Por Santiago Dapelo | LA NACION
El fin de mandato y el enfrentamiento con el Poder Judicial revitalizaron algunas investigaciones que involucran a la Presidenta y a sus funcionarios
El periodista, de larga trayectoria y años recorridos por los pasillos del lugar que más preocupación infunde al kirchnerismo, los tribunales de Comodoro Py, avanza a paso firme, pero va tranquilo. Aún restan minutos para reunirse con uno de los 12 jueces federales de primera instancia de la Capital. Mientras espera en la antesala del despacho privado se encuentra con otro magistrado, con el que empieza a charlar. A los pocos minutos, llega un segundo juez federal, que se suma a la conversación. En ese momento, sale de su despacho el anfitrión. El diálogo, fluido, se desarrolla sobre el asunto que el periodista fue a consultar. Fue después de explicar el motivo de la visita cuando apareció un cuarto magistrado de los que habitan en Comodoro Py.
"¡Llegaste muy temprano!", le dijo el recién llegado, palmeándole la espalda al cronista. Éste, incrédulo, miró su muñeca y corroboró que el horario era el correcto. "No, doctor. Incluso, llegué temprano", replicó con seguridad. "¡Noooo! Llegaste dos años antes", soltó el experimentado juez, y los cuatro explotaron de la risa.
El hecho, que ocurrió el día después del triunfo del binomio Kirchner-Boudou, por el 54% de los votos, cuando la Justicia y el Poder Ejecutivo aún mantenían una relación alejada de las tensiones actuales, sirve para ilustrar cómo, en algunos casos, los magistrados saben sintonizar su proceder con el clima político de la época. La cercanía del fin de mandato y la imposibilidad de poder ser reelegida de Cristina Kirchner aceleraron la pérdida progresiva de poder que los funcionarios judiciales perciben desde la Casa de Gobierno.
A ese escenario, naturalmente convulsionado, se sumó el enfrentamiento que mantiene parte de la Justicia -"el Partido Judicial", según la definió ayer la Presidenta- con el Poder Ejecutivo y con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó . Los tiempos en los que los enviados del Gobierno tenían acceso a todos los despachos parecen agotados.
El nerviosismo del oficialismo se funda en que son varias las causas que involucran a funcionarios nacionales que tomaron velocidad en los últimos días. Incluso, horas después de la multitudinaria marcha del último miércoles, donde unas 350.000 personas se movilizaron para homenajear al fiscalAlberto Nisman y reclamar el esclarecimiento de su muerte, fueron las dos principales figuras del oficialismo las que sufrieron la ofensiva judicial: la Presidenta y su segundo, Amado Boudou .
Pero no son los únicos que miran con intranquilidad lo que se presenta como un año muy movido. Además de la jefa del Estado, otros integrantes de la familia presidencial, como su hijo Máximo , están bajo la lupa de la Justicia; también los ministros Julio De Vido (Planificación), Julio Alak (Justicia y Derechos Humanos) y Héctor Timerman (Cancillería); los camporistas Mariano Recalde , presidente de Aerolíneas Argentinas, y el diputado Andrés Larroque ; el jefe del Ejército, César Milani ; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella ; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y ex funcionarios como Guillermo Moreno , Ricardo Jaime , Juan Pablo Schiavi y Luis D'Elía, entre otros.
"El kirchnerismo no tuvo problemas y logró durante bastante tiempo mantener ordenada y a oscuras la caja negra del Estado", explicó Marcos Novaro, doctor en filosofía.
Pero, para el director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani, "cuando el poder se debilita, las cosas empiezan a fallar y comienzan a sucederse las desprolijidades". Y agregó: "Encima el enfrentamiento entre la Justicia y el Poder Ejecutivo agravó la cuestión".
La pesquisa que mayor desvelo genera en el Gobierno, donde contabilizan unas 300 causas contra funcionarios de distintos rangos, es la que tiene como protagonistas a Cristina Kirchner y a su familia. El juez Claudio Bonadio , que fue ratificado esta semana al frente de la investigación por la Cámara Federal, no sólo comprobó irregularidades en los balances y domicilios declarados, sino que también la vinculó con una operación de lavado de dinero que involucraría al empresario Lázaro Báez .
Báez, principal beneficiario de la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz , habría alquilado a Hotesur habitaciones en Alto Calafate -que no habría ocupado-, a cambio de lo cual les pagó a los Kirchner unos $ 14 millones entre 2010 y 2011.
El hijo mayor de la jefa del Estado habría firmado algunos de los documentos que investiga Bonadio. Eso generó que circulara la versión de que el magistrado podría avanzar hacia su indagatoria. Florencia, la hija menor, no estaría comprometida.
En La Cámpora no tienen dudas. "Van a ir por Máximo [Kirchner]. Lo quieren ver desfilar por Comodoro Py", confió a LA NACION una fuente de la organización. "Cuando pase, nos vamos a movilizar", anticiparon.
Pero no es la única investigación que tiene como protagonista a la Presidenta. El 14 de enero la mandataria fue denunciada, junto a otros funcionarios, por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación sobre el atentado contra la AMIA; y hace diez días quedó imputada por decisión del fiscal Gerardo Pollicita .
El de Boudou es un caso particular; por primera vez en la historia un vicepresidente es procesado. En su caso, en dos causas, Ciccone y por insertar datos falsos en los documentos de un auto que compró hace 20 años.
El último jueves, la Sala I de la Cámara Federal, en un fallo unánime, consideró probado que el vicepresidente se quedó con el 70% de la ex Ciccone, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes.
