Se reabriría el canje para terminar con reclamos por US$ 93 millones.
El Gobierno busca solucionar la situación de los holdouts que quedan bajo ley argentina. En el Ministerio de Finanzas contabilizan reclamos por US$ 93 millones en este grupo de afectados por el default de 2001.
La intención es formularles la misma oferta que a los bonistas que aceptaron desistir de sus reclamos desde febrero de 2016 y que permitió que el Gobierno acordara con casi el 99% de los tenedores de bonos impagos.
La "oferta base", disponible para todos los acreedores, implica un pago equivalente al 150% del capital original adeudado. El problema es que, a diferencia de lo que ocurrió con los bonistas que tenían títulos con ley de Nueva York, que podían renunciar en forma simple a sus reclamos y así acceder a dicha oferta, en el caso argentino el trámite resulta más complejo en términos jurídicos.
Por esta razón, la cartera que lidera Luis Caputo analiza las características de cada uno de los casos pendientes en forma individual. Se trata de muchos juicios por poco monto, con situaciones muy dispares entre sí: gente con o sin amparos, con algunos que recibieron pagos parciales, en dólares y en pesos. Así, resulta muy complejo encarar una negociación colectiva como la que se dio en Nueva York y en otras jurisdicciones, como Europa y Japón. Por otro lado, en el extranjero queda pendiente el arreglo con menos del 1% de los bonistas, básicamente con tres fondos de inversión con los que Finanzas sigue discutiendo por bonos que están prescriptos.
El Gobierno decidió no pagarle a nadie esos bonos ya vencidos. Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, cuya posición quedó muy débil cuando el juez Thomas Griesa decidió rechazar, a fines de 2016, su pedido para establecer que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu.
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