Reparar no es tergiversar

Editorial del diario  La Nación

El fraude ideológico sobre el número de personas desaparecidas esconde un verdadero fraude económico, que le ha costado una suma sideral al Estado

Como tantas veces señalamos desde estas columnas, la historia reciente llega hoy desde el relato distorsionado de quienes han mendazmente optado por dar prevalencia a la ideología por sobre la verdad. La épica de los derechos humanos impuesta por quienes nos gobiernan instaló una visión ciertamente parcializada, ligada al endiosamiento de lo actuado por las organizaciones armadas terroristas en la década del 70, que justificó indebidamente, entre otras cosas, la reinserción pública de muchos de sus oscuros protagonistas.

El fraude ideológico que pretenden imponernos esconde además un espectacular fraude económico del que poco se habla. Distintas opiniones se alzaron en los últimos tiempos buscando aportar a la verdad. El negocio de los derechos humanos fue el título del reciente libro del periodista Luis Gasulla referido a la estafa, estimada en 750 millones de pesos, detrás de los planes de vivienda del binomio Sergio Schoklender-Hebe de Bonafini. Por su parte, otro autor, José D'Angelo, presentó un análisis particularmente detallado y fundamentado con documentación respaldatoria de dos cuestiones clave. Desde su título, Mentirás tus muertos, este libro se plantea lo desmesurado del controvertido número de 30.000 desaparecidos, al tiempo que se ahonda en el custodiado misterio de los montos destinados a la reparación histórica de las víctimas.

El libro de D'Angelo desmenuza el listado que se anexó en 2006 al informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) conocido como Nunca Más, publicado en 1984. Reeditado con una sustancial modificación al prólogo original que escribió Ernesto Sabato y asignaba responsabilidades compartidas a ambos bandos, la nueva versión promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalaba que el listado original sólo consignaba desaparecidos y no muertos, por lo que fue "revisado, corregido, ampliado y actualizado".

La reciente obra de D'Angelo detalla que un 28% de los desaparecidos del primer listado no figuraba en el segundo, ya fuera por inexistentes o por haberse comprobado que estaban con vida, y que tras 22 años habían surgido 677 nuevos desaparecidos, lo que arrojaba un total de 7089 personas en situación de desaparición forzada, a los que se sumaban 1279 muertos. Recordemos que luego del informe de la Conadep continuó vigente la posibilidad de denunciar desapariciones.

Podría suponerse que con estos cambios, la lista revisada de 2006 daría un considerable aumento en el número de víctimas, pero extrañamente no fue así. El informe de la Conadep registraba 8961 casos de personas desaparecidas, mientras que en el de 2006, que agregó los muertos, se llegó a un total de 8368 víctimas. Ante estos guarismos, cabe preguntarse por qué la misma Secretaría de Derechos Humanos, en el prólogo de la revisión, vuelve a denunciar que fueron 30.000 los desaparecidos, si uno solo constituye de por sí una tragedia. Agregar casi 22.000 nombres, imposibles de justificar, argumentando una ausencia de denuncias por temor a represalias, resulta inconsistente y esconde una aviesa intención, pues convierte el número en un fraude oficializado. En pos de ubicar históricamente el origen de aquella cifra, se ha citado tanto a Hebe de Bonafini como al ex montonero Luis Labraña en relación con su funcionalidad coyuntural cuando se buscaba favorecer acciones internacionales que requerían argumentos numéricamente suficientes para poder hablar de genocidio, eliminación sistemática o exterminio.

El libro Mentirás tus muertos expone la realidad de quienes, figurando como desaparecidos en el listado de la Conadep pero luego aparecieron con vida, dejaron de figurar en el listado de 2006, como el ex procurador general de la Nación Esteban Righi, la fallecida ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, el juez de garantías de Morón Alfredo Meade y el intendente de General Lamadrid Juan Carlos Pellita, entre los 2549 casos similares que fueron excluidos. Pone en evidencia las contradicciones surgidas de los nuevos "criterios" adoptados por la Secretaría. Se cuestiona la inclusión de los que murieron en enfrentamientos armados, pues no figuraban en el documento de la Conadep, ya que se sabía que estaban muertos, tal el caso de los fallecidos en el ataque al regimiento de Formosa y en el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, durante la presidencia de Isabel Perón, que son catalogados por la Secretaría de Derechos Humanos como víctimas de "desaparición forzada" o de "ejecución sumaria". Se deduce que este órgano aplicó este último concepto a toda muerte a manos de un integrante del Estado sin tener en cuenta qué hacía la víctima al momento de su muerte. No se distingue entre épocas de gobierno constitucional o de facto, ni si mediaba el ataque a un cuartel, el asalto a un camión de caudales o si en el enfrentamiento armado el fallecido había dado muerte previamente a un policía, soldado o civil.

