Norberto Oyarbide convierte en escándalo todo lo que toca. Esta vez, es cierto, creó un escándalo nuevo sobre un escándalo que ya existía. ¿Por qué también el grave caso que involucra a Sergio Schoklender y a las Madres de Plaza de Mayo recayó en su juzgado? ¿Fue limpio e imparcial el sorteo que lo habilitó a investigar esos supuestos abusos? ¿Existe una manera de que el oficialismo pueda encontrar el juez oportuno en el momento indicado, a pesar de que gran parte de las causas judiciales son sometidas al sistema del azar informático?
Vale la pena plantear una primera conclusión. Es raro, al menos, que todas las causas sensibles para el Gobierno, o potencialmente graves, hayan recaído en los últimos años en el juzgado de Oyarbide. Hay nueve jueces federales de un total de doce, pero ningún otro magistrado del fuero penal federal resulta nunca seleccionado para investigar al oficialismo. Oyarbide es también juez subrogante de otro juzgado vacante. Las posibilidades de Oyarbide de resultar sorteado son mayores, por lo tanto, pero eso no explica que los otros ocho jueces sean siempre ignorados por el supuesto azar del sistema.
El patrimonio del matrimonio Kirchner ; el caso de las escuchas telefónicas que afectan a Mauricio Macri (uno de los enemigos más aborrecidos por el kirchnerismo); la investigación sobre la corrupción del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el escándalo por el manejo de la obra social de los camioneros por parte de Hugo Moyano; el exhorto suizo que pidió información sobre Moyano y sus presuntos socios, y, ahora, la pesquisa sobre los eventuales delitos de lavado de dinero por parte del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, son sólo algunos de los expedientes que cayeron en manos de Oyarbide, gracias a un juguetón sorteo, aparentemente arbitrario.
Oyarbide nunca defraudó: los Kirchner fueron sobreseídos; Jaime no está preso a pesar de las muchas pruebas en su contra y Moyano no fue ni siquiera citado a indagatoria cuando a otro dirigente sindical, el duhaldista Gerónimo Venegas, el juez mandó detenerlo durante algunos días. Oyarbide procesó a Macri por asociación ilícita con muchas menos evidencias que las que ya existen contra Moyano.
Hay muchos jueces sensibles a los intereses del gobierno, pero ninguno como Oyarbide está dispuesto a cambiar de dirección con el correr de las horas. Este gobierno pide una cosa un día y otra cosa al día siguiente , asegura otro magistrado. Ese ritmo voluble encuentra, sí, pocos jueces dispuestos a seguirlo; el riesgo que corren es el de caer en el mismo desprestigio que ya acosa irremediablemente a Oyarbide.
En la jerga judicial hay un término que se usa para describir el sistema de sorteos: la "puerta de atrás". Según la confesión de varios magistrados, el método consistiría en que una computadora madre, ubicada en una sala distinta de la de los sorteos, digitaría el nombre de los jueces que aparecen luego en la oficina donde se hacen los sorteos.
Si eso fuera cierto, el oficialismo podría manipular los sorteos a través del propio sistema informático y de los funcionarios que se encuentran a cargo de él. En fueros distintos del penal federal circula el testimonio de muchos que aseguran que existen "gestores" para conseguir el sorteo buscado. Un sector del mundo judicial manifiesta desconocer cualquier método de digitación, pero tampoco niega su existencia. Dice no saber, simplemente. Puede explicarse: muchas causas caerían por defectos de origen si esas maniobras se comprobaran.
Un viejo proyecto para crear una base informática unificada está en manos de la Cámara de Casación desde hace mucho tiempo, pero ésta carece siempre de los recursos financieros para concretarla. Ese nuevo sistema informático, invulnerable según los técnicos que tuvieron acceso al proyecto, podría unificar también los sorteos. El problema es que tal proyecto nunca pudo traspasar la frontera hacia su concreción.
La sospecha política y social hacia los sorteos llegó hasta la cima misma del Poder Judicial. Los jueces están preocupados porque sólo la duda sobre la transparencia ya le hace daño a la Justicia , dijeron en despachos cercanos a la Corte Suprema de Justicia. La preocupación llegó a la propia Cámara Federal, instancia superior a los jueces federales; el cuerpo decidiría en los próximos días sacarle a Oyarbide todo el caso (o parte importante de él) sobre Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo. La decisión de la Cámara se respaldaría en que otro juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió antes una denuncia de un abogado particular sobre el caso Schoklender. Martínez de Giorgi es, por lo tanto, el juez original de la causa.
Nunca la Justicia fue tan veloz en la Argentina como en la semana que pasó. El lunes último, un abogado pidió ante Martínez de Giorgi la investigación de Schoklender por lavado de dinero. El martes, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dijo que estaba buscando pruebas contra Schoklender, después de retener el expediente durante un año. El miércoles, Sbattella encontró de pronto las pruebas y las giró con urgencia al fiscal Raúl Pleé. El jueves, Pleé dictaminó que había razones para investigar a Schoklender. Ese mismo día resultó sorteado Oyarbide y otro fiscal, Jorge Di Lello, se hizo cargo de la investigación. En sólo 24 horas, con un ritmo de vértigo, ya existían una causa abierta, dos fiscales y un juez. Oyarbide sobreactuó de inmediato: ordenó allanamientos y les cerró las fronteras del país a los investigados.
¿Alguien no quería que Martínez de Giorgi avanzara con la denuncia que recibió para que el caso quedara en manos de Oyarbide? Es probable. La Cámara Federal desbarataría esa operación devolviendo próximamente todo el caso a Martínez de Giorgi.
La intranquilidad del Gobierno no carece de argumentos: el caso Schoklender podría afectar seriamente a Hebe de Bonafini y al propio Gobierno. La Fundación de las Madres recibió importantes concesiones directas de obras, sin licitación, para la construcción de viviendas por ser una ONG sin fines de lucro. Resulta, sin embargo, que el dinero que giraba el Gobierno iba a parar a manos de una empresa privada, Meldorek, la auténtica contratista, propiedad de Schoklender, según reveló La Nacion. Schoklender mintió públicamente en los últimos días asegurando que él no era dueño de esa empresa. Podrían agregarse, por lo menos, los delitos de fraude al Estado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público para ministros y secretarios de Estado.
Las recientes mentiras de Schoklender cambiaron viejas afirmaciones suyas. ¿De quién es esta empresa? , lo consultó hace algún tiempo un ex funcionario kirchnerista. Mía , le contestó Schoklender. Las viviendas que construye Schoklender son rápidas de edificar, pero muy frágiles, una mezcla de alambres, telgopor y una pátina de cemento. No se puede poner un clavo para colgar una foto , dice alguien que conoció el producto. Schoklender estuvo interesado en tiempos recientes en ampliar sus negocios y venderles esas casas a las petroleras como viviendas sólo transitorias para sus trabajadores.
La Presidenta se alarmó en Roma cuando conoció la noticia de la verdadera propiedad de Meldorek, que Schoklender desmintió hasta horas antes. Fue eso lo que la retuvo en el hotel y le impidió concurrir al acto central de los 150 años de la unidad italiana. Horas después, el Gobierno comenzaba a cambiar su posición. El canciller Héctor Timerman separó a Schoklender de Hebe de Bonafini, pero el ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo sepultó. Las Madres pudieron ser defraudadas , disparó contra el contratista oculto. Adiós, Schoklender.
La historia aguarda al kirchnerismo con el reconocimiento por haber promovido la revisión del pasado y con el reproche por haber convertido la noble causa de los derechos humanos en una simple herramienta para la construcción y la destrucción política.
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