Por Ángeles Castro - LA NACION
El gobierno porteño dice que se intenta demorar las obras para afectarlo políticamente; otros justifican el fenómeno.
"Estamos abiertos a opiniones distintas, pero judicializar la gestión no es el camino adecuado. Esto sólo demora las mejoras y aumenta los costos, que pagamos todos los vecinos." Con estas palabras, al dejar inauguradas las sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1° de marzo, Mauricio Macri denunció un freno judicial a su administración.
El líder de Pro reflejó así una sensación generalizada entre sus funcionarios: la seguidilla de amparos desfavorables al gobierno porteño que se vio durante el verano constituye un intento político, con respaldo en la Justicia, de restarle logros.
En la vereda de enfrente, diputados de la oposición y ONG que impulsan las medidas cautelares, así como referentes del derecho y la Justicia, defienden el recurso como un medio para dar garantías y proteger los derechos de los ciudadanos.
El estado de alerta oficial por las trabas judiciales comenzó cuando, a principios de año, el fuero en lo contencioso administrativo local detuvo o demoró varias iniciativas: el ingreso de capellanes a los hospitales públicos, la colocación de la reja perimetral en el parque Centenario y la extracción de árboles sobre la 9 de Julio por el Metrobus.
También, por el funcionamiento de las unidades de atención ciudadana (UAC) -dependientes del poder central- en las sedes comunales. La primera obra permaneció detenida por pocos días; la segunda, por 20. Las UAC siguieron habilitadas porque el fallo fue apelado.
La sensación de una gestión arrinconada por la Justicia terminó de consolidarse en el macrismo durante las semanas siguientes. Por diversos recursos de amparo se suspendió la licitación para poder imponer en la ciudad la verificación técnica obligatoria de vehículos, se canceló el aumento de la tarifa del subte de $ 2,5 a 3,5 a pedido del diputado Alejandro Bodart (MST) y, el miércoles pasado, por impulso de una comunera kirchnerista de Recoleta, se impusieron a último momento exigencias al desarrollo de la carrera de TC 2000.
Así, en los despachos de Bolívar 1 creció la convicción de que los proyectos más relevantes de infraestructura y servicios iniciados por Macri son sometidos intencionalmente a cuestionamientos judiciales, con el objetivo de demorarlos para que Pro tenga menos logros por mostrar.
En los últimos tres años y medio, suman más de veinte las iniciativas oficiales frenadas por la Justicia de la ciudad; en la mayoría de los casos, temporalmente, porque luego los magistrados terminaron dando la razón al gobierno porteño.
Entre ellos, desde agosto de 2009 hasta la actualidad, figura la suspensión de la licitación para la construcción de un túnel bajo la avenida 9 de Julio; finalmente fueron habilitados, pero el Ministerio de Desarrollo Urbano desistió de la obra.
También se prohibió la edificación de una comisaría de la Policía Metropolitana en el parque Sarmiento y se obligó a apagar la pantalla LED de más de 90 m2 instalada en Carlos Pellegrini y Corrientes. Durante un año, se frenó el ensanche de la avenida Paseo Colón.
Además, por recursos de amparo se paralizaron las cocheras subterráneas bajo la plaza Emilio Mitre (la obra se atrasó un año) y bajo el parque Las Heras (la medida todavía está vigente), 15 pasos bajo nivel (durante ocho meses) y la extensión de la línea H por irregularidades en el diseño de la terminal (el parate duró un año, y luego la Justicia dio luz verde, pero Subterráneos de Buenos Aires propuso una cabecera alternativa).
Otros casos destacados fueron la prohibición de la obra que realizaba la Fundación Ronald McDonald's en el predio del Hospital Gutiérrez, con tala de árboles incluida; la suspensión, entre julio y septiembre de 2012, de la subasta del Zoológico, y la postergación, por cuatro meses, de la edificación del futuro Centro Cívico en el predio del hospital Borda, recientemente autorizada.
Detrás de muchos de estos expedientes aparecen legisladores y ex legisladores opositores. Por ejemplo, la kirchnerista María José Lubertino; Bodart, Adrián Camps, Jorge Selser y Martín Hourest (de Proyecto Sur); Aníbal Ibarra, Eduardo Epsteyn y María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), y Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo (Coalición Cívica). Entre las ONG más activas en cuanto a recursos de amparo figuran Propamba y la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Las acciones de amparo fueron previstas en el artículo 14 de la Constitución porteña, que consagra que "toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo [...] contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que [...] lesione [...] o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos".
Durante 2011, según datos del Consejo de la Magistratura porteña, se presentaron 1240 recursos de amparo, tanto contra la administración pública como contra particulares o empresas. Restando las jornadas de feria judicial, la frecuencia ronda una acción cada cuatro días.
"Los amparos fueron concebidos como un último recurso, para actuar cuando hay un peligro grave por acción u omisión del Estado sobre un ciudadano o el conjunto. Yo creo que son entendibles en cuestiones sociales o sanitarias, pero la colocación de una reja en un parque no puede ser materia de amparo. De hecho, en el parque Centenario la reja ya está colocada y no hay afectación de ningún derecho", consideró la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal.
Al igual que el diputado macrista Martín Ocampo, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Vidal opinó que el efecto de las cautelares tiene costos económicos y sociales adversos que pagan todos los porteños. "Por el freno al aumento de la tarifa del subte, ingresan un millón de pesos menos por día. En un mes, son $ 30 millones, el equivalente a la construcción y el equipamiento para un pabellón hospitalario. Por la gratuidad de la autopista Illia durante el TC 2000 se perdieron $ 250.000 diarios", explicó la funcionaria.
Ocampo recordó los perjuicios para la vida cotidiana de la gente. "Si se demora el Metrobus, los pasajeros invierten mucho más tiempo en viajar; si no se construyen pasos bajo nivel, hay personas que mueren en las vías. Si no se lleva el Centro Cívico al Sur, habrá menos desarrollo de la zona", dijo.
Consultados, los amparistas defendieron su postura. "Si hay tantos amparos es porque el macrismo avasalla muchos derechos sociales; si no, la gente no los presentaría. Avanzan sin escuchar al Poder Legislativo, sin escuchar las audiencias públicas, y con los vetos. Lo único que queda es apelar a la Justicia para defender los derechos ante un gobierno como éste, con una veta autoritaria. También existe un doble discurso, porque ellos festejan los amparos cuando les convienen", señaló Bodart.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, dijo: "No se trata de una obsesión contra Macri, como quieren instalar. Nosotros también patrocinamos muchísimos amparos contra el gobierno nacional; por ejemplo, por la ley de glaciares. El amparo es una garantía constitucional, es el ejercicio de un derecho".
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sintetizó: "Las cautelares están funcionando tal como se pensaron, como un recurso sin trabas procesales".
Voces a favor del recurso y del proceso judicial
Andrés Gil Domínguez - Abogado constitucionalista
"El amparo se concibió como muy tutelar de los derechos, con pocas trabas para que realmente fuera garantista"
Juan Manuel Olmos - Pte. Consejo de la Magistratura
"Tanto el gobierno como los vecinos tienen la doble instancia judicial para la revisión de las sentencias".
