Alimentos con sobreprecios: el ministro de Desarrollo Social echó a 15 funcionarios que avalaron la compra

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com

Daniel Arroyo le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica del Ministerio y a todo su equipo; habían acordado la compra de aceite y azúcar con precios superiores a los del mercado. Se abrió un sumario interno y en adelante se comprará con precios controlados

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó este martes a Gonzalo Calvo, el responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica y a 14 funcionarios más que habían estado a cargo de la polémica compra de alimentos con sobreprecios para los sectores vulnerables en medio de la pandemia del coronavirus.

La decisión de Arroyo se tomó con el pleno aval del presidente Alberto Fernández quien el lunes había dicho: “no apañaré corruptos en mi gobierno”.

A partir de esta directiva, el ministro de Desarrollo Social evaluó que lo más conveniente era expulsar al encargado de la polémica compra de aceite y azúcar con sobreprecios. Este desplazamiento incluye a todo el equipo de Calvo de la Secretaría de Asistencia Técnica.

Según revelaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación interna a pedido del presidente Alberto Fernández y no se descarta que haya más sorpresas en ese sumario interno que se inició.

No obstante, en la Casa Rosada se descartó de plano que haya renuncias “hacia arriba”. Es decir, que la depuración del Gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social alcancen a Arroyo. De hecho, el ministro tomó la decisión de sacar a Calvo y a sus 14 funcionarios luego de una charla que mantuvo en la quinta de Olivos con el Presidente.

El secretario de Políticas Públicas y Parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, confirmó anoche que Arroyo separó a Calvo y a su estructura de 14 personas. “Veremos si hubo ineficiencia o corrupción. Pero aquí lo importante es que se actuó en menos de 24 horas para dar transparencia”, dijo Navarro.

El secretario expulsado y su equipo respondía la estructura de los intendentes del PJ bonaerenses y de hecho Calvo formó parte de la gestión del municipio de Almirante Brow. Allí había sido investigado por corrupción hace un año y fue expulsado mientras era funcionario del intendente Mariano Cascallares.

En aquel momento Calvo renunció a la Secretaría de Seguridad del municipio luego de que se difundiera por Facebook un video filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.

Amparado en el amplio respaldo que le dio ayer el Presidente, quien dijo “no apañaré a corruptos en mi gobierno”, Arroyo avanzó hoy con el desplazamiento de Calvo, que había estado a cargo de las millonarias compras de fideos, aceite y azúcar con sobreprecios.

De hecho, antes de tomar esta decisión el ministro de Desarrollo Social le comunicó al Presidente los pasos que iba a seguir. Es decir que además de la expulsión de Calvo se optó por abrir un sumario interno para revisar todo el circuito administrativo por el que se hizo la compra de alimentos con sobreprecios.

Con la salida de Calvo se concreta la primera baja en el gobierno de Alberto Fernández. Aseguran los funcionarios que anoche estuvieron con el Presidente que estaba muy molesto con este escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios. “Por un lado le da bronca que algunos empresarios se aprovechen en una situación crítica del país y por otra parte no entiende cómo es que haya funcionarios que no hayan visto todo esto”, dijo un secretario de Estado consultado.

Por otra parte, el Presidente le pidió a Arroyo que haya una “profunda investigación” de todo lo sucedido y firmó una resolución para frenar el pago de la compra de alimentos con sobreprecios.

Como adelantó hoy Infobae, las empresas que participaron de la polémica compra (ahora suspendida) del Gobierno para abastecer a los sectores más necesitados en el marco de la epidemia de coronavirus, ganaron decenas de licitaciones en los últimos años, con gobiernos de todos los signos políticos. Desde el gobierno de Daniel Scioli hasta el de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El ministerio que encabeza Arroyo publicó las compras autorizadas de alimentos de primera necesidad —aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas— en el marco de la emergencia sanitaria para abastecer a las familias más vulnerables en medio de la cuarentena obligatoria. Se trató de “contrataciones directas”, que no están sujetas al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Pero hubo casos llamativos de sobreprecios acordados.

Por ejemplo, por la Resolución 156/2020, se adjudicó la compra de envases de aceite comestible mezcla por 1,5 litros cada uno de marca Indigo a la empresa Teylem, por un precio unitario de $166,58. Esto es un 14% más que el precio que se paga en las cadenas de supermercados de ciudad de Buenos Aires, donde el envase de 1,5 litros de aceite de girasol Cocinero, de primera marca, se vende a $145,79.

Por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de azúcar común en presentación de un kilo marca La Muñeca por $74,97. En los supermercados, el paquete de un kilo de azúcar Ledesma cuesta $59,95. La diferencia es de 25 por ciento. En tanto, por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de arroz en paquetes de un kilo de las marcas Monarca, Don Bernardo, Chajarí, Valderey o Castellón por un precio unitario de $68,77. En los supermercados, el arroz Lucchetti —primera marca— cuesta incluso unos centavos menos: $68,49.

En el caso de la compra de fideos, en el texto de la resolución se expresaron precios de $84 por unidades de paquetes de 500 gramos, una diferencia de 51% con los precios de los supermercados. Sin embargo, Arroyo destacó que, solo en el caso de los fideos, la diferencia de precios se debe a que los precios autorizados están expresados en kilos, mientras que los paquetes comprados son de 500 gramos. Y que debieron realizar una corrección. Pero admitió el sobreprecio en la compra de aceite y azúcar.

El dirigente social de la CETEP, Juan Grabois, quien fue uno de los primeros en denunciar la maniobra de corrupción de sobreprecios, expresó hoy sin vueltas: “Quiero ver rodar una cabeza, no puede ser que esto pase impunemente”, remarcó. Al parecer, el Ministerio de Desarrollo Social ya le ofreció un responsable aunque todo indica que en la cadena de compras irregulares que ahora se investiga habría más funcionarios implicados.

Tras colapso en la frontera, blindaron acceso a Misiones

Por Alejandro Fabián Spivak - Ambito.com

El sábado ingresaron las últimas 350 personas. Justicia federal imputó al intendente de Puerto Iguazú por bloquear con camiones el paso a Brasil.

no pasa nadie. El bloqueo dispuesto por la Gendarmería y la Policía de Misiones sobre el Puente Internacional Tancredo Neves, en cumplimiento del cierre de fronteras dispuesto por el Presidente.

Gendarmería Nacional y la Policía provincial colocaron vallas sobre el puente internacional Tancredo Neves, en la frontera de Puerto Iguazú (Argentina), con Foz de Iguazú (Brasil) para impedir el acceso de turistas que intentan ingresar al país a pesar del cierre total de fronteras ordenado por el presidente Alberto Fernández el pasado viernes.

Ese paso internacional fue la última alternativa de ingreso para viajeros llegados desde los distintos destinos considerados de riesgo debido al alto número de infectados por el Covid-19 (coronavirus) y generó incluso algunos desencuentros entre pobladores y autoridades de la localidad del norte misionero y Nación, hasta que llegaron aviones Hércules que derivaron a todos hasta distintas ciudades argentinas.

El Gobierno provincial, en tanto, ya había organizado con la empresa de transporte de pasajeros Río Uruguay el traslado de cientos de turistas que estaban varados en el cruce internacional a la espera de una definición. Tal como lo indica la ampliación del decreto presidencial que prohíbe el reingreso de argentinos al país, Gendarmería Nacional tenía la orden de cerrar en la medianoche de ayer el acceso en la cabecera del puente internacional Tancredo Neves -que une Puerto Iguazú (Argentina) con Foz de Iguazú (Brasil)- hasta este martes.

En principio, esta acción trajo cierta tranquilidad a los ciudadanos de la localidad misionera, quienes temen que el virus se propague, aunque en horas de la tarde de ayer se confirmó el segundo caso positivo de Covid- 19 en Misiones, un paciente de 27 años de Puerto Iguazú.

El sábado ingresaron al país las últimas 350 personas autorizadas por Cancillería a volver al territorio argentino, quienes estaban en tránsito antes de que entrara en vigencia la medida del cierre total de la frontera.

Intendente imputado

La Justicia Federal imputó al intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, por el bloqueo de la Ruta Nacional 12, en el acceso a la ciudad, para evitar el ingreso de personas y transportes provenientes de Foz de Iguazú, a través del puente Tancredo Neves.

El juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, imputó al jefe comunal y a varios concejales que formaron parte del comité de emergencia municipal por infracciones a los artículos 194 y 230 del Código Penal argentino, que estipulan penas por afectar la seguridad en el tránsito y por sedición, en cuanto a arrogarse los derechos del pueblo y se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o resoluciones de los funcionarios públicos nacionales.

El martes, Filippa y los integrantes del comité de emergencia firmaron un decreto municipal en el cual se ordenaba que a partir de la medianoche del último miércoles no se permita el ingreso de personas y transportes de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une Iguazú con Foz de Iguazú, por la circulación de coronavirus en esa localidad vecina.

Procesaron a seis oficiales de la Armada por el naufragio del ARA San Juan

Por Fernando Morales - Infobae.com

La decisión la tomó la jueza Marta Yáñez. Es por los delitos de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”

Foto: El submarino ARA San Juan

A poco más de dos años y dos meses de aquel fatídico 15 de noviembre de 2017, fecha en la cual se produjo el hundimiento del ARA “San Juan” –único submarino operativo de la Armada Argentina– la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dispuso el procesamiento de 2 contraalmirantes 4 capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta, con motivo del siniestro naval más importante en los últimos 80 años.

En el fallo, precedido de abundantes fundamentos que insumieron más de 500 fojas, Yáñez encontró responsabilidades penales en al menos 6 oficiales entre superiores y jefes de la fuerza naval de la República Argentina. En este sentido, la magistrada imputa al ex Comandante de Adiestramiento y Alistamiento naval Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo el mayor de los cargos penales dado que en su carácter de máximo responsable de las operaciones navales habría sido negligente a la hora de tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que el malogrado submarino estuviera en condiciones técnicas idóneas para realizar la misión encomendada. Siempre según el criterio de la jueza federal, Lopez Mazzeo no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez (Télam)

La lista de oficiales navales procesados se completa con el Capitán de Navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos, el Contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales, el Capitán de Navío Hector Alonso, ex jefe del estado mayor del comando de la Fuerza de Submarinos, el Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos, y el Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la magistrada entiende que en mayor o menor medida todos ellos estaban en conocimiento –en virtud de los cargos que ocupaban– de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para hacerse a la mar y que en mayor o menor medida todos desoyeron el planteo del extinto Comandante Pedro Fernández respecto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19 lo que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia.

Los embargos en dinero van desde los 3,5 millones de pesos para López Mazzeo hasta dos millones para Sulia (el oficial de menor jerarquía procesado).

Sin bien de momento Yáñez no asignó responsabilidad penal alguna al ex presidente de la Nación Mauricio Macri ni al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, la magistrada dedica algunos párrafos a la responsabilidad que el poder político tiene respecto al estado de conservación del material operativo de las FFAA.

Primeras repercusiones

Tanto de parte de alguna de las querellas que representan los intereses de los familiares de los 44 tripulantes fallecidos, como desde la defensa de alguno de los procesados, Infobae pudo saber que existen intenciones de ambas partes de apelar el fallo de Yáñez. Mientras que para las querellas el delito de “estrago culposo” tiene "sabor a poco”, para los imputados el hecho de que el comandante de la nave hubiera calificado la aptitud para navegar del San Juan con un puntaje de 4,25/5,00 (siendo cinco el máximo posible) daría por sentado que nada tenía que objetar quien tenía en sus manos la potestad de zarpar o no respecto a la aptitud de la nave para zarpar.

Entre las críticas que la Dra. Yáñez ha sufrido en los últimos meses, una de ellas ponía énfasis en la lentitud del proceso. Esto ha sido sobradamente contrarrestado por el juzgado de Caleta Olivia precisamente por la complejidad del tema. El otro punto de controversia radica en la decisión de la jueza de no hacer un peritaje de las imágenes obtenidas por el buque “Seabed Constructor” y que muestran los restos náufragos del “San Juan” desde distintos ángulos.

“Resulta estéril invertir tiempo y recursos en un análisis de estas imágenes toda vez que las mismas son suficientemente claras para acreditar que se está en presencia del submarino argentino siniestrado, pero que no tienen la capacidad de aportar datos acerca de las razones del hundimiento", sostienen desde Caleta Olivia.

Cristina Kirchner pidió que Nación haga la ruta 9, por la que ya le pagaron a Lázaro Báez

Por Mariela Arias - La Nación

Austral Construcciones cobró $525 millones, pero dejó la obra abandonada, que fue definida como un "plan criminal" en la Justicia Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

La vicepresidenta Cristina Kirchner transitó ayer en camioneta 70 de los casi 200 kilómetros de la maltrecha ruta provincial 9 y, al regresar, pidió que el Estado nacional haga la obra. No aclaró si de asfalto o de ripio. Tampoco, que se trata de la ruta que el Estado nacional ya le pagó a Austral Construcciones por su enripiado casi $525 millones, cuando el kirchnerismo gobernaba el país, pero que la empresa de Lázaro Báez dejó inconclusa y en mal estado.

El viaje de la expresidenta no estuvo exento de arreglos de último momento, que intentaron hacer algo más transitable la ruta para la comitiva de camionetas que llevaban a los funcionarios nacionales y provinciales.

En el inicio del trayecto, los vehículos se cruzaron con máquinas viales arreglando el camino. Más adelante, dos camiones hidrantes mojaban la senda de tierra para apaciguar el polvo de forma momentánea. Dado el hermetismo con el que se organizó el acto, sin convocatoria a la prensa, no se pudo saber si a los arreglos lo dispuso la UTE o Vialidad Provincial. Sin embargo, nada pudo evitar el traqueteo en la ruta.

La ruta provincial 9 de Santa Cruz fue licitada durante el gobierno de Néstor Kirchner y pagada durante la gestión de Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

A su regreso, Cristina Kirchner evaluó la visita y pidió que se haga una nueva ruta: "Durante el macrismo, las obras estuvieron paralizadas. Abandono y desidia caracterizaron aquella etapa. La traducción más clara de ello fue que por primera vez en 30 años el Estado argentino reconoció y pagó gastos improductivos por 130 millones de dólares. Esa cifra supera el presupuesto de 120 millones de dólares necesarios para la construcción de la ruta provincial 9, entre las rutas nacionales 3 y 40, que une las localidades de El Calafate y Comandante Luis Piedrabuena, de la Cordillera al Atlántico".

