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domingo, 23 de julio de 2017

La historia detrás de la condena por la estatización de Aerolíneas

Por Diego Cabot - LA NACION
La recuperación de la línea aérea realizada por el kirchnerismo terminó con un perjuicio de U$S 320 millones
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La Argentina comenzó a confeccionar el cheque por la inversión del paquete de empresas que conforman Aerolíneas Argentinas en julio de 2008. El viernes, sólo se puso el importe, pero el cheque estaba hecho.

El 17 de julio de 2008, el país amaneció sorprendido por el "voto no positivo" del vicepresidente Julio Cobos. Fue el rechazo a la resolución 125 que pretendía fijar retenciones móviles a las exportaciones de soja. Ese mismo día, el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, anunció que ya se descontaba: después de 18 años, Aerolíneas Argentinas volvía a ser propiedad del Estado. Como producto de aquel acuerdo, asumió la presidencia Julio Alak y varios representantes del Estado se sumaron al directorio.

Además, la parte más jugosa del convenio establecía que, previo a la expropiación formal y en caso de desacuerdo entre las partes, se procedería a la valuación de los activos de la compañía con un tercero independiente. No hubo acuerdo y jamás se contrató a ningún organismo imparcial. En diciembre de ese año, por el precio simbólico de un peso, se dictó la ley de expropiación. Nueve años después, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) condenó a la Argentina por violar aquel contrato de julio de 2008.

En principio, los demandantes reclamaban a la Argentina 1590 millones de dólares más intereses. Formalmente, tres compañías españolas del Grupo Marsans reclaman por sus participaciones en Interinvest, titular a su vez de Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohandling, Optar y Jet Paq, todas ellas expropiadas.

Fuentes del Gobierno confiaron que había tres opciones. La primera, que el laudo condene a la Argentina por todas las medidas reclamadas; la segunda, que sea solo por expropiación -en ese caso el reclamo de las demandantes se reducía a US$ 357 millones-, y la tercera, que se rechacen los reclamos. "Se condenó sólo por la expropiación, que es el incumplimiento del acuerdo de 2008 que firmó el gobierno de Cristina Kirchner con Marsans", dijo una fuente oficial.

Diego Fargosi, socio de Fargosi, Klein & Sasiain, abogados de las demandantes junto con King & Spalding de Texas, dijo a LA NACION que luego de un largo proceso arbitral "se ha hecho justicia demostrándose que la expropiación fue causada y planeada por el kirchnerismo para hacerse ilegalmente de Aerolíneas Argentinas". Y agregó: "El laudo es muy claro en cuanto a las presiones económicas que sufrió Aerolíneas mientras estaba en manos privadas. El kirchnerismo fijaba las tarifas y usaba esta herramienta para ahogar financieramente a la empresa. Al camporista [Mariano] Recalde le dieron aumentos tarifarios por más de 200% en menos de tres años, contra aumentos menores a 50% en siete años de gestión privada. En síntesis, las tarifas en pesos no acompañaban los costos en dólares y el kirchnerismo, sin importarle las consecuencias, se aprovechó", acusó.

El caso de Aerolíneas es paradigmático: se expropió una sociedad anónima. Fue un sinsentido jurídico en el que se confundió lo público con lo privado, como si una persona privada fuera del Estado por el sólo hecho de estar radicada en la Argentina. Y luego, se pretendió no pagar nada.

"Ante el reclamo, la defensa en tribunales internacionales estuvo basada en argumentos políticos, de tribuna. Pasó lo mismo con los holdouts. Hubo una mirada cortoplacista, que desprecia el largo tiempo histórico", dijo una fuente del Gobierno.

Para Fargosi, que además fue director de Aerolíneas Argentina, "el laudo describe el período de hostigamiento a Aerolíneas Argentinas, entre 2006 y 2008, y quiénes y cómo actuaron en conjunto con el kirchnerismo para obtener ilegalmente el manejo del transporte aéreo en Argentina. Lamentablemente le tocará a este gobierno hacerse cargo de otra mala decisión del kirchnerismo", finalizó.

El Estado podría pedir una revisión al Ciadi, que generalmente, no tiene demasiadas consecuencias salvo algún ajuste en la liquidación. Pasaron nueve años desde que este cheque se empezó a confeccionar. Ya se le escribió el monto por 350 millones de dólares. Solo falta poner la fecha de pago.

"Buenos muchachos y muchacha"...

Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta

Por Diego Cabot - LA NACION
Los organismos que vigilan la relación del Estado con las concesionarias, y que son claves para proteger a los usuarios, están lejos de los objetivos para los que se crearon; la mayoría de sus directivos no son elegidos por concurso, como está previsto
Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta
Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta. Foto: Archivo

Nacieron en los años 90 como organismos encargados de mirar de cerca los contratos entre concesionarias y Estado en aquel país de las privatizaciones. Pero el tiempo pasó, y de la estructura que se pensó para los entes de control de servicios públicos ya queda prácticamente nada.

Años de intervenciones, funcionarios elegidos a dedo, pésima gestión, escasa representatividad de los usuarios, cambios y emparches en los contratos de concesión y, sobre todo, falta de independencia, fueron algunos de los problemas que los aquejaron. Varios de ellos ya no tienen sentido o se han tornado abstractos. La reforma profunda está fuera de agenda.

A un año y medio del gobierno de Cambiemos, los entes de control no han logrado llegar al lugar para el que fueron diseñados. La mayoría de ellos, salvo alguna excepción, están manejados por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y no son independientes de la política central. El objetivo de velar por los derechos y las obligaciones de cada empresa de servicios públicos con el que se pensaron, ha dejado de ser central. Más aún, cuando varios de aquellos servicios están hoy en manos del Estado.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue el primero que avanzó con una norma para iniciar el proceso de regularización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), dos de los más importantes, y que estuvieron intervenidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Jamás hubo en esas reparticiones funcionarios con independencia y, cada uno a su manera, fueron apéndices del Poder Ejecutivo.

En abril de 2004 se iniciaron los trámites de la Comisión de Selección Previa para la elección de las autoridades del ENRE. La nómina de candidatos elegibles, efectuada por el secretario de Energía, y el proyecto de decreto, fueron elevados al Poder Ejecutivo. Nunca bajó. A cambio, se desprendieron algunos decretos.

En 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició un juicio. Pidió el cese de la intervención del ENRE y que el llamado a concurso para cubrir los cargos directivos. La Cámara en lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la ONG y el Estado apeló a la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal rechazó el recurso y la cuestión quedó resuelta una década después.

Aranguren, entonces, llamó a concurso, pero los postulantes no conformaron. "Que en lo atinente al concurso desarrollado con el objeto de cubrir los cargos del Directorio del ENRE, respecto de la selección del cargo de Presidente, luego de haber entrevistado a los candidatos y analizado sus antecedentes, el Comité de Selección no conformó la terna de postulantes debido a que aquellos no cumplían con las condiciones técnicas y profesionales para ocupar el cargo", dice una resolución publicada el mes pasado, en la que Aranguren vuelve a llamar a un segundo concurso.

Renzo Lavin es abogado y es uno de los directores de la ACIJ. "El problema de los entes de control de servicios públicos se encuadra en lo que sucede con todos los organismos que tienen la función de mirar de cerca las acciones del Estado. En los últimos años, el Poder Ejecutivo no generó las condiciones como para que se pueda ejercer esa tarea con independencia", dijo a LA NACION.

El problema, dice Lavin, es que aquel esquema que tenía a la defensa de los usuarios en el foco, se desdibujó. "Durante el kirchnerismo, en los servicios públicos hubo procesos mixtos, donde el Estado se hizo cargo de la prestación, o en su caso, consolidó un esquema de subsidios muy fuerte. En cualquiera de los dos casos, el Poder Ejecutivo aportaba subsidios, por lo cual el peso de lo que decía el Gobierno era muy fuerte. Entonces se perdió el esquema original de entes autónomos", concluyó.

El Enargas debería estar dirigido por un directorio de cinco miembros elegidos en un proceso de selección de antecedentes. Durante años estuvo manejado por funcionarios designados por un decreto.

Cristian Folgar, ex secretario de Combustibles, dice que cuando el Estado concesiona un servicio no pasa a ser del privado, sino que aquel es el responsable y sólo delega la prestación. "Cuando algo pasa, el Gobierno amenaza con multas o con sacar la licencia. Pero la responsabilidad sigue siendo del Estado", dice. Suma un dato no menor: "Muchas veces los entes están cooptados por las empresas a las que deberían controlar. Como están capturados, no adelantan los problemas y después, cuando suceden, sobreactúan las sanciones".

