Por Alicia Panero
Anoche el periodista Luis Gasulla recibió la información que, desde la Fiscalía Norte, allanarían la sede de Fabricaciones Militares sobre la Avenida Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Esta mañana, la justicia intervino. El ataque que recibió el periodista, en las redes sociales, impulsada por la resistencia "K" y el periodismo militante, fue burdo.
La información exclusiva que recabó Periodismo y Punto merece ser leída a la hora de sacar conclusiones. La escritora y periodista Alicia Panero explica Fabricaciones Militares por dentro:
-Uno de los refugios kirchenistas mejor guardados del gobierno que se fue, donde hoy un patrullero y un camión anti tumultos previenen posibles conflictos, ya que 140 de sus empleados no pueden entrar, están en una lista de despido, en su mayoría de la agrupación la Campora, que durante estos años no hicieron absolutamente nada. Parte de la limpieza impuesta por el nuevo director, el arquitecto Lostri.
-Los militares ya no tallaban nada en Fabricaciones Militares, fueron retirados de sus puestos, todos, solo quedan dos, que cuando debían ir a la sede central, en el barrio de Belgrano, tenían que hacerlo de civil, por norma de los directivos k.
-Desde 2011, se nombraron aproximadamente 1000 personas, en las distintas fábricas, y solo en Avenida Cabildo pasaron de 100 a 500
-Fabricaciones Militares produce productos químicos, explosivos para minería, pólvora para las FFAA y uso civil.
-Para el 2015 el déficit de fabricaciones militares, es de 1200 millones de pesos y se produce y se exporta el 50 % menos que en 2011.
-Con un presupuesto de 600 millones de pesos anuales en 2014 y 900 millones en 2015.
-Los científicos no k, con proyectos de desarrollo tales como producción a gran escala de agroquímicos o biodiesel para autoabastecer a las tres fuerzas armadas, fueron relegados a tareas menores, retirados de sus oficinas, confinados, sin darle ninguna importancia a los proyectos productivos.
-A decir de algunos empleados de mucha antigüedad, Santiago Rodríguez, el director nombrado por Cristina, convirtió la empresa estatal en un ministerio donde el dinero entraba como mana del cielo, para hacer asistencia social de sus cientos de nuevos empleados de la campora. Tomaron todos los bienes del estado como propios haciendo uso y abuso de automóviles y choferes, por ejemplo.
-Además de dejar aislados ex profeso, a la gente con experiencia, para que no vean sus manejos.
-Comparando los datos de la administración anterior, sorprende el incremento del monto de contratos de las mismas cosas que se contrataban antes, ese aumento fue del 400 al 600 %.
-El trabajo que otrora, hacia un empleado, lo hacen ahora 5 y mal, la burocracia aumento para justificar la presencia de todo ese personal, y una cotización que se hacía en dos días, ahora se hace en diez.
-En el sector de comunicaciones a cargo de la esposa del interventor Rodríguez, Barbara Grane, apodada “la emperatriz”, se imprimían panfletos y folletos de las campañas políticas y usaron personal de FM para repartirlos, en la campaña por Recalde en la ciudad era común verlos en Cabildo y Lacroze. Esta misma mujer, a cargo de comunicaciones, es la que cuando había pescado en el comedor para todo el personal, a ella había que prepararle salmón. Y un auto oficial con chofer la llevaba y la traia a todos lados.
-Los viajes al exterior por comisiones inventadas para empleados jerárquicos campora, convirtieron a FM en agencia de turismo, Paris, China, Israel para ellos y los científicos de carrera solo podían asistir a congresos a Uruguay
La directora de administración y auditoras puestas por Santiago Rodríguez, nombradas por decreto, se niegan a renunciar. Un caso clásico de nepotismo, una de estas mujeres, Laura Sarafoglu, es amiga de los padres de Rodríguez, estaba nombrada en Anses, y con licencia en ese cargo entro a FM. La otra, amiga de Rodriguez también, Nora Marques, hermana de quien está a cargo de abastecimiento de la fábrica, también nombrado en la administración de granos de la provincia de Buenos Aires, es decir el administrador de abastecimiento compraba y su propia hermana lo auditaba.
El director de producción, Carlos Vaca Arenza, está hoy, atrincherado en su despacho, negándose a renunciar y arengando a su gente a resistir. Durante su gestión se produjeron varias explosiones con un saldo de dos muertos, por la falta de experiencia de su gente para la manipulación de explosivos.
Los miembros de la agrupación campora, se reúnen por estos días en el segundo piso de la sede de Capital Federal de FM, donde no hay cámaras, para organizar esa resistencia.
Otras irregularidades son los sueldos de estas personas nombradas los últimos 4 años. Abultados y conformados por diferentes componentes de la liquidación del haber mensual.
Hay fantasmas que cobran sin existir y que ni se presentan a trabajar, y muchos de los nuevos nombrados, han sido ingresados con altas categorías, más un ingreso por contrato con universidades, como la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de San Martin, entre otras, y un sobre en negro que no sabía de las cuentas de fabricaciones militares, pero sí de adelantos del 100 % de licitaciones otorgadas a amigos. Esos números eran manejados por la señora Laura Sarafoglu.
El sueldo bruto máximo de la categoría A 19 llega a los sesenta mil pesos, muchos jóvenes sin experiencia ni títulos, como la emperatriz, tenían esos sueldos y fueron nombrados en las categorías más altas, muchos son los que hoy quedaron afuera y resisten en la puerta de la sede de Cabildo 65, todos jefes que se llevaban el mundo por delante, maltratando a los viejos empleados.
Fuente: http://www.periodismoypunto.com.ar/index.php/investigaciones/61-la-verdadera-historia-del-allanamiento-y-despidos-en-fabricaciones-militares
lunes, 1 de febrero de 2016
Inversión en un parque eólico
(La Nación) - La empresa Genneia iniciará este año la construcción del primer módulo, de 50 MW, del nuevo parque eólico Madryn.La primera etapa de la obra se estima que estará concluida en veinte meses, y una vez terminado el parque alcanzará una producción total de 220 MW y se sumará así al parque eólico que ya tiene en operaciones en Rawson.
En la firma que preside Walter Lanosa destacaron que en los últimos doce meses alcanzaron una producción de 1100 GWh,
En el caso del parque de Rawson, en Genneia aseguraron que desde el inicio de operaciones, en 2012, la producción del parque permitió obtener un ahorro de US$ 238 millones en materia de combustible sustituido por importaciones.
Fabricaciones Militares: conflicto por la rescisión de 140 contratos
Por Agustina López - LA NACION - Delegados gremiales denunciaron que se impidió el ingreso al edificio y llamaron a un paro; en el Gobierno afirman que allí funcionaba un centro de propaganda kirchnerista
Delegados de ATE protestan en la puerta de Fabricaciones Militares. Foto:LA NACION/ATE
Con la rescisión de 140 contratos en Fabricaciones Militares, uno de los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa, se de-sencadenó ayer un nuevo conflicto por denuncias de despidos en el gobierno de Mauricio Macri.
Según dirigentes gremiales, la sede del organismo, en Cabildo 65, apareció ayer custodiada por efectivos policiales que "controlaban en la puerta, con una lista, quiénes podían ingresar y quiénes no".
Mientras el Ministerio de Defensa confirmó oficialmente las cesantías, fuentes cercanas al Gobierno dejaron trascender que en las auditorías iniciadas "en áreas sensibles" por el ministro Julio Martínez se detectó el funcionamiento de un "centro de propaganda kirchnerista", en el que funcionaba una radio FM y un set de TV, además de personas contratadas para promover en las redes sociales consignas favorables a la gestión anterior.
"No nos llegó ningún tipo de notificación ni aviso previo. Nos enteramos en la puerta, cuando no pudimos entrar, que estábamos despedidos", dijo a la nacion Andrés Cappa, licenciado en Economía, de 31 años, que trabajaba en el área de planeamiento y control de gestión desde 2014. "Acá hay mucho trabajo técnico y profesionalismo, nunca hubo militancia ni presiones para votar a un candidato; están desarticulando áreas enteras y arruinando muchos proyectos", aseveró.
Alrededor de las 9.30, los empleados que no podían ingresar improvisaron una asamblea con algunos delegados y cortaron el tránsito, en señal de protesta.
Al confirmar los despidos, el secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Héctor Lostri, explicó a la nacion: "Los cesanteados trabajaban en áreas que no tienen sentido dentro de la estructura de Fabricaciones Militares; eran todas incorporaciones realizadas en 2015 y algunas pocas en 2014, con sueldos superiores a $ 35.000". Afirmó, además, que el total de empleados en la sede central duplicaba los que estaban en la década del 80, cuando había quince plantas funcionando en todo el país; hoy hay cinco.
Lostri dijo que los telegramas fueron enviados ayer por la mañana, por lo que posiblemente algunos empleados aún no los habían recibido. De todos modos, no descartó "revisiones" en casos particulares y confirmó que no se rescindirán más contratos en las otras plantas.
Fuentes cercanas al Gobierno, por su parte, dieron detalles del "centro de propaganda kirchnerista" que funcionaría en la sede central de Fabricaciones Militares, según pudieron relevar en las auditorías.
"Había más o menos 50 tuiteros kirchneristas que operaban desde computadoras y cobraban un sueldo por ello, aunque figuraban como parte de otras áreas. Era algo sabido entre los empleados", confirmó una fuente extraoficial. Las instalaciones contaban también con una radio que lleva por nombre FM Comunicación (haciendo un juego con las siglas de Fabricaciones Militares) y un set de televisión, en donde, presumen las autoridades, se filmaron spots de campaña.
En las paredes de este lugar, que hasta el 10 de diciembre dependía del área que conducía el dirigente camporista Santiago Rodríguez, se leen mensajes como: "Contarlo es defenderlo", "La historia la escriben los que la hacen" y "Comunicar es transformar". Además, había gente trabajando, de forma permanente, en el armado de un stand de Tecnópolis, aunque, de acuerdo con sus contratos, estaban bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa.
Consultados por la nacion, algunos empleados lo negaron rotundamente. Aclararon, en cambio, que existe un departamento de prensa que elabora gacetillas y revistas internas para informar de las actividades, pero que no contienen material de propaganda.
Mariano Murad, delegado de ATE, afirmó que los despidos se enmarcan en la ola de "ajuste" que viene llevando el gobierno de Mauricio Macri y que es una situación "totalmente arbitraria". Luego de una reunión entre delegados y las autoridades del ministerio, en la que no se llegó a ningún acuerdo para reincorporar a los cesanteados, el gremio convocó a un paro por 48 horas en la sede de FM y en las otras cinco fábricas distribuidas en Azul y en las provincias de Córdoba, San Juan y Santa Fe.
Para evitar accidentes, los trenes contarán con frenos automáticos
Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION .
En un plazo de cuatro años, las ocho líneas del área metropolitana tendrán un dispositivo que funciona de forma independiente y sin necesidad de que lo active el maquinista
Foto:LA NACION/Ministerio de Transporte
En los próximos cuatro años, todos los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán instalado el sistema de frenado automático, conocido como ATS (sigla en inglés de Automatic Train Stop), que permite detener las formaciones en situaciones extremas y sin la participación del maquinista. Con este dispositivo los trenes que crucen una señal en rojo o que ingresen en una estación a una velocidad más elevada de lo permitido detendrán su marcha sobre las vías con el fin de evitar posibles colisiones.
El mecanismo, que hoy sólo funciona en el 10% de la flota de la línea Roca, pretende saldar una deuda histórica con el sistema de frenado ferroviario que no se moderniza desde hace más de 30 años. Tiene como objetivo principal evitar dos de las situaciones que comúnmente terminan en accidentes fatales, las mismas que provocaron las tragedias de Once y Castelar, y que dejaron un saldo de 54 muertos.
El proyecto, anunciado ayer por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, contempla una inversión total de 250 millones de dólares que saldrán del Tesoro nacional y de organismos internacionales con los que el Gobierno está negociando. Las 1700 formaciones que circulan a diario en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana irán incorporando el ATS en forma progresiva, y se espera que para 2020 la totalidad de los trenes cuente con el dispositivo.
La línea Roca sería la primera en sumar el ATS en la totalidad del recorrido (la gestión anterior de Transporte dejó listas las instalaciones). En el primer trimestre de 2018 se sumarían las líneas Urquiza, San Martín y Belgrano Norte y Sur. En el tramo final de este plazo de cuatro años se completarían las líneas Mitre y Sarmiento.
"Ninguno de los accidentes que tuvimos en los últimos años habría ocurrido con esta tecnología. Nunca se tomó la decisión de implementar el ATS. Ni en cinco, 10, 20 y 30 años se utilizó este mecanismo rápido y efectivo", sostuvo Dietrich durante la presentación. "La inversión no es descabellada para el sistema ferroviario", agregó.
Los accidentes de Once y Castelar provocaron la reacción del gobierno anterior y una mejora del sistema ferroviario. A la renovación del material rodante se le sumaron mayores controles a los maquinistas y lineamientos de seguridad más efectivos. El ATS se incorpora entonces para completar el combo de seguridad para los 300 millones de pasajeros que viajan todos los años en el AMBA.
El sistema funciona de manera independiente a los frenos tradicionales, el de emergencia y hombre vivo, opciones con las que cuenta el motorman para detener la formación. El funcionamiento del ATS no necesita una interacción humana ya que se trata de una bobina colocada entre los rieles que detecta la velocidad excesiva en una estación o el cruce de una señal en rojo. El dispositivo se activa con un sensor instalado en la cabina de la locomotora que acciona los frenos en forma independiente.