En el mismo sentido, Cristina pidió que la ruta provincial 9 sea "construida obligatoriamente por el Estado nacional como medida de compensación ambiental". Según los números expresados por la vicepresidenta, si se destinaran 120 millones de dólares para la ruta de 192 kilómetros, se emplearían unos 625 mil dólares por kilómetro. O 39 millones de pesos, con un dólar a $63. Sin embargo esa ruta ya fue pagada.

Esa cifra supera el presupuesto de 120 millones de dólares necesarios para la construcción de la ruta provincial nro. 9, entre las rutas nacionales 3 y 40, que une las localidades de El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena, desde la cordillera al Atlántico.

Una ruta abandonada

Se trata de una de las obras realizadas por Austral Construcciones en Santa Cruz que hoy forman parte de la causa conocida como Vialidad, a en la que Cristina Kirchner también se encuentra procesada junto con Lázaro Báez y varios exfuncionarios de su gobierno. La obra se licitó durante la presidencia de Néstor Kirchner y se pagó durante la administración de su sucesora. Una década después, es la primera de las causas que llega a juicio oral, ahora solo interrumpida por la feria judicial.

La historia de la obra de la ruta se inició en 2007, cuando la empresa Austral Construcciones de Báez ya pisaba fuerte en Santa Cruz y el esquema de obra pública entre Vialidad Provincial y Nacional estaba más que aceitado. En ese momento, la provincia estaba a punto de entrar a una crisis institucional y política, sin embargo nada interrumpió los negocios con la obra pública decididos en Buenos Aires y concretados en Santa Cruz.

Para los fiscales, "un plan criminal"

La ruta provincial 9 fue uno de los casos estudiados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, al que definieron en su investigación como un "plan criminal" encabezado por Néstor y Cristina Kirchner para enriquecer a su "amigo y socio" Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

La ruta no se terminó, pero el Estado pagó un 129% más del valor licitado Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

Ayer Polonia Grzegorczyk, dueña de la estancia La Martina, ubicada entre dos campos de Báez, fue testigo del paso de la comitiva. Ella había puesto un letrero para reclamar por la ruta, pero el viento lo rompió antes que pasen. Su reclamo se mantiene. "Que se haga la ruta es una necesidad de mucha gente, de los ribereños y de todos los que circulan, por esta ruta se pagó mucho dinero y no se hizo, está en mal estado, no tiene letreros, los turistas andan perdidos y como somos los únicos que estamos ahí, nos preguntan ¿dónde estamos?, porque no hay un solo cartel", le comentó a LA NACION.

La historia de su campo se entrelaza con la ruta y las represas prometidas. En 2011 la empresa Constructora Patagónica Argentina S.A. rentó el casco de la estancia La Martina y un predio para instalar un obrador. Se presentan como los nuevos constructores de la ruta. Tras cinco meses se fueron sin dejar rastros.

"La casa y el predio quedaron destruidos", contó Grzegorczyk a LA NACION. Se trata de una de las empresas de Bahía Blanca que emitió facturas truchas para Austral Construcciones, que le permitió a Báez reducir impuestos, tal como lo reveló este diario en 2014.

El impacto de las obras abandonadas también afecta la proyección turística de la región: su cruce desde la costa facilitaría la llegada de los viajeros en el verano, acortando el camino en varios cientos de kilómetros. El letrero caído del "Plan Nacional de Recuperación Vial" del entonces Ministerio de Planificación Vial, que anunciaba las obras de enripiado y supo estar hasta hace pocos días en el empalme de la ruta provincial 9 y la Ruta Nacional 40, ayer había sido retirado. La ruta 9 escondía muchas promesas.

La amoralidad manifiesta...Pobre patria mia.

Torbellino de nulidades planteadas por el caso San Juan

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

El sumario (legajo disciplinario) ordenado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa para establecer responsabilidades disciplinarias emergentes de la pérdida de contacto del ARA San Juan y posterior naufragio marcha a los tumbos y con masivos pedidos de nulidad. Al que ya planteó el exjefe de operaciones de la Fuerza de Submarinos, capitán de fragata Hugo Miguel Correa, se sumarán el excomandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide y el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contralmirante Luis López Mazzeo con sendos escritos y seguirán con la misma posición de nulidad el resto de los oficiales próximos a ser citados.

A la fecha no existen imputados, ninguno recibió el “convocado y oído” que establecen las normas disciplinarias militares como requisito previo a una imputación específica. La base de la nulidad jurídica es, entre otros argumentos, que el oficial investigador llama a tomar vista de un expediente sin aclarar en qué carácter cita a los oficiales ni exhibe las normas disciplinarias supuestamente quebrantadas.

El dictamen N° 241423 fechado el 28 de octubre de 2019 producido por el auditor general de las Fuerzas Armadas, coronel mayor José Stanchina y dirigido al titular del Estado Mayor Conjunto, le puso sello de lacre al desaguisado jurídico. En la parte medular dice; “. . .no existe dentro del régimen disciplinario militar, una situación procesal de “presunto infractor” siendo ésta una denominación genérica o definición que no importa declaración como tal”. Traducido, no es posible citar a nadie a declarar si no está clara qué norma de disciplina se reprocha incumplida y, en el caso bajo investigación, que haya sido causal de la catástrofe que costó la vida de 44 submarinistas y la pérdida del San Juan. Es el mismo dilema que tiene la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez; cómo imputar un delito ante la imposibilidad de saber qué sucedió dentro del submarino salvo asignar supuestas violaciones del deber de cuidado y convertirlas en delitos de resultado, que también llevara a pedidos de nulidad.

El oficial instructor del legajo disciplinario es un comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez. Explicaciones políticamente correctas instalaron el slogan de “la transparencia” y “la imparcialidad” cuando se designó al comodoro abogado de la Fuerza Aérea para investigar un hecho de atinencia naval. Méndez requirió asistencia técnica de un oficial retirado de la Armada, perteneciente a la misma promoción que el despedido exjefe naval Marcelo Srur, para poder ponderar elementos investigativos en un área ajena a su conocimiento.

La tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) es un espejo de lo sucedido con el San Juan, pérdida de contacto, incertidumbre del paradero, hallazgo con penoso resultado. La indagatoria interna está a cargo del general de la Fuerza Aérea chilena, José Miguel Aguirre, jefe de la V Brigada con asiento en la región de Antofagasta. No de un marino ni tampoco un militar del Ejército.

La Justicia rechazó el amparo presentado por Nilda Garré y Gabriela Cerruti contra el Servicio Cívico Voluntario

(Clarin.com) - La medida se hace firme a una semana de que finalice la primera etapa del Programa.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante la presentación del Servicio Cívico Voluntario en Campo de Mayo. La Justicia rechazó el amparo que solicitaba su nulidad. Foto: Luciano Thieberger.

A una semana de que finalice la primera etapa del programa, la Justicia rechazó el amparo presentado por las diputadas nacionales Nilda Garré y Gabriela Cerruti contra el Servicio Cívico Voluntario, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Así lo informaron desde la cartera a cargo de Patricia Bullrich, donde precisaron que la decisión recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la Dra. Macarena Marra Giménez. 

La acción, que también fue promovida por la legisladora porteña María Andrea Conde, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras asociaciones civiles, solicitaba que se declarase la nulidad de la Resolución 598/19, mediante la cual se creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCVV). 