Hay un intento de Aranguren para clarificar esa zona oscura. Con un par de decretos y algunas reglamentaciones llamó a concurso de antecedentes para cubrir el cargo. Finalmente, el concurso del ente que maneja el sector gasífero se abrió. El ganador fue Marcelo Figueroa, un ex director de Operaciones de Metrogas y ex gerente de British Gas Argentina. Pero el 18 de diciembre pasado, el ejecutivo decidió seguir su carrera en la actividad privada. De ahí que surgió la Resolución 205-E/2017, en la que el ministro llama a un nuevo concurso para el Enre y el Enargas.

Según cuentan en los pasillos de Energía, las ternas de este último ya estarían conformadas y serían elevadas en pocos días al Presidente.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), intervenido en 2001, es un caso particular. Allí se consolidaron los mayores desaguisados del transporte en los últimos años. Todo terminó en la tragedia de Once, además de consagrarse un esquema de corrupción, subsidios, ineficiencia y discrecionalidad. Después de la tragedia, se conoció un informe lapidario sobre el sistema de control de la comisión. "Desde hace más de 10 años la estructura institucional de la CNRT permanece desintegrada -se leía en un informe de la ACIJ de 2012-. Fue intervenida y lleva todo ese tiempo sin contar con un directorio en funciones. El interventor es designado unilateralmente por el presidente y sin ningún procedimiento de selección previa".

Inesperadamente, a tres años de Once, en febrero de 2015 el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, cesó la intervención. Consideró entonces que ya no había "falencias en la gestión del ente que conspiraban contra los objetivos de los derechos de los usuarios". Desde entonces, todos los titulares del ente fueron designados por el Poder Ejecutivo y no por concurso público.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es otro caso con particularidades. Cuando se estatizó Aguas Argentinas, que era concesionaria del servicio de agua potable y cloacas, el Ettos era el organismo que controlaba el cumplimiento del contrato de concesión. Pero con el Estado a cargo de la prestación, y sin contrato que controlar, nació el ERAS. Y allí está. Según informan en la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el ERAS está a cargo ahora de la tarifa social y de un tema que se viene en el sector: la adaptación del marco regulatorio para pasar de cobrar por el tamaño de vivienda, como se hace desde hace décadas, a cobrar principalmente por consumo.

En esa zona hay otro ente, el Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), una organización para invertir en obras en las provincias, que ejecuta y controla.

Hay más, como el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (Orsna) o el Enacom, continuador de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Ninguno, con funcionarios designados por concursos. Por ahora, la discusión sobre el control está demasiado tranquila.

Fichas de identidad: Cuáles son y cómo funcionan los entes reguladores, datos para el año 2017

1. Enacom

Foto: LA NACION 
El Ente Nacional de Comunicaciones es el continuador de la CNC; funciona bajo el ámbito del Ministerio de Modernización (a partir de la disolución del Ministerio de Comunicaciones). 

En materia de servicios de comunicación audiovisual se establece como misión primaria la regulación del espectro, el fomento de la competencia y la universalización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y la telefonía móvil.
Presupuesto - $ 3483 millones
Remuneraciones - $ 1208 millones
Presidente - Miguel de Godoy
Intervenido - No

2. Enargas

Foto: LA NACION 
El Ente Nacional Regulador del Gas se encuentra en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Su misión es la regulación, el control, la fiscalización y la resolución de controversias, todo referido al servicio público del transporte y la distribución de gas en el país. 

Entre sus funciones específicas, debe dictar las normativas que, en materia de seguridad deben cumplirse para poder tener habilitado el servicio, y aprobar las tarifas cobradas por los prestadores.
Presupuesto - $ 754,3 millones
Remuneraciones - $ 635,8 millones
Presidente - David José Tezanos González
Intervenido - Sí

3. ENRE

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad es un organismo autártico, que está encargado de regular la actividad dentro del sector y de controlar que las empresas, tanto generadoras y transportistas como distribuidoras del servicio, cumplan con las obligaciones que están establecidas en el marco regulatorio general y en los contratos de concesión en particular. 

Entre sus objetivos están los de promover la competitividad y alentar inversiones de largo plazo en el sector
Presupuesto - $ 375,0 millones
Remuneraciones - $ 313,2 millones
Presidente - Cargo vacante
Intervenido - Sí

4. CNRT

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte es un ente autártico que fue creado por decreto en 1996, para ejercer las tareas de fiscalización y control públicos de las actividades que desarrollan los operadores del sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de carga que están en el ámbito de la jurisdicción nacional. 

Entre sus deberes básicos está el de controlar y habilitar a los vehículos que funcionan como medios de transporte público.
Presupuesto - $ 614,6 millones
Remuneraciones - $ 307,7 millones
Presidente - Pablo Castano
Intervenido - NO

5. ORSNA
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos es un ente descentralizado que está en el ámbito del Estado nacional. Depende del Ministerio de Transporte de la Nación. 

Debe fiscalizar y ejecutar infraestructura aeroportuaria, regular los servicios y las actividades comerciales e industriales, supervisar y regular a los concesionarios y administradores del sistema aeroportuario y cuidar que las operaciones en las estaciones aéreas sean seguras y eficientes.
Presupuesto - $ 302,3 millones
Remuneraciones - $ 242,8 millones
Presidente - Patricio Di Stéfano
Intervenido - No

6. ENOHSA

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento tiene la misión de organizar, administrar y ejecutar programas de desarrollo de infraestructura para las políticas nacionales de provisión del servicio de agua potable y saneamiento básico. 

Sus autoridades señalan que la visión del organismo es un país con un 100% de la población con agua potable y cloacas. Y una de las funciones es concientizar sobre la utilización consciente de este recurso en todo el país.
Presupuesto - $ 1820,1 millones
Remuneraciones - $ 115,8 millones
Presidente - Luis Germán Jahn
Intervenido - No

7. OCCOVI

El Órgano de Control de Concesiones Viales depende de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte. Debe controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de la administración de las autopistas y es, a falta de respuesta de estas empresas, la entidad receptora de los reclamos de los usuarios. 

Entre sus funciones está la de velar porque se cumplan, por ejemplo, las exenciones al pago para el transporte de personas con discapacidad.
Presupuesto - Sin presupuesto propio
Remuneraciones - Sin datos propios
Presidente - Es gestionado por Vialidad Nacional
Intervenido - NO

8. ERAS

El Ente Regulador de Aguas y Saneamiento es un organismo interjurisdiccional que debe fiscalizar la calidad del servicio, proteger los intereses de la comunidad y verificar que se cumplan las normas de calidad del agua y de las instalaciones internas de provisión del servicio.

Su área de acción abarca a la ciudad de Buenos Aires y a varios partidos del conurbano bonaerense, como Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, San Isidro, San Martín, Tigre y Vicente López
Presupuesto - Sin presupuesto propio
Remuneraciones - Sin datos propios
Presidente - Alberto Monfrini
Intervenido - No

Formosa: el reino implacable del todopoderoso Gildo Insfrán

Ingeniero Juárez: en el extremo oeste, una ciudad de 15.000 habitantes con alarmantes índices de marginalidadPor Carlos M. Reymundo Roberts - LA NACION
Lleva 22 años consecutivos como gobernador, en los que ha avasallado todas las instituciones; es una de las provincias más pobres y vive bajo el flagelo de la corrupción y el narcotráfico.

Ingeniero Juárez: en el extremo oeste, una ciudad de 15.000 habitantes con alarmantes índices de marginalidad. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

FORMOSA.- Recorrer ciudades, pueblos y rutas de esta provincia, una de las más pobres del país y comarca del narcotráfico, es toparse con enormes carteles en los que el gobernador Gildo Insfrán proclama en una frase que acompaña su foto, también enorme: "Todavía queda mucho por hacer". Una invitación a que lo sigan votando. El problema de Insfrán, peronista y ultrakirchnerista, es que le queda mucho por hacer cuando ya lleva 22 años en el cargo, y otros ocho como vicegobernador de Vicente Joga. El mandato más largo en la Argentina desde el retorno a la democracia.

Insfrán no sólo acumula cinco períodos consecutivos. Con mano dura, persecución a la oposición y a la prensa, y avasallamiento de todas las instituciones, es el gobernador con más poder. Y, según innumerables fuentes, uno de los más ricos. Muchos lo comparan con un señor feudal. También es llamado patrón y dictador. Para otros, sencillamente Formosa es una provincia con dueño.
Proselitismo: los sábados, el programa ''Por nuestra gente, todo'' en ciudades y pueblos (en la foto, Villa Escolar) le permite a Insfrán montar actos en los que se promueve el culto a su personalidad
Proselitismo: los sábados, el programa ''Por nuestra gente, todo'' en ciudades y pueblos (en la foto, Villa Escolar) le permite a Insfrán montar actos en los que se promueve el culto a su personalidad. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

A veces, el calificativo de patrón es literal. "Este campo es de Insfrán, aunque figura a nombre de un testaferro. Tiene 25.000 hectáreas", dice un productor rural de la zona frente a la tranquera de una estancia sobre la ruta nacional 11. Testimonios similares se oyen en toda la provincia, con decenas de propiedades atribuidas al gobernador y a su familia. Imposible saber si es cierto, entre otras cosas, porque los funcionarios formoseños no están obligados a presentar declaración de bienes.

