Griesa levantó las cautelares que le impedían a la Argentina saldar

Por Rafael Mathus Ruiz - LA NACION
Se trata de los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010; la decisión del juez está sujeta a que el país cumpla antes con el acuerdo sellado con los holdouts


El mediador Pollack, al anunciar esta semana el acuerdo con los fondos buitre. Foto:Reuters/Mike Sega

NUEVA YORK.- El juez neoyorquino Thomas Griesa levantó ayer las medidas cautelares que le impedían a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts luego de llevar al país al "default técnico". Sin embargo, la medida no entrará en vigor en forma inmediata, sino que está atada a ciertas condiciones, entre ellas la derogación por parte del Congreso argentino de las leyes cerrojo y de pago soberano.

Un día después de escuchar argumentos de 14 abogados, la mayoría de ellos, en contra de su anticipada decisión de levantar las medidas cautelares, o injunctions, Griesa le dio luz verde a una moción presentada por la Argentina y volvió a denegar un pedido de los fondos buitre que lideraron la ofensiva judicial contra el país.

"El tribunal no toma a la ligera la decisión de levantar las medidas cautelares", escribió Griesa, en una orden y una opinión de cinco páginas. "Pero, en última instancia, las circunstancias han cambiado de manera tan significativa como para declarar las medidas cautelares inequitativas y perjudiciales para el interés público", completó el juez en su escrito.

Su orden no entrará en vigor aún. De acuerdo con la hoja de ruta que propuso la Argentina, y a la que accedió el juez, el Congreso argentino debe en primer lugar derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano, y luego debe cancelar todos los acuerdos firmados con los holdouts hasta el 29 de febrero, incluidos los 4653 millones de dólares para los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant, que lideraron la demanda pari passu contra el país y en la cual se dictaron las cautelares.

El juez Griesa no desoyó las quejas de los abogados que representan a los fondos me too y bonistas minoristas, que le habían pedido en la audiencia que dejara las medidas cautelares en su lugar para poder negociar con la Argentina. Muchos dijeron que no habían podido negociar aún con el equipo económico del presidente Mauricio Macri. "Los demandantes que no han acordado pueden seguir negociando con la Argentina", escribió el juez. "Mas aún, como ha quedado claro, los reclamos de algunos demandantes que no han tenido «ninguna oportunidad» de negociar son exageradas. El tribunal espera que la República continúe negociando con los restantes demandantes", agregó el juez.

Seguir negociando

Además, Griesa recordó que la Corte de Apelaciones ya ha ingresado un stay sobre su orden por dos semanas, algo que "les dará a esos demandantes amplio tiempo para continuar las negociaciones".

Griesa dejó constancia de que los acuerdos firmados por la Argentina suman US$ 6200 millones de dólares, que representan el 85% de las sentencias que llegaron a la mesa de negociaciones del special master Daniel Pollack. Notó que la Argentina había abandonado sus apelaciones a las medidas cautelares. Además, citó el discurso de Macri, anteayer ante la Asamblea Legislativa al abrir las sesiones ordinarias. "El presidente Macri se dirigió al Congreso para urgir la aprobación de los acuerdos en este litigio, un paso importante hacia el cumplimiento de una de las condiciones de esta orden", señaló el juez.

La orden de Griesa será apelada, ya sea por alguno de los fondos buitre de la demandapari passu o por algunos de los fondos o grupos de bonistas minoristas que todavía no han acordado. Griesa ya lo sabía, pero igual decidió seguir adelante, en parte para darle a la Argentina espacio para reunir los fondos en los mercados de capitales para pagar los acuerdos ya alcanzados. "Existe una urgente necesidad de certeza y finalidad", fundamentó el juez en su escrito, en línea con los argumentos presentados por Michael Paskin, abogado del estudio Cravath, Swaine & Moore.

"Si algunos de los demandantes optan por apelar esta orden, ése es su derecho. Pero las apelaciones deben ocurrir rápidamente para garantizar la certeza y la finalidad necesaria para que los acuerdos existentes tengan éxito. El Congreso argentino debe saber dónde está parado y todas las partes deben diligentemente consumar esos acuerdos", justificó.