Por iProfesional.com
Los inversores que
adquirieron los títulos públicos ajustados por CER están muy lejos de cobrar los
vencimientos de sus bonos ajustados a la inflación real
El Gobierno ahorró unos $13.000 millones este año debido a lo que no tuvo que
pagar por títulos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER), dadas las distorsiones que se observan en el principal indicador de
inflación.
La crisis de las estadísticas oficiales tiene sus efectos también en el mercado de capitales, en el que los inversores que adquirieron los títulos públicos ajustados por CER están muy lejos de cobrar los vencimientos de sus bonos ajustados a la inflación real cercana al 25 por ciento.
Quienes adquirieron estos títulos están perdiendo unos 13.000 millones por la diferencia que surge de ajustarlos en función de la medición oficial de la inflación en lugar de la suba de precios registrada, por ejemplo, por entidades provinciales.
Andrés Méndez, director de AMF Economía, explicó en declaraciones al diario Perfil que "si se parte de los montos consignados por las estadísticas de deuda pública que elabora el Ministerio de Economía, puede deducirse que al finalizar 2012 los bonos ajustables por CER bordearán un stock de 170.000 millones.
De ese total, alrededor del 70% estará en poder de agencias públicas y el 30% restante en manos privadas, consigna la agencia Notocias Argentinas.
De acuerdo con Méndez, si se aplicara el CER que elabora el Banco Central sobre datos del INDEC y se lo vinculara con un coeficiente que surgiera de las inflaciones provinciales, los cumplimientos serían mucho mayores. "Durante 2012 los tenedores de bonos ajustables por CER habrán perdido un monto no inferior a 13.000 millones considerando los datos del IPC que elabora el IPEC de la Provincia de Santa Fe", dijo el especialista.
En rigor, para el analista esta evolución no es novedosa dado que en el lapso de cinco años cuando el INDEC fue intervenido un CER elaborado con precios santafesinos "hubiera tendido a triplicar la evolución del confeccionado por el Banco Central con datos aportados por el organismo de estadísticas del IPC-GBA".
La situación repercute en la posibilidad de emisión del Gobierno porque genera el desinterés de los inversores por mantener estos títulos en sus carteras, situación que afecta la cotización de las emisiones, señala Perfil. "Puede señalarse que el valor técnico de estos bonos estaría representando sólo el 60% del que habría alcanzado en caso de haberse aplicado un coeficiente basado en los datos elaborados por el IPEC de Santa Fe", apuntó Méndez al matutino.
El especialista concluyó que esto afecta con mayor intensidad a los tenedores primarios de los bonos, dado que quienes los incorporan a sus carteras "descuentan" los efectos que ocasiona el CER, algo que se refleja en el precio.
La distorsión sufrida por los bonos ajustados por CER debido a las estimaciones de inflación ya generó demandas judiciales. En octubre pasado, la aseguradora MetLife demandó a JP Morgan por considerarla responsable de una pérdida de u$s107 millones tras la compra de estos títulos.
MetLife acudió a los tribunales de Londres, donde acusó al banco de haber cotizado el valor de los títulos públicos argentinos que compró cinco años atrás teniendo en cuenta los datos oficiales de inflación.
Mientras la aseguradora afirma que el valor de los papeles es de u$s284 millones, JP Morgan contabilizó el precio en u$s177 millones. El caso está en los tribunales de Londres, y el reclamo se basa en la falta de transparencia de las cifras de inflación oficial.
La crisis de las estadísticas oficiales tiene sus efectos también en el mercado de capitales, en el que los inversores que adquirieron los títulos públicos ajustados por CER están muy lejos de cobrar los vencimientos de sus bonos ajustados a la inflación real cercana al 25 por ciento.
Quienes adquirieron estos títulos están perdiendo unos 13.000 millones por la diferencia que surge de ajustarlos en función de la medición oficial de la inflación en lugar de la suba de precios registrada, por ejemplo, por entidades provinciales.
Andrés Méndez, director de AMF Economía, explicó en declaraciones al diario Perfil que "si se parte de los montos consignados por las estadísticas de deuda pública que elabora el Ministerio de Economía, puede deducirse que al finalizar 2012 los bonos ajustables por CER bordearán un stock de 170.000 millones.
De ese total, alrededor del 70% estará en poder de agencias públicas y el 30% restante en manos privadas, consigna la agencia Notocias Argentinas.
De acuerdo con Méndez, si se aplicara el CER que elabora el Banco Central sobre datos del INDEC y se lo vinculara con un coeficiente que surgiera de las inflaciones provinciales, los cumplimientos serían mucho mayores. "Durante 2012 los tenedores de bonos ajustables por CER habrán perdido un monto no inferior a 13.000 millones considerando los datos del IPC que elabora el IPEC de la Provincia de Santa Fe", dijo el especialista.
En rigor, para el analista esta evolución no es novedosa dado que en el lapso de cinco años cuando el INDEC fue intervenido un CER elaborado con precios santafesinos "hubiera tendido a triplicar la evolución del confeccionado por el Banco Central con datos aportados por el organismo de estadísticas del IPC-GBA".
La situación repercute en la posibilidad de emisión del Gobierno porque genera el desinterés de los inversores por mantener estos títulos en sus carteras, situación que afecta la cotización de las emisiones, señala Perfil. "Puede señalarse que el valor técnico de estos bonos estaría representando sólo el 60% del que habría alcanzado en caso de haberse aplicado un coeficiente basado en los datos elaborados por el IPEC de Santa Fe", apuntó Méndez al matutino.
El especialista concluyó que esto afecta con mayor intensidad a los tenedores primarios de los bonos, dado que quienes los incorporan a sus carteras "descuentan" los efectos que ocasiona el CER, algo que se refleja en el precio.
La distorsión sufrida por los bonos ajustados por CER debido a las estimaciones de inflación ya generó demandas judiciales. En octubre pasado, la aseguradora MetLife demandó a JP Morgan por considerarla responsable de una pérdida de u$s107 millones tras la compra de estos títulos.
MetLife acudió a los tribunales de Londres, donde acusó al banco de haber cotizado el valor de los títulos públicos argentinos que compró cinco años atrás teniendo en cuenta los datos oficiales de inflación.
Mientras la aseguradora afirma que el valor de los papeles es de u$s284 millones, JP Morgan contabilizó el precio en u$s177 millones. El caso está en los tribunales de Londres, y el reclamo se basa en la falta de transparencia de las cifras de inflación oficial.
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