Para tal pedido, invocaron la violación al artículo 14 de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados. Entonces, lo que se requería era una medida cautelar para suspender los efectos de dicha Resolución hasta el dictado de una sentencia definitiva.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, efectuó oportunamente una presentación solicitando el rechazo de la medida cautelar requerida en virtud de que la misma no afecta ni lesiona derecho alguno a ningún individuo ni a ninguna clase. Además, se sostiene que la finalidad del programa radica en brindar oportunidades de formación a los jóvenes de acuerdo con la normativa nacional e internacional.

Otro de los puntos planteados fue que la norma regula un régimen de carácter voluntario, no siendo de tipo compulsivo u obligatorio.

En ese sentido, la sentencia que reafirma el desarrollo del programa, sostiene que hay una falta de definición del perjuicio invocado por los demandantes, quienes se limitaron a caracterizar al SCVV como un acto lesivo para los derechos de los jóvenes sin especificar de qué modo afecta los derechos de aquellos.

Además, hace hincapié en el hecho de que la medida promovida por los demandantes pretende decidir sobre una cuestión privativa de otros poderes del Estado. Por todo esto, el juzgado resolvió rechazar la acción de amparo intentada. 

El Servicio Cívico Voluntario en Valores se sostiene en un programa de talleres para enseñar oficios -como carpintería y soldadura- a jóvenes de entre 16 y 20 años. En la prueba piloto que arrancó a mediados de septiembre en Campo de Mayo, participan 1.200 mujeres y hombres todo el país, que hasta diciembre asistirán al predio militar una vez por semana, por la mañana, en jornadas de 4 horas.

El plan fue diseñado, básicamente, para chicos que no trabajan ni estudian y está a cargo de Gendarmería Nacional. No obstante, todos los oficiales dictan los cursos desarmados, y los alumnos no tendrán acceso a armamento alguno.

También son capacitados en primeros auxilios, nuevas tecnologías, contacto con animales y entrenamiento físico. A partir de 2020, si el programa continua los que se inscriban recibirán una beca. 

Desalojan a intrusos de 10 mil hectáreas del Ejército Argentino en Palo Santo (Formosa)

Uno de los usurpadores de la propiedad del estado vivía en El Calafate gracias a la renta que sacaba del lugar. Foto: Noticias Formosa

El día viernes pasado se completó el desalojo de intrusos que ocupaban predios propiedad del estado y lucraban con importantes explotaciones ganaderas en el Campo de Instrucción Militar “Héroes de Formosa”, también conocido como “Lote 49”, al sur de la localidad de Palo Santo.

El desalojo es la culminación de la causa “ESTADO NACIONAL – ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO C/GONZÁLEZ HUGO Y OTROS S/LEY DE DESALOJO Expediente Nro 31001577 – Año 2.006” del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro 2 de Formosa, a cargo del doctor Fernando Carbajal por subrogación legal.

La mayoría de los intrusos poseía una posición económica consolidada, casas en Palo Santo, costosas camionetas, tractores, instalaciones y centenares de cabezas de ganado vacuno. Uno de ellos incluso vivía cómodamente de la renta de la explotación en El Calafate.

En muchos sectores pude apreciarse un gran daño ambiental y sobre la flora y fauna, por zonas degradadas por desmonte y por la extracción ilegal de maderas nativas que eran comercializadas ilegalmente en aserraderos de la zona, para acrecentar la renta económica.

Pese a que se comunicó en abril el lanzamiento judicial ordenando el desalojo, fue necesaria la presencia del Oficial de Justicia, Dr. Luparello auxiliado por el Jefe y efectivos del Escuadrón 5 Pirané de la Gendarmería Nacional para hacer cumplir el fallo y que los intrusos dejen los predios y saquen sus animales y pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo con normalidad, sin resistencias o incidentes, y con el auxilio logístico de camiones y soldados del Regimiento 29 para acelerar el proceso. Durante el mismo se secuestró una gran cantidad de armas de distintos calibres sin documentación alguna que de manera ilegal se encontraban en poder de ocupantes.

Se trata del más grande de los Campos de Instrucción Militar del RI Mte 29 en Formosa, de 10.000 hectáreas en el cual se realizaban ejercicios militares de nivel Brigada con hasta 3.000 efectivos y el tiro de todas las armas, inclusive artillería hasta que fue intrusado.

Actualmente 80 hombres del Regimiento ocupan el campo militar para su custodia y se encuentran recorriendo lugares a los cuales no podía accederse anteriormente para evaluar el daño ambiental producido.

Además del uso para adiestramiento militar, es intención que el predio sirva como reserva natural de la flora y fauna nativa. Asimismo a través de convenios con Universidades, organismos provinciales y nacionales puede prestar una importante utilidad pública. Fuente: NoticiasFormosa

Dos fallos a favor de la Argentina por demandas de holdouts

(Ambito.com) - La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó dos reclamos por u$s76 millones impulsados por seis fondos especulativos.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina en dos demandas que encabezaron seis fondos especulativos en reclamo del pago de una deuda por u$s 75,3 millones.

Por lo pronto, analistas del mercado indicaron que la decisión de la Justicia estadounidense constituye una buena señal para nuestro país en momentos en que se anticipa que las negociaciones por la deuda externa ocupará en los próximos meses un lugar preponderante en la agenda económica de nuestro país.

Una de las demandas era impulsada por los fondos Attestor Value, Bybrook Capital, Bybrook Capital Hazleton, Trinity Investment y Whitr Hawthorne. Todos ellos le reclamaban a la Argentina una deuda de u$s70 más los intereses actualizados de tres años.

Ahora, tras el rechazo de la Corte de Apelacciones, los demandantes sólo les queda ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos con altas chances de que el caso sea rechazado.

El otro reclamo era impulsado por el fondo de inversión Lucesco. En este caso, la demanda era por u$s 5,3 millones más intereses y fue rechazada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York por considerar que el tiempo para litigar ya pasó.

Investigarán a dirigentes de La Cámpora por presunto desvío de fondos en Fadea

Por Gabriela Origlia - La Nación

El avión Pampa, emblema de Fadea, recién volvió a fabricarse a partir de la gestión de Cambiemos.El avión Pampa, emblema de Fadea, recién volvió a fabricarse a partir de la gestión de Cambiemos. Crédito: Min. de Defensa

Exdirectivos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de la época kirchnerista son noticia en los Tribunales Federales de Córdoba por supuestos delitos mientras ocupaban sus cargos. La fiscal federal Graciela López de Filoñuk imputó a 13 exfuncionarios que desempeñaron tareas entre 2011 y 2015 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Además, fueron los alegatos en el juicio a Juan Carlos Giraudo, exdirectivo, acusado de "usar empleados, servicios, materiales y transporte de la fábrica" en beneficio personal.

Entre los acusados por López de Filoñuk -varios todavía no fueron indagados, según indicaron fuentes de la investigación a LA NACION- están los expresidentes de Fadea, Raúl Argañaraz, quien dejó el cargo en 2013, y Matías Savoca, quien lo ocupó hasta 2015, cuando la empresa era gestionada por dirigentes de La Cámpora , la agrupación kirchnerista.

La imputación llegó a poco tiempo de que prescribiera la causa. La investigación comenzó hace tres años y medio a partir de una denuncia de Cristina Salzwedel, la primera titular de Fadea en la gestión de Cambiemos. Se basó en una auditoría de Deloitte pedida por el Ministerio de Defensa.

El balance de 2015 de la empresa cerró con un rojo de $1401 millones. Ese año la fábrica estuvo virtualmente parada, pero pagó $33 millones de horas extras y $14 millones por "servicios en comisión".

