Los jueces y camaristas de Salta, Jujuy
y Tucumán, que viven en primera persona el norte argentino, acaban de
formular un muy grave llamado de atención al Gobierno, y la Corte decidió darles un respaldo categórico.
Ese es el verdadero sentido de los documentos emitidos por los jueces federales de esas provincias, que a lo largo de un listado muy extenso de reclamos piden soluciones que, en rigor, ponen en evidencia todo lo que, hasta ahora, no hizo el Gobierno, que no puede hablar, en esta materia, de década ganada.
Hasta ahora el Estado hizo muy poco para prevenir y combatir el narcotráfico y la urgencia que siente la Corte Suprema de Justicia parece tener la dimensión de las falencias, pero también con el peligro que se cierne sobre el país y que, días atrás, fue puesto de manifiesto por el Episcopado.
Basta repasar el detalle de lo que se reclama para advertir por qué en las fronteras existen un "crecimiento preocupante del narcotráfico, la trata de personas, el incremento del contrabando y la instalación de miles de extranjeros que cometen esos delitos", según describe el documento de los jueces de Salta y Jujuy. El detalle parece un inventario exhaustivo revelador del total desinterés o incapacidad de nuestras autoridades nacionales para enfrentar un problema crucial.
Según los jueces, falta mayor presencia de fuerzas de seguridad; faltan radares; falta una política integrada nacional y provincial; faltan cárceles; faltan crear más juzgados federales y poner en funcionamiento algunos que ya fueron creados hace cinco años, en 2008; faltan puestos de Migraciones y de Aduana; faltan edificios judiciales y falta personal para investigar los delitos del narcotráfico. Acaso ¿sobra algo? Sí, sólo presos, causas judiciales que no se pueden investigar y delincuencia organizada.
Hace dos meses que los jueces federales vienen hablando de este problema con las autoridades.
En rigor, el problema no es nuevo: hace ocho años, este cronista accedió a la carta que un juez federal del Norte le envió a la Casa Rosada para advertir que no funcionaban los radares. Un misil, un helicóptero artillado o un cargamento aéreo podrían viajar miles de kilómetros desde el Norte hasta el microcentro porteño sin poder ser interceptados o derribados.
Ahora, sin embargo, las cosas sí son mucho más graves y, tal vez, se están empezando a salir de control. Por eso los documentos hablan de "urgencia" y de "extrema gravedad" de las circunstancias descriptas.
A fines de octubre, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura para avanzar con esas reformas. Todos se hicieron los sordos.
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