Bóvedas, joyas y jueces bajo sospecha

Por Carlos Pagni - LA NACION

Después de escuchar la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, el juez Sebastián Casanello dictaminó ante un pequeño círculo de allegados: "Si aparecen las bóvedas donde guardaban el dinero, la causa está definida". Fariña amplió su confesión el martes de la semana pasada, cuando informó con precisión los sitios donde Lázaro Báez atesoraba los billetes. Pero Casanello se demora en allanar esos lugares. Tal vez él mismo haya dado la explicación: "Si aparecen las bóvedas, la causa está definida".

Fariña identificó, con coordenadas de latitud y longitud, dos estancias de Santa Cruz, cercanas al lago Argentino: Cruz Aike y La Julia. Dijo que en Cruz Aike el tesoro se disimuló en las cocheras. En La Julia, prefirieron esconderlo en el quincho, a un paso de la casa principal. Desde allí Báez y su hijo Martín trasladaban los caudales hasta Buenos Aires. Los dos campos solían estar vigilados con un sistema de custodia perimetral de patrulleros y con personal armado cercano a las bóvedas. Todo provisto por la policía santacruceña. En su chacra de Río Gallegos, Báez recibía las mismas prestaciones.

Para los kirchneristas, tener bóvedas domésticas es un indicador de estatus. A Julio De Vido le atribuyen esconder una en su finca de Puerto Panal. Y Francisco Larcher tiene otra en su mansión del country Abril. Quienes hace poco bajaron a ese sótano afirman que pasó a cobijar una bodega multimillonaria. Pero Larcher está fuera de peligro. A él lo cuida la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, con quien suele pasar las tardes de domingo jugando al buraco. A Majdalani le abrieron una causa por lavado de dinero. Sin embargo, ella también se siente protegida: a dos interlocutores del Gobierno les adelantó que ya tiene todo arreglado con el juez Julián Ercolini. Apuesta fuerte Majdalani.

La demora de Casanello es más sorprendente cuando se relee la confirmación de la prisión de Báez por parte de los magistrados de la Cámara Federal. Entre las razones que ofrecieron Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun estuvo la posibilidad de que los imputados conserven una parte de la fortuna que acumularon gracias a la sobrefacturación de la obra pública. Por eso, después de reprocharle varias negligencias, urgen al juez a investigar la localización de esos fondos, no sólo para que sean devueltos al Estado, sino para evitar que con ellos Báez se ponga a salvo del castigo, aprovechando sus innumerables contactos en el poder.

Casanello, que allanó como un relámpago varias financieras porteñas después de la primera declaración de Fariña, tarda en llegar a las estancias de Santa Cruz. Tampoco dispone la prisión de Martín Báez, sobre quien pesan los mismos indicios que llevaron a la cárcel a su padre. La mujer de Báez advirtió a varios dirigentes kirchneristas que si su hijo cae en cautiverio, ella forzará a su esposo a ir contra los Kirchner. Y que si él no lo hace, lo hará ella. El juez analizó con su colega Daniel Rafecas la posibilidad de excluir a Cristina Kirchner de una eventual condena. Rafecas tiene en sus manos el caso Hotesur, sobre presunto lavado de dinero en las empresas de la ex presidenta.

Casanello se arriesga a corroborar con su indolencia el presentimiento de los camaristas: los Báez pueden, con sus vinculaciones, obstruir la investigación. Los Kirchner, mucho más. El ex secretario de Justicia Julián Álvarez, que está afiliado a La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, llamó a Casanello cinco veces horas antes de la detención de Báez. El juez no le contestó. Álvarez estaba interesado en acordar la designación de los abogados del constructor. Pretendía que fueran abogados de su confianza, capaces de adelantar desde dentro del expediente el rumbo que iba tomando la pesquisa. Entre los candidatos a esa función estaba Fernando Susini, a quien Álvarez confió en su momento el asesoramiento legal del general César Milani. Pero Báez fue detenido en el preciso instante en que llegaba a Buenos Aires para participar de esas transacciones. En los tribunales de Comodoro Py sospechan que las negociaciones pueden seguir abiertas. Y ponen la lupa en el abogado Ignacio Palazuelos, muy allegado al magistrado. Es curioso: Palazuelos es funcionario del gobierno porteño. Pero tiene un viejo vínculo con la justicia federal gracias a su amistad con el embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.

La lentitud de Casanello para perseguir la corrupción contrasta con su velocidad frente a la tragedia de la fiesta Time Warp, de Costa Salguero. Como se encontraba de turno, el domingo se encargó de las primeras actuaciones. Pero el lunes olvidó enviar la causa a sorteo, para que se establezca qué juez estará al frente de la investigación. Es lo que estableció la acordada 37 de la Cámara Federal para evitar el forum shopping, es decir, la selección del magistrado por parte de un delincuente o de un denunciante. Casanello debería leer el libro Forum Shopping, de Pablo Slonimsqui. Lo tiene en la biblioteca del despacho.