Fadea tenía a fines de 2015 unos 1700 empleados, de los cuales alrededor de 600 ingresaron desde 2009, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner la reestatizó después de 15 años bajo la concesión de Lockheed Martin. En 2013 la conducción de la empresa quedó en manos de La Cámpora.

"Descontrol administrativo; contabilidad opaca. Se utilizó a Fadea como fuente de financiación de compras sin ningún beneficio y enormes erogaciones", dice la auditoría. Ese reporte plantea la posibilidad de "desvíos" por $300 millones.

El juicio a Giraudo, quien se desempeñaba como jefe del área de compras y contrataciones de Fadea, es por usar las instalaciones y los empleados de la firma para colocar un portón en su domicilio particular, un aro como soporte para un horno chileno, confeccionar un trailer para cuatriciclos, pintarlo, condicionarlo y trasladarlo en vehículos oficiales.

La causa se inicia por denuncia de otros directivos. Giraudo está en libertad. El fiscal Carlos Gonella pidió dos años de prisión e inhabilitación absoluta por la causa en la que se acreditó que el imputado llevó a un empleado de una contratista de Fadea a poner la reja en su casa; en los otros casos pidió la absolución porque no se comprobó de que el carro saliera de Fadea y en la instalación del horno, fue pedido por el directorio para una casa alquilada para un presidente de la empresa.

Inauguran la primera obra del futuro Ministerio de Justicia en la ex-ESMA

(La Nación) - El auditorio Sabato ocupará una planta del futuro edificio Raúl Alfonsín Crédito: Ricardo Pristupluk

El auditorio Ernesto Sabato abrirá sus puertas la semana que viene

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación inaugurará la semana que viene el auditorio Ernesto Sabato, ubicado en el predio de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada ( ESMA). En ese lugar, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de mayor envergadura durante la última dictadura militar, funcionará, una vez que finalicen las obras en curso, la totalidad del ministerio.

Para la inauguración del auditorio, que llevará el nombre del presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tras el regreso de la democracia elaboró el informe Nunca Más, se habilitará solo una planta del edificio destinado a la cartera de Justicia, que será bautizado con el nombre de Raúl Alfonsín, de acuerdo con la resolución 761, publicada el 25 de septiembre en el Boletín Oficial.

"Es vocación de este ministerio otorgar al inmueble en cuestión una denominación que, haciendo referencia a una figura emblemática en la defensa de los derechos humanos, sirva tanto para la identificación del edificio como a modo de homenaje y convocatoria a la memoria colectiva", se estableció a través de la publicación en el Boletín Oficial. El predio le fue asignado a la cartera de Justicia por un plazo de 20 años.

El edificio Nº 11, donde se instalará el ministerio, funcionaba como casino de aspirantes y cantina. El proyecto de obra comenzó a fines de 2016 y la restauración y construcción de las nuevas estructuras comenzaron en octubre del año pasado.

Según explicaron quienes participaron del diseño y la ejecución de la obra a LA NACION, se conservaron los cimientos y las doble alturas, los materiales de los pisos, un conjunto de adoquines de cien años de antigüedad y un mural pintado en una de las paredes de la planta baja. La parte superior del edificio alberga paneles solares y fue construida con materiales sustentables.

En el predio de la ex-Esma funcionan varios organismos estatales, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Espacio de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo de la Memoria, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Museo Malvinas.

Para llevar adelante el proyecto de la obra y trasladar la totalidad del ministerio desde su sede actual -Sarmiento al 300- se logró el consenso de las autoridades de la ex-Esma, que tiene una administración tripartita.

El gobierno nacional había mostrado las intenciones de inaugurar la totalidad el edificio antes de fin de año, pero por el momento se llevará adelante una inauguración parcial. Quienes trabajan en la obra lo hacen contra reloj. Según el comunicado oficial, la decisión de trasladar el ministerio se tomó "con objeto de propugnar la exaltación de los valores de memoria, verdad y justicia, y la promoción y defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones".

La fiscal López de Filoñuk imputó a 13 exfuncionarios K de la empresa FAdeA

Por María Ester Romero (Perfil.com) - La lista de investigados incluye a los expresidentes Argañaraz y Savoca. Es por presunto desvío de fondos, irregularidades en contratos y nombramientos entre 2011 y 2015.

FADEA. La Fábrica de Aviones fue estatizada en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las imputaciones se basan en contratos de las gestiones entre 2011 y 2015. FOTO: CEDOC 

Las denuncias por el reparto de los votos le pusieron un poco de tensión a una campaña apática Macri prepara un cierre multitudinario en Córdoba “Las consecuencias de la prescindencia no deberían sentirse en términos de revanchismo” La fiscal federal Graciela López de Filoñuk, imputó a 13 exfuncionarios de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que desempeñaron tareas entre los años 2011 y 2015, correspondientes al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. 

Les achacó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Entre ellos, figuran los expresidentes de la firma, Raúl Argañaraz (finalizó en sus funciones en 2013) y su sucesor, Matías Savoca, quien mantuvo su cargo hasta 2015. La investigación comenzó hace tres años y medio. Fue determinante la participación de peritos contables de la división Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina. 

Según pudo confirmar PERFIL CORDOBA, el requerimiento fiscal fue elevado al Juzgado Federal N°3 el jueves pasado a última hora. Y recién mañana comenzará a ser analizado por el titular del tribunal, Hugo Vaca Narvaja. El juez tiene por delante la citación a indagatorias para que los imputados ejerzan su derecho de defensa. A partir de ahí, el magistrado resolverá si corresponde procesar, sobreseer o dictar falta de mérito. Si bien la auditoría que motivó la apertura del expediente de oficio en marzo de 2016 mencionó pérdidas para la firma estatal por $1.400 millones y desvío de unos $300 millones, la resolución de la fiscalía no incluye un número total estimativo de las presuntas defraudaciones al Estado que se habrían perpetrado en la firma. 

Aquel informe sobre la situación de FAdeA fue presentado públicamente en 2016, por quien presidía la empresa estatal con sede en Córdoba, Cristina Salzwedel, de origen riojano como el titular de la cartera de Defensa de aquel momento, Julio Martínez. De esa radiografía sobre gastos altos frente a la escasa performance productiva surgió la investigación. 

Fuentes vinculadas al expediente se limitaron a indicar que los hechos por los cuales se promovieron las imputaciones son contratos que efectuaron las autoridades entre 2011 y 2015 con resultados disvaliosos para el Estado y, en algunos casos, omitiendo procedimientos administrativos y legales que debían ser cumplidos. El otro punto alude al notorio aumento de personal sin que ello se refleje en la productividad de la empresa que, por entonces, no fabricaba aviones. FAdeA llegó a contar con una planta de 1.600 empleados. Los ingenieros especialistas también se incrementaron sensiblemente. Pasaron de ser 201 en 2010 a 269 en 2015, mientras no se producía ningún avión. 

Prescripción en puerta. La figura de administración fraudulenta prevé una pena que va de un mes a seis años de prisión. Pero tiene un plazo de prescripción: seis años desde que el funcionario deja su cargo. Si se tiene en cuenta que Argañaraz dejó la presidencia de la firma en 2013 la posible responsabilidad penal estaría a punto de perimir. De ahí que será una tarea ardua para el juzgado analizar las consideraciones que efectuó la fiscal López de Filoñuk para atribuir la comisión del delito a los exdirectivos cuyas funciones cesaron también en 2013.   

