Procesan a ex colaboradores de Randazzo por hacer fraude al Estado y desviar $ 50 millones

Por Iván Ruiz - LA NACION
El propio ex ministro hizo la denuncia ante la Justicia; involucran a 25 ex funcionarios.

Cheques para actividades del Ministerio del Interior, que fueron cobrados por los propios funcionarios, y licitaciones irregulares ganadas por empresas de familiares y amigos con un único fin: desviar $ 50 millones para comprar casas, autos de lujo y hasta un palco de un club de fútbol. El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 25 funcionarios de dicho organismo, que en ese momento era conducido por Florencio Randazzo, por haber incurrido en fraude al Estado, entre 2009 y 2013.

Los funcionarios formaban parte de cuatro proyectos dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la ONU para temas que atraviesan desde la mejora de la administración pública hasta proyectos viales. Las irregularidades aparecieron por primera vez durante una auditoría interna del Ministerio del Interior. Fue el propio Randazzo quien radicó la denuncia ante la Justicia.

"Los encausados -abusando de sus cargos- desviaron en provecho propio o de otras personas el patrimonio asignado. Se apropiaron de los fondos desviándolos a familiares o bien a personas que habían trabajado en la misma dependencia, utilizando la función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas para simular contrataciones por bienes o servicios", indica el procesamiento.

Lourdes Giménez, mano derecha de Florencio Randazzo hasta 2013, es una de las más complicadas por la investigación. La ex funcionaria era una de las máximas autoridades en los proyectos PNUD. Sólo ella, Héctor Damián Mazza y Esteban Sáenz Rico tenían la potestad de firmar los cheques que endosaban y después eran cobrados por funcionarios de menor rango o bien, directamente, se falsificaban los endosos y las facturas de los destinatarios de los cheques. Una operación que se repitió sistemáticamente.

Giménez comenzó a trabajar en el Poder Ejecutivo en 2007 y en 2012 fue nombrada subsecretaria de Coordinación por el ex ministro. En 2013, su repentino alejamiento de la función pública generó un cimbronazo en el entorno de Randazzo, pudo saber LA NACION.

La Justicia constató que Giménez tenía una "relación muy cercana" con la firma Callmed SA, sociedad que fue beneficiada con contratos por $ 22 millones en proyectos del PNUD. Giménez y el apoderado de la firma viajaron juntos al exterior en varias ocasiones, acreditó la Justicia. Por otro lado, la entonces funcionaria estaba autorizada a manejar un Audi Quattro, propiedad de la empresa, desde el mismo día en que el vehículo fue adquirido. "Es posible sostener que el rodado entregado a Giménez era parte de los dividendos que le correspondían por el desvío del dinero realizado a la firma", señala la Justicia.

Callmed ganó 11 concursos irregulares con fondos del PNUD de temas que abarcan desde la provisión de uniformes para la Agencia de Seguridad Vial, el armado de oficinas para Tecnópolis, capacitación para prevenir accidentes de tránsito en la costa atlántica hasta el "apoyo logístico" para realizar jornadas sobre el proceso electoral. Después de ganar las licitaciones del PNUD, Callmed SA compró un departamento y dos cocheras por US$ 345.000 en Capital, dos inmuebles en Río Negro por $ 380.000 pesos y 15 autos asegurados por $ 6 millones.

Consultados por LA NACION, en el entorno de Randazzo remarcaron que la denuncia la había realizado el ministro, aunque prefirieron no hacer comentarios sobre la relación con Giménez.

Un palco

Saénz Rico y Mazza, los otros dos responsables del área, se animaron a hacer negocios juntos. On Group SA, una firma que ganó contratos en PNUD por $ 3,2 millones, estaba presidida por el primo de Sáenz Rico y dirigida por la madre de Mazza.

La Justicia determinó, incluso, que Mazza utilizó directamente uno de los cheques provistos por el Estado a una de sus empresas para comprar por diez años el palco N° 65 del estadio de Independiente. La operación se concretó el 5 de julio de 2012 por $ 492.000.

El juez Bonadio pidió la clausura del palco y ordenó intimar a Independiente -presidido por Hugo Moyano- a que devuelva el dinero para que después el palco sea comercializado nuevamente. "Es una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero del Estado que tenían a su cuidado", sentenció.

Las cuatro maniobras para desviar fondos

Cheques - Los funcionarios cobraron unos 50 cheques con dinero del Estado cuyos endosos realizaba los mismos empleados de la dependencia

Licitaciones irregulares - La Justicia contó unas 20 fallas administrativas en los concursos, tendientes a desviar las licitaciones para que ganen las mismas empresas

Familiares y amigos - Las empresas beneficiadas estaban compuestas por primos, madres y otros parientes de los responsables de la administración de los programas PNUD de la ONU.

Lavado de dinero - Los funcionarios compraron casas, cocheras, autos y hasta un palco en Independiente con los cheques de sus empresas que les pagaba el Estado