La Justicia denunció que Marcelo Chancalay, que ya tiene una condena por la usurpación, usaba sus empresas para blanquear lo que ganaba por la venta ilegal de las tierras. Hay otros nueve imputados.
La toma de Lugano sigue disparando causas judiciales. El fiscal encargado de investigar las causas de lavado de dinero denunció a uno de los organizadores de la usurpación, Antonio Marcelo Chancalay, a dos de sus empresas y a otras nueve personas, a quienes acusa de haber intentado blanquear dinero de la venta ilegal de los lotes, por los que obtenía hasta $ 25.000.
La denuncia fue presentada por Carlos Gonella, el Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien tomó elementos de la causa por la usurpación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. En esa primera investigación se hizo un allanamiento en la casa de Chancalay y se encontró documentación que prueba que el terreno ocupado había sido loteado y vendido a entre $ 8.000 y $ 25.000 cada parcela.
Luego, Chancalay habría depositado ese dinero en las cuentas de dos de sus empresas, Mach Construcciones y la Cooperativa de Trabajo Cardenal Samoré, que en realidad serían estructuras armadas justamente para mover el dinero que habría obtenido de estas maniobras y otras, como la distribución de subsidios y planes sociales en la Villa 20. De hecho, el fiscal Gonella entendió que esas cuentas tuvieron “acreditaciones de fondos injustificados” y que “tienen visos de funcionar como una cuenta ‘puente’, desconociéndose el origen y destino de los giros”.
Fueron depositados más de $ 2.100.000.
Chancalay es un histórico puntero de Lugano, que tuvo vínculos políticos tanto con el kirchnerismo como con el radicalismo y con el PRO. Pese a sus contactos políticos, en este caso el fiscal Gonella, cercano al kirchnerismo, avanzó contra él. Además de que con sus empresas conseguía contratos de obras públicas, también era empleado de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno porteño. Según Gonella, el acusado habría utilizado ese puesto para “acceder a información gubernamental de carácter sensible”. La Justicia no especificó quiénes son las otras 9 personas acusadas en esta causa.
La toma del predio de Pola y Fernández de la Cruz ocurrió en la madrugada del 24 de febrero, cuando un grupo de habitantes de la villa 20 usurpó el terreno donde antes había funcionado un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Más allá de que mucha gente realmente no tenía hogar, se trató de una maniobra armada por Chancalay y otros punteros de la zona, que incluso tienen vinculación con el Movimiento Evita, la organización kirchnerista que facilitó dinero y materiales de construcción.
Los fiscales porteños pidieron la detención de los cabecillas, pero la jueza María Gabriela López Iñíguez sólo autorizó, el 6 de mayo, la de Chancalay. Lo curioso es que un día antes el puntero recibió un llamado en el que le advertían que podía ir preso y se escapó. Recién fue detenido el 28 de mayo, cuando un operativo policial lo encontró merodeando la villa 20 con su auto.
Chancalay reconoció ser culpable de la organización de la usurpación, a cambio de una condena de ocho meses de prisión en suspenso.
La denuncia de Gonella abre la décima causa derivada de la toma de Lugano. Además de ésta, hay investigaciones por un crimen, narcotráfico, un secuestro y otros delitos graves.
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