Se duplicó la cantidad de combis que entran a Capital

Por Einat Rozenwasser - Diario Clarín
Auge de un servicio que también trae problemas. En dos años, pasaron de 3.000 por día a entre 5.000 y 6.000. Son más usadas ante el colapso del transporte público, en especial trenes. Pero paran en cualquier parte y falta un plan para ordenarlas.

En constante crecimiento. La cantidad de combis que todos los días transportan miles de pasajeros desde los diferentes municipios del Gran Buenos Aires a la Ciudad se duplicó en los últimos dos años. Aunque no existe un número oficial, porque la mayoría son ilegales y no cuentan con la habilitación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 camionetas que cruzan la General Paz a diario. En 2009 eran 3.000, de las cuales sólo el 33% estaba en regla. Y si bien existen algunas iniciativas que apuntan a regularizar su funcionamiento, ordenar las paradas y los puntos de espera para los vehículos que deben permanecer en las calles céntricas, todavía no existe ninguna medida concreta y es habitual ver hileras de unidades detenidas en lugares en los que está prohibido para cualquier otro transporte, como la curva del Obelisco, los alrededores de Tribunales, el Teatro Colón, la Avenida de Mayo y otros puntos neurálgicos del Centro porteño.

Una mirada veloz sobre la marea de autos que avanza por la avenida 9 de Julio en dirección al Centro por la mañana –y en el sentido contrario por la tarde– alcanza para detectar la cantidad de techos blancos que sobresalen. Llevan trabajadores y estudiantes que están dispuestos a pagar un poco más para ahorrarse la odisea diaria del transporte público.

“Hubo un fuerte crecimiento en los últimos tiempos. Pagar entre $ 5 y $ 10, que es lo que cobran las camionetas es accesible para un sector de la sociedad. Pero no saben que viajan en algo que es peligroso”, razona Daniel Millaci, presidente de la Cámara de Empresarios de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), en referencia a las combis truchas. “Paran en cualquier lado, algo que los colectivos no pueden hacer. Si hasta las vemos en la bajada de la Autopista 25 de Mayo, que abren la puerta y dejan que la gente baje en el medio del tránsito”, agrega.

El punto es que los que eligen subirse a una camioneta del circuito ilegal terminan asumiendo un riesgo todavía mayor: las combis truchas no tienen los controles, ni los seguros, ni cumplen con los requisitos que exige la ley para el transporte de pasajeros. Por ejemplo, que los choferes estén afiliados a la UTA, una manera de asegurarse que cumplan con el régimen de descanso para su actividad. “El gremio protege a sus afiliados y es un filtro más para los transportistas nuevos”, desliza una de las fuentes consultadas.

Aunque manejan tarifas un poco más elevadas, las empresas del circuito formal también registran un fuerte crecimiento y algunos promocionan servicios como Internet Wi-Fi. “Duplicamos la cantidad de pasajeros con respecto a los últimos tres años”, confirma Alejandro Lavanga, coordinador general de Fonobus, una de las compañías que opera desde Ituzaingó, en el Oeste del Conurbano. El viaje cuesta $ 20 y hay un abono de $ 600 por mes. “Prácticamente todos nuestros coches están saliendo completos y supongo que se debe a mejoras laborales, porque las tarifas que manejamos no son tan accesibles. Viajan empleados bancarios, inmobiliarios”, se suma Horacio Azcárate, presidente de Merco Bus, un servicio de charters que parte desde Merlo y llega al Microcentro.

“Los servicios que más concurrencia tienen son los de la zona Sur que cuenta una sola vía férrea, el Roca, que está colapsado como todos los ramales. En ese contexto, el charter se convierte en una alternativa”, apunta Andrés Trotta, encargado de Transfer 7 de Agosto con base en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Ellos cobran una tarifa fija de $ 18 de lunes a viernes, y $ 20 los fines de semana. Pero ofrecen una bonificación del 20% para los que compran el abono prepago y un descuento adicional para los alumnos regulares de la Universidad de Lomas de Zamora.

Tanto los empresarios como los funcionarios consultados coinciden en que los controles sobre estos servicios son laxos . La explicación que dan en estricta confidencialidad es que las autoridades optan por no intervenir porque reconocen que cubren una necesidad insatisfecha para las miles de personas que las utilizan a diario. La semana pasada fue el conflicto de los trabajadores de la línea 60, que afectó a unos 300 mil pasajeros. La anterior había sido el accidente en el que una formación del Sarmiento arrolló a un colectivo 92 que cruzaba con la barrera baja.

Los que recurren a las combis hacen referencia a este tipo de situaciones y también a las condiciones en las que viajan cuando los servicios funcionan “como corresponde”. Vagones desbordados, empujones, suciedad y robos encabezan la lista de las quejas. Y por eso muchos están dispuestos a resignar tiempo o dinero en pos de cierto confort.