Por el Coronel Fernando Montenegro* (Dialogo) - En 2015, el Ejército Brasileño y la Policía Militar de Rio de Janeiro reestablecieron un convenio para que los agentes del Batallón de Operaciones Especiales de Rio (BOPE) sean entrenados en tácticas de combate en la selva por el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS). [Foto: Coronel Fernando Montenegro]
La megalópolis de Rio de Janeiro tiene más de 10 milones de habitantes y más de 1.000 barriadas pobres. La superficie de la región tiene un relieve extremadamente accidentado que está cubierto por selvas. Algunas de las laderas montañosas que conforman este panorama fueron utilizadas por los habitantes más carentes para construir los desordenados conglomerados de casas que pasaron a ser conocidos como "favelas".
Sin embargo, una parte considerable de estas selvas tropicales permanecen bien conservadas. Tomadas en conjunto, las montañas de la Selva de Tijuca, el Parque Estatal de Pedra Branca y el Parque Municipal de Nova Iguaçu, suman una inmensa área que cubre aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Existen también kilómetros de senderos que conectan las cientos de favelas y vecindarios que se encuentran a lo largo de estas montañas. Se trata de un paisaje extremadamente hermoso que hasta hace solo pocos años solía ser frecuentado por excursionistas y entusiastas del ecoturismo.
Pero no constituye ninguna sorpresa que los narcotraficantes hayan estado utilizando estas rutas ya por algún tiempo. En la década de 1990, eI Primer Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército brasileño tenía su sede en Rio de Janeiro y realizaba parte de sus entrenamientos en esas zonas. De modo rutinario, las autoridades encontraban cartuchos de armas de fuego de diversos calibres y vestigios de campamentos, pero no hay registro de combates con el Ejército, porque los militares en ese entonces no realizaban operaciones de combate al narcotráfico. Cuando los grupos armados detectaban que el Ejército se acercaba, simplemente huían.
Incremento de la actividad delictiva
Ha habido un aumento significativo en la circulación de grupos formados por más de 40 delincuentes armados. Los miembros del crimen organizado utilizan los senderos para escapar de los operativos policiales y/o realizar ataques en áreas controladas por bandas rivales en su lucha por el control de las zonas para el tráfico de drogas. Los criminales también se deshacen de cadáveres en la selva, donde los narcotraficantes ahoran tienen conductas semejantes a la de los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las bandas del crimen organizado de modo insistente intentan reclutar soldados y exintegrantes de las fuerzas militares, tales como parcaidistas y marinos, para que se unan a las tropas del comercio de drogas ofreciéndoles pagos tentadores. En la década de 1990, los principales objetivos de este reclutamiento eran cabos y soldados comandos enlistados. Esta fue una de las principales razones por las que las autoridades transfirieron el Primer Batallón de Fuerzas Especiales para Goiânia, la capital del estado de Goiás, en 2003.
El equipamiento, el entrenamiento y, en particular, la logística de los órganos de seguridad pública que operan en Rio de Janeiro son extremadamente limitados y, en la mayoría de los casos, incompatibles con las zonas selváticas. La mayoría de los agentes policiales tienen poca o ninguna experiencia para operar en la selva.
Programa de entrenamiento en la selva
Hasta 1995, el Ejército permitía a los agentes policiales del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) matricularse en el Curso de Guerra en la Selva, en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS) . El último que completó el curso fue el hasta hace poco Comandante General de la Policía Militar de Rio de Janeiro, el Coronel Pinheiro Neto. A partir de 1996, no se siguió permitiendo dicha matriculación y por ello el BOPE comenzó a buscar alternativas, tales como centros de entrenamiento militar en Colombia y otros países.
Sin embargo, en 2015 fue reestablecido el convenio entre el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva y el BOPE, y en la actualidad ya un sargento ha completado exitosamente el curso. Esperamos que la alianza continúe.
En conclusión, es fundamental que los órganos de seguridad pública del estado de Rio de Janeiro dediquen atención al uso que hacen los traficates de drogas de las selvas de Rio de Janeiro, lo cual representa un riesgo en crecimiento para la seguridad pública y que está transformando un área de preservación ambiental en un refugio de delincuentes armados. De la misma manera, las Fuerzas Armadas deben adoptar procedimentos para impedir el reclutamiento de soldados, con atención especial a los integrantes de tropas de élite.
* El Coronel Fernando Montenegro comandó la pacificación de las favelas de Rio de Janeiro (2011-2012); sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército Brasileño; actuó como Instructor en Jefe del Centro de Instrución de Guerra en la Selva (2009-2010), y ostenta el título de Maestría en Ciencias Militares.
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martes, 26 de enero de 2016
Las Fuerzas Armadas de El Salvador reciben nuevos vehículos para luchar contra las pandillas callejeras violentas
Por Lorena Baires - Dialogo.com
Las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) han recibido una nueva flota de 47 camionetas para responder con rapidez a llamados de emergencia de ciudadanos que reportan ataques criminales. Los vehículos serán desplegados en operaciones preventivas, patrullas de vigilancia y disuasión y misiones antipandillas.
El 24 de noviembre, las Fuerzas Armadas de El Salvador recibieron una nueva flota de 47 camionetas del gobierno. Desde junio de 2014, las FAES han colaborado estrechamente con la Policía Nacional Civil para combatir pandillas. [Foto: Gloria Cañas]
“El trabajo que actualmente realizan las Fuerzas Armadas es fundamental para la construcción de una sociedad en paz y convivencia”, dijo el Presidente Salvador Sánchez Cerén, Comandante General de las FAES, durante la ceremonia de entrega de los vehículos el 24 de noviembre. “Los militares han asumido la responsabilidad y el compromiso de la misión de apoyar las tareas de seguridad para proteger a las familias salvadoreñas. Esto ha generado confianza en la población”.
Las FAES han estado cooperando con la Policía Nacional Civil (PNC) para desmantelar a Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18) – dos de las pandillas callejeras violentas de la nación – desde junio de 2014. “La efectividad de las unidades comprometidas en el apoyo a la seguridad pública va a mejorar sustancialmente con esta flotilla de vehículos. Nos sentimos agradecidos por el apoyo que nos están dando y nos comprometemos a seguir trabajando para llevar seguridad y tranquilidad a los salvadoreños”, dijo el Ministro de Defensa, David Munguía Payés.
La compra de la nueva flota es parte de una adición al presupuesto de US$13 millones que fueron asignados para la defensa nacional y aprobados por la Asamblea Legislativa en el Decreto No. 44 el 9 de julio de 2015. Las FAES organizan sus operaciones de seguridad por medio de la campaña “Nuevo Amanecer”, realizada por los comandos “Zeus”, “Sumpul”, “San Carlos”, “Águila” y “Trueno”.
FAES luchan contra las pandillas en zonas de alta delincuencia
Las FAES utilizarán los nuevos vehículos para realizar patrullas, vigilancia y operaciones contra delincuentes y pandillas. [Foto: Gloria Cañas]
El Comando Zeus cuenta con 2.821 miembros desplegados en 42 zonas de alta delincuencia. Este comando está dividido en nueve Fuerzas de Trabajo cuyas actividades primarias son la búsqueda de personas y vehículos, realizar patrullas y arrestar a delincuentes.“Nosotros sentimos tranquilidad al tener a los soldados cerca de las comunidades y de nuestras casas porque sabemos que al pedirles ayuda, acuden sin temor”, expresó Julio Aníbal Vega, un carpintero de 53 años y habitante del municipio de Ilopango. “Creo que las pandillas lo pensarán dos veces cuando vean que las Fuerzas Armadas están en los territorios y esperamos que [las FAES] no se vayan.”
En 2015, el Comando Zeus capturó a 5.815 sospechosos, incautó 591 armas de fuego, confiscó 103.651 unidades de drogas y US$29.629 en efectivo. El Comando Sumpul, que cuenta con más de 1.000 soldados, es responsable de combatir el tráfico ilegal de drogas, armas, ganado, vehículos robados, cereales, ropa, cigarrillos y licor en los 375 kilómetros de frontera terrestre salvadoreña.
“Hemos estado cubriendo las necesidades de transporte de la Dirección de Logística de las Fuerzas Armadas, pero con estos vehículos vamos a fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la movilidad de nuestras tropas para atender a los ciudadanos”, explicó el Teniente René Benítez, Comandante del Comando Sumpul.
En 2015, el Comando Sumpul incautó 521 armas de fuego; 29.681 unidades de drogas; 193 cabezas de ganado de tráfico ilegal; 24.512 artículos de ropa de tráfico ilegal, y US$22.220 en efectivo.
Los comandos trabajan para desmantelar las pandillas violentas
El Comando Águila y el Comando Trueno, cada uno con 1.302 efectivos y 600 oficiales especializados respectivamente, tienen la única misión de combatir y erradicar las pandillas.
“Los soldados están participando en los operativos ‘Casa Segura’, entran a las casas y revisan que las personas no oculten armas ilegales o drogas”, detalló Patricia Elena Segovia, una estudiante universitaria que reside en un populoso condominio del Centro Histórico de San Salvador. “También ha servido para que saquen a los pandilleros que usurpan viviendas abandonadas”.
De enero a diciembre de 2015, los Comandos Águila y Trueno realizaron miles de operaciones de seguridad y detuvieron a 2.896 sospechosos.
“No hay duda de que la misión que tienen nuestras instituciones de seguridad es sumamente importante, vital para el desarrollo integral de nuestro pueblo”, comentó el Presidente Sánchez Cerén al final de su discurso. “La misión requiere, por lo tanto, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas para el combate efectivo a la delincuencia”.
Las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) han recibido una nueva flota de 47 camionetas para responder con rapidez a llamados de emergencia de ciudadanos que reportan ataques criminales. Los vehículos serán desplegados en operaciones preventivas, patrullas de vigilancia y disuasión y misiones antipandillas.
El 24 de noviembre, las Fuerzas Armadas de El Salvador recibieron una nueva flota de 47 camionetas del gobierno. Desde junio de 2014, las FAES han colaborado estrechamente con la Policía Nacional Civil para combatir pandillas. [Foto: Gloria Cañas]
“El trabajo que actualmente realizan las Fuerzas Armadas es fundamental para la construcción de una sociedad en paz y convivencia”, dijo el Presidente Salvador Sánchez Cerén, Comandante General de las FAES, durante la ceremonia de entrega de los vehículos el 24 de noviembre. “Los militares han asumido la responsabilidad y el compromiso de la misión de apoyar las tareas de seguridad para proteger a las familias salvadoreñas. Esto ha generado confianza en la población”.
Las FAES han estado cooperando con la Policía Nacional Civil (PNC) para desmantelar a Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18) – dos de las pandillas callejeras violentas de la nación – desde junio de 2014. “La efectividad de las unidades comprometidas en el apoyo a la seguridad pública va a mejorar sustancialmente con esta flotilla de vehículos. Nos sentimos agradecidos por el apoyo que nos están dando y nos comprometemos a seguir trabajando para llevar seguridad y tranquilidad a los salvadoreños”, dijo el Ministro de Defensa, David Munguía Payés.
La compra de la nueva flota es parte de una adición al presupuesto de US$13 millones que fueron asignados para la defensa nacional y aprobados por la Asamblea Legislativa en el Decreto No. 44 el 9 de julio de 2015. Las FAES organizan sus operaciones de seguridad por medio de la campaña “Nuevo Amanecer”, realizada por los comandos “Zeus”, “Sumpul”, “San Carlos”, “Águila” y “Trueno”.
FAES luchan contra las pandillas en zonas de alta delincuencia
Las FAES utilizarán los nuevos vehículos para realizar patrullas, vigilancia y operaciones contra delincuentes y pandillas. [Foto: Gloria Cañas]
El Comando Zeus cuenta con 2.821 miembros desplegados en 42 zonas de alta delincuencia. Este comando está dividido en nueve Fuerzas de Trabajo cuyas actividades primarias son la búsqueda de personas y vehículos, realizar patrullas y arrestar a delincuentes.“Nosotros sentimos tranquilidad al tener a los soldados cerca de las comunidades y de nuestras casas porque sabemos que al pedirles ayuda, acuden sin temor”, expresó Julio Aníbal Vega, un carpintero de 53 años y habitante del municipio de Ilopango. “Creo que las pandillas lo pensarán dos veces cuando vean que las Fuerzas Armadas están en los territorios y esperamos que [las FAES] no se vayan.”
En 2015, el Comando Zeus capturó a 5.815 sospechosos, incautó 591 armas de fuego, confiscó 103.651 unidades de drogas y US$29.629 en efectivo. El Comando Sumpul, que cuenta con más de 1.000 soldados, es responsable de combatir el tráfico ilegal de drogas, armas, ganado, vehículos robados, cereales, ropa, cigarrillos y licor en los 375 kilómetros de frontera terrestre salvadoreña.
“Hemos estado cubriendo las necesidades de transporte de la Dirección de Logística de las Fuerzas Armadas, pero con estos vehículos vamos a fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la movilidad de nuestras tropas para atender a los ciudadanos”, explicó el Teniente René Benítez, Comandante del Comando Sumpul.
En 2015, el Comando Sumpul incautó 521 armas de fuego; 29.681 unidades de drogas; 193 cabezas de ganado de tráfico ilegal; 24.512 artículos de ropa de tráfico ilegal, y US$22.220 en efectivo.
Los comandos trabajan para desmantelar las pandillas violentas
El Comando Águila y el Comando Trueno, cada uno con 1.302 efectivos y 600 oficiales especializados respectivamente, tienen la única misión de combatir y erradicar las pandillas.
“Los soldados están participando en los operativos ‘Casa Segura’, entran a las casas y revisan que las personas no oculten armas ilegales o drogas”, detalló Patricia Elena Segovia, una estudiante universitaria que reside en un populoso condominio del Centro Histórico de San Salvador. “También ha servido para que saquen a los pandilleros que usurpan viviendas abandonadas”.
De enero a diciembre de 2015, los Comandos Águila y Trueno realizaron miles de operaciones de seguridad y detuvieron a 2.896 sospechosos.
“No hay duda de que la misión que tienen nuestras instituciones de seguridad es sumamente importante, vital para el desarrollo integral de nuestro pueblo”, comentó el Presidente Sánchez Cerén al final de su discurso. “La misión requiere, por lo tanto, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas para el combate efectivo a la delincuencia”.
Nueva embarcación colombiana ayudará a desarrollar el área del Río Magdalena
Por Sylvia Zárate (Dialogo) - COTECMAR está construyendo el primer Empujador Fluvial con la esperanza de ayudar a desarrollar el Río Magdalena, la principal vía navegable de Colombia. Alrededor de 250 personas participan en la construcción de la embarcación. [Foto: COTECMAR]
La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial de Colombia (COTECMAR) hace uso de su amplia experiencia en el sector de defensa para construir un Empujador Fluvial que ayudará al desarrollo del Río Magdalena, la principal vía navegable del país.
Esta embarcación tiene como finalidad ayudar a las autoridades a impulsar la economía en las áreas ribereñas del país y promover el desarrollo de las regiones que atraviesa el Magdalena, que convierte a este río en una hidrovía de 886 kilómetros desde Puerto Salgar hasta Barranquilla. La embarcación, que tiene capacidad para empujar naves de carga por el agua, ayudará a las autoridades a brindar apoyo social a comunidades vulnerables, según el Capitán de Navío Andrés Alejandro Osorio Carrillo, Vicepresidente de Tecnología de Operaciones de COTECMAR.
“Aparte de tener unas cuantas líneas de reparación y mantenimiento en el sector de la defensa y en el privado, nos hemos comprometido a alinear nuestros esfuerzos con la nueva estrategia nacional para recuperar nuestras principales vías navegables, especialmente el Río Magdalena, que en el futuro muy cercano será el medio de transporte más importante de Colombia”, explicó.
Recuperar el Río Magdalena
Las autoridades de COTECMAR esperan que este primer Empujador Fluvial esté concluido para el próximo mes de mayo. Su funcionalidad dependerá de la navegabilidad del Río Magdalena, que une la capital del país, Bogotá, con la costa, un viaje que típicamente realizan los barcos en cinco días.
El Empujador Fluvial tiene un diseño único con características específicamente adecuadas para la hidrografía de Colombia. Las autoridades esperan que la nave esté operando el segundo semestre de 2016. [Foto: COTECMAR]
La ceremonia de inauguración de la construcción del primer Empujador Fluvial se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de COTECMAR en Mamonal el pasado 5 de noviembre.
“Después de que se haga el dragado [del río] en sus casi 1.000 kilómetros de extensión desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, [las embarcaciones] seguramente van a requerir por lo menos innumerables empujadores y barcazas”, dijo el Cap. de Navío Osorio. “El gobierno quiere recuperar la profundidad necesaria del río y lograr un cauce positivo para que los buques puedan navegar sin problemas de encallar, estrellarse o hundirse.”
Los funcionarios de COTECMAR prevén que en los próximos 10 años se van a requerir por lo menos unos 70 Empujadores Fluviales y 600 barcazas. Cada empujador está equipado con ocho barcazas. Estas embarcaciones, que se construyen siguiendo estándares internacionales, proporcionan seguridad, transportan carga a granel y combustible, y han sido diseñadas teniendo en cuenta las condiciones hidrográficas del país.
“Nos hemos dado a la tarea de diseñar nuestro propio empujador adaptado a las condiciones del río, con un calado de cinco pies, una potencia de 3.000 caballos de fuerza, timones de flanqueo que dan a los pilotos un alto grado de maniobrabilidad. Esto está bien adaptado a las necesidades de los navieros colombianos […]”, afirmó el Cap. de Navío Osorio. “Antes de diseñarlo, sostuvimos conversaciones con las principales navieras del país e hicimos nuestro diseño sobre esa base. La construcción comenzó el pasado 5 de noviembre".
Un punto de referencia para el continente
Durante su discurso el pasado 5 de noviembre en Cartagena, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó la influencia que esta embarcación y proyectos similares que tendrían en el país, especialmente en un escenario de posconflicto. “Los desarrollos de la industria militar en Colombia constituyen un referente para todo el continente", agregó. "Gracias a la visión de la Armada Nacional, a través de su industria astillera representada por COTECMAR, hemos logrado diseñar y construir exitosamente embarcaciones que nos permitirán llegar a las poblaciones más vulnerables y ofrecer una solución inmediata a sus necesidades, con miras a los nuevos escenarios que le esperan al país”.
El apoyo al desarrollo del país forma parte de la misión de COTECMAR. Se trata de una corporación no lucrativa, aunque el 98% pertenece al Ministerio de Defensa y a la Armada Nacional. La misma invierte los beneficios de sus actividades industriales y comerciales en tecnología, investigación e innovación. Desde su creación en el año 2000, COTECMAR ha generado más de 2.000 empleos en Colombia y se ha adaptado a las necesidades del país mediante un trabajo conjunto con sus otros socios, como la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad del Norte de Barranquilla.
“En 15 años de operación hemos logrado lanzar 104 cascos de buque al agua, lo que es significativo a nivel mundial”, dijo el Cap. de Navío Osorio. “Más allá de eso, ya tenemos unos cuantos productos solidificados que elaboramos para la Armada Nacional, que ha sido nuestro principal apoyo y nuestro principal cliente”.
COTECMAR ha fabricado una amplia gama de productos de defensa como el ARC 20 de Julio, el buque oceánico más grande y complejo que se haya construido en Colombia. Las autoridades navales lo utilizaron en 2015 en el Programa Antártico Colombiano, que llevó la primera expedición de país al continente helado. El ARC 20 de Julio fue también asignado a la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico en el Pacífico colombiano, donde realizó operaciones de interdicción marítima con el fin de neutralizar las redes de apoyo al terrorismo, involucradas con el tráfico de estupefacientes en esa zona.
Embarcaciones de uso dual
COTECMAR también ha fabricado Patrulleras Costaneras, que son más pequeñas, y el buque de desembarco anfibio (BDA), que se puede convertir en buque de apoyo logístico. COTECMAR también desarrolló patrulleras de apoyo fluvial livianas y pesadas, como la patrullera fluvial (LPR), que se puede convertir en ambulancia y transportar rápidamente a una persona desde un lugar muy lejano del país a un centro de atención médica de emergencia. Una LPR incluye todos los servicios necesarios para mantener estable a una persona hasta llegar al centro de salud.
“Todo esto lo hicimos para proporcionar protección a la tripulación colombiana en situaciones de defensa y posteriormente los hemos convertido en productos de uso dual, es decir, productos que tienen impacto social y humanitario y que brindan ayuda a la comunidad”, explicó el Cap. de Navío Osorio.
“En su interior, el buque tiene la capacidad de convertir el agua salada en agua dulce y el agua dulce del río en agua potable”, explicó el Cap. de Navío Osorio, y añadió que el buque también fue utilizado en septiembre en operaciones de apoyo humanitario a la población Wayuu en Castilletes, al norte de La Guajira. Durante la operación, transportaron donaciones a los afectados por la sequía y la falta de alimentos y agua potable.
La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial de Colombia (COTECMAR) hace uso de su amplia experiencia en el sector de defensa para construir un Empujador Fluvial que ayudará al desarrollo del Río Magdalena, la principal vía navegable del país.
Esta embarcación tiene como finalidad ayudar a las autoridades a impulsar la economía en las áreas ribereñas del país y promover el desarrollo de las regiones que atraviesa el Magdalena, que convierte a este río en una hidrovía de 886 kilómetros desde Puerto Salgar hasta Barranquilla. La embarcación, que tiene capacidad para empujar naves de carga por el agua, ayudará a las autoridades a brindar apoyo social a comunidades vulnerables, según el Capitán de Navío Andrés Alejandro Osorio Carrillo, Vicepresidente de Tecnología de Operaciones de COTECMAR.
“Aparte de tener unas cuantas líneas de reparación y mantenimiento en el sector de la defensa y en el privado, nos hemos comprometido a alinear nuestros esfuerzos con la nueva estrategia nacional para recuperar nuestras principales vías navegables, especialmente el Río Magdalena, que en el futuro muy cercano será el medio de transporte más importante de Colombia”, explicó.
Recuperar el Río Magdalena
Las autoridades de COTECMAR esperan que este primer Empujador Fluvial esté concluido para el próximo mes de mayo. Su funcionalidad dependerá de la navegabilidad del Río Magdalena, que une la capital del país, Bogotá, con la costa, un viaje que típicamente realizan los barcos en cinco días.
El Empujador Fluvial tiene un diseño único con características específicamente adecuadas para la hidrografía de Colombia. Las autoridades esperan que la nave esté operando el segundo semestre de 2016. [Foto: COTECMAR]
La ceremonia de inauguración de la construcción del primer Empujador Fluvial se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de COTECMAR en Mamonal el pasado 5 de noviembre.
“Después de que se haga el dragado [del río] en sus casi 1.000 kilómetros de extensión desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, [las embarcaciones] seguramente van a requerir por lo menos innumerables empujadores y barcazas”, dijo el Cap. de Navío Osorio. “El gobierno quiere recuperar la profundidad necesaria del río y lograr un cauce positivo para que los buques puedan navegar sin problemas de encallar, estrellarse o hundirse.”
Los funcionarios de COTECMAR prevén que en los próximos 10 años se van a requerir por lo menos unos 70 Empujadores Fluviales y 600 barcazas. Cada empujador está equipado con ocho barcazas. Estas embarcaciones, que se construyen siguiendo estándares internacionales, proporcionan seguridad, transportan carga a granel y combustible, y han sido diseñadas teniendo en cuenta las condiciones hidrográficas del país.
“Nos hemos dado a la tarea de diseñar nuestro propio empujador adaptado a las condiciones del río, con un calado de cinco pies, una potencia de 3.000 caballos de fuerza, timones de flanqueo que dan a los pilotos un alto grado de maniobrabilidad. Esto está bien adaptado a las necesidades de los navieros colombianos […]”, afirmó el Cap. de Navío Osorio. “Antes de diseñarlo, sostuvimos conversaciones con las principales navieras del país e hicimos nuestro diseño sobre esa base. La construcción comenzó el pasado 5 de noviembre".
Un punto de referencia para el continente
Durante su discurso el pasado 5 de noviembre en Cartagena, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó la influencia que esta embarcación y proyectos similares que tendrían en el país, especialmente en un escenario de posconflicto. “Los desarrollos de la industria militar en Colombia constituyen un referente para todo el continente", agregó. "Gracias a la visión de la Armada Nacional, a través de su industria astillera representada por COTECMAR, hemos logrado diseñar y construir exitosamente embarcaciones que nos permitirán llegar a las poblaciones más vulnerables y ofrecer una solución inmediata a sus necesidades, con miras a los nuevos escenarios que le esperan al país”.
El apoyo al desarrollo del país forma parte de la misión de COTECMAR. Se trata de una corporación no lucrativa, aunque el 98% pertenece al Ministerio de Defensa y a la Armada Nacional. La misma invierte los beneficios de sus actividades industriales y comerciales en tecnología, investigación e innovación. Desde su creación en el año 2000, COTECMAR ha generado más de 2.000 empleos en Colombia y se ha adaptado a las necesidades del país mediante un trabajo conjunto con sus otros socios, como la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad del Norte de Barranquilla.
“En 15 años de operación hemos logrado lanzar 104 cascos de buque al agua, lo que es significativo a nivel mundial”, dijo el Cap. de Navío Osorio. “Más allá de eso, ya tenemos unos cuantos productos solidificados que elaboramos para la Armada Nacional, que ha sido nuestro principal apoyo y nuestro principal cliente”.
COTECMAR ha fabricado una amplia gama de productos de defensa como el ARC 20 de Julio, el buque oceánico más grande y complejo que se haya construido en Colombia. Las autoridades navales lo utilizaron en 2015 en el Programa Antártico Colombiano, que llevó la primera expedición de país al continente helado. El ARC 20 de Julio fue también asignado a la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico en el Pacífico colombiano, donde realizó operaciones de interdicción marítima con el fin de neutralizar las redes de apoyo al terrorismo, involucradas con el tráfico de estupefacientes en esa zona.
Embarcaciones de uso dual
COTECMAR también ha fabricado Patrulleras Costaneras, que son más pequeñas, y el buque de desembarco anfibio (BDA), que se puede convertir en buque de apoyo logístico. COTECMAR también desarrolló patrulleras de apoyo fluvial livianas y pesadas, como la patrullera fluvial (LPR), que se puede convertir en ambulancia y transportar rápidamente a una persona desde un lugar muy lejano del país a un centro de atención médica de emergencia. Una LPR incluye todos los servicios necesarios para mantener estable a una persona hasta llegar al centro de salud.
“Todo esto lo hicimos para proporcionar protección a la tripulación colombiana en situaciones de defensa y posteriormente los hemos convertido en productos de uso dual, es decir, productos que tienen impacto social y humanitario y que brindan ayuda a la comunidad”, explicó el Cap. de Navío Osorio.
“En su interior, el buque tiene la capacidad de convertir el agua salada en agua dulce y el agua dulce del río en agua potable”, explicó el Cap. de Navío Osorio, y añadió que el buque también fue utilizado en septiembre en operaciones de apoyo humanitario a la población Wayuu en Castilletes, al norte de La Guajira. Durante la operación, transportaron donaciones a los afectados por la sequía y la falta de alimentos y agua potable.
Gestión de Techint por los caños para los gasoductos cordobeses
Por Walter Giannoni (La Voz) - Para las obras, las UTE ganadoras traerían conductos de China por U$S 250 millones. Tenaris, con suspensiones por caída de demanda, quiere una parte.
51 mil toneladas de tubos de acero se necesitan para el tendido de los gasoductos (LaVoz / Archivo)
En un momento difícil por la caída de las ventas, consecuencia de la abrupta disminución del precio del petróleo, el Grupo Techint no quiere quedar totalmente afuera de una de las obras más grandes que llevará a cabo la Provincia con el apoyo financiero de la Nación: la red de gasoductos troncales.
La compañía iniciará una serie de contactos a nivel privado para convencer a los tres consorcios ganadores de la licitación internacional de que adquieran en el país al menos una parte de los tubos y conductos de acero necesarios para ejecutar los trabajos.
La empresa constructora de Techint participó en la licitación asociada en UTE con el Grupo Roggio y con Boetto Buttigliengo, pero su oferta quedó descartada por precio, pese a ser la mayor fabricante argentina de tubos de acero y a que, en conjunto, las tres constructoras cuentan con fuerte expertise en el rubro.
De las tres UTE ganadoras, dos de ellas, Iecsa y Electroingeniería, van asociadas a financiamiento y empresas de origen chino. Y ahí radica, precisamente, una de las claves de la puja en los precios.
“China provee el financiamiento, pero a cambio un 30 por ciento de los insumos deben provenir de allá”, indicó a La Voz del Interior una fuente del grupo liderado por Paolo Rocca.
Se estima que entre los tres sistemas que serán adjudicados, se necesitarán 51 mil toneladas de tubos de acero, en un negocio que implica entre 250 y 300 millones de dólares. “La industria nacional está con poca actividad y trataremos de convencer a los consorcios de que podemos emparejar y hacer una oferta razonable y agresiva”, señaló el interlocutor. El plural corresponde a que otras empresas nacionales podrían sumarse al pedido.
Ello es así porque gran parte de los gasoductos demandan tubos sin costura, que pueden ser provistos por otras fábricas argentinas.
51 mil toneladas de tubos de acero se necesitan para el tendido de los gasoductos (LaVoz / Archivo)
En un momento difícil por la caída de las ventas, consecuencia de la abrupta disminución del precio del petróleo, el Grupo Techint no quiere quedar totalmente afuera de una de las obras más grandes que llevará a cabo la Provincia con el apoyo financiero de la Nación: la red de gasoductos troncales.
La compañía iniciará una serie de contactos a nivel privado para convencer a los tres consorcios ganadores de la licitación internacional de que adquieran en el país al menos una parte de los tubos y conductos de acero necesarios para ejecutar los trabajos.
La empresa constructora de Techint participó en la licitación asociada en UTE con el Grupo Roggio y con Boetto Buttigliengo, pero su oferta quedó descartada por precio, pese a ser la mayor fabricante argentina de tubos de acero y a que, en conjunto, las tres constructoras cuentan con fuerte expertise en el rubro.
De las tres UTE ganadoras, dos de ellas, Iecsa y Electroingeniería, van asociadas a financiamiento y empresas de origen chino. Y ahí radica, precisamente, una de las claves de la puja en los precios.
“China provee el financiamiento, pero a cambio un 30 por ciento de los insumos deben provenir de allá”, indicó a La Voz del Interior una fuente del grupo liderado por Paolo Rocca.
Se estima que entre los tres sistemas que serán adjudicados, se necesitarán 51 mil toneladas de tubos de acero, en un negocio que implica entre 250 y 300 millones de dólares. “La industria nacional está con poca actividad y trataremos de convencer a los consorcios de que podemos emparejar y hacer una oferta razonable y agresiva”, señaló el interlocutor. El plural corresponde a que otras empresas nacionales podrían sumarse al pedido.
Ello es así porque gran parte de los gasoductos demandan tubos sin costura, que pueden ser provistos por otras fábricas argentinas.
Macri exime de impuestos a Córdoba para que Mestre compre trolebuses
LPO (Córdoba) - El intendente radical sigue facturando su buena relación política con el presidente.
El intendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre, sigue facturando su relación política con el presidente Mauricio Macri. Ayer, el Boletín Oficial de la Nación publicó que la empresa Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) quedó eximida del pago de impuestos para la importación de siete trolebuses fabricados en Rusia.
Macri ordenó al Banco Ciudad que garantice un crédito de 300 millones para Mestre. La incorporación de los trolebuses constituye una de las promesas que Mestre hizo a los cordobeses hace más de dos años. El anuncio de que los compraba en Rusia provocó polémicas porque el kirchnerismo aseguraba que los mismos vehículos podían conseguirse más barato en Mendoza.
El decreto firmado por Macri y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señala que la medida se tomó porque la “importación de dicha mercadería, pues, resulta de vital importancia para mejorar el sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba”.
“Estas unidades, por su naturaleza, contribuirán a preservar las condiciones ambientales, dado que ellas no despiden los gases que emanan de los vehículos con motor a combustión”, agrega.
Las única tres ciudades de la Argentina que prestan el servicio de transporte urbano con trolebuses son Córdoba, Rosario y Mendoza. En Córdoba, y para Mestre, los trolebuses tienen un valor políticos extra. En la década del ’80 fueron incorporados al sistema de transporte urbano de pasajeros por el ex intendente Ramón Bautista Mestre, padre del actual mandatario municipal. Mestre padre se anotó un éxito con los trolebuses por su valor ecológico, porque pueden llevar muchos pasajeros y porque colocó como choferes a mujeres.
Ahora, Mestre hijo destacó “la importancia de trabajar juntos con el gobierno nacional: estamos más cerca que los nuevos troles salgan a la calle”. Para Mestre es la segunda buena noticia que obtiene en pocos días de la mano del gobierno nacional.
La semana pasada se conoció que la Municipalidad de Córdoba podrá refinanciar parte de su deuda con los fondos que un grupo de bancos le otorgará con la garantía del Banco Ciudad y el aval del Banco Central de la República Argentina. Córdoba recibirá 300 millones de pesos por esa vía, lo que oxigenará las arcas municipales.
No entiendo porque en ninguna gestión los políticos incorporó trolebuses en el Área Metropolitana, existiendo en Argentina una fabrica (Materfer - Versión Aguila) -que tenían un costo menor que los adquiridos en Rusia- que los produce y que son empleados en la ciudad de Mendoza, con excelentes resultados. Se habla y plantean supuetos compromisos sobre el calentamiento global y se sigue insistiendo con ómnibus impulsados por combustibles fósiles...
El intendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre, sigue facturando su relación política con el presidente Mauricio Macri. Ayer, el Boletín Oficial de la Nación publicó que la empresa Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) quedó eximida del pago de impuestos para la importación de siete trolebuses fabricados en Rusia.
Serán cinco Optima |
El decreto firmado por Macri y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señala que la medida se tomó porque la “importación de dicha mercadería, pues, resulta de vital importancia para mejorar el sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba”.
“Estas unidades, por su naturaleza, contribuirán a preservar las condiciones ambientales, dado que ellas no despiden los gases que emanan de los vehículos con motor a combustión”, agrega.
Serán dos Megapolis |
Ahora, Mestre hijo destacó “la importancia de trabajar juntos con el gobierno nacional: estamos más cerca que los nuevos troles salgan a la calle”. Para Mestre es la segunda buena noticia que obtiene en pocos días de la mano del gobierno nacional.
La semana pasada se conoció que la Municipalidad de Córdoba podrá refinanciar parte de su deuda con los fondos que un grupo de bancos le otorgará con la garantía del Banco Ciudad y el aval del Banco Central de la República Argentina. Córdoba recibirá 300 millones de pesos por esa vía, lo que oxigenará las arcas municipales.
No entiendo porque en ninguna gestión los políticos incorporó trolebuses en el Área Metropolitana, existiendo en Argentina una fabrica (Materfer - Versión Aguila) -que tenían un costo menor que los adquiridos en Rusia- que los produce y que son empleados en la ciudad de Mendoza, con excelentes resultados. Se habla y plantean supuetos compromisos sobre el calentamiento global y se sigue insistiendo con ómnibus impulsados por combustibles fósiles...
El petróleo “pesado” que acorrala a los gigantes
Por Martín Bidegaray - Clarin.com
Las petroleras dicen que sus costos están basados sobre un barril de crudo de US$ 50. Y que si exportan, pierden dinero.
Chubut es la mayor productora de crudo del país. De allí sale el 30% del petróleo que se extrae en el país. Su hidrocarburo es llamado “pesado”. Solo tres refinerías locales pueden procesarlo y transformarlo en combustible.
Hay un 25% del crudo de Chubut que no funciona en el mercado interno. La única salida es exportarlo. Cuando el precio del petróleo era alto (más de US$ 100), eso podía ser una dicha. Pero ahora, que la cotización internacional del crudo está en el piso desde 2003, la suerte se transformó en una desgracia económica.
Las petroleras dicen que sus costos están basados sobre un barril de crudo de US$ 50. Y que si exportan, pierden dinero. Las compañías reciben US$ 23 por barril colocado afuera. Les aplican una multa por la menor calidad.
El Gobierno les prometió a las petroleras que el crudo que no exporten lo podrán procesar en la refinería de YPF en La Plata, en julio. El tema es como llegar hasta el invierno.
Las empresas quieren que el Estado pague una compensación de entre US$ 300 millones a US$ 500 millones para mitigar sus pérdidas. De esa forma, no detendrían su producción ni desvincularían trabajadores. Otros especialistas calculan que el costo para destrabar el conflicto es menor: $ 3.200 millones. Y creen que será pagado tanto por el Estado nacional como por las petroleras.
Pan American Energy es la empresa más importante de Chubut, responsable del 60% del petróleo de esa provincia. Después vienen YPF, con un 20% de la producción, Tecpetrol con 10% y Sipetrol con 5%. El 90% de lo que saca Tecpetrol es de exportación. En el caso de PAE, despacha afuera el 40%.
El golfo de San Jorge también alcanza a Santa Cruz. Su petróleo es “pesado”. Allí, la que talla más fuerte es YPF, seguida por Sinopec. Santa Cruz mira con atención lo que sucede en Chubut, pero guarda silencio. Su gobernadora Alicia Kirchner tiene menos acceso al Gobierno macrista que Mario Das Neves.
Si se toma toda la cuenca, el 40% es de PAE, 40% es de YPF, 10% es de Sinopec y 5%, Tecpetrol. Cuatro gigantes a la espera de algún salvataje oficial.
Las petroleras dicen que sus costos están basados sobre un barril de crudo de US$ 50. Y que si exportan, pierden dinero.
Chubut es la mayor productora de crudo del país. De allí sale el 30% del petróleo que se extrae en el país. Su hidrocarburo es llamado “pesado”. Solo tres refinerías locales pueden procesarlo y transformarlo en combustible.
Hay un 25% del crudo de Chubut que no funciona en el mercado interno. La única salida es exportarlo. Cuando el precio del petróleo era alto (más de US$ 100), eso podía ser una dicha. Pero ahora, que la cotización internacional del crudo está en el piso desde 2003, la suerte se transformó en una desgracia económica.
Las petroleras dicen que sus costos están basados sobre un barril de crudo de US$ 50. Y que si exportan, pierden dinero. Las compañías reciben US$ 23 por barril colocado afuera. Les aplican una multa por la menor calidad.
El Gobierno les prometió a las petroleras que el crudo que no exporten lo podrán procesar en la refinería de YPF en La Plata, en julio. El tema es como llegar hasta el invierno.