"Las mejoras tras el choque de Once fueron hacia el maquinista y no sobre las formaciones. De esta manera, con el ATS, la seguridad del viaje no descansará sólo en la pericia humana", explicó el secretario de Gestión del Transporte, Guillermo Kranzer. El funcionario destacó que el freno de emergencia se puede instalar en trenes de carga y pasajeros, sin importar la antigüedad de la formación.
La decisión de introducir estas mejoras, según contó Dietrich, se tomó en los últimos días de 2015, después de analizar varias opciones. Del equipo de trabajo participaron representantes de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adifse), de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y del Ministerio de Transporte de la Nación. "Estuvimos todos sentados a una misma mesa, algo que no era usual en otros tiempos", dijo el ministro.
Además de actualizar el sistema de frenado de toda la red ferroviaria con tecnología que se utiliza en los países más desarrollados del mundo, la incorporación del ATS busca diferenciarse en otros aspectos. La modernización pretende mejorar las condiciones laborales de los 23.000 trabajadores de las ocho líneas del AMBA. De ellos, 20.000 se dedican a la operación diaria entre conductores de trenes eléctricos, maquinistas de locomotoras, ayudantes de conducción, guardas, señaleros, operadores de Control de Trenes, auxiliares, personal de estaciones y cuadrillas de mantenimiento.
Los maquinistas recibirán una capacitación sobre el funcionamiento del ATS, aunque muchos de ellos ya conocen el sistema porque forma parte de los conocimientos que deben incorporar antes de subirse a un tren.
Las bobinas entre los rieles y los sensores en las locomotoras ya comenzaron a instalarse, y en un plazo estipulado de 45 meses debería estar operativo en las ocho líneas metropolitanas. Serán unas 1700 las formaciones adaptadas y alrededor de 1500 kilómetros de vía, que representan una red de 815 kilómetros, aún más seguras que los trenes actuales, mejorados tras la muerte de 54 personas.
"Es esencial volver a invertir en los ferrocarriles", sintetizó Dietrich en el primer anuncio importante de su gestión. El desafío que tiene por delante todo el equipo de Transporte es ambicioso y promete brindar el 100% de seguridad.
Avanza el proyecto RER
El proyecto de la Red de Expresos Regionales (RER) que incluye, entre otras obras, una gran estación ubicada debajo del Obelisco, avanza a paso firme. El equipo del Ministerio de Transporte informó ayer que se encuentra en etapa de definiciones para comenzar a realizar los túneles. Con todo el apoyo del Gobierno la idea de concentrar subtes, colectivos y trenes en una megaestación comienza a tomar forma.
Nuevos pasos bajo nivel
Cuarenta de ellos se lograrían con la construcción de los viaductos San Martín y Belgrano. El resto serían obras independientes. La ciudad de Buenos Aires cuenta con 26 pasos bajo nivel que sustituyeron los cruces con barreras. Hay tres que se inaugurarán en los próximos meses. El Ministerio de Transporte de la Nación se propone como objetivo llegar a los 100 pasos bajo nivel en toda el área metropolitana en un plazo de cuatro años
Centro Cultural Kirchner: otro polo de soberbia y desmesura
Editorial del diario La Nación - Con altísimos costos, sin planes culturales y sin siquiera habilitaciones técnicas, el kirchnerismo inauguró su última obra faraónica con el único fin de autocelebrarse
La realidad se encargó de superar ampliamente todas las especulaciones que las nuevas autoridades del Centro Cultural Kirchner (CCK) se habían hecho sobre él. El ex Palacio de Correos, una obra que había sido ya monumental en su época, demostró que ahora también ha resultado ser el edificio dedicado a la cultura más caro de los últimos años en la Argentina, el último de los caprichos de la administración kirchnerista que se caracterizó por la soberbia y la desmesura de sus objetivos.
Como se recordará, las obras de remodelación insumieron alrededor de 3000 millones de pesos, en tanto que otros 120 fueron destinados a comprar obras de arte. El Centro fue inaugurado contra reloj porque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quería hacerlo antes del 25 de mayo de 2015, como el gesto final y más ambicioso de su mandato, el que los trascendería a ella y a su marido, para lo cual el originalmente denominado Centro Cultural del Bicentenario fue rebautizado con el apellido de la familia presidencial.
Tan grande fue el apuro por inaugurarlo que el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sorprendió a la opinión pública con el anuncio de que el CCK nunca había contado con la habilitación requerida, y que ni siquiera se habían hecho los trámites del pedido de habilitación a la Dirección General de Fiscalización y Control, por los que se deben presentar planos de evacuación e incendio para que la Agencia Gubernamental apruebe su uso público.
Por su parte, la secretaria de Contenidos, Gabriela Ricardes, reveló que la remodelación no tenía la "recepción provisoria", es decir, el alta de funcionamiento de la obra pública, en espera de la aprobación definitiva. Y también se conoció que la irregularidad era tan grave que tampoco hay planos de evacuación ni salidas de emergencia aprobadas, con todos los riesgos que ello implica para la asistencia tanto de los trabajadores como de los visitantes de ese centro.
La situación anteriormente descripta se completa con el hecho de que, al asumir las autoridades de Medios Públicos, encontraron también que el CCK no tenía director, ni organigrama ni programación acordada y que había empleados que, si bien figuraban en las listas, no aparecían a la hora de ser convocados, por lo cual todo el proyecto deberá ser repensado desde cero, una iniciativa que nació prematuramente y en un edificio en obra, sin terminar.
Sin embargo, todo esto no es más que una parte de los dislates en los que la anterior administración incurrió -y de los que son responsables directos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, encargado de la obra, y la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi-; sucede, por ejemplo, que la mayor parte del equipamiento comprado para producción audiovisual estaba retenido en la Aduana, o que uno de los restaurantes previstos, con alrededor de 2000 metros cuadrados de instalaciones, no pudo ser licitado ante la ausencia, previsible, de postores, ya que el canon era de 13 millones de pesos al año sólo por el área premium.
Si la falta de transparencia en materia presupuestaria y el culto a la personalidad del ex presidente fueron los rasgos salientes de una obra faraónica antes de su inauguración, también lo fueron los gastos a partir del momento en que entró en funciones: costaba 8 millones de pesos al mes en personal y casi 100 millones al año, para una programación que sólo alcanzaba entre tres y cuatro días por semana. Por ello mismo, un tema delicado por resolver será el del personal: por el momento, siguen desvinculados 600 empleados, a los que no se les renovaron los contratos temporales -culminaban al 31 de diciembre pasado, cuando caducaba también el 85% de las asistencias técnicas temporales que el Estado había pedido a las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza, y por las cuales éstas contrataban al personal-, que serán revisados teniendo en cuenta las competencias para trabajar en un centro cultural de esta magnitud.
A pesar de que se les ha pedido a los gremios intervinientes que acerquen planillas con los datos de esos ex empleados para "hacerles entrevistas, conocer cuáles eran sus funciones y analizar quiénes tendrán continuidad en la nueva gestión", grupos de ex trabajadores, apoyados por militantes de La Cámpora, han hecho y amenazan con volver a hacer en estos días protestas en la puerta del edificio, sobre Leandro N. Alem, para "reclamar la continuidad del ciento por ciento de los trabajadores".
Reencauzar o dar concreción real a este megaproyecto llevará tiempo, aunque ya se haya nombrado a Gustavo Mozzi, ex titular de la Usina del Arte, como su director, y que Hernán Lombardi haya manifestado su intención de reabrir ese ámbito al público en la primera semana de febrero, con entrada general gratuita como hasta ahora.
Siempre es más difícil avanzar tratando de reparar lo hecho sin considerar que los bienes públicos no son de un partido político ni de una persona, sino de todos los ciudadanos. Es de esperar que finalmente el Centro Cultural del Bicentenario no sólo esté a la altura de los más grandes centros culturales del mundo, sino también que recupere su denominación original, para que, aunque esté en Buenos Aires, cumpla con un destino federal.
La realidad se encargó de superar ampliamente todas las especulaciones que las nuevas autoridades del Centro Cultural Kirchner (CCK) se habían hecho sobre él. El ex Palacio de Correos, una obra que había sido ya monumental en su época, demostró que ahora también ha resultado ser el edificio dedicado a la cultura más caro de los últimos años en la Argentina, el último de los caprichos de la administración kirchnerista que se caracterizó por la soberbia y la desmesura de sus objetivos.
Como se recordará, las obras de remodelación insumieron alrededor de 3000 millones de pesos, en tanto que otros 120 fueron destinados a comprar obras de arte. El Centro fue inaugurado contra reloj porque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quería hacerlo antes del 25 de mayo de 2015, como el gesto final y más ambicioso de su mandato, el que los trascendería a ella y a su marido, para lo cual el originalmente denominado Centro Cultural del Bicentenario fue rebautizado con el apellido de la familia presidencial.
Tan grande fue el apuro por inaugurarlo que el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sorprendió a la opinión pública con el anuncio de que el CCK nunca había contado con la habilitación requerida, y que ni siquiera se habían hecho los trámites del pedido de habilitación a la Dirección General de Fiscalización y Control, por los que se deben presentar planos de evacuación e incendio para que la Agencia Gubernamental apruebe su uso público.
Por su parte, la secretaria de Contenidos, Gabriela Ricardes, reveló que la remodelación no tenía la "recepción provisoria", es decir, el alta de funcionamiento de la obra pública, en espera de la aprobación definitiva. Y también se conoció que la irregularidad era tan grave que tampoco hay planos de evacuación ni salidas de emergencia aprobadas, con todos los riesgos que ello implica para la asistencia tanto de los trabajadores como de los visitantes de ese centro.
La situación anteriormente descripta se completa con el hecho de que, al asumir las autoridades de Medios Públicos, encontraron también que el CCK no tenía director, ni organigrama ni programación acordada y que había empleados que, si bien figuraban en las listas, no aparecían a la hora de ser convocados, por lo cual todo el proyecto deberá ser repensado desde cero, una iniciativa que nació prematuramente y en un edificio en obra, sin terminar.
Sin embargo, todo esto no es más que una parte de los dislates en los que la anterior administración incurrió -y de los que son responsables directos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, encargado de la obra, y la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi-; sucede, por ejemplo, que la mayor parte del equipamiento comprado para producción audiovisual estaba retenido en la Aduana, o que uno de los restaurantes previstos, con alrededor de 2000 metros cuadrados de instalaciones, no pudo ser licitado ante la ausencia, previsible, de postores, ya que el canon era de 13 millones de pesos al año sólo por el área premium.
Si la falta de transparencia en materia presupuestaria y el culto a la personalidad del ex presidente fueron los rasgos salientes de una obra faraónica antes de su inauguración, también lo fueron los gastos a partir del momento en que entró en funciones: costaba 8 millones de pesos al mes en personal y casi 100 millones al año, para una programación que sólo alcanzaba entre tres y cuatro días por semana. Por ello mismo, un tema delicado por resolver será el del personal: por el momento, siguen desvinculados 600 empleados, a los que no se les renovaron los contratos temporales -culminaban al 31 de diciembre pasado, cuando caducaba también el 85% de las asistencias técnicas temporales que el Estado había pedido a las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza, y por las cuales éstas contrataban al personal-, que serán revisados teniendo en cuenta las competencias para trabajar en un centro cultural de esta magnitud.
A pesar de que se les ha pedido a los gremios intervinientes que acerquen planillas con los datos de esos ex empleados para "hacerles entrevistas, conocer cuáles eran sus funciones y analizar quiénes tendrán continuidad en la nueva gestión", grupos de ex trabajadores, apoyados por militantes de La Cámpora, han hecho y amenazan con volver a hacer en estos días protestas en la puerta del edificio, sobre Leandro N. Alem, para "reclamar la continuidad del ciento por ciento de los trabajadores".
Reencauzar o dar concreción real a este megaproyecto llevará tiempo, aunque ya se haya nombrado a Gustavo Mozzi, ex titular de la Usina del Arte, como su director, y que Hernán Lombardi haya manifestado su intención de reabrir ese ámbito al público en la primera semana de febrero, con entrada general gratuita como hasta ahora.
Siempre es más difícil avanzar tratando de reparar lo hecho sin considerar que los bienes públicos no son de un partido político ni de una persona, sino de todos los ciudadanos. Es de esperar que finalmente el Centro Cultural del Bicentenario no sólo esté a la altura de los más grandes centros culturales del mundo, sino también que recupere su denominación original, para que, aunque esté en Buenos Aires, cumpla con un destino federal.
Macri ya piensa en los festejos por el Bicentenario de la Independencia: ampliará la Casa de Tucumán
(La Nación) - El secretario de Patrimonio Cultural, Américo Castilla, anunció la refacción en el edificio histórico y dijo que se modificará el orden de su recorridoFoto:Museo Casa Histórica de la Independencia
La administración de Mauricio Macri ya piensa en cómo festejará el Bicentenario de la Independencia. Por lo pronto, el secretario de Patrimonio Cultural de la Nación, Américo Castilla, anunció la propuesta de "ampliar" el Museo Casa Histórica de Tucumán y modificar el orden de su recorrido. "Vamos a trabajar para ampliar el Museo", expresó Castilla, y graficó que el inmueble tiene una "notoria falta de espacio", con "problemas de ingreso y espacios libres poco aprovechados; conserva un gran patrimonio pero sin tener condiciones de seguridad, ambientales y de gestión".