¿Posible reemplazo?
Las dilaciones de Casanello en el caso Báez inquietan a sus colegas de Comodoro Py. No porque sientan aversión por la impunidad. Temen que la Cámara lo reemplace. Nadie quiere ser juez en esa causa. Además, Casanello produjo el efecto opuesto al que se esperaba con la captura del empresario: su pachorra expone de nuevo a todo el fuero. Y la supervivencia de esos magistrados es incompatible con la luz.

Este fin de semana volvieron a intranquilizarse con una advertencia del ministro de Justicia, Germán Garavano. Dijo que el Poder Ejecutivo está esperando que otros jueces presenten su renuncia, en la senda de Norberto Oyarbide. Es la jugada más conservadora de las que Mauricio Macri tiene en la cabeza. También está previsto que, apenas se configure una mayoría de dos tercios favorable en el Consejo de la Magistratura, caiga la cabeza de un par de magistrados. ¿El motivo? Sencillo: un proceso por enriquecimiento ilícito.

La última acusación de este tipo afectó al camarista Eduardo Freiler. Jugarretas del azar: es uno de los padrinos de Casanello. Freiler fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por su opulenta acumulación patrimonial: mansión multimillonaria en Olivos, colección de autos de lujo, campos, yates y caballos de carrera. No se descartan relojes. La causa se abrió en lo de Marcelo Martínez de Giorgi. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria de la Sala I de la Cámara, a la que pertenece Freiler. Aun cuando, aclaran allí, trabaja en vinculación con Jorge Ballestero. La acusación se produjo el 31 de agosto de 2015. Para el 17 de marzo pasado Martínez de Giorgi lo sobreseyó, a pedido del fiscal Ramiro González. A Freiler le gusta la velocidad. A Martínez de Giorgi se ve que también. Ni siquiera se dio tiempo para un peritaje. Casanello podría tomar clases.

¿Estrenarán con Freiler la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta? Es la teoría según la cual el principio de la cosa juzgada debe ser relativizado si el proceso fue irregular o estuvo sometido a manipulaciones. A Martínez de Giorgi le serviría profundizar en esa tesis: está subrogando el juzgado de Norberto Oyarbide, donde se absolvió a los Kirchner por enriquecimiento ilícito después de que el ex presidente citó al juez en Olivos para darle una reprimenda.

Tal vez no haga falta innovar. Freiler todavía debe dar explicaciones por la propiedad de una financiera, donde es socio de María Carla Lago. Es la esposa de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. María Carla Lago ganó alguna notoriedad porque a uno de sus teléfonos llamó Alberto Nisman horas antes de denunciar a Cristina Kirchner. La acusación de Nisman recaló en el juzgado de Lijo. María Carla y Alfredo Lijo viven en Abril, así que en cualquier momento se suman al buraco. "Freddy" mantiene una estrecha relación con Julio De Vido, a quien le ofreció durante años un cómodo blindaje en los tribunales.

El amor por los canarios aproxima a las personas. La situación de Freiler y la señora de Lijo debe ser juzgada por Rodolfo Canicoba Corral. Dicen que sobre su escritorio hay un dictamen absolutorio del fiscal Juan Pedro Zoni. Justicia Legítima.

Los detalles de estos vínculos, que incluyen al juez, suelen animar las tertulias del tercer piso de Simonetta Orsini. Reaparecen los relojes. Allí, en Cerrito y Posadas, entre el humo de los puros, algunos jueces celebran reuniones privadísimas. Gracias a un recibo de Simonetta Orsini, Oyarbide pudo eludir su propia causa por enriquecimiento: parece que allí adquirió por pocos pesos un anillo valuado en más de 200.000 dólares.

La joyería Orsini pertenece a Miriam Kohen. Es la esposa de Gerardo Luis Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería. Esta empresa, que tuvo una expansión inigualable durante el kirchnerismo, fue acusada en Brasil de recibir coimas de Petrobras por la adquisición de Transener. En la compañía lo niegan. Pero en la causa que sigue el juez Sergio Moro están mencionados Ferreyra y su gran benefactor, De Vido. Algunos funcionarios de los tribunales comienzan a temer que muchas de las entrevistas celebradas entre diamantes y relojes de alta gama estén grabadas.

Freiler, Lago, Lijo, Kohen, Oyarbide, De Vido, Ferreyra. Las conexiones entre estos nombres insinúan que algunos jueces federales fueron algo más que complacientes con el esquema de negocios montado por el kirchnerismo durante más de una década. Formaron parte.