Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
Se detectó un desvío de $ 1 millón en los servicios de residuos peligrosos y hasta robo de uniformes.
La Base argentina Marambio, en la Antártida, en febrero de 2016. Foto: Ministerio de Defensa de Argentina/dpa
El mantenimiento de la presencia argentina en la Antártida sigue siendo un problema para el Estado debido a que terminó convirtiéndose en un nicho en Cancillería y Defensa para desvíos e irregularidades.
La llamada “herencia” de la gestión anterior ha generado denuncias y movimientos en la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y en el Instituto Antártico, revolucionados porque las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores decidieron intervenir por un lado con la venta de un edificio histórico que genera polémica y, por el otro lado, con auditorías internas de las que participa la SIGEN y también con denuncias en la Oficina Anticorrupción.
Por empezar, el equipo de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería abrió una auditoría interna por haber encontrado irregularidades de 1 millón de pesos en la facturación de los servicios de transporte y manejo de residuos peligros de la basura antártica tanto en la campaña de 2011-2012 como en la del verano 2014-2015. El expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores es el número 13.286/2013 que busca determinar responsabilidades bajo un área que conducía el ex director Nacional del Antártico, Mariano Memolli, quien fue apartado tras una serie de denuncias en su contra –entre ellas el desvío de fondos- que sin embargo aún debe comprobar la Justicia. Las autoridades de la Dirección todavía no están plenamente conformadas.
El manejo de los residuos tóxicos y la basura antártica también es un gran problema en el Ministerio de Defensa, adonde no quieren reconocer los graves incumplimientos que ha tenido el país en estos manejos que podrían incluso generar sanciones internacionales en el marco de la normativa del Tratado Antártico. Lo insólito en algunos casos es que las contrataciones de la gestión del ex ministro de Defensa Arturo Puricelli terminaron en la Justicia, con juicios al Estado por parte de las empresas que se vieron desafectadas después de que saltara el escándalo.
Otro tema que generó protestas dentro de los empleados y científicos de la DNA es la venta de la que fuera sede de la Dirección, un viejo edifico en Cerrito al 1200, que está en un estado avanzado de destrucción. El edificio presenta problemas graves en el techo, en las zonas sanitarias, y en los tableros eléctricos. Repararlo, afirma un relevamiento interno, costaría $ 40 millones.
Según explican en la gestión actual, por un acuerdo de Memolli, el Instituto Antártico pasó a funcionar en la Universidad de San Martín. Los científicos no tenían donde trabajar y en 2015 se mudaron al campus de la USAM. No obstante, señalaron fuentes oficiales, la inversión del Estado de unos $ 20 millones de la administración anterior, falta equipo, el laboratorio está a media marcha y el edificio nunca se reparó. Las autoridades actuales acusan por el faltante que reclaman los empleados a la gestión K.
Otro de los problemas es el manejo del Depósito Polar, que generó hasta la apertura de un expediente en la Oficina Anticorrupción por el presunto robo de uniformes antárticos. “El Depósito Polar presenta un notorio deterioro general del edificio lo que afecta la conservación de vestimenta, elementos de trabajo, equipos y alimentos”, señalaron a este diario en Cancillería, donde prometen la refacción completa del mismo para 2017. Las autoridades quieren controles electrónicos de la entrada y salida de materiales.
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