En este sentido, aseguró que la idea del Gobierno en conmemoración del Bicentenario de la Independencia, que se celebrará el próximo 9 de julio, será mejorar el "desorden en el recorrido" del museo, y modificar "los textos, que son largos y poco atractivos; vamos a escribir textos cortos y a comunicarnos de otra manera".
Por otro lado, el funcionario nacional indicó al diario La Gaceta que "hasta fin de año se convocarán concursos para las direcciones de los más de 20 museos nacionales". Consideró que como país "estamos retrasados respecto del paradigma internacional de los museos; los espectadores deben participar activamente".
Según Castilla, "el gran protagonista es el público", por lo que los museos "tienen que ser entidades con gran interactividad con o sin tecnología; hay que promover acciones que estimulen la participación de la gente". "El museo de objetos seguirá existiendo y debemos extremar nuestros esfuerzos para protegerlos y resignificarlos a partir de contextos contemporáneos. Pero el museo tiene que dejar de ser solemne y para convertirse en un lugar de encuentro y diálogo", finalizó.
Sunitas y chiitas: el conflicto que tiene en vilo al mundo
Por Lorena Oliva - LA NACION - Viejas rivalidades económicas y territoriales se superponen con la amenaza terrorista, en una espiral de violencia difícil de modificar
Es cuestión de desandar la espiral de violencia que conmueve a Medio Oriente, una de las regiones menos pacíficas del planeta, para que el camino nos lleve hasta un acontecimiento religioso ocurrido en el año 632 de nuestra era. La muerte del profeta Mahoma, sin un claro sucesor, marcó el inicio de una rivalidad dentro del islam entre dos grandes corrientes-los chiitas y los sunitas- que se extiende hasta nuestros días.
La falta de acuerdo sobre quién sería el nuevo sucesor espiritual del Profeta acabó convirtiéndose en una grieta dentro del islam que fue profundizándose con el correr de los siglos. Y lo que nació como una confrontación de tipo religioso se fue transformando, con el paso del tiempo, en una disputa geopolítica tan compleja como peligrosa, así como también en la causa que muy a menudo agita el terrorismo para justificar su razón de ser.
Con más de 1500 millones de fieles, el islam es la religión oficial de muchísimos países, cuyas constituciones y fuentes jurídicas se basan o se inspiran en gran medida en el Corán. En este contexto, si bien ambas ramas tienen puntos de acuerdo -todos adhieren a los pilares básicos del islam-, una de sus diferencias es que para los chiitas el imán es intermediario entre Alá y la comunidad, y para los sunitas sólo dirige la oración y vela por la comunidad.
Ilustración: Iker Ayestaran.
Se estima que los chiitas representan al 15% de los musulmanes, mientras que los sunitas comprenden el 85% restante, según el Pew Center Research. Más allá de las similitudes y diferencias entre ambas corrientes, es la pregnancia de lo religioso sobre lo político -un rasgo común entre ambas- lo que hace difícil separar lo sagrado de lo profano a la hora de analizar el alto nivel de conflictividad de la región.
En consonancia con su superioridad numérica, los sunitas son mayoría en Arabia Saudita Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía y Siria; mientras que hay mayoría chiita en Irán, Azerbaijan, Bahréin, Irak y El Líbano. Basta mirar la multiplicidad de alianzas y enfrentamientos que hoy se dan entre éstas y otras naciones para detectar, con bastante frecuencia, conexiones con este enfrentamiento histórico. Sin embargo, no todo lo que allí acontece puede explicarlo el conflicto entre sunitas y chiitas. Es, en todo caso, un factor que se combina con otros, de tipo político, económico, territorial o estratégico.
Sin ir más lejos, la histórica rivalidad ideológica entre Arabia Saudita e Irán también se replica en el plano geopolítico. Ambos países cuentan con enormes recursos en materia de gas y petróleo, y el reciente levantamiento de las sanciones económicas contra Irán le devuelven su estatus de jugador de primera línea en el mercado mundial. ¿En qué medida la novedad será disparadora de nuevas tensiones entre ambos países? Difícil saberlo. Lo cierto es que no soplan vientos de paz. Basta recordar la reciente ejecución de un predicador chiita por parte de Arabia Saudita y la posterior quema de la embajada saudita en Teherán. Actualmente ambas naciones han roto sus relaciones diplomáticas.
"Es cierto que Irán y Arabia Saudita han intensificado sus rivalidades. No obstante, explicar todas las disputas geopolíticas contemporáneas remitiendo la comprensión a la diferenciación doctrinal sunitas vs. chiitas puede sonar didáctico pero es un tanto simplificador. Las cuestiones geopolíticas pueden coincidir con líneas divisorias de pertenencia identitaria a distintos modos de comprender la religión, pero su dinámica está marcada por procesos contemporáneos de alianzas, estrategias, influencias políticas y modos de construir el poder, como en cualquier arena de negociación o de tensión internacional", admite la investigadora del Conicet Silvia Montenegro.
Con ella coincide Javier Martín, delegado de la agencia de noticias EFE en el norte de África y autor del libro Estado Islámico, geopolítica del caos, publicado el año pasado, que ya va por su quinta edición: "Aunque tiene raíces religiosas, el actual conflicto entre chiitas y sunitas es esencialmente político. Tanto Irán, único Estado chiita del mundo, como Arabia Saudita, que se atribuye el liderazgo ideológico e incluso político del universo sunita, así como también los movimientos radicales como Al Qaeda y la organización yihadista Estado Islámico manipulan las diferentes sensibilidades sectarias para forzar y azuzar el conflicto en función de sus intereses políticos, económicos y geoestratégicos en la región."
Sin embargo, Federico Gaon, analista internacional especializado en islamismo y Medio Oriente, no desestima el rol que juega la fe en el tejido de alianzas y conflictos en la región. "Lo religioso juega un papel fundamental. Para los occidentales, esto es un concepto difícil de digerir por el simple hecho de que no estamos acostumbrados a que la religión tenga semejante peso en nuestros días, o por lo menos no en nuestras latitudes."
A pesar de la profusa cobertura mediática de los conflictos en Medio Oriente, así como el estupendo papel que han sabido jugar las redes sociales a la hora de sortear cualquier cerco informativo, la visión estereotipada que suele circular sobre la región permanece vigente.
"Los estereotipos son más fáciles de digerir que la complejidad y la diversidad de la realidad, y todas las regiones subdesarrolladas del globo padecen ese tipo de simplificaciones. Así, África es la región de las hambrunas, las enfermedades y las guerras civiles; Latinoamérica, de los narcos, el fútbol y los carnavales; y Medio Oriente, del terrorismo, el fanatismo y el atraso. Pero las raíces de estos prejuicios no son inocentes. En lo que respecta a Medio Oriente, la desinformación y la distorsión han sido sistemáticas desde tiempos del colonialismo europeo, que dividió al mundo en dos entidades imaginarias e irreconciliables: una avanzada y otra salvaje; una regida por los valores de la Ilustración, la otra por una 'religión violenta' llamada islam. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó la posta que dejaron allí Francia y Gran Bretaña, y esas distorsiones no han hecho más que profundizarse, llegando a aplanar la historia en la burda ecuación 'democracia versus terrorismo'", considera la licenciada en comunicación Ana Prieto, también autora del libro Todo lo que necesitás saber sobre terrorismo (Paidós).
Pese a la miopía occidental, la violencia tiene efectos devastadores a nivel planetario, como bien pudimos comprobar con los recientes atentados en París. De acuerdo con el último informe del Institute for Economics and Peace (Instituto para la Economía y la Paz), un organismo no gubernamental que creó en 2008 el Índice Global de Paz, los principales actores de Medio Oriente se cuentan entre los doce países menos pacíficos del planeta. La organización, que releva a 162 países, también estima que el costo de la violencia global, fuertemente concentrada en esa zona, equivale al 13,4% del producto bruto mundial. En otro trabajo, el Índice Global sobre Terrorismo, se señala que, en 2014, Estado Islámico y Boko Haram habían sido los responsables del 51% de las muertes por terrorismo que, durante ese año, totalizaron unas 32.658, un 80% más que el año anterior.
Las principales organizaciones terroristas que operan en la región, como por ejemplo Estado Islámico, Al Qaeda (que se identifican con los elementos más militantes y radicales del sunismo) o Hezbollá (ligada a los chiitas) respaldan su accionar criminal en las enseñanzas del Corán, con una noción de yihad global que apela a una lucha armada en defensa del islam y en su conquista. Lo cierto es que, si bien la mayoría de los musulmanes adhieren a la yihad, existen serios matices interpretativos.
"La mayoría de los musulmanes adhieren al significado de yihad como esfuerzo, esforzarse en el camino de Dios, y rechazan la equiparación con la idea de "guerra santa" como un elemento de difamación mediática, construido por los medios occidentales, que funcionaría para producir una asociación instantánea entre islam y violencia. De hecho, muchos pensadores y líderes musulmanes no dejan de aclarar este aspecto ante los medios o escribir sobre el tema", puntualiza Montenegro.
"Otra es la concepción de los llamados grupos 'yihadistas', y su idea de yihad global -continúa la especialista-, que se consolida con la diáspora de combatientes que lucharon en Afganistán contra la invasión de la Unión Soviética en 1979. A partir de ahí surgen organizaciones (como Al Qaeda) o actualmente Estado Islámico, que apelan a la idea de yihad e instrumentalizan o son instrumentalizadas por determinados intereses. En ese contexto, y en la acepción que esos grupos le otorgan, se forja la idea del yihadista. Éste aparece como un combatiente de un ejército global que responde a un llamado y se moviliza a un territorio de origen distinto del suyo, donde se entiende que es necesario el combate o incluso actúa como cuentapropista para acciones que pueden, al modo de una franquicia, ser luego reivindicadas por organizaciones."
Pero, en cualquier caso, hay quienes creen que, más allá del fundamento ideológico de estas organizaciones, vale la pena mirarlas también como un reflejo de las contradicciones que se dan en nuestro mundo globalizado.
"Creo que, en el caso de Estado Islámico, se trata de una agrupación profundamente contemporánea: no sólo explota todas las herramientas digitales y comunicacionales a su alcance sino también porque es un hijo violento de las contradicciones de la globalización. La mayoría de sus jóvenes reclutas no están ahí por razones colectivas o religiosas (la devoción, si llega, llega después), sino para darles sentido a sus vidas, para canalizar sus propios impulsos violentos o para perseguir lo que les han vendido como una utopía. No hay que desestimar las motivaciones ni ambiciones personales de las personas que se unen a Estado Islámico", reflexiona Prieto.
Un poco de historia
La reinterpretación de los mandatos religiosos no es nueva en una religión que carga con siglos de fracturas. Basta recordar que fue la muerte de Mahoma la que enfrentó a la comunidad musulmana de entonces con el desafío de designar un sucesor. Para un sector (los luego llamados chiitas), el líder espiritual debía ser un descendiente directo del profeta, mientras que para el otro (representado por quienes después serían los sunitas) debía ser elegido por la comunidad y no necesariamente tenía que ser un descendiente directo del Profeta. La que se impuso fue esta última posición.
Tras aquella primera derrota, el chiismo, habiendo quedado en minoría y a los efectos de preservar sus formas frente a la mayoría, se abstendría de inmiscuirse en la búsqueda activa por el poder político. "Refugiándose en la creencia de que al final de cuentas todas las injusticias serían saldadas por la figura mesiánica del mahdi, 'el imán oculto', los chiitas encontraban consuelo espiritual a los agravios cometidos por el establecimiento sunita. Dicho sucintamente, había que esperar a la venida del redentor para poner las cosas en orden. Las circunstancias cambian en forma decisiva cuando se establece la dinastía safávida en 1501 en Irán. Con ella la mayoría de la población persa sería convertida al chiismo. Éste es un hito fundamental para entender lo que sucede hoy en día", explica Gaon.
Pero, si de hitos se trata, todas las fuentes consultadas concuerdan en señalar la Revolución islámica de 1979. "La Revolución islámica puede ser vista como la consagración del activismo político chiita. Representa la trasformación final del chiismo. De ser una corriente políticamente 'pasiva', resignada a su posición de inferioridad, pasó a ser un movimiento 'activo' en el plano político. Esto es algo insufrible para el establecimiento religioso sunita", agrega Gaon.
Con él coincide Khatchik DerGhougassian, doctor en Estudios Internacionales y profesor en la Universidad de San Andrés. "Históricamente los sunitas dominaron a partir de la dinastización del califato y por muchos siglos los chiitas fueron los perseguidos, los pasivos en la política, pues esperaban el regreso del último imán ocultado para establecer justicia en el mundo. Pero cuando con los fatímidas en Egipto, los safávidas en Irán y, sobre todo, con la emergencia de la República Islámica de Irán el chiismo llegó al poder, la controversia con los sunitas adquirió una dimensión geopolítica. A falta de secularización política en el islam, y mientras siga el conflicto en Medio Oriente, es muy difícil distinguir la pelea por el liderazgo de la comunidad musulmana de la lucha por el poder expresado en claves de razón estatal."
