Lucha contra el narcotráfico y derribo de aviones

Editorial del diario La Nación

Una ley que permita abatir aeronaves obrará como un factor disuasivo en la lucha contra el tráfico de drogas sólo si forma parte de un plan integral.

El reciente decreto que dispuso la emergencia en materia de seguridad incluyó la facultad de derribar aviones que ingresan en el territorio nacional sin identificarse y que, pese a ser intimados a hacerlo, no obedecen.

Como era de esperar, la medida generó una intensa polémica dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico acerca de los riesgos que entraña, de las graves falencias que existen en materia de radarización de nuestras fronteras y, muy especialmente, de la falta de aeronaves y de tripulaciones capacitadas para esa tarea.

Sin embargo, la primera e innegable virtud de la iniciativa del Gobierno es ratificar su decisión de combatir el narcotráfico. La segunda es tornar visible este gravísimo problema que ha crecido en forma exponencial con la complicidad del anterior régimen, para el cual ese tema no existía o era minimizado.

Es cierto que la intervención de nuestras Fuerzas Armadas -en este caso, de la Fuerza Aérea- en la lucha directa contra el narcotráfico requerirá una reforma legal y, en este sentido, el Gobierno ya anunció que a comienzos del mes próximo elevará al Congreso Nacional el correspondiente proyecto de ley.

Es innegable que el derribo de aviones empleados por los traficantes de drogas para contrabandearlas, realizado dentro del marco de la ley y con tripulaciones capacitadas para esta tarea, constituye una importante herramienta en el combate contra el narcotráfico . Nueve países de la región cuentan con sistemas en ese sentido y también fue una de las principales propuestas de la campaña presidencial del diputado Sergio Massa.

En cambio, coherente con su política de mirar para otro lado mientras el narcotráfico se extendía, el kirchnerismo bloqueó el tratamiento de varios proyectos de ley de derribo que la oposición había presentado en el Congreso: uno de ellos era de Pro.

Hasta ahora por desgracia, la Argentina ha ido fomentando una muy peligrosa imagen de cielos abiertos, sin controles de ningún tipo. En 2014, las autoridades revelaron que en nuestro país existen más de 1400 pistas de aterrizaje en campos privadosque se encuentran en condiciones irregulares de habilitación. Se sospechaba que muchas podrían servir o haber servido para el aterrizaje de avionetas que transportan drogas desde países vecinos.

El año pasado se verificó el ingreso de 453 aviones ilegales en los radares instalados en las fronteras, pero la cifra real es sin duda muy superior pues esos radares sólo funcionaban ocho horas diarias. Un verdadero sinsentido.

Al respecto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, informó que los radares funcionarán durante las 24 horas. Como hemos expresado desde esta columna editorial hace ya tres años, al no encontrar ninguna resistencia para sobrevolar nuestra geografía, los narcotraficantes no se limitan a cruzar la frontera y aterrizar en pistas clandestinas o a arrojar su cargamento en una determinada zona, sino que cada vez con mayor frecuencia se internan con más profundidad en nuestro territorio. Para ello, las redes de narcotraficantes organizaron un sistema de postas de reaprovisionamiento para sus aeronaves. Por esta razón, los lanzamientos de droga se verifican cada vez más al Sur. Por eso ya no llama la atención que algunos de los 453 aviones ilegales registrados en los radares el año pasado aterrizaran en La Pampa.

Otro aspecto que será indispensable adecuar es el de los aviones. La Fuerza Aérea, al igual que el Ejército y la Armada, ha sufrido un largo, deliberado y profundo proceso de deterioro de sus equipos, hasta llegar a su obsolecencia. A ello se suma el escaso entrenamiento de los uniformados. En el contexto de la emergencia de seguridad pública, el ministro de Defensa, Julio Martínez, ordenó desplegar una sección de aviones Tucano de la Fuerza Aérea. Pertenecen a la Escuela de Aviación Militar y son aeronaves brasileñas de combate y de apoyo táctico que, hasta ahora, estaban destinadas a la formación de nuestros pilotos debido a la falta de aeronaves de entrenamiento primario.

Sin la radarización permanente, sin horarios completos de control en nuestras principales fronteras como ya existe en Brasil, sin aeronaves en condiciones y sin un plan integral que abarque todos los aspectos del combate contra la droga, el derribo se reduce sólo a buenas intenciones.

La aprobación del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso, junto con una rápida y completa radarización, la adquisición de aviones y un efectivo control de nuestras carreteras y del río Paraná -otra ancha y larga vía de ingreso de drogas- serán las pruebas irrefutables de que, finalmente, habrá comenzado en serio la lucha contra el narcotráfico.