QUE DIJO LA AUDITORIA EXTERNA EN 2016 

 Los números del estudio que encargó la gestión de Salzwedel evidenciaron pérdidas que pasaron de $150 millones en 2013 a $212 millones en 2014. Un año más tarde tuvieron un aumento exponencial: $1.498 millones. Se interpretó, en aquel momento, que el incremento desmedido se debió al posible disimulo del déficit en los primeros años. Algunos de los contratos objetados fueron: 

◆ Compra de un helicóptero a la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation (Catic). Se hizo de forma directa. Costó entre US$5 millones y US$6 millones porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Pero no pudo usarse. ◆ Compra de 22 motores a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. Cada uno costó US$ 1,8 millones. 

◆ Servicios habituales con presunto sobreprecio: de catering, seguridad o limpieza. Aquella auditoría incluyó observaciones al convenio suscripto con una empresa local para la incorporación de software destinado al control y planeamiento de la producción. 

(Fuente www.perfil.com). 

Exclusivo: la Armada no sabía que había desaparecido el ARA San Juan y se enteró por la Embajada de Estados Unidos

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

La información estaba oculta y fue revelada ante la justicia federal por el ex secretario de Defensa Horacio Chighizola

Horacio Chighizola, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, reveló cómo se enteró el Ministerio de Defensa que la tripulación del ARA San Juan estaba en peligro

La investigación judicial que se lleva a cabo en Caleta Olivia para determinar los responsables de la peor tragedia de la Armada Argentina en tiempos de paz derivó en una declaración testimonial inédita: un llamado telefónico desde la Embajada de Estados Unidos alertó a la plana mayor del Ministerio de Defensa sobre la gravedad de la desaparición del ARA San Juan y sugirió implementar la búsqueda y rescate del submarino y sus 44 tripulantes.

Hasta ese momento, el entonces jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, insistía en que solo se trataba de una "falta de comunicación". Srur le juró al ministro Oscar Aguad que la tripulación del ARA San Juan no estaba en peligro y que no había contacto por la situación meteorológica en el Atlántico Sur, donde el submarino estaba -supuestamente. en condiciones de navegabilidad. 

Un testimonio clave

Sin embargo, la información oficial sería distinta. Horacio Aldo Chighizola, entonces secretario de Estrategia y Asuntos Militares, reveló que que el viernes 17 de noviembre de 2017, a las 17.30, sonó su celular oficial. Al otro lado de la línea, inesperadamente, se encontraba Michael Reyburn,el agregado de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos.

Chighizola estaba por despegar desde Ezeiza a Mar del Plata para trasladarse a la Base Naval que la Armada tiene en esa ciudad balnearia. A su lado estaba Aguad, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Raúl Ripa, y el almirante Srur.

La llamada era de urgencia. El agregado americano le preguntó en qué momento Argentina declararía la búsqueda y rescate del submarino, cuya última comunicación se había registrado 48 horas antes.

El lugar del hallazgo de los restos del ARA San Juan

Al parecer, con muchísimo tacto, Reyburn le informó a Chighizola que solo declarando el SAR, la U. S. Navy podía poner a disposición sus aviones y embarcaciones para comenzar a buscar el submarino. Cuando cortó la comunicación, el secretario de Defensa informó al ministro Aguad y a los jefes militares. Durante unos segundos -eternos-no hubo un solo comentario.

Es que el almirante Srur, según fuentes del ministerio de Defensa, opinaba que aún era prematuro utilizar el SAR, ya que solo se trataba de una "pérdida de comunicación" y que esto era "habitual" en los submarinos bajo condiciones de inclemencia climática. 

Mientras Srur explicaba de que se trataba el SAR, y justo antes que despegase la aeronave, una nueva llamada ingresó al celular personal de Chighizola.

Era Reyburn. Lacónico, informó "sobre la grave situación del submarino" y sus tripulantes. "Deben buscarlos", añadió, sin más detalles. 

Ahora se sabe que por entonces Estados Unidos ya habría estado al tanto del "evento hidroacústico" detectado por la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO), el organismo con sede en Viena (Austria), y que se especulaba provenía del ARA San Juan.

 –¿Qué ocurría si no lo llamaba a usted el agregado de Defensa de Estados unidos?, le preguntoa Chighizola la abogada Valeria Carreras, quien junto a Lorena Arias y Fernando Burlando representan la querella unificada de 31 familiares que exigen justicia.

–Según mi opinión, el SAR se hubiera decretado después-, respondió Chighizola ante la jueza federal Marta Yañez.

La abogada Carreras interpreta que "ahora sabemos que fue a pedido de los Estados Unidos que se comenzó a buscar el submarino.""Es decir que hasta ahora nos venían mintiendo", agregó.

Por su parte, una alta fuente de Defensa le aseguró a Infobae que para que esto ocurriera se combinaron dos hechos gravísimos.

En primer lugar, Aguad se enteró recién en la Basa Naval de Mar del Plata había ingresado agua al sector de baterías del submarino, y que eso produjo un incendio.

"Hasta ahora nadie me informó de esto. Usted solo me dijo que había un problema de comunicación", le habría dicho el ministro a Srur frente a sus pares, poniéndolo en evidencia.

Ante esa situación y teniendo en cuenta las dos llamadas del funcionario norteamericano, Aguad ordenó comenzar con el SAR de manera urgente. 

Cronología de la tragedia

Ya casi nadie lo recuerda -salvo los dolientes- pero el 15 de agosto pasado se cumplieron un 21 meses del hundimiento del ARA San Juan junto a su tripulación.

Por eso, y para mensurar la nueva información incorporada a la causa, vale recordar la línea de tiempo en la que sucedieron los hechos según consta en el expediente.

El martes 14 de noviembre de 2017, a las 23.30 horas, el submarino llama mediante celular, al celular del capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien era el Jefe Operativo.

Miércoles 15, a las 7.20 horas, desde el buque se realizó la última llamada a la Base Naval de Mar del Plata.

 El jueves 16, a las 22, la Armada recién avisó al ministerio de Defensa que se había perdido comunicación con el ARA San Juan pero que "no había que preocuparse".

El viernes 17, a las 8 de la mañana, en el edificio Libertad había inquietud por la falta de contacto con la nave. A las 16 volvía de Canadá el ministro Aguad. Ante la incertidumbre, ordena viajar junto a Ripa, Srur y Chighizola, a la Base Naval de Mar del Plata.

Ahora se sabe que a las 17.30 llama el agregado de Defensa de los Estados Unidos alertando sobre la real gravedad del submarino y su tropa.

Noventa minutos después de esa comunicación se implementó la búsqueda y rescate, lo que implicó informar de la situación a la comunidad internacional.

El sábado 18, en el edificio Libertad, Srur y la plana mayor de la Armada le transmite tranquilidad al presidente Macri y al ministro Aguad.

El ARA San Juan, navegando por el Atlántico Sur, antes de la tragedia naval. (Foto: NA)

Horas después de la declaración de Chighizola, la abogada Carreras en representación de la querella unificada, solicitó que "Cancillería tome intervención como ya se solicitó en la causa a fin de obtener la totalidad de la información brindada por otras naciones como Rusia, Chile, Brasil, Gran Bretaña y por supuesto, Estados Unidos".

Todavía hay secretos que revelar, mientras se busca justicia para los 44 del ARA San Juan. 

