El Ciadi instó a pagarle a Total

Por Adrián Ventura - LA NACION - Dice que el país debe cumplircon US$ 290 millones

El Centro Internacional de Arbitrajes (Ciadi), que depende del Banco Mundial, acaba de rechazar un último recurso de la Argentina y confirmó que nuestro país deberá pagarle a la petrolera francesa Total la suma de 290 millones de dólares.

Ahora, para hacer efectivo el crédito, la empresa deberá presentarse ante un tribunal argentino, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que certifique el laudo extranjero que la beneficia para, así, poder cobrar esa suma.

La causa había sido iniciada por la empresa francesa en 2001, cuando, a raíz de la emergencia económica, demandó por ruptura del equilibrio económico financiero del negocio que desarrollaba y reclamó 1171 millones de dólares.

El Estado nacional, defendido por la Procuración del Tesoro de la Nación, actualmente a cargo del jurista Carlos Balbín, logró que el laudo estableciera la deuda en una suma bastante inferior: 296 millones. Pero la situación del país no es sencilla, porque desde 2001 a la fecha la Argentina debió enfrentar 64 reclamos, de los cuales 38 todavía están en pleno trámite: a la fecha, el pasivo contingente del país llega a 11.000 millones de dólares. Es decir, ése es el monto de condenas potenciales.

Aquellas 64 causas dieron lugar a un abanico de situaciones.

En efecto, algunas empresas ya ganaron los juicios. Otras prefirieron desistir de sus planteos o arribar a acuerdos bilaterales, como ocurrió en 2005 con la gasífera Pioneer, que operaba en Tierra del Fuego. También hubo firmas que, como Total, decidieron seguir adelante con sus reclamos y se arriesgaron a conseguir un fallo favorable del Ciadi, que llegó en 2013 y que quedó confirmado anteayer, cuando el tribunal arbitral rechazó un planteo de nulidad que había presentado la Argentina.

Otras demandas acaban de iniciarse: es lo que hizo una empresa que explota un casino en Salta, a la que el gobernador Juan Manuel Urtubey le rescindió el contrato por supuestas irregularidades -sospecha de presunto lavado-. Por eso la firma demandó por 150 millones de dólares y el país y la provincia serán defendidos por la Procuración del Tesoro.

Pero, en el medio, hubo muchos casos de empresas que, por sus apuros financieros, decidieron vender esos juicios a diversos fondos buitre que fueron más o menos flexibles o rígidos con el gobierno nacional.

Y, así, en 2013, el entonces gobierno de Cristina Kirchner -aun cuando se negaría a pagar el fallo de Griesa-, aceptó cancelar los créditos de Blue Ridge, que había comprado el reclamo de CMS Gas; de CC-WB, titular del reclamo de Continental Casualty Co, y de Vivendi (Aguas del Aconquija) y Azurix Corp (todas ellas recurrieron al Ciadi). También entró en el convenio NG-UN Holdings, tenedora del litigio de National Grid, que reclamó ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Uncitral, en inglés).