A la par de la Revolución iraní, se produjeron otros incidentes que despertaron los fuegos del radicalismo sunita. "Primero, la toma de la Gran Mezquita (Al-Masjid al-Haram) en La Meca por parte de extremistas adversos al de ya de por sí rígido y conservador régimen de los sauditas. Segundo, se produjo la invasión soviética de Afganistán, la cual inspiraría a miles de musulmanes de todo el mundo a librar una guerra santa, una yihad, contra el 'imperio ateo' invasor. La eventual derrota de los rusos daría paso a la creación de Al-Qaeda y a la usanza yihadista que estamos acostumbrados a ver en las noticias", agrega Gaon, quien compara la actual tensión entre Arabia Saudita e Irán tras el levantamiento de las sanciones con una debacle entre sunitas y chiitas que no tenía lugar desde la guerra entre Irak e Irán en los años ochenta.
Las perspectivas de paz en la región requieren de una serie de condiciones previas. "Mucho depende de la voluntad política y capacidad de cooperación de los actores regionales (Irán, Arabia Saudí y Turquía). En menor medida, de un acuerdo entre, por un lado, Estados Unidos y sus aliados europeos y, por el otro, Rusia. De hecho, este acuerdo existe pero no se puede implementar ni siquiera en el contexto de las negociaciones bajo el auspicio de la ONU entre el régimen de al-Asad y los opositores", aporta DerGhougassian.
Para Martín, en cambio, la paz sólo será posible siempre que se obligue a los actores regionales a cumplir con los derechos humanos y se trate con igual contundencia a todos los países. "Desde hace años, se ha denunciado el régimen dictatorial de Irán y sus prácticas mafiosas en la región, y debe seguir haciéndose dentro de la nueva era que se ha abierto tras el necesario acuerdo nuclear. Pero no se puede mantener el silencio y permitir que Arabia Saudita siga aplicando las mismas políticas mafiosas, violando los derechos de su pueblo y de los pueblos de la zona con impunidad. Igual que era necesario el retorno condicionado de Irán a la mesa de Oriente Medio por la influencia que tiene en muchos de los actores, es necesario frenar a Arabia Saudita para que el diálogo pueda funcionar."
Resolver la puja que dio origen a esta fractura es todavía mucho más complejo. Así lo cree Federico Gaon: "Estamos hablando de intereses irreconciliables, tanto religiosos como estratégicos. Es un juego de suma cero. Por ello, algunos comentaristas sugieren que la guerra es inevitable, y que sólo después de un conflicto decisorio como atroz, podrá alcanzarse, puertas adentro del islam, una solución religiosa que incite a darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Por lo menos esto fue lo que necesitó Europa para que, al cabo de pocos siglos y luego de un sangriento enfrentamiento entre católicos y protestantes, se consagrara el secularismo".
Si no hay "buitres" a la vista, la Fragata Libertad volverá a cruzar el océano
Por Mariano De Vedia - LA NACION - No navega fuera del continente desde 2013, cuando por el conflicto con los holdouts quedó retenida en Ghana
El buque escuela, ayer en Mar del Plata. Foto:LA NACION/Mauro V. Rizzi
A la espera de que avancen las negociaciones con los holdouts, el Gobierno ya tiene decidido que la Fragata Libertad salga a desafiar nuevamente las impetuosas aguas de los mares. Desde el histórico escándalo de Ghana, cuando en octubre de 2012 los fondos buitre lograron retenerla con una medida cautelar durante 77 días, el buque escuela de la Armada no volvió a cruzar el océano y sólo llevó a dos promociones de guardiamarinas por puertos de países amigos, sin salir del continente americano.
Fuentes del Gobierno anticiparon a LA NACION que en abril la Fragata volverá a navegar por el mundo, aunque todavía no está definido el itinerario.
"Se está trabajando con la Cancillería. Lo ideal es primero cerrar el acuerdo con los holdouts, para evitar riesgos", confió una fuente oficial. Pero, de todos modos, al ordenar la liberación de la Fragata en Ghana, el Tribunal Internacional del Mar declaró que el buque escuela de la Armada tiene inmunidad y es un bien inembargable, lo que constituye un antecedente de peso en la jurisdicción internacional y da tranquilidad para encarar un nuevo viaje. De eso ya hablaron la canciller Susana Malcorra y el ministro de Defensa, Julio Martínez, quienes están buscando la forma y el momento más apropiado para dar la orden de zarpada.
Aquella traumática experiencia concluyó en enero de 2013 con una festiva recepción en el puerto de Mar del Plata, encabezada por Cristina Kirchner. En medio de fuegos artificiales y miles de militantes, la entonces presidenta exclamó la famosa frase: "Allá había buitres y acá, caranchos".
Luego del papelón de Ghana, la Fragata Libertad hizo un único viaje de instrucción. Participó en el encuentro Velas Latinoamérica 2014, que le sirvió simplificar costos y hacer un "dos por uno", al llevar a dos promociones de guardiamarinas en un solo viaje: los graduados de 2013 en el viaje de ida y los egresados de 2014, en el trayecto de vuelta. Fue un viaje acotado y sólo tocaron puertos americanos, desde Itajaí (Brasil) hasta Veracruz (México).
El año pasado hubo un último intento del gobierno kirchnerista de programar un viaje a China, Japón, India y otros países asiáticos, pero la iniciativa naufragó por razones presupuestarias. Incluso, en octubre de 2015, la Fragata Libertad sufrió un desperfecto, que la obligó a suspender un viaje local que había emprendido a Ushuaia, por lo que debió retornar a la base naval de Puerto Belgrano.
El miércoles pasado, finalizadas ya las reparaciones, la Fragata partió de Puerto Belgrano rumbo a Mar del Plata, al mando del capitán de navío Ignacio Martín Errecaborde, para efectuar las pruebas de máquinas y completar el alistamiento para el próximo viaje de instrucción. Hoy, de 15 a 20, podrá ser visitada por el público en la Base Naval ubicada en el puerto marplatense. De allí irá a Ushuaia y luego a Buenos Aires.
El verano pasado, en el inicio del año electoral, la Fragata Libertad sirvió de albergue a militantes de La Cámpora, que participaron del programa "Verano de emociones", con festivales y actividades para los turistas en la Base Naval de Mar del Plata. Más allá de que el buque fue visitado por más de 300.000 personas, la experiencia no estuvo exenta de críticas por la utilización política del buque, que es considerado "un embajador argentino en el mar".
Todos los detalles, incluidos los costos del viaje, están siendo analizados en la Armada y en el Gobierno para el próximo viaje de instrucción. Generalmente suben a bordo los guardiamarinas que cursan el último año en la Escuela Naval -unos 80 por promoción- y 280 tripulantes, además de unos 25 oficiales de la plana mayor.
El costo de volver a navegar por el mundo podría ascender a lo largo del año a unos dos millones de dólares, pero en el Gobierno creen que eso no será un impedimento. "No son los US$ 16 millones que cuesta alquilar el buque polar ruso Golovnin para la campaña antártica", se atajan en el área de Defensa para dimensionar los gastos. También se recuerda que para el accidentado viaje que se interrumpió en Ghana, en 2012, se habían presupuestado US$ 4,5 millones. Pero los costos adicionales de la travesía elevaron finalmente el monto a US$ 7,8 millones, por la prolongación de la estadía y el alquiler de dos aviones para transportar a la tripulación.
La Fragata, cuya construcción insumió diez años y culminó en 1963, lleva recorridas más de 800.000 millas náuticas alrededor del mundo -el equivalente a casi un millón y medio de kilómetros-, y fuera de su apostadero pasó el equivalente a 17 años en el mar.
Se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Kirchner, cuando por un pedido del fondo NML Capital Limited a la justicia ghanesa fue retenida en el puerto en concepto de un embargo por 370 millones de dólares. Después de 77 días, la Corte Suprema de Ghana dictó una sentencia final favorable a la Argentina y determinó que el buque cuenta con "inmunidad absoluta respecto de medidas cautelares y embargos".
Mientras el kirchnerismo se arrogaba el triunfo en la Justicia y celebraba con bombos y platillos el regreso de la embarcación, el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, cuestionaba la pomposa recepción en Mar del Plata, considerando que "había ocurrido un papelón internacional".
Idas y venidas en altamar
2013 - En enero regresó a la Argentina tras 77 días retenida en Ghana. El gobierno organizó una festiva recepción en Mar del Plata
2014 - Hizo un único viaje de instrucción, hacia el encuentro Velas Latinoamérica 2014. Sólo tocó puertos americanos, desde Itajaí (Brasil) hasta Veracruz (México)
2015 - En octubre sufrió un desperfecto que la obligó a retornar a la base naval de Puerto Belgrano, mientras viajaba a Ushuaia
Un primer gran paso para la autonomía porteña
Por Facundo Suárez Lastra - LA NACION
El acuerdo suscripto entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la transferencia de las funciones metropolitanas de la Policía Federal con su respectivo personal y recursos es un primer gran paso en la concreción de la autonomía para la ciudad. Obtiene así su gobierno la posibilidad de hacerse cargo plenamente, como lo hacen hoy todas las provincias, de una de las funciones esenciales del Estado: proveer seguridad.
Sin embargo, en el marco de la negociación entre el Gobierno y algunas provincias por la restitución del 15% de los fondos coparticipables, este acuerdo ha sido cuestionado por algunos gobernadores. Hasta se ha dicho que implica un "avance brutal" sobre el federalismo y un favoritismo indebido. Lejos de ser un acto arbitrario, es una acción legítima y justa que beneficia tanto a los vecinos de la CABA como a los de la provincia de Buenos Aires y del resto del país que ingresan a diario en la ciudad. La unificación bajo el mismo comando jurisdiccional de lo que fue el área de comisarías de la Policía Federal y del que es la Policía Metropolitana permite un servicio cooperativo en materia de seguridad que beneficia a los tres millones de porteños y a los casi tres millones de vecinos del conurbano que ingresan a diario en la ciudad. Seis millones de personas se benefician con esta decisión que permitirá superar los roces y dificultades que se produjeron en estos años de superposición de competencias entre dos fuerzas policiales en un mismo territorio.
La seguridad de la ciudad que cumple funciones de centro de una región con casi 13 millones de personas y que además es capital de la República concierne al mejor funcionamiento del país. Debió hacerse mucho antes, pero lo impidió la desconfianza que generaba en las autoridades nacionales el hecho de que un gobierno de otro signo en la ciudad se hiciera cargo de la seguridad, nada más y nada menos, donde se asientan los poderes federales.
El marco de confianza y buena fe hoy permite hacerlo. La Policía Federal mantiene todos los medios que le permiten cumplir sus misiones federales, entre ellas la custodia y vigilancia de los bienes en el ámbito de la ciudad afectados al cumplimiento de las funciones de los tres poderes del Estado nacional. Es muy bueno también que por primera vez se haga una transferencia de servicios a la CABA con la asignación de los recursos, tal cual lo prevé expresamente la Constitución Nacional. La Nación lo ha dispuesto de sus recursos propios dentro de la masa que le corresponde por la coparticipación federal como distribución primaria, sin afectar en modo alguno a ninguna provincia, cuyos porcentajes de coparticipación no han sido modificados. Desde el punto de vista económico, nada les sacan la Ciudad ni la Nación a las provincias; al contrario. El Estado nacional empieza a tener una relación equitativa con la ciudad de Buenos Aires, a la que ha venido despojando de recursos propios desde hace décadas.
La ciudad de Buenos Aires genera más de la cuarta parte de los impuestos coparticipables y solamente recibía hasta ahora 1,47 puntos de coparticipación, además de ser acreedora del Estado nacional por servicios de educación y de salud transferidos sin partidas, como lo prevé la Constitución, en los últimos 35 años, primero durante la dictadura y luego durante la presidencia de Carlos Menem. Algunos números para que esto quede claro: la Ciudad tiene ingresos por 110.000 millones de pesos anuales, de los que el 93,45% son de recaudación propia, y hasta ahora recibió sólo el 1,47% de los fondos coparticipables. Tierra del Fuego recibe 33.500 pesos por habitante; la hasta ahora privilegiada Santa Cruz, 26.200; Santa Fe y Córdoba, que tienen un número de habitantes similar a la CABA aunque mayores necesidades debido a su extensión territorial, 11.100 y 10.400 respectivamente. Buenos Aires recibe sólo 2800 por habitante.
Los últimos años han sido los más unitarios en lo que a la distribución de recursos entre Nación y provincias se refiere. El gobierno federal se ha quedado con el 75% de los recursos coparticipables, cuando en 1988 su porcentaje era del 42,33%. Es evidente desde esta perspectiva que pasar la coparticipación de la ciudad del 1,47% al 3,75% con la correlativa disminución de la parte que se queda la Nación es un avance dentro del federalismo y la equidad de la distribución de los recursos fiscales. El monto transferido para atender la transferencia de funciones de la Policía Federal será de 14.500 millones de pesos, que son lo que actualmente gasta la Nación para este objeto. Sumados a los 9200 millones de coparticipación que ya se perciben hacen una suma de 26.700 millones. Esto no alcanza a compensar ni siquiera la mitad de los 59.900 millones de pesos que la Ciudad gasta en los servicios transferidos sin recursos en las áreas de seguridad, justicia, educación y salud.
Al margen de lo que ya se ha dicho en materia de seguridad, en todas estas áreas, y especialmente en salud, donde el gasto es de 23.277 millones de pesos por año, cerca de la mitad de los pacientes provienen de la provincia de Buenos Aires y en los casos de hospitales de alta complejidad se atienden pacientes de todo el país, lo que expresa la solidaridad de la Ciudad para con todos los argentinos.
