El 14 de setiembre del año pasado, un día después de la tragedia del ferrocarril Sarmiento en un paso a nivel de Flores, esta misma columna se tituló: "Trenes de la muerte e impunidad en el país del martes 13", haciendo referencia a la fecha de aquel choque cuyo saldo fue 11 muertos y 212 heridos. Y la impunidad logra que las tragedias del país adolescente se repitan. Todavía no pasaron seis meses.
Pero ayer la Argentina inviable golpeó en la misma línea ferroviaria y la estadística fue aún más tétrica: esta vez fueron 50 los muertos, lista que lamentablemente podría extenderse si muere alguno de los 676 heridos en la estación Once o si aparece muerto alguno de los pasajeros desaparecidos que sus familiares buscaban anoche con desesperación.
Las preguntas son las mismas y las respuestas nunca llegan. ¿En qué quedó aquel vibrante discurso ferroviario que Néstor Kirchner utilizó en la campaña electoral del 2003? ¿Porqué se gastó tanta energía y dinero en proyectar un tren bala, que es deseable pero no prioritario? ¿Porqué Ricardo Jaime fue secretario de Transporte seis años a pesar de las sospechas por corrupción? ¿Porqué no se concentró el esfuerzo en modernizar y extender las líneas férreas de pasajeros y de carga que arrastran vagones viejos sobre vías sin mantenimiento? ¿En qué se invirtieron los 15.400 millones de subsidios que el Estado les cedió a las empresas concesionarias de los trenes en los últimos cinco años? ¿Porqué no invierte más en infraestructura un país que creció en nueve de los últimos diez años?
La única reacción de la Presidenta fue la lógica suspensión de los festejos de carnaval y un escueto comunicado de condolencias para las víctimas. Las respuestas políticas del mismo Estado ausente que permitió la tragedia deberían llegar sin demora. La cadena de responsabilidades tiene muchos eslabones pero se debilita especialmente en las figuras del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Nadie saldrá a defenderlos si alguno de ellos paga con su cargo el costo de lo sucedido ayer a la mañana. Tampoco puede quedar sin castigo la improvisación y la negligencia empresaria del concesionario. Los muertos y los heridos exigen que la respuesta no vuelva a ser la inacción y el dejar pasar las horas de dolor y reclamos sin tomar decisiones para zambullirse en la normalidad tras el siguiente fin de semana extendido.
La tragedia de la estación Once es una puñalada política para un gobierno que hace un culto de la intervención estatal. La mano bien visible del Estado está omnipresente en las decisiones económicas; en las informativas y hasta en la subvención del entretenimiento. Pero ese mismo Estado se ausenta en las funciones básicas cuando no puede ofrecer seguridad, justicia o un medio de transporte que le garantice al ciudadano volver sano de su trabajo. Los subsidios millonarios y sin control. Los empresarios amigos del Gobierno. Los funcionarios irresponsables que disfrutan del poder sin sufrir las consecuencias. Y los argentinos más desprotegidos de la sociedad que pagan con su vida un destino del que nadie se hace cargo.
Aprovecho la nota para dar las condolencias a todos los argentinos desde España, donde la noticia ha causado conmoción. Esperemos que los responsables, por una vez, paguen por su criminal negligencia.
ResponderEliminarPersonalmente le agradezco la deferencia. En cuanto a sus deseos de castigo a los responsables,soy un poco escéptico.
EliminarVerá usted,cuando nuestros políticos juran para asumir su cargo dicen: "y si así no lo hiciere,Dios y la Patria me lo demanden", y eso les sirve de maravilla porque Dios está muy lejos y demasiado ocupado con otras cosas;en cuanto a la Patria,siempre les es posible zafar contando con la ayuda del juez apropiado.
Creo que lo que tenemos que pedirle a Dios no es justicia, sino educación para poder discernir con más claridad a quiénes votamos.
Educación,don Saturnino, que nos falta a montones.
Cordiales saludos.