Los 15.400 millones de pesos que recibieron los concesionarios de trenes en los últimos cinco años no mejoraron la calidad y mucho menos la seguridad del servicio, pero los contratos permanecieron intactos.
Los u$s 2200 millones destinados hasta el 2011 a la reestatizada Aerolíneas Argentinas desde el 2008 no se han traducido en su correspondiente rendición de cuentas públicas. Son sólo algunos casos que reflejan un denominador común en la era K: la falta de control y rendición estatal sobre los fondos públicos.
La Auditoría General de la Nación ha enviado en los últimos diez años decenas de informes al Poder Ejecutivo señalando una por una las fallas y los incumplimientos de inversiones de los concesionarios del transporte ferroviario, pero ninguno se tradujo en acciones concretas por parte del Estado.
Ayer, el titular del organismo que controla las cuentas estatales, Leandro Despouy, aseguró que la tragedia de Once "es una consecuencia directa del incumplimiento de normas básicas. Han sido clara y definitivamente señaladas por parte de la AGN, por lo que están dadas las condiciones para que el Estado pueda proceder a la rescisión de la concesión". Sin embargo, lejos de considerar esa medida, en conferencia de prensa el ministro de Planificación Julio De Vido, adelantó que el Ejecutivo va a meditar sus definiciones en sintonía con la investigación que ha iniciado la Justicia, con sus tiempos. Ni una palabra de lo advertido oficialmente por la AGN.
Está escrito en la Memoria del organismo fechada en 2008: "El estado general de mantenimiento edilicio de las estaciones que componen las Líneas Mitre y Sarmiento es deficitario. En cuanto al material rodante, TBA no realiza un mantenimiento adecuado". Y añade sobre el grupo que gerencia la familia Cirigliano que "a juzgar por el deficitario estado general de conservación que presenta el sistema, la gestión del Concesionario puede caracterizarse como ineficaz, dado que no se observa para el mantenimiento una respuesta técnica acorde al estado en que se encuentran los bienes concesionados", con "circulación de formaciones en la Línea Sarmiento con sus puertas abiertas, debido al mal funcionamiento de su enclavamiento. Cada 19 una de estas situaciones, constituyen riesgos que atentan directamente contra la seguridad de los usuarios del servicio, y de aquellos que, de algún modo, tienen contacto con el sistema".
Son sólo algunas de las observaciones que no fueron tenidas en cuenta por la Secretaría de Transporte, primero por el investigado Ricardo Jaime, y ahora por Juan Pablo Schiavi. Siempre con un Kirchner en Casa Rosada.
Hay documentados tambien en www.agn.gov.ar estudios sobre gastos sin control y presupuestos inflados por partes de los concesionarios de ferrocarriles, asociados en Ugofe S.A. para explotar la ex línea San Martín.
El caso Aerolíneas también fue objeto de reclamos en la Cámara de Diputados, como el del legislador Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal, que a fines de 2011 expuso la falta de transparencia sobre el uso de los fondos estatales: "Con los 700 millones de dólares de este año el Estado habrá destinado desde que asumiera la gestión en julio 2008 casi 2200 millones de dólares para paliar el déficit de Aerolíneas Argentinas y Austral, pero nadie sabe en qué se gastó ese dinero. No existe el más mínimo control estatal sobre cómo se gastan esos recursos públicos". Y es que Aerolíneas sostiene un status ambiguo porque al haber sido expropiada en el 2008 todavía se encuentra en un período de transición.
Hasta ese año, la aerolínea de bandera en manos del grupo español Marsans, fue vaciada delante de los ojos del Poder Ejecutivo. Desaparecieron aviones, simuladores y edificios que la compañía tenía por el mundo. También en un informe que elaboró la AGN fechado el 5 de diciembre de 2011, el organismo se abstiene de opinar sobre las cuentas de la empresa por falta de información concreta, solicitada a las autoridades de Aerolíneas.
El caso Schoklender-Madres de Plaza de Mayo es el más escandaloso. De los 765 millones que recibió la Fundación Sueños Compartidos por parte del Gobierno sin licitación previa, hay por lo menos 50 millones que fueron destinados a la compra de yates, casas, autos y un avión. El Gobierno, como lo hizo ayer De Vido en su conferencia de prensa, decidió también esperar a que se pronuncie la Justicia, pero el juez federal a cargo de la investigación, Norberto Oyarbide, todavía no se decidió a tomar declaración indagatoria a ninguno de los imputados en junio del año pasado. Hace ya ocho largos meses.
La responsabilidad del control de los fondos de todos los argentinos es indudablemente del Estado Nacional. Pero las casas no se construían y los pagos se siguieron haciendo. Las cargas sociales de los obreros de la constructora no se pagaban, sin embargo el dinero siguió fluyendo.
En en el caso de los trenes, además de los informes por decena de la AGN en los últimos años, hubiese sido suficiente con que Jaime o Schiavi o el mismísimo De Vido se suban una vez, sólo una vez, al tren que va de Once a Liniers. Con sus ventanas rotas, sus asientos sucios, sus puertas desvencijadas, sus frenos chirriantes y también... sus subsidios millonarios.
Transporte no escuchó
* La Auditoría General de la Nación ha enviado en los últimos diez años decenas de informes al Poder Ejecutivo.
* Señala, una por una, las fallas y los incumplimientos de inversiones de los concesionarios del transporte ferroviario, pero ninguno de los informes se tradujo en acciones concretas por parte del Estado.
* Ni Juan Pablo Schiavi ni Ricardo Jaime tuvieron en cuenta las observaciones. Siempre con un Kirchner en la Rosada.
El juez Oyarbide, ¿de qué me suena ese nombre? ;)
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