(La Nación) - La Corte Suprema de Justicia adoptó una acertada decisión, al crear un nuevo cuerpo de peritos especialistas en la investigación de estafas contra la administración pública, cobro de coimas y operaciones de lavado de activos financieros.
Si bien para los jueces de la Corte la afortunada decisión sólo obedeció a pedidos formulados por jueces de instrucción, no puede descartarse que también haya influido la creciente cantidad de casos de corrupción que involucran a funcionarios, ex funcionarios y allegados al kirchnerismo.
La creación del nuevo cuerpo, que estará conformado por contadores, ingenieros y abogados, debería haberse dispuesto con anterioridad, pues los casos de corrupción se vienen sucediendo casi sin respiro y a un ritmo creciente desde comienzos de la década de 1990. En efecto, cuando Carlos Menem no había concluido aún su primera presidencia, los escándalos empezaron a convertirse en una lamentable rutina. Desde entonces aumentaron la cantidad y la complejidad de los casos. Esta última característica obedece al hecho de que, a partir de la década de 1990, comenzaron a hacerse más estrictos los controles internacionales en materia de lavado de dinero, actividad inescindible de la corrupción, pues permite introducir en el circuito legal el dinero o los bienes producto de la corrupción.
Al hacerse más sofisticados los controles internacionales, el lavado de dinero forzosamente también adquirió una pareja complejidad, y lo mismo se aplica a los mecanismos para investigarlo. De ahí la imperiosa necesidad de contar con peritos y especialistas en la materia.
En la acumulación de casos de corrupción incide también la proverbial demora de la justicia argentina para impulsar con energía esas investigaciones, hasta que el gobierno de turno se acerca a su final. Muchas veces la demora se incrementa debido a que los peritajes sufren retrasos o dan pie a que alguna de las partes pida un nuevo peritaje.
El avance que se verifica en todas las disciplinas obliga a la Justicia a contar con equipos idóneos de especialistas cuyos dictámenes, si bien no obligan al juez en el momento de dictar sentencia, constituyen una base indispensable para que el magistrado adopte su decisión y pueda fundarla con solidez.
De ahí que al seleccionar a los nuevos peritos, el máximo tribunal debe prestar atención no sólo a los antecedentes profesionales de cada postulante, sino también a los aspectos éticos. Tampoco puede, una vez conformado el nuevo cuerpo, desentenderse de la labor de los peritos. La misma Corte, en su anterior conformación, no supo o no quiso prestar atención a las numerosas sospechas sobre la actuación de algunos de los integrantes del Cuerpo Médico Forense y fue necesario que el máximo tribunal, ya con su actual integración, iniciara una investigación.
Por desgracia, el nuevo cuerpo pericial tendrá abundante trabajo por delante. Es de esperar que su intervención contribuya a acelerar los procesos judiciales y a evitar la amenaza de las prescripciones por el paso del tiempo..
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