Las empresas quieren que el Estado pague una compensación de entre US$ 300 millones a US$ 500 millones para mitigar sus pérdidas. De esa forma, no detendrían su producción ni desvincularían trabajadores. Otros especialistas calculan que el costo para destrabar el conflicto es menor: $ 3.200 millones. Y creen que será pagado tanto por el Estado nacional como por las petroleras.
Pan American Energy es la empresa más importante de Chubut, responsable del 60% del petróleo de esa provincia. Después vienen YPF, con un 20% de la producción, Tecpetrol con 10% y Sipetrol con 5%. El 90% de lo que saca Tecpetrol es de exportación. En el caso de PAE, despacha afuera el 40%.
El golfo de San Jorge también alcanza a Santa Cruz. Su petróleo es “pesado”. Allí, la que talla más fuerte es YPF, seguida por Sinopec. Santa Cruz mira con atención lo que sucede en Chubut, pero guarda silencio. Su gobernadora Alicia Kirchner tiene menos acceso al Gobierno macrista que Mario Das Neves.
Si se toma toda la cuenca, el 40% es de PAE, 40% es de YPF, 10% es de Sinopec y 5%, Tecpetrol. Cuatro gigantes a la espera de algún salvataje oficial.
Julio Martínez: "Comenzamos auditorías en áreas sensibles de las FF.AA."
Por Mariano De Vedia - LA NACION
La transparencia en la gestión es uno de los objetivos del ministro de Defensa, que renovó la cúpula miltar
Foto: Emiliano Lasalvia
Las Fuerzas Armadas ya han recuperado el respeto de la sociedad. Ahora falta que reconquisten el respeto del Gobierno", dijo el ministro de Defensa, Julio César Martínez, al sintetizar las deudas pendientes en el terreno militar. En ese desafío juegan un papel prioritario la recuperación de la defensa nacional y la transparencia en la gestión.
Luego de poner en funciones a los nuevos jefes de las fuerzas (ver aparte), Martínez anticipó a LA NACION que ya tiene en marcha distintas auditorías en "áreas sensibles" de la estructura militar, como Fabricaciones Militares, Tandanor y algunos arsenales. Ya antes de llegar al ministerio, el ex diputado riojano había reclamado al gobierno kirchnerista explicaciones sobre faltantes de armas y municiones en unidades militares
También pesa en su gestión el aspecto económico, a partir de la necesidad de poner fin a los reclamos por el blanqueo salarial del personal militar, heredados del gobierno anterior. Tiene en estudio un plan a largo plazo para eliminar progresivamente las sumas no remunerativas que se fueron incluyendo en los sueldos militares y que dieron lugar a innumerables juicios. "Son juicios por $ 4000 millones. Algunos están en instancias judiciales más exigibles y pueden llegar a provocar el embargo de cuentas. Por eso estamos diseñando un plan para el blanqueo salarial", dijo el ministro, quien reivindicó a la nueva conducción del Ejército y la diferenció del teniente general retirado César Milani, el ex jefe kirchnerista y hombre fuerte de la inteligencia militar.
-Con la nueva cúpula militar ya en funciones, ¿qué desafíos asoman en primer plano?
-El más importante es recuperar la defensa nacional, revalorizar el aspecto humano del personal militar y avanzar en un programa de inversiones en el mediano y largo plazo. Queremos que nos recuerden como quienes comenzaron la etapa de la recuperación de las Fuerzas Armadas. No será de un día para el otro, lógicamente, pero se puede avanzar. Y otro desafío es lograr la valoración de los militares. Las Fuerzas Armadas ya han recuperado el respeto de la sociedad. Ahora falta que reconquisten el respeto del Gobierno.
-¿Cómo lograrán ese objetivo?
-No queremos Fuerzas Armadas al servicio de un gobierno o de un proyecto político, sino al servicio del Estado y de la democracia. Pretendemos volver al profesionalismo.
-¿Por qué hubo una depuración de 23 generales en el recambio de autoridades del Ejército?
-Había un sobredimensionamiento de generales. La media histórica ronda los 35 oficiales superiores y había casi 60. Era necesario reducir esa cantidad.
-¿Los que pasaron a retiro mantenían lealtad a Milani?
-No. No todos eran de Milani. Sería injusto. Por supuesto, por la verticalidad que caracteriza a la fuerza, trabajaron bajo sus órdenes. Pero la mayoría no está hoy alineada con él. La persona indicada para esta etapa es el general Diego Luis Suñer, a quien elegí como jefe del Ejército, y los más antiguos deben pasar a retiro. Además, como le dije, había una cantidad excesiva de generales. Cuando un oficial llega a ese rango sabe que en algún momento puede ser relevado.
-¿La reducción de generales implica también una caída de la influencia del área de inteligencia en el Ejército?
-Si había un exceso, se reducirá. El área es necesaria para la inteligencia de la defensa. Pero no tiene que estar sobredimensionada y debe ajustarse a los tiempos que se viven.
-¿Cómo impactará en las Fuerzas Armadas la declaración de la emergencia en seguridad?
-Si bien debe interceptar vuelos irregulares, principalmente en la zona del Escudo Norte, la Fuerza Aérea es un eslabón más en esta cadena y no el más determinante. Está comprobado que el grueso del narcotráfico entra por tierra y por vías navegables. Podemos tomar medidas para controlar el avance de la droga y vamos a trabajar para eso. Pero estos operativos están en manos de las Fuerzas de Seguridad.
-¿Se aplicará la ley de derribo?
-No hay ley de derribo. Lo que habrá es una protección del espacio aéreo, terrestre y fluvial. La Fuerza Aérea hará el control del espacio aéreo que le corresponde por la Constitución. Son medidas disuasivas para permitir que los vuelos clandestinos puedan ser reconducidos e intimados a aterrizar para que las fuerzas de seguridad puedan hacer controles.
-¿Cómo atenderán los reclamos salariales que llegaron a la Justicia?
-El tema de los juicios es muy delicado. Potencialmente, si actualizamos los montos, pueden llegar a los $ 4000 millones. Tenemos en estudio un plan salarial estratégico para blanquear progresivamente las sumas no remunerativas, que se puede extender en un período de diez años, para eliminar las distorsiones.
-¿En qué instancias se encuentran los juicios?
-Algunos están en etapa de ser exigibles y otros, en medio del proceso. Creemos que se pueden llegar a embargar cuentas. Es un problema bastante comprometedor para el futuro, que afecta a las tres fuerzas.
-¿La aplicación de esta replanteo salarial puede ser inmediata?
-No, inmediata no. Va a ser un plan progresivo de blanqueo para recuperar el salario, pero no puede ser inmediato. Con miras a revertir la situación en un período a largo plazo, de diez años.
-¿Habrá espacio para mejorar el reequipamiento de las unidades militares?
-La prioridad es cubrir la frontera norte. Una vez cubierta esa necesidad avanzaremos en otro grado de equipamiento, como los aviones supersónicos y otras unidades que iremos analizando en las distintas fuerzas.
-¿Se investigará la gestión de Milani?
-Se revisará todo, no específicamente lo que le tocó a Milani. Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorías.
-¿Qué avances tienen esas auditorías?
-Se está avanzando en áreas de Fabricaciones Militares, de Tandanor, en algunos arsenales.
-¿Se auditará especialmente lo que concierne a la comunicación y tecnología del área de Inteligencia?
-Estamos viendo lo que hay, pero hasta ahora no encontramos nada estrafalario, sofisticado o que no correspondan al área. No hubo esos equipos de los que se hablaba, por lo menos acá no están. Si se hicieron y se compraron por afuera, habrá que ver, pero acá no están.
Asumieron los nuevos mandos
El Ejército y la Armada tienen ya sus nuevos jefes en funciones. El ministro Julio César Martínez presidió ayer en el Regimiento Patricios el acto de asunción del general Diego Luis Suñer como nuevo jefe del Ejército, quien reemplazó al teniente general Ricardo Cundom. Por la mañana, el vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur asumió como jefe de la Armada. Hoy tomarán sus cargos los jefes de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Víctor Amrein, y del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa.
La transparencia en la gestión es uno de los objetivos del ministro de Defensa, que renovó la cúpula miltar
Foto: Emiliano Lasalvia
Las Fuerzas Armadas ya han recuperado el respeto de la sociedad. Ahora falta que reconquisten el respeto del Gobierno", dijo el ministro de Defensa, Julio César Martínez, al sintetizar las deudas pendientes en el terreno militar. En ese desafío juegan un papel prioritario la recuperación de la defensa nacional y la transparencia en la gestión.
Luego de poner en funciones a los nuevos jefes de las fuerzas (ver aparte), Martínez anticipó a LA NACION que ya tiene en marcha distintas auditorías en "áreas sensibles" de la estructura militar, como Fabricaciones Militares, Tandanor y algunos arsenales. Ya antes de llegar al ministerio, el ex diputado riojano había reclamado al gobierno kirchnerista explicaciones sobre faltantes de armas y municiones en unidades militares
También pesa en su gestión el aspecto económico, a partir de la necesidad de poner fin a los reclamos por el blanqueo salarial del personal militar, heredados del gobierno anterior. Tiene en estudio un plan a largo plazo para eliminar progresivamente las sumas no remunerativas que se fueron incluyendo en los sueldos militares y que dieron lugar a innumerables juicios. "Son juicios por $ 4000 millones. Algunos están en instancias judiciales más exigibles y pueden llegar a provocar el embargo de cuentas. Por eso estamos diseñando un plan para el blanqueo salarial", dijo el ministro, quien reivindicó a la nueva conducción del Ejército y la diferenció del teniente general retirado César Milani, el ex jefe kirchnerista y hombre fuerte de la inteligencia militar.
-Con la nueva cúpula militar ya en funciones, ¿qué desafíos asoman en primer plano?
-El más importante es recuperar la defensa nacional, revalorizar el aspecto humano del personal militar y avanzar en un programa de inversiones en el mediano y largo plazo. Queremos que nos recuerden como quienes comenzaron la etapa de la recuperación de las Fuerzas Armadas. No será de un día para el otro, lógicamente, pero se puede avanzar. Y otro desafío es lograr la valoración de los militares. Las Fuerzas Armadas ya han recuperado el respeto de la sociedad. Ahora falta que reconquisten el respeto del Gobierno.
-¿Cómo lograrán ese objetivo?
-No queremos Fuerzas Armadas al servicio de un gobierno o de un proyecto político, sino al servicio del Estado y de la democracia. Pretendemos volver al profesionalismo.
-¿Por qué hubo una depuración de 23 generales en el recambio de autoridades del Ejército?
-Había un sobredimensionamiento de generales. La media histórica ronda los 35 oficiales superiores y había casi 60. Era necesario reducir esa cantidad.
-¿Los que pasaron a retiro mantenían lealtad a Milani?
-No. No todos eran de Milani. Sería injusto. Por supuesto, por la verticalidad que caracteriza a la fuerza, trabajaron bajo sus órdenes. Pero la mayoría no está hoy alineada con él. La persona indicada para esta etapa es el general Diego Luis Suñer, a quien elegí como jefe del Ejército, y los más antiguos deben pasar a retiro. Además, como le dije, había una cantidad excesiva de generales. Cuando un oficial llega a ese rango sabe que en algún momento puede ser relevado.
-¿La reducción de generales implica también una caída de la influencia del área de inteligencia en el Ejército?
-Si había un exceso, se reducirá. El área es necesaria para la inteligencia de la defensa. Pero no tiene que estar sobredimensionada y debe ajustarse a los tiempos que se viven.
-¿Cómo impactará en las Fuerzas Armadas la declaración de la emergencia en seguridad?
-Si bien debe interceptar vuelos irregulares, principalmente en la zona del Escudo Norte, la Fuerza Aérea es un eslabón más en esta cadena y no el más determinante. Está comprobado que el grueso del narcotráfico entra por tierra y por vías navegables. Podemos tomar medidas para controlar el avance de la droga y vamos a trabajar para eso. Pero estos operativos están en manos de las Fuerzas de Seguridad.
-¿Se aplicará la ley de derribo?
-No hay ley de derribo. Lo que habrá es una protección del espacio aéreo, terrestre y fluvial. La Fuerza Aérea hará el control del espacio aéreo que le corresponde por la Constitución. Son medidas disuasivas para permitir que los vuelos clandestinos puedan ser reconducidos e intimados a aterrizar para que las fuerzas de seguridad puedan hacer controles.
-¿Cómo atenderán los reclamos salariales que llegaron a la Justicia?
-El tema de los juicios es muy delicado. Potencialmente, si actualizamos los montos, pueden llegar a los $ 4000 millones. Tenemos en estudio un plan salarial estratégico para blanquear progresivamente las sumas no remunerativas, que se puede extender en un período de diez años, para eliminar las distorsiones.
-¿En qué instancias se encuentran los juicios?
-Algunos están en etapa de ser exigibles y otros, en medio del proceso. Creemos que se pueden llegar a embargar cuentas. Es un problema bastante comprometedor para el futuro, que afecta a las tres fuerzas.
-¿La aplicación de esta replanteo salarial puede ser inmediata?
-No, inmediata no. Va a ser un plan progresivo de blanqueo para recuperar el salario, pero no puede ser inmediato. Con miras a revertir la situación en un período a largo plazo, de diez años.
-¿Habrá espacio para mejorar el reequipamiento de las unidades militares?
-La prioridad es cubrir la frontera norte. Una vez cubierta esa necesidad avanzaremos en otro grado de equipamiento, como los aviones supersónicos y otras unidades que iremos analizando en las distintas fuerzas.
-¿Se investigará la gestión de Milani?
-Se revisará todo, no específicamente lo que le tocó a Milani. Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorías.
-¿Qué avances tienen esas auditorías?
-Se está avanzando en áreas de Fabricaciones Militares, de Tandanor, en algunos arsenales.
-¿Se auditará especialmente lo que concierne a la comunicación y tecnología del área de Inteligencia?
-Estamos viendo lo que hay, pero hasta ahora no encontramos nada estrafalario, sofisticado o que no correspondan al área. No hubo esos equipos de los que se hablaba, por lo menos acá no están. Si se hicieron y se compraron por afuera, habrá que ver, pero acá no están.
Asumieron los nuevos mandos
El Ejército y la Armada tienen ya sus nuevos jefes en funciones. El ministro Julio César Martínez presidió ayer en el Regimiento Patricios el acto de asunción del general Diego Luis Suñer como nuevo jefe del Ejército, quien reemplazó al teniente general Ricardo Cundom. Por la mañana, el vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur asumió como jefe de la Armada. Hoy tomarán sus cargos los jefes de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Víctor Amrein, y del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa.
Macri designó a un abogado que trabajaba en el FMI al frente de la unidad antilavado
(La Nación) - Se oficializó hoy el nombramiento de Mariano Federici como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
Federici tiene 42 años y se desempeñaba como abogado en el FMI. Foto:Archivo
Mauricio Macri completó hoy la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar delitos relacionados al lavado de dinero, luego de la salida del kirchnerista José Sbatella. El nuevo titular de la UIF es Mariano Federici, un abogado que se desempeñaba hasta ahora en el Fondo Monetario Internacional. El decreto 233/2016, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, designa a Federici como titular y a María Eugenia Talerico como su segunda.
Con la firma del decreto finalizó un proceso de avales y objeciones que LA NACION dio cuenta a principios de enero. Federici y Talerico habían sumado al 6 de enero más de 200 avales y 25 objeciones. Luego hubo una audiencia pública para evaluar los antecedentes de los candidatos, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas.
Abogado senior del FMI
Federici, de 42 años, era abogado senior en el departamento jurídico del FMI, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera. Cursó abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, en el FMI ha cumplido tareas de asesor regional para Latinoamérica y Caribe.
Entre sus múltiples funciones en el organismo financiero internacional coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay. Además en sus antecedentes laborales, entre septiembre de 2001 y junio de 2002 fue asociado extranjero y miembro del Grupo para Latinoamérica en Sullivan-Cromwell, New York, participando en ofertas públicas y privadas de compañías extranjeras en Estados Unidos.
Contribuyó en ofertas públicas de deuda soberana en Estados Unidos y participó en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones y financiamientos de proyectos. Es consejero externo de la Fundación para la Investigación en Inteligencia Financiera, miembro del grupo de Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales (CARI).
Por su parte, Talerico, de 44 años, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, trabaja de modo independiente y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general. Es una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia.
Talerico desde 2006 hasta 2012 trabajó en el estudio "Fernández Alonso-Becar Varela & Richards", entre otros grupos de abogados. Y el año pasado fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito académico se desempeña como profesora jefe de trabajos prácticos en la cátedra de derecho penal de la Universidad de Belgrano.
Federici tiene 42 años y se desempeñaba como abogado en el FMI. Foto:Archivo
Mauricio Macri completó hoy la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar delitos relacionados al lavado de dinero, luego de la salida del kirchnerista José Sbatella. El nuevo titular de la UIF es Mariano Federici, un abogado que se desempeñaba hasta ahora en el Fondo Monetario Internacional. El decreto 233/2016, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, designa a Federici como titular y a María Eugenia Talerico como su segunda.
Con la firma del decreto finalizó un proceso de avales y objeciones que LA NACION dio cuenta a principios de enero. Federici y Talerico habían sumado al 6 de enero más de 200 avales y 25 objeciones. Luego hubo una audiencia pública para evaluar los antecedentes de los candidatos, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas.
Abogado senior del FMI
Federici, de 42 años, era abogado senior en el departamento jurídico del FMI, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera. Cursó abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, en el FMI ha cumplido tareas de asesor regional para Latinoamérica y Caribe.
Entre sus múltiples funciones en el organismo financiero internacional coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay. Además en sus antecedentes laborales, entre septiembre de 2001 y junio de 2002 fue asociado extranjero y miembro del Grupo para Latinoamérica en Sullivan-Cromwell, New York, participando en ofertas públicas y privadas de compañías extranjeras en Estados Unidos.
Contribuyó en ofertas públicas de deuda soberana en Estados Unidos y participó en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones y financiamientos de proyectos. Es consejero externo de la Fundación para la Investigación en Inteligencia Financiera, miembro del grupo de Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales (CARI).
Por su parte, Talerico, de 44 años, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, trabaja de modo independiente y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general. Es una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia.
Talerico desde 2006 hasta 2012 trabajó en el estudio "Fernández Alonso-Becar Varela & Richards", entre otros grupos de abogados. Y el año pasado fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito académico se desempeña como profesora jefe de trabajos prácticos en la cátedra de derecho penal de la Universidad de Belgrano.
Revisan las licitaciones de obra pública para destrabar los fondos
Por Iván Ruiz (La Nación) - El Gobierno reconoció el freno del envío de dinero para determinados proyectos hasta que finalice una auditoría sobre los contratos que selló el kirchnerismo; se paralizarían las represas de Santa Cruz
Después de la polémica revisión sobre los empleados públicos, el Gobierno emprendió otra exhaustiva auditoría sobre la gestión kirchnerista: revisará cientos de licitaciones de obra pública que puso en marcha Cristina Kirchner. Quedarán bajo la lupa los contratos de varios millones de dólares, como las represas de Santa Cruz, aunque también otros menos onerosos pero bien simbólicos, como la construcción de rutas con extraños movimientos financieros, según pudo reconstruir LA NACION a través del testimonio de varios ministros.
