Por Lucio Fernández Moores - Clarin.com
Para el juez la Procuradora "intervino de manera directa" e "ideó el plan" para simular una licitación por la compra del edificio.
La Procuradora Alejandra Gils Carbo el día que fue a declarar a Comodoro Py ante el juez Ercolini . Foto: Pedro Lázaro Fernández.
Para el juez federal Julián Ercolini, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, "intervino de manera directa, ideando el plan para llevar a cabo la maniobra" que describió a lo largo de una resolución de 211 páginas y que él consideró constitutiva del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Entre las claves del procesamiento, se encuentra el hecho de que el magistrado no le creyó a la procuradora cuando le dijo que fue engañada por su subalterno Guillermo Bellingi en base al "principio de confianza" y que por ello no merecía ser procesada ella.
Prueba de ello es que el magistrado no le otorgó a Bellingi la autoría del crimen, como esbozó la procuradora en defensa propia, sino que los procesó a ambos como coautores, es decir que los dos, según el juez, se pusieron de acuerdo para violar la ley.
Los otros tres procesados, el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, y los representantes de la firma vendedora y de la inmobiliaria que intervino en la operación, Adrián González Fischer y Bárbara Jaureguiberry, fueron procesados como partícipes necesarios para realizar la maniobra ahora reprochada penalmente por la Justicia.
Ercolini escribió que Gils Carbó y Bellingi "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667".
El magistrado describió que entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013 ellos llevaron a cabo "distintas acciones ardidosas", las que incluyeron "abuso de poder", "aprovechamiento de los canales administrativos", "utilización instrumental de funcionarios del organismo ajenos al plan", "personas insertadas con calidad simulada" y otras personas "interpuestas para apariencia de empresa o negociación".
Todo ello, para "hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", sostuvo el magistrado, que enumeró todos los pasos administrativos iniciados con la anulación de la compra de otro edificio originalmente elegido, a lo que incluyó entre los "actos preparatorios" de la comisión del delito, y la concreción de la compra del inmueble que desde entonces utiliza Gils Carbó y donde tiene su despacho.
Ercolini también habló en su resolución de "direccionamiento" en la licitación, de un "pliego hecho a medida", por las características requeridas por la procuradora y las condiciones que reunía la firma que resultó finalmente adjudicada como vendedora de la propiedad.
La resolución prácticamente hace un recorrido "día a día" de todos los actos administrativos llevados a cabo para concluir con la compra que ahora reprocha la Justicia como parte de un delito. Buena parte de esa documentación fue aportada por la propia procuradora en su primera presentación en la causa. Pero el juez citó en el fallo otras pruebas incorporadas a la causa por fuera del expediente administativo de la Procuración, como por ejemplo intercambios de correos electrónicos entre los acusados y otros involucrados.
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