El agro puede aportar los dólares que hacen falta

Por Cristian Mira | LA NACION - Twitter: @cgmira
 

Temores y dudas despertaron en no pocos empresarios agropecuarios el fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la ley de servicios audiovisuales. No tanto por las cuestión en disputa, que excede lo agropecuario, sino por los efectos que puede tener sobre la vigencia del derecho de propiedad al cuestionar los derechos adquiridos del Grupo Clarín, y por las derivaciones que tiene el caso sobre el papel de la libertad de expresión y de prensa en la democracia. Eso fue lo que expresó el directivo de una de las entidades no gremiales del agro que, por no tener aún una posición oficial, solicitó no ser mencionado.

Curiosamente esta disputa se originó a partir de la resolución 125, en 2008. Un conflicto que pudo haberse resuelto fácilmente si el Gobierno hubiera utilizado la inteligencia y el diálogo. Sin embargo, quiso politizarlo y despertó una resistencia insospechada. En esa sinrazón, concluyó que si los medios de comunicación no hubieran transmitido las imágenes de los cortes de ruta o relatado lo que sucedía en el interior, ganaba la pelea.
Después del voto "no positivo", el kirchnerismo se reinventó y construyó una formidable maquinaria de relato oficial parecida a una realidad paralela. Continúa teniendo un apoyo considerable de una parte de la población, poco más de un tercio, de acuerdo con el resultado de las elecciones del domingo pasado, aunque en dos años desperdició un capital político notable (20% del electorado).

El campo, mientras tanto, sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, aunque en condiciones cada vez más difíciles: producir. La política y la presencia en los medios de comunicación no son su fuerte. Lo demuestra la experiencia de los "agrodiputados" surgidos al calor del conflicto por la 125, que no fue buena, más allá de los esfuerzos personales. Esto quizás merezca un debate profundo si hay un intento similar en el futuro.
Mientras tanto, el Gobierno deja pasar oportunidades, creyendo que enfrente tiene a un enemigo político y no al sector más dinámico de la economía que podría aportarle divisas rápidamente.

"Con reglas claras, previsibles y una menor presión impositiva, en 2014 podrían ingresar 5000 millones de dólares adicionales, y en 2015, 8000 millones de dólares adicionales originados en el campo", explica el economista de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Rey Kelly.

El especialista enumera, entre otras medidas positivas,la fijación de precios en forma clara y transparente, la reducción del riesgo comercial, la baja de los derechos de exportación, la devolución del IVA y la eliminación de los ROE.

Esta dinamización de la actividad agropecuaria le podría aportar al PBI un crecimiento de dos puntos para 2014 y de, al menos, 2,5 puntos para 2015 sólo por la actividad agropecuaria. "Cuando crece la cosecha se moviliza el transporte, el comercio y los servicios", recuerda el economista de CRA.

Pero hay más aportes que puede hacer el campo y que el Gobierno se empeña en no aprovecharlos. Con el cierre del mercado europeo al biodiésel argentino, podría utilizar este combustible para reducir las importaciones de gasoil. "Se puede llevar del 8 al 20 por ciento el corte en las usinas térmicas, el agro y el transporte", dice Claudio Molina, director de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH). Con equiparar las condiciones tributarias del gasoil importado, que está liberado de una carga impositiva del 41% que sí afecta al biodiésel, el país se ahorraría gran parte de los dólares que hoy malgasta. En promedio, en el último año, según cálculos de la ABH, el precio del biodiésel (sin impuestos) es de 106 dólares por tonelada más bajo que el gasoil importado. Lo curioso es que la brecha se agranda: el biodiésel hace un año era apenas 4% más bajo, mientras que en septiembre pasado la diferencia fue de 29,2 por ciento.

El Gobierno, además, también debería sacar del limbo al biocombustible. Hace dos meses que la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo no publica en el Boletín Oficial los precios del biodiésel y, en consecuencia, no permite calcular los derechos de exportación. Si alguien hubiera querido hacer las cosas tan mal, seguramente no le hubiera salido tan bien..