Los funcionarios del nuevo gobierno todavía se llevan sorpresas que despiertan indignación, lamentos y hasta alguna carcajada por la herencia que dejó el kirchnerismo. Lo sufrieron en el Ministerio del Interior, que frenó el reparto de fondos de obra pública, como publicó ayer LA NACION, al aducir la necesidad de "una revisión generalizada" sobre lo que dejó Julio De Vido. En la cartera que encabeza Rogelio Frigerio se quejaron por la falta de documentación y de dinero, entre otros contratiempos. Ésa es sólo una escena, entre deudas impensadas, infraestructura derruida y fuertes sospechas de corrupción de un "Estado paralizado".
Recién esta semana, casi un mes y medio después del desembarco en la Casa Rosada, el Gobierno pondrá en marcha el ambicioso plan de infraestructura con el que Mauricio Macri quiere quedar en la historia. "Ahora vamos a terminar las obras que frenó Cristina en octubre. Empezamos esta semana a liberar fondos para obras públicas, pero de a poco, porque la situación financiera es delicada", se sinceraron ayer cerca de Frigerio. Esta novedad será clave cuando el ministro reciba mañana a los gobernadores peronistas, que ya expresaron su malestar con el Presidente por la parálisis de la obra pública y los desajustes en el reparto de la coparticipación.
"Tenemos un problema grave con la obra pública. Muchas que están en ejecución no tienen documentación, como los programas de inversión o el desarrollo de obra. No sabemos si se los llevaron, si todavía no los encontramos o si nunca los hicieron", reconocieron en Interior. Por este motivo, las licitaciones quedaron bajo la lupa. Por ejemplo, estudian el destino de las faraónicas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic -en manos de empresas chinas-, que costarán 4700 millones de dólares.
La obra pública también será revisada en la provincia de Buenos Aires. "Notamos una preocupante costumbre de pagar adelantos financieros para obras en las que no se puso ni un ladrillo", reveló un ministro bonaerense. La tendencia se repite en Santa Cruz: ampliaciones de rutas con desembolso estatal del 80%, pero con avances reales que no superan el 10%. Entre las empresas más beneficiadas está Austral Construcciones SA, firma insignia del empresario kirchnerista Lázaro Báez, según informaron desde Vialidad Nacional.
"Encontramos un Estado paralizado, sin procesos ni sistemas. Es increíble el total desapego por la gestión. Está muy claro que durante los últimos años utilizaron esta estructura para hacer política", afirmó un ministro.
El panorama parece más sombrío en la provincia de Buenos Aires. "Volvimos a los ochenta. Todos los trámites son en papel. Y como no hay ni autos oficiales tenemos que juntar una montaña de expedientes para moverlos. Es una catástrofe", sintetizó otro funcionario.
La herencia kirchnerista dejó también escenas tragicómicas. Mientras Bahía Blanca sufría hace algunas semanas por la falta de suministro de agua, la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) pagaba un salario mensual a una famosa vedette que frecuentó el búnker de Daniel Scioli en las últimas elecciones, según reveló a LA NACION una alta fuente del Ejecutivo provincial. Hay más: el macrismo heredó 700 pases libres de peajes por rutas bonaerenses para personalidades del espectáculo y periodistas. "¿Podés creer que más de un caradura llamó para preguntar por qué no funcionaban más?", cuestionó el funcionario.
Cuando Alfonso Prat-Gay se acomodó para leer los saludos por su asunción como ministro de Hacienda sintió que ni siquiera en esa circunstancia podía relajarse. "Me llegó la nota del ministro de Bolivia, que, muy respetuoso, me felicitaba en el primer párrafo. Pero en el siguiente renglón decía: «Le escribo para recordarle que hay facturas impagas por el gas»." La escena se repitió cuando Prat-Gay su cruzó con su par paraguayo en la última cumbre del Mercosur; esta vez le reclamaron por la cuota de la represa Yacyretá.
La Casa Rosada no está exenta de deudas. El encargado de armar el árbol de Navidad en Balcarce 50 reclamó una deuda de cerca de un millón de pesos por tres años de supuesto trabajo impago. También tuvieron que resolver problemas más terrenales: el Presidente pasó los días más calurosos del verano porteño en su despacho sin aire acondicionado.
También sufrieron la herencia Marcos Peña, Diego Santilli y Fernando de Andreis, entre otros, después de disfrutar del primer "picado" en Olivos. Las risas se terminaron cuando entraron al vestuario. "Una, dos, tres", gritó un estrecho colaborador de Macri, que dio la voz de alerta. Un ejército de cucarachas había invadido las duchas de la residencia presidencial.
Después de la polémica revisión sobre los empleados públicos, el Gobierno emprendió otra exhaustiva auditoría sobre la gestión kirchnerista: revisará cientos de licitaciones de obra pública que puso en marcha Cristina Kirchner. Quedarán bajo la lupa los contratos de varios millones de dólares, como las represas de Santa Cruz, aunque también otros menos onerosos pero bien simbólicos, como la construcción de rutas con extraños movimientos financieros, según pudo reconstruir LA NACION a través del testimonio de varios ministros.
Los funcionarios del nuevo gobierno todavía se llevan sorpresas que despiertan indignación, lamentos y hasta alguna carcajada por la herencia que dejó el kirchnerismo. Lo sufrieron en el Ministerio del Interior, que frenó el reparto de fondos de obra pública, como publicó ayer LA NACION, al aducir la necesidad de "una revisión generalizada" sobre lo que dejó Julio De Vido. En la cartera que encabeza Rogelio Frigerio se quejaron por la falta de documentación y de dinero, entre otros contratiempos. Ésa es sólo una escena, entre deudas impensadas, infraestructura derruida y fuertes sospechas de corrupción de un "Estado paralizado".
Recién esta semana, casi un mes y medio después del desembarco en la Casa Rosada, el Gobierno pondrá en marcha el ambicioso plan de infraestructura con el que Mauricio Macri quiere quedar en la historia. "Ahora vamos a terminar las obras que frenó Cristina en octubre. Empezamos esta semana a liberar fondos para obras públicas, pero de a poco, porque la situación financiera es delicada", se sinceraron ayer cerca de Frigerio. Esta novedad será clave cuando el ministro reciba mañana a los gobernadores peronistas, que ya expresaron su malestar con el Presidente por la parálisis de la obra pública y los desajustes en el reparto de la coparticipación.
"Tenemos un problema grave con la obra pública. Muchas que están en ejecución no tienen documentación, como los programas de inversión o el desarrollo de obra. No sabemos si se los llevaron, si todavía no los encontramos o si nunca los hicieron", reconocieron en Interior. Por este motivo, las licitaciones quedaron bajo la lupa. Por ejemplo, estudian el destino de las faraónicas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic -en manos de empresas chinas-, que costarán 4700 millones de dólares.
La obra pública también será revisada en la provincia de Buenos Aires. "Notamos una preocupante costumbre de pagar adelantos financieros para obras en las que no se puso ni un ladrillo", reveló un ministro bonaerense. La tendencia se repite en Santa Cruz: ampliaciones de rutas con desembolso estatal del 80%, pero con avances reales que no superan el 10%. Entre las empresas más beneficiadas está Austral Construcciones SA, firma insignia del empresario kirchnerista Lázaro Báez, según informaron desde Vialidad Nacional.
"Encontramos un Estado paralizado, sin procesos ni sistemas. Es increíble el total desapego por la gestión. Está muy claro que durante los últimos años utilizaron esta estructura para hacer política", afirmó un ministro.
El panorama parece más sombrío en la provincia de Buenos Aires. "Volvimos a los ochenta. Todos los trámites son en papel. Y como no hay ni autos oficiales tenemos que juntar una montaña de expedientes para moverlos. Es una catástrofe", sintetizó otro funcionario.
La herencia kirchnerista dejó también escenas tragicómicas. Mientras Bahía Blanca sufría hace algunas semanas por la falta de suministro de agua, la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) pagaba un salario mensual a una famosa vedette que frecuentó el búnker de Daniel Scioli en las últimas elecciones, según reveló a LA NACION una alta fuente del Ejecutivo provincial. Hay más: el macrismo heredó 700 pases libres de peajes por rutas bonaerenses para personalidades del espectáculo y periodistas. "¿Podés creer que más de un caradura llamó para preguntar por qué no funcionaban más?", cuestionó el funcionario.
Cuando Alfonso Prat-Gay se acomodó para leer los saludos por su asunción como ministro de Hacienda sintió que ni siquiera en esa circunstancia podía relajarse. "Me llegó la nota del ministro de Bolivia, que, muy respetuoso, me felicitaba en el primer párrafo. Pero en el siguiente renglón decía: «Le escribo para recordarle que hay facturas impagas por el gas»." La escena se repitió cuando Prat-Gay su cruzó con su par paraguayo en la última cumbre del Mercosur; esta vez le reclamaron por la cuota de la represa Yacyretá.
La Casa Rosada no está exenta de deudas. El encargado de armar el árbol de Navidad en Balcarce 50 reclamó una deuda de cerca de un millón de pesos por tres años de supuesto trabajo impago. También tuvieron que resolver problemas más terrenales: el Presidente pasó los días más calurosos del verano porteño en su despacho sin aire acondicionado.
También sufrieron la herencia Marcos Peña, Diego Santilli y Fernando de Andreis, entre otros, después de disfrutar del primer "picado" en Olivos. Las risas se terminaron cuando entraron al vestuario. "Una, dos, tres", gritó un estrecho colaborador de Macri, que dio la voz de alerta. Un ejército de cucarachas había invadido las duchas de la residencia presidencial.
El Ejército de Chile reemplaza camiones
El Ejercito de Chile esta renovando su parque de camiones que cuentan con unos 25 años de servicio.
Basados en su experiencia se decidieron continuar adquiriendo vehículos MB 1017 de 5 toneladas usados y Unimog U1300L 435 provenientes de rezagos alemanes y nuevos Unimog U4000 siendo sin duda una excelente elección. (Cecilio Bartolome)
lunes, 25 de enero de 2016
Avión de ataque Nanchang Q-5 (China) (II)
El Nanchang Q-5 (designación OTAN: Fantan), también conocido como A-5 para las versiones de exportación, es un avión de ataque a tierra de fabricación china, basado en el caza soviético MiG-19. Su función principal es el apoyo aéreo cercano.
La República Popular China era un usuario entusiasta del MiG-19, esta lo fabricó localmente como Shenyang J-6 al comenzar 1958. En agosto de 1958 la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF por sus siglas en inglés) solicitó el desarrollo de un avión jet de ataque para cumplir el papel de apoyo aéreo cercano.
El caza MiG-19 se convirtió en el punto de partida para este, pero el nuevo diseño, señalado Qiang-5 (quinto diseño de ataque), pero este tenía modificaciones como un fuselaje más largo y de mayor área para reducir el arrastre transónico y acomodar una bahía interna de armas de 4 m (13 pies), además tomas de aire fueron movidas a los lados del fuselaje, para hacer espacio en la nariz para un planeado radar de blancos (que nunca pudo ser ajustado). Igualmente la incorporación nuevas alas de barrido con mayor área complementan las modificaciones frente al J-6. El Q-5 comparte con el J-6 los turborreactores Liming Wopen-6A (Tumansky R-9 versión soviética). Las modificaciones le cuestan velocidad a gran altitud, pero el Q-5 es tan veloz como el MiG-19/J-6 a baja altitud, debido a su fuselaje con mayor área.
El armamento fijo del Q-5 fue reducido a dos cañones Tipo 23-1 de 23 mm (a diferencia del J-6 que posee tres cañones de 30 mm NR-30) con cien proyectiles por arma, montados al inicio de cada ala. Dos puntos de sujeción bajo cada ala y dos más en tándem debajo de los motores fueron proporcionados además de la bodega de las armas para cargar 1.000 kilogramos (2.205 libras) de armas internamente, además de 1.000 kilogramos adicionales externamente. En muchos aviones la bodega de las armas es utiliza actualmente para un tanque auxiliar de combustible.
El primer prototipo fue terminado a mediados de 1960, pero la situación política en China dio como resultado la cancelación del proyecto en 1961. Un pequeño equipo mantuvo el proyecto vivo hasta que fuera reabierto de nuevo a mediados de 1963, cuando la producción fue trasladada a Nanchang. El primer vuelo ocurrió finalmente el 4 de junio de 1965. La producción en serie comenzó en 1969, con la entrega de una escuadrilla comenzando 1970.
Cerca de 1000 aeronaves fueron construidas, 600 de ellas la actualización de los Q-5A. Un pequeño número, quizás alguna docena de Q-5A fueron modificados para llevar armas nucleares, se cree que estos pueden conservar su bodega interna de armas. El Q-5I, una versión de mayor alcance fue introducido en 1983, agregando un tanque de combustible en la bodega de armas, incluyendo dos puntos de sujeción adicionales en las alas para compensar la pérdida de espacio en la bahía. Algunas de estas aeronaves entraron en servicio con la Armada del Ejército Popular de Liberación; al parecer estas han sido equipadas con un radar de guía para misiles anti-buque y con la capacidad de lanzar torpedos. Las mejoras de menor importancia subsecuentes incluyen el Q-5IA, con mira de observación de objetivos para guiar bombas y aviónica mejorada, y el Q-5II, con la adecuación de un sistema de alerta de radar (Radar Warning Receiver, RWR).
En los años 80, el “Fantan” fue exportado a naciones como Pakistán, Bangladés, Birmania y Corea del norte; es conocido con frecuencia en estas naciones como el A-5.
Los planes para un Q-5/A-5 mejorado con nuevos equipos de vuelo y ataque fueron abortados en gran parte después de las protestas en la Plaza Tiananmen de 1989; actualmente el “Fantan” continúa en servicio. Se trata de una aeronave ligera capaz de realizar ataques a tierra, aunque sus sistemas limitados de navegación y de lanzamiento de armas son inferiores a aeronaves más modernas.
En años más recientes, PLAAF ha comenzado a utilizar versiones modernizadas del Q-5, que utiliza tecnología diseñada para los proyectos cancelados Q-5M y Q-5K. El Q-5 presenta un telémetro láser montado en el morro, y un designador láser también podría ser incluido debido al hecho de que el avión puede ser capaz de lanzar bombas guiadas por láser; también se cree que puede ser utilizado para el lanzamiento de armamento nuclear. El Q-5D también tiene nueva aviónica, incluyendo un HUD y un nuevo sistema de navegación. El Q-5E y el Q-5F son dos modelos que se están desarrollando según se informa, aunque se sabe poco de ellos. Uno de ellos podría potencialmente ser biplaza como se ha visto en algunas fotografías, aunque la aeronave biplaza podría ser el Q-5J.
Especificaciones:
Tripulación: 1
Longitud: 15,7 m
Envergadura: 9,7 m
Altura: 4,3 m
Superficie alar: 27,9 m²
Peso vacío: 6 375 kg
Peso cargado: 9 486 kg
Peso máximo al despegue: 11 830 kg
Planta motriz: 2× Turborreactor Liming Wopen.
Empuje normal: 24,4 kN (2 490 kgf; 5 490 lbf) de empuje cada uno.
Empuje con postquemador: 36,8 kN (3 750 kgf; 8 269 lbf) de empuje cada uno.
Velocidad máxima operativa (Vno): Mach 1.12
Alcance: 2000 km (1 080 nmi; 1 243 mi)
Techo de vuelo: 16 500 m (54 134 ft)
Armamento
Cañones: 2× cañones Norinco Tipo 23-2K de 23 mm
Bombas:
Bombas de 50 kg, 150 kg, 250 kg, 500 kg no guidas
Bombas de racimo BL755
Bombas antipista Matra Durandal
Cohetes:
Cohetes de 57 mm, 90 mm y 130 mm .
Misiles:
Misiles aire-aire
PL-2
PL-5
PL-7
La República Popular China era un usuario entusiasta del MiG-19, esta lo fabricó localmente como Shenyang J-6 al comenzar 1958. En agosto de 1958 la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF por sus siglas en inglés) solicitó el desarrollo de un avión jet de ataque para cumplir el papel de apoyo aéreo cercano.
El caza MiG-19 se convirtió en el punto de partida para este, pero el nuevo diseño, señalado Qiang-5 (quinto diseño de ataque), pero este tenía modificaciones como un fuselaje más largo y de mayor área para reducir el arrastre transónico y acomodar una bahía interna de armas de 4 m (13 pies), además tomas de aire fueron movidas a los lados del fuselaje, para hacer espacio en la nariz para un planeado radar de blancos (que nunca pudo ser ajustado). Igualmente la incorporación nuevas alas de barrido con mayor área complementan las modificaciones frente al J-6. El Q-5 comparte con el J-6 los turborreactores Liming Wopen-6A (Tumansky R-9 versión soviética). Las modificaciones le cuestan velocidad a gran altitud, pero el Q-5 es tan veloz como el MiG-19/J-6 a baja altitud, debido a su fuselaje con mayor área.
El armamento fijo del Q-5 fue reducido a dos cañones Tipo 23-1 de 23 mm (a diferencia del J-6 que posee tres cañones de 30 mm NR-30) con cien proyectiles por arma, montados al inicio de cada ala. Dos puntos de sujeción bajo cada ala y dos más en tándem debajo de los motores fueron proporcionados además de la bodega de las armas para cargar 1.000 kilogramos (2.205 libras) de armas internamente, además de 1.000 kilogramos adicionales externamente. En muchos aviones la bodega de las armas es utiliza actualmente para un tanque auxiliar de combustible.
El primer prototipo fue terminado a mediados de 1960, pero la situación política en China dio como resultado la cancelación del proyecto en 1961. Un pequeño equipo mantuvo el proyecto vivo hasta que fuera reabierto de nuevo a mediados de 1963, cuando la producción fue trasladada a Nanchang. El primer vuelo ocurrió finalmente el 4 de junio de 1965. La producción en serie comenzó en 1969, con la entrega de una escuadrilla comenzando 1970.
Cerca de 1000 aeronaves fueron construidas, 600 de ellas la actualización de los Q-5A. Un pequeño número, quizás alguna docena de Q-5A fueron modificados para llevar armas nucleares, se cree que estos pueden conservar su bodega interna de armas. El Q-5I, una versión de mayor alcance fue introducido en 1983, agregando un tanque de combustible en la bodega de armas, incluyendo dos puntos de sujeción adicionales en las alas para compensar la pérdida de espacio en la bahía. Algunas de estas aeronaves entraron en servicio con la Armada del Ejército Popular de Liberación; al parecer estas han sido equipadas con un radar de guía para misiles anti-buque y con la capacidad de lanzar torpedos. Las mejoras de menor importancia subsecuentes incluyen el Q-5IA, con mira de observación de objetivos para guiar bombas y aviónica mejorada, y el Q-5II, con la adecuación de un sistema de alerta de radar (Radar Warning Receiver, RWR).
En los años 80, el “Fantan” fue exportado a naciones como Pakistán, Bangladés, Birmania y Corea del norte; es conocido con frecuencia en estas naciones como el A-5.
Los planes para un Q-5/A-5 mejorado con nuevos equipos de vuelo y ataque fueron abortados en gran parte después de las protestas en la Plaza Tiananmen de 1989; actualmente el “Fantan” continúa en servicio. Se trata de una aeronave ligera capaz de realizar ataques a tierra, aunque sus sistemas limitados de navegación y de lanzamiento de armas son inferiores a aeronaves más modernas.
