La Argentina, el país con más robos

Editorial I del diario La Nación.

El incesante aumento de la delincuencia obedece a la falta de voluntad política para combatirla, que incluso se manifiesta en la ausencia de estadísticas oficiales

Un documento elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicó a la Argentina como el país que, en promedio, presenta el mayor índice de robos de América latina en la década de 2000 a 2010, con una tasa de 973 cada 100.000 habitantes.

Desde 2008, y en coincidencia con el aumento de la inseguridad en el país, el Gobierno ha dejado deliberadamente de difundir las cifras de la criminalidad, pero como es imposible ocultar una realidad que tan duramente afecta todos los días a cada vez más argentinos, esa realidad comenzó a colarse en estudios e informes de organismos internacionales generando vanas críticas y cínicas desmentidas del kirchnerismo.

Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando en junio pasado la oficina contra las drogas y el crimen de la ONU situó a nuestro país entre los de mayor tránsito de cocaína, colocándolo en la región como mayor puerto de origen de esa droga detrás de Brasil y Colombia. El organismo internacional se quejó, además, de la insuficiente colaboración de la Argentina para la provisión de datos estadísticos en esa materia. Tampoco es casual esta falta de colaboración.

Desgraciadamente, las autoridades de nuestro país han elegido una estrategia suicida para afrontar la inseguridad en aumento: negarla o ignorarla en vez de combatirla mediante políticas de Estado consensuadas con las provincias, municipios y todo el arco político de forma tal de que cuenten con pleno consenso.

Por supuesto, lo único que se logró con esa estrategia fue el incremento desbocado de la violencia delictiva, el narcotráfico y los crímenes que derivan de esta vil actividad e, incluso, las cada vez más frecuentes fugas de presos alojados en institutos penitenciarios y en comisarías de donde jamás habrían podido huir sin la activa complicidad de sus guardianes. Hay que agregar el mal manejo por parte de la Nación y de varias provincias de las causas que derivaron en las huelgas de policías provinciales y los consiguientes saqueos.
Es triste tener que admitirlo, pero nuestro país se va convirtiendo poco a poco en tierra del crimen y del narcotráfico por la creciente ausencia de un Estado que ha resignado una de sus obligaciones esenciales: la de brindar seguridad a sus habitantes.

En realidad, es mucho más grave aún porque, a medida que el Estado profundiza esa renuncia, va siendo infiltrado por la delincuencia a la que debería combatir.

Guardiacárceles que profugan detenidos; policías y gendarmes apresados por delinquir; policías vinculados con saqueadores; jefes de las divisiones antidrogas de las policías formoseña, jujeña, salteña, misionera, cordobesa y santafecina acusados de connivencia con el narcotráfico; aduanas incapaces de impedir el ingreso y la salida de estupefacientes; fronteras a las que desde hace décadas es imposible proveer de radares y de efectivos que logren un control mínimamente eficaz; blanqueos de dinero generados por el Gobierno que se suman a la pasividad e incompetencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado convertido en herramienta del oficialismo; la corrupción que se extiende por nuestras principales instituciones; muchos jueces federales que resignan su independencia para cumplir los deseos del Poder Ejecutivo y que, por consiguiente, pueden también resignarla en favor de delincuentes con poder; la libertad e impunidad con la que actúan los barras bravas debido a la protección que reciben no sólo de la dirigencia de los clubes de fútbol, sino también de agrupaciones políticas.

El panorama presagia un futuro funesto si no reaccionamos, y las únicas reacciones sólo muestran el desconcierto de las autoridades y confirman el paulatino abandono por parte del Estado de su obligación de brindar seguridad. Así, por ejemplo, lo indican los proyectos bonaerenses para crear policías municipales. Como ya hemos dicho desde estas columnas, las policías municipales existen desde 2006 en distritos que cuentan con menos de 70.000 habitantes. Dependen de cada intendente y de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero hay que tener en cuenta que hay comunas que constituyen feudos gobernados y administrados por caudillos peronistas que se van eternizando en el ejercicio de un poder autocrático, carente de controles y a menudo salpicado de nepotismo y hechos de corrupción. Poner en manos de ese tipo de intendentes fuerzas dotadas de armamento puede aumentar el peligro para aquellos a quienes deberían proteger.

El informe del PNUD, titulado "Seguridad ciudadana con rostro humano", indica que en la última década la región ha sido escenario de dos grandes expansiones: la económica y la delictiva, y que, pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo "la más desigual y la más insegura del mundo". El estudio identifica varias amenazas, como el delito callejero, la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes, la violencia de género, la corrupción y la delincuencia organizada.

Como puede apreciarse, sufrimos -y cada vez en mayor medida- esas modalidades delictivas. El hecho de no contar con estadísticas oficiales desde 2008 permite preguntarse si éstas existen y no se divulgan o si dejaron de confeccionarse hace cinco años. En el último caso, el propio Estado es el que conspira ya no sólo con su pasividad, sino privando a las futuras administraciones de una herramienta imprescindible para trazar las elementales políticas que, de una vez por todas, permitan comenzar a combatir el delito seriamente..