Se incluye así en estos nuevos y tan cuestionables listados a integrantes de organizaciones que para los gobiernos democráticos actuaban por fuera de la ley perpetrando todo tipo de crímenes; también a muertos ejecutados por dictámenes de los tribunales revolucionarios de las organizaciones armadas de izquierda, al igual que a quienes se autoeliminaban ante la inminencia de una detención, cumpliendo órdenes de sus cúpulas, o aquellos que fueron enterrados por sus propios compañeros de lucha. El registro menciona incluso a quienes caían por impericia en el manejo de explosivos, como el caso de una niña de 16 años que pretendía colocar una bomba en una comisaría de Monte Chingolo, cuya identidad sólo pudo establecerse en 2005, aunque en 2006 figuraba aún como desaparecida. Hasta se incluyó a fallecidos en el exterior como Hugo Irurzún, asesinado por la policía paraguaya en una persecución en Asunción, acusado del asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. No menos llamativa, por lo incomprensible, es la inclusión de casos como el de Eduardo Luis Aulet, víctima del clan Puccio en 1983, en un conocido caso de delincuencia común.

Los listados del anexo de 2006 difieren de aquellos de 1984 desde lo conceptual, pues responden a una filosofía política claramente diferente, según la cual toda muerte de un guerrillero sería condenable y, por ende, reparable, más allá de las circunstancias en que se hubiera producido.

Las llamadas leyes "reparatorias" dictadas por los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner con el fin de subsanar los atroces errores y excesos cometidos en la lucha contra la guerrilla de la década del 70 fueron objeto de una discrecional interpretación. Sus reglamentaciones evidenciaron una clara voluntad de flexibilizar, hasta límites risueños, los medios de prueba requeridos para la obtención de los beneficios, dejando en manos de funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos las decisiones finales.

Una de sus más controvertidas reglamentaciones establecía que figurar en el listado de la Conadep resultaba suficiente para que la Secretaría emitiera un "certificado de denuncia de desaparición forzada" que permitía, a la víctima o a sus allegados, acogerse por única vez a un beneficio equivalente al sueldo más alto de la administración pública multiplicado por cien. Curiosamente, la norma no preveía devolución alguna ante tantas reapariciones con vida. Es así como D'Angelo, luego de recorrer infructuosa y reiteradamente distintas reparticiones públicas consignadas en el libro en busca de información fidedigna, termina por preguntarse cuántos han sido los que accedieron a la suma actualizada resultante de 240.000 dólares por la desaparición de otro que figuraba con un seudónimo o un simple "número de Actor" en el informe de 1984, aun cuando, por confirmarse que no estaba desaparecido, haya sido suprimido en el informe de 2006.

De los más de 13.000 reclamos, 7800 obtuvieron resolución favorable según da cuenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), armando una auténtica industria de la indemnización por derechos humanos que favoreció tanto a funcionarios como a abogados inescrupulosos. Muchos fueron los millones de dólares pagados y ocultados hasta hoy con la sola intervención de un área del Estado, la sospechada e infranqueable Secretaría de Derechos Humanos. Tantos que el autor del libro citado estima que, a valores de hoy, estaríamos hablando de algo así como 1800 millones de dólares salidos de las arcas públicas con este fin.

La falta de transparencia en el manejo de los fondos del Estado que caracterizó los últimos 12 años involucra también los millonarios montos destinados al pago de estas "reparaciones compensatorias" tan arbitrarias. No cabe entonces ninguna duda sobre cuán conveniente resulta mantener triplicada la cantidad de desaparecidos para justificar el oscuro destino de tan cuantiosos recursos negándose a dar información sobre éstos.

Documentos como los comentados son de un enorme valor en tanto permiten cotejar las diferencias entre la realidad y el relato. Somos los adultos quienes, además de recordar, debemos alentar a los jóvenes para que ahonden en las verdades históricas a través de registros fehacientes de tristes épocas pasadas. Sólo entonces podrán arribar por el camino de la verdad a conclusiones ciertas que dejan al desnudo las verdaderas intenciones de quienes pretenden tergiversar la historia con espurios fines.