En años más recientes, PLAAF ha comenzado a utilizar versiones modernizadas del Q-5, que utiliza tecnología diseñada para los proyectos cancelados Q-5M y Q-5K. El Q-5 presenta un telémetro láser montado en el morro, y un designador láser también podría ser incluido debido al hecho de que el avión puede ser capaz de lanzar bombas guiadas por láser; también se cree que puede ser utilizado para el lanzamiento de armamento nuclear. El Q-5D también tiene nueva aviónica, incluyendo un HUD y un nuevo sistema de navegación. El Q-5E y el Q-5F son dos modelos que se están desarrollando según se informa, aunque se sabe poco de ellos. Uno de ellos podría potencialmente ser biplaza como se ha visto en algunas fotografías, aunque la aeronave biplaza podría ser el Q-5J.
Especificaciones:
Tripulación: 1
Longitud: 15,7 m
Envergadura: 9,7 m
Altura: 4,3 m
Superficie alar: 27,9 m²
Peso vacío: 6 375 kg
Peso cargado: 9 486 kg
Peso máximo al despegue: 11 830 kg
Planta motriz: 2× Turborreactor Liming Wopen.
Empuje normal: 24,4 kN (2 490 kgf; 5 490 lbf) de empuje cada uno.
Empuje con postquemador: 36,8 kN (3 750 kgf; 8 269 lbf) de empuje cada uno.
Velocidad máxima operativa (Vno): Mach 1.12
Alcance: 2000 km (1 080 nmi; 1 243 mi)
Techo de vuelo: 16 500 m (54 134 ft)
Armamento
Cañones: 2× cañones Norinco Tipo 23-2K de 23 mm
Bombas:
Bombas de 50 kg, 150 kg, 250 kg, 500 kg no guidas
Bombas de racimo BL755
Bombas antipista Matra Durandal
Cohetes:
Cohetes de 57 mm, 90 mm y 130 mm .
Misiles:
Misiles aire-aire
PL-2
PL-5
PL-7
Despidieron a casi 500 empleados en el ministerio de Justicia, 55 de ellos en la ex ESMA
Por Maia Jastreblansky - LA NACION - Según el ministerio se trata de trabajadores que fueron contratados en la segunda mitad de 2015, o que "nunca se presentaron a trabajar"; los desplazados aseguraron que "todos estaban en funciones.
Los recortes de personal público llegaron también al ministerio de Justicia, donde casi 500 personas recibieron telegramas para que dejaran sus puestos de trabajo en los últimos días. Para la cartera que depende de Germán Garavano la mayoría de los despedidos "habían sido sumados a la planta obedeciendo a criterios políticos".
En diálogo con LA NACION, fuentes oficiales confirmaron la decisión afectó a 498 personas y detallaron que fueron despedidas "personas que habían sido contratadas después de julio de 2015 y otras que nunca se presentaron en sus puestos". "Llamó la atención la cantidad de contratos que celebró la gestión cuando estaba por salir", agregaron.
Unos 55 despedidos dependían de la secretaría de Derechos Humanos, muchos con su lugar de trabajo en predio de la ex ESMA. Los trabajadores apartados temen que en marzo aumenten los despidos. Es que muchos contratos que vencían en diciembre fueron renovados por el lapso de tres meses.
Los empleados apartados y agrupados en ATE ya comenzaron su plan de resistencia. La semana pasada se movilizaron a la puerta del predio de la ex ESMA, ubicado en avenida del Libertador, a metros de la avenida General Paz, donde se encuentra el despacho del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Romina Chiesa, delegada de los trabajadores despedidos, señaló a este medio: "Todos los desplazados son empleados que asistían a trabajar, que estaban en funciones. Incluso eso puede corroborarse porque al entrar a trabajar a la ESMA uno debe hacerlo con una tarjeta magnética".
Relevamiento
En el ministerio informaron que cada área relevó la situación de su personal. "Detectamos los casos de incorporaciones en los últimos meses no respondían a criterios profesionales y técnicos", aseguraron. Resaltaron que "en los últimos años, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos duplicó su cantidad de contratos, pasando de tener cerca de 3000 a casi 6000".
Los trabajadores agrupados en ATE esperan mantener una reunión con Garavano el próximo miércoles. "Puede haberse incurrido en algún error por lo que se puede dar alguna reincorporación", agregaron.
Entre otras dependencias, los desplazados estaban empleados en la Dirección Nacional de atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias (que revisa los pedidos de indemnizaciones y otros de las víctimas del terrorismo del Estado), en el Archivo de la Memoria y en el sitio histórico del Casino de Oficiales (la visita guiada a la intervención que realizó Cristina Kirchner en el edificio donde torturaban y ejecutaban a personas durante la última dictadura).
En octubre del año pasado se había publicado la resolución 2149/15 por la que se hizo una convocatoria extraordinaria para "posibilitar la cobertura de 453 cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente" en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los recortes de personal público llegaron también al ministerio de Justicia, donde casi 500 personas recibieron telegramas para que dejaran sus puestos de trabajo en los últimos días. Para la cartera que depende de Germán Garavano la mayoría de los despedidos "habían sido sumados a la planta obedeciendo a criterios políticos".
En diálogo con LA NACION, fuentes oficiales confirmaron la decisión afectó a 498 personas y detallaron que fueron despedidas "personas que habían sido contratadas después de julio de 2015 y otras que nunca se presentaron en sus puestos". "Llamó la atención la cantidad de contratos que celebró la gestión cuando estaba por salir", agregaron.
Unos 55 despedidos dependían de la secretaría de Derechos Humanos, muchos con su lugar de trabajo en predio de la ex ESMA. Los trabajadores apartados temen que en marzo aumenten los despidos. Es que muchos contratos que vencían en diciembre fueron renovados por el lapso de tres meses.
Los empleados apartados y agrupados en ATE ya comenzaron su plan de resistencia. La semana pasada se movilizaron a la puerta del predio de la ex ESMA, ubicado en avenida del Libertador, a metros de la avenida General Paz, donde se encuentra el despacho del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Romina Chiesa, delegada de los trabajadores despedidos, señaló a este medio: "Todos los desplazados son empleados que asistían a trabajar, que estaban en funciones. Incluso eso puede corroborarse porque al entrar a trabajar a la ESMA uno debe hacerlo con una tarjeta magnética".
Relevamiento
En el ministerio informaron que cada área relevó la situación de su personal. "Detectamos los casos de incorporaciones en los últimos meses no respondían a criterios profesionales y técnicos", aseguraron. Resaltaron que "en los últimos años, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos duplicó su cantidad de contratos, pasando de tener cerca de 3000 a casi 6000".
Los trabajadores agrupados en ATE esperan mantener una reunión con Garavano el próximo miércoles. "Puede haberse incurrido en algún error por lo que se puede dar alguna reincorporación", agregaron.
Entre otras dependencias, los desplazados estaban empleados en la Dirección Nacional de atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias (que revisa los pedidos de indemnizaciones y otros de las víctimas del terrorismo del Estado), en el Archivo de la Memoria y en el sitio histórico del Casino de Oficiales (la visita guiada a la intervención que realizó Cristina Kirchner en el edificio donde torturaban y ejecutaban a personas durante la última dictadura).
En octubre del año pasado se había publicado la resolución 2149/15 por la que se hizo una convocatoria extraordinaria para "posibilitar la cobertura de 453 cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente" en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El plan para expandir la red de subtes
(Buenos Aires Ciudad) - Contempla aumentar las frecuencias, crear nuevas líneas y desarrollar corredores de alta densidad, mejorar la conexión con los trenes hacia el norte y el sur y construir nuevos centros de transbordo, entre otras prioridades. Los detalles.
Buenos Aires ya tiene un plan para la expansión de la red de subterráneos. Contempla aumentar frecuencias, crear nuevas líneas y extender algunas de las ya existentes, desarrollar corredores de alta densidad, mejorar la conexión con los trenes y constuir nuevos centros de transbordo, entre otras prioridades.
Para realizar este plan se hizo un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se analizaron la red actual y los diferentes planes de extensión presentados desde la década del 50, para poder programar estratégicamente el trazado de los próximos 30 km.
El Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes de Buenos Aires (PETERS), prioriza mejorar el sistema actual incrementando la frecuencia de todas las líneas y completando las obras ya iniciadas.
PETERS propone encarar los trabajos futuros en base a dos ejes:
- la densificación de la red en el micro y macrocentro.
- la transversalidad, para un mejor aprovechamiento de la demanda y contribuir al desarrollo urbano.
También plantea los siguientes puntos:
- Ampliar la oferta en Constitución con la Línea F y mayor frecuencia.
- Desarrollar los corredores de alta densidad - Callao-Entre Ríos, Las Heras, Córdoba y Montes de Oca.
- Construir nuevos centros de transbordo (Facultad de Derecho, Palermo, Constitución).
- Mejorar la conectividad con el ferrocarril, hacia el norte y el sur.
Extensión y nuevas líneas
PETERS compara tres alternativas (1, 2 y 3) que implican sumar kilómetros y estaciones a las líneas ya existentes, y agregar nuevas líneas.
Las tres alternativas coinciden en:
- Ampliar la oferta de transporte de subte en Constitución.
- Vincular al FC Belgrano Sur con el microcentro a través de la Línea C, y ampliar la cobertura territorial de dicha línea hacia la Terminal de Ómnibus de Retiro, en el norte.
- Satisfacer los corredores de alta densidad de las avenidas Callao-Entre Ríos, Córdoba, Las Heras y Montes de Oca.
Que las líneas A, B y D permanezcan tal como están ahora.
Las alternativas difieren esencialmente en cómo se conectan estos corredores entre sí.
PETERS 3
Las conclusiones del estudio
En su capítulo final, PETERS resume las prioridades: "El subte, como distribuidor de viajes del ferrocarril, necesita múltiples vinculaciones para lograr que los viajes sean más rápidos y más directos, reduciendo la congestión en los nodos. Por eso es necesario crear más centros de transbordo y, en este sentido, el PETERS plantea la prioridad de revalorizar la estación Constitución como punto de acceso de los habitantes de todos los partidos del sur", dice el informe.
La construcción de un nuevo centro de trasbordo en la zona de Facultad de Derecho será clave para descongestionar el nodo Obelisco.
"Otro punto relevante -agrega PETERS- es el que señala priorizar las inversiones en corredores de alta densidad, como las avenidas Las Heras, Córdoba, Entre Ríos-Callao y Montes de Oca, por la cantidad de pasajeros que se verían beneficiados y por el tiempo ahorrado en cada caso".
Mejorar la frecuencia actual es, según el plan, la inversión de mayor rendimiento, "porque consigue la mayor cantidad de beneficiarios por unidad invertida, duplicando el número de usuarios en la mayoría de las líneas".
Buenos Aires ya tiene un plan para la expansión de la red de subterráneos. Contempla aumentar frecuencias, crear nuevas líneas y extender algunas de las ya existentes, desarrollar corredores de alta densidad, mejorar la conexión con los trenes y constuir nuevos centros de transbordo, entre otras prioridades.
Para realizar este plan se hizo un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se analizaron la red actual y los diferentes planes de extensión presentados desde la década del 50, para poder programar estratégicamente el trazado de los próximos 30 km.
El Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes de Buenos Aires (PETERS), prioriza mejorar el sistema actual incrementando la frecuencia de todas las líneas y completando las obras ya iniciadas.
PETERS propone encarar los trabajos futuros en base a dos ejes:
- la densificación de la red en el micro y macrocentro.
- la transversalidad, para un mejor aprovechamiento de la demanda y contribuir al desarrollo urbano.
También plantea los siguientes puntos:
- Ampliar la oferta en Constitución con la Línea F y mayor frecuencia.
- Desarrollar los corredores de alta densidad - Callao-Entre Ríos, Las Heras, Córdoba y Montes de Oca.
- Construir nuevos centros de transbordo (Facultad de Derecho, Palermo, Constitución).
- Mejorar la conectividad con el ferrocarril, hacia el norte y el sur.
Extensión y nuevas líneas
PETERS compara tres alternativas (1, 2 y 3) que implican sumar kilómetros y estaciones a las líneas ya existentes, y agregar nuevas líneas.
Las tres alternativas coinciden en:
- Ampliar la oferta de transporte de subte en Constitución.
- Vincular al FC Belgrano Sur con el microcentro a través de la Línea C, y ampliar la cobertura territorial de dicha línea hacia la Terminal de Ómnibus de Retiro, en el norte.
- Satisfacer los corredores de alta densidad de las avenidas Callao-Entre Ríos, Córdoba, Las Heras y Montes de Oca.
Que las líneas A, B y D permanezcan tal como están ahora.
Las alternativas difieren esencialmente en cómo se conectan estos corredores entre sí.
PETERS 3
Las conclusiones del estudio
En su capítulo final, PETERS resume las prioridades: "El subte, como distribuidor de viajes del ferrocarril, necesita múltiples vinculaciones para lograr que los viajes sean más rápidos y más directos, reduciendo la congestión en los nodos. Por eso es necesario crear más centros de transbordo y, en este sentido, el PETERS plantea la prioridad de revalorizar la estación Constitución como punto de acceso de los habitantes de todos los partidos del sur", dice el informe.
La construcción de un nuevo centro de trasbordo en la zona de Facultad de Derecho será clave para descongestionar el nodo Obelisco.
"Otro punto relevante -agrega PETERS- es el que señala priorizar las inversiones en corredores de alta densidad, como las avenidas Las Heras, Córdoba, Entre Ríos-Callao y Montes de Oca, por la cantidad de pasajeros que se verían beneficiados y por el tiempo ahorrado en cada caso".
Mejorar la frecuencia actual es, según el plan, la inversión de mayor rendimiento, "porque consigue la mayor cantidad de beneficiarios por unidad invertida, duplicando el número de usuarios en la mayoría de las líneas".
Con el acceso al crédito, el Gobierno lanzará un plan de obras públicas
Por Mariano Obarrio - LA NACION
Buscará resolver problemas de inundaciones, vivienda y agua potable; esperan un fuerte ingreso de capitales tras el fin del veto de EE.UU.
Luego de su paso por Davos y de la luz verde de los Estados Unidos para destrabar créditos de los organismos internacionales, el presidente Mauricio Macri resolvió acelerar un plan de obras públicas, que tendrá como prioridad resolver los problemas de las inundaciones, el hábitat, los ferrocarriles, la vivienda, el suministro de agua y algunos proyectos viales.
Según confiaron a LA NACION altas fuentes del gobierno de Macri, el levantamiento del veto del Tesoro norteamericano para los préstamos de entidades multilaterales a la Argentina liberará a mejor ritmo los envíos que estaban frenados. "Fue una de las mejores noticias que el Presidente recibió en la cumbre", dijo uno de los principales funcionarios del gobierno macrista. "Eso permitirá avanzar en muchas obras que estaban paradas, algunos proyectos antiguos y otros nuevos, sobre todo en materia de inundaciones en la provincia de Buenos Aires", detalló uno de los ministros que acompañaron a Macri al Foro Económico Mundial de Davos.
Esas obras se repartirán en el actual Plan Belgrano, que dirige José Cano con el rango de secretario de la jefatura de Gabinete, y en la Secretaría de Obras Públicas, que está en manos de Daniel Chain, dentro del Ministerio del Interior y Obras Públicas.
Previo a la decisión del Tesoro norteamericano, cuyo secretario Jacob Lew la informó el jueves pasado personalmente en Davos al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la Argentina recibía sólo un bajo flujo de créditos porque el proceso para la aprobación se trababa frecuentemente en la negativa norteamericana.
"El flujo neto era negativo porque nos daban menos de lo que teníamos que pagar anualmente. A partir de esta decisión el flujo neto va a ser positivo y va a ser de cientos de millones de dólares, aún no está determinado", confió a LA NACION uno de los funcionarios del equipo de Prat-Gay.
Lo que espera el gobierno de Macri, de aquí en más, es que ese proceso se acelere porque el gobierno de los Estados Unidos es un accionista importante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
De todos modos, Macri anunció que no quiere tomar crédito del FMI, y ello obedecería a una cuestión política. Pese a las bajas tasas que ofrece, el organismo está desprestigiado en los sectores populares y está identificado con la pérdida de autonomía nacional. Pero sí, en cambio, el Presidente ordenó gestionar financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"Esa medida fue una señal muy fuerte hacia los mercados, así como la señal negativa también lo era", señalan en el entorno de Macri para indicar que a partir de ahora se podría facilitar el acceso a los mercados de capitales internacionales para obtener fondos frescos. Pero el objetivo urgente del Gobierno es alcanzar un acuerdo con los holdouts para lograr bajar la tasa de interés sustancialmente.
Según un informe interno del Gobierno al que pudo acceder LA NACION, "encuadrado en los ejes estratégicos se están proyectando inversiones financiadas por organismos multilaterales para continuar fortaleciendo a las provincias del NOA y NEA (Plan Belgrano) en áreas de obras hídricas, vialidad, obras ferroviarias, acceso a la vivienda y urbanización de villas".
También consigna que "estamos trabajando en procurar la infraestructura necesaria para evitar desastres naturales producidos por inundaciones en el Litoral, en la provincia de Buenos Aires y en otras localidades que padecen con frecuencia estos fenómenos".
Dentro de la comitiva que acompañó a Macri consignaron que se gestionan además "líneas de créditos que permitan la construcción y mejoramiento de nuevos centros de atención de primaria de la salud, y en infraestructura productiva (autopistas, puertos, etc.)".
El trabajo agrega que "se encuentran en ejecución programas de suministro de agua y saneamiento" orientados a "mejorar el acceso y la prestación de los servicios de agua potable en distintos distritos provinciales del país con especial foco en el NOA y NEA (incluidos dentro del Plan Belgrano) y provincia de Buenos Aires".
Estos programas, según pudo saber LA NACION, financian principalmente acueductos, plantas depuradoras y extensión de redes de agua potable. Los nuevos créditos vendrían a reforzar estos programas ya existentes. Muchos de estos recursos, por ende serán gestionados en las subsecretarías de Hábitat y Desarrollo Humano, que dirige Marina Klemensiewicz, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está bajo el control de Iván Kerr.
Según informó el Gobierno, Lew le transmitió a Prat-Gay en Davos que "los Estados Unidos considerarán cada uno de los proyectos argentinos según sus propios méritos".
El veto que pesaba del Tesoro sobre los organismos multilaterales de crédito obedecía a una fuerte presión sobre la Argentina desde 2011 para que pagara sus deudas con los inversores norteamericanos luego de una década de la caída en default de 2001. Eso significaba que los Estados Unidos votaba contra la Argentina en nuevas líneas del Banco Mundial y del BID.
En Washington, según la Casa Rosada, valoraron mucho que Macri hizo algunas reformas clave desde que asumió el 10 de diciembre pasado, como iniciar las conversaciones para resolver el problema de los holdouts por la deuda impaga con fondos norteamericanos.
Además, destacaron que eliminó el control de capitales (cepo) y suprimió o bajó las retenciones agropecuarias.
del editor: qué significa. El atraso en obras de infraestructura es parte de la herencia del kirchnerismo; también en ese terreno el Gobierno busca marcar diferencias.
Buscará resolver problemas de inundaciones, vivienda y agua potable; esperan un fuerte ingreso de capitales tras el fin del veto de EE.UU.
Luego de su paso por Davos y de la luz verde de los Estados Unidos para destrabar créditos de los organismos internacionales, el presidente Mauricio Macri resolvió acelerar un plan de obras públicas, que tendrá como prioridad resolver los problemas de las inundaciones, el hábitat, los ferrocarriles, la vivienda, el suministro de agua y algunos proyectos viales.
