Números escurridizos

Por Néstor O. Scibona - LA NACION - nestorscibona@gmail.com

Macri es poco afecto a explicar la economía en cifras, pero la herenciano sincerada del cristinismo tampoco lo ayuda a alinear expectativas

L as expectativas sobre el esperado discurso de Mauricio Macri, cuando pasado mañana inaugure las sesiones del Congreso, no pasan sólo por el sinceramiento de la herencia económica recibida del cristinismo que dio por sobreentendida en su mensaje del 10 de diciembre. Ni tampoco por aclarar que en 10 semanas no pueden resolverse los desbarajustes acumulados en 12 años. El Presidente prevé hablar más del futuro que del pasado. Pero sería conveniente que no saltee el presente. Aquí, los avances logrados con el viraje de la política exterior e incluso con los acuerdos para apuntalar la gobernabilidad se entremezclan con los primeros costos políticos de los cambios económicos.

Macri no ha logrado instalar plenamente ante buena parte de la opinión pública la relación directa entre la magnitud de los problemas heredados y las consecuencias a corto plazo de corregirlos. No toda la población tenía conciencia de que el "modelo K" era insostenible y mucho menos con el mediático relato populista de Cristina Kirchner. Esto le impone al Gobierno un esfuerzo didáctico que desafía al estilo de comunicación descentralizado entre sus ministros. Aunque es el primer presidente en una década que plantea el objetivo de bajar la inflación a un dígito en cuatro años, también debió haber anticipado que en estos meses iba a ser más alta ante la necesidad de corregir el enorme atraso cambiario y tarifario heredado. 

Otro tanto ocurre con la suba del piso salarial de Ganancias, que contrarresta la fuerte desactualización de los últimos años frente a la inflación. Pero no hubo explicación convincente sobre la postergación hasta 2017 del cambio de escalas prometido en la campaña. Ni, como contrapartida, tampoco se enfatizó demasiado en el refuerzo de ingresos que implica la extensión de las asignaciones familiares y el próximo reintegro del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, que abarcará a productos de la canasta alimentaria gravados con la alícuota de 10,5 por ciento.

La política fiscal también recibe críticas por izquierda y por derecha. En el Gobierno se defienden de los cuestionamientos al gradualismo para bajar el déficit fiscal y su efecto inflacionario, aclarando que muchos números de la economía no están cerrados y resultan escurridizos en el corto plazo. No sólo por el desmantelamiento del Indec. En las vertiginosas 10 semanas de gestión, no ha pasado una sin que en el sector público aparecieran gastos impagos, deudas ocultas, desvíos de fondos, subsidios cruzados, sobreempleo injustificado, sobreprecios o compromisos de asistencia a provincias no imputados en las cuentas de 2015. La situación más crítica se verifica en Santa Cruz, que algunos funcionarios nacionales no dudan en calificar de fiscalmente inviable, incluso para pagar los sueldos en los próximos meses.

Cada reclamo de los gobernadores agrega más presión al gasto público. Sin ir más lejos, la oferta salarial a los gremios docentes -superior al 30%- significará $ 10.000 millones extras para compensar la diferencia con el 25% que ofrecieron las provincias, en varias de las cuales no comenzarán las clases. Esta ayuda equivale a casi 5% de la masa salarial que a fin de 2015 totalizaba $ 228.000 millones, de los cuales más de 40% corresponde a la provincia de Buenos Aires. Para ponerlo en perspectiva, el gasto en subsidios energéticos representó nada menos que el 64% de ese monto en 2015.

La principal herramienta para reducir el gasto público (en 1,5% del PBI) es la quita de subsidios a la electricidad (alrededor de 1 punto), aunque los nuevos precios del mercado mayorista aún no cubren los costos de generación. Pero a ese ahorro fiscal de unos $ 50.000 millones hay que restarle casi 10% por el subsidio (de 10 dólares por barril) a la exportación de petróleo en el primer semestre en los yacimientos chubutenses.

El Gobierno viene postergando el aumento de los precios del gas natural en boca de pozo para no superponerlo con la suba de tarifas eléctricas, pero esto lo coloca frente a otro dilema. La buena noticia es la baja de los valores del gas importado, acentuada por los acuerdos con Bolivia y Chile, que reduce el impacto fiscal de los subsidios mientras los mejores precios domésticos significarán un impulso a la producción local. La mala es que si el nuevo cuadro tarifario (que incluye tarifa social) se aplica cerca del invierno, coincidirá con la época de mayor consumo domiciliario y volverá a empujar los índices de precios. Y, además, el ahorro fiscal previsto para este año (aún sin cifras) se reduciría a la mitad.

En cambio, en la Casa Rosada aseguran que podrán cumplir con la baja adicional del déficit primario (0,8% del PBI) prevista para este año y que enero cerró con superávit. Sin embargo, la novedad es que no se prevé modificar el presupuesto nacional para 2016 (salvo para ampliar el endeudamiento externo en alrededor de 30.000 millones de dólares), a fin de discutir partida por partida, ejercer un mayor control y evitar el despilfarro de gastos. Un criterio similar se aplicará con las provincias, que recibirán $ 8000 millones pendientes a cambio del acuerdo para distribuir en cinco años la devolución del 15% de fondos coparticipables que CFK extendió por DNU a todas a comienzos de diciembre, Macri derogó con otro DNU y hubieran significado $ 80.000 millones en 2016.

Si bien estos acuerdos parecían impensables hace un par de meses, la necesidad de contar con fondos para asegurar la gobernabilidad puso en la misma vereda a Macri y a los gobernadores del PJ no cristinista. Esto facilitará la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano ya que, paradójicamente, el acuerdo con los holdouts pasó a convertirse en la clave de la política de gradualismo fiscal. Pero esta urgencia por recursos financieros no es ignorada por los fondos más duros (NML y Aurelius), que tiran de la cuerda en busca de alguna ventaja adicional de último momento. La diferencia es que el juez Griesa volvió a ponerse del lado de la Argentina, como había ocurrido hasta 2010, y la nueva política exterior favorece ahora al gobierno de Macri.

Quizás el próximo fin de este conflicto pueda ser un punto de inflexión para blanquear esa herencia y derribar mitos instalados por el cristinismo. Por caso, la consigna "Patria o Buitres" tuvo un costo extra en intereses no inferior a los 6000 millones de dólares y multiplicó al de cualquier campaña electoral. Todo a cambio de dejar al país en un virtual estancamiento económico, al margen del financiamiento internacional para mejorar su infraestructura y de reducir las inversiones internas y externas.