto adeudado", indicó un funcionario de la AFIP a LA NACION. "En este caso, López y De Sousa utilizaron los planes para prestársela a otras empresas de su grupo [Indalo] y ahora anunciaron que se van a separar y repartirse los activos del grupo, con lo que pueden generar una impotencia fiscal para recobrar esa deuda", argumentó.

Insolvencia fiscal

La denuncia penal se plasmó tras una serie de reuniones dentro de la AFIP que se desarrollaron con dos objetivos centrales. El primero, evaluar si era posible denunciar ante la Justicia a López y De Sousa, entre otros, por presunta evasión agravada o defraudación, entre otras figuras penales, aunque terminó en la presunta insolvencia fiscal fraudulenta.

El segundo, si también había que avanzar sobre la cadena de responsabilidades que, dentro del organismo, le permitió -o incluso fomentó- a López y De Sousa la retención de $ 8000 millones en impuestos, en particular a través de su petrolera Oil Combustibles.

En esa línea, Abad ordenó avanzar en la instrucción de sumarios internos para analizar la actuación de Echegaray -hoy titular de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y el entonces director de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Toninelli.

Sin embargo, la lupa puertas adentro de la AFIP no se agota en Echegaray y Toninelli. También alcanzaría a la entonces subdirectora de la Regional Metropolitana, Karina Venier, y otros funcionarios de "la línea".

La denuncia de la AFIP, no obstante, no fue la única que llegó ayer a los tribunales. La primera la radicó un denunciante recurrente, Juan Mussa, cuya presentación recayó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, e incluyó también a la ex presidenta Cristina Fernández, por presunta evasión y estafa.

La investigación que publicó LA NACION los últimos días derivó en la radicación de otras dos denuncias y el anuncio de una tercera. El abogado Ricardo Monner Sans dejó su escrito en la Cámara Federal y quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Apuntó contra Echegaray por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En tanto, la tercera denuncia la radicó el abogado Daniel Sarwer por supuesta "extorsión, sedición, estafa procesal, asociación ilícita, encubrimiento y evasión".

La cuarta denuncia aún no llegó a los tribunales, pero la diputada Elisa Carrió anunció que la formalizará hoy. Será, según anticiparon sus allegados, una ampliación de la denuncia que presentó en 2008, por una presunta asociación ilícita liderada por los Kirchner y que tramita desde entonces en el juzgado federal de Julián Ercolini.

Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray y Cristóbal López fueron denunciados ante la Justicia por la millonaria deuda del Grupo Indalo con la AFIP

(La Nación) - La ex presidenta y el ex titular del ente impositivo son acusados por supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos; el empresario kirchnerista quedó en la mira por presunta extorsión, estafa y defraudación.


La ex presidenta Cristina Kirchner, el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron denunciados en la Justicia luego de la investigación que publicó LA NACION sobre la deuda millonaria del Grupo Indalo con la AFIP.

Se trata de dos denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py. La primera fue radicada por el abogado y dirigente político Juan Mussa, quien apuntó contra Cristóbal López, contra Ricardo Echegaray -actual titular de la Auditoría General de la Nación-, y contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Se los acusa por los supuestos delitos de extorsión, estafa y defraudación. Por sorteo, la denuncia recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez.

La segunda denuncia apunta contra Echegaray, por entender que, de comprobarse la maniobra, cabría aplicar el artículo 248 de Código Penal según la cual no estaría "cumpliendo con las leyes en vigencia" como auditor y como ex titular de la AFIP, "habría permitido que no ingresaran fondos legalmente exigibles". La presentó el abogado Ricardo Monner Sans y recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez Di Giorgi.

Según Monner Sanz, debe determinarse "qué exigencias normativas se habrían incumplido, bajo tolerancia de la AFIP", teniendo en cuenta que "Cristóbal López ha gozado de la amistad de la ex presidenta".

Ayer, LA NACION publicó una investigación periodística que reveló la existencia de una deuda de 8.000 millones de pesos acumulada en los últimos años de la gestión kirchnerista por el Grupo Indalo, liderado por el empresario Cristóbal López.

Se trata de un monto que el grupo empresario, en su carácter de agente de retención, recaudó en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles y no derivó, como correspondía, a la AFIP.

Incluso, según lo investigado por el periodista Hugo Alconada Mon, el empresario habría utilizado esos fondos para solventar la expansión del grupo.
Fuente: DyN, Télam

EL MINISTRO DENUNCIÓ PENALMENTE EL FALTANTE DE MUNICIONES

(Ministerio de Defensa) - El ministro de Defensa, Julio Martínez, presentó esta mañana una denuncia penal ante la Justicia Federal tras una auditoría en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (Santa Fe), donde se detectaron faltantes de millones de municiones de armamentos.


"No podemos permitir que el Estado sea una caja de provisión de armas para el delito", dijo Martínez, al tiempo que afirmó estar "tomando todos los recaudos y controles para evitar estas situaciones de corrupción".