Según confiaron a LA NACION altas fuentes del gobierno de Macri, el levantamiento del veto del Tesoro norteamericano para los préstamos de entidades multilaterales a la Argentina liberará a mejor ritmo los envíos que estaban frenados. "Fue una de las mejores noticias que el Presidente recibió en la cumbre", dijo uno de los principales funcionarios del gobierno macrista. "Eso permitirá avanzar en muchas obras que estaban paradas, algunos proyectos antiguos y otros nuevos, sobre todo en materia de inundaciones en la provincia de Buenos Aires", detalló uno de los ministros que acompañaron a Macri al Foro Económico Mundial de Davos.
Esas obras se repartirán en el actual Plan Belgrano, que dirige José Cano con el rango de secretario de la jefatura de Gabinete, y en la Secretaría de Obras Públicas, que está en manos de Daniel Chain, dentro del Ministerio del Interior y Obras Públicas.
Previo a la decisión del Tesoro norteamericano, cuyo secretario Jacob Lew la informó el jueves pasado personalmente en Davos al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la Argentina recibía sólo un bajo flujo de créditos porque el proceso para la aprobación se trababa frecuentemente en la negativa norteamericana.
"El flujo neto era negativo porque nos daban menos de lo que teníamos que pagar anualmente. A partir de esta decisión el flujo neto va a ser positivo y va a ser de cientos de millones de dólares, aún no está determinado", confió a LA NACION uno de los funcionarios del equipo de Prat-Gay.
Lo que espera el gobierno de Macri, de aquí en más, es que ese proceso se acelere porque el gobierno de los Estados Unidos es un accionista importante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
De todos modos, Macri anunció que no quiere tomar crédito del FMI, y ello obedecería a una cuestión política. Pese a las bajas tasas que ofrece, el organismo está desprestigiado en los sectores populares y está identificado con la pérdida de autonomía nacional. Pero sí, en cambio, el Presidente ordenó gestionar financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"Esa medida fue una señal muy fuerte hacia los mercados, así como la señal negativa también lo era", señalan en el entorno de Macri para indicar que a partir de ahora se podría facilitar el acceso a los mercados de capitales internacionales para obtener fondos frescos. Pero el objetivo urgente del Gobierno es alcanzar un acuerdo con los holdouts para lograr bajar la tasa de interés sustancialmente.
Según un informe interno del Gobierno al que pudo acceder LA NACION, "encuadrado en los ejes estratégicos se están proyectando inversiones financiadas por organismos multilaterales para continuar fortaleciendo a las provincias del NOA y NEA (Plan Belgrano) en áreas de obras hídricas, vialidad, obras ferroviarias, acceso a la vivienda y urbanización de villas".
También consigna que "estamos trabajando en procurar la infraestructura necesaria para evitar desastres naturales producidos por inundaciones en el Litoral, en la provincia de Buenos Aires y en otras localidades que padecen con frecuencia estos fenómenos".
Dentro de la comitiva que acompañó a Macri consignaron que se gestionan además "líneas de créditos que permitan la construcción y mejoramiento de nuevos centros de atención de primaria de la salud, y en infraestructura productiva (autopistas, puertos, etc.)".
El trabajo agrega que "se encuentran en ejecución programas de suministro de agua y saneamiento" orientados a "mejorar el acceso y la prestación de los servicios de agua potable en distintos distritos provinciales del país con especial foco en el NOA y NEA (incluidos dentro del Plan Belgrano) y provincia de Buenos Aires".
Estos programas, según pudo saber LA NACION, financian principalmente acueductos, plantas depuradoras y extensión de redes de agua potable. Los nuevos créditos vendrían a reforzar estos programas ya existentes. Muchos de estos recursos, por ende serán gestionados en las subsecretarías de Hábitat y Desarrollo Humano, que dirige Marina Klemensiewicz, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está bajo el control de Iván Kerr.
Según informó el Gobierno, Lew le transmitió a Prat-Gay en Davos que "los Estados Unidos considerarán cada uno de los proyectos argentinos según sus propios méritos".
El veto que pesaba del Tesoro sobre los organismos multilaterales de crédito obedecía a una fuerte presión sobre la Argentina desde 2011 para que pagara sus deudas con los inversores norteamericanos luego de una década de la caída en default de 2001. Eso significaba que los Estados Unidos votaba contra la Argentina en nuevas líneas del Banco Mundial y del BID.
En Washington, según la Casa Rosada, valoraron mucho que Macri hizo algunas reformas clave desde que asumió el 10 de diciembre pasado, como iniciar las conversaciones para resolver el problema de los holdouts por la deuda impaga con fondos norteamericanos.
Además, destacaron que eliminó el control de capitales (cepo) y suprimió o bajó las retenciones agropecuarias.
del editor: qué significa. El atraso en obras de infraestructura es parte de la herencia del kirchnerismo; también en ese terreno el Gobierno busca marcar diferencias.
Un puente en la mira de los saboteadores
Por Jorge Fernández Díaz - LA NACION
El intendente se confiesa. Luego avisa, por las dudas, que la conversación es en estricta reserva: no quiere disgustos anticipados con sus pares. Milita en el kirchnerismo bonaerense, y cuando visita una colonia de vacaciones para seis mil chicos recibe una ovación. Es una estrella entre esos pibes de barrios humildes, que lo llaman por su apodo de campaña. Advierte, sin embargo, que ellos le preguntan si lo conoce al Presidente. Creen que ese dirigente del Frente para la Victoria es también amigo del jefe del Estado. "Aguante, Macri, loco", le gritan una y otra vez. El intendente se confiesa: "Está pasando algo nuevo, y nosotros no lo vimos venir. Si el peronismo no se despierta, estamos perdidos".
La escena hace juego con otras que se suceden en los barrios más caros de la zona metropolitana: allí muchos hijos de la clase media acomodada les levantan el dedo a las empleadas domésticas, y les advierten que deben borrar sus sonrisas esperanzadas porque el gobierno que votaron las viene a hundir. Las señoras viven en zonas carenciadas, en la vida real, donde no se habla de micromilitancia fashion sino de inseguridad y narcotráfico, punteros corruptos y ausencia de cloacas. Algunos de esos muchachos de la pequeña burguesía se pliegan al psicodrama de las plazas permanentes: "¿Qué tenés que hacer el jueves? Nos encontramos para protestar, y después nos vamos a tomar algo, ¿venís?". Es una fiesta entretenida, como el picnic trotskista del Día de la Primavera, aunque con menos dignidad. Parecen una nueva versión de la izquierda caviar de Palermo Hollywood. Que santifica a notorios integrantes de la Patria Socialista, como Moreno, De Vido y Aníbal, o a piantavotos de nota, como Axel, Larroque, Rossi y Sabbatella. La nueva "resistencia peronista" es protagonizada por nenes de mamá que nunca corrieron riesgos y que, como dice Julio Bárbaro, jamás agarraron una brocha.
Momentáneamente, este descalce entre kirchneristas ejecutivos, peronistas serios, micromilitantes de parque y votantes populares favorece a Cambiemos y golpea a La Pasionaria de El Calafate, cuya imagen cayó diez puntos desde octubre. No obstante, la situación puede modificarse, los desperdigados unirse, los muertos vivos resucitar y el clima enrarecerse si la economía no logra dar signos vitales.
Alfonso Prat-Gay, que triunfó con el levantamiento del cepo, fracasó en su intención de que los empresarios bajaran los precios: según Poliarquía, la gente daba por descontada esta estampida, por ahora la asimiló, pero la alarmante inflación, las tensas paritarias y la amarga suba de tarifas amenazarán en breve a un ministro que es acusado por el cristinismo de propiciar un ajuste salvaje y por la ortodoxia de no hacer un ajuste severo. El asunto se complica porque los números en el Parlamento son muy delgaditos, y allí se llevará a cabo la gran batalla.
¿Posee Cambiemos un robusto plan político para ese compromiso crucial? ¿Tiene Macri un cerebro negociador que le garantice el triunfo? Hay muchas dudas. El cristinismo intransigente cuenta con 62 legisladores en las dos cámaras; el resto son peronistas lábiles en busca de su destino. Cambiemos tiene esperanza en estos últimos, cuyos referentes se sentaron ayer en San Juan para revisar su estrategia frente a Macri y también frente a Cristina. Ese cardumen es profundamente exitista y se estremece en secreto ante al repunte de Sergio Massa, que tiene 62% de imagen positiva y es hoy el peronista mejor valorado. Logró esa hazaña por el simple método de vampirizar la energía de los primeros tiempos. La Gran Menem. Que consistió en colaborar con Alfonsín cuando se encontraba en su apogeo y en distanciarse cuando comenzó su declinación. Radicalizarse contra la celebridad del año suele ser mal negocio; pegarse a su aura exitosa a veces es más rentable. El problema del peronismo consiste en que se quedó sin líderes claros, perdió su bastión histórico, no maneja más la caja central, mucha de su propia clientela electoral le abrió un crédito a Macri, no sabe jugar a la oposición y está bajo sospecha de toda la comunidad democrática, dada su venenosa costumbre de enloquecer a los gobiernos que no cantan la marchita: ninguno de ellos logró terminar en tiempo y forma su mandato.
La gestión macrista, por su parte, comete errores de amateurismo e imprudencia; obsesionada por mostrar fortaleza a veces se kirchneriza un poco y muerde la banquina. A pesar de eso conviene siempre recordar su misión, que no es ideológica. Macri es un ingeniero con el mandato de construir un puente. Una plataforma para salir de esa republiqueta aislada con partido hegemónico y alta ine-ficiencia gestionaria, y llevarnos a un país normal. Es posible que si el puente resiste y los saboteadores no logran volarlo, Macri ni siquiera tenga un lugar en el futuro teatro, donde habrá tal vez un peronismo republicano, sumado a nuevos partidos de centroderecha y centroizquierda.
Aquí no importa, por lo tanto, el hombre sino la obra. Y bajo esa óptica instrumental deben leerse los movimientos internacionales de esta semana. Que para el cristinismo se traducen de la siguiente manera: entregaron nuestras finanzas al FMI, la patria a los buitres, las Malvinas a Gran Bretaña, la autonomía a Estados Unidos y la bandera al imperialismo europeo; entramos en una orgía neoliberal.
La progresía no asocia neoliberalismo con la fracasada fase peronista del Consenso de Washington, sino directamente con Occidente. La meca del antineoliberalismo vendría a ser entonces solo una: Venezuela, que tiene 250% de inflación, desabastecimiento dramático, y donde impera el mayor costo de vida del planeta; se necesitan nueve sueldos básicos para pagar la canasta familiar.
Hasta Rafael Correa aceptó la auditoría del Fondo, como ya lo habían hecho Evo, Mujica, Bachelet y Dilma.
En realidad, sólo el paraíso bolivariano, Somalia, Eritrea, Siria y República Centroafricana no habilitan esa revisión, que ya hace rato dejó de significar subordinación; ahora es una mera credencial para formar parte del mundo. Cristina Kirchner no podía entrar allí porque adulteraba los números y porque el discurso patriotero se lo impedía.
Hace también muchos años que Estados Unidos dejó de inmiscuirse decisivamente en América latina, y que mantener una buena relación con la nación más poderosa de la Tierra está al tope de la agenda de cualquier mandatario de la región, sea cual fuere su ideario.
En este caso, un deshielo es acuciante, puesto que la Argentina se encuentra en default y en rebeldía, gracias a que el anterior gobierno dejó abierto el flanco con los holdouts, permitió que le ganaran dos veces un juicio, y aumentó de hecho la deuda, que ahora es mucho más gravosa por la acumulación de intereses.
Si no se soluciona este otro cepo no habrá inversiones para nuestro país, que precisa de toda la ayuda geopolítica posible, incluso la que pueda ofrecerle Inglaterra, una de las potencias decisivas: poner las islas bajo un paraguas diplomático y llegar a nuevos entendimientos comerciales parece parte del sentido común, sobre todo después de diez años de griterío demagógico e inconducente. No hay dogma en todas estas decisiones, sino mero pragmatismo de ingeniero. Al cierre de esta edición, las grandes mayorías lo acompañaban en el diseño del puente; habrá que ver si los idus de marzo no lo desvían. Porque las bombas sembradas comienzan a explotar.
El intendente se confiesa. Luego avisa, por las dudas, que la conversación es en estricta reserva: no quiere disgustos anticipados con sus pares. Milita en el kirchnerismo bonaerense, y cuando visita una colonia de vacaciones para seis mil chicos recibe una ovación. Es una estrella entre esos pibes de barrios humildes, que lo llaman por su apodo de campaña. Advierte, sin embargo, que ellos le preguntan si lo conoce al Presidente. Creen que ese dirigente del Frente para la Victoria es también amigo del jefe del Estado. "Aguante, Macri, loco", le gritan una y otra vez. El intendente se confiesa: "Está pasando algo nuevo, y nosotros no lo vimos venir. Si el peronismo no se despierta, estamos perdidos".
La escena hace juego con otras que se suceden en los barrios más caros de la zona metropolitana: allí muchos hijos de la clase media acomodada les levantan el dedo a las empleadas domésticas, y les advierten que deben borrar sus sonrisas esperanzadas porque el gobierno que votaron las viene a hundir. Las señoras viven en zonas carenciadas, en la vida real, donde no se habla de micromilitancia fashion sino de inseguridad y narcotráfico, punteros corruptos y ausencia de cloacas. Algunos de esos muchachos de la pequeña burguesía se pliegan al psicodrama de las plazas permanentes: "¿Qué tenés que hacer el jueves? Nos encontramos para protestar, y después nos vamos a tomar algo, ¿venís?". Es una fiesta entretenida, como el picnic trotskista del Día de la Primavera, aunque con menos dignidad. Parecen una nueva versión de la izquierda caviar de Palermo Hollywood. Que santifica a notorios integrantes de la Patria Socialista, como Moreno, De Vido y Aníbal, o a piantavotos de nota, como Axel, Larroque, Rossi y Sabbatella. La nueva "resistencia peronista" es protagonizada por nenes de mamá que nunca corrieron riesgos y que, como dice Julio Bárbaro, jamás agarraron una brocha.
Momentáneamente, este descalce entre kirchneristas ejecutivos, peronistas serios, micromilitantes de parque y votantes populares favorece a Cambiemos y golpea a La Pasionaria de El Calafate, cuya imagen cayó diez puntos desde octubre. No obstante, la situación puede modificarse, los desperdigados unirse, los muertos vivos resucitar y el clima enrarecerse si la economía no logra dar signos vitales.
Alfonso Prat-Gay, que triunfó con el levantamiento del cepo, fracasó en su intención de que los empresarios bajaran los precios: según Poliarquía, la gente daba por descontada esta estampida, por ahora la asimiló, pero la alarmante inflación, las tensas paritarias y la amarga suba de tarifas amenazarán en breve a un ministro que es acusado por el cristinismo de propiciar un ajuste salvaje y por la ortodoxia de no hacer un ajuste severo. El asunto se complica porque los números en el Parlamento son muy delgaditos, y allí se llevará a cabo la gran batalla.
¿Posee Cambiemos un robusto plan político para ese compromiso crucial? ¿Tiene Macri un cerebro negociador que le garantice el triunfo? Hay muchas dudas. El cristinismo intransigente cuenta con 62 legisladores en las dos cámaras; el resto son peronistas lábiles en busca de su destino. Cambiemos tiene esperanza en estos últimos, cuyos referentes se sentaron ayer en San Juan para revisar su estrategia frente a Macri y también frente a Cristina. Ese cardumen es profundamente exitista y se estremece en secreto ante al repunte de Sergio Massa, que tiene 62% de imagen positiva y es hoy el peronista mejor valorado. Logró esa hazaña por el simple método de vampirizar la energía de los primeros tiempos. La Gran Menem. Que consistió en colaborar con Alfonsín cuando se encontraba en su apogeo y en distanciarse cuando comenzó su declinación. Radicalizarse contra la celebridad del año suele ser mal negocio; pegarse a su aura exitosa a veces es más rentable. El problema del peronismo consiste en que se quedó sin líderes claros, perdió su bastión histórico, no maneja más la caja central, mucha de su propia clientela electoral le abrió un crédito a Macri, no sabe jugar a la oposición y está bajo sospecha de toda la comunidad democrática, dada su venenosa costumbre de enloquecer a los gobiernos que no cantan la marchita: ninguno de ellos logró terminar en tiempo y forma su mandato.
La gestión macrista, por su parte, comete errores de amateurismo e imprudencia; obsesionada por mostrar fortaleza a veces se kirchneriza un poco y muerde la banquina. A pesar de eso conviene siempre recordar su misión, que no es ideológica. Macri es un ingeniero con el mandato de construir un puente. Una plataforma para salir de esa republiqueta aislada con partido hegemónico y alta ine-ficiencia gestionaria, y llevarnos a un país normal. Es posible que si el puente resiste y los saboteadores no logran volarlo, Macri ni siquiera tenga un lugar en el futuro teatro, donde habrá tal vez un peronismo republicano, sumado a nuevos partidos de centroderecha y centroizquierda.
Aquí no importa, por lo tanto, el hombre sino la obra. Y bajo esa óptica instrumental deben leerse los movimientos internacionales de esta semana. Que para el cristinismo se traducen de la siguiente manera: entregaron nuestras finanzas al FMI, la patria a los buitres, las Malvinas a Gran Bretaña, la autonomía a Estados Unidos y la bandera al imperialismo europeo; entramos en una orgía neoliberal.
La progresía no asocia neoliberalismo con la fracasada fase peronista del Consenso de Washington, sino directamente con Occidente. La meca del antineoliberalismo vendría a ser entonces solo una: Venezuela, que tiene 250% de inflación, desabastecimiento dramático, y donde impera el mayor costo de vida del planeta; se necesitan nueve sueldos básicos para pagar la canasta familiar.
Hasta Rafael Correa aceptó la auditoría del Fondo, como ya lo habían hecho Evo, Mujica, Bachelet y Dilma.
En realidad, sólo el paraíso bolivariano, Somalia, Eritrea, Siria y República Centroafricana no habilitan esa revisión, que ya hace rato dejó de significar subordinación; ahora es una mera credencial para formar parte del mundo. Cristina Kirchner no podía entrar allí porque adulteraba los números y porque el discurso patriotero se lo impedía.
Hace también muchos años que Estados Unidos dejó de inmiscuirse decisivamente en América latina, y que mantener una buena relación con la nación más poderosa de la Tierra está al tope de la agenda de cualquier mandatario de la región, sea cual fuere su ideario.
En este caso, un deshielo es acuciante, puesto que la Argentina se encuentra en default y en rebeldía, gracias a que el anterior gobierno dejó abierto el flanco con los holdouts, permitió que le ganaran dos veces un juicio, y aumentó de hecho la deuda, que ahora es mucho más gravosa por la acumulación de intereses.
Si no se soluciona este otro cepo no habrá inversiones para nuestro país, que precisa de toda la ayuda geopolítica posible, incluso la que pueda ofrecerle Inglaterra, una de las potencias decisivas: poner las islas bajo un paraguas diplomático y llegar a nuevos entendimientos comerciales parece parte del sentido común, sobre todo después de diez años de griterío demagógico e inconducente. No hay dogma en todas estas decisiones, sino mero pragmatismo de ingeniero. Al cierre de esta edición, las grandes mayorías lo acompañaban en el diseño del puente; habrá que ver si los idus de marzo no lo desvían. Porque las bombas sembradas comienzan a explotar.
