Por Claudio Savoia - Clarin.com
Un juez le pidió al Jefe de Gabinete que le diera un destino social a los casi 800 mil dólares descubiertos en una valija en Aeroparque. La ministra Stanley eligió el proyecto.
Septiembre de 2008: Guido Antonini Wilson en Miami, antes de una audiencia judicial pocas semanas después del secuestro en Aeroparque de una valija atribuida a él con casi 900 mil dólares.
Fue una madrugada fría y brumosa de agosto, hace casi diez años: recién aterrizado en Aeroparque, a uno de los pasajeros de un jet privado fletado por la empresa estatal Enarsa desde Caracas la Policía de Seguridad Aeroportuaria le encontró en su valija 790.550 dólares. ¿Su nombre? Guido Antonini Wilson, un ignoto empresario venezolano que viajaba en ese vuelo junto al presidente de la petrolera creada por el kirchnerismo, Exequiel Espinoza; al titular del ente controlador de los peajes y hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner y Julio De Vido, Claudio Uberti; y a directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El escándalo por el portentoso hallazgo fue gigantesco. Empañó la campaña presidencial de Cristina Kirchner -a la que estaban destinados los dólares voladores, según declaró después Antonini Wilson- y causó un incidente diplomático con Estados Unidos, cuando la flamante presidenta acusó a Washington de proteger al supuesto dueño de aquella valija, a quien nadie había molestado en Buenos Aires ni impedido su sigilosa partida a Uruguay dos días después del episodio en Aeroparque.
Como en otras tantas causas de corrupción, el fuego de aquel incendio fue apagándose con el tiempo, mientras el dinero secuestrado a Antonini como prueba de un supuesto contrabando se mantenía bajo una burocrática guarda judicial. Hasta ahora: en septiembre del año pasado, el titular del juzgado en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola -que tiene la causa que involucra a Antonini Wilson-, ordenó el decomiso definitivo de la fortuna incautada hace una década y le pidió al Jefe de Gabinete Marcos Peña que estableciera “cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro)” para esa plata.
Aunque lógica y a todas luces tardía, la decisión de Yadarola no dejó de ser atrevida, ya que hasta ahora ningún juez había ordenado el decomiso de fondos en una causa sin sentencia firme. El magistrado lo convocó a Peña como "administrador general del país", según la competencia que le otorga la Constitución.
La jefatura de Gabinete inició entonces una ronda de consultas para destinar los dólares de Antonini a algún proyecto de impacto social. Entre otras ideas, se analizó utilizar la plata para la construcción de un centro para víctimas de violencia de género, pero finalmente la ministra de Desarollo Social Carolina Stanley propuso financiar la construcción de dos espacios de primera infancia en las localidades de Gran Tucumán y Tafí Viejo, de la provincia de Tucumán. "Allí se prevé la atención integral en doble jornada de más de 200 niños y niñas de 45 días a 4 años, junto con sus familias", explican a Clarín desde la Jefatura de Gabinete. "En un plazo aproximado de doce meses esperamos comprar los predios para los dos centros, adquirir los materiales para construir, contratar la mano de obra y comprar el equipamiento necesario para su funcionamiento".
El plan también contempla un convenio con la Asociación Civil Centro de Madres Cildañez, que además de participar y controlar el avance y los detalles de la obra trabajará en los centros de primera infancia cuando estén en funcionamiento.
"Además de ser el primer decomiso de dinero que vuelve al Estado, se trata de un caso emblemático que todo el mundo recuerda", dicen en las oficinas de Marcos Peña. "Estamos trabajado para lograr el recupero de activos en forma sistemática, para lo cual sería clave que el Senado apruebe el proyecto de extinción de dominio de bienes incautados en casos de corrupción, para tener más herramientas", presionan. Esa ley, que dio el primer paso en Diputados sin muchas objeciones, está paralizada en la Cámara Alta por la resistencia pertinaz de los bloques opositores.
De Venezuela a Aeroparque, y de una valija al conurbano tucumano, para atenuar las carencias de los bebés y chicos más pobres en la provincia que hace quince años le enseñó al país cómo era la cara del hambre. Puede ser el primer paso, pero si el Congreso y la Justicia no cambian, también el último.
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