Insfrán, que no respondió los pedidos de entrevista de LA NACION, ganó sus primera elección para gobernador en 1995, cuando era ferviente menemista. Logró un fallo amañado para poder aspirar a un nuevo mandato, y en el segundo período fue por más, fue por todo, al conseguir una reforma constitucional que consagró la reelección ilimitada. Desde entonces siempre gana con más del 70% de los votos.
Páramo. El Parque Industrial, en la capital formose?a, refleja la realidad de una provincia que casi no tiene actividades productivas: muy pocas plantas, en su mayoría de firmas contratistas del Estado
Páramo. El Parque Industrial, en la capital formoseña, refleja la realidad de una provincia que casi no tiene actividades productivas: muy pocas plantas, en su mayoría de firmas contratistas del Estado. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

Voces de los más diversos sectores van por el mismo lado cuando exponen las razones de este verdadero fenómeno de hegemonía política. Inteligente y trabajador incansable, el gobernador, apuntan, tiene a la provincia en un puño no sólo por haber reunido la suma del poder público, sino porque, reducida a su mínima expresión la actividad privada, acá todo el mundo vive del Estado. "Fue una política deliberada. 

Hasta hace 30 años Formosa era productivamente importante, generadora de recursos y empleos, especialmente en las zonas rurales. Era una provincia sustentable. De eso queda poco o nada. En un porcentaje absolutamente mayoritario se vive de un empleo público o de planes sociales", dice el radical Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria de la Nación, el primer formoseño en integrar un gabinete presidencial. "El campo se despobló y la gente emigró a la capital, a la región este, donde hoy está concentrado el 80% de la población."

Sin recursos propios
Miseria: la ciudad de Ingeniero Juárez (15.000 habitantes), al noroesta, tiene sólo dos calles asfaltadas y alarmantes niveles de pobreza y marginalidad; además sufre el flagelo del narcotráfico
Miseria: la ciudad de Ingeniero Juárez (15.000 habitantes), al noroesta, tiene sólo dos calles asfaltadas y alarmantes niveles de pobreza y marginalidad; además sufre el flagelo del narcotráfico. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

De la escasa productividad hablan las cifras: el 95,5% del presupuesto es cubierto por fondos del gobierno nacional. Prácticamente no cuenta con recursos propios. Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, es la provincia con menos empleados registrados en el sector privado: 27.444 (le sigue La Rioja, con 29.750, pese a tener prácticamente la mitad de población). También es la que menos exporta: en 2016, apenas alcanzó los 21,8 millones de dólares (la penúltima es Neuquén, con 90 millones).

"Acá no hay trabajo ni futuro. La principal industria es la terminal de ómnibus: rajarse. Revisen las nóminas de Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas: están llenas de formoseños. Los jóvenes se van porque no consiguen empleo y escapan de la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico", dice el ex gobernador Joga, distanciado hace años de Insfrán.
Asentamiento. En el barrio San Antonio, vivienda precaria de una familia que llegó del interior y espera que el gobierno le entregue un "módulo habitacional": un ambiente de 3 por 3 y un ba?o
Asentamiento. En el barrio San Antonio, vivienda precaria de una familia que llegó del interior y espera que el gobierno le entregue un "módulo habitacional": un ambiente de 3 por 3 y un baño. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

En distintas ciudades y pueblos, decenas de personas, incluso en las postergadas comunidades aborígenes (una población aproximada de 90.000, en sus cuatro etnias), dijeron a LA NACION que su único ingreso es un plan social, son empleados públicos o trabajan como monotributistas en cooperativas contratadas por el gobierno o municipios. La tasa de actividad, que mide la gente que tiene trabajo o lo busca activamente, es de 31,8%, la más baja del país. La media nacional es 45,5%.

Con una pobreza superior al 50% según estimaciones privadas (el gobierno habla de 20,3%), Formosa se ha convertido en el reino del asistencialismo. Después de Buenos Aires y Córdoba es la que recibe el mayor número de AUH (asignación universal por hijo). Roberto Recalde, gerente de la Anses en Estanislao del Campo (11.000 habitantes entre urbanos y rurales), aporta un dato elocuente: "En esta ciudad, de cada diez personas, siete cobran un plan social. Se ha perdido totalmente la cultura del trabajo. Si buscás alguien para arreglar una canilla, cortar el pasto o pintar, no lo encontrás".

Según la Anses, se distribuyen en la provincia unas 42.000 pensiones por invalidez, el 24% de la población económicamente activa. "Clientelismo político", explican en el organismo.

El periodista gráfico y radial Diego Madoeri, uno de los más reconocidos de la provincia, afirma que la fórmula de Insfrán es haber conseguido que todos dependan de él. "De hecho, desalienta públicamente las inversiones, la llegada de empresas, porque eso generaría empleos fuera de su alcance, gente que no le debería nada. Los que viven del Estado son, para él, voto cautivo."

En línea con la política de no atraer "capitales foráneos", Formosa puede vanagloriarse de una rareza: no tiene un solo shopping ni locales de McDonald's.

Otra rareza es que no pasa día sin que Insfrán critique al presidente Macri, mientras su provincia es una de las tres que reciben más fondos del gobierno nacional.

Dominio absoluto
Área protegida: en la nueva costanera de la capital está prohibido tomar bebidas alcohólicas, la venta ambulante, remontar barriletes, tocar guitarra y cualquier manifestación política
Área protegida: en la nueva costanera de la capital está prohibido tomar bebidas alcohólicas, la venta ambulante, remontar barriletes, tocar guitarra y cualquier manifestación política. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

Ubicada en una región tropical del extremo norte y con estatus de provincia por decisión del presidente Perón en 1955, Formosa comparte más de 750 kilómetros de frontera con Paraguay, país cuya impronta política, económica y cultural ha terminado impregnándola. "Esto es un feudo. Un feudo stroessnerista [por Alfredo Stroessner, 35 años dictador del Paraguay]. Detrás de un disfraz de democracia hay una dictadura", dice el sacerdote Francisco Nazar, un porteño que lleva 46 viviendo acá y que en 2011 fue candidato a gobernador (ver entrevista en la próxima página).

Buryaile tiene una visión similar. "Es una provincia joven que ha tenido y tiene una enorme corriente inmigratoria de Paraguay, con toda la influencia que eso supone. Los paraguayos son gente dócil y con un componente machista muy marcado. Conozco a Insfrán hace años, tenemos una relación cordial, pero él ha explotado a fondo esas características hasta convertirse en amo y señor de todo."

El dominio político de Insfrán resulta abrumador. Sin dejar resquicio alguno para el disenso, maneja el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los órganos de control (a la Defensoría del Pueblo la llaman la "Defensoría del Gobierno"), los principales medios, colegios profesionales y hasta ONG, entidades deportivas y comparsas de carnaval. El Poder Judicial está totalmente subordinado al Ejecutivo. Cualquier posibilidad de autonomía terminó en marzo de 1999, cuando, bajo el cargo de "retardo de justicia" en una causa por un conflicto interno del PJ, el entonces presidente del Superior Tribunal (Corte Suprema), Carlos Gerardo González, fue llevado detenido y esposado por orden de un juez que respondía al gobernador. "Fue un escándalo, un hecho bochornoso, sin precedente en todo el país", dice Joga.

En 22 años no ha prosperado una sola denuncia por corrupción. La excepción, gracias a un resquicio procesal que dejó por error una jueza, es el caso que involucra a Amado Boudou por el millonario contrato de la firma The Old Fund para renegociar la deuda de la provincia.

En la Legislatura, el gobierno tiene la mayoría absoluta: de los 30 diputados, 21 son del PJ y 9 del Frente Amplio, opositor. Más allá de las diferencias, algo iguala a los bloques. Los dos cumplen una función meramente decorativa en un órgano que funciona como extensión del Poder Ejecutivo. La realidad de la Legislatura parece responder a una ficción guionada para ridiculizar la existencia de uno de las instituciones fundamentales del Estado. Con un presupuesto anual de 800 millones de pesos y plagada de asesores, se reúne una sola vez por semana, los jueves, en sesiones que duran no más de una hora y casi siempre para aprobar proyectos de resolución del oficialismo sobre temas menores, como declarar de interés una procesión religiosa.