Un gabinete de CEO
(La Nación) - Quienes critican el perfil empresarial del Gobierno son los que quieren ocultar el drenaje de fondos que, durante años, dedicaron a satisfacer sus propios intereses
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, optó por integrar gran parte de su gabinete de ministros con funcionarios con perfil empresarial, ex directivos y gerentes de grandes empresas.
Esta decisión motivó diversas críticas e ironías, llamándolo algunos "el gabinete de los CEO" por contraposición a otras composiciones más tradicionales, en las que prevalecen los políticos, intelectuales o dirigentes sectoriales.
En esa misma línea de pensamiento se subraya el riesgo de colocar lo público en manos de quienes sólo conocen de gestión empresarial y, por tanto, carecerían de la visión global requerida para esos cargos. Aún más: también se cuestiona el fundamento ético de un formato semejante, como si aquellos funcionarios fuesen zorros en el gallinero, cuyos antecedentes en el sector privado los llevase a ignorar el interés público para gestionar únicamente en términos de lucro privado y en beneficio de pocos: los llamados "grupos concentrados".
Obviamente, no puede manejarse el Estado ignorando la dimensión política, pues la definición de los grandes objetivos del país requiere una visión de largo plazo, integradora de los diversos intereses, necesidades, regiones y poblaciones que componen una nación. Por ello, es necesario también lograr consensos, evitando la imposición unilateral de decisiones que pueden conducir al fracaso. El éxito de una gestión pública no se mide en términos de ganancias anuales y pago de dividendos, sino en términos de bienestar para todos, incluyendo aquellos grupos desfavorecidos, conforme a un principio de solidaridad.
Los gobernantes que son capaces de lograrlo, superando los obstáculos y las tentaciones del corto plazo, en pos de resultados duraderos y sostenibles, son considerados estadistas. Pero no todos los políticos son estadistas y desdeñar a quienes no han hecho carrera partidaria como si les faltase la formación indispensable para tomar las riendas de la administración es una apreciación falsa e interesada.
Es recurrente utilizar la dicotomía hegeliana que opone lo público a lo privado, como si los funcionarios fuesen vestales consagradas a satisfacer las necesidades del conjunto y los particulares, integrantes de la sociedad civil, sólo persiguieran objetivos egoístas, contrapuestos a aquéllas. En realidad, no hay tal cosa, no hay vestales, no hay reyes filósofos, ni funcionarios omniscientes, puros y despojados de apetitos terrenales.
Las gravísimas crisis que ha atravesado la Argentina prueban que las virtudes de los estadistas han escaseado, que las vestales han huido del templo, que los reyes filósofos han preferido los viáticos a la mayéutica y que en todos los ámbitos ha triunfado la practicidad más burda y el uso de-sembozado de lo público en provecho privado.
Cuando la política se restringe a su definición más cruda y el Estado es cooptado como herramienta facciosa para acrecentar poder, neutralizar los órganos de control, silenciar oponentes, someter a las provincias, dominar la Justicia y favorecer con empleos, contrataciones o pautas publicitarias a correligionarios y aplaudidores, se desnaturaliza la razón de su existencia y se malversa la majestad de sus funciones.
La administración de lo público exige un compromiso moral con la ciudadanía, para cumplir con las prestaciones que todos esperan del Estado y evitando que los recursos asignados se malgasten o se destinen a finalidades espurias.
El Estado es el epicentro de todas las demandas sociales, es el lugar donde todos buscan empleo, a quien todos pretenden cobrarle y a quien nadie quiere pagarle. El Estado es siempre abusado, está siempre "privatizado" en favor de quienes lo esquilman con designaciones redundantes, contratos indebidos, pagos incorrectos, subsidios impropios.
El Estado, único agente de la coerción social, pertrechado de policías, Gendarmería, Prefectura y demás fuerzas de seguridad; el Estado, con sus servicios de inteligencia, sus equipamientos electrónicos, sus puertas blindadas y sus agentes secretos es, sin embargo, la estructura más débil de toda la organización social y la más susceptible a que su poder se desvíe en función de los intereses, las ideologías, la picardía o la deshonestidad de quienes controlan sus cargos y no tienen en su ADN la noción del bien común.
Cuando el Estado es utilizado para hacer populismo, se alteran todos los órdenes, se queman todos los manuales, se relega el mérito y se promueve la lealtad, se ignoran los presupuestos y se siguen las directivas, se abandona la transparencia y prevalece la opacidad, se soslayan los fundamentos y se adoptan los argumentos, se olvidan las reglas de la buena administración y se desbordan los gastos improductivos. Hasta alcanzar el inconcebible déficit del 7,1% del PBI que el actual gobierno ha heredado del kirchnerismo, incluyendo el salón bailable del vicepresidente Boudou en el Banco Nación y el gabinete de maquillaje de la señora de Kirchner cerca de su helipuerto en Tecnópolis, para no atosigar este párrafo con otros dislates de mucha mayor envergadura.
El interés general no se satisface con discursos inflamados, estructuras militantes y relatos infatuados, si quienes gestionan lo público carecen de la noción de escasez de recursos, desprecian los principios básicos de la administración e ignoran cómo se realizan las obras para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Años de mala gestión estatal por parte de quienes se han autodenominado "nacionales y populares" se reflejan en los niveles de pobreza, la falta de inversiones en infraestructura, la importación de energía, la destrucción de las economías regionales, las falencias en el sistema educativo y el enriquecimiento inmoral de grupos económicos próximos al poder.
Quienes se han favorecido con ese aprovechamiento inmoral de lo público critican ahora el manejo racional de los recursos, invocando la pérdida de fuentes de trabajo, la pluralidad de voces y la falta de sensibilidad social de los nuevos administradores. Se oponen, directamente, al restablecimiento del buen orden, de la sencillez republicana, del equilibrio en las cuentas y la mesura en el relato. Se convocan en forma ruidosa para ocultar, en definitiva, el drenaje de fondos que durante años han convalidado para finalidades muy ajenas al interés colectivo y muy cercanas al provecho propio.
Es falso que sus trayectorias en la gestión privada impidan a los nuevos funcionarios actuar en función del bien común, como si el Estado fuese un ámbito exclusivo para quienes sólo conocen de militancias, comités y escalafones. Por el contrario, todos ellos han tenido carreras exitosas cuyas experiencias desean volcar al provecho colectivo, sabiendo que se exponen al riesgo de la crítica feroz, a la pérdida de privacidad y a las zancadillas de oponentes mucho más fogueados en las lides del poder. Ninguno de ellos necesita de sus nuevos cargos para consolidar una situación patrimonial, pues sus credenciales profesionales les permitirían de inmediato, en el país o en el exterior, alcanzar posiciones retribuidas con sueldos internacionales.
La administración del Estado requiere habilidades extraordinarias, pues se trata de un organismo mucho más complejo que cualquier empresa privada por configurar una organización política y, por tanto, diversa, multiforme, conflictiva. Pero requiere, al igual que las empresas privadas, una clara comprensión de la limitación de recursos, una sólida formación para establecer prioridades y una vigorosa capacidad de ejecución en tiempo y forma; sin demoras, pérdidas ni desvíos.
Con su equipo de fogueados administradores -que, además, son llamativamente jóvenes- el presidente de la Nación está poniendo en práctica una nueva forma de gestionar el Estado. Una forma donde los funcionarios no se servirán de él, sino que entregarán lo mejor de sus experiencias profesionales para mejorar la vida de los argentinos. Aunque, al hacerlo, empeoren las propias.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, optó por integrar gran parte de su gabinete de ministros con funcionarios con perfil empresarial, ex directivos y gerentes de grandes empresas.
Esta decisión motivó diversas críticas e ironías, llamándolo algunos "el gabinete de los CEO" por contraposición a otras composiciones más tradicionales, en las que prevalecen los políticos, intelectuales o dirigentes sectoriales.
En esa misma línea de pensamiento se subraya el riesgo de colocar lo público en manos de quienes sólo conocen de gestión empresarial y, por tanto, carecerían de la visión global requerida para esos cargos. Aún más: también se cuestiona el fundamento ético de un formato semejante, como si aquellos funcionarios fuesen zorros en el gallinero, cuyos antecedentes en el sector privado los llevase a ignorar el interés público para gestionar únicamente en términos de lucro privado y en beneficio de pocos: los llamados "grupos concentrados".
Obviamente, no puede manejarse el Estado ignorando la dimensión política, pues la definición de los grandes objetivos del país requiere una visión de largo plazo, integradora de los diversos intereses, necesidades, regiones y poblaciones que componen una nación. Por ello, es necesario también lograr consensos, evitando la imposición unilateral de decisiones que pueden conducir al fracaso. El éxito de una gestión pública no se mide en términos de ganancias anuales y pago de dividendos, sino en términos de bienestar para todos, incluyendo aquellos grupos desfavorecidos, conforme a un principio de solidaridad.
Los gobernantes que son capaces de lograrlo, superando los obstáculos y las tentaciones del corto plazo, en pos de resultados duraderos y sostenibles, son considerados estadistas. Pero no todos los políticos son estadistas y desdeñar a quienes no han hecho carrera partidaria como si les faltase la formación indispensable para tomar las riendas de la administración es una apreciación falsa e interesada.
Es recurrente utilizar la dicotomía hegeliana que opone lo público a lo privado, como si los funcionarios fuesen vestales consagradas a satisfacer las necesidades del conjunto y los particulares, integrantes de la sociedad civil, sólo persiguieran objetivos egoístas, contrapuestos a aquéllas. En realidad, no hay tal cosa, no hay vestales, no hay reyes filósofos, ni funcionarios omniscientes, puros y despojados de apetitos terrenales.
Las gravísimas crisis que ha atravesado la Argentina prueban que las virtudes de los estadistas han escaseado, que las vestales han huido del templo, que los reyes filósofos han preferido los viáticos a la mayéutica y que en todos los ámbitos ha triunfado la practicidad más burda y el uso de-sembozado de lo público en provecho privado.
Cuando la política se restringe a su definición más cruda y el Estado es cooptado como herramienta facciosa para acrecentar poder, neutralizar los órganos de control, silenciar oponentes, someter a las provincias, dominar la Justicia y favorecer con empleos, contrataciones o pautas publicitarias a correligionarios y aplaudidores, se desnaturaliza la razón de su existencia y se malversa la majestad de sus funciones.
La administración de lo público exige un compromiso moral con la ciudadanía, para cumplir con las prestaciones que todos esperan del Estado y evitando que los recursos asignados se malgasten o se destinen a finalidades espurias.
El Estado es el epicentro de todas las demandas sociales, es el lugar donde todos buscan empleo, a quien todos pretenden cobrarle y a quien nadie quiere pagarle. El Estado es siempre abusado, está siempre "privatizado" en favor de quienes lo esquilman con designaciones redundantes, contratos indebidos, pagos incorrectos, subsidios impropios.
El Estado, único agente de la coerción social, pertrechado de policías, Gendarmería, Prefectura y demás fuerzas de seguridad; el Estado, con sus servicios de inteligencia, sus equipamientos electrónicos, sus puertas blindadas y sus agentes secretos es, sin embargo, la estructura más débil de toda la organización social y la más susceptible a que su poder se desvíe en función de los intereses, las ideologías, la picardía o la deshonestidad de quienes controlan sus cargos y no tienen en su ADN la noción del bien común.
Cuando el Estado es utilizado para hacer populismo, se alteran todos los órdenes, se queman todos los manuales, se relega el mérito y se promueve la lealtad, se ignoran los presupuestos y se siguen las directivas, se abandona la transparencia y prevalece la opacidad, se soslayan los fundamentos y se adoptan los argumentos, se olvidan las reglas de la buena administración y se desbordan los gastos improductivos. Hasta alcanzar el inconcebible déficit del 7,1% del PBI que el actual gobierno ha heredado del kirchnerismo, incluyendo el salón bailable del vicepresidente Boudou en el Banco Nación y el gabinete de maquillaje de la señora de Kirchner cerca de su helipuerto en Tecnópolis, para no atosigar este párrafo con otros dislates de mucha mayor envergadura.
El interés general no se satisface con discursos inflamados, estructuras militantes y relatos infatuados, si quienes gestionan lo público carecen de la noción de escasez de recursos, desprecian los principios básicos de la administración e ignoran cómo se realizan las obras para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Años de mala gestión estatal por parte de quienes se han autodenominado "nacionales y populares" se reflejan en los niveles de pobreza, la falta de inversiones en infraestructura, la importación de energía, la destrucción de las economías regionales, las falencias en el sistema educativo y el enriquecimiento inmoral de grupos económicos próximos al poder.
Quienes se han favorecido con ese aprovechamiento inmoral de lo público critican ahora el manejo racional de los recursos, invocando la pérdida de fuentes de trabajo, la pluralidad de voces y la falta de sensibilidad social de los nuevos administradores. Se oponen, directamente, al restablecimiento del buen orden, de la sencillez republicana, del equilibrio en las cuentas y la mesura en el relato. Se convocan en forma ruidosa para ocultar, en definitiva, el drenaje de fondos que durante años han convalidado para finalidades muy ajenas al interés colectivo y muy cercanas al provecho propio.
Es falso que sus trayectorias en la gestión privada impidan a los nuevos funcionarios actuar en función del bien común, como si el Estado fuese un ámbito exclusivo para quienes sólo conocen de militancias, comités y escalafones. Por el contrario, todos ellos han tenido carreras exitosas cuyas experiencias desean volcar al provecho colectivo, sabiendo que se exponen al riesgo de la crítica feroz, a la pérdida de privacidad y a las zancadillas de oponentes mucho más fogueados en las lides del poder. Ninguno de ellos necesita de sus nuevos cargos para consolidar una situación patrimonial, pues sus credenciales profesionales les permitirían de inmediato, en el país o en el exterior, alcanzar posiciones retribuidas con sueldos internacionales.
La administración del Estado requiere habilidades extraordinarias, pues se trata de un organismo mucho más complejo que cualquier empresa privada por configurar una organización política y, por tanto, diversa, multiforme, conflictiva. Pero requiere, al igual que las empresas privadas, una clara comprensión de la limitación de recursos, una sólida formación para establecer prioridades y una vigorosa capacidad de ejecución en tiempo y forma; sin demoras, pérdidas ni desvíos.
Con su equipo de fogueados administradores -que, además, son llamativamente jóvenes- el presidente de la Nación está poniendo en práctica una nueva forma de gestionar el Estado. Una forma donde los funcionarios no se servirán de él, sino que entregarán lo mejor de sus experiencias profesionales para mejorar la vida de los argentinos. Aunque, al hacerlo, empeoren las propias.
Estado pobre, militancia rentada
(Editorial del diario La Nación) - El kirchnerismo ha convertido la administración pública en un refugio político y en una máquina para el enriquecimiento personal
Nunca antes el empleo público había tenido un crecimiento tan descontrolado y de consecuencias tan gravosas para la economía del país como durante los últimos 12 años, en los que gobernó el kirchnerismo. Se han alimentado y mantenido plantas estatales de dimensiones elefantiásicas, llegando al ridículo de no poder explicar siquiera su relación proporcional respecto del total de la población en muchos puntos de nuestro territorio.
Como una paradoja tragicómica de esa situación, apenas asumida en su nuevo cargo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se mostró indignada por el enorme déficit fiscal con el que recibió la provincia, por la cantidad de escuelas, hospitales y oficinas públicas que no funcionan, y por el grosero desborde de la planta estatal.
Poca memoria o tal vez descreimiento en los propios datos oficiales tiene el kirchnerismo: ya en el tercer trimestre de 2014 hasta el falaz y manipulado Indec daba cuenta de que la provincia con mayor proporción de empleos públicos era Santa Cruz. Como si el kirchnerismo no la hubiera gobernado durante los últimos 24 años, la hermana de Néstor y cuñada de Cristina Kirchner sobreactúa su asombro y reclama ayuda económica del actual gobierno central. Es, cuando menos, curiosa -cuando no hipócrita- la reacción de la gobernadora, que apeló a un decreto para achicar el rojo de las cuentas provinciales, lo cual incluye un censo de empleados. Intenta con ello empezar a revertir lo que ahora define -según su aggiornada visión de los abusos de cierta parte de la dirigencia política- como la necesidad de "entender que el Estado no es propiedad de la administración pública, de los empleados ni de los funcionarios", sino que "la administración pública está al servicio de toda la comunidad".
Si ésa hubiera sido la concepción del kirchnerismo a lo largo de todas sus gestiones, el actual gobierno nacional no se habría visto en la necesaria e impostergable tarea de revisar nada menos que 24.000 casos de concursos en proceso y contratos de toda la administración estatal. A cargo de esa tarea está el ministro de Gestión y Modernización del Estado, Andrés Ibarra. Se trata de empleados que ingresaron en los últimos tres años. Según se anunció, se evaluarán la legalidad de esas contrataciones, el cumplimiento de los requisitos previstos para cada cargo concursado y de las tareas, y los antecedentes de los postulantes.
Durante la era kirchnerista, el porcentaje de empleados permanentes y transitorios de la administración central, de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social pasó de 266.000 personas en 2003 a más de 400.000 en la actualidad. Ha sido un crecimiento alevoso, derivado de un clientelismo prebendario y un nepotismo que, si bien existen desde hace mucho tiempo, han sido llevados a su máxima expresión. Se ha convertido el Estado en un refugio donde hacer recalar a la militancia partidaria, en una organización que dispone a gusto de dineros públicos en beneficio de intereses partidarios o de facción.
El Congreso Nacional es otro de los claros ejemplos de hasta dónde ha llegado ese abuso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los nombramientos en planta permanente de 2035 empleados designados por su antecesor, Amado Boudou, tan sólo en 2015. Una comisión revisora analizará esos contratos. En la Cámara de Diputados, esos ingresos fueron menores, pero, de todos modos, el titular de ese cuerpo parlamentario, Emilio Monzó (Pro), ordenó un relevamiento sobre el personal.
Una situación similar se registra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde su titular, Susana Malcorra, dijo que serán revisados unos 700 contratos. También, en el Centro Cultural Kirchner, donde Hernán Lombardi , titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, decidió no renovárselos a 600 empleados. Además, según el nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, esa institución cuenta con 15.000 personas en planta estable, una cifra apenas inferior al total de trabajadores del Poder Judicial (21.200).
La lista de dependencias estatales en esas condiciones es larguísima. No ha quedado durante el kirchnerismo un área de la administración pública libre de ser considerada un botín político. El caso de la cooptación de empleos de ese origen por parte de La Cámpora es harto elocuente. No fueron solamente errores de política económica los cometidos durante los últimos 12 años. También hubo un intento deliberado de usar el Estado como una máquina de enriquecimiento personal.
La titánica tarea emprendida por el nuevo gobierno de contar con un Estado eficiente es una necesidad impostergable. Se suele escuchar por estas horas, a modo de crítica feroz de buena parte del kirchnerismo, que el Gobierno pretende manejar el Estado con criterios empresarios. Sin embargo, fue el kirchnerismo el que se valió de él como si fuera una empresa de la cual cobrarse dividendos y a la que, no caben dudas, terminó vaciando.
Nunca antes el empleo público había tenido un crecimiento tan descontrolado y de consecuencias tan gravosas para la economía del país como durante los últimos 12 años, en los que gobernó el kirchnerismo. Se han alimentado y mantenido plantas estatales de dimensiones elefantiásicas, llegando al ridículo de no poder explicar siquiera su relación proporcional respecto del total de la población en muchos puntos de nuestro territorio.