Este primer gran paso debería completarse con un proceso de reforma institucional que permita superar los costos de la fragmentación a nivel metropolitano y mejorar la efectividad de la acción de las distintas jurisdicciones y agencias estatales. Ésta es una gran oportunidad para que la Nación, la ciudad y la provincia empiecen a saldar deudas institucionales impostergables en materia de integración metropolitana. Por eso, el Congreso tiene también la oportunidad histórica de tratar y sancionar una ley de fondo de coparticipación federal que termine con las arbitrariedades en la asignación de estos recursos.
El futuro inmediato de nuestro país depende en mucho de la actitud patriótica y colaborativa que inspire al Gobierno y a las distintas jurisdicciones provinciales y municipales para encontrar caminos que permitan el progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Las reuniones del gobierno nacional con los gobernadores y las rectificaciones resueltas son auspiciosas en este sentido. Los tiempos de los malentendidos en este tema deben ser superados. El diálogo, la buena voluntad y la mirada puesta en el futuro son el camino.
La Corte Suprema, contra el narcotráfico
Editorial del diario La Nación - Dos acertadas decisiones del máximo tribunal ponen de manifiesto su voluntad de que la Justicia cumpla un papel activo en la lucha contra el flagelo de la droga
Durante la campaña electoral, y muy especialmente desde la asunción del nuevo gobierno, la necesidad de luchar sin pérdida de tiempo contra el narcotráfico se convirtió en un tema central. Ha quedado claro que había que cortar de cuajo la llamativa y sospechosa pasividad del kirchnerismo ante el crecimiento constante de un flagelo cuyo peligro requiere acciones concretas y eficaces.
En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente confirmó que una de las prioridades de su gobierno será combatirlo, y esta decisión volvió a quedar de manifiesto cuando se dictó la emergencia en materia de seguridad, que incluye la lucha contra el narcotráfico.
Pero poco antes de fines del año pasado, la gravedad de la situación también tuvo su impacto en el Poder Judicial, cuando la Corte Suprema de Justicia constituyó una comisión judicial integrada por jueces federales y la Junta Federal de Cortes, destinada a contribuir con una política de Estado tendiente a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. Se trató de una primera señal contundente que anunciaba un cambio de época.
Otro importante gesto de la Corte se produjo el último día del gobierno saliente con una sentencia de gran repercusión que respalda las actividades de prevención. En el caso Lemos, la Corte adhirió a la opinión del procurador fiscal Eduardo Casal, quien consideró arbitraria la decisión de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación.
La sentencia de esa sala había declarado la nulidad de un procedimiento de la Gendarmería en Salta, a 120 kilómetros de la frontera con Bolivia, durante el cual se encontraron en el techo de un automóvil 42 paquetes con unos 54 kilos de cocaína. La tercera integrante de la sala, Ana María Figueroa, votó en disidencia, al sostener que la actuación de la Gendarmería se había adecuado a las previsiones del Código Procesal Penal, ya que, tratándose de un supuesto en el que específicamente se autoriza la requisa de automotores, mal puede haber un vicio susceptible de nulidad, y asimismo recordó el compromiso internacional asumido por el Estado argentino en la persecución del tráfico de estupefacientes.
El dictamen del procurador fiscal Casal, al que adhirió la Corte, fue firmado en 2014. Sin embargo, los hechos que desde ahora deberán ser investigados al dejarse de lado la sentencia de la Sala II ocurrieron en octubre de 2007. Al detener el vehículo por una inspección de rutina, la Gendarmería encontró que en el techo del rodado se ocultaba la droga. Esa fuerza informó lo sucedido a la justicia federal y pocas horas después los funcionarios se comunicaron con el juez, quien autorizó una serie de medidas de investigación, ya que existían fuertes indicios sobre otros hechos por investigar.
La persona sorprendida con los estupefacientes en el techo de su automóvil tenía unas sospechosas salidas del país y era titular de otro auto que utilizaba con su pareja, quien a su vez fue detenida en otro procedimiento por transportar 160 kilos de cocaína. Como señala Casal, con "la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados" a tal fin, el Código Procesal Penal autoriza a los funcionarios a requisar e inspeccionar a las personas y el interior de los vehículos. La actividad de control de la Gendarmería que permitió dar con los estupefacientes respetó lo establecido por la ley.
En la dura crítica que realiza a los camaristas Slokar y Ledesma se sostiene que el fallo, al declarar la nulidad del procedimiento de octubre de 2007, no sólo se aparta de la ley aplicable, sino también de las reglas de la experiencia que deben regir en toda decisión judicial, las cuales indican que debía tenerse en cuenta tanto la cercanía con la frontera, como que el transporte y ocultamiento de estupefacientes en diversas partes de los automotores resulta una forma de operación frecuente en el obrar delictivo. Por esa razón allí se practican inspecciones vehiculares más profundas, incluso con perros entrenados y, más recientemente, con utilización de escáneres.
La censura de la Corte a la decisión de la Sala II que fue considerada arbitraria es un fuerte y saludable llamado de atención. La sentencia destaca la importancia de mantener todas las garantías de las personas investigadas y subraya que los jueces deben ser cuidadosos y consistentes al examinar la regularidad de las actividades de investigación.
Una política pública en materia de acciones de combatir del narcotráfico exige no tolerar los excesos y, al mismo tiempo, respaldar los procedimientos que las fuerzas de seguridad llevan adelante regularmente. El difícil equilibrio entre el irrestricto respeto por las libertades individuales y las acciones de quienes tienen a su cargo la prevención e investigación debe ser realizado con extremada prudencia. La arbitrariedad que la Corte encuentra en la decisión que corrige denuncia que los jueces de la Sala II cometieron un inexcusable error al examinar los hechos.
Ocho años pasaron desde el procedimiento en el que se descubrieron aquellos 54 kilos de cocaína. El proceso para deslindar las responsabilidades penales volverá a comenzar. No solamente se perdió muchísimo tiempo, sino que parte de la Justicia exhibió su ineficiencia y las actividades de prevención fueron ilegítimamente puestas en duda.
Esta trascendente sentencia de la Corte debe ser interpretada como un mensaje a los jueces, a los fiscales y a los órganos de prevención en el contexto de un clima social en el cual se ha rescatado el valor de terminar con un tiempo de impunidad para alcanzar otro en el cual el Estado logre una mayor eficacia en la lucha desigual contra el narcotráfico.
Durante la campaña electoral, y muy especialmente desde la asunción del nuevo gobierno, la necesidad de luchar sin pérdida de tiempo contra el narcotráfico se convirtió en un tema central. Ha quedado claro que había que cortar de cuajo la llamativa y sospechosa pasividad del kirchnerismo ante el crecimiento constante de un flagelo cuyo peligro requiere acciones concretas y eficaces.
En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente confirmó que una de las prioridades de su gobierno será combatirlo, y esta decisión volvió a quedar de manifiesto cuando se dictó la emergencia en materia de seguridad, que incluye la lucha contra el narcotráfico.
Pero poco antes de fines del año pasado, la gravedad de la situación también tuvo su impacto en el Poder Judicial, cuando la Corte Suprema de Justicia constituyó una comisión judicial integrada por jueces federales y la Junta Federal de Cortes, destinada a contribuir con una política de Estado tendiente a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. Se trató de una primera señal contundente que anunciaba un cambio de época.
Otro importante gesto de la Corte se produjo el último día del gobierno saliente con una sentencia de gran repercusión que respalda las actividades de prevención. En el caso Lemos, la Corte adhirió a la opinión del procurador fiscal Eduardo Casal, quien consideró arbitraria la decisión de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación.
La sentencia de esa sala había declarado la nulidad de un procedimiento de la Gendarmería en Salta, a 120 kilómetros de la frontera con Bolivia, durante el cual se encontraron en el techo de un automóvil 42 paquetes con unos 54 kilos de cocaína. La tercera integrante de la sala, Ana María Figueroa, votó en disidencia, al sostener que la actuación de la Gendarmería se había adecuado a las previsiones del Código Procesal Penal, ya que, tratándose de un supuesto en el que específicamente se autoriza la requisa de automotores, mal puede haber un vicio susceptible de nulidad, y asimismo recordó el compromiso internacional asumido por el Estado argentino en la persecución del tráfico de estupefacientes.
El dictamen del procurador fiscal Casal, al que adhirió la Corte, fue firmado en 2014. Sin embargo, los hechos que desde ahora deberán ser investigados al dejarse de lado la sentencia de la Sala II ocurrieron en octubre de 2007. Al detener el vehículo por una inspección de rutina, la Gendarmería encontró que en el techo del rodado se ocultaba la droga. Esa fuerza informó lo sucedido a la justicia federal y pocas horas después los funcionarios se comunicaron con el juez, quien autorizó una serie de medidas de investigación, ya que existían fuertes indicios sobre otros hechos por investigar.
La persona sorprendida con los estupefacientes en el techo de su automóvil tenía unas sospechosas salidas del país y era titular de otro auto que utilizaba con su pareja, quien a su vez fue detenida en otro procedimiento por transportar 160 kilos de cocaína. Como señala Casal, con "la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados" a tal fin, el Código Procesal Penal autoriza a los funcionarios a requisar e inspeccionar a las personas y el interior de los vehículos. La actividad de control de la Gendarmería que permitió dar con los estupefacientes respetó lo establecido por la ley.
En la dura crítica que realiza a los camaristas Slokar y Ledesma se sostiene que el fallo, al declarar la nulidad del procedimiento de octubre de 2007, no sólo se aparta de la ley aplicable, sino también de las reglas de la experiencia que deben regir en toda decisión judicial, las cuales indican que debía tenerse en cuenta tanto la cercanía con la frontera, como que el transporte y ocultamiento de estupefacientes en diversas partes de los automotores resulta una forma de operación frecuente en el obrar delictivo. Por esa razón allí se practican inspecciones vehiculares más profundas, incluso con perros entrenados y, más recientemente, con utilización de escáneres.
La censura de la Corte a la decisión de la Sala II que fue considerada arbitraria es un fuerte y saludable llamado de atención. La sentencia destaca la importancia de mantener todas las garantías de las personas investigadas y subraya que los jueces deben ser cuidadosos y consistentes al examinar la regularidad de las actividades de investigación.
Una política pública en materia de acciones de combatir del narcotráfico exige no tolerar los excesos y, al mismo tiempo, respaldar los procedimientos que las fuerzas de seguridad llevan adelante regularmente. El difícil equilibrio entre el irrestricto respeto por las libertades individuales y las acciones de quienes tienen a su cargo la prevención e investigación debe ser realizado con extremada prudencia. La arbitrariedad que la Corte encuentra en la decisión que corrige denuncia que los jueces de la Sala II cometieron un inexcusable error al examinar los hechos.
Ocho años pasaron desde el procedimiento en el que se descubrieron aquellos 54 kilos de cocaína. El proceso para deslindar las responsabilidades penales volverá a comenzar. No solamente se perdió muchísimo tiempo, sino que parte de la Justicia exhibió su ineficiencia y las actividades de prevención fueron ilegítimamente puestas en duda.
Esta trascendente sentencia de la Corte debe ser interpretada como un mensaje a los jueces, a los fiscales y a los órganos de prevención en el contexto de un clima social en el cual se ha rescatado el valor de terminar con un tiempo de impunidad para alcanzar otro en el cual el Estado logre una mayor eficacia en la lucha desigual contra el narcotráfico.
Jujuy va a tener un parque solar
(Agencia Telam) - Gerardo Morales dijo que Mauricio Macri visitará Jujuy para anunciar obras viales y energéticas. "Jujuy va a tener un parque solar", dijo el gobernador y aseguró que tiene que ser una provincia verdeEl gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , confirmó hoy que el presidente de la Nación, Mauricio Macri , visitará la provincia el próximo 5 de febrero para informar sobre el proyecto de Autovía sobre Ruta Nº 34 y dar detalles sobre un plan para el desarrollo de la energía solar. "Ya quedó confirmada la presencia de Macri en Jujuy el día viernes 5 de febrero. Ese día, vamos a estar en la ciudad de San Pedro realizando un anuncio de obras; una en particular es la ruta Nacional 34 y posiblemente otra obra muy importante que es central para nosotros y nuestro desarrollo turístico", dijo Morales en el marco de la celebración del Arete Guazú en el Parque Nacional Calilegua, en la que participó junto a integrantes de su gabinete.
Morales señaló que el día sábado 6 en la localidad de Purmamarca darán detalles del proyecto de energía solar. "Jujuy va a tener un parque solar, el más importante de la República Argentina, porque tenemos la cantidad de horas de radiación solar por año en nuestra Puna y esto pondrá a Jujuy como un actor central en las energías renovables", dijo Morales.
El gobernador aseguró que Jujuy tiene que ser una provincia verde, de producción orgánica. "En términos productivos, se tomará ese nicho porque la idea es que podamos generar en la Quebrada y en la Puna energía alternativa y renovable para convertirnos en la provincia verde del país", dijo el gobernador. Morales señaló que el proyecto se enmarca dentro de la política medioambiental de la Cumbre de París, realizada el año pasado.
Déficit de $ 15.000 millones en Aerolíneas
(La Nación) - Es la proyección para 2016 que hizo Isela Costantini
A menos de un mes de haber asumido la presidencia de la empresa, la CEO de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, anunció que proyecta para este año un déficit de $ 15.000 millones, heredado de la gestión de Mariano Recalde.
