El Gobierno pacta con los gobernadores contener el gasto y el empleo público

Por Francisco Jueguen - LA NACION

Camino a la reforma tributaria, consensuaron un proyecto de responsabilidad fiscal.

Dujovne recibió ayer a los ministros de Hacienda provinciales. Foto: Ministerio de Hacienda

Es el primer ladrillo camino a la reforma tributaria que el oficialismo espera presentar en el Congreso el año que viene y que reclama todo el sector empresario. Luego del éxito en las primarias el domingo último, el Gobierno selló ayer un consenso para licuar el elevado gasto provincial y contener el empleo público, claves del défcit estructural que viven esos distritos desde hace años.

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cerró ayer un acuerdo con sus pares provinciales para enviar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Ese consenso fue alcanzado al mediodía tras la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. "Quiero resaltar la importancia que significa para la Nación y para todos los argentinos que podamos alcanzar este acuerdo para una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal", afirmó Dujovne al dar inicio a la reunión, según un comunicado enviado ayer a los medios de prensa. "Llegar a un consenso nos beneficia a todos, es una muestra de que trabajando juntos podemos conseguir resultados para todos los argentinos", agregó el funcionario.

El acuerdo fue firmado por Dujovne, en representación del Gobierno y los ministros de Hacienda de las provincias. Por parte del Estado Nacional también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, el subsecretario de Presupuesto, Alejandro Gallego, el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, y la coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Patricia Farah.

No todas las provincias firmaron el acuerdo, según contaron a LA NACION, fuentes de Hacienda. La Ciudad de Buenos Aires y La Pampa no forman parte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Entre los que se negaron a firmar están Catamarca y Santa Cruz, contaron.

Según el proyecto, al que accedió este medio, hay cinco claves. La primera indica que todas las jurisdicciones del país [los firmantes] deberán mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes).

En segundo término, el gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción. Este dato será aportado no por las direcciones provinciales, sino por el Indec, según el proyecto de ley.

Tercero, se crearán Fondos Anticíclicos Fiscales. Los mismos serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. 

Cuarto, se incorpora pautas de fin de mandato, que servirán para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. 

Quinto, no se aumentará la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.

Por otro lado, en el nuevo articulado de la ley también se afirma que los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios". En caso contrario, "aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el artículo anterior no podrán acceder a un nuevo endeudamiento".

¿Cuáles serán las sanciones para los incumplidores? La divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad y del Gobierno, en un apartado especial creado a tales efectos; la restricción del derecho a voto en el Consejo, la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno y la limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática.