Apenas el 0,16% de los usuarios eligieron renunciar a los subsidios

Por Antonio Rossi - anrossi@clarin.com - Diario Clarín
Los técnicos esperaban llegar a 100.000, cinco veces más de lo que se logró.

A la hora de los resultados pareciera que la mayoría de los usuarios residenciales no han tomado nota de los pasos que dieron tanto la presidenta Cristina Kirchner y los principales integrantes del Gobierno al encabezar la lista de los renunciantes, como los famosos y las figuras K que salieron a mostrar públicamente su decisión de darse de baja de esos beneficios económicos.

Pese a la profusa campaña que viene realizando con el eje puesto en la “solidaridad” y en una “redistribución equitativa” de los recursos, el Gobierno ha obtenido hasta ahora una escasa respuesta de los usuarios residenciales que fueron llamados a renunciar voluntariamente a los subsidios de los servicios públicos esenciales.

A un mes de haber puesto en marcha el “Registro de Renuncia Voluntaria al Subsidio del Estado Nacional”, la administración kirchnerista logró la adhesión de apenas el 0,16% del total de los clientes residenciales de los servicios de luz, gas y agua potable de todo el país que están pagando tarifas subsidiadas.

Sobre un total estimado de 12 millones a nivel nacional, sólo 19.051 usuarios del sector residencial manifestaron su decisión de rechazar los beneficios económicos estatales que venían percibiendo desde 2003 en las boletas de los tres servicios públicos.

Ese bajo nivel de desistimiento implica para el Estado un “ahorro” mínimo en el pago de subsidios. En promedio, cada usuario que ha renunciado a los subsidios deberá pagar unos $ 5.000 más por año , con lo cual lo que deja de aportar el Estado ascendería a $ 97,50 millones. Esa suma representa apenas el 0,2% del ahorro total de $ 4.847 millones que anunció el Gobierno que va a obtener con la quita directa de los subsidios que dispuso para determinados barrios de la Capital, el Gran Buenos Aires y los countries de todo el país.

Aunque no lo admitan expresamente, la magra cosecha de renuncias voluntarias constituye una complicación inesperada para los funcionarios del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. Cuando se lanzó el mecanismo por Internet y la línea 0800-888-8765 begin_of_the_skype_highlighting 0800-888-8765 end_of_the_skype_highlighting, las expectativas oficiales eran arribar a mediados de diciembre con un mínimo de 100.000 adherentes , casi cinco veces más que los anotados hasta el momento.

Además de la escasa cantidad de inscriptos, hay otros dos datos que preocupan a los técnicos que dependen del subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta. Uno de ellos es el casi insignificante número de renuncias de usuarios de interior del país. Alrededor del 95% del total de inscriptos son de la región metropolitana, de los cuales la mayoría están domiciliados en la Capital Federal. El otro aspecto que condiciona a los funcionarios es la reticencia que están mostrando los intendentes del conurbano ante el pedido que recibieron de De Vido y Baratta para identificar a los usuarios de sus distritos a los que se les pueden quitar directamente los subsidios.

Con el fin de recortar la creciente incidencia que tienen en el gasto público, el Gobierno lanzó el 2 de noviembre la primera quita de subsidios para un conjunto de actividades industriales y de servicios. Dos semanas después, extendió la supresión de los subsidios a 232.000 clientes residenciales de Barrio Parque, Puerto Madero y de los countries y barrios cerrados de todo el país. El 2 de diciembre, la poda se amplió a otros 20.611 hogares de distintos barrios porteños y a 5.386 clientes de la zona norte del conurbano.

Tanto los hogares que perdieron los subsidios por decisión del Gobierno, como aquellos que renunciaron voluntariamente tendrán que afrontar a partir de enero subas del 150% al 350% en las boletas de luz, gas y agua.