Como una paradoja tragicómica de esa situación, apenas asumida en su nuevo cargo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se mostró indignada por el enorme déficit fiscal con el que recibió la provincia, por la cantidad de escuelas, hospitales y oficinas públicas que no funcionan, y por el grosero desborde de la planta estatal.
Poca memoria o tal vez descreimiento en los propios datos oficiales tiene el kirchnerismo: ya en el tercer trimestre de 2014 hasta el falaz y manipulado Indec daba cuenta de que la provincia con mayor proporción de empleos públicos era Santa Cruz. Como si el kirchnerismo no la hubiera gobernado durante los últimos 24 años, la hermana de Néstor y cuñada de Cristina Kirchner sobreactúa su asombro y reclama ayuda económica del actual gobierno central. Es, cuando menos, curiosa -cuando no hipócrita- la reacción de la gobernadora, que apeló a un decreto para achicar el rojo de las cuentas provinciales, lo cual incluye un censo de empleados. Intenta con ello empezar a revertir lo que ahora define -según su aggiornada visión de los abusos de cierta parte de la dirigencia política- como la necesidad de "entender que el Estado no es propiedad de la administración pública, de los empleados ni de los funcionarios", sino que "la administración pública está al servicio de toda la comunidad".
Si ésa hubiera sido la concepción del kirchnerismo a lo largo de todas sus gestiones, el actual gobierno nacional no se habría visto en la necesaria e impostergable tarea de revisar nada menos que 24.000 casos de concursos en proceso y contratos de toda la administración estatal. A cargo de esa tarea está el ministro de Gestión y Modernización del Estado, Andrés Ibarra. Se trata de empleados que ingresaron en los últimos tres años. Según se anunció, se evaluarán la legalidad de esas contrataciones, el cumplimiento de los requisitos previstos para cada cargo concursado y de las tareas, y los antecedentes de los postulantes.
Durante la era kirchnerista, el porcentaje de empleados permanentes y transitorios de la administración central, de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social pasó de 266.000 personas en 2003 a más de 400.000 en la actualidad. Ha sido un crecimiento alevoso, derivado de un clientelismo prebendario y un nepotismo que, si bien existen desde hace mucho tiempo, han sido llevados a su máxima expresión. Se ha convertido el Estado en un refugio donde hacer recalar a la militancia partidaria, en una organización que dispone a gusto de dineros públicos en beneficio de intereses partidarios o de facción.
El Congreso Nacional es otro de los claros ejemplos de hasta dónde ha llegado ese abuso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los nombramientos en planta permanente de 2035 empleados designados por su antecesor, Amado Boudou, tan sólo en 2015. Una comisión revisora analizará esos contratos. En la Cámara de Diputados, esos ingresos fueron menores, pero, de todos modos, el titular de ese cuerpo parlamentario, Emilio Monzó (Pro), ordenó un relevamiento sobre el personal.
Una situación similar se registra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde su titular, Susana Malcorra, dijo que serán revisados unos 700 contratos. También, en el Centro Cultural Kirchner, donde Hernán Lombardi , titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, decidió no renovárselos a 600 empleados. Además, según el nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, esa institución cuenta con 15.000 personas en planta estable, una cifra apenas inferior al total de trabajadores del Poder Judicial (21.200).
La lista de dependencias estatales en esas condiciones es larguísima. No ha quedado durante el kirchnerismo un área de la administración pública libre de ser considerada un botín político. El caso de la cooptación de empleos de ese origen por parte de La Cámpora es harto elocuente. No fueron solamente errores de política económica los cometidos durante los últimos 12 años. También hubo un intento deliberado de usar el Estado como una máquina de enriquecimiento personal.
La titánica tarea emprendida por el nuevo gobierno de contar con un Estado eficiente es una necesidad impostergable. Se suele escuchar por estas horas, a modo de crítica feroz de buena parte del kirchnerismo, que el Gobierno pretende manejar el Estado con criterios empresarios. Sin embargo, fue el kirchnerismo el que se valió de él como si fuera una empresa de la cual cobrarse dividendos y a la que, no caben dudas, terminó vaciando.
La Casa de Moneda está en rojo, con una deuda de $ 1300 milllones
Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El organismo registra un patrimonio neto negativo de $ 320 millones; Katya Daura, la anterior titular, gastó $ 2 millones para custodiar su casa y editó un libro por $ 850.000
Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.
Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.
Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.
Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.
Allí no se acaban las sorpresas, según reconstruyó LA NACION. Daura también contrató familiares, un cocinero, un profesor de inglés, una psicóloga y hasta servicios de media coaching. Todo, otra vez, a cuenta de Casa de Moneda.
Colaboradores de Daura defienden, sin embargo, su gestión. Afirman, al igual que ella, que la situación financiera de Casa de Moneda es "brillante" o que, al menos, mejoró muchísimo con respecto a los números que habían recibido. "Peor estábamos antes", indicó a LA NACION uno de ellos.
En esa línea, Daura izó como una de las banderas de su gestión el "proceso de recomposición" de la Casa de Moneda, lo que sostenía que le permitió aumentar la producción propia y cumplir "por primera vez en tiempo y forma los contratos con el Banco Central".
Según los números oficiales que ahora salen a la luz, sin embargo, la Casa de Moneda comenzó a cubrir su déficit con los anticipos millonarios de los nuevos contratos que firmaba, en una suerte de bicicleta financiera, que en el caso del Banco Central (BCRA) adelantó el 30% del monto de cada contrato.
Así, la Casa de Moneda arrastra ahora más de $ 360 millones que ya gastó de los anticipos que desembolsaron clientes como el BCRA, otros $ 470 millones que adeuda a múltiples proveedores y otros $ 470 millones que acumuló con la AFIP, de los que sólo una parte se encuentran ya en planes de pago. Total: 1300 millones.
Premios
Junto a Daura también destacan, sin embargo, que la fiel colaboradora de Boudou, a quien conoció en la Anses, logró reposicionar la Casa de Moneda en el mundo, a tal punto que ganó premios por el proyecto para padrones electorales y el nuevo billete de $ 100 con el rostro de Evita.
Pero la labor de Daura también acumuló problemas con la Justicia. Por un lado, su actuación en el caso Ciccone quedó bajo sospecha, a tal punto que el fiscal Jorge Di Lello pidió citarla a indagatoria. Por otro, también se la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se descubrió que había declarado la compra de una casa por US$ 300.000 aunque una tasadora de la Corte Suprema la valuó entre 700.000 y 900.000 dólares.
Esa investigación patrimonial alcanza también al marido de Daura, Manuel Somoza, quien trabajó con Boudou en el Ministerio de Economía y emigró luego al Senado. Allí, el marplatense lo nombró en planta permanente, en la máxima categoría del escalafón, aunque quedó entre los 2035 empleados de la cámara que despidió la nueva titular, Gabriela Michetti.
Mientras tanto, Daura registró prácticas cercanas a la megalomanía como titular de la Casa de Moneda, según reconstruyó LA NACION. Entre otras, la edición de un libro que aportó un relato celebratorio de sus casi cinco años de gestión -entre febrero de 2011 y diciembre de 2015- y que costó $ 850.000 a las arcas del Estado, según datos oficiales.
A lo largo de cientos de páginas, Daura expuso en ese libro los frutos de su labor, entre los que destacó la revitalización de la Casa de Moneda. Pero en ningún momento aludió a las pérdidas multimillonarias que acumuló el organismo a su paso.
Incluso el último presupuesto que delineó la anterior gestión ahondó en esa línea. Así, solicitó $ 900 millones adicionales al Tesoro, pero en el rubro "inversión", sin siquiera abordar el rojo acumulado. Ahora, con los datos reales que comienzan a descubrirse, incluso ese presupuesto quedó en suspenso.
Números que no cierran
$ 1300 millones - La gestión de Katya Daura, de estrechos lazos con Amado Boudou, acumuló en la Casa de Moneda deudas por ese monto, a pesar de que su administración fue elogiada por la ex presidenta Cristina Kirchner
$ 900 millones - Son los recursos que la ex funcionaria kirchnerista pidió al Tesoro en el último presupuesto, sin especificar el destino de la inversión ni hacer ninguna referencia a la deuda acumulada a lo largo de su controvertida gestión
El organismo registra un patrimonio neto negativo de $ 320 millones; Katya Daura, la anterior titular, gastó $ 2 millones para custodiar su casa y editó un libro por $ 850.000
Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.
Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.
Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.
Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.
Allí no se acaban las sorpresas, según reconstruyó LA NACION. Daura también contrató familiares, un cocinero, un profesor de inglés, una psicóloga y hasta servicios de media coaching. Todo, otra vez, a cuenta de Casa de Moneda.
Colaboradores de Daura defienden, sin embargo, su gestión. Afirman, al igual que ella, que la situación financiera de Casa de Moneda es "brillante" o que, al menos, mejoró muchísimo con respecto a los números que habían recibido. "Peor estábamos antes", indicó a LA NACION uno de ellos.
En esa línea, Daura izó como una de las banderas de su gestión el "proceso de recomposición" de la Casa de Moneda, lo que sostenía que le permitió aumentar la producción propia y cumplir "por primera vez en tiempo y forma los contratos con el Banco Central".
Según los números oficiales que ahora salen a la luz, sin embargo, la Casa de Moneda comenzó a cubrir su déficit con los anticipos millonarios de los nuevos contratos que firmaba, en una suerte de bicicleta financiera, que en el caso del Banco Central (BCRA) adelantó el 30% del monto de cada contrato.
Así, la Casa de Moneda arrastra ahora más de $ 360 millones que ya gastó de los anticipos que desembolsaron clientes como el BCRA, otros $ 470 millones que adeuda a múltiples proveedores y otros $ 470 millones que acumuló con la AFIP, de los que sólo una parte se encuentran ya en planes de pago. Total: 1300 millones.
Premios
Junto a Daura también destacan, sin embargo, que la fiel colaboradora de Boudou, a quien conoció en la Anses, logró reposicionar la Casa de Moneda en el mundo, a tal punto que ganó premios por el proyecto para padrones electorales y el nuevo billete de $ 100 con el rostro de Evita.
Pero la labor de Daura también acumuló problemas con la Justicia. Por un lado, su actuación en el caso Ciccone quedó bajo sospecha, a tal punto que el fiscal Jorge Di Lello pidió citarla a indagatoria. Por otro, también se la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se descubrió que había declarado la compra de una casa por US$ 300.000 aunque una tasadora de la Corte Suprema la valuó entre 700.000 y 900.000 dólares.
Esa investigación patrimonial alcanza también al marido de Daura, Manuel Somoza, quien trabajó con Boudou en el Ministerio de Economía y emigró luego al Senado. Allí, el marplatense lo nombró en planta permanente, en la máxima categoría del escalafón, aunque quedó entre los 2035 empleados de la cámara que despidió la nueva titular, Gabriela Michetti.
Mientras tanto, Daura registró prácticas cercanas a la megalomanía como titular de la Casa de Moneda, según reconstruyó LA NACION. Entre otras, la edición de un libro que aportó un relato celebratorio de sus casi cinco años de gestión -entre febrero de 2011 y diciembre de 2015- y que costó $ 850.000 a las arcas del Estado, según datos oficiales.
A lo largo de cientos de páginas, Daura expuso en ese libro los frutos de su labor, entre los que destacó la revitalización de la Casa de Moneda. Pero en ningún momento aludió a las pérdidas multimillonarias que acumuló el organismo a su paso.
Incluso el último presupuesto que delineó la anterior gestión ahondó en esa línea. Así, solicitó $ 900 millones adicionales al Tesoro, pero en el rubro "inversión", sin siquiera abordar el rojo acumulado. Ahora, con los datos reales que comienzan a descubrirse, incluso ese presupuesto quedó en suspenso.
Números que no cierran
$ 1300 millones - La gestión de Katya Daura, de estrechos lazos con Amado Boudou, acumuló en la Casa de Moneda deudas por ese monto, a pesar de que su administración fue elogiada por la ex presidenta Cristina Kirchner
$ 900 millones - Son los recursos que la ex funcionaria kirchnerista pidió al Tesoro en el último presupuesto, sin especificar el destino de la inversión ni hacer ninguna referencia a la deuda acumulada a lo largo de su controvertida gestión
Larreta presiona fuerte para sacar la ribereña y la megaestación del Obelisco
LPO - Son obras clave para descongestionar la Ciudad. Espera anunciar los avances en las próximas semanas.
Larreta junto a Guillermo Dietrich.
Horacio Rodríguez Larreta presiona fuerte al Gobierno nacional para concretar en las próximas semanas el anuncio de dos obras claves para descongestionar el centro porteño: la construcción de una megaestación debajo del Obelisco y la realización de la postergada autopista ribereña.
El jefe de gobierno porteño debió ponerse firme para conseguir el traspaso de la Policía Federal y para que Mauricio Macri le duplicara el porcentaje de coparticipación a la Ciudad.
Para los dos nuevas obras con las que sueña quedar en la historia, Larreta quiere hacer valer su relación con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, uno de los dos hombres de su confianza que ocupan cargos estratégicos en el Gobierno nacional –el otro es Emilio Basavilbaso, titular de Anses-.
El proyecto Red de Expresos Regionales (RER), anunciado durante la campaña, es una central de trasbordo en el Obelisco, donde se integrarían los distintos sistemas de transporte de la Ciudad.
La primera etapa del RER prevé la construcción de una gran estación en el subsuelo de la Avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Av. de Mayo, con una extensión de 400 metros de largo. Dividida en cuatro plantas subterráneas y una en superficie, el nodo permitirá conectar los ferrocarriles, el Metrobús, la estación de combis, los subterráneos y el sistema de Ecobici para lo que serán necesarios 16 kilómetros de túneles. El anuncio de esta obra rompió la campaña por el neologismo que inventaron en los equipos de comunicación del PRO: la “Subtremetrocleta”.
En esta etapa se construirá además una nueva estación subterránea en Constitución, y también se enlazará la línea Roca con la línea San Martín y los ramales de la línea Mitre. La conexión se hará a través de un túnel subterráneo bajo la Av. 9 de Julio, debajo del nivel del subte.
Desde el PRO adelantaron a LPO que ya se están haciendo los cateos en la 9 de julio para analizar las interferencias subterráneas, aunque aún no pudieron precisar si la licitación se lanzará antes o después de julio de este año.
La ribereña
La ribereña es una autovía de 7,1 km que serviría como nexo entre las autopistas Buenos Aires-La Plata y la Illia, para evitar que ese caudal de tránsito ingrese a la Ciudad. Es un proyecto que tiene décadas y nunca se llevó a cabo y que ayudaría a descongestionar el centro porteño. El costo que estiman en el gobierno de Larreta es de 500 millones de dólares.
Dietrich, que tiene a su cargo las obras viales, sería uno de los artífices de la concreción de la megaobra que podría ser llevada a cabo por la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (Ausa).
En el gobierno porteño están analizando diversos proyectos para la ribereña. La Corporación Antiguo Puerto Madero, que tiene tres directores en representación del gobierno nacional y tres en representación del porteño, definió el año pasado un proyecto que estipula que la nueva autovía sea soterrada desde avenida Independencia hasta Córdoba, por debajo de los estacionamientos de Puerto Madero.
Pero la Corporación aún no efectivizó el recambio de sus autoridades, que se oficializaría en las próximas semanas. La presidenta será Agustina Olivero Majdalani, hija de la número dos de la ex Side.
Si bien en el proyecto diseñado por la Corporación participaron especialistas ligados al kirchnerismo como Máximo Garay –uno de los ideólogos del masterplan de Puerto Madero- y técnicos cercanos a Julio de Vido, el gobierno de Cristina Kirchner siempre lo mantuvo en el freezer. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, le negaba al entonces ministro de Planificación los dólares para avanzar con la obra.
Ahora, tras ganas las elecciones en todas las jurisdicciones afectadas por la obra, Larreta espera cumplir la promesa que hizo a sectores de la oposición respecto de la urbanización de la villa 31, un paso clave para empezar la ribereña.
Larreta junto a Guillermo Dietrich.
Horacio Rodríguez Larreta presiona fuerte al Gobierno nacional para concretar en las próximas semanas el anuncio de dos obras claves para descongestionar el centro porteño: la construcción de una megaestación debajo del Obelisco y la realización de la postergada autopista ribereña.
El jefe de gobierno porteño debió ponerse firme para conseguir el traspaso de la Policía Federal y para que Mauricio Macri le duplicara el porcentaje de coparticipación a la Ciudad.
Para los dos nuevas obras con las que sueña quedar en la historia, Larreta quiere hacer valer su relación con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, uno de los dos hombres de su confianza que ocupan cargos estratégicos en el Gobierno nacional –el otro es Emilio Basavilbaso, titular de Anses-.
El proyecto Red de Expresos Regionales (RER), anunciado durante la campaña, es una central de trasbordo en el Obelisco, donde se integrarían los distintos sistemas de transporte de la Ciudad.
La primera etapa del RER prevé la construcción de una gran estación en el subsuelo de la Avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Av. de Mayo, con una extensión de 400 metros de largo. Dividida en cuatro plantas subterráneas y una en superficie, el nodo permitirá conectar los ferrocarriles, el Metrobús, la estación de combis, los subterráneos y el sistema de Ecobici para lo que serán necesarios 16 kilómetros de túneles. El anuncio de esta obra rompió la campaña por el neologismo que inventaron en los equipos de comunicación del PRO: la “Subtremetrocleta”.
En esta etapa se construirá además una nueva estación subterránea en Constitución, y también se enlazará la línea Roca con la línea San Martín y los ramales de la línea Mitre. La conexión se hará a través de un túnel subterráneo bajo la Av. 9 de Julio, debajo del nivel del subte.
Desde el PRO adelantaron a LPO que ya se están haciendo los cateos en la 9 de julio para analizar las interferencias subterráneas, aunque aún no pudieron precisar si la licitación se lanzará antes o después de julio de este año.
La ribereña
La ribereña es una autovía de 7,1 km que serviría como nexo entre las autopistas Buenos Aires-La Plata y la Illia, para evitar que ese caudal de tránsito ingrese a la Ciudad. Es un proyecto que tiene décadas y nunca se llevó a cabo y que ayudaría a descongestionar el centro porteño. El costo que estiman en el gobierno de Larreta es de 500 millones de dólares.
Dietrich, que tiene a su cargo las obras viales, sería uno de los artífices de la concreción de la megaobra que podría ser llevada a cabo por la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (Ausa).
En el gobierno porteño están analizando diversos proyectos para la ribereña. La Corporación Antiguo Puerto Madero, que tiene tres directores en representación del gobierno nacional y tres en representación del porteño, definió el año pasado un proyecto que estipula que la nueva autovía sea soterrada desde avenida Independencia hasta Córdoba, por debajo de los estacionamientos de Puerto Madero.
Pero la Corporación aún no efectivizó el recambio de sus autoridades, que se oficializaría en las próximas semanas. La presidenta será Agustina Olivero Majdalani, hija de la número dos de la ex Side.
Si bien en el proyecto diseñado por la Corporación participaron especialistas ligados al kirchnerismo como Máximo Garay –uno de los ideólogos del masterplan de Puerto Madero- y técnicos cercanos a Julio de Vido, el gobierno de Cristina Kirchner siempre lo mantuvo en el freezer. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, le negaba al entonces ministro de Planificación los dólares para avanzar con la obra.
Ahora, tras ganas las elecciones en todas las jurisdicciones afectadas por la obra, Larreta espera cumplir la promesa que hizo a sectores de la oposición respecto de la urbanización de la villa 31, un paso clave para empezar la ribereña.
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