A falta de infraestructura, una nueva empresa estatal

(Editorial del diario La Nación) - Resulta incomprensible que el Gobierno cree otra firma del Estado para que preste servicios de telefonía móvil, en lugar de propiciar concursos y licitaciones

El año pasado el Gobierno decidió dejar sin efecto una licitación pública para asignar frecuencias radioeléctricas para los servicios de telefonía móvil y otorgarlas a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA ( AR-SAT ). La presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunciaron también la creación de Libre.ar , una nueva marca de servicios de telefonía móvil que prestará el Estado a través de AR-SAT. A juzgar por el anuncio, Libre.ar actuará como proveedor mayorista de telefonía móvil e Internet, y se asociará a pymes y a cooperativas que prestarán los servicios a los usuarios finales.

Libre.ar fue presentada como una acción para " recuperar el éter para los argentinos ". Es decir, sin mayor debate ni conocimiento público, los argentinos nos enteramos de que hoy existe una empresa del Estado que prestará servicios de telefonía móvil .

La infraestructura de servicios del país ofrece un panorama preocupante, causado por una gestión que, cuando menos, merece ser calificada como errada y que se ha caracterizado por fomentar irresponsablemente la demanda mientras se desalienta la inversión, con las consecuencias que están a la vista.

Los precios máximos del petróleo, del gas natural y de la energía eléctrica impuestos por el Estado a valores totalmente apartados de los que se pagan en otros países de la región, y las tarifas congeladas durante más de una década de los servicios de transporte y distribución de gas y de electricidad han generado un aumento de demanda y un déficit de oferta que ya no puede ser paliado con prohibiciones de exportaciones de gas y electricidad, ni con importaciones de combustible subsidiadas por el Tesoro, ni con cortes de energía a clientes industriales, ni con eliminación de subsidios a determinados sectores.

La creación de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), supuestamente para garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos, y la expropiación de YPF, que presuntamente nos devolvería la "soberanía hidrocarburífera", no han logrado evitar que los clientes residenciales padezcan cortes de suministro, que no son ocasionados porque "alguien haya bajado una palanca" -como consideró De Vido-, sino por la escasez de oferta.

Nada bueno puede afirmarse respecto de la gestión de la infraestructura de transporte público y de cargas: el estado de abandono de la red ferroviaria, de la cual la tragedia de Once es la muestra más triste; la falta de mantenimiento de los subterráneos y la incapacidad de coordinar acciones entre las jurisdicciones nacional y local respecto de su traspaso, y el estado lamentable de las rutas y los caminos, que ocasionan miles de muertes por año, sólo parecen conmover a los interesados en la estadística.

El transporte aéreo tampoco escapa a semejante situación de debacle: Aerolíneas Argentinas, gestionada por el Estado, genera todos los años mayores déficits que exigen a todos los argentinos desembolsar más de 13 millones de pesos por día para financiarlos, al igual que la empresa Líneas Aéreas Federales (Lafsa), que jamás voló y continúa siendo financiada por el Estado. Tampoco es mejor el panorama que ofrece la lentitud en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo respecto de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A esa gestión irresponsable de la infraestructura nacional deben añadirse las sospechas de corrupción que siempre han flotado sobre las obras de construcción de gasoductos, de distribución de subsidios al transporte público e intermediación en la importación de combustibles, que dieron lugar a procesos penales que siguen en trámite.

Frente a ese panorama que ofrece la infraestructura del país, resulta desatinado que el Gobierno destine el dinero proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos al lanzamiento de una empresa estatal de telefonía móvil. Es cierto que este servicio presenta inconvenientes y que frecuentemente las llamadas se interrumpen, pero el Gobierno tiene buena cuota de responsabilidad en ello.

El insumo básico de las redes de telefonía móvil son las frecuencias radioeléctricas, que son asignadas por el Estado a las empresas privadas a través de subastas públicas. Las últimas se hicieron en 1999, cuando había poco más de dos millones de usuarios de telefonía celular en todo el país.

Hoy, con más de cincuenta millones de líneas móviles en servicio y con dispositivos que, al permitir el acceso a Internet y a contenidos de multimedia requieren muchas más frecuencias, las empresas operan con la misma cantidad que tenían hace trece años. Y cuando, por fin, se convoca a un concurso público para asignar más, lo que permitirá descongestionar las redes de modo de que los usuarios podamos contar con una mejor calidad de servicio, el Estado decide dejar sin efecto ese concurso y reservar el espectro a una nueva empresa estatal, que ni siquiera tendrá clientes.

El Gobierno está a tiempo de reflexionar sobre esta iniciativa a la luz de las lecciones de todas las demás y concentrar los recursos de la población en lo que deberían ser sus prioridades..