La lucha por la tierra: la ley que pone freno al avance extranjero quedó a un paso de ser aprobada

Por Patricio Eleisegui - iProfesional.com
Tras obtener el aval en comisión, el proyecto se discutió en Diputados durante la madrugada de este viernes. Y hubo acuerdo para dar la media sanción. El marco incorpora cambios en cuanto a la cantidad de tierras en venta y lo que podrá adquirir un inversor foráneo. Detalles de la “extranjerización"

La decisión oficial de poner límites a la propiedad de territorio argentino por parte de extranjeros dio, durante la madrugada de este viernes, su primer paso firme hacia la entrada en vigencia de una ley que regule este tipo de compras.

La Cámara de Diputados otorgó la media sanción al proyecto que regulará una actividad económica que, a los ojos del Gobierno, guarda una importancia estratégica de cara a las próximas décadas.

El texto del Ejecutivo fija un límite del 15% del territorio nacional con posibilidad de ser vendido a titulares extranjeros (extensible a las provincias y municipios) y cada titular no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas. Asimismo, en ningún caso las empresas o personas de una misma nacionalidad podrán superar el 30% de la extensión total establecida.

Con el dominio de superficies productivas que, aseguran desde entidades como Federación Agraria Argentina (FAA), se acerca a las 30 millones de hectáreas, el capital foráneo dice presente en 23 provincias del país. Para el Ejecutivo, en cambio, la cifra se achica a 17 millones de hectáreas. Esto es, el 7% de las áreas más productivas de la Argentina. En todo caso, la diferencia no hace más que explicitar la ignorancia respecto de cuánto territorio local se encuentra verdaderamente bajo control de inversores externos.

De lo que sí no hay dudas es que campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares, acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control extranjero.

iProfesional.com ha venido dando cuenta de este fenómeno, que incluye casos emblemáticos como el de la familia Benetton, que ostenta casi 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut, y Neuquén.
Tampoco hay que olvidar a Douglas Tompkins, poseedor de unas 350.000 hectáreas en distintas jurisdicciones.

Pero estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que incluye, por ejemplo, al magnate estadounidense Ward Lay, vinculado con la firma Pepsico y con las famosas papas fritas "Lay's", que controla 80.000 hectáreas en Neuquén.

El agua, por citar otro caso, aparece como el principal "objeto de deseo" para el magnate Joe Lewis, que ostenta 18.000 hectáreas en Río Negro, habiéndose asegurado con la compra el control del acceso al Lago Escondido.

La siguiente infografía permite apreciar los casos más paradigmáticos de esta avanzada extranjera en el país:

Un paso hacia adelante
Respecto del nuevo paso en Diputados, Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco -y uno de los referentes en la pugna por frenar la "extranjerización" del suelo local- sostuvo que "es un alivio en tanto pensábamos que ya se iba a tratar el año próximo".

"El debate ya sumó casi todos los escenarios posibles y esto llega en un momento justo porque lo cierto es que se sigue comprando tierra en el interior. Y lo que es más grave aún: siguen publicitándose territorios a destajo y bajo precios irrisorios", sostuvo a iProfesional.com. "En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo a la venta otras 13 millones de hectáreas. Todas al mejor postor que, por lo general, es gente de afuera. Hay que evitar que este proceso se lleve a cabo", agregó.

"Aunque en un momento se dijo que el inminente marco había frenado algunas intenciones, lo cierto es que sucedió lo contrario. Muchos extranjeros aceleraron las compras. Algunas, incluso, se sucedieron en áreas protegidas como reservas o parques nacionales", aseguró.

Según Orsolini, "lo que hizo Tompkins en los Esteros del Iberá puede aplicarse a muchas provincias, que no imponen controles más rígidos y, en paralelo, tampoco dudan al momento de comercializar espacios de enorme riqueza natural".

"Zonas turísticas, reservorios mineros, campos con existencia comprobada de hidrocarburos. Todo puede comprarse todavía en la Argentina. La escasa ley vigente a nivel restricción no se cumple. El nuevo marco, más allá de que no toque derechos adquiridos, frenará traspasos que por momentos se parecen a un auténtico saqueo", dijo.

El proyecto que obtuvo la media sanción este viernes, y que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras, fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2011. La iniciativa había sido anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de las sesiones ordinarias de este año. Sin embargo, su proceso de escritura había arrancado en noviembre de 2010.

Cambios en el proyecto de ley
La propuesta que, con el respaldo oficial, aterrizó en Diputados este viernes incorpora una serie de cambios en comparación con el texto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner divulgó a fines de agosto. En ese sentido, hay que decir que el marco fija en 15 por ciento el tope máximo de territorio argentino que puede estar en manos de inversores extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas. La primera versión de la inminente ley establecía un techo del orden del 20 por ciento.

Otra novedad en ese aspecto radica en que dicho límite del 15 por ciento ahora será extensivo a municipios, departamentos y provincias. Asimismo, uno de los temas más cuestionados tenía que ver con el límite de mil hectáreas como tope máximo para cada comprador.

La oposición quería incluir la definición de unidades productivas, pero el Ejecutivo rechazó ese término. Sin embargo, se aceptó especificar el límite de mil hectáreas "o una superficie equivalente".

Según trascendió, para fijar esta equivalencia, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales deberá tener en cuenta la localización de las tierras, así como también la capacidad y calidad para su uso. Por último, la norma indica que las operaciones de compraventa de tierras no pueden ser consideradas una inversión.
Al parecer, este artículo tiene por objetivo evitar cualquier cuestionamiento ante el Ciadi.

Una larga lucha
Los intentos por imponer restricciones a la compra de tierras y recursos estratégicos locales por parte de extranjeros ha venido transformándose, desde un tiempo a esta parte, en una constante.

El hecho de que estén en manos de propietarios foráneos unas 30 millones de hectáreas ubicadas en las mejores zonas del país -y que haya otras 13 millones que hoy se ofrecen a la venta- ha motorizado una oleada de iniciativas para frenar este avance por parte de funcionarios de las distintas provincias.

La preocupación en las filas políticas, tal como diera cuenta iProfesional.com hace un año atrás, radica en que el capital extranjero ya controla una superficie similar a la de todo el Uruguay, según datos aportados por Federación Agraria. Las sucesivas denuncias de compra de extensas superficies que, en muchos casos,incluyen recursos estratégicos tales como el agua, minerales, madera y atractivos turísticos, ya venían suscitando fuertes polémicas. Es que, tal como diera cuenta este medio, se llegaron a vender vastas extensiones de tierras con pueblos adentro.

También, otro punto de controversia es el precio. En la Patagonia, específicamente en la península de Valdez, empresarios británicos se hicieron de una considerable cantidad de hectáreas a menos del valor de la cuota de un gimnasio.