La diputada Antonella Maglietti, del Frente Amplio, dice que muchas veces siente vergüenza de formar parte del cuerpo. "Desde diciembre de 2015 se sancionaron sólo 22 leyes: 16 del gobierno y 6 del bloque del PJ. Nuestra presencia es meramente testimonial, porque todos nuestros proyectos son rechazados casi sin debate y nunca pasan el filtro de las comisiones. Los diputados ni siquiera tenemos despachos."

El otro correlato físico de la insignificancia de la Legislatura es que las obras del edificio donde debería funcionar, frente a la plaza principal, se paralizaron hace unos 15 años.
Dos advertencias

Al llegar a la provincia, LA NACION recibió dos advertencias: tomar preferentemente agua mineral y cuidarse del aparato de inteligencia del gobierno. "Seguro que los van a estar siguiendo", previnieron no menos de cinco personas. Un sábado, durante una reunión de caciques wichis y dirigentes políticos con el cronista en un local de la ciudad de Ingeniero Juárez, móviles policiales pasaban por la puerta, aminoraban o detenían la marcha y después se alejaban. Uno de los dirigentes salió a la vereda y volvió con la novedad: "Nos están filmando".

"Insfrán sabe todo lo que pasa, no se le escapa nada", dice Adrián Malgarini, precandidato a diputado provincial por el Frente Amplio. "Es muy difícil ser oposición en una provincia en la que no hay estamentos del Estado ni de la actividad privada que escapen al control del gobierno. Igual, no nos damos por vencidos: hay que superar el miedo y apostar al cambio."

Miedo es una palabra que se repite una y otra vez: miedo a hablar, a perder el trabajo, a reprimendas. En una localidad del interior, un dirigente socialista hizo ante LA NACION una descarnada radiografía de la realidad provincial. Habló de niveles alarmantes de pobreza y de la falta de remedios, agua potable, cloacas, red de gas (sólo hay garrafas), pavimento. Cuando la entrevista había terminado, volvió sobre sus pasos. "Por favor, no pongan nada, o no pongan mi nombre. Ya una vez me fajaron. Casi me matan."

El senador nacional Luis Naidenoff (UCR) dice que impera un sistema de dominación, un Estado policíaco. "Pero el mayor triunfo de Insfrán es cultural: la autocensura. Porque ante la menor crítica te acusan de antiformoseño. Al lado de Insfrán, los Kirchner son chicos de pañales."

En la sede local de la Fundación Pensar, think tank de Cambiemos, cuentan que "pese a no ser un espacio de militancia, sino estrictamente técnico", deben hacer las reuniones en forma reservada, y que muchos se niegan a participar por temor a tener problemas con el gobierno.

La hegemonía del gobernador va de la mano del culto a su personalidad. En rutas y centros urbanos, los únicos carteles políticos que se distinguen son los de Insfrán. Casi todos los medios importantes, en prensa gráfica, radio y televisión, responden al mandatario y se dedican a amplificar sus mensajes, decisiones y actos. "Insfrán inauguró obras que reafirman la reconstrucción de Güemes", tituló a todo lo ancho de su primera página, días atrás, el diario oficialista La Mañana, el de mayor circulación. El gobernador había aprovechado su presencia en la localidad de General Güemes, que en 2014 fue azotada por un tornado, para montar uno de sus habituales actos proselitistas.

Los sábados, como parte del programa Por nuestra gente, todo, Insfrán se traslada a alguna ciudad o pueblo con medio gobierno y encabeza largas ceremonias a las que, bajo presión, concurren las autoridades locales, empleados públicos, entidades intermedias, colegios, clubes. Los momentos centrales son el discurso del gobernador y la sucesión de agradecimientos que recibe, en los que se ensalzan sus cualidades de "líder", "benefactor", "gran conductor". Según diversos testimonios, esas intervenciones deben pasar por el filtro de funcionarios del gobierno. En forma excepcional puede ocurrir que algo se salga de su sitio. Hace 10 días, durante el acto por el aniversario de una localidad, un sacerdote se despachó con un mensaje muy crítico. "Se inauguran hospitales, pero no hay médicos ni medicamentos. Y con la cultura de la dádiva se ha perdido la cultura del trabajo", dijo. A unos metros, Insfrán no ocultaba su contrariedad y hasta se negó a rezar el Padre Nuestro que siguió a las palabras del cura, que horas después fue descalificado por las principales espadas del gobernador.

El atrevimiento de Tevez

El precio de criticar la realidad formoseña lo tuvo que pagar incluso una figura tan popular como Carlos Tevez, que hace dos años, al llegar con Boca para jugar un partido, habló de la pobreza que había visto en las calles. Le cayó un aluvión encima, encabezado por Insfrán: "Son mentiras que forman parte de campañas sucias con guión armado", le contestó. Un funcionario de la Jefatura de Gabinete lo trató de "villerito europeizado".

Tevez había descripto lo que está a la vista de cualquiera. Y no vio lo peor. La capital, donde vive algo menos de la mitad de los cerca de 600.000 formoseños (528.000, según el censo de 2010), es zona de contrastes entre barrios medios y bajos o muy bajos, que concentran los mayores núcleos poblacionales. Un turista preguntó en su hotel cuál era la zona residencial más acomodada para visitarla. "No hay", le respondieron. El interior es más homogéneo: reina la pobreza. Ingeniero Juárez, en el extremo oeste, que con sus aproximadamente 15.000 habitantes es la quinta ciudad de la provincia, tiene sólo dos calles asfaltadas, y alejarse tres cuadras del centro es sumergirse en un mundo de marginalidad extrema. "Más que pobreza, acá hay miseria. En las barriadas, los chicos pasan hambre y la mortalidad infantil es altísima. Fíjense cómo viven", dice una trabajadora social que pide no ser identificada, mientras muestra fotos de chozas que parecen de animales.

En el Este, Clorinda (100.000 habitantes, la mayor después de la capital), destaca por su actividad comercial gracias a la vecindad con Asunción, con la que mantiene un fluido y despenalizado, de hecho, contrabando de ida y vuelta. Pero tampoco escapa a la constante de centros urbanos apenas desarrollados y villas en las periferias. Su intendente es Manuel Celauro, un peronista que, pese a estar totalmente alineado con Insfrán, recibe a la nacion en su despacho, gesto de autonomía infrecuente. "¿Que hay pobres en Formosa? ¿Y dónde no hay pobres?", dice.
Esqueleto. Edificio sin concluir de la Legislatura, en la que el oficialismo tiene mayoría absoluta y funciona como extensión del Poder Ejecutivo; las obras están paralizadas desde hace 15 años
Esqueleto. Edificio sin concluir de la Legislatura, en la que el oficialismo tiene mayoría absoluta y funciona como extensión del Poder Ejecutivo; las obras están paralizadas desde hace 15 años. Foto: LA NACION / Fernándo Gutiérrez y Alberto Brítez

En la capital, el gobierno ha construido, con fondos de la Nación, enormes barrios de viviendas populares. El último, que se va inaugurando por etapas, es Nueva Formosa, cercano al aeropuerto. Tiene un problema estructural: está en una zona que habitualmente se inunda. Muchas de las viviendas de barrios como El Porvenir, Urbanización España y Lote 11 son de un solo ambiente, de 3 x 3, y, afuera, un baño. La idea es que quienes reciben esos "módulos habitacionales", como se los llama, los vayan ampliando, algo que muchas veces no ocurre. Se ve, así, a familias enteras hacinadas en 9 metros cuadrados o debajo de chapas.

"Nosotros tenemos suerte: somos tres", sonríe Elva Zárate (38 años) en un módulo del barrio Urbanización España. La pequeña ampliación que hicieron con el marido es muy precaria: superposición de maderas, cartones y chapas. En el único ambiente de material duermen con su hijo, de 8 años. "Se está poniendo grande. Vamos a tener que sacarle la cama del cuarto." Ya los asaltaron tres veces. "Se llevaron todo. Son chicos que roban para poder comprar droga."

En una casa algo más amplia del barrio El Porvenir vive Elsa Ramírez (53 años) con sus siete hijos. Recibe un plan social y junta hilos de cobre, básicamente de electrodomésticos en desuso, para venderlos por kilo. Tarda de una a dos semanas en juntar un kilo, por el que le pagan 35 pesos.

La costanera, sin pobres

Como muchos, el senador Naidenoff sostiene que la pobreza no es aquí estructural ni definitiva. "Hay un millón de hectáreas potencialmente aptas para producir, en las que no se está haciendo nada. Podríamos tener algodón, sorgo, maíz, girasol, soja, acerraderos. Sólo hay ganadería, y poco desarrollada. Pero trabajando no es difícil revertir la situación."