Imputan a tres exdirectivos de la Fuerza Aérea por irregularidades

Por María Ester Romero (Perfil.com) -  Se habrían cobrado facturas de gastos a través de dos contabilidades paralelas entre 2015 y 2017. Vidal Lascano considera que incurrieron en defraudación calificada por María Ester Romero

EN LA MIRA. La justicia federal analiza documentación de gastos pagados dos veces, por el Hospital Aeronáutico y la Fuerza Aérea Argentina. FOTO: CEDOC

El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano resolvió la semana pasada imputar a tres exdirectivos de la Fuerza Aérea Argentina, delegación local. Lo hizo por presuntas irregularidades administrativas cometidas entre 2015 y 2017 en el Hospital Aeronáutico.

Desde hace un año el funcionario investigaba una denuncia que presentó un integrante de la fuerza que había recorrido varias oficinas sin éxito hasta que recaló en los Tribunales Federales. El denunciante llevó pruebas a la Oficina Anticorrupción de la Nación y al Ministerio de Defensa pero no prosperaron las gestiones en ninguno de los dos ámbitos.

 Según pudo saber PERFIL CORDOBA de fuentes vinculadas a la causa, quien elevó la denuncia fue desafectado y dado de baja luego de que promoviera la pesquisa. Vidal Lascano analizó los documentos aportados, secuestró otros en allanamientos realizados en el hospital y comprobó que se cargaban las mismas facturas por productos o servicios adquiridos por dos vías contables diferentes.

En abril de este año solicitó colaboración a Gendarmería Nacional, fuerza que realizó los allanamientos y asignó un perito contable para analizar la documentación secuestrada. Por un lado, la tesorera del Hospital Aeronáutico y el director -según una de las conclusiones a la cual arribó el fiscal- habrían acordado rendir las facturas de insumos a través del sistema de movimientos informáticos de la Fuerza Aérea, llamado Safund, con el fin de cobrar nuevamente los mismos conceptos “para beneficio propio y en perjuicio de la hacienda pública”.

 Lo irregular consiste en que la misma prestación había sido abonada con una erogación de la caja chica del nosocomio, destinada a solventar gastos menores de la institución. Los montos totales no fueron aún calculados. Hasta ahora se corroboraron 13 hechos en los cuales hay gastos que parten de los $8.000 hasta llegar, en algunos casos, a $70.000. Todos tienen la misma modalidad.

 Las imputaciones fueron promovidas contra cuatro personas; un exdirector del Hospital Aeronáutico, dos exjefes del Departamento Administrativo Financiero de la Fuerza Aérea y la tesorera del establecimiento. A todos se los hace responsables del delito de defraudación contra la Administración Pública. Cabe destacar que todos ostentan altos grados militares.  (Fuente www.perfil.com).

Rosario fue una zona clave para la triangulación del contrabando de armas

Por Gabriel Di Nicola y Germán de los Santos  - La Nación

El peritaje de celulares permitió determinar la ruta de los cargamentos ilegales, que se transportaban en ómnibus de larga distancia

Durante tres años se registraron numerosos mensajes entre Román Ragusa y Eduardo Ramírez Cantero, un ciudadano paraguayo conocido como Matungo. En esos chats quedó expuesta la relación "comercial" entre ambos. El negocio era la compraventa de fusiles y municiones. El armamento, se sospecha, terminaba en poder de organizaciones criminales de Brasil y Paraguay. El contrabando de las armas y el pago del "servicio" se hacían por intermedio de choferes de ómnibus de larga distancia que unían Asunción con Rosario y Buenos Aires. Así surge de una resolución del juez en lo penal económico Juan Pablo Yadarola, quien procesó a 19 sospechosos por los delitos de asociación ilícita y contrabando ilegal de armas.

Los mensajes de WhatsApp se descubrieron tras el peritaje realizado al teléfono celular de Román Ragusa, de 55 años. En esas conversaciones se mencionaba como "piloto" al chofer del ómnibus que llevaba las armas hacia Paraguay y que utilizaba los viajes a la Argentina para regresar con el pago. "El piloto viaja el domingo y lleva la plata para los seis pendientes. Luego me pasás el número del secretario", escribió en uno de los mensajes Ramírez Cantero. Ragusa le respondió: "Oki. Veo si consigo acá los cargadores". 

Para el juez Yadarola, según surge del expediente, en esos chats queda expuesto cómo funcionaban los engranajes de la banda. Los mensajes dejan "en evidencia los modus operandi para el envío de armamento con destino a Paraguay. Cuando Ramírez Cantero menciona a los pilotos estaría haciendo referencia a choferes de empresa de transporte de pasajeros encargados de llevar el dinero para el pago de las armas y a su retorno el ingreso de armamento, haciendo ambos también mención al 'secre', quien sería una tercera persona, encargada de llevar las armas a los choferes una vez arribados estos a la provincia de Buenos Aires", explicó el magistrado en el auto de procesamiento de los 19 imputados.

El origen de la causa

La causa comenzó el 17 de octubre pasado cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del magistrado un pedido de "envío controlado" realizado por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Tenía una falsa declaración de lo que se despachaba. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.

El 20 de octubre pasado llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de madera pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas tipo ziploc y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Y se colocó un rastreador satelital. Fue el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.

A fines de noviembre pasado, en una primera resolución, Yadarola procesó a siete sospechosos, entre los que estaban Román Ragusa y su hermano Flavio, odontólogo de profesión. La investigación continuó para dar con otros eslabones de la organización y, en junio pasado, se hicieron una serie de allanamientos en Martínez, Bahía Blanca, Tandil y en la ciudad de Buenos Aires, donde, según el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería secuestró más de 2500 armas.

En un allanamiento que realizó la Policía Nacional de Paraguay en marzo de 2016 secuestró una encomienda con partes de FAL que había enviado por medio de una empresa de ómnibus de Rosario a Clorinda.

Ese cargamento tenía como destinatario a León Ocampo. El paquete tenía como remitente el nombre falso de Oscar Ortiz, con un domicilio de Rosario. "El envío habría sido remitido desde la ciudad de Rosario hacia Clorinda, provincia de Formosa, y desde allí, ingresado clandestinamente en Paraguay. La mercadería fue hallada en oportunidad en la que se secuestraron una multiplicidad de armas que pertenecían a Ramírez Cantero", según se desprende del expediente.

En la causa judicial no se determinó de dónde podrían haber salido esas partes de FAL. Lo llamativo es que después de la detención de Román Ragusa un tal "Martín" se comunicó uno de los rosarinos involucrados en esta causa y le preguntó qué había pasado con Ragusa. "Yo soy de Fray Luis Beltrán y nos conocemos porque yo le entregaba algunas cosas a Román", dice ese hombre.

En Fray Luis Beltrán está ubicada la planta de Fabricaciones Militares, lindera con el ex-Batallón 603, donde en febrero de 2015 se reveló el robo de más de 26.000 municiones, especialmente de calibre 9 mm. Otro dato del expediente judicial que llamó la atención es que en la casa de uno de los procesados por el juez Yadarola se encontró un lote de municiones -presuntamente 5,56- asignado en 2014, según fue verificado por autoridades norteamericanas, a un contingente de cascos azules de la Armada desplegado en Haití.

Confirman el procesamiento de más de 40 intendentes por fraude con un programa de residuos

(Telam) - La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU), informaron fuentes judiciales.

Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los PMIGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales", indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".

Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.

