Presión oficial por las represas de Santa Cruz

Por Pablo Fernández Blanco  | LA NACION

El Gobierno les pidió a algunas de las empresas que participan de la licitación que no presenten impugnaciones

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Funcionarios del gobierno nacional realizaron en los últimos días una ronda de llamadas telefónicas y contactos personales con los miembros de los consorcios que compiten por la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, para reclamarles que no presenten recursos administrativos ni impugnaciones que obstruyan o hagan más lenta la adjudicación del proyecto, que costará 4400 millones de dólares y es la mayor obra pública que encaró el kirchnerismo. El objetivo de las presiones era pasar el día de hoy, el último disponible para impugnar el proceso, sin sobresaltos.

Bajo pedido de reserva, dos fuentes sin contacto entre sí confirmaron los reclamos oficiales a LA NACION. Las adjudicaron a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López y en la órbita del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido.

El lunes 29 de julio fue publicado en el Boletín Oficial el orden de mérito de las ofertas. El grupo integrado por Electroingeniería -de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, amigo del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini-, China Gezhouba Group y la local Hidrocuyo terminó primero, pero sus competidores tenían previsto impugnar esa elección. Tenían dos argumentos centrales: por un lado, Electroingeniería presentó una carta de descuento que, a juicio de las restantes compañías, sale del marco de la compulsa, y en segundo término el hecho de que pidió que una parte de los pagos se realicen en dólares en el exterior, como informó LA NACION.

En uno de los anexos de la oferta, estableció que el Estado deberá depositar 1105,20 millones de dólares fuera del país, algo llamativo en un contexto de limitaciones a la compra de divisas extranjeras (la oferta contempla pagos por otros 17.551,24 millones de pesos en el país).

Según Electroingeniería, los desembolsos en dólares se destinarían a una cuenta en Pekín para pagar las turbinas. Su oferta contempla la instalación de seis unidades del tipo Francis, fabricadas por Harbin Electrice Machinary para la Kirchner, y cinco Kaplan, que producirá Zhejiang Fuchnjiang Hydropower Equip, para la Cepernic.

Segundos, ¿afuera?

Luego de conocerse el orden de mérito, en las oficinas de Eurnekian comenzaron a frotarse las manos. Estaban seguros de que su oferta, que presentó a través de Helport en conjunto con las empresas Panedile, Isolux, Eleprint, Power Machine, Inter Rao e Hidroeléctrica Ameghino, era mejor que la de Electroingeniería si el Gobierno les respetaba las mismas condiciones que a la cordobesa, es decir, un pago en dólares en el exterior.
Ayer, equipos técnicos de las compañías estaban redactando una nota en la que le pedían a Planificación abrir la oferta alternativa de la empresa, que presentó meses atrás y contenía una cotización mixta, con una parte en dólares y otra en pesos. Hasta la noche, el consorcio no había decidido si avanzaría con la presentación de un recurso administrativo o cedería ante la presión oficial.

El mendocino Enrique Pescarmona también analizaba qué hacer. Se presentó a la compulsa por medio de Impsa, en grupo con la filial brasileña de Alstom y Odebrecht, una de las principales empresas del país vecino. Pero lo dejaron afuera porque no convenció su propuesta financiera. En ese grupo preparaban ayer por la tarde a toda máquina una presentación ante Obras Públicas, a tal punto que no sabían si llegarían a "ver el partido de Godoy Cruz (juega hoy, a las 17) porque se quedarían trabajando en un documento. Sin embargo, los socios no habían aún decidido si cederían ante el reclamo del Gobierno.

Llamativamente, quien sí parecía tener claro qué camino tomar era Lázaro Báez, el empresario acusado de lavado de dinero y socio de la presidenta Cristina Kirchner en negocios inmobiliarios. El santacruceño se presentó a la compulsa por medio de Austral Construcciones junto a Iecsa (de Angelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri), Sinohydro, Esuco y Chediack. Ese consorcio ya había presentado una impugnación..