El caso del algodón es paradigmático. Principal cultivo durante años, al punto de ganarse un lugar en el escudo de Formosa, en las últimas décadas se ha reducido dramáticamente.

Un rasgo llamativo de la capital es su nueva costanera, que de tan vistosa e inmaculada se ha convertido en atracción turística. Pero tiene su contracara: está prohibido -por orden de Insfrán, dicen- tomar bebidas alcohólicas, tocar guitarra, cualquier actividad política, la venta ambulante y remontar barriletes. Dos vecinos que la recorren a diario cuentan que eso no es lo peor. "¿Vieron algún pobre? Si aparece uno, enseguida viene la policía y lo saca."

El narcotráfico es otra realidad que atraviesa la provincia, cuya extensa frontera con Paraguay es absolutamente permeable. En kilómetros enteros, los ríos que marcan el límite -el Pilcomayo al Norte y el Paraguay al Este-, se pueden cruzar caminando. No hay centro urbano ni zonas rurales en los que no haya penetrado la droga, y al gobierno se lo acusa de inacción o, incluso, de complicidad. Con el cambio de autoridades nacionales, fuerzas federales detuvieron a bandas de narcos vinculadas a la administración provincial. Uno de los casos más resonantes fue, en octubre pasado, el del camión con zapallitos que ocultaba dos toneladas y media de marihuana. El camión era de una sobrina del gobernador.

Pobre, atrasada, corrompida, Formosa no deja de ser un reino. El reino, desde hace 22 años, de Gildo Insfrán.

95% Del presupuesto de la provincia es cubierto con fondos de la coparticipación federal; prácticamente no genera recursos propios.

80% de la población vive en la región este, básicamente en las dos mayores ciudades de la provincia: la capital y Clorinda.

22 leyes aprobó la Legislatura en un año y medio, todas del oficialismo, que tiene mayoría absoluta: 21 diputados sobre 30; es una extensión del Ejecutivo.

viernes, 21 de julio de 2017

Ultimátum del Mercosur: expulsarán a Venezuela si Maduro no da marcha atrás

Por Santiago Dapelo - LA NACION
El texto que firmarán los otros miembros plenos del bloque regional le advertirá que si insiste en convocar a una Constituyente, su país será suspendido en forma permanente
El canciller Faurie junto a Dujovne, en la reunión de ministros de ayer
El canciller Faurie junto a Dujovne, en la reunión de ministros de ayer. Foto: Marcelo Aguilar López

MENDOZA.- La advertencia tiene la fuerza de un ultimátum: si el presidente venezolano, Nicolás Maduro , insiste en realizar las elecciones del 30 de este mes para convocar a una Asamblea Constituyente, el Mercosur podría suspenderlo de forma permanente. El intento del mandatario le otorgaría poderes plenos y limitaría todavía más la ya muy debilitada democracia venezolana.

El llamado del Mercosur es un anticipo de la expulsión de Venezuela del bloque regional. Ése será uno de los principales puntos que tendrá el documento que firmarán hoy en esta ciudad los presidentes Mauricio Macri , Michel Temer (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay).

Hasta ayer a última hora no estaba claro si Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile), presidentes de países asociados al bloque, también suscribirán el texto. "Estamos haciendo el esfuerzo para tratar de disuadir a Venezuela para tener una instancia de diálogo. Pero la solución de Venezuela tiene que partir de ellos. Si el 30 de julio ellos no han alterado la convocatoria, generan una grieta difícil de subsanar", dijo a LA NACION el canciller Jorge Faurie .

El presidente Mauricio Macri llegó anoche a esta ciudad para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, y firmará hoy el documento que tendrá a Venezuela como eje central.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión de echar a Venezuela, en caso de que Maduro no acepte el reclamo que le harán hoy los integrantes del Mercosur, se realizará antes de la próxima reunión del bloque prevista para diciembre. "No hay margen para esperar mucho tiempo; no vamos a esperar a la próxima cumbre", adelantó Faurie.

El documento también pondrá énfasis en los avances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno aspira a anunciar antes de fin de año. El entendimiento, que ya lleva 15 años de negociaciones, se aceleró en los últimos meses a partir de las medidas proteccionistas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Ayer Maduro ordenó la detención "por terroristas" de los dirigentes opositores que participaron del paro contra su administración, y calificó de "ilegal" la reunión de sus pares en esta ciudad. De esa forma, mientras en Venezuela crece la tensión, la situación política y social que atraviesa ese país volvió a protagonizar la cumbre del Mercosur. Si bien no fue el único tema, se llevó gran parte del debate en la reunión preparatoria de la que participaron los cancilleres y algunos ministros.

"Nos preocupa especialmente lo que ocurre y pedimos que las autoridades venezolanas se abstengan o desistan de realizar la elección para conformar la Constituyente. Ese sería un paso en una dirección no deseada", dijo el vicecanciller Daniel Raimondi, en conferencia de prensa.

Esa medida, de concretarse, no implicará sanciones económicas para Venezuela.

Los integrantes del Mercosur no tienen pensado avanzar con castigos comerciales, porque eso perjudicaría a la ciudadanía. "Cualquier medida que se adopte tiene especial énfasis en no afectar al pueblo venezolano de ninguna manera", destacó Raimondi, durante su charla con los periodistas.

Así, la posición del Mercosur se endurecerá en línea con la posición que mostró desde que asumió en su cargo el presidente Macri, quien aseguró en más de una oportunidad que Venezuela no es una democracia y que en ese país no se respetan los derechos humanos. Incluso, hace una semana, el líder opositor Leopoldo López, quien salió de la cárcel después de permanecer detenido más de tres años, llamó al Presidente para agradecerle por su respaldo.

"La Argentina ya se ha manifestado con preocupación por la crisis social, política y la gran cantidad de gente que ha perdido la vida. Nos parece que es importante que el Mercosur, como grupo regional, se manifieste sobre esa situación condenando los hechos de violencia, bregando por el restablecimiento de las instituciones democráticas, las libertades civiles y la restitución de los derechos humanos", agregó Raimondi, segundo de la Cancillería.

La situación actual

Hoy Venezuela está suspendida por una razón más jurídica que política relacionada con el incumplimiento de los compromisos para convertirse en un miembro pleno.

Con la nueva sanción que prepara el bloque regional se aplicaría el protocolo de Ushuaia para la defensa de la democracia, que en la práctica representa la salida de Venezuela de todos los órganos de acción del Mercosur. "Venezuela ya está suspendida, sí. Pero este caso será por una cuestión política. Será también importante que el grupo regional pueda manifestarse en una cuestión tan sensible", resaltó Raimondi.

Otro de los presentes en la Cumbre de Jefes de Estado que aludió directamente a la cuestión de Venezuela fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , quien manifestó que en el régimen de Nicolás Maduro "no funcionan las normas básicas del Mercosur".

Apenas pisó suelo argentino, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, también hizo referencia a la problemática que abrió en la región el caso Venezuela. "Consideramos que una política de Estado de nuestro país es el respeto al derecho internacional de no intervención en asuntos internos de otros países. Es un momento triste para el pueblo venezolano, rechazamos la violencia. Uruguay tiende su mano para ver si encontramos el camino de la búsqueda de soluciones", dijo el mandatario uruguayo.

Venezuela deberá responder a la advertencia del Mercosur antes del 30 de julio, cuando se celebrarán las elecciones para la Asamblea Constituyente.

domingo, 16 de julio de 2017

Cumbre del G20 en Argentina: ¿el rey está desnudo?

Por Fabián Calle - Infobae.com
Un evento como el G20 requiere una preparación, una organización y medidas aún mucho más amplias que las que requirieron la Cumbre Hemisférica del 2005 en Mar del Plata, con la presencia de George W. Bush o la más reciente visita de Barack Obama al país
(Presidencia)
De acá a 12 meses la Argentina será sede del evento internacional más importante que haya tenido en su historia. La presencia de los líderes mundiales que representan casi el 90% del PBI mundial y aún más del poder militar. Durante un par de días estarán por nuestras tierras Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Xinping, Emmanuel Macron y Theresa May, entre otros. En un mundo con crecientes rasgos multipolares, el escenario no podrá ser más impactante.

Desde este mismo momento o aun antes habrá sectores en la Argentina que estarán pensando cómo echarlo a perder o aprovecharlo para que la prensa mundial registre sus protestas y sus reclamos. Ventaja, mínima pero ventaja al fin: el 2018 no será electoral, por lo cual quizás toda esta teatralización se modere al menos un poco. Pero vayamos más allá del tradicional psicodrama argentino y el "cuanto peor, mejor".

Un evento como el G20, para explicarlo sencillamente, requiere una preparación, una organización y medidas aún mucho más amplias que las que requirieron la Cumbre Hemisférica del 2005 en Mar del Plata, con la presencia de George W. Bush o la más reciente visita de Barack Obama al país. Dista de ser meramente una cuestión policial y de servicios de inteligencia. Se trata ante todo de una operación militar conjunta entre nuestras Fuerzas Armadas, combinada y articulada con las fuerzas de seguridad y policiales. Sin ir más lejos, en el 2005 el gobierno de entonces, más allá de la estrategia político-electoral de fobizar y polarizar con Bush, estableció una zona de restricción de vuelo sobre Mar del Plata y desplegó aviones de combate A4M adquiridos durante el gobierno de Carlos Menem.

Asimismo, recibió una donación del Pentágono de 11 misiles aire Sidewinder para dotar a nuestros aviones de capacidad de intercepción. También se desplegaron unidades de la Armada Argentina frente a las costas, enlazadas con barcos de la US Navy. Todo esto mientras la delegación argentina confrontaba con Bush en nombre del progresismo en la región. Paradójicamente, el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, optó por invitar pos cumbre a Bush a pasar casi dos días a solas en el país vecino para hablar tranquilos y buscar espacios de cooperación. Sería más que interesante saber qué comentarios hicieron ambos en su relajada conversación a solas sobre la exaltación verbal de la delegación argentina.

Volvamos al G20 del 2018 y que ya equipos técnicos en la Cancillería y Casa Rosada comienzan a preparar. Una de las primeras preguntas que se pueden formular es: ¿cuál es el mejor lugar para realizar el evento? ¿La macrocéfala Buenos Aires? Epicentro de la disfuncional combinación de una Constitución federal, pero una psicología colectiva fuertemente unitaria o, en otras palabras, todo termina en Plaza de Mayo. La versión politológica del dicho tantas veces escuchado: "Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires".

Por ello y además como forma de ser realmente más federales, cabría pensar lugares alternativos y dotados de adecuada infraestructura. En mi caso, pienso en Mendoza; otros colegas ven con buenos ojos algún importante complejo turístico en Bariloche. Habrá que sopesar los pros y los contras en materia de seguridad y logística. En el caso de la zona de Cuyo en general y Mendoza en particular, la asistencia en defensa que brindarán las potencias en general y los Estados Unidos en particular por su capacidad de despliegue global, aún único, permitirá que aviones radar de largo alcance que operen sobre el Pacífico cubran el escenario de la cumbre.

Un desafío para la defensa argentina será contar para ese momento con al menos una capacidad básica de aviones de intercepción a reacción y dotados de armamento adecuado y enlazados con radares propios y de los países que cooperen en la seguridad de sus respectivos presidentes y primeros ministros. También material de intercepción tierra-aire y una fluida articulación entre nuestras fuerzas policiales, de seguridad y militares.

El ministro de Defensa de la Argentina, recientemente designado, tendrá este tema en su mesa, durante los próximos largos meses, como una de las cuestiones cruciales de su gestión. Quizás uno de los efectos colaterales y hasta involuntario de ser anfitriones de un evento único como un G20 sea comenzar a pensar y jerarquizar la defensa nacional.

jueves, 13 de julio de 2017

El Gobierno está dispuesto a extraditar a Chile Jones Huala

El Gobierno está dispuesto a extraditar a Chile Jones HualaPor Natasha Niebieskikwiat (Clarin.com) - Está acusado de incendiar campos  y una estancia.

Foto: Jones Huala (centro)
En el Gobierno hay disposición favorable a que se extradite al referente mapuche Facundo Jones Huala a Chile si las condiciones judiciales así lo permiten y los vecinos la vuelven a pedir, confiaron altas fuentes a Clarín.

Nacido en Bariloche de un granjero inglés y de una activista nativa, a Huala se lo acusa en el país vecino de estar por detrás de incendios de campos y de una estancia en la que dejaron atados a los árboles cercanos al incendio a los peones que trabajan allí. Ello es para el Gobierno suficiente motivo de extradición, señalaron las fuentes a Clarín. Se lo acusa también en Chubut de estar por detrás de otros incendios y de asaltos a camiones, en lo que es esta compleja problemática de reclamos de tierra mezclados con delitos que protagonizan los pueblos originarios en la Patagonia argentino-chilena, y que ha puesto en alerta a las autoridades de Buenos Aires por reclamo de Santiago.

A decir verdad, el Gobierno no podrá intervenir directamente en una trama que es hoy judicial. De ello hablaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj y su par chilena Lorena Fires, durante el viaje de Mauricio Macri a encontrarse con Michelle Bachelet el pasado 27 de junio.

Poco después fue detenido por la Gendarmería Nacional en un control y fue alojado en una unidad en Esquel. Su defensa denunció penalmente al juez Gustavo Villanueva y al fiscal Jorge Bagur Creta por "su privación ilegal de la libertad" y también acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la demora del tribunal en pronunciarse respecto del trámite a un proceso inicial de extradición por el que se ordenó esta nueva detención. En 2016, Chile había pedido por él a la Argentina pero el juez federal Guido Otranto lo liberó

Huala estuvo en prisión de mayo a septiembre de 2016 en el marco de ese proceso finalmente anulado por Otranto, que dispuso liberarlo. Sobre ello es que debe pronunciarse la Corte Suprema. Si anula el proceso, Chile puede volver a pedir su extradición.

miércoles, 12 de julio de 2017

Cambios en el Gabinete: Mauricio Macri envió señales a la UCR

Resultado de imagen para Mauricio MacriPor Mariano Obarrio (La Nación) - Oscar Aguad reemplazará a Julio Martínez en la cartera de Defensa y Carlos Vignolo se hará cargo del Plan Belgrano; también manifiesta continuidad en la gestión de la educación

Con el nuevo cambio de gabinete anunciado hoy, el presidente Mauricio Macri envió señales de continuidad en la gestión de la educación y de buena sintonía a la conducción formal de la UCR, que encabeza José Corral. Dos dirigentes radicales fueron designados con rango de ministros y en Educación gestionará el mismo equipo que ahora.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, será reemplazado por un incondicional suyo, el actual director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, le dejará su cargo a su par de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director del Plan Belgrano, José Cano, con rango de ministro, será sustituido por el secretario general de la gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, hombre del gobernador Ricardo Colombi . Martinez, Cano, Aguad, Vignolo y Colombi son radicales de vieja data. Bullrich, Martínez y Cano renunciarán desde el viernes próximo para dedicarse a la campaña con miras a las elecciones del 22 de octubre. Finocchiaro, Aguad y Vignolo asumirían el lunes siguiente.

En las conversaciones originales sobre su candidatura a senador, Bullrich, había puesto tres condiciones ante la Casa Rosada: mantener las políticas educativas, confirmar en su cartera a su equipo, y nombrar como su sucesor a Finocchiaro, su hombre de confianza desde era ministro en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri le cumplió los tres pedidos y la confirmación de Finocchiaro es una señal de respaldo al ahora ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal por el acuerdo en las paritarias docentes logrado la semana última.

"Con la actual confirmación, Bullrich sería un senador que además va a tener mucho control sobre la educación", señalaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada.

Un nubarrón asoma con el reemplazo de Finocchiaro en la gobernación. Vidal tiene decidido reemplazarlo por Gabriel Sánchez Zinny, actual coordinador del SAME, en la provincia.

Pero el cargo de director General de Cultura y Educación requiere el acuerdo del Senado bonaerense y algunos sectores de la oposición están analizando con lupa sus papeles: dicen que reside en la Capital Federal más allá de que presentó un domicilio en San Isidro. El artículo 201 de la Constitución provincial le exige los mismos requisitos que para los senadores: ciudadanía en ejercicio y residencia inmediata de un año para los que no hayan nacido en ella.

Con el nombramiento de Aguad en Defensa, Macri le dará al radicalismo el ministerio que tenía otro radical, Martínez. Se trata de una cartera que siempre fue bien recibida por la UCR desde tiempos de Horacio Jaunarena.

Con ese mismo movimiento, Comunicaciones pasará a ser una secretaría de Estado bajo la órbita del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que sumará más poder. El traspaso implicaría, empero, un recorte de gastos en la actual estructura de Comunicaciones.

Finalmente, Macri resolvió mantener a Ricardo Buryaile como ministro de Agroindustria y no reducir el área a una Secretaría de Estado como se había analizado. Esto es porque Buryaile no será candidato a senador en Formosa. Pero tendrá, sí, el encargo de reducir un 10% sus gastos, tal como informó hoy LA NACION. En todas las áreas del Poder Ejecutivo habrá un recorte de gastos con miras al presupuesto 2018.

Además, hubo un premio para el gobernador Colombi por haber ganado las elecciones de Corrientes capital y habérsela arrebatado al PJ. En el Plan Belgrano, Cano le pasará la posta a Carlos Vignolo, actual secretario general de la gobernación, hombre de confianza de Colombi.

Como operador político, Vignolo fue el arquitecto de la victoria de Eduardo Tassano, que derrotó hace un mes al peronista Fabián Ríos en la capital correntina. El Presidente reconoció ese logro con su designación.

Por su parte, Colombi resolvió un problema en su frente interno. Vignolo competía con el diputado nacional Gustavo Valdez (UCR), otro hombre de confianza del gobernador, para postularse a la gobernación en las próximas elecciones provinciales, que aún no tienen fecha. Con la designación de Vignolo con rango de ministro nacional, Valdez quedó confirmado como el candidato de Colombi para la alianza Encuentro por Corrientes que será apoyada por Macri.

martes, 11 de julio de 2017

Recortarán un 10% los gastos en el Ministerio de Agroindustria

El ministro de agroindustria, Ricardo BuryailePor Fernando Bertello - LA NACION
Tras la confirmación de que no se fusionará con Producción, la cartera congelará vacantes y reducirá los pagos en alquileres; también bajarán los subsidios.

El ministro de agroindustria, Ricardo Buryaile. Foto: Archivo / Fabián Marelli

Confirmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el Ministerio de Agroindustria no se fusionará con Producción y mantendrá ese rango, en la cartera que conduce el ministro Ricardo Buryaile ya están trabajando en la orden que bajó desde la Casa Rosada a todos los ministerios para reducir el gasto.

Según pudo saber LA NACION, están afilando la tijera para podar al menos un 10% el gasto. De acuerdo con el presupuesto 2017, a la cartera se le asignaron $ 6900 millones para su administración central y $ 9884,4 millones para los organismos descentralizados, que incluyen desde el INTA y el Senasa hasta el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. En total, el presupuesto se fijó en $ 16.784,4 millones.

"El presupuesto para el año que viene ya se está empezando a procesar. Por la forma de cálculo, va a ser más chico en moneda constante. Hay un flujo de $ 9000 millones (sobre el total sin personal) y debería ser de $ 11.000 millones si se actualizara por la inflación. Sin embargo, va a estar en un 10% menos", apuntó una fuente que conoce los entretelones de la movida. "Esto no significa que se va a dejar de hacer cosas, sino que se gastará mejor", agregó.

Interlocutores que estuvieron con autoridades de Agroindustria en las últimas semanas afirman que les escucharon hablar de "achique" para el futuro inmediato de la cartera. De hecho, allí vienen de fusionarse las secretarías de Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial. Entre una subsecretaría menos (Coordinación Institucional) y direcciones y coordinaciones que se bajaron, con la fusión hay 23 dependencias menos.

Otras direcciones y coordinaciones, que están en 15 subsecretarías, podrían tener un destino similar. Según datos de la Fundación Libertad y Progreso, en abril pasado, antes de la fusión entre Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial, en Agroindustria había 30 direcciones nacionales, seis direcciones generales, 63 direcciones y 70 coordinaciones.

Sin contar el personal de organismos como el INTA y el Senasa, Agroindustria sola tiene un plantel de más de 3000 personas. Hubo un recorte de más de 300 contratos apenas se produjo el recambio presidencial de diciembre de 2015 y luego tampoco se hicieron renovaciones. En esa cartera dicen que el nuevo achique no pasará por sacar personal. Sin embargo, "no se va a tomar gente nueva" y los puestos que se vayan cerrando no tendrán cobertura.

Entre otras cosas, se prevé reducir el monto para aportes no reintegrables (ANR), que hoy se entregan en calidad de subsidios. "De lo que se gaste, se va a gastar bien", insistió la fuente consultada. En tanto, la decisión es preservar programas que tienen un impacto en infraestructura, como el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap). Con financiamiento de bancos internacionales, como el BID, y local, en los últimos 20 años ese programa tuvo un financiamiento de US$ 1346,7 millones.

En Agroindustria ya han intentado hacer más eficiente el manejo de áreas como el parque automotor, que de 700 vehículos que había cuando llegaron las autoridades ahora hay algo más que 400 unidades.
Resultado de imagen para Ministerio de Agroindustria
Lo otro que desvela en el Ministerio es el creciente gasto en alquileres en la misma ciudad de Buenos Aires. Por el edificio del Inase se pagan unos tres millones de pesos al año y otro tanto se va sumando otras oficinas, entre ellas las que están sobre la calle Azopardo, atrás de la sede de Agroindustria en Paseo Colón al 900. También el Senasa tiene varias oficinas alquiladas y el INTA hace lo propio en muchos lugares en el Interior.

Otro edificio

Una idea que anda dando vueltas por la cartera de Agroindustria es la posibilidad de bajar el gasto en alquileres en Buenos Aires activando la construcción de un edificio propio en un terreno que tiene el Ministerio en el puerto porteño. Se trata un viejo predio que desde principios del siglo XX se usaba para poner en cuarentena a animales que venían del exterior. Durante el mandato de Cristina Kirchner, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, había pensado esa posibilidad para las oficinas alquiladas con otro tipo de proyecto.

Para el INTA y el Senasa, "racionalización" será la palabra que también deberán incorporar en sus gastos, según dicen las fuentes consultadas.

sábado, 1 de julio de 2017

Cambios en el Gabinete: Ibarra suma más poder

El ministro de Modernización Aníbal Ibarra suma más poderPor Mariano Obarrio - LA NACION
Comunicaciones estará bajo su órbita y Aguad será ministro de Defensa

El ministro de Modernización Aníbal Ibarra suma más poder. Foto: Archivo 

Luego de la definición de los candidatos de Cambiemos para las elecciones del 22 de octubre próximo, la primera consecuencia directa en el gabinete de Mauricio Macri será el crecimiento del poder del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Está casi definido que su organismo absorberá al Ministerio de Comunicaciones, que ahora está en manos de Oscar Aguad, hombre que pasará a ser ministro de Defensa.

Esto es así porque el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, renunciará el 14 de julio próximo para ser candidato a senador en La Rioja por Cambiemos. "Esto es una posibilidad muy fuerte", dijo a LA NACION un alto funcionario allegado al jefe del Gabinete, Marcos Peña.

De ese modo, el Ministerio de Defensa continuará en manos de un representante de la UCR, partido al que pertenecen tanto Martínez como Aguad, su casi seguro sucesor. La partida del dirigente riojano a la será aprovechada para reducir un ministerio de los 21 s que actualmente tiene el organigrama macrista.

El 14 de julio dejará también de ser ministro de Educación Esteban Bullrich, que comenzará su campaña como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. También se irá del cargo el director del Plan Belgrano, José Cano, que tiene rango de ministro, porque se postulará para diputado nacional por Tucumán.

Tal como adelantó LA NACION, Bullrich sería reemplazado por Alejandro Finocchiaro, actual director general de Educación del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Finocchiaro es un hombre de su propio equipo desde cuando era ministro en la Ciudad.

En tanto, Cano sería sustituido por un "hombre del interior mano derecha de un gobernador de Cambiemos".

De este modo, se pondrá en práctica la idea de reducir la cantidad de ministerios. Lo que actualmente es la estructura del Ministerio de Comunicaciones, que tiene dos secretarías de Estado, tres subsecretarías y 36 direcciones y coordinaciones, pasará a ser una Secretaría de Comunicaciones bajo la órbita del Ministerio de Modernización que dirige Ibarra, un funcionario del círculo cercano a Macri.

Bajo la órbita de Modernización también se podrían incluir áreas de innovación y de tecnología de los ministerios de Producción y de Ciencia y Técnica. De ese modo, Ibarra pasará a ser un ministro con muchas más atribuciones de las que actualmente tiene, con cuatro secretarías, nueve subsecretarías y 92 direcciones.

Si bien se había analizado la posibilidad de fusionar el Ministerio de Agroindustria, de Ricardo Buryaile, con la cartera de Producción, de Francisco Cabrera, esto finalmente fue descartado. Sucede que Buryaile finalmente no será candidato a senador por Formosa, porque resolvió sus discusiones políticas de pago chico con el senador Luis Naidenoff, que se postulará en esa provincia para octubre próximo.

