Por Edgardo Aguilera - Ambito.com
La cuestión Malvinas es un nervio sensible en el ala kirchnerista. Alberto Fernández la retomó con tres ejes de fondo en su discurso de apertura de sesiones legislativas. Uno de los proyectos, atado al de demarcación de la plataforma marítima continental es "la modificación del Régimen Federal Pesquero.
El ministerio de Defensa que gestiona Agustín Rossi decidió postergar la reunión de Diálogo Estratégico con sus pares de Gran Bretaña prevista en la agenda bilateral para la primera semana de marzo. El compromiso marcado en el almanaque (5 de marzo) venía del gobierno macrista, argumento suficiente, pero también influyó cierta recomendación de la oficina de Daniel Filmus, la secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se sabe que el vínculo con Gran Bretaña a propósito de la cuestión Malvinas es un nervio sensible en el ala kirchnerista que retomó con tres ejes de fondo Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones legislativas. Un viaje a Londres de José Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa o Roberto De Luise, subsecretario de Asuntos Internacionales ni que hablar del ministro a tan sólo tres días de las políticas que ensayó Alberto F. para el escenario malvinero, sería una señal políticamente equívoca. Un paso adelantado a la praxis que suponen los proyectos anunciados ayer. “Enviaré tres Proyectos de Ley para afianzar la soberanía territorial de la República Argentina”, dijo el Presidente.
La creación del “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes”, que será plural y asegurará políticas de Estado a mediano y largo plazo. “Contará con representantes de la oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los veteranos de guerra”, el “Proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina” que contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.
Este proyecto surge en un intento de contar con una herramienta legal orientada a defender el interés nacional en la explotación de recursos renovables y no renovables en las aguas en disputa. El antecedente que da cierta razón a la norma se remonta a 2016. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental, organismo consultivo dependiente de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos Marítimos –CONVEMAR-, aprobó en 2016 la presentación de Argentina que comenzó a trabajarse en 1997 y se presentó en 2009 sobre la ampliación de la plataforma marítima continental de 200 hasta las 350 millas náuticas.
La zona de Malvinas quedó en suspenso hasta la resolución de la disputa de soberanía. Las propias reglas de esa Comisión de la ONU le impiden tomar decisiones sobre territorios reclamados por más de un país, aunque los mapas de la propuesta criolla aprobados por esa Comisión marcan el área como territorio argentino. Es cierto que la Comisión de Límites de la ONU es consultiva, hace recomendaciones y sus resoluciones no son vinculantes.
No podría exigirse el respeto de la delimitación de las 350 millas y la jurisdicción nacional de un área en disputa tras la presentación que hizo Argentina, pero esa Comisión sí brindó un apoyo esencial en tanto reconoce que hay una controversia de soberanía sobre las islas, asunto que el Reino Unido se niega a aceptar.
El tercer proyecto del Ejecutivo atado al de demarcación de la plataforma marítima continental es “la modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley N° 24.922) para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro país tiene soberanía sobre recursos vivos marinos (lo que incluye las Islas Malvinas)”.
El Diálogo Estratégico postergado venía con una hoja de ruta afianzada en varios temas, entre ellos las ejercitaciones SAR (Search and Rescue, traducido Búsqueda y Rescate) que se realizaron en tablero (table top) y la evolución ahora sería llevarlas a la práctica en conjunto en algún espacio marítimo bajo responsabilidad de la Armada Argentina, organismo responsable que entiende en la salvaguarda de la vida en el mar, su asistencia y salvamento en la Región de Responsabilidad SAR de la República Argentina. Esa realización estaría libre de debates diplomáticos si uno tiene en cuenta que los operativos SAR están a resguardo de consideraciones de jurisdicción soberana y son en rigor un mandato internacional con responsabilidades geográficas definidas para cada país.
La tragedia del naufragio del ARA San Juan puso de relieve este mecanismo y la participación de medios navales de la marina británica junto a los de la Armada nacional en la mayor operación de búsqueda en el Atlántico sur a cargo del contralmirante Luis López Mazzeo de la que participaron también navíos de otros países.
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