El Estado está prácticamente desarmado para enfrentar con posibilidad de éxito los vuelos ilegales.
Al hacerse referencia a los vuelos ilegales, siempre aparecerá la controversia por la radarización incompleta del país. Los proyectos se sucedieron en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Hoy siguen los solitarios y viejos radares móviles instalados en Resistencia y Posadas, además de los poco útiles radares de tiro del Ejército, en Formosa y Salta.
Ahora, la empresa Invap logró la adjudicación directa para la construcción de radares militares, un proyecto que, extrañamente, maneja el Ministerio de Planificación y no el de Defensa.
Por el momento, la promesa oficial es esperar, como ocurrió antes. Mientras tanto, las avionetas ilegales mantienen su actividad y el Estado, directamente, no las "ve". El año pasado, el centro de control de la Fuerza Aérea, instalado en un búnker subterráneo en Merlo, sólo emitió 14 avisos sobre intrusos a las fuerzas de seguridad federales. Hace más de diez años que esos radares móviles están fijos en los mismos lugares. Será difícil que se descubran muchos vuelos ilegales de esa forma. Las avionetas sólo deben esquivar el alcance de esos radares para llegar siendo "invisibles" incluso hasta el Gran Buenos Aires.
Como forma de patrullar la zona de frontera, el año pasado hubo una iniciativa para adquirir aviones no tripulados a una empresa israelí. Brasil ya había comprado esa tecnología para sumarla a sus sistemas completos de vigilancia aérea. Dado que las fuerzas armadas argentinas tienen sus propios desarrollos de aviones no tripulados se frustró la negociación internacional. Mientras se espera a que esa tecnología nacional sea puesta a punto, el espacio aéreo seguirá prácticamente liberado para las avionetas ilegales.
Sólo el esfuerzo casi artesanal de la Gendarmería muestra algunos resultados positivos. El área antidrogas de esa fuerza creó una unidad especial para investigar las potenciales pistas de aterrizaje. Así, los gendarmes lograron ejecutar varios operativos. En breve, esas unidades tácticas podrían contar con helicópteros de transporte Huey II.
Pero más allá de las investigaciones sobre las redes del narcotráfico -en general, en un mismo embarque llega droga de varios minicarteles-, el Estado mantiene la deuda de promover un debate sobre la ley de derribos, la autorización legal para disparar a aeronaves intrusas. Un radar sin un avión interceptor no tiene sentido, y éste, sin órdenes de disparo, tampoco. La Argentina no tiene radares, no tiene aviones y no tiene ley de derribo. En cuatro cumbres presidenciales desde 2005 se autorizó, por decreto, a disparar contra potenciales aeronaves ilegales. En esos días, obviamente, nadie voló de manera ilegal.
Comentario:
Al no reconocer el problema, no se ve en la obligación de solucionarlo, sino es acusado de inacción u omisión. Recuerdo, cuando la entonces ministra Garre, en una visita a Chile, se interesó en el Pillan T-35, un avión económico, de entrenamiento básico y también con aptitud de patrullero para ser fabricado en FAdeA, modernizado. Además, es más económico que el Pucará, por ser monomotor y si se le incorpora la motorización francesa SMA AR S-305 se unificaria el combustible, bajaria aún más el costo de la hora de vuelo y aumentaria la autonomía de la aeronave. Y podría emplear biocombustibles. Ahora, luego de la huelga de FAdeA aparece un IA-73 que no pasa de un gráfico. Poder se puede, esta todo a mano, lo que pasa es que no se quiere. Y no estanos hablando de fabricar un caza multirrol Gripen o Sukhoi 35.
Link de interes: http://proyectopragmalia.blogspot.com/2009/05/37-fabricacion-de-avion-de.html
Jorge Elías