En caso de que Buryaile fuera candidato, Macri analizaba convertir a Agroindustria en una secretaría del Ministerio de Cabrera. Pero además pesaron las fuertes presiones de las entidades agropecuarias que rechazaron la idea de bajarle el rango al organismo porque lo consideraban una mala señal para el sector. La posibilidad fue rechazada esta misma semana por Marcos Peña.

viernes, 30 de junio de 2017

Auditarán el contrato del Sarmiento

Resultado de imagen para Auditarán el contrato del SarmientoPor Maia Jastreblansky - LA NACION
El Gobierno creó un equipo tripartito para buscar indicios de sobornos.

Decidieron bautizarlo "Equipo de Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública del Soterramiento". Pero, en rigor, será un grupo de funcionarios y asistentes que se encargará de bucear en los papeles de la emblemática obra ferroviaria, para detectar indicios de coimas o sobreprecios en el marco del Lava Jato.

El Gobierno oficializará en las próximas horas la creación de un entre tripartito integrado por representantes del Ministerio de Trasporte, de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Auditarán el contrato del soterramiento en su etapa kirchnerista. Sobre todo, con la mira en Odebrecht , ahora que la empresa decidió retirarse del proyecto.

Según señalaron fuentes oficiales, el equipo tendrá seis integrantes con el objetivo de "verificar si hay distorsiones en el precio de la obra y posibles perjuicios fiscales al Estado, para luego hacer un informe final con esos resultados".

La idea del ente tripartito surgió luego de que quedaran frustradas y suspendidas las negociaciones con Odebrecht, que se extendieron por varias semanas y no llevaron a buen puerto. Mauricio Macri quería conseguir, de primera mano, datos de las presuntas irregularidades en torno a la obra ferroviaria.

El producto del trabajo del equipo tripartito será un insumo para el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Se trata del funcionario que debe estimar el monto de los daños causados al Estado, para exigirle un resarcimiento económico a la empresa y eventualmente, iniciar una demanda civil.

Otro de los objetivos del Gobierno es ir contra Odebrecht, pero evitar futuras contrademandas millonarias, como ocurrió con el contrato de los gasoductos, que fue rescindido por el ministro de Energía, Juan José Aranguren

Mientras investiga los antecedentes de la obra, el Gobierno respira más aliviado. Ayer se confirmó que Odebrecht se apartará del consorcio de empresas a cargo del soterramiento del Sarmiento. La italiana Ghella comprará el 30% que le correspondía a la gigante brasileña.

lunes, 26 de junio de 2017

El Gobierno tiene en revisión obras de energía por $ 100.000 millones

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Se trata de proyectos en los que sospechan que hubo distintas irregularidades, como denuncias de sobreprecios, costos exageradamente altos o incumplimientos con el marco legal

Un año y medio después del cambio de mando, el gobierno de Mauricio Macri tiene en revisión proyectos de infraestructura energética heredados del kirchnerismo por más de $ 100.000 millones, según datos de la Jefatura de Gabinete. Son obras en las que la gestión actual, a cargo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, encontró irregularidades de distinta índole.

Las obras, lanzadas en su momento por el Ministerio de Planificación, que conducía Julio De Vido, presentan denuncias de sobreprecios, costos exageradamente altos, incumplimientos con el marco legal, deficiencias burocráticas y falta de criterios técnicos, entre otras falencias.

Las centrales patagónicas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic están al tope de esa lista. Si bien Mauricio Macri dudó originalmente de seguir adelante con el proyecto, decidió continuar tras escuchar las sugerencias del ministro Aranguren y de la ex canciller Susana Malcorra, que temía que su cancelación entorpeciera las relaciones con China (las centrales se harán con financiamiento asiático).
El Gobierno tiene en revisión proyectos de infraestructura energética heredados del kirchnerismo por más de $ 100.000 millones
El Gobierno tiene en revisión proyectos de infraestructura energética heredados del kirchnerismo por más de $ 100.000 millones. Foto: Archivo / Horacio Córdoba

Más allá de eso, la obra fue replanteada y el Gobierno la terminará, pero está en el último tramo de revisión, que culminará con una audiencia pública para resolver los cuestionamientos ambientales, entre otros. El presupuesto actual ronda los US$ 4700 millones. Según un documento oficial que vio LA NACION, tiene un grado de avance del 10,8% y se redujo en US$ 1400 millones el presupuesto del proyecto que había sido aprobado por el kirchnerismo.

También en Santa Cruz está el segundo entre los grandes proyectos dilatados tras el cambio de gobierno. Se trata de la central eléctrica a carbón Río Turbio, por la que hasta ahora se pagaron US$ 1600 millones, aunque aún no está terminada. En la práctica, ése es el número que ya desembolsó el Estado durante la administración kirchnerista, pero la constructora española Isolux Corsán pedía una suma millonaria adicional para terminar la usina.

Desde hace meses los funcionarios de Energía discuten con la empresa -que cambió toda su cúpula en medio de denuncias por presuntos "comportamientos irregulares"- los números finales del proyecto, que debería ponerse en marcha este año, al menos parcialmente. Un documento al que accedió LA NACION sostiene que la gestión actual redujo el costo de la obra en US$ 550 millones con respecto al reclamo de la compañía, cuyo monto no se precisó.

En diciembre pasado, la estatal Enarsa dio de baja los contratos que tenía con Iecsa -la compañía de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que este año se la vendió a Pampa Energía- para finalizar las centrales eléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán por $ 5600 millones, según el dato anunciado por la administración anterior. El Gobierno prevé relicitar las obras faltantes, por lo que la iniciativa también tuvo demoras.

La ampliación y extensión de la central nuclear Embalse Río Tercero y obras en siete centrales térmicas forman parte de la misma lista en revisión. Aunque con números más chicos, pero que también implican fondos públicos millonarios, hay decenas de obras de transporte y distribución de gas, uno de los sectores donde están las mayores sospechas de corrupción, en el marco del plan Más Cerca, que estaba entre las cajas que manejó De Vido.

El caso Santa Cruz

En muchos casos están en revisión porque se detectaron sobreprecios, en especial en la provincia de Santa Cruz. Allí, por caso, estaba previsto construir un gasoducto de $ 3,44 millones que debía recibir la gobernación para alimentar las localidades de Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos, pero la administración actual lo anuló por esa clase de denuncias.

En total, en el marco del plan Más Cerca hay 12 proyectos que han sido o están siendo evaluados, de los cuales cuatro están parados en proceso de revisión de precios y tres, en proceso de elaboración de informes que indican costos más altos que lo estimado como razonable.

El refuerzo de un ramal de un gasoducto y de la red de gas en Puerto Santa Cruz por $ 30,9 millones, que debía hacer Servicios Públicos Sociedad del Estado, una empresa provincial, está en revisión porque se detectaron costos excesivamente altos, al igual que en otra obra de $ 5 millones en San Benito, en la misma provincia. También en el marco del plan Más Cerca hay varias obras paradas o inconclusas en las provincias de Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Buenos Aires, Tucumán y La Rioja.

En materia de transporte y distribución eléctrica, las obras bajo observación alcanzan los $ 1841 millones. Incluyen desembolsos en redes eléctricas y transformadores en al menos 13 provincias.

También están en revisión el Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA), una de las obras emblemáticas lanzadas por el kirchnerismo, que según el último número del Gobierno recibió una inversión de $ 19.352 millones y tiene un avance físico del 73%. Enarsa rescindió semanas atrás el contrato con la constructora Vertua y estima culminar la obra a fines del año próximo, aunque no se utilizará al principio para el transporte de gas porque Bolivia no tiene el volumen suficiente del fluido para aumentar la exportación a la Argentina.

Hasta que eso ocurra, se tratará de un sinsentido económico. La Sigen está haciendo una revisión integral del proyecto.

Enarsa, que se alimenta de fondos públicos y es la segunda entre las mayores compañías estatales beneficiadas con subsidios, tiene otros proyectos con problemas. En el partido bonaerense de La Matanza, invirtió $ 107 millones en el Centro Ambiental de Recomposición Energética, pero la obra está paralizada y hay un juicio con el contratista.

Algo similar ocurrió con la planta de inyección de propano aire en Esteban Echeverría, una solución pensada para atender la demanda de gas en los días más duros de la crisis energética. Allí se pusieron $ 83 millones, pero está fuera de servicio por problemas técnicos desde 2014. Enarsa está en litigio con la constructora.

En Neuquén, la empresa puso otros $ 107 millones para una planta de envasado de garrafas. La obra está sin finalizar "por vicios en la construcción y problemas en la escrituración de los terrenos" en donde se encuentra la planta. Mientras mantiene el juicio con el constructor, el Estado puso en venta las instalaciones.

Del editor: ¿Cómo sigue? El Gobierno necesita avanzar con gran parte de las obras para resolver el abastecimiento energético. Pero no a cualquier precio.
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