En febrero pasado, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en aquel el fallo de 347 páginas.

Revés en la causa por la expropiación de YPF: la Corte Suprema de EEUU falló en contra de la Argentina

Por Sebastián Catalano - scatalano@infobae.com - Infobae.com

Como se esperaba, el máximo tribunal de ese país no analizará un reclamo local sobre la jurisdicción del caso y el juicio comenzará en Nueva York. El país puede ser condenado a pagar USD 3.000 millones

Los nueve jueces de la Corte de EEUU (Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States)

Finalmente se conoció la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por una cuestión de jurisprudencia en el juicio contra el Estado por la expropiación de YPF, realizada por el kirchnerismo en 2012. Y, como se esperaba y como adelantó Infobae el viernes, fue un fallo adverso para la Argentina.

El máximo tribunal del ese país no hizo lugar al certiorari interpuesto por los abogados que representan los intereses locales, tanto de la empresa como de Cambiemos, encabezados por el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF y uno de los principales nexos con el sector judicial del Gobierno. Ambos están en Nueva York en este momento siguiendo de cerca la decisión de la justicia de ese país.

 Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quién podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales

Ahora la causa comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses locales hace tres años.

Los abogados argentinos alegaron derechos soberanos y querían traer el juicio al país. Dicen que el Estado expropió porque es una de sus facultades y que, además, fue un tema que aprobó el Congreso. El estudio Burford Capital, al que muchos equiparan por su estilo con un "fondo buitre" y que representa a dos accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la nacionalización, argumenta que como YPF cotiza en Wall Street corresponde reclamar en ese país. Reclama que el Estado debería haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) para extender el arreglo que cerró con el accionista mayoritario de entonces, Repsol, a los demás (Burford litiga en nombre de Eaton Park y de dos empresas españolas quebradas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que desde antes de empezar la demanda ya no pertenecían al grupo homónimo local).

Hace pocos días, la causa tuvo otro revés no esperado para el país cuando el solicitor general de Donald Trump, Noel Francisco, fue consultado por la Corte y expresó –en una opinión no vinculante– que el caso tenía que seguir en EEUU. La autoridades locales descontaban de una opinión favorable a los intereses del país dada la cercanía personal entre Trump y Mauricio Macri. No pasó.

Cómo sigue el juicio

Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quién tenía en stand by la causa hasta que la Corte Suprema decidiera la cuestión de jurisdicción. La jueza que reemplazó a Thomas Griesa y que también tiene otras causas contra el país (de holdouts, por ejemplo) podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales. Es el marco de la causa: un tema nada menor para las partes involucradas.

Antes, según confirmó Infobae, los abogados locales van a presentar otra medida cautelar e insistir con que fue una medida soberana y que todo debe tramitarse en Argentina. Una forma más de intentar dilatar la causa a la que Preska seguramente "no ha lugar".

Como sea, será un juicio largo, con vericuetos e idas y venidas. Hay mucho en juego y el Estado local (no YPF) podrían ser condenados a pagarle a Burford unos USD 3.000 millones.

Además, de Saravia Frías y Rodríguez Simón, los abogados externos de la petrolera son los del estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, con Marcelo Rufino a la cabeza. En EEUU, en tanto, son varios los estudios del caso. El bufete neoyorquino Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom patrocina al país. Cravath, Swaine & Moore, en tanto, se encarga de YPF para temas generales, sobre todo la primera instancia; y otro de los estudios de la petrolera es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que se enfocó en el recurso extraordinario ante la Corte que hoy terminó con resultado adverso.

Revés de la Corte al Gobierno por pagos a militares

(Ambito.com) - En lo que es un nuevo golpe a las arcas fiscales, la Corte Suprema ordenó (por unanimidad) incorporar a los sueldos del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas las sumas no remunerativas al sostener que deben considerarse bonificables. 

Esto significa que como precedente se indica que el Estado no puede incluir pago de haberes bajo esta modalidad. A través de un fallo firmado por los cinco jueces, el máximo tribunal resolvió que los suplementos “por responsabilidad jerárquica” y “por administración de material”, creados por el decreto 1305/2012, deben considerarse remunerativas.

En su voto, los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti recordaron que en conformidad con lo establecido en la Ley para el Personal Militar toda asignación que se fije a favor del personal en actividad, cuando tenga carácter general, debe otorgarse dentro del sueldo. En este contexto, resaltaron que la arquitectura salarial estructurada por el decreto no había tenido por objeto remunerar situaciones especiales del cumplimiento de misiones específicas del personal militar sino otorgar una asignación que comportaba un aumento de la retribución total mensual del personal militar.

En su voto concurrente el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz destacó que la Constitución le asigna al Presidente atribuciones reglamentarias respecto de los haberes del personal en actividad, las que son particularmente extensas en el caso de los suplementos particulares. Sin embargo, el titular de la Corte sostuvo que la discrecionalidad concedida en materia de remuneraciones que revistan de carácter general deben acordarse dentro con el concepto sueldo.

Fue una de las “sorpresas” que se intercalaron dentro de los fallos programados por la Corte para el primer semestre, que además tiene impacto fiscal. Desde el Gobierno anticiparon que conocían el revés que se votó ayer pero que su impacto será amortiguado porque no extenderán la situación al resto de los individuos impactados hasta tanto obtengan un fallo judicial a favor, en un intento por evitar generalizar el precedente de la Corte

Decretaron la quiebra de OCA por deuda de $ 7.000 M

(Ambito.com) - La Justicia desestimó el pedido de tres empresas para salvar a la compañía postal. La decisión judicial implica asegura la continuidad de la empresa.

Finalmente, la Justicia decretó la quiebra de OCA por una deuda de $ 7.000 millones al rechazar las propuestas de salvataje abriendo un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa. La medida fue dictada por el juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, quien resolvió la quiebra con "continuidad de la actividad", lo cual permitirá abonar los salarios de los trabajadores de la empresa postal privada más grande del país.

El magistrado dispuso también la inhabilitación y prohibición de salir del país a Patricio Farcuh, quien hasta el momento era el presidente y cara visible de la compañía. En un comunicado, la empresa de correos informó que la resolución judicial "implica la plena continuidad en las prestaciones de servicios y de todos los procesos relacionados con la actividad diaria de OCA".

La firma es el mayor correo privado del país y tiene 6.800 empleados directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros. Al conocerse la noticia, el propio el gremio que conduce Hugo Moyano pidió "tranquilidad" a los empleados porque podrán seguir trabajando hasta la venta de la compañía.

"Más que nunca debemos estar unidos compañeros, porque sabemos del firme compromiso del Juez de mantener las fuentes de trabajo", remarcó el sindicato. "OCA ha pasado por varias gestiones, pero nunca hubo una tan nefasta como esta última, que la condujo a la quiebra. Sin embargo sabemos que es la fuerza de los trabajadores, quienes verdaderamente le dan valor a la empresa", agregaron desde la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

La medida de Tejada llegó luego que la empresa presentara fallidamente tres planes de pagos ante la AFIP para evitar la quiebra, además de las propuestas a sus otros acreedores. En medios judiciales se explicó que las deudas acumuladas con la AFIP alcanzarían los $5.800 millones, mientras que sumarían 1.300 millones con sus otros acreedores.

La falta de una oferta de compra solvente -deudas incluidas- tras el concurso abierto por el juez, culminó con la declaratoria de quiebra y la continuidad de un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa.