Por Gerardo Sanchis Muñoz - LA NACION
En el centro del problema que enfrenta Macri está el empleo público. No sólo hace al déficit, motor de la inflación, su actual espada de Damocles. La captura de la función pública mediante la usurpación ilegítima de los cargos de planta es el mecanismo de colonización del Estado para su sometimiento y vaciamiento. Recordemos el Indec o la AFIP de Echegaray, donde inspectores y fiscalizadores que debían ser funcionarios del Estado imparciales eran sometidos para poder amparar a amigos del poder que se enriquecían y para hostigar a los enemigos del régimen.
Además, la necesidad de crear cargos -y La Cámpora los quiso bien remunerados- generó una frondosidad en los organigramas estatales nunca antes vista. Para muestra basta un botón: a principios de los años 90 había 32 subsecretarías de Estado, y hoy llegan a 187. Los ministerios ostentan estructuras infladas, kafkianas y absurdas, con abuso de secretarías y direcciones, sin lógica ni justificativo. El Estado nacional es casi inmanejable y peligroso: ¿cómo controlar la profusión de "quioscos" que toda selva burocrática -intencionalmente creada- cobija tan bien? La corrupción estructural de nuestro sector público no es un accidente, sino el producto buscado de un régimen político de cooptación deliberada del Estado.
Es difícil que Macri pueda gobernar con semejante aparato. Tampoco podrá evitar la contaminación de su propia gestión si no toma medidas drásticas para desarmar este régimen, dominado estructuralmente por redes mafiosas, de fraude y de corrupción. Este sistema cuesta al país mucho más que los salarios de los empleados sobrantes.
Un caso de mención aparte son los ñoquis. El nombramiento de un prestanombres para poder cobrar su sueldo es una estafa lisa y llana, un robo al erario, y su responsable, un delincuente. Amado Boudou fue el paradigma de esta práctica. Dijimos que la usurpación de los cargos públicos es un problema fundamental: el problema de los ñoquis merecía una estrategia bien pensada. El apuro llevó a tomar a algunos justos por pecadores y, en los casos de ñoquis reales, se simuló "castigarlos" echándolos, que es como castigar a un ladrón de bicicletas haciendo que las devuelva e ignorando al verdadero criminal que los nombró. Peor aún, se terminaron fabricando víctimas -los despedidos- donde en realidad había cómplices.
En síntesis, era importante tratar de evitar la baja indiscriminada inicial de empleados públicos para evitar luego dar marchas atrás parciales. El manejo de personas de carne y hueso merece siempre el máximo cuidado, más allá de las presunciones. Incluso, es necesario evitar toda sospecha de que se exige una "alineación" al Gobierno, porque la politización extrema del Estado fue el cáncer inoculado por el anterior gobierno. Heredar una administración con escasez terminal de funcionarios competentes, imparciales y motivados obliga a analizar cada caso de manera pormenorizada y profesional antes de tomar decisiones. El argumento de que esto "toma demasiado tiempo" es insostenible, como lo demuestran las consecuencias de no haberlo hecho.
Lo cierto es que Cambiemos se vio forzado a reemplazar a miles de funcionarios, y para ello Pro recurrió a un reclutamiento masivo en empresas mediante head hunters. Salvo notorias excepciones, es difícil que un gerente pueda cumplir adecuadamente el rol de funcionario de la administración pública nacional, y especialmente en el caos heredado. Es conflictivo traer directivos en masa de sectores económicos que el propio Estado debe regular y controlar. En todo caso, el éxito depende de que cada debutante sea secundado por funcionarios estables idóneos y con experiencia en la maraña normativa. Hoy ésos son, por las razones antes descriptas, casi inhallables.
Tanto el bajo nivel salarial, la soledad del nuevo funcionario y la complejidad de la tarea como el frustrante ritmo del Estado forman un cóctel desmoralizante para los ejecutivos mejor intencionados que fueron lanzados en paracaídas sobre secretarías, subsecretarías y direcciones.
En definitiva, el Presidente entregó las carteras a cada uno de sus ministros validando las estructuras organizativas exuberantes. Regaló a cada uno un botín de cargos, muchos de ellos innecesarios. Alentó así a sus ministros a entretenerse con la gratificante tarea de nombrar gente a diestra y siniestra, distrayéndolos de su verdadera función de racionalizar sus áreas y garantizar los bienes públicos de su competencia. Esto será difícil de revertir, dado que cada ministro ha sido inducido a acumular compromisos políticos a través de nombramientos, dificultando las posibilidades de una futura y necesaria reorganización y, sobre todo, mayor profesionalidad estatal.
Muchos argentinos estamos esperanzados con que Macri dé un golpe de timón y saque a la Argentina de su rumbo de decadencia institucional. Será difícil llegar a buen puerto con el Estado recibido, al extremo corrompido y amorfo. Al final de cuentas, los funcionarios y agentes son los oficiales y los soldados que le harán ganar al Presidente la gran batalla de revertir nuestro declive. El problema de la función pública merece su máxima atención.
Experto en reformas administrativas de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral
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viernes, 15 de abril de 2016
Cómo desarmar la colonización del Estado
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