Por Jorge Oviedo | LA NACION
El
esquema de subsidios generalizado al transporte automotor y ferroviario
urbano está colapsado, causa un enorme déficit fiscal y los resultados
en la prestación son más que pobres. Los datos del presupuesto muestran
que el Gobierno no tiene más caja para seguir sosteniendo este esquema,
que debería ser reformulado de raíz.
Este año sólo el subsidio a los
colectivos le costará más de $ 14.600 millones. Son más de 40 millones
por día. El problema es el sistema. Se subsidia a las empresas
por hacer correr colectivos y tener empleados. Lo lógico sería que las
tarifas sean las que cubran el costo, la inversión y una ganancia. Y que
las subvenciones sean entregadas a los pasajeros. Hoy debería ser más
que factible en el área metropolitana. Y si no es así es porque se
quiere mantener un mecanismo que facilita la corrupción y el dispendio o
porque la tarjeta SUBE es ineficiente. No se trata de dejar de asistir a
los pobres, sino de dejar de subsidiar a quien no lo necesita. Lo que
debe incluir a los empresarios del sector que cobran, pero no invierten
lo que deben.
Para los de más bajos ingresos, los aumentos pueden ser muy costosos. Buena parte de la clase media, para la que el transporte público es increíblemente barato, prefiere no utilizarlo, por la mala calidad de algunos servicios. Y para mucha gente con necesidades enormes, el transporte hasta podría ser gratuito.
Todo eso debería poder otorgarse por intermedio de la SUBE y estar relacionado con el pago de la Asignación Universal por Hijo. ¿Hay que ahorrarle al Gobierno $ 1200 millones para tratar siquiera de contener el déficit fiscal? Un camino sencillo sería abandonar el indefendible Fútbol para Todos, al que se terminarán destinando este año 1288,6 millones..
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