El de Boudou es un caso particular; por primera vez en la historia un vicepresidente es procesado
Según la investigación que llevó adelante el juez Ariel Lijo, Boudou realizó la maniobra a través de la firma The Old Fund, a cargo de un presunto testaferro - Alejandro Vandenbroele , que anteayer fue arrestado en Mendoza- ,para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo. El juicio oral, según el fiscal Jorge Di Lello , se realizaría luego de las elecciones de octubre.
El expediente por los papeles truchos del Honda modelo CRX ya fue elevado a juicio oral por Bonadio.
Además, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner enfrenta otras causas. Una por enriquecimiento ilícito, que también se tramita en el juzgado de Lijo y en la que están implicados su ex novia Agustina Kämpfer y su socio José María Núñez Carmona. Y otra por recibir dádivas.
"Esto se produce por una combinación de hechos. Por un lado, hay causas que han madurado, por ejemplo la confirmación del procesamiento de Boudou. Pero también asistimos a las consecuencias de años de intentos de domesticación de la Justicia de parte del kirchnerismo. A la gente no le gusta que le griten", explicó el abogado penalista Alejandro Carrió.
El prestigioso letrado, además, añadió: "Algunos jueces están cansados de este ciclo y de que la Presidenta se los quiera llevar puestos".
Otras causas que hasta hace algunos meses se movían con lentitud parecen encontrar en el último tiempo un nuevo impulso. Por ejemplo, la que tiene en la mira a De Vido.
A mediados del último año, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal, anuló el sobreseimiento del ministro de Planificación y su esposa, Alessandra Minnicelli, por presunto enriquecimiento ilícito; la denuncia pone bajo la lupa la compra de una casa de campo de más de 300 metros cuadrados en Zárate, entre otras cuestiones.
Pero, además, De Vido, que acompañó al matrimonio presidencial desde que Néstor Kirchner ganó por primera vez la intendencia de Río Gallegos, en 1997, podría sumar una nueva preocupación. Según pudo saber LA NACION, en caso de que el tribunal que juzga a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once los encuentre culpables -se los acusa de administración fraudulenta y estrago culposo por su responsabilidad en la falta de control-, el fiscal federal Federico Delgado irá por De Vido, jefe de ambos funcionarios.
Jaime, condenado a seis meses de prisión a raíz de la "sustracción de documento" durante un allanamiento en su contra, está a un paso de ser procesado por enriquecimiento ilícito; también es investigado por la presunta admisión de dádivas.
Además de la Presidenta, Nisman, que fue hallado muerto en su departamento cuatro días después de la presentación de la denuncia en circunstancias que aún son materia de investigación, incluyó en su escrito a Timerman, a Larroque y a los dirigentes kirchneristas Luis D'Elía y Fernando Esteche. Todos ellos, según el fiscal, articularon un plan para encubrir y desviar la investigación por la voladura de la mutual judía.
La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, que instruyó la primera etapa de la investigación del escándalo Ciccone.
Otras causas que hasta hace algunos meses se movían con lentitud parecen encontrar en el último tiempo un nuevo impulso. Por ejemplo, la que tiene en la mira a De Vido
Otro de los integrantes del gabinete nacional que deberán dar cuentas de su paso por la función pública es Julio Alak. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo citó a prestar declaración indagatoria el 5 de marzo como sospechoso del delito de incumplimiento de sus funciones por su gestión cuando era director de Aerolíneas Argentinas en 2008.
El ministro de Justicia está acusado de no haber denunciado el mal estado de la empresa, en ese entonces en manos de la firma española Marsans. Sin embargo, su defensa alegó que sí lo hizo y que pidió la intervención judicial de la aerolínea que hoy comanda y gerencia La Cámpora.
El jefe del Ejército, César Milani, es otro de los que tienen varios frentes abiertos. La pesquisa que más dolores de cabeza le trajo es la que se sustancia en Tucumán. Ahí se investiga su responsabilidad en la desaparición del conscripto Alberto Ledo. En los últimos días, el juez Daniel Bejas decidió desestimar el pedido del fiscal federal Carlos Brito, de citar a declaración indagatoria a Milani; le requirió más pruebas.
Además, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas también debe responder en una causa por enriquecimiento ilícito.
El listado incluye también al titular de la aerolínea estatal, Mariano Recalde (enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta en perjuicio del Estado por no haber presentado los estados contables de Aerolíneas Argentinas ante la IGJ); al ex secretario Guillermo Moreno, que irá a juicio oral por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad; la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, acusada de no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo español Marsans por el presunto "vaciamiento" de Aerolíneas Argentinas, y José Sbattella, presidente de la UIF, deberá responder ante el juez Luis Rodríguez por divulgar datos de empresas.
"El enfrentamiento del Poder Ejecutivo con la Justicia y el fin de ciclo han incidido en lo que está ocurriendo. Sin embargo, entre la inacción y la situación actual, opto por esta última, con la esperanza de que la marcha haya grabado en la conciencia de jueces y fiscales de modo perdurable el valor de una Justicia independiente", dijo el ex juez y abogado penalista Guillermo Ledesma.
Todo esto se da en tiempos en los que se debate si se puede aplicar la doctrina de la "cosa juzgada írrita" (una cosa juzgada dejará de serlo si se comprueba que la causa fue armada para promover su cierre inmediato), lo que podría reabrir causas olvidadas en el tiempo, como el veloz sobreseimiento que dictó Oyarbide sobre la fortuna de la Presidenta.
Las agujas del reloj cobraron vida. Un interrogante recorre los pasillos del poder. ¿Qué kirchnerista se convertirá en la María Julia Alsogaray de la última década? La pregunta conlleva una certeza: nadie duda de que alguien pagará. ¿Jaime? ¿Boudou? ¿La Presidenta o sus hijos? La respuesta anida en el lugar que más sinsabores le infligió al kirchnerismo..
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