"Encontré una empresa que no ha sido gestionada desde lo administrativo, ha sido gestionada desde lo político. Y uno ve las falencias que tiene en lo que son los números. El resultado financiero es muy negativo", afirmó Costantini anteanoche en el programa de televisión La noche de Mirtha.
"[Las pérdidas] en realidad son 2 millones de dólares por día. Pero son proyecciones. Hay que entender que es una empresa cuyo último balance auditado es de 2013. El de 2014 aún no lo tenemos auditado. El balance interno último es de junio. ¿Cómo puede ser esto? Así que al hacer las primeras proyecciones, nos da como resultado un déficit de 15.000 millones de pesos para este año. Son 39 millones de jubilaciones mínimas, más de 170 millones de asignaciones por hijo. El subsidio [del Estado] es muy grande", sostuvo.
La presidente de la línea de bandera nacional además no descartó continuar con el proceso de ajuste, que podría incluir el levantamiento de algunas rutas internacionales. En este sentido, destacó que el vuelo a Miami es "una de las rutas más rentables que tenemos", pero anticipó que se está evaluando el futuro de las rutas a Europa.
Endeudamiento
Costantini elogió el estado de la flota de Aerolíneas, aunque aclaró que la incorporación de nuevos aviones se tradujo en un aumento en el nivel de endeudamiento de la compañía. "Tenemos 74 aviones, y hay que reconocerle un logro a la gestión anterior, porque ellos partieron de 28 aviones. Es una flota bastante buena, con 7 años de edad promedio. Pero esos aviones no se pagaron, la deuda está vencida", señaló.
Pese a las críticas contra el ex presidente de Aerolíneas, Costantini destacó la profesionalidad de los empleados. "Encontré mucha gente con un orgullo muy grande de trabajar en la empresa. Este mes hemos tenido récord de puntualidad, récord de pasajeros y no hemos tenido cancelaciones", señaló, y agregó sobre la militancia dentro de la empresa: "He estado con militantes de La Cámpora que son excelentes profesionales".
Pero consultada sobre si habrá despidos masivos entre los 12.000 empleados que tiene Aerolíneas, reconoció que hasta ahora "hubo despidos, pero que aún no llegan al centenar". "La única forma que Aerolíneas puede llegar a la autosustentabilidad es haciendo un trabajo conjunto con los sindicatos", agregó.
A menos de un mes de haber asumido la presidencia de la empresa, la CEO de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, anunció que proyecta para este año un déficit de $ 15.000 millones, heredado de la gestión de Mariano Recalde.
"Encontré una empresa que no ha sido gestionada desde lo administrativo, ha sido gestionada desde lo político. Y uno ve las falencias que tiene en lo que son los números. El resultado financiero es muy negativo", afirmó Costantini anteanoche en el programa de televisión La noche de Mirtha.
"[Las pérdidas] en realidad son 2 millones de dólares por día. Pero son proyecciones. Hay que entender que es una empresa cuyo último balance auditado es de 2013. El de 2014 aún no lo tenemos auditado. El balance interno último es de junio. ¿Cómo puede ser esto? Así que al hacer las primeras proyecciones, nos da como resultado un déficit de 15.000 millones de pesos para este año. Son 39 millones de jubilaciones mínimas, más de 170 millones de asignaciones por hijo. El subsidio [del Estado] es muy grande", sostuvo.
La presidente de la línea de bandera nacional además no descartó continuar con el proceso de ajuste, que podría incluir el levantamiento de algunas rutas internacionales. En este sentido, destacó que el vuelo a Miami es "una de las rutas más rentables que tenemos", pero anticipó que se está evaluando el futuro de las rutas a Europa.
Endeudamiento
Costantini elogió el estado de la flota de Aerolíneas, aunque aclaró que la incorporación de nuevos aviones se tradujo en un aumento en el nivel de endeudamiento de la compañía. "Tenemos 74 aviones, y hay que reconocerle un logro a la gestión anterior, porque ellos partieron de 28 aviones. Es una flota bastante buena, con 7 años de edad promedio. Pero esos aviones no se pagaron, la deuda está vencida", señaló.
Pese a las críticas contra el ex presidente de Aerolíneas, Costantini destacó la profesionalidad de los empleados. "Encontré mucha gente con un orgullo muy grande de trabajar en la empresa. Este mes hemos tenido récord de puntualidad, récord de pasajeros y no hemos tenido cancelaciones", señaló, y agregó sobre la militancia dentro de la empresa: "He estado con militantes de La Cámpora que son excelentes profesionales".
Pero consultada sobre si habrá despidos masivos entre los 12.000 empleados que tiene Aerolíneas, reconoció que hasta ahora "hubo despidos, pero que aún no llegan al centenar". "La única forma que Aerolíneas puede llegar a la autosustentabilidad es haciendo un trabajo conjunto con los sindicatos", agregó.
Indec, otra herencia de descontrol con el personal estatal
Por Paula Urien - LA NACION - En la gestión Kirchner creció 36% la nómina de empleados; muchos no tienen tareas
En 2003, el Indec tenía 1173 empleados; hoy, tiene 1580. Es decir, durante las sucesivas administraciones kirchneristas, su planta se incrementó 36%. Pero el aumento de personal, similar al de casi todos los organismos del Estado, no es el principal problema que enfrenta el ente estadístico. El desorden administrativo y el caos en materia de recursos humanos son factores con los que tienen que lidiar las nuevas autoridades para poder medir correctamente datos fundamentales de la economía, como la inflación y la pobreza.
El descontrol llega incluso a los legajos del personal, que en algunos casos, en lugar de la historia laboral del empleado, sólo tienen la fotocopia del documento. Además, fuentes internas del Indec, en coincidencia con los datos de delegados de ATE, afirman que, a esta altura, 60% de los empleados del organismo son contratados. "El tema de los contratos es una forma de precarización laboral. Hay un grupo sin contrato -unas 30 personas-, otro grupo con contratos vencidos y otro con contratos no aprobados", advierte un reconocido jurista que asesora a la nueva conducción del organismo.
La situación de los contratados contempla casos muy diversos. Hay quienes tienen tareas asignadas y, al figurar como contratados, están en una situación irregular. También hay muchos que llegaron a través de algún tipo de favoritismo y no cumplen funciones. A eso se suma que desde 1994, según ATE, no hay concursos
"No hay normalización del Indec si no hay un pase a planta permanente de los trabajadores, empezando por aquellos que claramente estaban antes de 2007, salvo aquellos que fueron parte de la patota de [Guillermo] Moreno y que nos hostigaron", dice Raúl Llaneza, delegado general de ATE-Indec, uno de los que resistieron la intervención del kirchnerismo. Para él, esta situación se repite en todos los organismos del Estado, que tiene un 70% de trabajadores precarizados que no cobran la totalidad del salario que les corresponde. "El Indec no es una isla, es parte del Estado nacional y desde el 94 no hay concursos", agrega Llaneza.
La nueva conducción del organismo estadístico se encontró con otro problema de similar importancia, como lo es la representación sindical. Según altas fuentes del Indec, hay en este momento 121 delegados sindicales (99 de UPCN y 22 de ATE), cuando por ley corresponderían sólo 17.
"La cantidad de delegados excede por mucho lo que está estipulado por la ley de asociaciones sindicales, del año 1988", dice el asesor jurídico del organismo consultado. "El artículo 45 de esa ley es claro y no se ha respetado en el caso del Indec." La ley estipula que la cantidad de trabajadores que representen a la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será de diez a cincuenta trabajadores, un representante; de cincuenta y uno a cien trabajadores, dos representantes; de ciento uno en adelante, un representante más cada cien trabajadores.
"En 2006 los trabajadores del Estado firmaron el acuerdo llamado Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional, y en su artículo 106°, que repite las mismas escalas, cambiaron la palabra empresa o establecimiento por la palabra jurisdicción o entidad descentralizada. Así, consideran a la totalidad del Ministerio de Economía para nombrar delegados del Indec. Para dar un ejemplo, el sentido de la ley es que cada planta automotriz tenga una cierta cantidad de delegados, uno cada 100 empleados. Si una automotriz tiene tres plantas, cada una tendrá sus delegados como estipula la ley, pero no más."
Luis Ramírez Bosco, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de grado y posgrado en varias de las universidades más prestigiosas del país, incluyendo la UBA, señaló: "La situación de la representación gremial en el Indec parece que efectivamente es irregular. Para empezar, los representantes sindicales con las garantías reforzadas, y la prestación de trabajo por consiguiente condicionada, alcanzan prácticamente al 8% del total de trabajadores, cuando la proporción debida -por ley y por el mismo convenio para el personal público- es del 1% del personal de cada establecimiento. A esto se habría llegado en elecciones de delegados en las que, salvo que se informara una razón que no está a la vista, el organismo hubiera debido cuestionar el número de delegados a elegir, y la autoridad a cargo no lo hizo; y en las que los organismos de aplicación del Ministerio de Trabajo hubieran debido cuestionar lo que se estaba haciendo y tampoco lo hicieron".
Coincide Ramírez Bosco con la llamada de atención del jurista, sobre el avasallamiento del convenio colectivo sobre la ley. "Otro elemento distorsivo está en el mismo convenio colectivo para el sector público, porque mientras la ley general define una proporción de delegados "por establecimiento", para asegurar que todos los trabajadores, de cualquier establecimiento, estén efectivamente representados, el convenio colectivo redefine mal lo de establecimiento, diciendo que lo es cada jurisdicción (ministerio) o ente descentralizado, con lo cual organismos como el Indec, separados y especializados y con personal con aptitudes diferenciadas, pasan a considerarse como parte de la misma única unidad Ministerio de Economía."
Así, la cantidad de delegados no es proporcional al número de trabajadores del Indec. Podría entonces dejarse sin representación al personal del resto del Ministerio de Economía. "Se designa en una sola repartición una cantidad de representantes gremiales que nada tiene que ver con la proporción que rige en el país desde siempre. Esto es, técnicamente, un abuso de derecho propiamente dicho, porque significa aplicar una norma para un objetivo distinto que el que justifica que la norma exista", dice Ramírez Bosco.
Raúl Llaneza dice que "el Estado delega en distintos ministerios la responsabilidad de velar sobre esas cosas, y durante 9 años el Estado nacional vino avalando que haya esta cantidad de representantes. No voy a defender al otro gremio [en referencia a UPCN, históricamente enfrentado con ATE] ni nada que se le parezca, pero durante 9 años lo vinieron aceptando. Además, por parte de ATE, por el contrario, éramos 28 y ahora somos 22 delegados". Asegura también que no deberían ser 22 (de ATE), sino más, porque hay tres edificios diferentes y bandas horarias.
UPCN, por su parte, respondió a los llamados de LA NACION excusándose de hacer declaraciones porque las personas encargadas de comunicación del gremio están de vacaciones.
"Los delegados son personas inamovibles porque tienen estabilidad sindical", señala el asesor legal del Indec. ¿Pueden complicar el funcionamiento interno? "¿Y qué te parece?", contesta. Según fuentes cercanas al organismo, fue el propio Ministerio de Trabajo del gobierno anterior el que convalidó esta situación a modo de intercambio de favores, ya que hubo un apoyo del sindicato al kirchnerismo, que intervino el Indec en 2007, despidió a técnicos históricos de carrera e instauró mediciones falaces, sobre todo en materia de inflación y pobreza.
Vale todo en recursos humanos
Sindicalización
Con una plantilla total de 1580 empleados, hoy en el Indec hay 121 delegados sindicales -de los cuales 99 pertenecen a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y 22 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la vigente ley de Asociaciones Sindicales, por el número de trabajadores le corresponderían sólo 17
Precarización laboral
La sobre representación sindical es acompañada por una precarización laboral dentro del organismo. Según los sindicatos, el 60% de los trabajadores actuales del Indec hoy son contratados. Los gremios además advierten sobre la existencia de decenas de contratos vencidos y otros que no están aprobados
Aval oficial
El propio Ministerio de Trabajo del kirchnerismo fue el encargado de convalidar esta situación a modo de intercambio de favores, ya que hubo un apoyo político de UPCN para avanzar en la intervención del organismo, que despidió a técnicos históricos de carrera e instauró mediciones falaces de inflación y pobreza
Legajos incompletos
El caos que se registra puertas adentro del Indec se siente con especial intensidad en el área de Recursos Humanos del organismo. Las nuevas autoridades del instituto aseguran que, en algunos casos, en los legajos del personal en lugar de la historia laboral del empleado sólo figura una fotocopia del documento
En 2003, el Indec tenía 1173 empleados; hoy, tiene 1580. Es decir, durante las sucesivas administraciones kirchneristas, su planta se incrementó 36%. Pero el aumento de personal, similar al de casi todos los organismos del Estado, no es el principal problema que enfrenta el ente estadístico. El desorden administrativo y el caos en materia de recursos humanos son factores con los que tienen que lidiar las nuevas autoridades para poder medir correctamente datos fundamentales de la economía, como la inflación y la pobreza.
El descontrol llega incluso a los legajos del personal, que en algunos casos, en lugar de la historia laboral del empleado, sólo tienen la fotocopia del documento. Además, fuentes internas del Indec, en coincidencia con los datos de delegados de ATE, afirman que, a esta altura, 60% de los empleados del organismo son contratados. "El tema de los contratos es una forma de precarización laboral. Hay un grupo sin contrato -unas 30 personas-, otro grupo con contratos vencidos y otro con contratos no aprobados", advierte un reconocido jurista que asesora a la nueva conducción del organismo.
La situación de los contratados contempla casos muy diversos. Hay quienes tienen tareas asignadas y, al figurar como contratados, están en una situación irregular. También hay muchos que llegaron a través de algún tipo de favoritismo y no cumplen funciones. A eso se suma que desde 1994, según ATE, no hay concursos
"No hay normalización del Indec si no hay un pase a planta permanente de los trabajadores, empezando por aquellos que claramente estaban antes de 2007, salvo aquellos que fueron parte de la patota de [Guillermo] Moreno y que nos hostigaron", dice Raúl Llaneza, delegado general de ATE-Indec, uno de los que resistieron la intervención del kirchnerismo. Para él, esta situación se repite en todos los organismos del Estado, que tiene un 70% de trabajadores precarizados que no cobran la totalidad del salario que les corresponde. "El Indec no es una isla, es parte del Estado nacional y desde el 94 no hay concursos", agrega Llaneza.
La nueva conducción del organismo estadístico se encontró con otro problema de similar importancia, como lo es la representación sindical. Según altas fuentes del Indec, hay en este momento 121 delegados sindicales (99 de UPCN y 22 de ATE), cuando por ley corresponderían sólo 17.
"La cantidad de delegados excede por mucho lo que está estipulado por la ley de asociaciones sindicales, del año 1988", dice el asesor jurídico del organismo consultado. "El artículo 45 de esa ley es claro y no se ha respetado en el caso del Indec." La ley estipula que la cantidad de trabajadores que representen a la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será de diez a cincuenta trabajadores, un representante; de cincuenta y uno a cien trabajadores, dos representantes; de ciento uno en adelante, un representante más cada cien trabajadores.
"En 2006 los trabajadores del Estado firmaron el acuerdo llamado Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional, y en su artículo 106°, que repite las mismas escalas, cambiaron la palabra empresa o establecimiento por la palabra jurisdicción o entidad descentralizada. Así, consideran a la totalidad del Ministerio de Economía para nombrar delegados del Indec. Para dar un ejemplo, el sentido de la ley es que cada planta automotriz tenga una cierta cantidad de delegados, uno cada 100 empleados. Si una automotriz tiene tres plantas, cada una tendrá sus delegados como estipula la ley, pero no más."
Luis Ramírez Bosco, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de grado y posgrado en varias de las universidades más prestigiosas del país, incluyendo la UBA, señaló: "La situación de la representación gremial en el Indec parece que efectivamente es irregular. Para empezar, los representantes sindicales con las garantías reforzadas, y la prestación de trabajo por consiguiente condicionada, alcanzan prácticamente al 8% del total de trabajadores, cuando la proporción debida -por ley y por el mismo convenio para el personal público- es del 1% del personal de cada establecimiento. A esto se habría llegado en elecciones de delegados en las que, salvo que se informara una razón que no está a la vista, el organismo hubiera debido cuestionar el número de delegados a elegir, y la autoridad a cargo no lo hizo; y en las que los organismos de aplicación del Ministerio de Trabajo hubieran debido cuestionar lo que se estaba haciendo y tampoco lo hicieron".
Coincide Ramírez Bosco con la llamada de atención del jurista, sobre el avasallamiento del convenio colectivo sobre la ley. "Otro elemento distorsivo está en el mismo convenio colectivo para el sector público, porque mientras la ley general define una proporción de delegados "por establecimiento", para asegurar que todos los trabajadores, de cualquier establecimiento, estén efectivamente representados, el convenio colectivo redefine mal lo de establecimiento, diciendo que lo es cada jurisdicción (ministerio) o ente descentralizado, con lo cual organismos como el Indec, separados y especializados y con personal con aptitudes diferenciadas, pasan a considerarse como parte de la misma única unidad Ministerio de Economía."
Así, la cantidad de delegados no es proporcional al número de trabajadores del Indec. Podría entonces dejarse sin representación al personal del resto del Ministerio de Economía. "Se designa en una sola repartición una cantidad de representantes gremiales que nada tiene que ver con la proporción que rige en el país desde siempre. Esto es, técnicamente, un abuso de derecho propiamente dicho, porque significa aplicar una norma para un objetivo distinto que el que justifica que la norma exista", dice Ramírez Bosco.
Raúl Llaneza dice que "el Estado delega en distintos ministerios la responsabilidad de velar sobre esas cosas, y durante 9 años el Estado nacional vino avalando que haya esta cantidad de representantes. No voy a defender al otro gremio [en referencia a UPCN, históricamente enfrentado con ATE] ni nada que se le parezca, pero durante 9 años lo vinieron aceptando. Además, por parte de ATE, por el contrario, éramos 28 y ahora somos 22 delegados". Asegura también que no deberían ser 22 (de ATE), sino más, porque hay tres edificios diferentes y bandas horarias.
UPCN, por su parte, respondió a los llamados de LA NACION excusándose de hacer declaraciones porque las personas encargadas de comunicación del gremio están de vacaciones.
"Los delegados son personas inamovibles porque tienen estabilidad sindical", señala el asesor legal del Indec. ¿Pueden complicar el funcionamiento interno? "¿Y qué te parece?", contesta. Según fuentes cercanas al organismo, fue el propio Ministerio de Trabajo del gobierno anterior el que convalidó esta situación a modo de intercambio de favores, ya que hubo un apoyo del sindicato al kirchnerismo, que intervino el Indec en 2007, despidió a técnicos históricos de carrera e instauró mediciones falaces, sobre todo en materia de inflación y pobreza.
Vale todo en recursos humanos
Sindicalización
Con una plantilla total de 1580 empleados, hoy en el Indec hay 121 delegados sindicales -de los cuales 99 pertenecen a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y 22 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la vigente ley de Asociaciones Sindicales, por el número de trabajadores le corresponderían sólo 17
Precarización laboral
La sobre representación sindical es acompañada por una precarización laboral dentro del organismo. Según los sindicatos, el 60% de los trabajadores actuales del Indec hoy son contratados. Los gremios además advierten sobre la existencia de decenas de contratos vencidos y otros que no están aprobados
Aval oficial
El propio Ministerio de Trabajo del kirchnerismo fue el encargado de convalidar esta situación a modo de intercambio de favores, ya que hubo un apoyo político de UPCN para avanzar en la intervención del organismo, que despidió a técnicos históricos de carrera e instauró mediciones falaces de inflación y pobreza
Legajos incompletos
El caos que se registra puertas adentro del Indec se siente con especial intensidad en el área de Recursos Humanos del organismo. Las nuevas autoridades del instituto aseguran que, en algunos casos, en los legajos del personal en lugar de la historia laboral del empleado sólo figura una fotocopia del documento
La Ciudad coloca deuda para comprar 60 coches Alstom para la línea D
(enelsubte.com) - El GCBA colocó deuda por 60 millones de euros, destinada a financiar la compra de coches para la línea D. Se ampliará el contrato de los trenes de la línea H con Alstom Brasil. El endeudamiento había sido autorizado por la Legislatura en diciembre pasado.
El Gobierno de la Ciudad (GCBA) colocará deuda en el mercado local por un total de 60 millones de euros, que se destinarán a financiar la compra de coches Alstom brasileños para la línea D. No habrá una nueva licitación, sino que se ampliará en un 50% el contrato de provisión de 120 coches para la línea H actualmente en curso.
Según informó La Política Online, la colocación de los bonos estará a cargo de Puente Hermanos y del Banco de Servicios y Transacciones (BST), mientras que el asesoramiento jurídico correrá por cuenta del estudio Muñoz de Toro.
La toma de deuda había sido autorizada por la Legislatura Porteña en la última sesión del año pasado en la que también se aprobó el Presupuesto 2016, del cual un 3,2% se invertirá en la red de subterráneos.
Pese a que los planes originales hablaban de 84 coches (destinados a elevar la flota de la línea D a un total de 180 coches o 30 trenes al final del período 2016 – 2019 y reemplazar a los veteranos Fiat Materfer), SBASE confirmó en la tarde del martes que se adquirirán 60 unidades (diez trenes), idénticas a las de la línea H.
Uno de los asuntos que más preocupa en el GCBA es el tiempo de entrega de los trenes: el último pedido realizado a Alstom Brasil se encaró en 2012 pero la primera unidad llegó al país más de tres años después y todavía no ha podido ser puesta en servicio, lo que llevó a inaugurar la extensión de la línea H con trenes insuficientes y de ochenta años de antigüedad.
El Gobierno de la Ciudad (GCBA) colocará deuda en el mercado local por un total de 60 millones de euros, que se destinarán a financiar la compra de coches Alstom brasileños para la línea D. No habrá una nueva licitación, sino que se ampliará en un 50% el contrato de provisión de 120 coches para la línea H actualmente en curso.
Según informó La Política Online, la colocación de los bonos estará a cargo de Puente Hermanos y del Banco de Servicios y Transacciones (BST), mientras que el asesoramiento jurídico correrá por cuenta del estudio Muñoz de Toro.
La toma de deuda había sido autorizada por la Legislatura Porteña en la última sesión del año pasado en la que también se aprobó el Presupuesto 2016, del cual un 3,2% se invertirá en la red de subterráneos.
Pese a que los planes originales hablaban de 84 coches (destinados a elevar la flota de la línea D a un total de 180 coches o 30 trenes al final del período 2016 – 2019 y reemplazar a los veteranos Fiat Materfer), SBASE confirmó en la tarde del martes que se adquirirán 60 unidades (diez trenes), idénticas a las de la línea H.
Uno de los asuntos que más preocupa en el GCBA es el tiempo de entrega de los trenes: el último pedido realizado a Alstom Brasil se encaró en 2012 pero la primera unidad llegó al país más de tres años después y todavía no ha podido ser puesta en servicio, lo que llevó a inaugurar la extensión de la línea H con trenes insuficientes y de ochenta años de antigüedad.
Quieren ponerles GPS a todos los camiones que entren al país
(Clarin.com) - También a los barcos. Es para controlar las mercaderías en tránsito y que no sean vehículo para los estupefacientes.
El debate sobre la legalidad del derribo de aviones, generado a partir del decreto que instaló la Emergencia en Seguridad, terminó tapando el problema de fondo. Los expertos en narcotráfico coinciden que la mayor cantidad de droga no llega al país por aire. Por eso, el Gobierno ya prepara un paquete de medidas para controlar la mercadería en tránsito que ingresa por tierra y por agua.
El nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, trabaja junto al Ministerio de Seguridad en un proyecto para mejorar el control en los puestos fronterizos. Se trata de un sistema de precintos electrónicos que permite un seguimiento satelital de los camiones desde que ingresan hasta que salen del país. Funcionan como un GPS, aportando información on line sobre el itinerario del vehículo, y además alertan si se intenta abrir la carga en el camino.
El sistema, que ya se implementa con éxito en otros países, comenzaría a aplicarse en lugares estratégicos de la frontera como el Paso de Jama, en la provincia de Jujuy, un punto clave del Corredor Bioceánico y una zona caliente para el tráfico de cocaína.
“Es la primera etapa de un proceso de mayor control que responde a un modelo de Estado inteligente”, aseguró ayer a este diario Gómez Centurión, quien viene de dirigir la Agencia de Control Gubernamental en la ciudad de Buenos Aires. El desafío ahora es mayor. La Aduana tiene 6.500 empleados y una historia negra con nichos de corrupción enquistados y varios muertos. Para contrarrestar esa historia, el funcionario propone una gestión basada en el “profesionalismo” y la “transparencia”. “Si no puedo transformarla (a la Aduana), no voy”, le respondió al presidente Mauricio Macri antes de aceptar el cargo.
Los precintos también se aplicarían a la mercadería en tránsito que ingresa por vía acuática desde Paraguay y Bolivia. Con 54 puertos para controlar, la Hidrovía del río Paraná es el gran desafío para frenar el ingreso de droga al país antes de que parta hacia Europa.
“Argentina, desde sus puertos, es el tercer mayor exportador de droga, según estadísticas de Naciones Unidas”, se lamentó ayer un funcionario nacional.
El sistema de precintos es parte de un plan integral que incluye la radarización de las fronteras y la profesionalización de las Fuerzas de Seguridad.
En el Gobierno hay un debate sobre el control de las zonas primarias aduaneras, a las que hoy solo puede ingresar la Policía Aduanera. El Ministerio de Seguridad propuso que se sume a la Prefectura. Por ahora la idea no prosperó.
En el decreto sobre la Emergencia en Seguridad, se utilizó una fórmula ambigua y se estableció un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo. “Nosotros creemos en los controles cruzados, pero no hay una fórmula del éxito”, admitió anoche un alto funcionario.
El debate sobre la legalidad del derribo de aviones, generado a partir del decreto que instaló la Emergencia en Seguridad, terminó tapando el problema de fondo. Los expertos en narcotráfico coinciden que la mayor cantidad de droga no llega al país por aire. Por eso, el Gobierno ya prepara un paquete de medidas para controlar la mercadería en tránsito que ingresa por tierra y por agua.
El nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, trabaja junto al Ministerio de Seguridad en un proyecto para mejorar el control en los puestos fronterizos. Se trata de un sistema de precintos electrónicos que permite un seguimiento satelital de los camiones desde que ingresan hasta que salen del país. Funcionan como un GPS, aportando información on line sobre el itinerario del vehículo, y además alertan si se intenta abrir la carga en el camino.
El sistema, que ya se implementa con éxito en otros países, comenzaría a aplicarse en lugares estratégicos de la frontera como el Paso de Jama, en la provincia de Jujuy, un punto clave del Corredor Bioceánico y una zona caliente para el tráfico de cocaína.
“Es la primera etapa de un proceso de mayor control que responde a un modelo de Estado inteligente”, aseguró ayer a este diario Gómez Centurión, quien viene de dirigir la Agencia de Control Gubernamental en la ciudad de Buenos Aires. El desafío ahora es mayor. La Aduana tiene 6.500 empleados y una historia negra con nichos de corrupción enquistados y varios muertos. Para contrarrestar esa historia, el funcionario propone una gestión basada en el “profesionalismo” y la “transparencia”. “Si no puedo transformarla (a la Aduana), no voy”, le respondió al presidente Mauricio Macri antes de aceptar el cargo.
Los precintos también se aplicarían a la mercadería en tránsito que ingresa por vía acuática desde Paraguay y Bolivia. Con 54 puertos para controlar, la Hidrovía del río Paraná es el gran desafío para frenar el ingreso de droga al país antes de que parta hacia Europa.
“Argentina, desde sus puertos, es el tercer mayor exportador de droga, según estadísticas de Naciones Unidas”, se lamentó ayer un funcionario nacional.
El sistema de precintos es parte de un plan integral que incluye la radarización de las fronteras y la profesionalización de las Fuerzas de Seguridad.
En el Gobierno hay un debate sobre el control de las zonas primarias aduaneras, a las que hoy solo puede ingresar la Policía Aduanera. El Ministerio de Seguridad propuso que se sume a la Prefectura. Por ahora la idea no prosperó.
En el decreto sobre la Emergencia en Seguridad, se utilizó una fórmula ambigua y se estableció un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo. “Nosotros creemos en los controles cruzados, pero no hay una fórmula del éxito”, admitió anoche un alto funcionario.
Contactos en Francia por los Super Etendard Modernisé
(Fuerzas de Defensa Argentinas) - Según informa el sitio web francés Meretmarine la semana pasada personal de nuestra Aviación Naval visitó la Base Aeronaval de Landivisiau para intentar avanzar con el retrasado proyecto de modernizar nuestros Dassault Super Etendard al estándar Super Etendard Modernisé (SEM) empleando componentes y sistemas electrónicos extraídos de las aeronaves francesas.
Nuestros Super Etendard están estructuralmente en buenas condiciones y con muy pocas horas de vuelo consumidas, aunque electrónicamente están obsoletos puesto que permanecen prácticamente igual que al momento de su incorporación en 1981.
Por su parte las aeronaves francesas disponen de una electrónica mucho más avanzada pero están estructuralmente muy desgastadas por la gran cantidad de horas de vuelo anuales realizadas por las mismas y por su empleo continuado en portaaviones.
De modo que la idea sería adquirir los SEM que la Aviación Naval de Francia dará de baja en julio próximo no para operarlos, sino para extraerles sus sistemas electrónicos y colocárselos a nuestros SUE.
La idea original era que el primero fuera modernizado en Francia y el resto en el Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Por la complejidad de los trabajos, en caso de concretarse, seguramente se deberá solicitar el apoyo de Dassault.
Nuestra Aviación Naval dispone de 11 Super Etendard en dotación de los cuales 10 están asignados a la 2 Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque y 1 al Museo de la Aviación Naval estando los mismos sin volar desde principios del año 2014.
Por su parte la Aviación Naval de Francia dispone de 16 Super Etendard Modernisé en activo, de los cuales 8 están actualmente embarcados en el portaaviones "Charles de Gaulle" participando de las operaciones contra el grupo terrorista Estado Islámico.
El principal cambio de SUE a SEM es el reemplazo del radar Agave por el mucho más capaz Anemone, así mismo la versión modernizada dispone de un nuevo lanzador de señuelos Alkan 5081, un nuevo sistema de alerta radar Sherlock, una nueva unidad de ataque ATU-90 y un sistema de navegación inercial 40M UNI, además de un nuevo HUD entre otros sistemas.
Enlace a la nota original (en francés): http://www.meretmarine.com/fr/content/une-seconde-vie-en-argentine-pour-les-sem-de-laeronautique-navale#.VqvNgEAGc5d.facebook
Vía: https://www.facebook.com/260990700645340/photos/np.1454163380689735.100000188252498/1081128448631557/?type=3&theater
Nuestros Super Etendard están estructuralmente en buenas condiciones y con muy pocas horas de vuelo consumidas, aunque electrónicamente están obsoletos puesto que permanecen prácticamente igual que al momento de su incorporación en 1981.
Por su parte las aeronaves francesas disponen de una electrónica mucho más avanzada pero están estructuralmente muy desgastadas por la gran cantidad de horas de vuelo anuales realizadas por las mismas y por su empleo continuado en portaaviones.
De modo que la idea sería adquirir los SEM que la Aviación Naval de Francia dará de baja en julio próximo no para operarlos, sino para extraerles sus sistemas electrónicos y colocárselos a nuestros SUE.
La idea original era que el primero fuera modernizado en Francia y el resto en el Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Por la complejidad de los trabajos, en caso de concretarse, seguramente se deberá solicitar el apoyo de Dassault.
Nuestra Aviación Naval dispone de 11 Super Etendard en dotación de los cuales 10 están asignados a la 2 Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque y 1 al Museo de la Aviación Naval estando los mismos sin volar desde principios del año 2014.
Por su parte la Aviación Naval de Francia dispone de 16 Super Etendard Modernisé en activo, de los cuales 8 están actualmente embarcados en el portaaviones "Charles de Gaulle" participando de las operaciones contra el grupo terrorista Estado Islámico.
El principal cambio de SUE a SEM es el reemplazo del radar Agave por el mucho más capaz Anemone, así mismo la versión modernizada dispone de un nuevo lanzador de señuelos Alkan 5081, un nuevo sistema de alerta radar Sherlock, una nueva unidad de ataque ATU-90 y un sistema de navegación inercial 40M UNI, además de un nuevo HUD entre otros sistemas.
Enlace a la nota original (en francés): http://www.meretmarine.com/fr/content/une-seconde-vie-en-argentine-pour-les-sem-de-laeronautique-navale#.VqvNgEAGc5d.facebook
Vía: https://www.facebook.com/260990700645340/photos/np.1454163380689735.100000188252498/1081128448631557/?type=3&theater
martes, 26 de enero de 2016
Ejército Brasileño moderniza helicópteros y refuerza movilidad aérea
![Los helicópteros AS 365 K-Pantera han estado en la flota del Ejército Brasileño durante 26 años. Ahora, forman parte de un programa de modernización que extenderá su vida útil en 25 años. [Foto: Ejército Brasileño]](http://dialogo-americas.com/rmisa/images/2016/01/07/4136-foto1__2_-307_203.jpg)
Por Andréa Barretto - Dialogo
Los helicópteros AS 365 K-Pantera han estado en la flota del Ejército Brasileño durante 26 años. Ahora, forman parte de un programa de modernización que extenderá su vida útil en 25 años. [Foto: Ejército Brasileño]
El Ejército Brasileño está modernizando su flota de 34 helicópteros AS 365 K-Pantera, que las Fuerzas Armadas han empleado desde el 1989.
Una vez que los trabajadores hayan completado las actualizaciones, las Fuerzas Armadas rebautizarán estos helicópteros como AS 365 K2-Super Pantera. El tercer helicóptero a modernizar fue entregado a las fuerzas terrestres el 21 de diciembre y se unirá a las aeronaves del 2º Batallón de Aviación del Ejército (BAvEx) en la ciudad de Taubaté, en el estado de São Paulo.
La renovación de los helicópteros incrementa su potencia en un 40% y extiende su vida útil en 25 años. Los trabajadores están instalando numerosas actualizaciones en cada vehículo, tales como piloto automático digital, equipamiento de visión nocturna y cortacables —un dispositivo de protección que ayuda a los efectivos a evitar accidentes en caso de recibir un choque con cables eléctricos.
![La modernización de las 34 aeronaves AS 365 K-Pantera del Ejército Brasileño concluirá en el 2021. [Foto: Ejército Brasileño]](http://dialogo-americas.com/rmisa/images/2016/01/07/4137-foto2__2_-307_203.jpg)
Para aumentar la potencia de los helicópteros, los trabajadores instalaron motores modelo ARRIEL 2C2CG. Los nuevos motores son más fuertes y más eficientes en el consumo de combustible, lo cual se traduce en un aumento de la potencia, según el Centro de Comunicación Social del Ejército (CCOMSEx).
“Mayor potencia se revierte en mayor carga útil, lo que significa que tiene capacidad de soportar más peso. Antes de ser modernizado, el Pantera podía llevar 4.150 kilogramos. Ahora puede llevar de 4.300 a 4.500 kilogramos", agregó el CCOMSEx.
![Un panel de instrumentos digitales formará parte del nuevo equipamiento que ha sido instalado en el helicóptero Pantera. [Foto: Ejército Brasileño]](http://dialogo-americas.com/rmisa/images/2016/01/07/4138-foto3__1_-307_203.jpg)
La modernización de las 34 aeronaves AS 365 K-Pantera del Ejército Brasileño concluirá en el 2021. [Foto: Ejército Brasileño]
Un panel de instrumentos digitales formará parte del nuevo equipamiento que ha sido instalado en el helicóptero Pantera. [Foto: Ejército Brasileño]
Los helicópteros AS 365 K-Pantera podían transportar solamente unos ocho tripulantes, porque el peso de un número mayor de ellos, junto con el equipamiento a bordo, haría el vuelo muy inseguro, según el CCOMSEx. “Pero hoy, con la capacidad de los nuevos helicópteros, es posible transportar nueve militares y operar en mejores condiciones de seguridad".
![Las aeronaves AS 365 K-Pantera serán desplegadas en actividades antiterroristas durante los Juegos Olímpicos del 2016 en Rio de Janeiro. [Foto: Ejército Brasileño]](http://dialogo-americas.com/rmisa/images/2016/01/07/4139-foto4-307_203.jpg)
El nuevo equipo de piloto automático reducirá la carga de trabajo de los pilotos. Dicho piloto automático permite al piloto dejar que el equipo realice el trabajo durante buena parte del vuelo, pero el piloto aún precisa tomar el control de la aeronave durante los momentos críticos, como el despegue y el aterrizaje.
Las aeronaves AS 365 K-Pantera serán desplegadas en actividades antiterroristas durante los Juegos Olímpicos del 2016 en Rio de Janeiro. [Foto: Ejército Brasileño]
Los anteojos de visión nocturna permiten a los efectivos militares ver con mínima iluminación. Esta tecnología amplía las circunstancias bajo las cuales los militares pueden utilizar los helicópteros.
Entregarán cuatro nuevas aeronaves en el 2016
Estas renovaciones y actualizaciones son el resultado de un contrato por US$88,29 millones (349,35 reales brasileños) que el gobierno otorgó a la empresa brrasileña Helibras en el 2009. Bajo los términos del acuerdo, la empresa renovará cada uno de los 34 helicópteros para el 2021, cuando expire el contrato. Helibras comenzo a entregar los vehículos renovados en el 2014, cuando suministró los primeros dos Super Panteras. “Está previsto recibir cuatro unidades más en el 2016”, informó el CCOMSEx.
Los primeros dos helicópteros en ser modernizados fueron completamente reconstruidos, ya que recibieron una estructura externa completamente nueva, así como también sistemas y equipamiento actualizados. Al resto de los helicóperos no se les reemplazará las estructuras externas, aunque sus sistemas y equipamiento están siendo actualizados con los mismos elementos que las aeronaves reconstruidas. “El resultado, desde el punto de vista de la Aviación del Ejército, es que los helicópteros reconstruidos y los modernizados son iguales, estandarizados, y proporcionan el mismo desempeño”, señaló el CCOMSEx.
Los militares sometieron los tres helicópteros renovados a una serie de pruebas conocidas como Evaluación Técnico-Operacional. Durante dicha evaluación, el Ejército realizó 150 misiones en 12 ciudades brasileñas, ejecutando las pruebas en ambientes profundamente diferentes en todo el país, tales como lo son la Selva Amazônica —de clima húmedo y lluvioso— y el centro interno del país, que es seco y cálido.
Los Juegos Olímpicos del 2016
El Ejército considera los helicópteros Pantera como aeronaves de “uso general”, ya que las Fuerzas Armadas los pueden emplear en una variedad de misiones, tales como operaciones de búsqueda y salvamento, y patrullaje de fronteras. En el 2015, los nuevos helicópteros realizaron algunas de estas misiones, llegando a completar 1.000 horas de vuelo en octubre.
Por ejemplo, los militares utilizaron los helicópteros renovados para dar apoyo a las tropas que participaban en la Operación São Francisco, durante la cual el Ejército dio apoyo durante 14 meses en la pacificación del complejo de favelas de la Maré, en Rio de Janeiro. Las autoridades también tienen previsto el uso de los helicóperos Pantera durante los Juegos Olímpicos del 2016, ya que estas aeronaves serán utilizadas durante actividades antiterroristas a cargo del Comando de Operaciones Especiales del Ejército.
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